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Sistematización de una intervención en el marco del proyecto“Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de Tambo de Mora”

Aprendizajes de una reubicación:el caso Tambo de Mora - Chincha


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ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀPAESI EMERGENTI

ASOCIACIÓN SOLIDARIDADPAÍSES EMERGENTES

Sistematización de una intervenciónen el marco del proyecto

“Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de Tambo de Mora”

La Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEm) es una organización de cooperación internacional nacida en Italia en el año 1979 desde una experiencia de comunidad cristiana con un fuerte compromiso social y civil.Desde el año 1985 está reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de actividades de cooperación internacional. Inicia sus acciones en el Perú en el año 1987, en las zonas urbano-marginales de Lima Este.Trabaja con las poblaciones en extrema pobreza que se encuentran excluidas, asentadas en los cerros periféricos de la ciudad y en las zonas pobres del país.En la actualidad su mirada y accionar se dirigen al desarrollo comunitario involucrando a la población que vive en contextos de vulnerabilidad en nuevos proyectos multidisciplinarios.

www.aspem.org



El 15 de agosto del año 2007, un sismo de 7.9 grados de magnitud afectó la zona sur del país. El epicentro de este terremoto según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), estuvo localizado a 74 Km en dirección oeste de la ciudad de Pisco; el hipocentro fue a 40 kilómetros de profundidad y se propagó en diferentes zonas del país, siendo las principales afectadas Pisco, Ica y la provincia de Chincha.

Los daños generados por el sismo y la necesidad de atender a las personas afectadas, motivaron un flujo de ayudas nacionales e internacionales hacia las zonas golpeadas. Algunos organismos no-gubernamentales (ONG) que venían trabajando en la zona o en el país, se ocuparon de organizar la primera respuesta a la emergencia, entre ellas la ONG italiana ASPEm (Asociación Solidaridad Países Emergentes) presente en el Perú hace más de 20 años, aunó esfuerzos con la fundación española APY - Solidaridad en Acción para garantizar ayuda a la población damnificada.

Como primera respuesta las dos instituciones ejecutaron un proyecto de emergencia en favor del distrito de Tambo de Mora y, bajo pedido de la población damnificada y de las autoridades, al terminar el primero desarrollaron un segundo proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la comunidad.


Sistematización de una intervención en el marco del proyecto “Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria

para la Reconstrucción de Tambo de Mora”



Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora- Chincha

© Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEm Calle Coronel Zegarra 270, Lima 11- Perú Teléfonos: (511) 266 0504 / 265 9448 e-mail: [email protected] www.aspem.org

Sede Central: Associazione Solidarietà Paesi Emergenti Via Dalmazia 2,22063 Cantù (Como) Italia Teléfonos: (0039) 031 711394 / Fax: (0039) 031 713411

Supervisión de la sistematización:Marilú MorganCoordinación de la sistematización:Daniele Ingratoci ScorciapinoEquipo de sistematización:Daniele Ingratoci ScorciapinoYuli Natali Hinojosa RosaGina Rosaura Aburto PeñaJessica Elizabeth Vargas FarfánAsistencia en temas legales:Carmen Rosa Sandoval MuñozAsistencia en temas logísticos:Ana Melva Ramírez VelásquezCuidado de texto:Área de comunicación de ASPEmFotos de carátula y de páginas interiores:ASPEm (archivo fotográfico)

Diseño e impresión:Sinco Editores SACJr. Huaraz 449 - Breña, Teléfono: [email protected] edición: agosto 2012Tiraje: 500 ejemplaresImpreso en Perú

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2012-10390

Í ndice

Presentación 7

Prólogo 11

Introducción 13

Capítulo I 19Los actores del proceso de intervención El terremoto y sus consecuencias 23 en la poblacion La fuerza de lo inesperado y la 29 intervención en emergencia

Capítulo 2 37Desarrollo de la experiencia de apoyoa la población afectada Primera etapa: la reubicación de los 38 desplazados de tambo de mora Segunda etapa: El Tambo de arriba 51 y el Tambo de abajo Tercera etapa: reubicación versus 62 reasentamiento La cuarta etapa: pueblo joven y 73 problemas antiguos

Capítulo 3Reflexiones y aprendizajes 85 Consecuencias psicosociales en un 85 contexto posdesastre Los aspectos que han facilitado el 88 proceso de reubicación Accesibilidad 89 Participación 90 Trabajo directo con grupos vulnerables 95 Transparencia, flujo de información y 96 sistema de consulta Marco legal y acompañamiento 101 para el enfrentamiento de la emergencia Aspectos que han dificultado el proceso 106 de reubicación

Capítulo 4Legitimidad social y derechos 111

Bibliografía 121

Presentación

La Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm nos entrega una sistematización sobre el trabajo rea-lizado en el distrito Tambo de Mora en la provincia de Chincha de la región Ica, que aportó al proceso de re-cuperación y reconstrucción de familias damnificadas por el sismo del 15 de agosto de 2007.

Este trabajo se presenta desde una perspectiva psico-social centrada en las familias y en especial en los ni-ños y niñas de estas familias. Es desde el compromiso por la infancia y la equidad de género de ASPEm, que se enfoca la atención humanitaria (motivo de otra pu-blicación) y de la recuperación y reconstrucción, pro-ceso descrito en el presente volumen.

El abordaje institucional de ASPEm se realiza con un enfoque basado en derechos y el acompañamiento psicosocial y organizativo sostiene los componentes de reconstrucción y el desarrollo de capacidades de un conjunto de familias que perdieron sus viviendas por el sismo.

Se describe también una problemática sumamente difícil y que presenta muchos retos en su aplicación: el reasentamiento luego de evaluarse la inadecuada ubicación previa de los asentamientos damnificados. Resulta muy interesante el acercamiento a esta reali-

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dad desde una lectura y acompañamiento psicosocial, lo cual es no-vedoso en nuestro medio y también muy útil, si nos remitimos a la poco planificada ocupación del territorio peruano que requiere de un análisis detallado y profundo, para vislumbrar posibles soluciones de mediano y largo plazo.

Los procesos de reubicación son sumamente complejos y el relato de la experiencia de ASPEm nos brinda elementos clave a tener en cuen-ta para el diseño de planes y políticas desde una perspectiva indivi-dual y familiar muy importante, sin dejar de lado los aspectos sociales e institucionales involucrados.

La técnica constructiva utilizada, la quincha reforzada, rescata un conocimiento tradicional con elementos sismo-resistentes desarro-llados en la actualidad por entidades técnicas especializadas. El de-sarrollo de capacidades para la construcción con esta técnica tanto de hombres como de mujeres fue fundamental para el proceso de autoconstrucción.

La participación de los niños y niñas, con los que se tuvo un trabajo sostenido de apoyo psicosocial, fue promovida y aportó a las familias participantes en su conjunto. Así también, se fortaleció el rol de las mujeres en el proceso de planificación y toma de decisiones impor-tantes en la reconstrucción.

El fortalecimiento organizativo fue una línea de trabajo fundamental que sirvió de base para el proceso de reasentamiento y construcción. La promoción de la participación en el proceso de selección, el apoyo en trámites administrativos, la información oportuna y transparente así como el empoderamiento promovido, fueron aspectos también desarrollados en el proyecto.

Queda evidenciada, finalmente, la complejidad de la intervención, los factores facilitadores y las dificultades encontradas en todas las líneas de acción, y el proceso que el equipo de ASPEm acompañó y asesoró. Con la discusión de estos elementos de aprendizaje se está realizando un aporte importante para una mejor comprensión de estos procesos.

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En cuanto a los aspectos de coordinación, tal como se señala en el libro, Naciones Unidas tuvo el rol de coordinar las acciones de res-puesta y recuperación implementadas con fondos de cooperación internacional para apoyar a la población afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, a través de la presencia de la Oficina de Coordina-ción de Asuntos Humanitarios (OCHA) en la fase de emergencia y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la fase de recuperación y reconstrucción.

Es importante señalar, en ese contexto, que ASPEm es miembro pleno de la Red Humanitaria Nacional, mecanismo de coordinación estable-cido en octubre de 2008 enfocado en la preparación y respuesta a de-sastres en el país, copresidido por la Coordinadora Residente de Na-ciones Unidas y el Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La Red Humanitaria Nacional articula a las entidades de cooperación internacional y de sociedad civil con las entidades responsables del gobierno peruano, con el fin de mejorar el impacto de las acciones humanitarias a favor de las poblaciones afectadas.

Si bien la experiencia sistematizada en este texto está referida sobre todo al proceso de reconstrucción, entendemos que los procesos de la gestión del riesgo de desastres se retroalimentan entre sí y será im-portante tomar en cuenta los elementos planteados en este trabajo para fortalecer la labor conjunta de la cooperación internacional en coordinación con las entidades de gobierno.

Es así que recomendamos la lectura y difusión de la presente siste-matización de la experiencia de ASPEm en Tambo de Mora, con la seguridad de que será de mucha utilidad para repensar y mejorar el abordaje de los procesos de reasentamiento y recuperación, en es-pecial los relacionados con el derecho a la vivienda y la recuperación socio-emocional de las poblaciones afectadas por desastres.

Rebeca Arias Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Perú

Perú 2012

Prólogo

La Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm es una organización italiana de cooperación interna-cional, sus acciones responden al gran interés de contribuir a erradicar la pobreza y la falta de equidad presente en gran parte del mundo y tiene como prin-cipio la solidaridad entre los pueblos y la búsqueda de una cultura de paz.

Desarrolla sus acciones en el Perú desde 1987, cum-pliendo 25 años de labor en el país, y desde 2007 ha desarrollado diversos proyectos de emergencia, re-construcción y desarrollo, en los diversos distritos de Chincha.

Producto de la ejecución del proyecto: “Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de Tambo de Mora”, ASPEm pone en sus manos la siste-matización: “Aprendizaje de una Reubicación: el caso Tambo de Mora - Chincha”, que nos permite, luego de varios años, trasladarnos inmediatamente al momen-to del terremoto del 15 de agosto de 2007 ocurrido en el sur del país; luego recordar las diversas etapas que vivieron los pobladores y pobladoras de nuestro que-rido Tambo de Mora, y todo el accionar que ASPEm brindó gracias a la canalización de diversas ayudas, principalmente internacionales.

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Una de las principales alianzas que realizamos fue con la fundación española APY Solidaridad en Acción, con quiénes ejecutamos dos proyectos con el financiamiento de la Junta de Andalucía: uno de Emergencia y otro de Reconstrucción, de donde nace esta sistemati-zación coordinada por el psicólogo italiano Daniele Ingratoci, e inte-grada por el equipo de Lima y del propio Tambo de Mora.

En este sentido, ASPEm ha considerado presentar esta valiosa siste-matización, pues quiere contribuir de alguna forma a enfrentar los diversos procesos similares que viven pobladores y pobladoras en nuestro país, en situaciones de desplazamiento, reubicación, reasen-tamiento, por diversas causas, principalmente producto de situacio-nes de emergencia, problemas medio ambientales, etc.

Finalmente puedo señalar que conozco esta experiencia de cerca, y ha sido un proceso doloroso y que aún no termina para las pobla-doras y pobladores de Tambo de Mora. A partir de esta publicación queremos reconocer a todos los pobladores/as de Benavides, Calle Nueva, Alfonso Ugarte y Sol y Mar, todo su esfuerzo para seguir ade-lante y enseñarnos que a pesar de las adversidades no han dejado de soñar de construir un futuro mejor para ellos y sus familias.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo de ASPEm que se trasladó a vivir con la comunidad de Tambo de Mora, a José Antonio Mancera de APY Solidaridad, a Daniele Ingratoci por todo el esfuerzo en presentar la sistematización, así como a Yuli Hinojoza, Gina Aburto y Jessica Vargas que fueron parte del equipo de sistematización. Agradezco también los aportes de Carmen Rosa Sandoval y Ana Melva Ramírez Velázquez. Asimismo agradezco a Ma-rilú Morgan que acompañó el largo proceso de sistematización y de la misma manera a Ana María Rebaza y a Rebeca Arias, Coordinadora Residente de Naciones Unidas, que han contribuido en realizar la pre-sentación de este libro.

María Zevallos LeónDirectora País

ASPEm

I ntroducción

El 15 de agosto del año 2007, un sismo de 7,9 grados de magnitud afectó la zona sur del país. El epicentro de este terremoto según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), estuvo localizado a 74 km en dirección oeste de la ciudad de Pisco1; el hipocentro fue a 40 ki-lómetros de profundidad y se propagó en diferentes zonas del país, siendo las principales afectadas Pisco, Ica y la provincia de Chincha.

Los daños generados por el sismo y la necesidad de atender a las personas afectadas, motivaron un flujo de ayudas nacionales e internacionales hacia las zonas golpeadas. Algunos organismos no gubernamentales (ONG) que venían trabajando en la zona o en el país, se ocuparon de organizar la primera respuesta a la emer-gencia; entre ellos la ONG italiana ASPEm (Asociación Solidaridad Países Emergentes), presente en el Perú hace más de 20 años, aunó esfuerzos con la fundación española APY - Solidaridad en Acción para garantizar ayuda a la población damnificada.

Como primera respuesta las dos instituciones ejecuta-ron un proyecto de emergencia en favor del distrito de Tambo de Mora y, bajo pedido de la población dam-

1 Fuente EDAN Tambo de Mora – Comité Distrital de Defensa Civil en “La respuesta solidaria en el sur – Intervención de emergencia en Tam-bo de Mora 2007”, pág. 25.

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nificada y de las autoridades, al terminar el primero desarrollaron un segundo proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de rehabilita-ción y reconstrucción de la comunidad.

El nombre de este proyecto fue “Refuerzo de la acción social y co-munitaria para la reconstrucción de Tambo de Mora”, cuya dura-ción fue de un año (de marzo 2008 hasta abril 2009) y en el cual se implementaron diversas actividades con el fin de apoyar el renaci-miento de la comunidad afectada. Este proyecto terminó siéndo una experiencia muy interesante y enriquecedora no solo desde el punto de vista profesional sino también humano.

Por lo dicho, es comprensible entender cómo al momento de finalizar la intervención, teníamos algunas preguntas y dudas con respecto a la situación, las cuales han sido el motor que nos ha llevado a desa-rrollar este proceso de sistematización. Desde un comienzo nos inte-resó la complejidad de la experiencia, el contexto multifacético que se revelaba en los rincones del pueblo, los problemas generados en el desencuentro de diversos puntos de vista: el de los damnificados, el de los cooperantes internacionales, el de las autoridades locales y nacionales, el de la opinión pública; también había diferencias por las distintas miradas de cada uno de estos grupos, según el momento, el estatus, la condición, las ideas políticas, y la cultura. Una situación que desde afuera podía aparentar cierta homogeneidad, daba testimonio, desde adentro, de una riqueza y una variedad de dimensiones y pers-pectivas que demostraban una vez más la multiplicidad y unicidad del ser humano.

Entonces, hemos pretendido mostrar esta diversidad hallada, presen-tando algunos aspectos de nuestra intervención enmarcados, cuan-do sea necesario, en el contexto. Con esta finalidad se inició una labor de análisis de la intervención con especial énfasis en el proceso de reubicación de la población desplazada de Tambo de Mora, por ser un momento crítico del contexto posdesastre en el cual se evidenció la presencia de dinámicas interesantes y se generaron aprendizajes útiles para situaciones igualmente críticas.

En este proceso de sistematización de la experiencia, participó una parte de los integrantes del equipo y en momentos puntuales algu-nos pobladores que habían estado involucrados en la intervención de manera directa o indirecta. Para la sistematización de la experiencia

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fue necesario estudiar la secuencia temporal de los hechos, identifi-car a los actores principales y secundarios del contexto, analizar los documentos producidos en el proyecto, identificar las actividades tal como habían sido planteadas y confrontarlas con la manera en que se dieron realmente, recoger las opiniones y puntos de vista de algunos beneficiarios del proyecto así como evidenciar la reflexión de quienes se quedaron al margen de la intervención del mismo. Una larga par-te de esta búsqueda nos dio la oportunidad de presentar cómo real-mente las personas vivieron los eventos y cuáles fueron los móviles que determinaron sus desiciones.

Además nos brindó la posibilidad de ver reflejados, en el juicio de las personas que nos acompañaron, sus sentimientos hacia nuestra inter-vención. Todo este proceso se desarrolló a lo largo de algunos meses teniendo siempre bien clara cuál era la pregunta eje que guiaba esta búsqueda, es decir saber en qué medida algunas acciones planteadas por la intervención y su metodología de ejecución habían afectado de manera positiva o negativa el proceso de reubicación. Hubiéramos podido aumentar el eje de la sistematización vista la amplitud de la intervención en Tambo de Mora, pero nos ha parecido útil concentrar nuestra atención en un tema particular, siendo el de los desplazados un problema urgente para un país como el Perú, extremadamente su-jeto a amenazas naturales y desastres socio-ambientales.

Así que con el objetivo de narrar los eventos relativos a la reubicación, esclareciendo aquellos aspectos útiles o negativos de nuestra inter-vención y de la de otros actores interesados, presentamos en el pri-mer capítulo un cuadro general de los eventos. Para facilitar la lectura hemos considerado importante empezar por presentar los actores de la experiencia narrada, cada uno protagonista en diversos momentos, con el fin de especificar su rol en el contexto de las actividades de rehabilitación y reconstrucción en Tambo de Mora. El capítulo sigue con un recuento de los eventos y con una presentación general de la intervención del proyecto, así como fue elaborada, para dar al lector un marco de referencia sobre el mismo y permitir que entienda las informaciones que se detallarán en los capítulos siguientes.

En el segundo capítulo encontramos un recuento de como se dio realmente la intervención, con detalles de opiniones por parte de la población que integran y complementan nuestro punto de vista. La presentación está repartida en cuatro períodos referidos al proceso

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de reubicación para facilitar la lectura y la comprensión de los even-tos que, siendo relativos a una situación posdesastre fueron sujetos a cambios repentinos.

El tercer capítulo cuenta con una profundización de lo que se presen-tó en el capitulo anterior, con el objetivo de aclarar la pregunta eje y la información presentada. Las reflexiones que surgen en este ejer-cicio son un intento de integrar los diferentes análisis que personal del equipo y personas entrevistadas de la comunidad hicieron de los hechos narrados.

En el último capítulo presentamos nuestras conclusiones y detalla-mos una serie de acciones que consideramos importantes tomar en cuenta y ejecutar en una situación que tenga elementos de similitud con la que estamos tratando en este documento. Esta lista de accio-nes es claramente referencial y limitada por el contexto mismo en el cual está inscrita la sistematización; sin embargo consideramos que esto no le quita el valor de lecciones aprendidas replicables en otros contextos, y nos parece el principal motivo por el cual accedimos a la publicación de la experiencia.

Finalmente por un lado queremos resaltar que esta intervención no hubiera sido posible sin el compromiso y el aporte profesional y hu-mano de todos los miembros de equipo (personal extranjero, de Lima y de Tambo de Mora) que han desarrollado las actividades del pro-yecto en situaciones no siempre fáciles y/o adecuadas; por otro lado, sin el apoyo de la comunidad (población, instituciones y autoridades), hubiera sido más complicado solucionar los problemas que se pre-sentaban día tras día y llegar a reflexionar de manera profunda sobre lo acaecido.

Por este motivo aprovechamos estas últimas líneas para agradecer a todos los que en medida mayor o menor han contribuido al desa-rrollo del proyecto; nos referimos principalmente a las familias que integraban la UPIS Nuevo Calle Nueva, las principales beneficiarias de la intervención. Su cercanía y su apoyo han sido importantes para nosotros, sea desde el punto de vista profesional sea desde lo huma-no. También agradecemos a los dirigentes de la UPIS, que nos han ayudado a familiarizarnos con la comunidad y han sido siempre aten-tos a nuestras necesidades y pedidos laborales. Queremos también señalar que sin la acogida y la disponibilidad del Gobierno Distrital y

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del Alcalde no hubiéramos podido tener la posibilidad de ayudar a la población ni de trabajar para el bien de la comunidad. Además que-remos agradecer a toda la población de Tambo de Mora que, aunque viviendo momentos díficiles con la emergencia antes y con el proceso de reconstrucción después, nos ha transmitido siempre la fuerza de reaccionar a los problemas y aquella sonrisa contagiosa que no ha dejado de ser presente hasta en los momentos más tristes luego del terremoto. Finalmente agradecemos al grupo que se ha dedicado a sistematizar la experiencia conformado por algunos ex integrantes del equipo de proyecto, guiados por la consultora Marilú Morgan y ayudados en momentos específicos por algunos miembros de la co-munidad de Tambo de Mora en la difícil tarea de recordar, analizar e identificar lecciones aprendidas.

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El distrito de Tambo de Mora, creado el 5 de febrero de 1875, tiene una superficie de 32 km cuadrados y una población de 5 3271 habitantes y se encuentra camino a la carretera Panamericana Sur; pertenece a la pro-vincia de Chincha que cuenta con una población de 194 315 habitantes2

e históricamente fue un puerto muy importante con muchas activida-des comerciales, entre ellas el envío del azogue hacia las minas de Potosí y la trata de esclavos desde África. Actualmente parte de su población (como en otras zonas de la provincia de Chincha) es de ascendencia afri-cana, y también procedente de otras zonas internas de la sierra y del norte de la costa. La composición étnicamente variada de la población es un elemento a la vez enriquecedor de la comunidad, aunque en mo-mentos de crisis puede desencadenar mayores conflictos entre la gente.

La mayoría de la población se dedica a rubros comerciales, a la pesca industrial y/o artesanal. Como consecuencia del sismo y de la llegada de la ayuda nacional e internacional, la comunidad de Tambo de Mora aprendió a conocer diversos actores y a relacionarse con ellos de dife-rentes maneras; con el objetivo de entender mejor el desarrollo de los eventos narrados presentamos algunos de estos actores, resaltando sus características y funciones:

1 Según censo del INEI luego del teremoto. La respuesta solidaria en el Sur, ASPEm, Lima 2008, pag. 16.

2 INEI- Censo Nacional de 2007.

Capítulo I

Los actores del proceso de intervención

Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora - Chincha

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ONG ejecutoras del proyecto

El proyecto fue implementado por dos instituciones: ASPEm (Asocia-ción Solidaridad Países Emergentes), una ONG italiana creada en Cantú desde una experiencia de vida cristiana y APY (Solidaridad en Acción) una fundación creada inicialmente en 1989 en España para la acción solidaria con el pueblo yugoslavo que se encontraba en situación de guerra. El equipo estuvo presente en la zona por toda la duración del proyecto y contaba con un coordinador de campo, una psicóloga, una trabajadora social, una abogada, una educadora, un ingeniero, dos maestros de obra, seis promotores y promotoras de campo, un volun-tario italiano del servicio civil internacional y un almacenero.

Organizaciones de la población

La Junta Directiva de la Unión Popular de Interés Social (UPIS) Nuevo Calle Nueva representó a las familias desplazadas de Calle Nueva que antes vivían en la parte baja del distrito, a la orilla del océano. Al momento del sismo la asociación era vigente y se activó de manera fuerte en el momento en que las familias perdieron sus viviendas; mientras estaban asentados en el albergue, la junta directi-va contactó a los representantes locales de las instituciones ASPEm y APY solicitando apoyo para la reconstrucción.

La Union Popular de Interés Social (UPIS), Nuevo Calle Nueva es-taba conformada por alrededor de 360 familias de vecinos damnifi-cados y desplazados; ellos vivían de la pesca industrial y de la pesca artesanal. Pertenecían principalmente a las tres calles más golpeadas por el terremoto: Benavides, Alfonso Ugarte y Sol y Mar. Se alojaron con otras familias damnificadas por más de un año en un albergue, y la mayoría de ellas emprendió desde setiembre del 2008 el lento traslado al nuevo terreno.

La Asociación Pro-Reconstrucción, estaba constituida por algunas familias que habían regresado a la parte baja del distrito, la zona más golpeada por el terremoto; estas familias habían ocupado sus antiguos sitios después de una breve y sufrida permanencia en el albergue.


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Otros actores locales

La Municipalidad Distrital de Tambo de Mora, tenía como alcalde al señor Domingo Farfán González, reelegido por segunda vez poco antes del terremoto. El concejo municipal colaboró desde la etapa de emergencia con la conformación del Centro de Operaciones de Emer-gencia (COE)3 y apoyó las actividades del proyecto de reconstrucción. Entre las diferentes acciones que ayudó a desarrollar, señalamos el rol que tuvo en organizar las reuniones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la junta directiva de la UPIS para agili-zar la reubicación de las familias desplazadas a un nuevo terreno.

La Municipalidad Provincial de Chincha, tenía como alcalde al in-geniero José Navarro Grau y su mayor aporte fue ayudar en la iden-tificación del terreno de ocho hectáreas utilizado para reubicar a las familias desplazadas de Tambo de Mora.

La Parroquia Santiago Apóstol, ubicada en el cercano distrito de Chincha Baja fue el ente religioso con el cual se coordinaron algunas actividades relativas al trabajo con los niños, niñas y adolescentes y facilitó un espacio en el nuevo terreno para ubicar una ludoteca para los menores.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo principal es fortalecer las capacidades del Estado peruano y apoyar en situaciones de crisis, impulsaba reuniones de coordinación entre ONG locales e internacionales con el objetivo de informar sobre su intervención en la provincia, conformar alianzas estratégicas y no duplicar esfuerzos. Ya desde el periodo de emergencia se venía dando

3 Según el Sistema Nacional de Defensa Civil, el COE es un lugar en el cual se reorganizan los recursos locales (autoridades, grupos de base, referentes de colegios, referentes de salud, gobernación, etc.) para la respuesta a la emergencia incipiente en situación de posdesastre. Según el Manual Impacto Socieconómico y Ambiental del Sismo del 15 de agosto, el COE “es el área física que emplea el Comité de Defensa Civil para exhibir y con-solidar las evaluaciones de daños, necesidades y la información de las acciones que per-miten coordinar, dirigir y supervisar las operaciones para la atención de la emergencia” (pag. 28). A nivel local, el COE es presidido por el alcalde distrital, principal responsable de las acciones que se implementan.


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este tipo de articulación interinstitucional a través de su Oficina para la Coordinación de la Ayuda Humanitaria (OCHA, por su sigla en inglés). En algunos momentos el PNUD otorgó el espacio para las reuniones en-tre Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cofopri, muni-cipalidad distrital, ASPEm y APY, y los representantes de la comunidad.

Los organismos del Estado

Fondo para la Reconstrucción Integral de las provincias del Sur afectadas por el terremoto (FORSUR), fue el organismo creado para la reconstrucción de las provincias destruidas por el terremoto. Im-plementó una oficina en Chincha (en el centro cultural del distrito) cuyo equipo participó en algunas reuniones de coordinación para planificar la respuesta de reconstrucción en Chincha. Su mayor apor-te fue en la parte inicial de la experiencia pues logró la identificación del terreno; sin embargo con el pasar del tiempo el Ministerio de Vi-vienda, Construcción y Saneamiento cobró protagonismo y su rol fue disminuyendo.

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), es el organismo con el cual se coordinó para actividades puntuales. Fue protagonista de una serie de censos en la parte baja del distrito para detectar el real número de la población afectada y se ocupó de confrontar sus datos con la lista de familias por reubicar presentada por la municipalidad distrital y la junta directiva, en el marco del pro-ceso de reubicación de las familias desplazadas.

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es el organismo rec-tor y ejecutor del sistema nacional de defensa civil (SINADECI)4; este último es el conjunto de organismos del sector público y no públi-

4 Hay que considerar que al momento de los hechos la ley que reglamentaba la respuesta en situación de emergencia era la Nº 19338 que institucionalizaba el sistema de defensa civil. Actualmente esta ley ha sido sustituida por la ley Nº 29664 del 8 de febrero de 2012, que crea el sistema nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (SINAGERD) y que tiene como objetivo identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y evitar la generación de otros riesgos para la población y las instituciones.


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co, normas y recursos que tienen como objetivo la protección de la población en caso de desastre. El SINADECI está conformado por los gobiernos regionales, los comités regionales, provinciales y distritales de defensa civil, las oficinas regionales, provinciales y distritales así como las de los sectores, instituciones y empresas del Estado. Son es-tas oficinas las encargadas de prestar la primera respuesta frente a la emergencia. En nuestro caso INDECI participó en la parte inicial de la emergencia ayudando a los damnificados y encargándose entre otras cosas del otorgamiento del certificado de Damnificado-Beneficiario; este certificado reconocía el daño sufrido por las familias afectadas y les permitía acceder a las reparaciones.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, fue el repre-sentante del Estado más activo en Tambo de Mora e impulsó la reubi-cación de las familias; se ocupó de la adquisición del terreno (S/. 720 000)5 para la reubicación y garantizó la construcción de módulos de drywall en cada lote destinado a la familia. Tuvo parte activa en la co-ordinación con el municipio distrital y la junta directiva para la elabo-ración de la lista de familias por reubicar, se ocupó de la habilitación y saneamiento físico-legal del terreno hasta su lotización e impulsó el sorteo (distribución de los lotes a cada familia reubicada). Con el Ministerio se coordinó para la construcción de las 80 (después 112) viviendas de quincha mejorada en el nuevo emplazamiento.

El terremoto y sus consecuencias en la población

El terremoto del 15 de agosto de 2007 provocó daños muy serios a la población y a la infraestructura en el sur. Específicamente, en la región Ica alrededor del 73% de la población resultó afectada6; un total de 110 873 viviendas fueron destruidas o resultaron inhabitables, signi-ficando así el 56% de viviendas de la región con algún tipo de daño. En este contexto la comunidad de Tambo de Mora en la provincia de

5 Impacto Socioeconómico y Ambiental del Sismo del 15 de agosto, INDECI, Gráfica Indus-trial Alarcón S.R.Ltda, Lima Perú 2011, pág. 83.

6 Según censo del INEI - Censo nacional 2007.


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Chincha fue una de la más afectadas, por sus particulares característi-cas geográficas. Por la intensidad del sismo, sus servicios básicos co-lapsaron y sus viviendas fueron destruidas; en la zona a la orilla del océano, el mar y las infiltraciones de agua del subsuelo arrasaron con todo, obligando a cientos de familias a huir de sus casas en busca de un refugio y protección. Este suceso dejó un saldo aproximado de 860 viviendas destruidas, 419 familias afectadas, 853 familias damnifica-das7.

La zona más golpeada del distrito fue la parte baja, donde albergaba la plaza de armas y las tres calles principales, Benavides, Alfonso Ugarte y Sol y Mar. Otras zonas destruidas a la orilla del mar fueron el Cercado, La Marina, Cruz Verde, y el muelle viejo; hasta el lugar donde estaba ubicada la cárcel del distrito que se derrumbó casi totalmente. Se afectaron en par-te las calles José Olaya y Dos de Mayo, las arterias que conectan la parte baja del distrito (desde la Plaza Italia) con la parte alta; en esta última se encuentran la cancha deportiva Miguel Grau, frente al colegio homónimo, las viviendas de la Unión Popular de Interés Social (UPIS) Vilma León y la zona de San Luis, camino hacia el distrito contiguo de Chincha Baja.

Precisamente en la cancha deportiva Miguel Grau, frente al colegio, la mayoría de los damnificados encontró refugio los primeros días tras el terremoto y allí se atendieron a las familias aterrorizadas por el susto, el frío y el hambre. En la parte baja el movimiento sísmico había des-truído la mayoría de las viviendas y el terreno de las calles Benavides, Alfonso Ugarte y Sol y Mar había sufrido una licuefacción8 por efecto de las ondas sísmicas y de la composición del subsuelo, provocando el hundimiento de las mismas viviendas hasta a uno o dos metros de altura. Con el pasar de las semanas buena parte de los desplazados, no pudiendo regresar a sus antiguas viviendas, invadieron un terre-no privado, contiguo a la UPIS Vilma León, y se establecieron en esta

7 La Respuesta Solidaria en el Sur – Intervención de emergencia en Tambo de Mora 2007, Perú 2008, pág. 49.

8 Definimos como licuefación la transformación de un suelo granulado en estado licuado a efecto del sacudimiento producto del terremoto. Generalmente el suelo es conformado por arena y a mayores infiltraciones de agua mayor riesgo.


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zona más protegida, esperando mejores condiciones y armando refu-gios improvisados con el material que tenían. Es así que en el terreno empezó a conformarse de manera espontánea un albergue.

Con el pasar de los meses la mayoría de los damnificados seguía vi-viendo en el albergue que hospedaba entre otras, muchísimas fami-lias de las tres calles de la parte baja. La mayor parte de las personas se dedicaba a buscar trabajo y hacer largas colas para recibir las donacio-nes que se distribuían en la zona. Afortunadamente algunas empre-sas que operaban alrededor del distrito habían retomado a funcionar y quien no se dedicaba al trabajo en fábrica trabajaba como taxista de colectivos en la ruta Tambo de Mora-Chincha-Tambo de Mora. Lamentablemente si desde el punto de vista económico los trabajos informales y las donaciones permitían sobrevivir, desde el punto de vista social las cosas no eran tan fáciles. La coexistencia en el albergue no estuvo exenta de dificultades e incomprensiones entre las familias, lo que ocasionó que algunas regresaran a la parte baja del distrito, aún cubierta de los escombros.

En este período empezaron las coordinaciones para la reubicación de las personas y para comprobar su condición de damnificados a través de los documentos correspondientes. Algunos actores sociales entre los cuales se señalaban la municipalidad provincial de Chincha y FORSUR aseguraron la identificación y compra del terreno para reubicar a los damnificados. De esta forma se impulsó la compra de un terreno priva-do de ocho hectáreas llamado fundo “Lechuza” y ubicado al costado del mismo albergue. Una vez comprado el terreno cobraron siempre más importancia los necesarios trámites legales para obtener la adecuada reparación y disponer la reubicación de las familias damnificadas9.

9 La reparación consistía en una indemnización para el predio destruido que facilitaba un canje de terreno; los damnificados podían dejar el lote ubicado en el terreno destruido a cambio de un nuevo lote en un terreno más seguro. Para poder acceder al canje de terreno las familias debían demostrar haber sido dañadas por el terremoto, es decir tener un certificado de Damnificado Beneficiario otorgado por Defensa Civil (luego por la mu-nicipalidad distrital) que demostraba su posesión del predio destruido y su consecuente afectación.


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Las familias reconocidas como tales, tenían derecho a reubicarse en lotes de 108 metros cuadrados, trazados en el nuevo emplazamiento; este procedimiento se desarrollaba dentro de un marco referencial de indemnización10 de las familias damnificadas por la vivienda perdida.

En esta etapa del proceso ingresaron diferentes actores como COFO-PRI, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la municipalidad distrital, el equipo de proyecto, las asociaciones de re-presentantes comunitarios, entre otras11. Entre los diferentes actores se llevó a cabo la coordinación con la comunidad y la reubicación de las familias que querían canjear su terreno de origen con el nuevo lote de la futura urbanización. El Estado, representado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ocupó de asegurar la habi-litación del terreno recién comprado y la organización del sorteo de los lotes, así como se comprometió en entregar títulos de propiedad y construir por cada lote un local en material de drywall.

Fue en este entonces que empezaron coordinaciones12 más eficaces entre la institución ASPEm y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para permitir la construcción de las viviendas de quincha (actividad considerada dentro del proyecto) en el terreno comprado para la reubicación de los damnificados. Durante estas negociaciones se presentó el proyecto “Refuerzo de la acción social y comunitaria para la reconstrucción de Tambo de Mora” al Ministerio y se acordó su implementación a beneficio de los pobladores afectados. Desde este momento la gestión del proyecto se cruzó con el destino del terreno y su habilitación para recibir a las familias.

10 Sobre el marco de indemnización aportaremos mayores informaciones en la nota 13 del presente capítulo.

11 En el siguiente capítulo se detallará el aporte de cada una de estas instituciones en la reubicación de las familias damnificadas.

12 Cuando se decidió reubicar a todas las familias de la parte baja en un terreno grande y construir una nueva urbanización nos pareció adecuado negociar con las autoridades nuestra participación para así: 1) enmarcar la intervención internacional dentro de una colaboración eficaz con el país hospitalario y dirigida a sus objetivos y prioridades; y 2) no propiciar la separación de los 80 beneficiarios del proyecto de sus vecinos y familiares que se reubicarían en el terreno comprado por las autoridades nacionales.


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Mientras tanto los representantes de la población que quería reubi-carse y la municipalidad distrital coordinaban diariamente para ela-borar la lista de familias a reubicar, la cual una vez terminada fue entregada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y confrontada con la información de COFOPRI. Para lograr este obje-tivo cada zona se hizo representar por sus dirigentes, siendo la aso-ciación Nuevo Calle Nueva, oportunamente asistida por el equipo de proyecto, la primera a negociar con la municipalidad distrital las con-diciones de la reubicación. Sin embargo el proceso fue difícil debido a la variabilidad del contexto y a algún problema de planificación de las actividades dirigidas al logro último de reubicar las familias; por lo dicho no eran raros momentos de fuerte crisis y tensión entre los actores. Las difíciles condiciones de vida en el albergue y la relación entre las familias y con las autoridades fueron motivo de nerviosismo y se presentaron algunos inconvenientes camino a la reubicación.

Los primeros refugios otorgados por el Estado y construidos de drywall se entregaron al primer grupo de familias reubicadas en una ceremonia pública el 15 de agosto de 2008. Desde esa fecha y según el ritmo de elaboración y aprobación de las listas de familias a reubi-car, las familias damnificadas pudieron reubicarse en el nuevo empla-zamiento; sin embargo el rol de las autoridades nacionales fue muy activo hasta la entrega del título de propiedad del nuevo lote y de las llaves del local de drywall, mientras que empezó a disminuir a partir del traslado de las familias al nuevo terreno y de su organización, con-siderándolo más como un asunto personal que como una actividad en la cual era necesario proteger la población afectada.

En este entonces algunas familias, que ya habían regresado a la parte baja, decidieron definitivamente renunciar a la reubicación, aunque la zona donde residían se consideraba inhabitable por características del suelo; pero su decisión fue causada principalmente por su incon-formidad con el criterio de compensación utilizado que no estaba considerando un justiprecio13 para el canje del terreno así como por

13 En este caso el justiprecio está en relación al metraje del terreno; sin embargo mediante el D.S. Nº 13-2008-Vivienda se estableció un marco legal sobre reubicación y adjudica-


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las condiciones de vida, sea en el albergue que en el nuevo emplaza-miento, que inicialmente no garantizaba una estadía digna.

Mientras tanto las familias que se iban reubicando se adaptaron a las condiciones de vida del nuevo emplazamiento, caracterizado por ser-vicios básicos temporales no siempre operativos y dificultades típicas de un pueblo joven. Los baños públicos y las fuentes ubicadas alrede-dor del terreno no tenían un aprovisionamiento hídrico continuo y su uso no estaba bien regulado siendo la demanda mucho mayor de la oferta temporal. Por el motivo que el solo módulo de drywall no per-mitía hospedar a toda la familia, los pobladores empezaron a cons-truir refugios temporales con los pocos medios disponibles. Debido a esta situación se reproducieron en parte los problemas de higiene y seguridad existentes en el albergue. La lenta incorporación de las familias, sin programación y cronograma para planificar bien la reubi-cación, creó cierta confusión; no facilitó un entendimiento común sobre los problemas por enfrentar en el nuevo emplazamiento y no permitió vivir en un asentamiento con servicios definitivos, es decir hubo diferentes desfases en el proceso de urbanización. Las familias vivieron en piel propia el lento avance del proceso que finalmente los

ción para las familias damnificadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007, norma que encargó – con esos fines- a COFOPRI el saneamiento físico legal de los terrenos. La norma en mención hablaba de permutar los bienes inmuebles afectados por otros de propiedad del Estado, pero remitía para los procedimientos a lo contenido en el D.S. Nº 013-99-MTC, el cual en su artículo 21 establece que los sujetos a beneficiar con la reubicación que ya contase con título de propiedad, debían previamente transferir a tí-tulo gratuito sus lotes a COFOPRI, el que debía evaluar el riesgo y la antigüedad, pero además la carga familiar a fin de reubicar adecuadamente. Ambas normas devinieron en insuficientes para atender la necesidad sobreviniente de los damnificados, al no de-jar claro el procedimiento para los poseedores que podían formalizarse, pero además, porque revelaban una delicada incongruencia: la primera hablaba de permuta, y la se-gunda de transferencia gratuita (figuras cuyas diferencias resultan muy relevantes). Si bien las propiedades se depreciaron luego del desastre, hubiera sido mejor establecer un modo de justipreciarlas y no imponer su entrega gratuita, no sólo para compensar adecuadamente por lo perdido, y dar solución al tema habitabilidad, sino para ayudar a recomponer la relación de los ciudadanos con su Estado, evitando la agudización del sentimiento de injusticia y desamparo. Lamentablemente los lotes adjudicados tuvieron un área estándar que no consideró la carga familiar, ni la multifamiliaridad consuetudi-naria en el uso de los bienes, ni el valor del bien perdido. Es evidente que un justiprecio es un supuesto inevitable para una real compensación luego de un desastre.


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llevó a tener servicios definitivos de luz, agua y desagüe; sin embargo el camino fue largo, sobretodo en el caso de la reconstrucción de las viviendas, promovida a través de las subvenciones de los programas estatales y vinculada a los tiempos y objetivos de las empresas cons-tructoras y no tanto a las necesidades de la población damnificada. También en este caso, se evidenció la ausencia de actores estatales que pudieran controlar el cumplimiento y la calidad de estos avan-ces y la falta de mecanismos de quejas que pudieran retroalimentar y garantizar una resolución compartida de los inevitables conflictos generados durante la reconstrucción.

La fuerza de lo inesperado y la intervención en emergencia

Como hemos ya mencionado, la destrucción causada por el terremoto motivó la intervención de diferentes instituciones en las zonas afecta-das, que plantearon acciones de respuesta inmediata a las necesida-des de la población; en la fase de emergencia la ONG italiana ASPEm en colaboración con la fundación española para la cooperación APY Solidaridad en Acción, decidieron aunar esfuerzos e implementaron el proyecto14 “Intervención de Emergencia en Tambo de Mora 2007” con el financiamiento de la Junta de Andalucía.

Hasta este momento la ONG italiana ASPEm había desempeñado un rol protagónico ayudando desde el 17 de agosto de 2007 a la pobla-ción de Tambo de Mora con la entrega de alimentos y con la organiza-ción del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en colaboración con la municipalidad distrital. Su actividad se concentró en la gestión del centro para atender las necesidades de la población, organizar la entrega de las donaciones recolectadas y promover la auto-organiza-ción comunitaria en grupos distribuidos por zonas. La gestión de los recursos del COE implicaba la participación activa de la población en la

14 Un recuento de la intervención en emergencia se encuentra en el libro “La respuesta solidaria en el sur – Intervención de emergencia en Tambo de Mora 2007”, Lima, 2008. No trataremos en lo específico esta intervención por ser exhaustivamente presentada en el libro mencionado; sin embargo hay que señalarla para poder entender el desarrollo de las actividades que se implementaron en el contexto de intervención.


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entrega de los mismos así como en el reciproco control sobre el correc-to cumplimiento de las actividades; la metodología participativa im-plementada en los primeros meses de emergencia en las actividades de ASPEm ayudó a reorganizar la situación y dar ánimo a los afectados.

La fundación APY Solidaridad en Acción venía trabajando en otras zo-nas del Perú y tenía una experiencia consolidada en intervenciones de emergencia y reconstrucción. El encuentro entre las dos instituciones y la urgencia de la situación motivaron la ejecución del primer pro-yecto de emergencia, que tuvo una duración de tres meses (desde el 15 de octubre al 15 de diciembre de 2007) y cuyas acciones estaban orientadas a responder a las necesidades básicas de la población, tales como:

• Vivienda y abrigo: se realizó la entrega de módulos tempo-rales de vivienda y kits humanitarios con frazadas, colcho-nes, linternas. Además letrinas para la población en los al-bergues.

• Alimentación: se realizó la entrega de alimentos de manera racionada y planificada a los comités de vasos de leche y a las ollas comunes15.

• Asistencia y contención psico-emocional a los pobladores, sobre todo mujeres, niños, niñas y adolecentes.

15 “Los comités del vaso de leche” y las “Ollas comunes” son asociaciones comunitarias in-tegradas por ciudadanos con el objetivo de garantizar el aprovisionamiento de recursos alimentarios a las familias más pobres. En algunos períodos de la historia del Perú fueron elementos de una estrategia de sobrevivencia en situaciones de fuerte pobreza; actual-mente el vaso de leche es un programa social dirigido a niños de 0 a 5 años mientras las Ollas comunes no reciben ayuda continuamente por las autoridades pero siguen como expresión de solidaridad comunitaria.


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A estas acciones se sumaron otras que buscaban mitigar los riesgos de propagación de enfermedades debido a la ausencia de los ser-vicios básicos de agua y saneamiento. Sin embargo, conscientes de las evidentes necesidades de los pobladores que ya habían vivido la etapa de emergencia y empezaban a denunciar dificultades típicas de una situación de posdesastre, se decidió aceptar el pedido de la comunidad y proponer un proyecto de reconstrucción orientado a fa-cilitar el restablecimiento del funcionamiento normal y la defensa de los derechos, contribuyendo a la rehabilitación de servicios esenciales y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

De este modo, el proyecto, financiado por la Junta de Andalucía y de-sarrollado entre marzo 2008 y abril 2009 quiso contribuir a la recons-trucción física, psico-emocional y social de Tambo de Mora, apoyando específicamente a la población de las calles Benavides, Sol y Mar y Alfonso Ugarte, que se habían constituido en la asociación Urbaniza-ción Popular de Interés Social (UPIS) Nuevo Calle Nueva. Se decidió priorizar a este grupo poblacional debido a que en su conjunto se vio forzado a abandonar su zona de residencia y trasladarse a los al-bergues temporales a la espera de la reubicación, ya que el terreno donde residían fue declarado como zona no habitable. Cabe resaltar que desde un comienzo la elaboración del proyecto nace como el en-cuentro entre una necesidad evidente y específica soportada por un pedido oficial de la asociación y una disponibilidad de recursos hu-manos y económicos por parte de instituciones extranjeras al servicio del bienestar de la comunidad.

Este proyecto tuvo como eje central la reconstrucción de una vivienda segura, mediante acciones que abarcaron todos los factores concer-nientes el problema, como la asesoría para la compra de terreno para reubicarse, el acceso a los subsidios estatales, la asesoría legal para la compensación, la capacitación de mano de obra, la prevención de riesgo, y el acompañamiento psicológico y social en el proceso, con especial atención a la población más vulnerable, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las líneas de desarrollo de las actividades fueron las siguientes:


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Línea 1: Construcción de 80 viviendas de quincha mejorada16 para las familias más vulnerables del colectivo UPIS-Nuevo Calle Nueva

En el marco de esta línea de acción se tomó contacto con las familias damnificadas inscritas en la UPIS Nuevo Calle Nueva y se empezó un proceso para evaluar e identificar a las más vulnerables, que se be-neficiarían con las viviendas. Todo el proceso se realizó cuidando la transparencia, en conjunto con los representantes populares y la or-ganización; este proceso consistió en la aplicación de fichas a la po-blación para recoger informaciones sobre sus condiciones sociales y económicas actuales y su estado de damnificado; así se pudo definir listas de familias que podían tener acceso a la vivienda (preseleccio-nados) y finalmente beneficiarios finales. La población también tuvo un rol activo realizando observaciones a las listas de preseleccionados y eligiendo sus representantes para la labor del comité evaluador que se encargó de la elección de los beneficiarios finales.

Como resultado, se seleccionaron a 80 familias beneficiarias y 14 fami-lias alternativas o suplentes, para el caso que alguna de las primeras encontrara problemas relacionados con aspectos legales o de otro tipo. Al cierre del proyecto no solo se logró la construcción de las 80 viviendas propuestas, sino que se adicionó otras 32, logrando un total de 112 familias beneficiadas.

Línea 2: Asesoramiento legal para la reubicación y el acceso a ayudas oficiales de tipo estatal para la reconstrucción y rehabilitación social y económica

El sismo del 15 de agosto no sólo puso en evidencia la precariedad constructiva de las viviendas sino también una informalidad difusa con respecto a la titularidad de los predios; muchas viviendas no con-

16 La construcción con la metodología de la quincha mejorada prevé la edificación de vi-viendas seguras, con esqueleto, base y columnas de cemento. Las paredes son consti-tuidas de material llamado quincha, es decir láminas de caña entrelazadas entre ellas y mezcladas con barro y paja. La metodología fue propuesta no sólo por el bajo costo y la alta accesibilidad en un momento de emergencia, sino por la fácil replicabilidad y la con-textura del material que garantizaba leves daños en caso de otros movimientos sísmicos.


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taban ni con título de propiedad, ni con certificado de posesión y los autodefinidos propietarios habían aplicado unas subdivisiones inter-nas distribuyendo a sus hijos (con sus respectivas familias) partes del predio; en algunos casos los mismos predios eran parte de una he-rencia o de compras no declaradas de los terrenos. A la hora de la ob-tención de la constancia de Damnificado Beneficiario, muchas fami-lias se dieron con la sorpresa de no poder acceder a este documento por la falta de la documentación relativa al pasaje de propiedad; por supuesto estas familias nunca procuraron obtener la documentación por no creerla necesaria a fin de demostrar su arraigo en la zona.

Este componente diseñado en un primer momento para facilitar el sa-neamiento legal de los terrenos17 y otros trámites relacionados con la reubicación de los beneficiarios y la reconstrucción, en un segundo mo-mento se orientó principalmente a la atención legal individual para las familias que querían demostrar su estatus de damnificados para acceder a las subvenciones estatales y además se asesoró la junta directiva de la UPIS Nuevo Calle Nueva durante las reuniones con la municipalidad distrital y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sobre el tema de la reubicación de las familias en el nuevo emplazamiento.

Durante la ejecución del proyecto se logró asesorar a un total de 149 familias (la mayoría pertenecientes a la UPIS Nuevo Calle Nueva) y se dio seguimiento a sus procesos legales sobre todo con el objetivo de permitirles acceder a la reubicación; claramente un esfuerzo sustan-cial fue desarrollado hacia las familias que habían sido beneficiadas con la construcción de la vivienda de quincha mejorada. La labor con ellas fue orientada principalmente a informarlas, solucionar sus trá-mites legales y presentar sus demandas frente a las autoridades; casi el 90% de las familias beneficiadas por el proyecto encontraron una atención legal preferencial para asegurar su reubicación o subsanar sus documentos en el caso fuera necesario.

17 La opción de reconstruir en el terreno recién comprado, habilitado y ya saneado físico-legalmente por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos permitió con-centrar la asesoría legal sobre asuntos relativos al acceso a la reubicación por parte de las familias damnificada.


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Línea 3: Capacitación en técnicas de construcción con quincha mejorada para la autoconstrucción de viviendas

La línea de capacitación consistió en involucrar a las familias damni-ficadas en la misma reconstrucción de sus viviendas; ella se desarro-lló de acuerdo a la migración de las familias al terreno, y se realizó a través del dictado de talleres teóricos y prácticos de construcción con la metodología de la quincha mejorada a grupos de familias que aplicaban los aprendizajes en la reconstrucción de su vivienda, bajo la asesoría de ingenieros y maestros de obra. Esta actividad tuvo re-percusiones no solo desde el punto de vista del desarrollo de capaci-dades sino también desde el punto de vista psicológico y económico: permitió afirmar la labor de la mujer dentro del proceso de recons-trucción así como otorgar protagonismo a las familias damnificadas promoviendo y visibilizando su aporte en la reconstrucción; favoreció el trabajo cooperativo entre familias del vecindario para la optimiza-ción de los recursos en algunas etapas de la construcción; contribu-yó a la construcción de nuevos lazos sociales o al reforzamiento de antiguas amistades extraviadas por el desplazamiento; promovió el trabajo conjunto en el núcleo familiar, otorgando un espacio nuevo y productivo donde propiciar el reencuentro entre padres e hijos; sirvió para dar más oportunidad de empleo a los pobladores y reducir la brecha de género en el caso de las mujeres, ya que muchos de los y las participantes de las capacitaciones fueron contratados, luego, por otras familias para prestar servicio y apoyar con su experticia.

Al final de la intervención se pudo contabilizar 292 personas capaci-tadas (entre ellas más del 50% fueron mujeres) en la metodología del proceso constructivo.

Línea 4: Acompañamiento psicosocial de la población infantil y adolescente

Esta línea de trabajo marcó una continuidad con la labor ya imple-mentada en la etapa de emergencia en que contábamos con cinco módulos lúdicos para la atención psicosocial a niños y niñas, ubicados en zonas diferentes del distrito. En esta línea particularmente, la labor fue desarrollada por un equipo de promotores locales asesorados por una educadora y una psicóloga y tuvo como objetivo mejorar las con-


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diciones de vida de los niños y niñas, proporcionando un lugar tran-quilo donde pudieran jugar y aprender de manera lúdica y grupal. Se instalaron tres ludotecas en diferentes zonas según las necesidades de las familias damnificadas y sus desplazamientos dentro del distrito y se plantearon actividades con diverso matiz, según los momentos vividos por los niños y las niñas en las diversas etapas de la recons-trucción.

Si en la primera etapa de la intervención nos concentramos en co-ordinar con los centros educativos para evitar la dispersión escolar y proporcionar un espacio lúdico a los niños y niñas para favorecer su equilibrio emocional, en la última etapa se implementaron las ludo-tecas en el nuevo emplazamiento y se trabajó la adaptación de los menores al nuevo contexto de vida. En algunos casos se impulsó la participación de los padres de familias para darle la posibilidad de re-construir espacios de relación con sus hijos.

A lo largo del trabajo, se identificaron en los niños y las niñas que fre-cuentaban con cierta regularidad los talleres unos cambios positivos en su conducta, como una mayor empatía, la comprensión y expre-sión de sentimientos, la tolerancia y adaptación al entorno, la capaci-dad paulatina para resolver conflictos; en general se señalaron com-portamientos de tipo cooperativo, una mayor tolerancia y altruismo entre ellos. Las mejoras fueron resaltadas también por parte de los padres y ellos mismos reconocieron la importancia de la participación de sus hijos en este tipo de espacio a lo largo de los años de interven-ción. Las actividades dirigidas a los menores incluyeron los talleres de identidad cultural en la zona de Cruz Verde (zona de fuerte presencia afro-descendiente), donde se fomentó la reactivación de grupos de música y baile conformados por niños, niñas y adolescentes como estrategia de recuperación de su cultura a través de la revaloración de sus raíces y de su historia; en el marco da la coordinación con los centros educativos de la localidad, como la IE San Martín (Cruz Verde) y la IE Juan XXIII del cercano distrito de Chincha Baja, se organizaron reuniones en la escuela de padres para tocar el tema de la violencia familiar, agudizada por la situación de crisis y el hacinamiento que padecían los pobladores en las viviendas temporales.


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En general en los módulos lúdicos se logró atender a 511 niños, niñas y adolescentes de manera continua por toda la duración de la inter-vención; además se aseguró la participación del 89% (sobre 997) de los alumnos del distrito en los colegios, evitando la dispersión escolar. El restablecimiento de cierto orden en la organización de su rutina diaria permitió que los asistentes a los módulos se adaptaran con ma-yor facilidad a sus nuevas condiciones de vida, en el distrito de Tambo de Mora.

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En este capítulo presentamos el recuento de la intervención para in-formar al lector con respecto a las acciones que se implementaron y a la metodología utilizada. Además se hará referencia a los eventos del contexto y a las dificultades vividas por la comunidad a través de testimonios de los mismos pobladores; estos testimonios están referi-dos principalmente a la reubicación de las familias desplazadas y a los hechos previos que han determinado su desarrollo.

Para facilidad de comprensión hemos repartido el proceso de reubi-cación en cuatro etapas1:

1. Negociaciones para la compra del terreno (entre marzo y mayo del 2008).

2. Espera para la reubicación, mientras el terreno es nivelado y lotizado y las autoridades elaboraban la lista de beneficiarios (entre junio y agosto del 2008).

1 Estas etapas responden a la necesidad de organizar los eventos y corresponden a lo acaecido, es decir se fundamentan en la misma experiencia; de ninguna manera tienen referencias con eventuales modelos teóricos relativos a un proceso de reubicación. Se ha dividido así el proceso para facilitar el análisis de los aspectos personales, sociales y políticos en cada momento.

Capítulo 2

Desarrollo de la experiencia de apoyo a la población afectada


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3. Desplazamiento no planificado y en parte desordenado de las familias desplazadas desde el albergue al nuevo emplaza-miento (entre agosto del 2008 y febrero del 2009).

4. Reorganización de la comunidad y seguimiento a los avances del proceso de urbanización en el nuevo emplazamiento, de-nominado Nuevo Tambo de Mora (entre setiembre del 2008 y abril 2009)2.

Primera etapa: la reubicación de los desplazados de Tambo de Mora

En la intervención desarrollada a través del proyecto se ha priorizado trabajar con los grupos más vulnerables, es decir ancianos, mujeres y niños sobre todo. Esta preferencia responde a los criterios de inter-vención con población en situación posdesastre para asegurar un acompañamiento constante a las personas más expuestas en situa-ción de precariedad económica y social3.

Tenemos todavía viva en la memoria, la imagen de los niños y las ni-ñas caminando por las calles desiertas del albergue en Vilma León o en el mismo emplazamiento del Nuevo Tambo de Mora, entre las pro-fundas zanjas excavadas en el terreno o las bolsas de basura tiradas en cada esquina; jugando en la arena blanca del asentamiento, con la ropa empolvada, los labios secos y las manos sucias. Recordamos a los adolescentes que nos confiaban su preocupación e incomodidad por las condiciones en que vivían, por deber compartir con los adultos los espacios angostos de una carpa o de un refugio temporal fabricado con estera y madera, por respirar una tensión constante en la familia debido a la preocupación y a los inevitables reajustes económicos de su canasta diaria.

2 Las etapas 2, 3 y 4 se sobreponen en diferentes momentos.3 Ver la Guía del IASC (Inter-Agency Standing Comittee) sobre salud mental y apoyo psico-

social en Emergencias Humanitarias y Catástrofes.


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No podemos olvidar el sentimiento de culpa de los jóvenes, la sensa-ción de impotencia que transmitían sus gestos y sus frases cortadas a la mitad, por no poder ayudar a sus padres y finalmente por desco-nocer el futuro inmediato de su familia. Por otro lado tenemos bien presente su activismo, la necesidad de apoyar a sus seres queridos y ayudar en los momentos de mayor dificultad. En este contexto a menudo los menores desarrollaban tareas no correspondientes a su edad, exponiendose a peligros externos, y asumiendo responsabili-dades por encima de sus mismas capacidades, llevando sobre sí toda la carga afectiva de acciones vitales para la sobrevivencia familiar, como vigilar el hogar o cuidar a los hermanos más pequeños.

Por otro lado la familia, que ya vivía un proceso de fragmentación de las relaciones externas e internas, debido a la dificultad del momen-to, no transmitía ya seguridad y reparo, ni era fuente de ese equilibrio emocional que ayuda a mantener un hogar tranquilo, por encima de los acontecimientos externos. No debemos olvidar, por supuesto, que son los adultos quienes dentro del hogar deben ayudar a los niños y niñas en la difícil tarea de apropiarse de (dar sentido a) los eventos externos y familiarizarse con ellos. Podemos definir esta labor como capacidad de metabolización de la realidad y para niños muy peque-ños es central la presencia de los adultos significativos para desarro-llarla. Consideramos que en un contexto posdesastre determinado por situaciones de inestabilidad, puede disminuir la aptitud del adulto para desarrollar un rol de mediador de la realidad, por el motivo que su atención se orienta hacia necesidades consideradas más urgentes4.

4 En situaciones de posdesastre el comportamiento humano responde a los principios de la “pirámide de las necesidades humanas” del filósofo y psicólogo Abraham Maslow y aspectos como las necesidades fisiológicas y la seguridad toman mayor importancia y deben ser satisfechos antes que otros.


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Es absolutamente importante entonces estar presente con un pro-grama de acompañamiento a los menores que tenga como objetivos sostenerlos frente a una situación disruptiva5 y reorientar la atención de la comunidad hacia sus necesidades y prioridades.

Cuando empezó la ejecución del proyecto, las familias damnificadas ya llevaban ocho meses viviendo en el albergue. En la narración de las personas involucradas, la reubicación empezó cuando, debido al terre-moto la población buscó amparo lejos de sus viviendas, en zonas leja-nas de la playa como son la loza deportiva Miguel Grau o los terrenos descampados alrededor. Desde este momento se inició la odisea de las familias que habían perdido sus casas y que debían pensar en cómo re-construir sus vidas. La mayoría de ellas se asentó en un albergue, en un terreno privado ubicado a la espalda de la UPIS Vilma León, al costado de la avenida José Olaya.

El testimonio de las familias describiendo su experiencia de vida en el albergue en esas primeras semanas, grafica horror y rechazo. Muchas personas compartían el mismo estado de ánimo entre depresión e in-credulidad, resumido en las palabras de una señora del albergue que dijo: “tú vivías porque tenías que vivir”. Es decir, cada uno enfrentaba el reto de estos días de manera automática, sin pensar, intentando funcionar para ganar el pan de cada día, descuidando a los hijos pe-queños y negando oportunamente la destrucción alrededor suyo. No es improbable que esta actitud de rechazo y negación de la realidad haya fomentado también la elección de algunos pobladores de regre-sar a la parte baja del pueblo, totalmente destruida por el movimiento telúrico.

Las condiciones de vida en el albergue fueron muy difíciles, con pre-caria salubridad debido a escasez de agua; además había dificultad para idenficar zonas donde botar los desechos, falta de servicios hi-

5 Citamos el término disruptivo a la manera del psicólogo y psiquiatra M. Benyakar que se refiere con él a un evento y/o contexto que genere un cambio inesperado y de difícil metabolización para el sujeto (adulto o niño). Véase “Lo Disruptivo”, M. Benyakar, Editorial Biblos, Argentina, marzo 2003.


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giénicos, inseguridad en las carpas y/o esteras utilizadas como refu-gio. Los perros merodeaban alrededor de las calles entre un refugio y el otro, contribuyendo a la suciedad y al descuido del ambiente; sin embargo las familias que sentían en piel propia la vulnerabilidad, apostaron más por la seguridad de sus pobres carpas que por la hi-giene, manteniendo la cercanía con sus animales domésticos. En la escala de las necesidades cobraron más importancia la seguridad per-sonal así como la búsqueda de alimentos día tras día.

En este contexto la situación se tornó particularmente complicada, sea por las condiciones de vida objetivamente difíciles, sea por la re-lación con personas extrañas, que no eran los vecinos habituales ni en algún caso eran familias del mismo pueblo, visto que el terremoto y la dinámica de las ayudas nacionales e internacionales habían ge-nerado en algunos casos desplazamientos de gente de las cercanas provincias de Pisco y Lima6. Cada familia intentó organizarse como pudo, armando pequeñas chozas, aprovechando piezas recuperadas de las viviendas derrumbadas. Dentro de la vivienda temporal en que vivía una misma familia había espacios muy reducidos y multipropó-sito que, a largo plazo no permitieron convivir tranquilamente y fa-vorecieron el hacinamiento, con la consecuente pérdida de la propia intimidad; compartir los lugares terminó siendo percibido como una invasión por parte del otro al natural espacio personal, con la impo-sibilidad de expresarse como estamos acostumbrados a hacerlo en nuestra dimensión más intima. Es así que la convivencia forzada en situación de hacinamiento empezó a generar problemas entre los miembros de la familia, relaciones dependientes o conflictivas7, y en algunos casos ruptura parcial o total del vínculo. También se multipli-caron los casos de enfermedades de la piel y de los pulmones en la

6 En algunos casos las familias damnificadas eran visitadas por sus familiares de Lima o Pis-co los cuales terminaban por quedarse con ellos, aunque generalmente no vivían con sus familias de Tambo de Mora. Sería interesante saber cuántos de estos reagrupamientos familiares fueron determinados por la natural necesidad de estar con los seres queridos en una situación tan trágica y cuanto por la posibilidad de aprovechar la ayuda.

7 Nos referimos al miedo a la pérdida del otro que puede desencadenar una protección excesiva (por ejemplo de los padres hacia sus hijos) o un conflicto abierto, en el caso haya por la otra parte conductas de rechazo a esta actitud invasiva.


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estación invernal; así como los focos infecciosos en verano. Niños y mujeres fueron los que se llevaron la peor parte por mayor exposición a la insalubridad de la zona.

Mientras tanto el contexto posdesastre seguía dictando de manera improrrogable las necesarias pautas de sobrevivencia: mientras los hombres buscaban trabajo durante el día, las mujeres se dedicaban a integrar las largas colas para la distribución de los alimentos y los ni-ños y niñas se quedaban a cuidar el lugar donde vivían para evitar los reiterados hurtos y robos. En este período tanto los adultos como los niños8 se dedicaron a recolectar alambres y fierros de los escombros de las zonas derrumbadas, para venderlos por kilos y poder obtener algo de dinero. Las ruinas de lo que fue el antiguo barrio en el cual cre-cieron, servían paradójicamente como medio para su supervivencia mientras que, simbólicamente se alimentaba la sensación de perpe-tuar la destrucción de su propia antigua comunidad.

En el albergue por un lado se encontraban personas que reconocían el esfuerzo que hizo desde un primer momento la asociación Nuevo Calle Nueva con el objetivo de obtener la reubicación de las familias y coordinar con las autoridades para agilizar los trámites correspondien-tes; por otro lado habían quienes señalaban que no todas las familias damnificadas estaban de acuerdo con la reubicación y con el abando-no del terreno de origen. Entonces, ya desde un primer momento po-demos reconocer dos caminos alternativos, uno de los reubicados y el otro de las familias que por decisión voluntaria volvieron al terreno de origen, después de su experiencia en el albergue. Si los primeros señalaron la rapidez con la cual el grupo de damnificados reactivó la UPIS Nuevo Calle Nueva, los otros lamentaron la falta de información con respecto a la necesidad de reubicarse en otro terreno. Lo intere-sante es que los dos grupos tuvieron una mirada muy parecida con respecto a las condiciones de vida en el albergue, aunque su reacción a esta vivencia fue diferente. Igualmente ellos evidenciaron tres difi-cultades básicas en su experiencia de convivencia en el albergue:

8 Los niños se dedicaban a esta actividad sobre todo porque aún no se regularizaban las clases.


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• La presencia de vecinos violentos.

• Las condiciones insalubres del albergue.

• Las prácticas no higiénicas en la vida cotidiana.

La relación entre personas fue un tema muy importante, en la medida en que muchas familias tuvieron como vecinos personas en parte o totalmente desconocidas, o con las cuales no tenían una relación muy cercana. Al dolor de haber perdido la compañía de los vecinos habi-tuales, se añadía la dificultad de negociar con extraños sus necesida-des y sus espacios, así como la dificultad en implementar conductas de vida conciliadoras y cooperativas. Si por un lado el terremoto como evento que genera estrés, debilita los lazos sociales y el tejido ciuda-dano; por el otro disminuye también la confianza entre las personas y la posibilidad de construir otros tipos de relaciones. En los contextos menos controlados puede dar cabida en la ciudadanía a un estado de anomia9 que justifica cualquier conducta indigna e irrespetuosa. Todo esto no ayuda a responder adecuadamente en una situación tan urgente, en la cual la colaboración es uno de los pocos recursos que todavía perduran en la comunidad. Por este motivo hubiera sido impor-tante tener una organización en el mismo albergue la cual hubiera ayu-dado a convivir con personas que hacen un uso diferente de los espacios o que no respetan las normas de convivencia pacífica, sea por costumbre personal, sea como consecuencia del estrés y del malestar generados por un contexto posdesastre.

En el testimonio de los entrevistados se mencionó también el uso de armas por parte de vecinos y gente desconocida, lo cual es una señal más de la imprevisibilidad de la situación experimentada, en la cual se puede estar en contacto con personas que pueden conducirse de manera antisocial y/o sumamente peligrosa. La presencia de armas de fuego, es evidencia de aquella violencia y anomia que el contexto posdesastre facilita en el momento en que no hay una autoridad o

9 Definimos anomía, según la definición de la vigésima segunda edición del diccionario de la Real Academia Española, como el conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación.


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un conjunto de actores que trabajan para garantizar el respeto de las normas sociales a partir de la relación entre grupos. Si se termina con aceptar la ley del más fuerte, las armas sirven para aumentar la distan-cia entre quién ejerce la fuerza y quién está sometido a ella.

“Había violencia, se peleaban con pistolas, por eso nos regresamos”.

El tema de la organización del albergue incluye además otros aspec-tos por lamentar en la gestión del mismo, como la presencia de basu-ra en las calles, en la quebrada del río, cerca de las casas donde vivían algunas familias; la presencia de roedores, insectos y pulgas en las vi-viendas temporales y en los senderos llenos de polvo y barro. Sobre todo la presencia de los insectos (moscas y cucarachas), a pesar de las fumigaciones de la zona que se promovían periódicamente, generó mucho malestar y miedo por las eventuales enfermedades que la po-blación más expuesta, como los niños, las niñas y los ancianos podían contraer. La presencia de heces en bolsas de plástico echadas al rio o peor aún, “olvidadas” en los techos de los refugios, aumentó las posi-bilidades de contraer infecciones así como el deseo de no quedarse un minuto más a vivir en estas condiciones.

“...yo me acostaba y debajo de la frazada echaba Baygón para estar tranquila”.

Para muchos fue la suma de todas estas situaciones lo que generó una respuesta impulsiva y resolutoria que los llevó a mudarse nueva-mente al terreno de origen.

“Nosotros nos mudamos, cuando cayeron las moscas en los platos de comida, mi esposo cogió las cosas, las

empaquetamos y ese mismo día nos fuimos abajo”.


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Entre noviembre del 2007 y febrero del 2008, movidos por el mismo tipo de problemas (incomprensiones con vecinos, condiciones insa-lubres de vida, falta de servicios), 30 o más familias abandonaron el albergue para volver al terreno de origen en la parte baja del distrito. Mientras tanto en esta zona se habían tumbado las últimas viviendas, y la Nueva Calle Nueva aparentaba el semblante de una ciudad bom-bardeada pues parte de los escombros seguían allí, para desanimar el regreso de las familias. Sin embargo las condiciones de vida eran más tolerables en la parte baja donde los lotes de terreno eran más gran-des, el clima era más ventilado por la cercanía del océano, no había in-sectos, la presencia de ratas era controlada y las condiciones higiéni-cas en general eran mejores, dependiendo más del esfuerzo de pocas familias en tener el ambiente limpio y no tanto de la cooperación de muchos vecinos reacios a colaborar para un mayor orden y una mayor limpieza del sitio. A diferencia del albergue no había problemas con la basura sea porque el servicio de recojo era operativo en la zona, sea porque algunos habitantes botaban la basura en áreas lejanas del sitio donde estaban viviendo.

Si las personas que decidieron regresar al terreno de origen eviden-ciaron el malfuncionamiento del albergue así como las dificultades que encontraron en su experiencia como refugiados, las familias que se mantuvieron en el albergue, esperando reubicarse en el terreno del Nuevo Tambo de Mora, prefirieron señalar episodios de solidari-dad entre ellos para hacer frente a los problemas generados por las difíciles condiciones de vida que padecían. Algunos testimoniaron como habían personas que proporcionaban agua con manguera a las familias del albergue Nuevo Sol y Mar10 y cómo se organizaron para el aprovisionamiento del servicio energético, acordándose en grupo y pagando una cuota mensual a una de las familias cercanas que repar-tía el servicio. Estos episodios demuestran por un lado las dificultades encontradas y por el otro la actitud propositiva para solucionarlas de manera colectiva.

10 Este era el nombre de una zona del albergue general.


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Sin embargo familias reubicadas y no reubicadas convergen también en otros aspectos de su estadía en el albergue: principalmente en el miedo probado cada día al pensar el ser desalojado por los propieta-rios del terreno, donde temporalmente se había constituido el alber-gue. La escasa garantía respecto de la permanencia en el terreno así como los intentos fallidos por parte del gobierno regional de Ica de negociar la compra del terreno para que los damnificados pudieran es-tablecerse definitivamente, aumentaron la percepción de ser personas sumamente desamparadas, y se expandió el miedo a que se realizara lo que los rumores estaban amenazando: un desalojo forzado11.

Podemos pensar que también esta sensación de desprotección jugó a favor de la decisión de regresar a sus terrenos en algunos, mientras que en otros despertó una mayor predisposición a aliarse o buscar compa-ñerismo para superar la dificultad encontrada. Cabe señalar que hasta este momento no hubo una decisión definitiva por parte de la pobla-ción sobre la reubicación. Es cierto que muchas familias abandonaron el albergue para vivir en mejores condiciones de vida en el antiguo terreno pero no estaban totalmente decididas a quedarse en la parte baja. Más bien las familias que vuelven a su terreno son las primeras en cuestionar algunos aspectos de la reubicación, como el metraje de los lotes por ejemplo. En el momento en que se planteó la reubicación de los damnificados en lotes de 108 metros cuadrados, algunas familias no estuvieron de acuerdo, pues la nueva vivienda no tenía la misma área de la vivienda perdida. Muchas de estas familias vivían en lotes de más de 200 metros cuadrados con otros integrantes y sus respectivos núcleos familiares, así que el traslado a un terreno más pequeño no le permitía vivir como estaban acostumbrados a hacer.

Entonces, si en un grupo de damnificados el recuerdo del terremoto y de una alarma de tsunami fundamentó su decisión de permanecer

11 En el imaginario de la persona damnificada que se aloja en un albergue temporal y no puede regresar a su terreno de origen, la posibilidad de ser desalojado es la enésima representación del desarraigo forzado al cual está siendo sometida por todos los actores del contexto. Sería importante que en una situación posdesastre se evite la generación de ambigüedades e incomprensiones, que hacen revivir el miedo relativo a la vivencia anterior de desarraigo.


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a regañadientes en el albergue, tanto que pasó a un segundo plano la cuestión del metraje y del justiprecio, en otro grupo el canje de propiedad propuesto como compensación no fue considerado ven-tajoso. Además en la parte baja estas familias gozaban de una mayor tranquilidad, lejos de los fastidiosos problemas de la convivencia for-zada y en un terreno que reconocían como el propio, del cual nadie tenía el derecho de sacarlos. En más de una ocasión remarcaron su renovada paz, afirmando que en su zona “hay más tranquilidad” y hay que “trabajar para seguir manteniéndose así”, haciendo hincapié sobre la reconquista de un espacio propio, con el cual se identificaban, por-que así había sido desde su primer día de vida, a pesar de la falta de certificados y títulos de propiedad.

“Aquí tengo más seguridad, porque no nos iban a sacar… es mi puerta; es mi puerta, tu tocas mi puerta y se cae mi

ventana, ¡pero es mi ventana!”

La decisión de regresar a la tierra que los ha visto nacer tenía un signi-ficado simbólico muy fuerte y le dio nuevo ánimo para enfrentarse a los problemas día tras día; sin embargo los aisló físicamente y terminó por generar necesidades diferentes de las de sus conterráneos que seguían viviendo en el albergue en la parte alta.

Estas familias sentían de no ser consideradas con respecto a las dona-ciones o subvenciones implementadas a favor de los damnificados de Tambo de Mora, así como vivían en piel propia hechos de discrimina-ción, como es el caso señalado por una señora a la cual otros poblado-res le cuestionaron su presencia en una cola para la recepción de ví-veres, argumentando que ella tenía supuestamente mayores recursos económicos que los demás. Lo que demuestra que entre las personas seguían dándose episodios de intolerancia y discriminaciones que fa-cilitaban la revictimización del damnificado12.

12 Ya durante la etapa de emergencia se evidenciaron episodios de intolerancia y racismo hacia unas minorías y enfrentamientos entre grupos; recordemos que la composición


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A partir de este momento la impresión general es que la vida del dis-trito empiece a gravitar alrededor de la reorganización de las familias destinadas a reubicarse, siendo que, a los ojos de la opinión pública, los damnificados que habían vuelto a la parte baja habían marcado ya su proprio destino.

En esta primera etapa nuestra intervención se concentró en preparar las bases para el trabajo de selección de las familias por beneficiar con las viviendas de quincha mejorada, y coordinar con las autoridades y los organismos nacionales como las municipalidades, FORSUR, COFO-PRI o el Ministerio de Vivienda, para identificar los terrenos necesarios y facilitar la construcción de las viviendas de quincha. Principalmente este período se caracterizó por una marcada relación con las familias de la UPIS y la junta directiva que las representaba, dando a conocer los ámbitos de intervención del proyecto, las etapas de implemen-tación, los objetivos y las estrategias; pero sobre todo especificando la necesidad de emprender un camino con ellos donde la población controlaría el planteamiento correcto de las mismas etapas.

Para lograr la identificación de las 80 familias beneficiarias de la vi-vienda de quincha se empezó a ubicar a las familias damnificadas per-tenecientes a la UPIS Nuevo Calle Nueva. En este momento se aclaró la importancia de tener documentos notariales de la asociación13 y se fijó, conjuntamente con la directiva, un plazo para recibir inscrip-ciones en el libro de socios, que era para nosotros el documento de referencia que identificaba a las familias con las cuales trabajaríamos. Ello ayudó a que la asociación tuviera más en orden sus documentos y a que se reorganizara internamente.

poblacional de Tambo de Mora está conformada por comunidades afroperuanas, mi-grantes de la zona de la sierra y costeños de la parte Sur. Estos enfrentamientos son tí-picos en una situación post- desastre, siendo la disgregación del tejido social una de las consecuencias del estrés generalizado, lo cual puede llevar a agudizar relaciones marca-das por el prejuicio y el racismo.

13 Un libro de socios convalidado por un notario y la inscripción de la asociación en el regis-tro de asociaciones.


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En seguida se empezó la elaboración y aplicación de las fichas so-cioeconómicas para la identificación de las características y de los componentes de vulnerabilidad de los núcleos familiares. La primera ficha socioeconómica tenía como objetivo recoger información social sobre familias vulnerables, considerando los siguientes criterios14:

• Familias viviendo en condición de hacinamiento

• Familias con madres solteras

• Familias con muchos niños

• Familias con adultos mayores

• Familias con escasos recursos económicos

Se aplicaron un total de 257 fichas a las familias inscritas en el padrón de la asociación, obteniéndose una relación de 174 familias que fue-ron denominadas “preseleccionadas”.

La lista de 174 familias preseleccionadas fue presentada y colgada en lugares públicos para que los pobladores (pertenecientes a la UPIS u otras asociaciones) pudieran aportar sus reclamos en el caso estuvie-ran disconformes por la presencia de familias que por su condición socioeconómica no deberían considerarse vulnerables. Esta actividad hacía parte de un mecanismo de control socializado con la comuni-dad y preveía la fiscalización por parte de los miembros del equipo, para constrastar los reclamos de los pobladores. Fue así que se obser-varon 19 familias, entre las cuales algunas renunciaron espontánea-mente a su derecho de recibir ayuda, otras reconocieron que tenían posesiones en distritos cercanos o que no habían vivido en Tambo de Mora durante el terremoto. Después de un tiempo adecuado para permitir las observaciones y la fiscalización, la lista de 174 preseleccio-nados se redujo a 155 familias.

14 Los criterios mencionados se refieren a la identificación de condiciones y/o grupos consi-derados vulnerables cuya díficil condición puede ser agudizada por un contexto posde-sastre.


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Este trabajo de identificación estuvo acompañado por la labor dirigi-da a los niños y niñas del albergue, con la prioridad de garantizar un espacio de acogida para ellos y sus familias. Este espacio, específica-mente dirigido a las familias de la UPIS (pero que al final fomentó la participación de otras familias y niños del pueblo), se organizó inicial-mente en el albergue, a través de la implementación de una carpa, en el sector conocido con el nombre de “Nuevo Amanecer”.

En este primer momento los niños tenían conductas ligadas a proble-mas psicosociales, por la imposibilidad de expresar sus sentimientos contrastantes, el odio-amor hacia los adultos por la difícil situación que estaban viviendo, el sentimiento de culpa por no poder cumplir algunas tareas, la incomodidad y la frustración por la precariedad del contexto. La misma condición de vida en los albergues así como la incertidumbre sobre los tiempos de realización del proceso de reubi-cación (ya se había identificado el terreno para la reubicación de las familias damnificadas), enfrentaban los niños a un problema de tole-rancia de la situación, de activismo desesperado o depresión sutil. En este contexto el sufrimiento de los niños y niñas aumentó por la im-posibilidad de tener un espacio específico para ellos, y se expresó en la rabia improvisa e inexplicable, así como en las conductas aisladas y agresivas hacia los compañeros.

Por esos motivos, en esta etapa el trabajo con los menores consistió en brindar principalmente espacios recreacionales, organizar el juego libre y recibirlos diariamente en los lugares donde se armaron carpas o módulos para sus actividades, en diferentes zonas del pueblo, en la parte baja así como en el albergue principal. En este primer período el objetivo principal con los niños, las niñas y los adolescentes de las familias damnificadas fue otorgar un espacio lúdico y una presencia constante para que ellos y ellas pudieran tener otras personas de re-ferencia en su comunidad y dedicarse a actividades placenteras; por esta razón se trabajó con promotoras (profesoras de primaria) que formaban parte del imaginario y eran modelos de referencia de la in-fancia de Tambo de Mora.


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“ASPEm hizo una vez una navidad dando regalitos de acuerdo a su edad y los niños cómo lo valoraban, si

usted hubiera visto cómo salían los niños alegres con sus regalitos, fue bueno porque solo entraban los niños y las

mamás estábamos afuera a menos que fuera un niño muy pequeñito, bebito, después ellos entraban solos y fue muy

bonito, con payasos, juegos, la mayoría comentó que estuvo bien como se organizó”.

Segunda etapa: El Tambo de arriba y el Tambo de abajo

La segunda etapa del proceso fue caracterizada por una verdade-ra distancia entre las familias que seguían viviendo en el albergue (Tambo de arriba) y las familias que regresaron a su terreno de origen (Tambo de abajo). Mientras las primeras estaban pendientes del pro-ceso de reubicación y de los trámites relativos, las segundas intenta-ban vivir lo mejor posible en la destruida Calle Nueva, organizándose con el fin de reconstruir su barrio, pues en ningún momento aban-donaron la idea que la parte baja de Tambo de Mora, con su Plaza de Armas, con sus calles principales, no pudiera volver a ser la misma de antes. Se organizaron en la asociación Pro-reconstrucción con otras familias ubicadas en barrios contiguos, logrando algunas mejoras de la zona, entre ellas la reparación del sistema de desagüe destruido por el terremoto.

El uso del sistema, la disponibilidad de espacio, la limpieza y la pre-sencia de aire fresco en la zona a la orilla del océano, conformaron una situación más llevadera que la que experimentaban en el albergue las familias a la espera de la reubicación. Tal paradoja por la cual el terreno de origen, teatro de un violento sismo que provocó el hun-dimiento de las viviendas, garantizaba mejores condiciones de vida que el mismo albergue, creó un desfase evidente entre la versión oficial sobre la peligrosidad del terreno, la situación de las 30 o más familias que habían regresado y las duras condiciones de vida de la opción “albergue”; además la falta de una postura firme por parte de


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las autoridades sobre la peligrosidad de la zona no ayudaba a aclarar la situación15.

Más allá de este tema particular, en la zona baja las familias reiteraron su sentido de pertenencia al nuevo grupo mencionando el apoyo re-cíproco en situaciones de peligro, como cuando tuvieron que apagar un incendio en noviembre del 2008, en una de las chozas y participa-ron todos en un extremo gesto de solidaridad entre vecinos. En las palabras de una de las lideresas “hay compañerismo, usted hubiera po-dido ver: señoritas, mujeres, hombres, niños, con su baldecito para apa-gar el fuego, pues acá se quiere más el terreno…”.

En ese entonces se beneficiaron del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas a cambio de actividades de limpieza y cui-dado del propio barrio, pero señalaron como objetivo de la asocia-ción, principalmente, el reconocimiento de su derecho a quedarse en la zona considerada a riesgo y la posibilidad de promover estudios de suelos e investigaciones para fundamentar la construcción de vivien-das alternativas, con metodología sismo-compatible.

“Y aprendimos a comer alverja y atún, todos los días atún, uno había que ingeniársela para no aburrirse,

lentejita de ayuda mundial… ellos nos ayudaban para el mantenimiento de las calles, barrer, aunque la obligación era de nosotros para limpiar pero lo hacíamos y ellos nos

ayudaban con víveres, esto fue por todo un año”.

La percepción de los eventos que involucraban la parte alta del pue-blo era fragmentada; desde junio a diciembre del 2008, las familias de la asociación Pro-Reconstrucción manejaron rumores de diferente tipo sobre la reubicación y accedieron a las informaciones tras las vi-

15 Se tenía una resolución de la Municipalidad Provincial sobre la peligrosidad del terreno así como documentos de Indeci, pero la población no terminaba de asumir totalmente este tipo de aviso.


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sitas a familiares de la parte alta o a través de los niños que asistían en el colegio. La preocupación por su destino aumentó en ocasión de los rumores según los cuales las ayudas para la reconstrucción sólo eran para la población que aceptara reubicarse, mientras se iban evi-denciado mayormente los problemas de naturaleza legal relativos al acceso a la reubicación.

Dada esta situación, sean las personas que regresaron a la Calle Nue-va, que las que se mantuvieron en el albergue tenían dudas con res-pecto a si habían tomado la decisión correcta para sí y sus familias; si a causa de la difícil comprensión de la situación hubieran cometido un error, si no malinterpretaron los rumores, si no hubiera sido mejor esperar más tiempo antes de tomar la decisión o elegir otra opción. Estas situaciones indefinidas causaron emociones intensas como tris-teza, sentimientos de culpa, rasgos y conductas depresivas en algu-nos casos. El clima de incertidumbre se transmitió también dentro del hogar y generó más tensión y discusiones entre parejas y con los hijos sobre la reubicación. Por ejemplo en el caso de las familias que habían regresado a la Calle Nueva se conformaron grupos opuestos entre quienes estaban a favor de desplazarse a la zona alta y quienes preferían quedarse en el terreno de origen, porque no estaban con-vencidos de la opción “reubicación”. Ni los niños y niñas estuvieron excluidos del enfrentamiento entre posiciones.

“Entré en conflicto con mi esposo, pues yo quería reubicarme, más él y mis dos hijos no, porque preferían quedarse en la

parte baja”.

Algunas personas entrevistadas declararon que sus familiares no que-rían trasladarse al Nuevo Tambo de Mora, apelando a un sentido de pertenencia a la zona16 o a las dificultades que se encontraban en esta opción, como por ejemplo la imposibilidad de canjear su terreno por

16 En la mayoría de los casos las familias que decidieron quedarse en los terrenos de origen eran conformadas por parejas de adultos mayores.


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un lote de las mismas dimensiones o de obtener los documentos ne-cesarios para acceder a la compensación. Pero, sobre todo se mencio-nó la situación de favoritismo para los ex inquilinos de la Calle Nueva, en la medida en que la reducción del área del lote canjeado respondía a la necesidad de reubicar más familias damnificadas que estaban vi-viendo como huéspedes o arrendatarios en las viviendas de la Calle Nueva17. Tal situación desató una querella (no solo en el grupo de no-reubicados, sino también en el grupo de reubicados) entre titulares e inquilinos que cruzaba diferentes aspectos, de tipo intergeneracional, económico y cultural. El aspecto más interesante de este enfrenta-miento fue que a menudo oponía los padres a sus hijos, criticados por recibir una indemnización para una vivienda, sin el menor esfuerzo.

Esta situación ya bastante complicada se volvió más crítica por el dífi-cil acceso a las subvenciones para la reubicación y a las informaciones necesarias para poder decidir lo mejor para sí y sus seres queridos. Muchas veces la información procedía de familiares que integraban la junta directiva local, la cual coordinaba con la municipalidad para la elaboración de la lista de reubicados; pero en el momento en que, por cualquier motivo este contacto se interrumpía, con mucha difi-cultad llegaba a la parte baja una información completa de lo que se estaba haciendo. Esta situación de escasa información se originó entonces por una mezcla entre malas prácticas de difusión por parte de los organismos competentes y cierta actitud pesimista de las mis-mas familias, que las llevaba a concentrarse más en sus problemas y responder con conductas de autoaislamiento a la hostilidad percibida en el entorno. Fue así que entre octubre y noviembre se intensificaron unos rumores alarmantes relativos al hecho que las autoridades esta-ban haciendo lo posible para desalojar de la zona baja a las familias que habían regresado a sus terrenos.

17 Todos los problemas mencionados se refieren a la poca socialización de un marco jurídi-co para indemnización durante el proceso.


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“Venían cachaquitos y nosotros, cada uno, estaba en su casa para que no nos saquen”.

En los casos reportados por los entrevistados se denunció el clima de amenaza en general, sin evidenciar en concreto los actores amenaza-dores. Solo se mencionó el episodio en que “llegaron unas personas para limpiar18 , eran soldados y las pobladoras se encontraban alertas, asustadas, se pasaban información si ellos se encontraban lejos o no, que se encontraban haciendo, si seguían limpiando como decían o llegaron para que los sacaran”.

Esta referencia a un episodio tan aterrador como puede ser sentir que uno es obligado a dejar su casa por segunda vez, es expresión del desamparo vivido por las personas, de la desesperación por creer que las autoridades no las ayudan porque han decidido vivir en una zona de peligro. El estado anímico de la población que vivía en la parte baja empeoraba a medida que aumentaba su percepción de soledad y abandono, lo que no favoreció la reconstrucción de una relación co-laborativa con la población que vivía en la parte alta.

En esta etapa nuestra intervención con menores de edad se concen-tró en motivar su participación diaria en espacios recreativos como una forma de aliviar la preocupación de las familias y acompañar a los niños y niñas en la difícil tarea de asimilación de la propia realidad.

La labor con los niños tuvo que enfrentar las mismas particularidades evidenciadas en los dos grupos de adultos. También en ese segmento de la población se creó un hiato entre los niños que se habían que-dado en el albergue y los que habían regresado a la parte baja con sus familias. También entre ellos se marcaba irremediablemente una distancia en los proyectos de vida siendo diferente la situación de las respectivas familias; por este motivo se garantizó nuestra presencia tanto en el albergue como en Calle Nueva. Los hijos de las familias

18 Se refiere a remover los escombros.


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que se preparaban a mudarse expresaban curiosidad hacia el nue-vo lugar pero, al mismo tiempo, mucho miedo y desconfianza por no conocerlo y no saber tampoco como iban a estar redistribuidos en el plan del asentamiento. El trabajo con ellos fue más dirigido a recuperar confianza en sí mismos y a desarrollar sus capacidades de cooperación.

Al contrario los niños y niñas de la parte baja seguían viviendo el dra-ma del abandono con sus familias; ellos mismos parecían visitadores de otro pueblo cuando alcanzaban a los primos o a los compañeros en Vilma León o en el albergue para jugar juntos. Era inevitable sentir que en la parte alta se estaba concertando la reconstrucción de un barrio que iba a sustituir este donde ellos vivían. La labor con ellos fue más orientada en seguir cuidando el aspecto emocional, garantizan-do un lugar seguro donde se respetara su privacidad y se fomentara su participación a través de talleres de creatividad, nivelación escolar y acompañamiento lúdico; fue nuestra preocupación darle un trato igualitario respecto a sus compañeros e involucrarlos en actividades que se promovían en el distrito para reducir la distancia (geográfica y psicológica) con sus pares de otra zona.

“Nuestros hijos nos decían por qué no vamos allá, allí (en la parte alta) dan regalos”.

Fue así que se mantuvieron por un buen tiempo los módulos lúdicos ubicados en la calle Benavides19, en la UPIS Vilma León y en la zona del albergue conocida como Nuevo Amanecer.

Paralelamente se trabajaba también la línea legal con la mayoría de los habitantes de Tambo de Mora, pero mientras los pobladores de la parte alta y los integrantes de la UPIS aprovechaban ese servicio,

19 Este módulo era el único que estaba en la zona denominada de riesgo, acompañando las actividades de los hijos de las familias que habían decidido quedarse en la Calle Nueva totalmente destruida.


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los pobladores que estaban viviendo en la parte baja y que no esta-ban tramitando documentos para ser reubicados no le veían mayor utilidad. A pesar de esto los informábamos constantemente sobre los avances del proyecto y proporcionábamos informaciones útiles para el proceso de reubicación. Por otro lado nuestra línea política de intervención con relación a la parte baja específicamente, no pre-veía fomentar posibilidades relativas a poblar nuevamente una zona considerada peligrosa, pues hasta al momento no había ningún tipo de documento oficial emitido por el Estado, las instituciones técnicas u organismos internacionales que garantizara sobre la seguridad del suelo y la posibilidad de reconstruir en la zona.

Es importante evidenciar que respecto a nuestra postura hubo cierto resentimiento por parte de algunas familias que reivindicaban su de-recho a reconstruir y repoblar la parte baja; hubo quien irónicamen-te dijo que, para agradecer la ayuda por parte del proyecto, hubiera puesto en las calles un cartel: “Gracias ASPEm por nada”. Sin embar-go, otras familias que estaban viviendo en la Calle Nueva valoraron el aporte del proyecto con respecto a las demás actividades imple-mentadas (sobre todo la lúdica con los niños), además de resaltar el rol de fuente de información clara y escueta en un contexto donde el autoaislamiento y la exclusividad del proyecto de reubicación pro-movido por el Estado determinaban la percepción de inequidad de oportunidades entre la población de la parte alta y de la parte baja.

Solo para demostrar la confusión generada por la desinformación se pueden reportar las afirmaciones de las familias de la parte baja que, aunque conocían los nombres de diferentes entes que intervinieron en el proceso, como FORSUR, el gobierno regional, la provincia, el gobierno local, ASPEm y APY, afirmaron que el actuar de algunos de estos actores había sido percibido como vacío y cuestionable. Si por un lado algunos han sido señalados como entes sin algún tipo de in-cidencia práctica, otros han sido resaltados por su actitud negativa o peor amenazadora. Del equipo de FORSUR se mencionaron infor-maciones inexactas (canje del terreno solo a propietarios, metraje del lote para la reubicación, entrega de lotes con viviendas ya construi-das), las cuales se habían quedado como promesas incumplidas. De


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las autoridades en general, sean locales o provinciales, se denunció la escasa predisposición en informar, como también la difusión de infor-mación no contrastada, que se revelaba equivocada o inactual. Esta escasa información, la poca accesibilidad física (ni FORSUR ni INDECI tenían oficinas locales) y transparencia en la difusión de la informa-ción, determinaron a menudo sospechas y marcaron mayor lejanía con las autoridades.

Con respecto al actuar de nuestras instituciones, se señaló que la in-formación socializada por el equipo de proyecto no siempre era vi-gente (como dijo una señora entrevistada y que vivía en la parte baja “a veces no nos daban la información correcta, pero era porque a ellos -los integrantes del equipo del proyecto- también no le daban una correcta información”). La población asentada en la parte baja del distrito valoró finalmente el rol de ASPEm y APY en apoyar a los más necesitados, siempre atentos en dar información y en presentar las diferentes etapas del proceso de manera sencilla para que estuvieran al alcance de todos.

“Con ASPEm sí, hubo transparencia y se apoyó a los que necesitaban, yo no fui beneficiada y eso me gustó; algunos pensaban que como estaba apoyando a mí me iban a dar algo y no fue así, por eso digo que sí, hubo transparencia”.

Paralelamente a estas actividades de trasmisión de información con-tinuaba el proceso de identificación de las 80 familias por beneficiar con viviendas de quincha mejorada entre los pobladores del albergue que querían reubicarse.

El proceso fue largo y complejo y como se ha mencionado, nos había dado la posibilidad de identificar 155 familias preseleccionadas para la vivienda de quincha. Siendo su eje principal asegurar la participa-ción de los mismos pobladores para garantizar la transparencia, se convocó a una reunión en junio del 2008 al grupo de 155 familias preseleccionadas y se trabajó con ellos para decidir cómo construir la vivienda, donde ubicarla en el lote, si en la parte delantera o pos-


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terior del terreno y con qué tipo de diseño. En el taller fueron es-cuchadas las propuestas de los pobladores, se presentaron algunas indicaciones por parte de los técnicos del proyecto, y se ratificó el consenso alrededor de la propuesta final. En esta etapa la población pareció valorar el esfuerzo por compartir el diseño de la vivienda y las informaciones, y reconoció la posibilidad de ser parte importante del proceso de selección a través de la depuración de la lista de pre-seleccionados. En este encuentro se les brindó información sobre los avances del proceso, y se les pidió el compromiso para la autocons-trucción de las viviendas.

Mientras tanto, la demora en la elaboración de la lista oficial de reubi-cados en el nuevo emplazamiento por parte de las autoridades, nos estaba generando el problema de tener nuestra lista de beneficiarios finales sin saber previamente si podían tener acceso a la reubicación o no (es decir, si iban a ser parte de la lista de reubicados en el nuevo emplazamiento que las autoridades estaban elaborando); sin embar-go, se optó por seguir el proceso y eventualmente solucionar legal-mente los casos de las familias beneficiadas con la vivienda, pero sin acceso a la reubicación.

Después de la reunión sobre el diseño de la vivienda se aplicó al gru-po de preseleccionados una segunda ficha, cuyo objetivo era profun-dizar más los aspectos sociales y económicos para entender desde diferentes puntos de vista la condición de la familia y lograr un cuadro real de la situación. En el transcurso de la aplicación se sumaron seis familias seleccionadas de común acuerdo con la junta directiva y la población, por tener condiciones de vida muy precarias, a pesar de no estar en el patrón de asociados, haciendo un total de 161 fichas sociales aplicadas.

Como en el caso anterior, para facilitar la transparencia y la difusión del proceso de selección se procedió a identificar los puntos del dis-trito más accesibles y frecuentados por la población, como la puerta del consejo municipal, la posta médica, la sede de la gobernación, los albergues donde las personas vivían, las entradas de los colegios, la puerta de la oficina, y se colgó la lista de familias seleccionadas en la última aplicación. Con el mismo objetivo se realizaron charlas infor-


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mativas y atención constante en el local de la oficina para absolver las preguntas y recoger la información de las observaciones que alcanza-ban los vecinos respecto a la publicación de la lista.

En este caso no hubo mayores observaciones por parte de los habi-tantes del distrito. Fue así que se procedió a convocar a un comité evaluador que se encargara de la revisión y evaluación de las fichas de las 161 familias. El comité estaba integrado por un representante de la municipalidad distrital, dos representantes de ASPEm que no habían tenido contacto con ninguna de las familias de la zona (eran trabaja-dores de la oficina de Lima), dos representantes de la comunidad y un veedor de las Naciones Unidas invitado para la ocasión.

En un primer momento las familias de la comunidad estaban discon-formes con el proceso selectivo y pensaban fuera mejor un sorteo, por el motivo que el sorteo, según su percepción, es un mecanismo que no permite eventuales estafas; el proceso de selección, en el ima-ginario popular sí permite la manipulación de los datos y eventuales fraudes. Se invirtió entonces una buena dosis de tiempo y recursos para poder debatir este punto con los pobladores y demostrarle que la conformación del comité para la identificación de las familias así como la metodología ejecutada, garantizaba la imparcialidad de la selección final.

La participación de la comunidad se hizo efectiva a través de la elec-ción mediante una asamblea, de dos representantes populares que integraron el comité. En esta asamblea se explicó la metodología para el funcionamiento del comité y se aclaró que las familias iban a ser identificadas con un código, lo cual aseguraba la objetividad de la elección. El día 2 de julio de 2008 el comité se reunió para elegir entre los preseleccionados las 80 familias que iban a reconstruir su vivienda de quincha mejorada, según los criterios de vulnerabilidad ya mencionados en relación a la aplicación de las fichas. Estas familias iban a tener así una mayor facilidad en reubicarse en el nuevo empla-zamiento, siendo que la vivienda de quincha iba complementando el local de drywall otorgado por el Estado y permitiendo una vida más digna para sus integrantes.


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La imparcialidad del comité fue garantizada por la transparente com-posición del mismo, la presencia de veedores internacionales y el uso de códigos para mantener las familias en el anonimato. El comité asig-nó a cada criterio de vulnerabilidad un puntaje particular, de manera que la familia que acumulaba más puntos vendría a ser la elegida. Esta metodología garantizó cierta autonomía al comité, en la medida en que los miembros del mismo indicaron de manera autónoma y sin alguna influencia por parte del equipo el puntaje de cada tipo de cri-terio; a pesar que en algunos casos hubiéramos podido no estar de acuerdo20 se respetó su voluntad. Este aspecto fue reconocido pos-teriormente como otra demostración más de un proceso realmente objetivo y transparente.

Una vez compilada la última lista de 80 familias beneficiarias y 14 al-ternativas o suplentes (por si las primeras no pudieran acceder a la reubicación por algún motivo), fue expuesta en lugares públicos para su conocimiento general. En este último caso no hubo algún tipo de crítica pues la comunidad había sido parte del proceso y presentado sus críticas en las diversas etapas, desde la aplicación del primer cues-tionario, la exposición de las listas, la participación de representantes populares el día de la selección y el método objetivo utilizado por el comité. Su participación era la principal demostración de la transpa-rencia y equidad del proceso.

Lamentablemente la elaboración de la lista de reubicados no se ob-tuvo coincidentemente con los plazos del cronograma de ejecución del proyecto, razón por la cual algunas familias beneficiadas con la vivienda de quincha no estaban aún en la lista de reubicados en el nuevo emplazamiento. En estas ocasiones, con nuestro apoyo se agi-lizó el ingreso de las familias beneficiadas por el proyecto en la lista de reubicación, sobre todo cuando la dificultad consistía en un simple tema de asesoría legal (organización de los documentos y tramitación de los mismos frente a COFOPRI a tiempo) y no había mayores proble-mas de extravío de los documentos.

20 Por ejemplo, el equipo del proyecto, por su trayectoria y composición, le daba un valor más alto al criterio “vivir en hacinamiento” pero el comité optó por darle otro valor.


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Mientras tanto la identificación objetiva de otras familias por benefi-ciar se tornó útil cuando se planteó la construcción de 32 viviendas más21, logrando un total de 112 familias beneficiadas22.

Tercera etapa: reubicación versus reasentamiento

Hemos dicho que después de la compra del terreno, se planificó un trabajo de preparación del mismo que requirió una organización y coordinación entre actores: el terreno fue nivelado y lotizado bajo la vigilancia del Ministerio de Vivienda, mientras que COFOPRI se dedi-caba a reactualizar los censos de la población (la lista de COFOPRI fue continuamente confrontada con el censo de damnificados presenta-do por la municipalidad distrital en colaboración con los representan-tes de los vecinos). La Junta Directiva de la UPIS Nuevo Calle Nueva, por su parte, colaboró con las autoridades para la reubicación de sus representados. En este entonces la vida de las familias que alojaban en el albergue empezó a gravitar alrededor de los requisitos necesa-rios para ingresar en la lista de pobladores por reubicar.

Entonces, si en un primer momento el asunto legal no fue considera-do muy importante por la comunidad, tanto que el equipo se preocu-pó en sensibilizar a los pobladores que aplicaban las fichas socioeco-nómicas sobre la importancia de tener los documentos en orden en el caso de una reubicación y en general para acceder al estatus de dam-nificado beneficiario; en un segundo momento se despertó el interés de los pobladores hacia la cuestión legal al concretarse la habilitación y la lotización del nuevo emplazamiento. Las familias damnificadas

21 Para la adjudicación de estas viviendas adicionales el proceso de evaluación fue diferen-te ya que se incluyó a otras zonas, y se contemplaron criterios adicionales que permi-tieran priorizar entre todas las familias a evaluar. Sea la inclusión de otras zonas sea de los criterios adicionales fueron conversados con los integrantes de la directiva y con la comunidad, los cuales aceptaron los cambios propuestos. Estos cambios se dieron sobre todo porque en esa temporada estaba ya claro que el nuevo emplazamiento era destina-do a cuantas familias, viviendo en zonas de riesgo, hubieran querido reubicarse en una zona segura.

22 El aumento del número de familias beneficiadas se dio por la variación en los precios de los materiales y por el cambio del dólar.


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constataron la importancia de los documentos legales y se dieron cuenta de la necesidad de subsanar las observaciones pendientes para su reubicación.

Los principales problemas relativos a la reubicación fueron los casos de tenencia colectiva, como la subdivisión de terrenos y de predios sin licencia municipal; asimismo el caso de las tenencias legales como las viviendas en herencia, las cuales nunca contaron con la subsana-ción de la documentación necesaria registrando como titular del lote a la persona ya fallecida, o las viviendas que simplemente por desin-terés de las familias no contaban con un documento como el título de propiedad. Otro problema era relativo al estatus civil de algunas mu-jeres separadas, las cuales no habían formalizado su separación con-yugal y su predio tenía un título de propiedad a nombre del esposo, inutilizable para acceder a la reubicación. Otros casos más fueron los de reconocimiento de la pertenencia de un bien de manera compar-tida23 a un grupo familiar y/o usufructo. Así, familias que por mucho tiempo habían convivido de manera legítima en la vivienda se encon-traron en serias dificultades por no ver reconocidos sus derechos a la indemnización y reparación como damnificados.

De este modo, el componente de asesoría legal consideró estas y otras variables para brindar las orientaciones necesarias, en busca de la incorporación de las familias dentro de la lista de damnificados con derecho a la reubicación.

Mientras tanto se había conformado ya una mesa de actores sociales que incluía no sólo a las autoridades locales y a los representantes de los grupos de base de la población, sino también al Ministerio de Vivienda y a COFOPRI; podríamos llamar esta mesa “grupo promotor” pues tenía el objetivo de organizar la reubicación de las familias. En esta ocasión la junta directiva de la UPIS pidió a los integrantes del proyecto que le brindara asesoría legal durante el proceso de coordi-

23 Las constancias de posesión y los títulos de propiedad tendían a desconocer las prácticas de convivencia multifamiliar, despojando a núcleos familiares “subsidiarios”, cuya reinte-gración inicialmente no era posible por el escaso metraje de los lotes para reubicar.


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nación con las autoridades para lograr la reubicación de sus afiliados, por el motivo que los criterios y el procedimiento para acceder a la reubicación aunque no complicados, no fueron objeto de una infor-mación exhaustiva por parte de los organismos competentes. Los requisitos en parte se revelaron dispendiosos y el marco jurídico de referencia en el cual se inscribiría la acción de indemnización y repa-ración no fue dado a saber de manera clara a la población.

Vista esta situación, la acción del proyecto se concretó en la asesoría legal a la junta directiva y la supervisión de las condiciones mínimas para una correcta reubicación. De ninguna manera se intervino en el tema de la elaboración de la lista de familias a reubicar, siendo de competencia de la autoridad local y de los representantes de las mis-mas familias. En este ámbito nuestro rol fue el de facilitar la compren-sión de algunas dinámicas de trabajo con las autoridades, cuidando siempre que los integrantes de la junta entendieran lo que la autori-dad local le estaba proponiendo y ayudándolos en cuestiones lega-les y logísticas. Con respecto a las personas que integraban el grupo promotor, la participación del equipo fue siempre dirigida a favorecer en ellas la comprensión de los pedidos y mecanismos para llegar a la inclusión de las familias por reubicar; así como hacia los pobladores nuestro aporte fue más el de informar sobre los trámites correctos para obtener la reubicación y apoyar en el caso que se entorpeciera o retrasara por algún motivo el trámite legal correspondiente.

Sin embargo la labor del proyecto tenía el propósito principal de des-pertar en los usuarios del servicio legal la conciencia de la importan-cia del ejercicio de los derechos fundamentales que les asisten como seres humanos, derechos escasamente interiorizados y ejercidos por parte de la comunidad. Para lograr este objetivo se coordinó con la junta directiva la organización de reuniones para informar a los po-bladores sobre los avances de la coordinación del grupo promotor; cuando no asistíamos, procurábamos saber si la población había sido informada por sus representantes. La promoción y desarrollo de las reuniones representaba nuestra principal preocupación, es decir que los pobladores fueran adecuadamente informados sobre su derecho a ser reubicados y sobre los trámites necesarios para ejercer este de-recho.


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Participábamos también de la mesa de ONG que trabajaban en la pro-vincia, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-rrollo (PNUD); esta mesa tenía el objetivo de dar seguimiento e inte-gralidad al trabajo de reconstrucción y nuestra participación tuvo el fin de sensibilizar a las demás instituciones sobre las dificultades que los damnificados de Tambo de Mora padecían. A través de la mesa se obtuvo información social y económica para mejorar las condicio-nes de vida de los pobladores, se incluyó a la población de Tambo de Mora en algunas actividades impulsadas por otras instituciones, se captó información importante sobre los aspectos políticos y/o nor-mativos que afectaban el proceso de reubicación.

En este contexto se dieron los primeros cismas dentro de los despla-zados, con familias que decidieron quedarse definitivamente en la parte baja del pueblo, en la antigua Calle Nueva y así renunciar a la reubicación en el Nuevo Tambo de Mora.

Por otro lado se intensificaron unos rumores relativos al destino del terreno de origen, los cuales volvían más compleja la situación pues las dudas se albergaban en los vacíos informativos de la autoridad así como en las elucubraciones de los vecinos. Por este motivo, este momento particular del trabajo con la población de Tambo de Mora fue dirigido a la facilitación de información actualizada sobre los dere-chos de las personas y específicamente sobre las condiciones del pro-ceso de reubicación, para que la comunidad pudiera elegir la opción mejor entre las que se les estaban dando.

Remarcamos que esta tarea no fue fácil por diferentes motivos:

• Se pretendía facilitar un proceso en el cual era importante defender los derechos de las personas, pero no todos los ac-tores del contexto tenían una misma visión sobre este tema; algunas veces había diferencias con la misma población o con los integrantes de la junta directiva sobre cuestiones de derechos y se originaban interesantes intercambios y discu-siones que abordaban temas de justicia, equidad, repara-ción. Fue el caso de la prioridad para reubicar a las familias integradas por adultos mayores, defendida por el equipo


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del proyecto, la cual no era considerada importante por par-te de la población; o la postura de nuestras instituciones que era la de apoyar la reubicación de todos los damnificados, la cual se enfrentó con el pensamiento de algunos ciudadanos que defendían la reubicación de los titulares de predio y no de los arrendatarios de las viviendas. Sin embargo, lejos de lamentar esta situación, queremos acá señalarla, pues de-terminó un contexto vario y desafiante para los principios que muchas veces damos por obvios, y favoreció una sana confrontación entre diferentes visiones de la realidad, con relación a la dignidad humana y los derechos universales.

• Las personas que vivían en el albergue y que habían teni-do acceso a la reubicación querían ya mudarse, para no se-guir viviendo en las condiciones precarias en las cuales se encontraban; este afán se traducía en un activismo lleno de ansiedad que los llevaba a prepararse para la mudanza con la perspectiva de seguir viviendo en refugios temporales, sin reivindicar sus derechos a una reubicación más digna.

• El contexto político no jugaba a favor de una clara informa-ción, lo que aumentaba el miedo de la población hasta de perder la posibilidad de reubicarse; la reubicación era casi vista más como un favor que se le hacía y no como un de-recho legítimo por ser damnificados. La desinformación no era supuesto útil para reivindicar de la manera adecuada sus derechos para una reparación justa.

Las mismas autoridades consideraron la tercera y cuarta etapa del proceso como algo personal y relativo a cada familia; no hubo ese ma-tíz social que era deseable esperar en una situación de tal gravedad. La autoridad estatal no asumió completamente su papel de garante en defensa de los derechos de sus ciudadanos en situación crítica, es decir no consideró la posibilidad de organizar un reasentamiento de la población, que prevé no solo la organización del aspecto logístico del desplazamiento sino el acompañamiento en las diferentes etapas hasta a garantizar un nivel de vida digno de los pobladores, en lugar de una simple reubicación autogestionada. Además no estaba bien


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especificado quién iba a asumir eventuales reclamos en la gestión de la reubicación; generalmente la gente se dirigía a la municipalidad lo-cal porque ni la provincial, ni la sede de FORSUR en Chincha eran refe-rentes directos del proyecto de reubicación. La manera de intervenir del equipo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento era muy eficaz, pero su aptitud resolutiva no consideraba un tiempo para atender eventuales reclamos, siendo que sus visitas a Tambo de Mora tenían un cronograma estricto y objetivos preestablecidos; más bien por un acuerdo (no sabemos si de tipo tácito) del grupo promo-tor, se creyó que fuera la municipalidad local a gestionar problemas considerados internos a la comunidad. Por su lado la municipalidad local coordinaba con los dirigentes comunitarios, pero en el local municipal no había una ventanilla para eventuales reclamos ni había otra institución que desarrollara este tipo de función. Sencillamente la gente no sabía a quién reclamar pues el mismo municipio distrital no tenía la total responsabilidad de los eventos, ni el manejo de to-das las variables de la situación. La dificultad era determinada por el hecho de no tener un referente con la responsabilidad de informar y aclarar las dudas; finalmente para la comunidad este referente era la junta directiva integrada por los dirigentes locales, pero cuando se deterioró la relación entre ellos, se interrumpió el flujo de información y la posibilidad de opinar sobre los eventos.

Siempre en el marco de una visión más social de la reubicación, el proyecto no sólo asesoró legalmente a la junta directiva sino acogió el pedido de los integrantes de la UPIS Nuevo Calle Nueva de lograr la disposición original de las calles, pedido relativo a la necesidad de recuperar su antigua relación física como vecinos y de seguir viviendo en un barrio parecido al de origen. Este tema fue motivo de nego-ciación en el grupo promotor para la elaboración de la lista de reubi-cados, cuya definición pautaba la mudanza más o menos caótica al nuevo emplazamiento donde ya estaban ubicados los módulos de drywall.

En esta temporada familias enteras abandonaron su sitio en el anti-guo terreno del albergue, a menudo quemando los desechos dejados y se transfirieron con todas sus pertenencias al nuevo lote, replicando


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en el Nuevo Tambo de Mora las díficiles condiciones de vida anterio-res. Los más afortunados contaban con un módulo de madera que podían armar al costado del local de drywall e iban cercando el lote con palos de madera, esteras u otro material por miedo a los robos. El paisaje no representaba nada nuevo con respecto a unos meses antes en el albergue.

Fue en este contexto que el proyecto facilitó la reubicación de las fa-milias beneficiadas con la vivienda de quincha, pues una vez obtenida la lista de familias a reubicar24 se empezó la confrontación con la lista de las 80 familias beneficiadas por el proyecto y se iniciaron las coor-dinaciones para el trabajo de autoconstrucción en el nuevo terreno. Así se dio inicio a los primeros cursos de construcción con la técnica de la quincha mejorada y se acompañó de cerca el proceso de adapta-ción de las familias al nuevo contexto. La posibilidad de construir una pequeña vivienda en el lote, y complementarla con la casa de drywall, dió a las familias la esperanza de contar con condiciones más dignas dado que el área construida llegaba a 36 metros cuadrados; esta pe-queña vivienda permitía por lo menos una mínima repartición entre área común y espacio para dormir, evitando el hacinamiento familiar.

El proceso de capacitación contó con una parte teórica brindada por los técnicos en campo (sobre todo el ingeniero) y una parte práctica, supervisada de manera constante por el ingeniero y los maestros de obra. Se planteó la repartición de las familias por grupos de trabajo, según su acceso a la lista de reubicados. De otro lado, el emplaza-miento era muy grande por lo que se optó por agrupar a las fami-lias vecinas para acelerar la construcción de las viviendas y reducir el campo de acción de los técnicos y el del transporte de material. Los grupos fueron convocados para una charla informativa e introducto-

24 Hay que señalar que la lista final de reubicados de las familias de la UPIS Nuevo Calle Nue-va no se logró sino después de mucho tiempo (alrededor de febrero del 2009) cuando la construcción de las viviendas habían ya empezado. Lo que nos entregaba el municipio distrital eran listas parciales de familias por reubicar y eso nos obligaba periódicamente a revisar las listas parciales para identificar eventuales divergencias en la secuencia de nombres entre familias beneficiadas con la reubicación y familias beneficiadas por el pro-yecto.


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ria donde se les explicó la metodología a emplear en la construcción de las viviendas, y la necesidad de garantizar la participación de por lo menos dos personas de cada familia para que trabajaran en su cons-trucción. A pesar que los cursos de capacitación estaban abiertos a todos los que quisieran participar, la manera en que se dieron (en re-lación con la elección de las familias) y el lugar donde se desarrollaron (el nuevo emplazamiento) motivaron a que participaran sobre todo las familias reubicadas y beneficiadas con la construcción de la vivien-da de quincha.

Este proceso de capacitación contó con un acompañamiento desa-rrollado por los maestros de obra y el ingeniero en la parte técnica y por la trabajadora social en la parte relativa a la distribución de tareas, resolución de conflictos entre pobladores o respeto de las reglas ne-gociadas para el avance en la obra. Como referentes del proyecto es-taban también un almacenero (que cuidaba el material y se ocupaba de su distribución a las familias que lo requerían), un voluntario y dos promotores locales que apoyaban en las actividades de reconstruc-ción. Junto con el responsable del proyecto, este equipo estaba a me-nudo presente en el nuevo emplazamiento, visitando los lotes donde se procedía a la construcción o las familias que esperaban de empezar en su grupo de capacitación. Esta presencia y asesoría constante nos permitió construir un sistema de consulta, recepción de quejas y re-solución de problemas25, al mismo tiempo efectivo y rápido, y tener sobre todo una relación muy cercana con los beneficiarios, fortale-ciendo así los lazos de confianza y respeto mutuo en dicho trabajo.

La construcción de la vivienda permitió otorgar a la familia espacios por compartir y socializar, pues todos los integrantes de la familia, desde los padres hasta los hijos más pequeños, participaron en las diferentes etapas, dando su contribución, aportando cada uno y fa-voreciendo la valoración de cada integrante del núcleo familiar. En la misma tierra árida del nuevo emplazamiento, una madre o su hijo se ponían a hacer zanjas y levantar columnas esperando que el padre re-

25 En algunos casos se convocaban reuniones cuando el motivo de las quejas era compar-tido por varios beneficiarios.


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gresara del trabajo, para apoyar y concluir la obra. Además las familias involucradas pedían el apoyo de otros familiares y vecinos, así como de otras familias beneficiadas, creando una preciosa y eficaz red de relaciones que cobraban importancia frente a la desconfianza que el contexto posdesastre había alimentado entre los grupos familiares.

“Cuando empezamos a construir las casas de quincha, había un grupo que estaba ahí que no sabían cómo hacer, (ellos)

estaban preocupados y nosotros los hemos ayudado”.

Cabe resaltar que también en esta situación se actuó de manera fiel al criterio de convertir a los pobladores en protagonistas de la recons-trucción, según la estrategia que requiere un rol activo del damnifica-do, para expresar las fortalezas que tiene y que son importantes para su comunidad.

El desplazamiento de familias al Nuevo Tambo de Mora, si bien por un lado complicaba la convivencia a nivel práctico por plantear cada día un flujo desordenado y caótico de personas que ocupaban su lote, por el otro permitía que la gente pudiera darse cuenta de los avances que cada familia lograba en la construcción de la vivienda de quincha, estimulando el planteamiento de construir de manera ordenada y or-ganizada, sin repetir la tumultuosa situación del albergue.

Por nuestra parte tanto en la gestión del proceso, como en la partici-pación en los cursos, o en el trato directo con la gente, hemos tenido -como equipo- la preocupación de informar constantemente sobre el desarrollo de las actividades y de conversar con las familias no sin pasar momentos críticos y difíciles, por ejemplo, como cuando el al-macén no se proveía de materiales a tiempo, cuando había retrasos en la entrega de los mismos o cuando las tareas cotidianas de las fa-milias interferían de manera importante en el avance de la actividad de autoconstrucción.

Las frecuentes visitas de campo tenían también un valor emotivo muy alto y podemos resaltar la importancia de las mismas si las compa-


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ramos con las pocas visitas que se organizaban en la parte baja del pueblo, ya sea por parte nuestra o por parte de otros actores.

Con respecto al trabajo con niños y niñas cuando ya las familias em-pezaron a mudarse al Nuevo Tambo de Mora, se desarmó la carpa del albergue y se implementaron dos pequeños módulos de made-ra para desarrollar actividades lúdicas. Uno de los módulos estaba ubicado en la parte este del emplazamiento mientras que el otro en la parte oeste, colindante con la carretera camino a Chincha Baja. Cuando el pueblo joven empezó a activar sus servicios, previas co-ordinaciones necesarias, se decidió pasar a un local de propiedad de la Iglesia de Chincha Baja, en el mismo lote que albergaba el módulo oeste, para garantizar a los niños y niñas un ambiente duradero más limpio y presentable, en acuerdo con el rostro del pueblo que estaba cambiando.

En esta etapa del trabajo y en la siguiente, los temas enfrentados fue-ron sobre todo el miedo a lo desconocido, la dificultad en acostum-brarse a vivir en un nuevo emplazamiento con diferentes familias, la necesidad de despedirse definitivamente de su antiguo barrio y la ur-gencia de reconectarse con representantes locales y autoridades que no transmitían la necesaria confianza.

Una de las características de un contexto posdesastre es la pérdida de confianza hacia autoridades y actores locales por parte de los ciu-dadanos, desconfianza que se refleja en las palabras y acciones de los adultos que siempre son un modelo, bueno o malo, para los hijos. Por este motivo los niños y niñas desarrollan actitudes y conductas de desconfianza hacia las personalidades de la comunidad, imitando los comentarios y gestos críticos de sus padres. Por otro lado, en el caso de hijos adolescentes, sobre todo, la situación de precariedad puede generar resentimiento y desconfianza hacia los padres que tienen la tarea de protegerlos; de la misma manera que los ciudadanos hacia sus autoridades, también los hijos asumen una actitud de reclamo hacia sus padres. A su vez, los padres se sienten muy culpables por no saber garantizar una condición de vida digna, lo que genera un círculo vicioso.


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Las actividades con los niños se orientaron a estas necesidades, pro-moviendo el mantenimiento y adorno del local de las reuniones para ser parte del proceso de reconstrucción y de los cambios del entorno. Se organizaron reuniones con personalidades de la comunidad (el al-calde, consejeros, médicos, brigadistas capacitados en intervención posdesastre, dirigentes comunitarios, grupos de base) con el objetivo de reducir la distancia con los referentes locales y actuar sobre el mie-do a lo desconocido.

Se organizaron paseos por el terreno sea durante la temporada de obras para advertir sobre los peligros debidos a maquinarias y/o zan-jas en el camino, sea posteriormente para averiguar la calidad y el avance del proceso de urbanización. Se impulsaron entre una sesión lúdica y otra, visitas de campo para identificar aspectos positivos y negativos del nuevo terreno y de las construcciones, según la mirada particular de los niños. La labor que se quiso promover fue toda diri-gida a la generación de capacidades personales y al empoderamiento con respecto a aspectos de su comunidad, así como se trabajó sobre la capacidad de razonamiento crítico.

Podemos decir que las diferentes acciones que se llevaron a cabo con los adultos y con los niños tenían como objetivo la adaptación al nue-vo terreno, sea a través del empoderamiento de las familias sea a tra-vés del mejoramiento de las condiciones del emplazamiento.

Sin embargo si los niños de las familias reubicadas participaban de manera activa en el desplazamiento, armado y construcción de una casa temporal (sea con el proyecto, sea por propia cuenta), los niños de las familias que habían quedado en la parte baja siguieron partici-pando en el espacio lúdico implementado por el proyecto hasta que esto se terminó como consecuencia de una decisión de tipo institu-cional; fue así que el módulo lúdico de la calle Benavides fue retirado ya que no se podía seguir brindando el servicio a los niños y niñas cu-yas familias permanecían en la zona, que no era apta para vivir debido a la calidad del suelo. De este modo el proyecto siguió trabajando con solo dos módulos: uno en Nuevo Tambo de Mora y uno en la UPIS Vilma León.


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La imposibilidad de seguir organizando espacios lúdicos para los ni-ños y niñas de la parte baja, junto con sus problemas en frecuentar los espacios implementados en el Nuevo Tambo de Mora y en Vilma León, determinó poco a poco una lejanía con los niños y con las fa-milias de la Calle Nueva, así como una progresiva ignorancia de sus necesidades y problemas particulares.

La cuarta etapa: pueblo joven y problemas antiguos

Como se mencionó anteriormente, esta última etapa del proceso en algunos casos fue contemporánea a las demás: paralelamente a la elaboración y aprobación de las listas para la reubicación de las fa-milias, las personas iban desplazándose al nuevo lote. La mayoría de las familias de la Calle Nueva ya estaba reubicada y se preparaba a vivir en condiciones parecidas a las del albergue, con servicios parcial-mente operativos y con deficientes medidas de seguridad. Los lotes contaban con las casas temporales de drywall, así como algunos con las viviendas de quincha mejorada, pero por mucho tiempo se espe-ró el cumplimiento del proceso de urbanización con la construcción de un sistema de agua y desagüe definitivo, el alumbrado público, la implementación de pistas, veredas y espacios de recreación. En el pri-mer período el servicio de agua fue temporal, abasteciendo algunas piletas distribuidas en puntos estratégicos del emplazamiento; igual-mente se implementaron baños provisionales que iban a sumarse a los baños construidos por la cooperación italiana, los cuales cubrían parcialmente la demanda. Por largos periodos no se contó con un sistema de luz y después de la seis de la tarde cuando empezaba a atardecer, las mujeres, los niños y las niñas no salían de la casa y todo el emplazamiento se quedaba en la oscuridad absoluta, acompañado solo de los ladridos de los perros. Visto que el desplazamiento de las familias al terreno no fue organizado se dieron obras de adecuación de los servicios mientras que los lotes iban a ser paulatinamente ocu-pados por sus legítimos propietarios, ocasionando malestar, proble-mas logísticos y de seguridad a quien pasaba la mayoría del día en el emplazamiento (mujeres y niños sobre todo); muchas zanjas abiertas en el terreno debido a las obras en vía de ejecución representaban un peligro para los niños y un motivo más de preocupación para los


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adultos. La falta de presión del agua y el consecuente escaso aprovi-sionamiento del servicio reducían las piletas a un elemento inservible dentro del terreno. Sin control ni conocimiento de los planes de urba-nización no se dieron las condiciones ideales para dar un seguimiento al proceso y adaptarse a la nueva situación.

Ademas el proyecto de reconstrucción implementado por el Estado preveía el acceso a subvenciones estatales para la reconstrucción de las viviendas, a través de la intervención de empresas privadas que iban colocando entre los pobladores su propuesta constructiva26. La recon-trucción de las viviendas fue así supeditada al interés del sector privado con demoras y escaso control en el proceso reconstructivo, que pade-cieron las familias en piel propia. Todo esto se dio en un contexto en el cual se desconocía el cronograma de reconstrucción de las viviendas por ser dejado al trato directo entre empresas y clientes, sin considerar que era de prioritaria importancia acelerar el proceso reconstructivo, para evitar que las personas siguieran viviendo en situación indigna.

Durante este período la junta directiva dejó de ser representativa de la asociación y los pobladores más bien se organizaron por manzanas debido a que algunas zonas del terreno estaban pobladas y otras to-davía no. Es probable que una vez logrado el objetivo principal de su constitución, la asociación perdió poder de convocatoria frente a sus asociados y razón de existir27.

La fragmentación del tejido asociativo por un lado ayudó a la con-formación de grupos por manzanas que cuidaban sus intereses par-ticulares, pero por el otro no permitió una coordinación a nivel más amplio para la solución de dificultades compartidas, que interesaban a unidades más grandes que una o dos manzanas. Durante este pro-

26 El Estado se preocupó de ampliar los criterios de acceso a las subvenciones de los pro-gramas de construcción de viviendas para permitir la colocación de los mismos entre las familias damnificadas.

27 Sin embargo hay acá un factor desintegrador de tipo político que debería ser investigado con mayor profundidad, pero que solo señalamos en vista que es un elemento que va más allá de los alcances de esta sistematización.


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ceso se dieron momentos críticos que requerían de control y super-visión de los avances de la urbanización (garantía de funcionamiento de servicios de agua, desagüe y luz, recojo de la basura, seguridad), pero la junta no funcionó en su rol monitor y se originaron sólo pe-queñas experiencias fomentadas por la intervención del proyecto, como el grupo de promotoras ambientales que cuidaban el uso y la limpieza de los baños públicos28.

Quizás sólo los niños y las niñas en esta última etapa mostraban una mejor adaptación al nuevo lugar. Con ellos se desarrollo un progra-ma de conocimiento y visitas en la nueva zona, haciendo referencia a los aspectos positivos y contribuyendo a su adaptación al nuevo am-biente; la nueva labor se enfocó en brindar herramientas a los niños y niñas para proyectarse en el futuro recomenzando a cobrar confianza en sí mismos, en su familia y su entorno. Consideramos que la labor específica de contención emocional y de reconocimiento del nuevo medio ambiente fue importante para su adaptación al contexto del nuevo emplazamiento y contribuyó entre los demás componentes de la intervención a la mejora del clima familiar.

A pesar de las dificultades y vacíos respecto a la vigilancia sobre el proceso de urbanización, esta última etapa tuvo su nota positiva en la voluntad de los beneficiarios del proyecto en reconstruir sus casas con el método de la quincha mejorada, en los esfuerzos demostrados por cada integrante de la familia, en la voluntad de ayudarse recípro-camente en la construcción, en la disponibilidad a colaborar con el mismo proyecto y ayudar a solucionar las dificultades de su imple-mentación. En la narración de la gente se evidenciaron momentos significativos comunes, que demuestran la intensidad del proceso vivido. Hay quien resume el pasado en una única frase afirmando que

28 Se hace acá referencia a la intervención en emergencia financiada por la cooperación italiana y que se ocupó de la construcción de unos baños públicos y de la organización de la comunidad alrededor del uso y cuidado de los mismos. A pesar de ser otro tipo de intervención iba complementando la del proyecto en el sentido de integrar y cubrir otras necesidades que se generaban en el Nuevo Tambo de Mora.


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si “antes estábamos mejor en Vilma León29 porque el Nuevo Tambo de Mora era pura pampa, no había nada” ahora “estamos mejor todavía que Vilma León, en poco tiempo tenemos desagüe y cancha deportiva.” Quién se esfuerza en recordar remarca que “éramos 120 familias, y con velas nos alumbrábamos y se armó directiva para limpiar los baños que ASPEm hizo30” como otro hito importante.

La conformación de grupos de trabajo y seguridad alrededor de una edificación útil para las familias, ayudó a las madres de familia a sen-tirse parte del proceso de reconstrucción e invertir su tiempo en algo constructivo para la comunidad: “nos dijeron que la directiva debería proponer promotores por manzana, recibimos charlas, aprendimos a hacer que las personas se involucren para participar”.

Si parte de los reubicados se organizaron en el desarrollo de tareas como la limpieza de los baños y de la zona alrededor, la organización del uso de los mismos entre las familias, la seguridad y la vigilancia de la zona, otra parte de las familias se interesaron más en construir su vivienda31 según las modalidades y los preceptos aprendidos duran-te los cursos, acostumbrándose a su nueva realidad de manera más sencilla, mediada por las mismas dinámicas sociales generadas por la actividad colectiva de reconstrucción.

La construcción de una vivienda en la cual se recibió el apoyo de los demás y se descubrió la propia capacidad, representó simbólicamen-te un proceso de renacimiento personal y familiar que ayudó a meta-bolizar lo desconocido (en el caso actual una nueva vida en un lugar

29 La zona de Vilma León es la parte de Tambo de Mora donde se encuentra la homónima UPIS.

30 Se refiere a la construcción de los baños públicos ya mencionada y alrededor de la cual se organizó el grupo de promotores ambientales para la gestión de los mismos, en la época de la primera ola de familias que se reubicaban en el nuevo emplazamiento.

31 No es solo el hecho de construir una vivienda; mencionamos una anécdota: el momento en que se entregaron las llaves de las puertas de las casas de quincha fue muy particular, pues finalmente después de dos años, los damnificados podían ir dentro de su habita-ción y cerrar la puerta, dejar detrás de sí todo el polvo, el barro, la confusión de la calle. Ya ellos no pertenecían a la calle, ya no eran damnificados.


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tan diferente de lo anterior, un lugar donde ya no se miraba al océano desde su orilla, sino a la huaca desde su base de piedra). Por otro lado las expresiones de afecto y apoyo entre vecinos y familiares fueron mediadores sociales32 que facilitaron este proceso de acercamiento y habituación a la nueva realidad.

Desde este punto de vista, la reubicación de quienes pasaron de una estera ubicada en un albergue a la misma estera colocada en un lote del Nuevo Tambo de Mora, fue más complicada, por no tener en el in-mediato recursos de tipo humano y sociales provenientes de la nueva vecindad, que facilitaran el proceso de conocimiento del lugar, el des-cubrimiento de sus potencialidades y de sus debilidades, finalmente la reconstrucción de una red social.

Si desde el punto de vista familiar (sobre todo para las familias benefi-ciadas por el proyecto) la reconstrucción de la vivienda representaba un avance, desde lo comunitario no se progresaba mucho. Todo esto se evidenciaba en el escaso nivel organizacional y en la relación con las autoridades la cual, desde la cuarta etapa, no fue constante, es de-cir no hubo una comunicación asidua y programada para informar sobre los avances de la urbanización y de las subvenciones para la reconstrucción. Más bien delegaciones de pobladores casi periódica-mente se acercaban a la municipalidad local para exigir cuentas sobre los servicios básicos (sobre todo el recojo de basura) y los avances del proceso de urbanización, mientras que grupos como las promotoras ambientales daban soluciones a problemas de menor escala.

32 Consideramos el término de mediador social en el sentido de un objeto y/o grupo de actividades dirigidas a un objetivo que filtran la interpretación de la realidad y dan un nuevo sentido a una situación particular. Este sentido puede ser el resultado de un pro-ceso de interpretación personal de la realidad, así como el producto de una significación compartida que expresa un valor.


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Por otro lado el enfocar los recursos del proyecto en el acompaña-miento a las familias reubicadas, a través de actividades de recons-trucción de las viviendas y de tipo recreacional con los niños y niñas, no permitió reconstruir lazos con las familias de la parte baja después de suspender la labor lúdica con sus niños y niñas. Estas familias de-fendieron su decisión de quedarse en los terrenos de origen y mante-nerse alejadas del proceso de reubicación de la parte alta del distrito, y buscaron así implementar desde allá su idea de reconstrucción del pueblo.

Una de las viviendas destruidas en la calle Nuevo calle Nueva.

Los refugios temporales eran construidos con esteras y madera.

Una persona damnificada intenta recuperar sus

pertenencias en la vivienda colapsada.

Algunos pobladores viviendo en el albergue improvisado en

Wilma León.

Una de las reuniones informativas con la gente sobre la metodología para la construcción de la vivienda de quincha.

Un grupo de pobladores y representantes de la UPIS Nuevo calle Nueva esperan ser atendidos legalmente respecto a temas de reubicación.

Uno de los promotores del proyecto pega en

la pared la lista con los nombres de las personas

preseleccionadas para recibir la vivienda; de esta

manera cada poblador podría opinar sobre la

composición de la lista.

Reunión de devolución de los avances del proyecto, del proceso de reubicación y consulta

de eventuales problemas señalados por la comunidad.

Una marcha protagonizada por los niños en defensa de la salubridad en el Nuevo Tambo de Mora.

Durante la marcha los niños y niñas han recorrido todo el Nuevo tambo de Mora pidiendo más seguridad y limpieza para ellos.

Los niños y niñas posan con una de las promotoras frente al modulo lúdico en el Nuevo Tambo de Mora.

Cada lote otorgado a los damnificados contaba con un módulo de drywall donde la familia se organizaba inicialmente esperando de poder construir su vivienda.

También las mujeres han dado su aporte en la construcción, en este caso preparando las cañas para la construcción de las paredes.

Toda una familia trabaja en la construcción de

la vivienda de quincha mejorada.

Uno de los maestros de obra controla la ubicación

de las vigas verticales.

El esqueleto de la casa de quincha con sus vigas y techo de madera y sus paredes de caña.

Visión de la vivienda luego de haber tarrajeado las paredes externas.

Una familia prepara el barro mezclándolo con paja para seguir

recubriendo las paredes.

Una señora distribuye el barro en las paredes de su

vivienda.

Como parte de la celebración se rompe la botella de champagne frente la puerta de la nueva vivienda.

Durante el día de la entrega de las casas una familia posa feliz frente a su

vivienda.

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Capítulo 3

Reflexiones y aprendizajes

Presentamos en este capítulo las reflexiones desarrolladas con re-lación a la pregunta eje que nos acompañó en todo el proceso de sistematización, es decir, identificar aquellos aspectos de la interven-ción que han favorecido o dificultado el proceso de reubicación de las familias damnificadas, como parte del aprendizaje general que se quiere socializar para saber enfrentar futuras situaciones de igual criticidad. En algunos casos no podremos separar estos aspectos de nuestra intervención desde características relativas a la presencia y accionar de otros actores, así como a condiciones estructurales del contexto mismo.

Para entender en qué sentido algunas actividades implementadas han facilitado o dificultado el proceso de empoderamiento comuni-tario, nos parece necesario en un primer momento aclarar algunas características generales de un contexto posdesastre, las cuales se re-fieren a aspectos psicosociales que puede padecer la población.

Consecuencias psicosociales en un contexto posdesastre

Hablando de una situación posdesastre es importante tener en claro las condiciones físicas y psicológicas en las cuales encontramos a la población. Muchos manuales y textos especializados nos muestran cuales son las características típicas del comportamiento y los sínto-


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mas psicológicos1 más evidentes de las personas que han pasado por un evento que rompe la cotidianeidad de su existencia y las obliga a reconsiderar muchos aspectos de su vida2. Para entender mejor este punto nos parece pertinente considerar el concepto de entorno dis-ruptivo tal como lo define M. Benyakar, cuando se refiere a las condi-ciones de ruptura de las reglas básicas que norman las expectativas y los pactos sociales entre grupos; este nivel de desorganización no permite imaginarse en un futuro cercano, ni pensar en nuevos planes de vida dentro de cada núcleo familiar. Además se genera descon-fianza y hostilidad hacia las personas y/o las autoridades que debe-rían preservar el orden constituido; tal desconfianza puede minar la relación sobre la cual se basa el orden social y todo el aparato ins-titucional3. Frente a lo que se considera inexplicable se genera una búsqueda desesperada de sentido, mientras se refuerza la vivencia de desamparo y desvalimiento, mezclada a conductas automáticas por la necesidad de funcionar dentro de un medio generalmente hostil.

1 No se considera la dimensión estrictamente individual de las consecuencias psicológicas frente a situación de crisis, porque el eje de intervención del proyecto es de tipo psicoso-cial y comunitario. Sin embargo a nivel individual podemos señalar que las consecuen-cias de tipo conductual y de tipo emocional que los individuos experimentan interesan todo un espectro muy amplio, desde reacciones psicóticas con un claro distanciamien-to desde la realidad hasta estados de ansiedad o de tipo histérico donde el criterio de realidad no está seriamente comprometido, pero siguen los episodios sintomáticos (a menudo ligados a estímulos que generan ansiedad) y las dificultades para retomar una existencia tranquila. Generalmente estos síntomas están acompañados de emociones violentas, tendencia al aislamiento, culpa, depresión, sentimiento de inseguridad y des-amparo.

2 No nos referimos a un evento traumático, pues considerando el punto de vista del inves-tigador y psicoanalista M. Benyakar no es adecuado hablar de ello sin un diagnostico de trauma (palabra muy utilizada equivocadamente). Preferimos hablar de situación disrup-tiva en el caso de un evento inesperado, como un desastre natural, que genera toda una serie de consecuencias psicológicas, sociales y económicas que inciden sobre el futuro plan de vida de las personas. Muchas de las reflexiones aquí presentadas se deben a los aportes de este autor en los diferentes libros publicados sobre el tema.

3 “En los entornos disruptivos, sin embargo poblados de amenazas los referentes pierden su valor de sostén mutuo y por lo tanto su credibilidad”. Lo Disruptivo, M. Benyakar, Edito-rial Biblos, Buenos Aires, 2003, pág. 63.


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Finalmente un contexto disruptivo favorece cierta propensión a re-victimizar a los damnificados, lo que fomenta la identificación y la autoidentificación de ellos mismos como individuos pasivos: “En el imaginario dominante, la víctima es alguien que tiene su capacidad per-ceptiva, emocional, intelectual, disminuida por el sufrimiento. Se le adju-dica impotencia, debilidad… 4”. Esta actitud deshumaniza a la persona damnificada y se pierde su historia personal dentro de la gran trage-dia vivida como colectividad.

Bajo una mirada general podemos vislumbrar en la comunidad lo que se denomina una mentalidad poscatástrofe, es decir una actitud pasi-va frente a los problemas, conductas de agresividad dentro de un mis-mo grupo social e intergrupos5, pérdida del sentido de pertenencia al grupo de referencia, anomia generalizada. Lo más peligroso desde un punto de vista comunitario es la limitada capacidad de reconocer las propias fortalezas como individuos y como comunidad, lo que genera cierto inmovilismo o al contrario un activismo excesivo, descontro-lado, caótico y al final de la cuenta inservible para lograr objetivos precisos.

A nivel comunitario las vivencias de un contexto posdesastre (esca-sez de recursos, falta de servicios, pérdida de pertenencias, despla-zamiento involuntario, precariedad de los albergues, problemas le-gales, enfrentamiento entre individuos y grupos, mal manejo de las dificultades encontradas por parte de las autoridades, entre otros) demuestran la necesidad improrrogable de conseguir la estabilidad de la estructura social, que es un elemento central para una respuesta bien orientada y eficaz. La red social de apoyo formal e informal es el elemento catalizador de cualquier acción que tenga como fin a la reconstrucción material y a la rehabilitación económica de la comuni-dad. Sin poder contar con una estructura social reconstruida hasta en sus pequeños grupos de base y que se preocupe de reforzar la unidad de las familias del vecindario, sería extremadamente difícil alcanzar

4 Lo Disruptivo, M. Benyakar, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003, pág. 69. 5 Se encuentran casos de extremos enfrentamientos entre grupos sociales de diferente

proveniencia étnica, política y/o socioeconómica.


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resultados importantes en la reconstrucción física y social de la co-munidad.

Estos elementos característicos de una situación disruptiva pueden permanecer por mucho tiempo después de un evento estresante, influyendo sobre la gestión del contexto y añadiendo más criticidad a la situación, sobre todo en presencia de eventos generadores de más estrés, como un reasentamiento involuntario. Si las consecuen-cias psicosociales que hemos podido reconocer en un contexto ca-tastrófico se refieren principalmente a problemas de desintegración del tejido social, a mayor razón podemos imaginar que estos mismos problemas manejados de manera inadecuada pueden aportar más dificultad a un contexto de reubicación y polarizar los ánimos, dando pie a sentimientos y conductas destructivas en la comunidad.

Los aspectos que han facilitado el proceso de reubicación

En situaciones de este tipo hay importantes elementos a tomar en cuenta para una respuesta eficaz, pues podemos enfrentarnos con conductas generalizadas de desconfianza, actitudes reivindicativas e inestabilidad social6. La reflexión sobre nuestra intervención a partir de la pregunta eje nos demuestra que desde un principio se tomó en cuenta la causa de estas conductas, pues en caso contrario se hubiera corrido el riesgo de trabajar sin brújula. Por este motivo, como nues-tro pequeño aporte al marco general de la reconstrucción y en parti-cular del proceso de reubicación, podemos presentar los aspectos de nuestra intervención que la población mostró haber apreciado más, como ha sido recalcado en algunas entrevistas con los pobladores de la comunidad, utilizadas para contrastar nuestras opiniones. Por la na-

6 Detrás de estas conductas y causas principales de los problemas mencionados, encon-tramos los mecanismos internos de la atribución de responsabilidad y del autoeficacia percibida. Estos dos mecanismos psicológicos, fruto de la investigación en psicología social cuya discusión excede las posibilidades del presente documento, deberían ser el primer objetivo de cualquier respuesta efectiva que busque solucionar los problemas psicosociales encontrados, dado que su expresión influye sobre la percepción de legiti-midad social de una situación.


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turaleza y complejidad de la intervención es posible que algunos as-pectos que han facilitado el proceso de reubicación no dependan ex-clusivamente de la actividad del equipo en el terreno; consideramos importante señalarlos, pues dependen de otros actores y demuestran cuanto es necesario una vez más saber articular esfuerzos en este tipo de situación.

Accesibilidad

Consideramos que el primer aspecto que favoreció la construcción de una relación de confianza entre el equipo del proyecto y la comu-nidad fue estar presente en el territorio. La presencia continua en la zona fue un elemento facilitador ya que las dos instituciones se mos-traban como parte del paisaje local; además vivir en el mismo con-texto ayudaba al reconocimiento de las necesidades y de las solucio-nes compartidas. La cercanía física reduce las diferencias percibidas psicológicamente y permite construir una relación más concreta ya que tanto el poblador como el trabajador saben que se comparten momentos difíciles y alegres.

Esta accesibilidad logística se complementaba con cierta disponibi-lidad del equipo a conversar e intercambiar opiniones con la pobla-ción. La presencia de una oficina visible y ubicable, en la cual los po-bladores sabían que se les iba a absolver preguntas y dudas sobre las actividades, reflejaba cierta estabilidad y firmeza de la intervención.

Este elemento de permanencia del equipo en zona permitió un con-tacto profundo con la comunidad de Tambo de Mora, mientras el hecho de estar presente como instituciones desde las primeras se-manas después del terremoto le dio mayor consistencia a la relación. En un contexto en el cual no se tienen muchos puntos de referen-cia institucionales, la accesibilidad del personal del proyecto en el terreno marcaba cierta diferencia con las demás instituciones que no estaban presentes en la zona y permitía la construcción de una rela-ción que, en algunos casos, se enriquecía de aspectos personales y cotidianos.


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Esta relación preferencial fue un elemento decisivo en la confianza con la cual se pudo llevar a cabo la recopilación de la información para clasificar a las familias y aclarar la situación socioeconómica de los damnificados. A pesar que no estábamos recopilando informa-ción para un proceso de indemnización, el recojo de datos sobre las familias fue cuidadoso y abarcó diferentes aspectos (composición familiar, número de familiares activos laboralmente, ingresos y egre-sos mensuales, presencia de miembros con discapacidad). Los po-bladores sabían que podían acercarse a la oficina y conversar con el equipo de sus diferentes problemas y/o propuestas para mejorar el proceso, conformándose casi naturalmente un mecanismo de que-jas que tenía un valor terapéutico, no sólo por permitir la descarga emocional sino por alentar la participación de la población en las actividades.

En este sentido se dio algo parecido a una consulta popular continua basada en la comunicación e intercambio con la población, lo que nos dió la posibilidad de medir día tras día la percepción subjetiva de la gente sobre los avances y retrocesos de las actividades. Esta percep-ción, lejos de ser elemento accesorio o problemático, es parte de la realidad vivida y debe ser objeto de interés por parte de los actores presentes, pues en muchos casos es el fiel de la balanza de la opinión pública.

Podemos entonces entender cuán importante es que los actores que intervienen en una situación de reubicación estén cerca de la pobla-ción y construyan con ella esta opinión pública favorable al proceso, pues de esto depende la legitimidad social de la acción emprendida.

Participación

La participación es otro aspecto central y trasversal a las actividades y consiste en facilitar la presencia activa de los damnificados en las diferentes etapas de la intervención. Queremos empezar señalando algo que en nuestra experiencia fue muy importante desde el pun-to de vista participativo, la formación espontánea de una asociación (la UPIS) para lograr la reubicación de las familias damnificadas de la


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Calle Nueva. Esta conformación no fue consecuencia de la acción del proyecto sino producto de la capacidad de autoorganización comuni-taria y de la voluntad de resolución del problema, que se originó en la misma comunidad y que facilitó el proceso de reubicación. Queremos señalarlo porque sin este acto autogestionario, no estaríamos hablan-do de una participación consciente de la comunidad.

Este tipo de organización permitió que se desarrollara una sensibili-dad común por parte de la comunidad sobre algunos aspectos de la reubicación que ellos querían garantizarse, como por ejemplo la or-ganización y distribución geográfica del nuevo emplazamiento según los nombres de las calles originales o la reubicación de las familias en sus calles de procedencia, para mantener el vínculo con el vecindario. Estos y muchos otros ejemplos van de la mano con esa reconstruc-ción del tejido social de la cual hemos hablado anteriormente, la cual es un supuesto básico para poder concertar otros tipos de reconstruc-ción y rehabilitación comunitaria7.

Con respecto a las actividades promovidas por el proyecto que facili-taron la reubicación, empezaremos señalando la acción de acompa-ñamiento a las familias solicitándoles un compromiso activo con rela-ción a dos aspectos muy importantes: su participación en el proceso de selección de los beneficiados con las casas de quincha y su aporte en el proceso constructivo.

En lo que se refiere al primer aspecto, la asociación de familias dam-nificadas de la UPIS Nuevo Calle Nueva participó en momentos claves (haciendo observaciones a la composición de las listas de seleccio-nados, eligiendo a los representantes comunitarios que integraban el comité para la selección final de las familias beneficiadas), recupe-rando así un papel protagónico. La población ha estado presente y ha

7 “Se debe evitar el desmembramiento de las comunidades, ya que el mantenimiento de las redes sociales que vinculan a los miembros de las comunidades afectadas puede ser fundamental para la adecuada adaptación de esas comunidades a sus nuevas circuns-tancias”. Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial, abril 2002, pág. 45-46.


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sido informada sobre las etapas del proceso a través de las asambleas consultivas con la comunidad, y mediante la comunicación directa con los líderes comunitarios. Hemos considerado las dos acciones porque estamos convencidos que el monitoreo de las actividades no puede delegarse solo a los dirigentes comunitarios, no por descon-fianza hacia ellos sino porque en situación de crisis la población debe asumir su rol de vigilancia de todo lo que se está planteando, incluso del accionar de sus representantes. Solo de esta manera rescatará su papel protagónico dentro de la planificación misma.

Relativamente al segundo aspecto, el aporte de la participación co-munitaria, fue evidente desde la organización de los talleres para presentar el diseño de la vivienda de quincha e incluir observaciones para su mejora, hasta el desempeño de las familias en los cursos de construcción con el método de la quincha mejorada, y luego en la misma autoconstrucción de las viviendas. La participación familiar no solo marcó un hito importante del proceso y aseguró en cada mo-mento su legitimidad social, sino que permitió la construcción de una base de confianza necesaria para poder superar otros momentos críti-cos, que se dan de manera natural en procesos tan largos y complejos. De esta manera se implementó una estrategia de empoderamiento constante de la comunidad, alcanzado a través de la participación ac-tiva en la construcción de la vivienda. Consideramos que este proceso fue importante para la resolución de los problemas posdesastre ya mencionados, por los siguientes motivos:

• A nivel comunitario, otorgó a los pobladores un espacio donde compartir una acción común, intercambiar ideas, apoyarse mutuamente, reencontrarse con sus familiares y vecinos, reconstruyendo esos lazos de confianza y amistad que el desplazamiento forzado antes y la vida en el albergue después, habían debilitado con consecuencias importantes desde el punto de vista de la integralidad comunitaria.

• A nivel familiar, favoreció la integración entre padres e hijos, esposa y esposo, tíos y primos, todos y todas involucrados en un proceso de reconstrucción activa y concreta al servicio de un bien común: la tranquilidad y privacidad de la familia


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después de una larga temporada en la cual las necesidades de sobrevivencia y de seguridad habían dejado de lado las prioridades de cada uno de los integrantes, y enfriado en parte las relaciones entre ellos.

• A nivel personal, los habitantes no sólo se capacitaron en una técnica sismo-compatible que les permitió ser parte activa en una reconstrucción más responsable8 de su ho-gar, sino que retomaron confianza en sí mismos al darse cuenta que podían reconstruir sus viviendas y superar el difícil momento. Su activismo, ese rasgo distintivo de un contexto posdesastre, se orientó hacia un objetivo do-blemente reparador, tanto por el proceso que señalamos como por el producto concreto de la actividad de cons-trucción.

Para entender mejor el efecto positivo de la participación en la acti-vidad de la reconstrucción dentro del marco de la reubicación no po-demos silenciar la importancia del valor simbólico de ser parte activa en la reconstrucción de la vivienda destruida. Si la consideramos en su significado más amplio, la vivienda representa un espacio seguro donde se construye la identidad de cada uno, donde se plasman los roles y funciones que cada miembro de la familia ejerce. Por otro lado es el lugar que representa herencia, legado intergeneracional, estabi-lidad y reconocimiento social, autonomía y privacidad. Lugar donde confluyen los intereses de los miembros, lugar de rituales comparti-dos, de representación de las raíces y los valores atávicos. Así como es devastador ver sepultado bajo los escombros el hogar en el cual hemos vivido muchos momentos felices, es igualmente reconfortan-te reconstruir la propia vivienda con el esfuerzo y la colaboración de toda la familia unida. Esta actividad marca un hito en el proceso de empoderamiento personal; es como si la persona admitiera el de-

8 No hay que olvidar que ya desde las primeras semanas después del terremoto las familias que podían reconstruir utilizando recursos propios se dedicaban a la autoconstrucción de su vivienda desconociendo las reglas básicas de edificación a nivel nacional y repro-duciendo así situaciones peligrosas a nivel de la seguridad de las construcciones, expo-niendo sus familiares a una nueva amenaza.


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rrumbe de su antigua casa y con ella su plan de vida, en la medida en que se empeña a levantar otra vivienda que le permita reconstruir su perspectiva futura a partir de la aceptación de lo acaecido9.

Bajo esta óptica, la reconstrucción de la vivienda no representa solo un objetivo personal y/o familiar que busca el beneficio individual sino un logro compartido, elaborado de manera común, en el cual el resultado último no es menos importante que el proceso mismo. A nivel individual devuelve esa dimensión íntima y privada a la perso-na, dimensión violada por la potencia del derrumbe sísmico, así como por las incomprensiones y conflictos que pueden llevar consigo la desintegración económica y social de la comunidad.

Otro aspecto importante de la participación se vio en el acompaña-miento, por parte del equipo del proyecto, en las reuniones del grupo promotor. A pesar de las dificultades por ser integrado por diferen-tes actores sociales, la colaboración dentro del grupo promotor fue efectiva, y consideramos que en Tambo de Mora se dio una experien-cia interesante en la cual este grupo promotor, encargado de llevar a cabo la reubicación, integrado por las autoridades locales, con parti-cipación de organismos del Estado (Ministerio de Vivienda y COFO-PRI en algunas etapas) y los dirigentes comunitarios (representantes de las diferentes zonas que accedieron a la reubicación) tuvo un rol central. El acompañamiento por parte del equipo de proyecto espe-cificamente a la junta directiva ayudó a sus integrantes a tener una participación firme y con objetivos claros, apoyándolos en aspectos legales y logísticos, pero sobre todo, favoreciendo su presencia activa en un contexto de toma de decisiones sobre su futuro. Si por un lado la articulación interinstitucional pudo atrasar en algo el proceso10, por el otro hemos podido ver cuán productiva fue la colaboración entre

9 A dos años del terremoto, para muchos damnificados era todavía imposible hablar de lo que había pasado o volver a la zona donde el sismo había derrumbado la mayoría de las viviendas.

10 Nos referimos a que cada integrante del grupo promotor desarrollaba una tarea especí-fica y el proceso se hacía muy largo algunas veces, por que había que acomodarse a los tiempos de cada institución.


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las fuerzas comunitarias y las autoridades, para dar mayor legitimidad social a la acción de reubicación.

Trabajo directo con grupos vulnerables

La valoración del aporte comunitario también fue nuestra prioridad en el caso del involucramiento de los grupos más vulnerables11, niños y mujeres sobre todo. Conforme a este enfoque se promovió la parti-cipación de las mujeres en las labores de reconstrucción de su vivien-da de quincha mejorada. Ellas asistieron en gran cantidad en los cur-sos de capacitación, lo que favoreció su empoderamiento personal y grupal e impulsó diferentes estrategias económicas de subsistencia, reduciendo así las brechas de género.

Por otro lado, su participación en la construcción compartida de la vivienda ayudó a reafirmar a la mujer como referente del hogar y a valorar su aporte en el proceso de reconstrucción del plan de vida familiar. Todo esto favoreció una mayor armonía en las relaciones internas (mientras la recuperación de la casa aseguraba el regreso a condiciones más dignas de vida) y un mayor grado de satisfacción de la mujer, miembro de la familia que más ha sufrido las condiciones de la caótica reubicación por la sobrecarga de las tareas domésticas y productivas.

Finalmente, la atención prestada al trabajo con niños y niñas también fue un elemento importante del acompañamiento en el proceso de reubicación. El trabajo con ellos fue un factor de cercanía entre la co-munidad y los miembros del equipo y ha sido reconocido como una actividad importante para el bienestar12 de los menores. Podemos decir que aportó de manera inequívoca a la serenidad y al equilibrio

11 El proyecto no trató directamente con otros grupos vulnerables en situación posdesas-tre, aunque tuvo en cuenta entre los criterios socioeconómicos para la elección de fa-milias beneficiadas con la vivienda de quincha mejorada, la presencia en la familia de miembros con discapacidad mental o física.

12 Cabe señalar que en estos tres años ASPEm y APY han sido las únicas instituciones no autóctonas que se interesaron en el trabajo con los niños y niñas de la comunidad.


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emocional de toda la familia y ayudó a las que se trasladaron al terre-no del Nuevo Tambo de Mora, asegurando una mayor metabolización de la difícil experiencia de desplazamiento.

A fin de comprobar lo dicho hay que resaltar que el proyecto, desde un primer momento, se preocupó de ofrecer a los menores un espa-cio personal en un contexto en el cual vivían en refugios precarios y en condiciones de hacinamiento. Su situación generaba sentimientos encontrados y afectaba el derecho a la privacidad, así como en gene-ral, sus perspectivas futuras. La acción se concentró en una primera etapa en la contención emocional y luego en el empoderamiento y recuperación de la confianza en el entorno, paralelamente a la mejora de las condiciones de vida (por ejemplo, con la construcción de su vivienda de quincha o el embellecimiento de la ludoteca donde se re-unían en el nuevo emplazamiento). La devolución de un espacio solo para ellos y ellas, en el cual se promovía también la participación de los padres (siempre en función de compartir espacios constructivos y lúdicos con los hijos/as) permitió influir en la reconstrucción de los lazos familiares y devolver relativa tranquilidad a los integrantes de las familias13. En este sentido, la intervención directa con niños y ni-ñas tuvo efectos benéficos sobre el núcleo familiar, permitiendo que unos padres, casi siempre cansados y preocupados por su condición de vida y por la de su familia, recuperaran la sonrisa.

Transparencia, flujo de información y sistema de consulta

Es necesario reconocer también la importancia de la información en un contexto de este tipo; su ausencia o informaciones no contrasta-das, pueden favorecer percepciones subjetivas de los eventos, moti-var reacciones prejuiciosas e impulsivas, generar ambigüedad y toma de decisiones equivocadas14.

13 Como muchas madres nos comentaron, de manera informal, ver a sus hijos jugando tran-quilamente, les devolvía más fuerza para enfrentar los problemas cotidianos.

14 Este punto es central, y sería importante pensar en una gestión correcta de la informa-ción hacia la población en situación posdesastre, con el apoyo responsable de los medios de comunicación.


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Dadas estas premisas, el equipo intentó siempre alcanzar informa-ción importante a las familias damnificadas (no solo las de la UPIS) y socializar esta información en las reuniones y asambleas que se lleva-ban a cabo casi semanalmente para informar sobre los objetivos del proyecto, las coordinaciones con los dirigentes comunitarios, las mo-dalidades de ejecución, las responsabilidades de cada organismo y/o miembro de equipo, los avances y retrocesos de las actividades, los mecanismos y procedimientos para presentar quejas, los sistemas de monitoreo por parte de la comunidad. Este método de información y consulta estuvo vigente por todo el período de intervención. Cuan-do no hubo condiciones para seguir organizando asambleas comu-nitarias porque la mayoría de los beneficiarios ya vivían en Nuevo Tambo de Mora y trabajaban en la reconstrucción, las asambleas fue-ron sustituidas por otro sistema de consulta consistente en visitas cotidianas de miembros del equipo al emplazamiento (y a los lotes de los reubicados), sea para monitorear los avances de la reconstruc-ción de viviendas, sea para escuchar eventuales reclamos y en el caso de quejas generales, socializarlas y solucionarlas con toda la gente involucrada.

Las consultas y entrega de información no se limitaban a la imple-mentación de las actividades del proyecto sino que abarcaban otros aspectos que teníamos el deber de informar a la población. Una situa-ción de posdesastre es muy caótica y hay muchos eventos que pue-den influir sobre la condición del contexto y la implementación de las actividades. Recibir este tipo de información y socializarla era una de las tareas indispensables para evitar un clima cargado de incertidum-bre, desconfianza y paranoia. Por este motivo, durante las diferentes etapas del proyecto se continuó garantizando el flujo informativo ha-cia los pobladores que ya no participaban directamente de la reubica-ción (es decir, de las actividades de capacitación y reconstrucción de la vivienda temporal), los que vivían en la parte baja enfrentándose a problemas diferentes, los que seguían teniendo dudas relativas a la condición legal de sus posesiones o que nos pedían asesoría legal. La función de informar (mediante visitas de campo periódicas a la parte baja y otras zonas de Tambo de Mora) seguía siendo esencial, aunque ya no con un rol de referente principal, sino de fuente secundaria para


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contrastar informaciones y aclarar perplejidades sobre la reubicación. Como hemos señalado en los testimonios del capítulo dos, no fue tanto la autenticidad de la información proporcionada sino la buena disposición a informar de manera cautelosa y clara, lo que la pobla-ción terminó agradeciendo al equipo.

En este sentido el proyecto siempre puso particular atención en pro-porcionar a la población la información necesaria para ejercer un rol activo, sea cómo protagonista en la implementación de las activida-des principales del proyecto, sea como supervisora en garantía de un proceso digno de reconstrucción.

A pesar de esto, la gestión de la información no siempre fue fácil y, en algunos casos, involucraba otros actores del proceso reconstructivo. Por ejemplo, en el caso del grupo promotor para la reubicación de los damnificados en Nuevo Tambo de Mora, la comunicación entre dirigentes y asociados fue fluida hasta la elaboración de la lista de reubicados, pero después se fue perdiendo, además porque gradual-mente disminuyeron las asambleas convocadas por la junta directiva. Si bien era comprensible que los dirigentes convocaran a reunión solo cuando había que informar algo importante, consideramos que vista la situación de posdesastre, la junta directiva subestimó la necesidad de la gente de estar al tanto de los eventos, aunque no haya cambios sustanciales entre una reunión y la otra. Es importante mantener este tipo de espacios, pues en ellos se demuestra que se valora la necesi-dad de la población de escuchar y de comunicar su estado de ánimo o sus inquietudes. En caso contrario no se estará dando acceso directo a la información y habrá más posibilidades de informaciones inexactas, erradas o voluntariamente falseadas, desprestigiando la labor realiza-da. Las reuniones o asambleas comunitarias juegan un papel muy im-portante porque son, al mismo tiempo, espacios de desahogo emo-cional, lugar de información y legitimación social de lo planteado por la dirigencia, momento de participación popular y monitoreo activo.

Una reflexión aparte merece el tema de la consulta porque, como he-mos señalado en más de una ocasión, es uno de los pilares sobre el cual se basa la legitimidad social de cualquier tipo de intervención en situación de posdesastre. Queremos acá señalar otro aprendizaje, es


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decir que el espacio de consulta refuerza la participación de la comu-nidad en la medida en que se integren en él los siguientes aspectos:

• Presencias de grupos formales e informales de base

• Actividades de sensibilización a la población sobre sus dere-chos y deberes15

• Toma de decisiones compartidas sobre eventuales proble-mas que surjan en el camino

• Socialización de decisiones que pueden perjudicar a alguien pero necesarias

• Decisión consensuada sobre la manera y los medios para informar.

• Control del avance respecto al plan de actividades y funda-mentación de las eventuales detenciones o retrocesos en el camino.

• Monitoreo del desempeño de las autoridades, de los diri-gentes y de la misma comunidad a la cual se le debe exigir el cumplimiento de sus compromisos.

Queda claro, en consecuencia, que el objetivo de la consulta no es solo informar y traspasar datos, sino movilizar a los diferentes líderes y lideresas de la comunidad (no sólo a los dirigentes elegidos formal-mente sino también a los líderes y lideresas informales, que en situa-ción de crisis pueden desarrollarse de manera inesperada) para que la participación en el plan de reasentamiento sea integral. Las consultas periódicas y las acciones de recolección de información que alimen-tan la generación de una opinión pública permiten dar seguimiento a la eficacia de las actividades, entre ellas las medidas de rehabilitación

15 “La transmisión constante de información actualizada a las personas afectadas acerca de sus derechos y responsabilidades es fundamental para el éxito de la planificación del reasentamiento”. Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial, abril 2002, pág.58.


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de los medios de subsistencia y de las iniciativas de desarrollo16. Al mismo tiempo nos da la posibilidad de corregir en el camino las es-trategias que se revelan incorrectas, y valorar la participación activa de una población que debe reencontrar confianza y estabilidad para diseñar su plan de vida dentro de un contexto completamente nuevo.

Parte de esta responsabilidad compartida es el seguimiento de los resultados planificados. En la experiencia de Tambo de Mora con el grupo promotor, si bien hubo cierta coordinación entre actores nacio-nales, internacionales y locales para el seguimiento de las actividades hasta el momento de la habilitación del terreno y adjudicación de los lotes, durante y después de la mudanza de las familias este interés dis-minuyó gradualmente por considerar que el desplazamiento físico, la organización en el nuevo emplazamiento, la construcción de viviendas (aparte de la activación de subvenciones estatales), la rehabilitación de grupos vulnerables, o los subsidios de transición y la renovación de corrientes de ingresos, no necesitaban ni apoyo directo, ni planifica-ción, ni seguimiento por parte de las diferentes entidades del Estado17.

Por los anteriores motivos y con respecto a la experiencia desarro-llada por el equipo del proyecto, podemos remarcar la importancia de elaborar mecanismos de control, como el seguimiento sobre el desempeño de las instituciones, e integrarlos con instrumentos que permitan a la población formular críticas cuando se identifican di-ficultades y/o problemas. Uno de estos instrumentos podría ser un procedimiento para los reclamos, considerado como una herramienta de protesta al alcance de la población a través de la cual se encami-nen eventuales críticas y se las atienda. Este mecanismo de escucha,

16 “La metodología de seguimiento cualitativo más eficaz es la de las consultas directas con la población afectada mediante reuniones periódicas, grupos de discusión o foros similares… para facilitar la participación pública como parte del programa de consultas”. Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial, Abril 2002, pág. 66.

17 Sin embargo, según la ley y la Directriz Operacional del Banco Mundial OD 4.30 sobre Reasentamiento Involuntario (que hemos considerado como referencia en partes del do-cumento), el Estado debería asegurar en todas las etapas una vida digna y las defensas de los derechos de los desplazados.


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potenciado por una metodología participativa y un acceso directo a la información, cerraría el círculo de la consulta y favorecería la legiti-mación del proceso.

A partir de nuestra experiencia podemos sugerir que, en un plan de reasentamiento18 así elaborado se debería detallar un procedimiento específico de quejas que cuente con los siguientes elementos míni-mos: referentes identificados y accesibles para los reclamos, procedi-miento de queja conocido por la población, atención y respuesta a la comunidad. Un mecanismo que atienda los reclamos de la comuni-dad requiere que el organismo encargado de atender y/o desarrollar una tarea sea accesible. Sin embargo, uno de los problemas que la comunidad señaló, en esta experiencia, fue la escasa accesibilidad de las instituciones involucradas en el proceso de reconstrucción y, más específicamente, en la reubicación provocada por el sismo.

Marco legal y acompañamiento para el enfrentamiento de la emergencia

Como parte de la reflexión sobre la experiencia de reconstrucción en Tambo de Mora, creemos importante señalar un aspecto que a pe-sar de no haber sido directamente promovido por la intervención del proyecto, queda como aprendizaje general y elemento insustituible para una correcta gestión de la situación de reasentamiento posde-sastre. En situaciones de este tipo es necesario hacer referencia di-recta a un marco legal reconocido y universal19. Lo mencionamos acá de manera parcial porque fue un aspecto que facilitó el proceso de reubicación, pero el escaso conocimiento que la población tenía de él no permitió la implementación de un verdadero proceso de rea-sentamiento. Si queremos resaltar el concepto de reasentamiento poblacional, además del Decreto Supremo Nº 013 del 17 de abril de

18 En este caso mencionamos un plan de reasentamiento, porque queremos diferenciarlo justamente de una simple actividad de reubicación.

19 En este caso no consideramos la nueva ley sobre reasentamiento (Ley Nº 29869 de reasenta-miento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, de 28 de mayo del 2012) por el motivo que al momento en que se desarrollaron los eventos, esta ley no estaba vigente.


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2008 que establece las directivas para la reubicación de familias dam-nificadas en consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007, uno de los elementos normativos a considerar puede ser el documento que contiene las directrices del Ministerio de Transportes y Comunicacio-nes (MTC), específicamente de la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del Subsector Transportes y Comunicación (de enero del 2004) para casos de desplazamiento de población y reubicación. Este documento prevé la presentación de Planes de Compensación y Rea-sentamiento Involuntario (en adelante, PACRI) considerando como base legal los siguientes documentos:

• El Reglamento General de Tasaciones del Perú, sus ampliato-rias, modificatorias, complementarias y conexas

• La Ley General de Expropiaciones N° 27117

• La Política Operativa del BID OP-270 sobre Reasentamiento Involuntario

• La Directriz Operacional del Banco Mundial OD 4.30 sobre Reasentamiento Involuntario

Los principios para la compensación y reasentamiento que se seña-lan en el PACRI son: la equidad social, las soluciones diferenciadas, la sensibilidad hacia la población de acogida, la participación y reco-nocimiento de los derechos de la población afectada, la garantía de recursos para la cobertura de pérdidas, la articulación interinstitucio-nal, la identificación de aspectos socioeconómicos y de la calidad y aspiraciones de vida, la asistencia técnica durante el traslado y apoyo a la población durante el período de transición, la implementación del programa de habilitación del terreno y construcción de módulos (mediante coordinaciones y convenios con entidades como el Minis-terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia de Bienes Nacionales, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, el Banco de Materiales así como empresas de luz, agua, etc.).

Es importante señalar que el programa se refiere específicamente al reasentamiento involuntario tal como está definido en la directriz operacional del Banco Mundial OD 4.30.


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Tanto la ley Nº 28223 de 2004 sobre desplazamientos internos como el Decreto Supremo Nº 004-2005-MIMDES establecen algunas priori-dades en situaciones de reasentamiento por desastre, que identifican específicamente la responsabilidad y las tareas del Estado en situacio-nes de este tipo. Remarcamos solo las que nos parecen las más impor-tantes: el artículo 4° de la ley Nº 28223 establece claramente que son las autoridades nacionales (léase, del gobierno nacional, regional o local) quienes tienen la obligación y la responsabilidad de proporcio-nar protección y asistencia humanitaria a los desplazados. Antes de decidir el desplazamiento las autoridades deben asegurarse de haber estudiado todas las alternativas para evitarlo, minimizarlo y/o reducir sus efectos adversos20.

Además, se establece que las autoridades responsables deben asegu-rar que el desplazamiento se realice en condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene y no comporte la separación de los miembros de una misma familia, brindando la garantía de facili-tar a los desplazados información completa sobre las razones y proce-dimientos de su desplazamiento y en su caso, sobre la indemnización y el reasentamiento (artículo 8.3°, literal b). La Ley también señala que la asistencia humanitaria se debe prestar durante no menos de seis meses, recayendo la fiscalización en el Ministerio de la Mujer y Desa-rrollo Social. El texto de la norma otorga a los Gobiernos Regionales y a las municipalidades la facultad y la obligación de incluir de manera sistemática la atención de las necesidades de los desplazados y el res-tablecimiento de sus derechos básicos, mientras que al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (ente rector) cabe el asesorar, capacitar y atender a la población desplazada, con el objetivo de transferir esta responsabilidad a los Gobiernos Locales y Regionales, destacando la articulación de esfuerzos públicos y privados, para la adecuada pre-vención y atención de los casos de desplazamientos internos.

20 Estas condiciones serán definidas de manera más completa en la directriz del Banco Mundial OD 4.30 y tienen gran importancia pues con respecto a ellas se deciden las si-guientes acciones.


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Al año siguiente de su promulgación, la Ley fue reglamentada me-diante Decreto Supremo N° 004-2005-MIMDES, cuyo objetivo es la precisión de la naturaleza legal del desplazamiento interno y la atención de los problemas jurídicos que pudieran surgir a partir de la calificación de desplazado. Por otra parte, destaca que ciertos gru-pos dentro de los desplazados deberán recibir protección y atención especial, como las niñas, los niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores y aquellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, minorías y otros grupos étnicos. En cuanto a la asistencia se aclara que durante el proyecto de reasentamiento y reconstrucción el Estado debe garan-tizar la logística para el transporte en condiciones de seguridad física y emocional, el acompañamiento del equipo técnico especializado y las Fuerzas Armadas y Policiales; a ello debe seguir el traslado de los módulos de asistencia con alimentos, abrigo y primeros auxilios.

Creemos que teniendo en cuenta estos marcos legales y conociendo estas referencias normativas (por cuanto no directamente específicas de una situación de reasentamiento por desastre), la población hu-biera podido vigilar de manera más consciente el proceso y reivin-dicar sus derechos, con respecto a la intervención del Estado en sus diferentes niveles. A pesar del trabajo conjunto y de las buenas articu-laciones que se lograron por momentos entre población e institucio-nes del Estado, esta experiencia tuvo algunas limitaciones por no ha-berse socializado previamente el marco de referencia. Esto llevó a que los pobladores y en parte también las instituciones que apoyaban, no tuvieran claras todas las etapas del proceso de reasentamiento y sus relativas dificultades. Nos referimos, por ejemplo, a la atención legal que necesitaba la población para acceder a la reubicación, y que el proyecto pudo asumir sólo para los integrantes de la UPIS Nuevo Calle Nueva; lamentablemente en el caso de otros vecinos que igualmente querían reubicarse no había un organismo bien identificado con esta función y sobre todo, físicamente accesible. Nos referimos también al derecho de ser acompañado y asistido durante toda la reubicación el cual no fue respetado totalmente, considerando que el desplaza-miento físico al nuevo terreno y la organización del pueblo joven fue dejado en su mayoría a la creatividad y recursos personales de cada


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familia. Además, las autoridades no consideraron previamente la so-cialización y uniformización de la definición de damnificado, dando por obvio que toda la población le daría el mismo significado. Ello generó problemas al permitir la reubicación a los inquilinos y repercu-tió sobre la percepción de la indemnización justa de los propietarios damnificados.

La imposibilidad de acceder a un referente establecido sobre el tema legal era aún más grave si se consideraba lo que la destrucción había dejado completamente al desnudo, es decir los problemas relativos a la titularidad del predio. La falta y/o descuido de los documentos de propiedad o las informales subdivisiones prediales eran costum-bre común para muchos de los damnificados. Es entendible que, en el caso de una compensación por desastre y del requerimiento de docu-mentos legales que comprueben sus derechos a la misma, los pobla-dores acostumbrados a cierta informalidad sobre este asunto hayan tenido dificultad en entender un aspecto tan ajeno a su cotidianidad; la falta de un documento de posesión de la vivienda no permitía a los pobladores defender su derecho a una compensación por pérdida, lo cual podría ser visto como una brecha21 más entre el Estado y la población. Tal situación grafica claramente el enfrentamiento entre la legitimidad de la práctica social y la norma, y denuncia un contexto en el cual se fomenta una cultura de la informalidad que mina los de-rechos de la comunidad.

Citamos el aspecto legal porque es uno de los casos en el cual las con-diciones del contexto influyen sobre cualquier tipo de intervención, y demuestra cómo las actividades se circunscriben al marco de refe-rencia y dependen no sólo de los actores que las ejecuten sino de las prácticas consuetudinarias.

Por lo dicho anteriormente, el acompañamiento y orientación legal a la asociación y la comunidad en general, fue uno de los elementos

21 No podemos desarrollar acá un punto tan amplio e importante, sobre todo por razones de espacio; sin embargo hay que señalarlo pues es parte de las recomendaciones útiles para enfrentar y solucionar el problema de la distancia y desconfianza entre poblador y Estado.


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más importantes de nuestra experiencia, y la escasa atención que se le dio por parte de las autoridades fue un motivo más de dificultad en el proceso de indemnización previo a la reubicación. Si la orienta-ción legal brindada por el proyecto facilitó la reubicación de muchas familias de la UPIS Nuevo Calle Nueva, lo mismo no sucedió con otras familias que necesitaban asesoría legal, sea que vivieran en el alber-gue a la espera de la reubicación o en otras zonas del distrito. Pero lo que consideramos más importante es señalar que el conocimiento de un marco normativo es básico para que la gente pueda entender e interiorizar sus derechos y sobre todo para que pueda, a partir de esta interiorización, ejercerlos a través del reclamo y recuperar así una vida digna, a pesar de la precariedad del contexto.

Por otro lado situaciones como ésta nos llevan a considerar con ma-yor énfasis la importancia de las políticas públicas que solucionen definitivamente estas necesidades, que no son consecuencias de un desastre, sino hacen parte de una realidad del país; creemos que el Estado tiene el deber de solucionar estos problemas como estrategia de prevención y mitigación de posibles daños futuros.

Aspectos que han dificultado el proceso de reubicación

Como ya hemos señalado en el caso de los aspectos que han facilita-do el proceso de reubicación, también con respecto a aquellos que lo han dificultado haremos una diferenciación entre las actividades que dependían directamente del proyecto y aquellas que han tenido como protagonistas y/o coprotagonistas a otros actores del contexto, intentando en lo posible señalar las diferencias.

Necesidad de una constante planificación y vigilancia del proceso

Con respecto a nuestra intervención específicamente, hubiéramos debido incidir más con las autoridades locales para fomentar su ma-yor participación en brindar un acompañamiento a la comunidad en la etapa de reubicación y post-reubicación. A un inicial interés de las autoridades, que tuvo el mérito de lograr la implementación de los servicios temporales no siguió un compromiso mayor para monito-


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rear su correcto uso y funcionamiento ni velar por una vida digna de los pobladores. De otro lado, no socializar oficialmente un plan de urbanización y reasentamiento, con plazos y responsabilidades bien identificados, para lograr el aprovisionamiento definitivo de los ser-vicios y una reconstrucción rápida, influyó sobre la capacidad de la comunidad de exigir a sus autoridades la necesaria vigilancia. En este sentido, habría que evaluar en qué medida nuestra presencia en la primera etapa del proceso de reubicación (con el asesoramiento al grupo promotor) no determinó el desinterés posterior de las autori-dades en velar por los derechos de los damnificados.

Por otro lado, ya hemos hablado de la fragmentación de los intereses de la comunidad. Con el paso del tiempo y el logro de algunos obje-tivos, la representatividad de los dirigentes iba disminuyendo y más bien se formaban grupos de vecinos que gestionaban sus problemas como necesidades limitadas a sus cuadras o manzanas. Es decir, se daba cierta fragmentación que no ayudaba un proceso eficaz de mo-nitoreo y seguimiento por parte de la comunidad. Los intentos del proyecto por promover experiencias de autoorganización comunita-ria, si bien habían tenido buena respuesta hasta la reubicación de las familias, no dieron resultado en la nueva etapa de urbanización.

La acción del proyecto se concentró en el acompañamiento a las fami-lias que reconstruyeron su vivienda, como forma de empoderamiento de la comunidad, pero no aportó de manera efectiva al tema organi-zacional interno, lo cual es importante sobre todo en relación a la pe-ligrosa ausencia de planificación por parte de las autoridades en cam-pos como la comunicación de los avances del proceso, la transferencia de información a la población, y la programación de actividades para garantizar los servicios en un contexto precario y en continua trans-formación. Las experiencias de organización de grupos con objetivos dirigidos a la mejora de las condiciones de vida del emplazamiento no generaron el efecto multiplicador esperado por todo el equipo. Aunque la respuesta reconstructiva sea rápida, cuando se acompa-ña de una escasa planificación por parte de las autoridades, y poca capacidad de autoorganización de la misma comunidad, no ayuda al proceso de metabolización de la vivencia del desplazamiento.


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Podemos buscar los motivos de estos problemas en muchas situa-ciones y contingencias relativas al accionar de las mismas autori-dades o de los grupos de la comunidad; probablemente en deter-minados momentos se reactivó la desconfianza entre pobladores y autoridades, entre la comunidad y sus representantes, entre asocia-dos y junta directiva. Si las instituciones o los representantes involu-crados en un proceso no otorgan las facilidades para que su acción sea vigilada, la intervención no será aceptada solo porque es nece-saria. La proliferación de ideas y teorías paranoicas22 para justificar el hecho de querer reubicar a las familias de la Calle Nueva, nos enseña que muchas veces preferimos creer en lo imposible para no aceptar lo irremediable.

De otro lado, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para infor-mar de manera detallada y clara sobre los móviles de una acción y despejar las dudas con respecto a otras alternativas; sin este ejerci-cio encontraremos siempre grupos nostálgicos y defensores de la “opción no considerada”. Se debería fomentar acciones planificadas y socializadas, que permitirían evitar errores; por ejemplo, en la ex-periencia, se debió evitar intervenciones de mejora de la zona des-truida, que enviaron mensajes ambiguos a la población y causaron el repoblamiento del lugar de origen. De la misma manera, una buena planificación se preocuparía de despejar cualquier duda sobre la im-posibilidad de asentarse nuevamente en la zona declarada en riesgo. En todo proceso de reubicación existen dos principios que facilitan su implementación: el conocimiento del destino del terreno de origen (de preferencia con un proyecto que involucre los expropietarios) y mejores condiciones de vida en el refugio temporal con respecto al terreno de origen. Cuando no se respetan estas dos simples pautas, nos encontramos en serias dificultades.

Para terminar es necesario decir que, aunque no estuvo directamen-te planteado en la elaboración del proyecto, como consultores del

22 Entre algunas de ellas el hecho que el terreno de origen tenía petróleo y este era el moti-vo por el cual se le sugeria a la gente de mudarse al nuevo emplazamiento, es decir poder aprovechar la riqueza del “oro negro”.


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grupo promotor y como equipo del proyecto que implementaba un acompañamiento legal y social a las familias para su reubicación, hu-biéramos debido insistir más sobre la universalización de la asesoría legal a los damnificados y sobre la autoorganización de grupos de base para el monitoreo y seguimiento del proceso de saneamiento físico legal, urbanización y reubicación en el nuevo terreno.

Escasa capacidad de diversificación de la respuesta según las diferentes demandas de la población

Fieles a este concepto de accesibilidad y participación, debimos im-plementar una estrategia más adecuada con respecto a los poblado-res damnificados que vivían en la parte baja. En tanto la relación con ellos seguía motivada por el trabajo de asesoría legal y la labor lúdica con niños y niñas, no se pudo cubrir hasta el final las necesidades y demandas de las personas con respecto a la reconstrucción y repo-blamiento de la zona.

Consideramos que la coincidencia de tres factores: una información no contrastada sobre el destino del sitio de origen que alimentaba rumores; la falta de un documento oficial sobre la inhabitabilidad de la zona; y la firmeza por parte de las dos instituciones (ASPEm y APY) en señalar su desacuerdo sobre el repoblamiento de la parte baja, ge-neraron una situación delicada en la cual no siempre las decisiones tomadas fueron las más adecuadas para la población que regresó a la Calle Nueva. En un contexto de este tipo es necesario considerar di-ferentes estrategias, según las particulares necesidades de los grupos humanos, puesto las limitaciones de recursos humanos y materiales son una dificultad real en la gestión de situaciones tan complejas.

Bajo esta perspectiva es importantísimo aunar esfuerzos y articular las acciones con otros actores presentes en la zona, para responder a las demandas de la población. Si en un primer momento nuestra labor se concentró también en esta actividad complementaria (a través de la participación en las reuniones de coordinación en el PNUD Chincha), en un segundo momento una menor actividad coordinadora del órga-no internacional y una mayor preocupación por cumplir con nuestros


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objetivos de proyecto llevaron a no considerar todas las necesidades, sobre todo las de la población de la parte baja de Tambo de Mora.

Escaso mantenimiento del sistema de monitoreo comunitario relativo a la identificación de las familias beneficiadas.

Finalmente hay que señalar que algunas familias beneficiadas con la casa de quincha (9 sobre 112) no se trasladaron inmediatamente al nuevo emplazamiento, aunque participaron en todo el proceso constructivo. Su atraso en mudarse al Nuevo Tambo de Mora se debía principalmente a las precarias condiciones de salubridad en el empla-zamiento, ya que los servicios de agua y desagüe eran aún temporales y no se daban condiciones de vida adecuadas; aunque la dificultad de algunas familias se debía a tener miembros con discapacidad mental y/o física o adultos mayores enfermos, lo que los obligaban tempo-ralmente a postergar la mudanza. Pero en el caso de otras familias su conducta no tenía algún tipo de justificación que no fuera la precarie-dad de los servicios en el emplazamiento.

Al haber participado la población en todo el proceso de selección, se generó una ligera crítica por esta situación, que legitimaba al-gunas dudas sobre la real necesidad de las familias de recibir una vivienda donde mudarse. A pesar de que las condiciones precarias de los servicios no permitían criticar mucho a aquellas familias que seguían hospedadas en las casas de sus seres queridos en otras zonas del distrito, hubiera sido mejor fomentar la presión social dentro del grupo y reforzar la conciencia del monitoreo comunita-rio para evitar casos de esta naturaleza, que deslegitiman un me-canismo construido con mucho esfuerzo para asegurar un sistema compartido y democrático.

Por otro lado, cuando se organiza un reasentamiento es necesario garantizar condiciones dignas y los problemas de agua y desagüe en el nuevo emplazamiento no lo permitían. En este sentido una vez más, nuestra intervención hubiera sido más efectiva acompa-ñada por un cronograma de urbanización y acciones de vigilancia y monitoreo comunitario relativo a todo el proceso.

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En este último capítulo, a manera de conclusiones queremos resumir nuestros aprendizajes relativos a los temas desarrollados.

Para empezar, es central remarcar la importancia de que el equipo intervenga con una actitud comprometida y sincera en el trabajo con población desplazada, especialmente en un marco de crisis agudiza-da por la incertidumbre y la desintegración del tejido social.

La reconstrucción del sentido de identidad social1 puede darse a tra-vés del reforzamiento ciudadano y del protagonismo de los grupos formales e informales reconocidos dentro del cuerpo social. En ese sentido, un objetivo explícito de la intervención está en relación al fomento de la participación de la comunidad y la transparencia, los

1 Abordar un tema como este y describir la compleja dinámica de las relaciones entre grupos (véase los estudios de Tajfel y colegas) y del sentido de pertenencia a un grupo, excede los objetivos de este texto; sin embargo será suficiente saber que situaciones económica y socialmente polarizadas y/o de crisis de identidad y valores (como puede pasar después de un desastre natural o antrópico) pueden generar en el individuo una desidentificación del grupo de pertenencia y/o enfrentamientos entre grupos sociales distintos, que perciben la situación con discriminación y empiezan a poner en duda la legitimidad del “estatus quo”. Aunque estos conceptos se refieran a la relación entre gru-pos sociales dentro de una situación percibida como discriminatoria para la movilidad social ascensional, se puede adaptar también a un contexto posdesastre en la medida en que hay una clara percepción de inmovilidad social que mina la legitimidad social en la relación entre grupos.

Capítulo 4

Legitimidad social y derechos


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cuales son ingredientes esenciales para que el proceso, aunque no nos asegure ser exitoso, pueda ser socialmente legitimado.

La legitimidad social es un concepto complejo que depende de dife-rentes elementos: entre ellos destacan la accesibilidad, la gestión del flujo de información y la transparencia informativa, trasversalmente soportados por la participación activa de los miembros de la comu-nidad que les permite percibir que su aporte es constructivo para el proceso a través de su acción directa y del control de las actividades planificadas.

Si todo esto es aconsejable en relación a una situación de crisis, con mayor razón lo es ante un evento puntual como el reasentamiento de familias damnificadas y desplazadas. Sin la participación activa de las familias el proceso de reasentamiento se puede convertir en una actividad asistencialista, carente de un norte preciso en términos de empoderamiento comunitario.

De acuerdo a lo expuesto hasta ahora, la accesibilidad es para nosotros el punto de partida del sistema. La concebimos teniendo en cuenta el doble significado de ser accesible: física y humanamente. En el pri-mer caso podríamos referirnos a la situación en la cual la cercanía física garantiza el acceso a la persona y sobre todo, compartir una misma realidad. Esta última característica permite construir un diálogo sobre la base de visiones compartidas del contexto en que se vive y, final-mente, legitima a los ojos del interlocutor la interpretación del otro, por tener una vivencia parecida.

El compartir el mismo territorio también facilita una relación basada en aspectos emotivos graficados en gestos, situaciones, eventos vi-vidos en el contexto de intervención. Estos aspectos concurren a la humanización de los actores presentes, y permiten la expresión del elemento humano que debe complementar la capacidad técnica en situación de crisis. Además, sin una suficiente accesibilidad no podría ser realizable un buen sistema de reclamos, lo cual es parte de la es-tructura participativa que permite el aporte directo de los grupos de base, garantizando su función de monitoreo del proceso implemen-tado.


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La transparencia se refiere a acciones que permiten transmitir de ma-nera cristalina lo que se está haciendo. En el caso de nuestra interven-ción hemos podido mantener cierta transparencia a través de activi-dades específicamente diseñadas con este fin. Al obligarnos a rendir cuenta a la comunidad con respecto a nuestras acciones, la transpa-rencia fomentó cierta autocrítica y la búsqueda del involucramiento de la población en las actividades, además de ayudar a construir una relación más estable con la comunidad. La consideramos indispensa-ble para combatir la desconfianza, que caracteriza a menudo la rela-ción entre pobladores y autoridades o beneficiarios y organismos no gubernamentales, sobre todo en situaciones de crisis.

Finalmente, pero no menos importante es la gestión del flujo de in-formación. Consideramos que su libre circulación permite lograr los siguientes objetivos: uniformizar los conceptos de referencia y asegu-rar una información compartida; garantizar debates entre personas informadas y evitar interpretaciones ambiguas y equivocadas; em-poderar a las personas sobre su situación y devolverles dignidad en la medida en que un conocimiento real de lo acaecido en su medio les permite contrastar la información y averiguar el real avance de los procesos2; promover el derecho de la persona a elegir de manera más justa y consciente.

Pensamos que el flujo de información en situación de crisis debe tener algunas características. En primer lugar, ser continuo y liderado por una fuente oficial, eventualmente contrastada con fuentes alternati-vas. Igualmente, ser parte de la planificación de las actividades, cuyo avance también debe ser informado. La información debe ayudar en la identificación y resolución de problemas y debe ser adaptada a su pú-blico receptor, llegando a todos los estratos socioeconómicos y cultu-rales de la población, de manera que se vuelva discurso compartido e

2 “Recibir información reduce la ansiedad y es un fundamento esencial de la responsabi-lidad y la obligación comunitaria”. Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, pág. 62, edición 2011. Casi refrendando una de nuestras principales preocupación el mismo documento de la Carta humanitaria confirma la im-portancia de este aspecto.


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uniformizado del proceso mismo de reasentamiento. Una información con estas características será considerada verdadera y transparente y servirá también para dar legitimidad a su fuente de origen.

En todos estos aspectos podemos encontrar un elemento transversal: la participación3 comunitaria, a través de consultas, asambleas, ejecu-ción directa de actividades, monitoreo y control interno del proceso.

Sin la participación activa de la población en todas sus fases de ela-boración e implementación, el proceso de reconstrucción o de rea-sentamiento no encontraría respaldo a su finalidad. Y puesto que se retroalimenta con los elementos mencionados anteriormente (trans-parencia, flujo de información, accesibilidad), sin ellos no se daría la posibilidad de una participación clara y firme de la comunidad. Ésta, lejos de tener un rol pasivo en un contexto que a menudo prefiere verla más como víctima que como sujeto de derechos (quizás porque una víctima agradece por lo que recibe, mientras que un damnificado consciente de sus derechos puede exigir), debe asumir el justo prota-gonismo y vigilar el respeto de sus derechos humanos, económicos, sociales, ambientales. Esto significa ejercer legitimamente el poder de decidir con respecto a su vida y su futuro, sin entregar las riendas a quienes podrían preferir sus intereses personales a las necesidades de las personas afectadas.

Lo anteriormente planteado nos confirma que la legitimidad social, como resultado del entramado de transparencia, gestión del flujo de información y accesibilidad dentro de un marco de participación ac-tiva, puede ser punto interesante de debate sobre las intervenciones propuestas por las instituciones, y sobre el rol de la comunidad en procesos similares. Allí donde no se garantice la presencia y el control comunitario, será menor también la legitimidad que otorgue la co-munidad a las acciones implementadas.

3 “La participación activa en la respuesta humanitaria es un fundamento esencial del dere-cho de las personas a vivir con dignidad…” Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, pág. 61, edición 2011


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En nuestra experiencia, cuando nos referimos al hecho de promover la legitimidad social no entendemos decir que no hubo discusiones con la comunidad y sus representantes sobre las actividades del pro-yecto y sus efectos; entedemos afirrmar sobretodo que los poblado-res sabían que en los diferentes momentos de implementación de las actividades, habían tenido la posibilidad de opinar a favor o en contra, dar sugerencias, reclamar por sus derechos y sobre todo, ver recono-cidos sus reclamos cuando tenían adecuada fundamentación.

Estamos frente a un sistema que intenta fomentar la convergencia en-tre participación protagónica, eficacia del reclamo y aceptación social.

Un sistema de este tipo garantiza la percepción de influencia sobre el proceso, en el sentido de que las personas que participan sienten que pueden dar seguimiento y orientar el proceso mismo. Esta sen-sación de poder les permite recobrar cierta autonomía sobre algunos aspectos de su existencia. Bajo esta óptica, podemos entender a la le-gitimidad social como prueba de la interiorización por parte de la co-munidad de sus derechos y de sus deberes4, a través de mecanismos de participación activa y control sobre el proceso de reconstrucción. El mismo concepto nos aclara la diferencia entre una reubicación y un reasentamiento, entendiendo el segundo como un proceso que asegura y prevé el conocimiento y la elaboración compartida de sus etapas, el monitoreo de la implementación de las mismas y la parti-cipación de la población en las actividades más importantes, como supuestos irrenunciables5 para ejercer sus derechos.

4 Esta afirmación encuentra una confirmación indirecta en todas las situaciones de recla-mos y protestas sociales en las cuales generalmente la población denuncia la imposibili-dad de ser dueña de su propio destino.

5 Además, como es mencionado en las directrices de organismos supranacionales, se debe recuperar el rol protector de las autoridades, la necesidad de un acompañamiento con-tinuo a los desplazados, desde lo logístico hasta lo legal, lo psicológico y lo organizativo. Finalmente, su papel no termina con la habilitación de un terreno otorgado a los dam-nificados como parte de la indemnización, sino debe asegurar la rehabilitación social y económica de la población afectada.


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Evidentemente, en los casos en que falta un plan de reasentamiento o no es oportunamente socializado, se complica el logro de resultados, puesto que la legitimidad social reconocida por los diferentes actores que conforman una comunidad será débil.

Es oportuno entonces que un grupo promotor, conformado por repre-sentantes de la comunidad, de las autoridades, de las instituciones lo-cales o extranjeras que están apoyando en la etapa de crisis, elabore un plan concertado de la intervención. Este plan debe ser socializado y toda la población debe estar informada sobre los plazos de ejecución, las responsabilidades de las instituciones involucradas, el uso de un mecanismo de reclamos y quejas6 relativos a todo el proceso. Además, grupos de la comunidad deben tener un papel protagónico en la im-plementación del plan y no solo de control sobre el cumplimiento de las etapas.

En la etapa previa a la implementación del proceso de reasentamien-to es necesario proceder a un censo de la población damnificada considerando, entre los datos socioeconómicos, la diferenciación en grupos vulnerables y la situación legal.

Es vital solucionar los problemas legales de las familias damnificadas y socializar el marco normativo de referencia, los mecanismos de in-demnización y las subvenciones para la reconstrucción y rehabilita-ción económica que el Estado va a implementar.

Por otro lado, no se pueden descuidar servicios de atención psicológi-ca y psicosocial con enfoque comunitario dirigidos a los grupos más vulnerables (niños, niñas adolescentes, mujeres y adultos mayores) con el objetivo de empoderarlos frente a las condiciones de crisis y revalorar sus recursos personales y colectivos7.

6 “Las personas tienen derecho a formular una queja a una organización y recibir la corres-pondiente respuesta. Los mecanismos oficiales para presentar quejas y obtener repara-ción son componentes esenciales de la rendición de cuentas ante la población y ayudan a las comunidades a recuperar el control de su vida”. Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, pág. 63, edición 2011.

7 “Las iniciativas comunitarias y la autoayuda contribuyen al bienestar psicológico y social


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No se debe incurrir en el error de dejar de lado las oportunas coordi-naciones interinstitucionales8, para cubrir necesidades de otros gru-pos de la zona de intervención, como fue el caso de las personas que no querían reubicarse, las cuales tenían ya otro tipo de demandas. Una mayor articulación con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hubiera permitido aliviar el sufrimiento de es-tos grupos de la población y responder a las necesidades de toda la comunidad.

En esta etapa es fundamental que no haya incongruencia entre la co-municación de las autoridades con el grupo beneficiario o entre las acciones de las diferentes instituciones presentes en el terreno; ade-más se debe cumplir con los plazos de habilitación del terreno donde se reubicarán a las familias y su saneamiento físico-legal, previa fun-damentación a través de estudios de la inhabitabilidad del terreno de origen. Por lo visto es indispensable que los representantes del grupo promotor sean accesibles, transparentes en sus actividades y desarrollen de manera firme su papel de fuente de información so-bre los avances del plan. Esto requiere una circulación continua de información entre ellos, para uniformizar su versión y no generar más confusión.

El procedimiento para acceder al reasentamiento y los documentos necesarios deben ser muy claros, y las listas de familias por reasentar deben ser expuestas en lugares fácilmente accesibles para la pobla-ción. Pero sobre todo, el proceso de elaboración de las listas debe de-sarrollarse de manera transparente para quien quiera participar y no

de las personas afectadas por el desastre, restaurándole su dignidad y dándole cierto grado de control sobre la situación”. Proyecto Esfera. Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, pág. 61, edición 2011. Esta recomendación la encontramos también en las 79 lecciones aprendidas del texto “Lecciones aprendidas del Sur” publicado por INDECI. La lección Nº 14 afirma que “La recuperación emocional de la población afec-tada y/o damnificada por un desastre es un aspecto central” y que “una población con mayor capacidad de recuperación psicológica facilita el cumplimiento de los procesos de atención a la emergencia”, pag. 188-189.

8 La articulación entre instituciones que intervienen en zonas de desastre es un imperati-vo, pero hay variables que influyen sobre su efectividad, como los objetivos de interven-ción, la duración de la intervención, el impacto que se quiere lograr.


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sólo para los representantes del grupo promotor, ya que no se debe dejar de lado el rol monitor de la comunidad y no se puede subesti-mar las diferencias entre representantes y población.

Una vez identificadas las familias y aprobado su reasentamiento, es ne-cesario organizar su desplazamiento por grupos, de manera ordenada y con atención a los grupos vulnerables de la población, evitando un flujo caótico de personas en puntos diferentes del emplazamiento.

Se debe fomentar también la creación de un comité conformado por grupos formales e informales, que gestione los inevitables problemas organizacionales de un pueblo joven. Lo más importante es tener un grupo de referencia legitimamente elegido, que conozca los compro-misos contenidos en el plan de reasentamiento, pueda monitorear los avances de la urbanización y sigua coordinando con el grupo promo-tor para controlar el proceso y poder reclamar con efectividad en el caso de retrasos o dificultades. En este momento la presencia del gru-po promotor, y de las autoridades estatales sirve para garantizar un plan de rehabilitación socioeconómica, y la participación de la comu-nidad en actividades integrales de reconstrucción y organización del emplazamiento. Las entidades deben velar por las familias mientras que se gestiona la reconstrucción de sus viviendas y garantizar que esta reconstrucción pueda ser rápida, efectiva y participativa. En lo específico se debe evitar el error de limitar la presencia de las autori-dades a las tres primeras etapas consideradas en el capítulo dos; para garantizar una rehabilitación social, económica y emocional de la po-blación desplazada, es necesario que el grupo promotor siga funcio-nando, con participación de entidades del Estado como garantes de la mejor implementación del plan de reasentamiento, y del acompa-ñamiento integral a las familias que lo necesitan.

El gobierno, las instituciones locales y extranjeras, las ONG, el mundo de la empresa privada, pueden invertir recursos para proyectos de ca-pacitación y formación de las personas damnificadas, con el objetivo de que participen del mundo del trabajo asalariado y/o impulsar el financiamiento de proyectos de microcrédito para las familias. Si con-sideramos a la población femenina y/o a los niños, es importante no solo preparar el terreno para limitar al mínimo las dificultades cotidia-


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nas de quien se queda cuidando la vivienda, sino pensar a largo plazo y fomentar iniciativas para la mejora de la condición de las mujeres en el contexto de intervención9. Entre estas actividades señalamos los programas de alfabetización, la mejora del acceso a bienes produc-tivos, la capacitación para acceder al trabajo e impulsar la igualdad de oportunidades de empleo, el aumento de la participación en la toma de decisiones. Todos estos aspectos deben hacer parte de una planificación que tome en cuenta a los grupos vulnerables, y apoye con el fin de consolidar y proteger las relaciones sociales que son las bases sobre las cuales fundar un proceso de reconstrucción social y económica.

Nos parece importante, entonces, terminar especificando los puntos que nuestra experiencia nos ha ayudado a identificar como esenciales en un proceso de acompañamiento a una población por reasentar:

1. Elaboración de un detallado plan de reasentamiento, incluyen-do un cronograma, concertado con la comunidad y respetuoso de las necesidades de los grupos vulnerables, y que tenga como objetivo la reconstrucción de las viviendas y del tejido social, con un marco normativo claro y socializado

2. Creación de un grupo promotor integrado por representan-tes de la comunidad, del gobierno local y de otras institucio-nes presentes en la zona

3. Presencia constante del equipo que acompaña el reasenta-miento en el terreno de operaciones

4. Información sobre el destino del terreno de origen

9 “La discriminación por razón de sexo limita el acceso de las mujeres a los recursos, opor-tunidades y servicios públicos que necesitan para mejorar su nivel de vida y el de sus familias. El resultado es que, con frecuencia, las mujeres son las primeras en sufrir las consecuencias de un reasentamiento mal planificado o ejecutado. Las mujeres tienden a depender más que los hombres de las redes de apoyo informales, como la ayuda de amigos, vecinos o parientes, para el cuidado de sus niños.” Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial, Abril 2002, pág. 49. También en este caso un documento oficial del Banco Mundial nos confirma la importancia de haber intervenido para la reducción de la brecha de género en una situación posdesastre.


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5. Atención en el tema legal a la población por reasentar

6. Acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes

7. Otorgamiento de información constante a la población bene-ficiada a través de diferentes modalidades

8. El involucramiento de la población a nivel de coordinaciones, tareas, control de los avances del proyecto, reconstrucción de viviendas temporales y/o definitivas

9. Presencia de todos los miembros de las familias en la imple-mentación de las tareas, sin descuidar la participación de las mujeres y los adolescentes

10. Elaboración de un procedimiento para el reclamo de la pobla-ción y respuestas efectivas a las quejas

11. Auto-organización comunitaria (grupo de referencia) para el monitoreo de los procesos relativos a la urbanización y rea-sentamiento en general


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Bibl iograf ía

Manual para la preparación de un plan de acción en reasentamiento, CFI, Banco Mundial, www.ifc.org 2002.

Lo Disruptivo, M. Benyakar, Editorial Biblos, Argen-tina, 2003.

Lo Traumático (vol. 1 y 2), M. Benyakar y A. Lezica, Grafica LAF SRL, Buenos Aires, 2006.

Guía del IASC sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y Catástrofes, 2007.

Apuntes históricos de chincha 1870-1950, C. M. Pa-chas Lévano, J&C impresores S.R.Ltda, Perú, 2006.

La respuesta solidaria en el Sur: intervención de emer-gencia en Tambo de Mora 2007, ASPEm, Perú, 2008.

El Rol del Estado afectado: Un estudio de caso de la Respuesta al terremoto Peruano, S. Elhawary, G. Castillo, HPG, www.odi.org.uk/hpg 2008.

Impacto Socioeconómico y Ambiental del Sismo del 15 de Agosto de 2007, INDECI, Grafica Industrial Alarcón S.R.LTDA, Perú, 2011.

El Proyecto Esfera carta humanitaria y normas míni-mas para la respuesta humanitaria, E.I.R.L., Perú, 2011.


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Gruppi umani e categorie sociali, H. Tajfel, Il Mulino, Italia,1995.

Lecciones aprendidas del Sur, INDECI, GMC Digital SAC, Perú, 2009.

Aprendizajes de una reubicación: el caso Tambo de Mora - ChinchaSe terminó de imprimir en setiembre de 2012

en los talleres gráficos de SINCO editoresJr. Huaraz 449 - Breña • Teléfono 433-5974

[email protected]

Sistematización de una intervención en el marco del proyecto“Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de Tambo de Mora”



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Sistematización de una intervenciónen el marco del proyecto

“Refuerzo de la Acción Social y Comunitaria para la Reconstrucción de Tambo de Mora”

La Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEm) es una organización de cooperación internacional nacida en Italia en el año 1979 desde una experiencia de comunidad cristiana con un fuerte compromiso social y civil.Desde el año 1985 está reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de actividades de cooperación internacional. Inicia sus acciones en el Perú en el año 1987, en las zonas urbano-marginales de Lima Este.Trabaja con las poblaciones en extrema pobreza que se encuentran excluidas, asentadas en los cerros periféricos de la ciudad y en las zonas pobres del país.En la actualidad su mirada y accionar se dirigen al desarrollo comunitario involucrando a la población que vive en contextos de vulnerabilidad en nuevos proyectos multidisciplinarios.

www.aspem.org



El 15 de agosto del año 2007, un sismo de 7.9 grados de magnitud afectó la zona sur del país. El epicentro de este terremoto según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), estuvo localizado a 74 Km en dirección oeste de la ciudad de Pisco; el hipocentro fue a 40 kilómetros de profundidad y se propagó en diferentes zonas del país, siendo las principales afectadas Pisco, Ica y la provincia de Chincha.

Los daños generados por el sismo y la necesidad de atender a las personas afectadas, motivaron un flujo de ayudas nacionales e internacionales hacia las zonas golpeadas. Algunos organismos no-gubernamentales (ONG) que venían trabajando en la zona o en el país, se ocuparon de organizar la primera respuesta a la emergencia, entre ellas la ONG italiana ASPEm (Asociación Solidaridad Países Emergentes) presente en el Perú hace más de 20 años, aunó esfuerzos con la fundación española APY - Solidaridad en Acción para garantizar ayuda a la población damnificada.

Como primera respuesta las dos instituciones ejecutaron un proyecto de emergencia en favor del distrito de Tambo de Mora y, bajo pedido de la población damnificada y de las autoridades, al terminar el primero desarrollaron un segundo proyecto con el objetivo de apoyar el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la comunidad.

aprendizajes de una reubicación -...

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