SINTESIS DE LAS JORNADAS DE DEBATE Y REFLEXIÓN CAMINO AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE

LA UNIDAD POPULAR

22 de septiembre y 6 de octubre de 2012

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INSTITUTO DE PENSAMIENTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UNIDAD POPULAR

Coordinador General: Tomás Raffo.

Area Económica: Alejandro López Mieres, Roberto Larosa, Jaime Farji, Gonzalo

Bernat, Laura Pacífico.

Area Social: Ana Rameri, Mora Straschnoy, Agustina Haimovich.

Area Política: Horacio Fernández, Cristina Chiste, Ariel Pennisi

Area Salud:Matilde Ruderman

Area Relaciones Internacionales:Maite Llanos, Juan Manuel Rodriguez Rotta, Alejandro Rascovan

Area Energía y Recursos Naturales: Gustavo Lahoud, Andrea Burucua, Rubén Ciani, Antonio Lizuain

Area Soberanía Alimentaria: Pedro Olivera.

Area Ciudad:Mariana Rivolta

Area Administrativa: Daniela Micheli, Nora Mallet.

Apoyo Logístico:Adrián “Mngo” Miloc, Eugenio Huanquil.

Agradecimiento especial:A los compañeros Jaime Farji y Pedro Olivera, por la tarea de

registración y síntesis.Al compañero Martín Brunas por la tarea de filmación.A todos los compañeros del Instituto y del Partido que

participaron activamente de la convocatoria y organización de las Jornadas

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PRESENTACIÓN

En el año 2015 finalizará un prolongado ciclo político. Más allá de la caracterización que pueda hacerse de él, es innegable que concluye como empezó: con fuerte devaluación ,inflación, tarifazos en todos los servicios, topes salariales, pérdida del poder adquisitivo del salario, niveles elevados de pobreza e indigencia, estado calamitoso del transporte público, déficit energético y habitacional, manipulación de las estadísticas, corrupción, negocios con las grandes corporaciones, concentración y extranjerización de la economía, sistema impositivo altamente regresivo, mantenimiento de la Ley de Entidades Financieras dispuesta por la dictadura, que genera ganancias descomunales a los grandes bancos, acuerdos onerosos con los organismos de crédito internacionales, pago riguroso de la deuda externa ilegítima, (aun al precio de poner en riesgo, no sólo los derechos de los más humildes, sino también, las bases materiales y discursivas en las que se asienta el “modelo”).Vale decir, siguen en pie la mayor parte de las injusticias que regían cuando asumieron el gobierno. No creemos que el gobierno que los suceda en el 2015 muestre al irse un panorama mejor, dados los antecedentes de las fuerzas que aspiran a la sucesión. Por el entramado que constituyeron con el poder económico las diferentes alianzas, (es decir, por las restricciones que aceptan de antemano), es probable que reproduzcan los peores aspectos de este gobierno y ninguno de sus aciertos. Los intereses que representan todos ellos, les impiden expresar a grandes sectores de la sociedad que quieren vivir en un país más justo. Y, tarde o temprano, a despecho del resultado electoral, esto se tornará evidente. Por lo tanto se hará cada vez más necesaria una fuerza política que promueva una salida IGUALITARIA, POPULAR Y DEMOCRÁTICA. Capaz de articular alrededor de esos tres ejes, un arco amplio de voluntades y organizaciones, dispuestas a defender los intereses del pueblo. Esa fuerza no va a nacer del aire: Para estar en condiciones de convocar al pueblo a gobernarse a sí mismo, se necesita exhibir una trayectoria de vida honesta y coherente con esa idea. De lo contrario se deprecia ese rico concepto, al nivel de una consigna electoral cualquiera. Quienes convoquen al pueblo deben ser confiables para el pueblo. Y es desde ahí, que reivindicamos lo testimonial en la política:

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Son confiables para el pueblo los que dieron pruebas de defender sus intereses cuando muchos desertaban: frente a la dictadura genocida, frente al ajuste de los 80, frente a la depredación menemista, frente al continuismo antipopular de la Alianza, frente al autoritarismo represivo duhaldista, y frente a este gobierno, fue preciso haber sostenido siempre una postura consistente con los intereses que se proclaman. No en soledad, sino como parte del conjunto, consolidando, creando y articulando organizaciones que, en esas luchas, se hicieron también confiables para la sociedad. Desde ese lugar, nuestra fuerza puede ayudar a generar respuestas colectivas a tal necesidad. Para asumir esa responsabilidad en plenitud, es imprescindible convertir esas trayectorias de lucha, esa capilaridad organizativa, esas voluntades de justicia, en una fuerza política de mayorías, percibida por el pueblo como capaz de producir un cambio. Eso no se consigue por la mera enunciación, ni por la elaboración de un programa, o por la bajada de línea de los dirigentes. Se requiere un trabajo arduo que pondrá a prueba todo lo que hemos aprendido en tantos años de lucha. La necesidad de una alternativa es evidente. Lo que no es evidente es que nosotros seamos los que demos cuenta de ella. Si pensáramos eso, seríamos mesiánicos. Lo que tenemos hasta ahora es la voluntad de construir ese instrumento y ponerlo al servicio del pueblo. Llegar a serlo dependerá de nuestra visión histórica, de nuestra inteligencia, de nuestra generosidad, de nuestra amplitud, de nuestro esfuerzo, de nuestro convencimiento, de nuestra paciencia, de la coherencia con que apliquemos hacia adentro del partido lo que reclamamos para el país. SI nos estamos convocando a gobernarnos, el método del debate democrático debe ser esencial y rigurosamente respetado. En ese sentido, queremos acercar el presente documento, que expresa los avances en el debate colectivo de la fuerza desde el primer congreso en el año 2012, con la intención de debatir no sólo qué pasó en los últimos años, sino fundamentalmente, qué tenemos que hacer en los próximos años para garantizar el protagonismo popular. Queremos que circule por todos los rincones del país para suscitar entre nuestros compañeros. Un debate orgánico, horizontal, democrático y federal .Es fundamental que seamos TODOS Y TODAS los que debatamos EN TODO EL PAÍS. Pretendemos que el debate no se limite a la aprobación o no de este borrador, sino que provoque la reflexión sincera y profunda.

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Para esto proponemos el siguiente método de trabajo: Organizar encuentros en cada provincia en los que se consideren por separado, en comisiones, los cuatro ejes temáticos que aborda el documento: I.DEMOCRATIZACIÓN

II.DESIGUALDADIII.SOBERANÍA, BIENES NATURALES Y MODELO PRODUCTIVO

IV.INTEGRACIÓN REGIONAL En cada una de ellas, al debatir la temática específica, considerar al mismo tiempo: Cómo democratizar la sociedad. Cuáles son las dificultades de nuestra organización y de la misma comunidad para lograrlo. De qué modo trabajar sobre ellas. Cómo construir la fuerza. Cómo estructurar el partido sobre bases sólidas. Cómo implantarlo en todo el territorio. Cómo superar nuestras debilidades. Cómo resolver las contradicciones que puedan surgir por la pertenencia a ámbitos diferentes de militancia o de procedencia política (ya sea social, sindical, partidaria o religiosa). Cómo y con quiénes elaborar la propuesta. De qué manera integrar a sectores de la comunidad que, organizados o no, comparten nuestros principios y objetivos, aunque no todo nuestro programa. Tomaremos en cuenta el texto, como un disparador u organizador de la discusión. De este modo, sin guardarnos ninguna propuesta, opinión, duda, o crítica, contribuiremos, con los aportes de nuestros militantes, a la elaboración colectiva del documento preliminar (en un encuentro nacional a realizarse en la segunda quincena de julio) que servirá de base para el debate del Congreso Nacional de U.P. de agosto. Consideramos muy importantes las instancias de debate previo: La historia reciente ha demostrado que nadie es portador de la verdad revelada. Muchas “verdades indiscutibles” resultaron apreciaciones incorrectas, otras, en cambio parecen insuficientes para explicar la realidad o para modificarla. Estamos obligados a transitar nuevos caminos. En esta etapa y las que vengan, todos tenemos algo para decir. El objetivo político para el año 2015, es poner de pie una alternativa a todos los partidos del sistema. Ese lugar debe ganarse en un terreno desafiante, en el que las reglas las dicta el propio poder: el electoral. En ese terreno impiadoso la medida es la cantidad de votos. Eso es lo que define si una fuerza da o no la talla. Para superar este desafío debemos poner en marcha todas las fuerzas que disponemos, que son muchas, empezando por miles de compañeros probados en la lucha, y la enorme confianza en la

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dignidad de nuestro pueblo. Lo vamos a hacer más convencidos, si todos participamos protagónicamente en las decisiones que vamos a tomar. SECRETARIADO NACIONAL DE U.P.

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PRIMER EJE: DEMOCRATIZACIÓN

Compañeros Disparadores de la Discusión:

Pablo Hupert: Historiador, Ensayista, Docente de las Facultades de Filosofía y Letras de la UBA. Eduardo Balán: Integrante de la Productora Cultural Comunitaria “El Culbebrón Timbal” y de la Coordinación Nacional de la Constituyente Social NacionalHoracio Meguira: Director del Observatorio Jurídico de la CTA Nacional, Abogado, Docente de la Cátedra Derecho del Trabajo UBAAriel Pennisi: Docente y Editor

TESIS PROVISORIAS

Introducción:

Partimos de la convicción de que no nos propusimos armar un nuevo partido político para repetir lo que ya existe. No nos anima la idea que del Congreso salga un “programa” acabado. Para nosotros la idea de programa supone que alguien tiene una suerte de verdad revelada. Nuestra mirada es más humilde: tener un conjunto de ideas para compartir con muchos otros en la decisión de construir una sociedad distinta.

La tarea a la que nos abocamos es cómo aportamos a la creación de herramientas que permitan que el pueblo decida. Queremos tener ideas para animar un proceso de construcción política que genere condiciones para que el pueblo decida. Con ese objetivo convocamos a las jornadas de debate y reflexión sobre la problemática de la Democratización, en donde partíamos de considerar (en las notas que sirvieron de hoja de ruta) de la siguiente caracterización:

“Nada más alejado de la realidad la afirmación que dice “A la izquierda

de este gobierno está la pared”. La coyuntura política de nuestro país es pródiga en afirmarnos que aún persiste en nuestro pueblo las estelas dejadas por los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Una y otra vez, frente a una coyuntura estrecha en recursos (como consecuencia del progresivo agotamiento del modelo) la gestión estatal puede ensayar “salidas por izquierda” (estatización de YPF, Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, Ley de Medios, Eliminación de las AFJPs, etc) gracias al potente cuestionamiento que al orden neoliberal planteara nuestro pueblo en aquellas históricas jornadas, que sin dudas constituyen el punto máximo alcanzado por las experiencia popular en el cuestionamiento al tipo de sociedad que desde la Dictadura Genocida nos proponían los sectores dominantes. No es sino, la memoria viva de lo conquistado por nuestro pueblo y sus luchas, de las cuales nos sentimos parte de su historia, su presente y su futuro, lo que permite ensanchar la base de lo “posible” a una gestión estatal

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demasiado respetuosa, a pesar de los discursos, de los poderes vigentes. En este sentido una primera tesis que por obvia suele obviarse es que no es sino con la participación popular que se profundiza la democracia y se gestan las condiciones para un nuevo tiempo político.

“Resulta claro pues que el 2001 distorsionó el orden de las cosas tal como se presentaban en su discurrir sin más. Una atmósfera que habilitó una diversidad de percepciones e intuiciones políticas. Tal vez el último momento eminentemente político de la Argentina. Pero no se trata ahora de contemplar nostálgicamente ese intenso pasaje de la historia argentina como si se tratara de una fecha. Por el contrario, afirmar que se trata del último momento político de nuestro país significa que no hay pregunta política hoy que pueda eludir esa marca. … Es esa marca la que nos plantea la necesidad de discutir la Democracia desde la perspectiva que la entiende como el modo de fortalecer la capacidad del pueblo para decidir sobre el conjunto de sus condiciones de existencia. En este sentido, la discusión sobre la Democracia no puede girar exclusivamente en torno a la problemática de la transparencia del proceso electoral y la vigencia del Estado de Derecho, sino que debe incluir también el cuestionamiento a los límites del sistema formal de representaciones para hacer posible la resolución de las desigualdades. La idea de la democratización entendida como camino para la emancipación y la subversión de las desigualdades supone el debate acerca de los mecanismos de participación directa y semidirecta de la población en las decisiones. Desde este punto de vista, la política no se asocia exclusivamente a la disputa por ocupar las instituciones existentes del Estado actual, sino que remite a la creación de una nueva institucionalidad que favorezca una intervención más permanente de la sociedad.

“El papel de las consultas, los plebiscitos, las iniciativas populares, los consejos barriales, de empresa, sectoriales, el Consejo Económico y Social, etc; son algunas de las formas a considerar y articular en un nuevo régimen institucional que permita resolver la distancia entre votar y decidir. Y lo que es más importante, que nos permita resolver el desequilibrio existente entre la capacidad de los poderosos para influir cotidianamente en las decisiones y la convocatoria al conjunto de los mortales a votar cada dos o cuatro años.

En este marco, pretendemos que el abordaje acerca de los problemas de la Democracia argentina tome en cuenta lo siguiente:

1) poner en vínculo la situación político-institucional actual con la irrupción (acontecimiento) popular del 2001.

2) Poder distinguir a partir de lo señalado en el punto anterior entre el proceso abierto a partir de las movilizaciones del 2001 y 2002, y las características de la gestión gubernamental abierta en el 2003. Se trata de entender el vínculo entre el 2003 y el 2001, de manera tal que el primero no obture ni oscurezca el significado del acontecimiento popular como partero del nuevo tiempo político de la Argentina.

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3) En el marco de lo expuesto parece conveniente trabajar la diferencia entre lo público y lo estatal. Cuestión esta que permite incorporar el papel y la problemática de las organizaciones populares en el diseño de una institucionalidad pública no estatal.

4) Discusión del sistema institucional vigente y de las variantes que se discuten hoy: boleta única, voto electrónico.

5) Incorporación de mecanismos de participación directa y semidirecta en el diseño de un nuevo régimen institucional.

6) El lugar de la libertad y la democracia sindical como promotor de una nueva institucionalidad laboral que favorece la capacidad de los trabajadores de participar en el régimen de propiedad de los medios de producción y en la distribución de los ingresos.

A partir del debate surgieron entre otras las siguientes ideas / tesis:

La mirada sobre el 2001 nos obliga a pensar en políticas emancipatorias. Que se vayan todos y que venga el pueblo, decíamos nosotros en esas jornadas. Lo que el sistema logró fue reinstalar la gobernabilidad y obturar el proceso de invención popular de nuevas formas de gobierno. La invención de una nueva institucionalidad que dé forma a la nueva realidad de la clase es el desafío. Inventamos o erramos, significa que con lo que la institucionalidad nos brinda no alcanza. Se trata de disputar lo que existe y crear lo que hace falta para que el pueblo efectivamente decida. No es posible en la institucionalidad dada para mantener este sistema generar condiciones de emancipación. Hoy podemos decir que somos anticapitalistas o antiimperialistas y no pasa nada. Pero si decimos que estamos en contra de este sistema de representación somos poco menos que golpistas. No hay posibilidad de constitución de una nueva política si no estamos convencidos de romper la clave delegativa. Esto nos interpela a nosotros mismos. No queremos elaborar un programa para entregárselo a alguien para que nos resuelva los problemas.

Desde antiguo los seres humanos definieron esquemas para que los gobernantes no se prolongaran en sus roles, reconociendo que en las comunidades humanas gobernar a otros es un problema, cuando los que lo hacen son una minoría de poderosos, no cuando lo hace el pueblo. Cuando es el pueblo el que gobierna, gobernar, es decir, ser parte de gobierno del pueblo, es una profunda alegría.

Se crearon instituciones, que cristalizaron determinadas prácticas que a su vez reflejaron determinadas formas de vida. En algún punto de este desarrollo se consideró que “lo importante ya fue decidido” y entonces se delegó en la institución el ejercicio de determinadas prácticas. En ese punto “se acabó el problema”. Precisamente, la reflexión importante aquí podría ser que la esencia de la democracia es la definición y discusión de los

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problemas. Las soluciones y las propuestas son la consecuencia de una buena definición de los problemas y de la libertad para discutirlos.

Haber recuperado la gobernabilidad se presenta como una virtud. Nosotros no vemos como una virtud el reflujo / amesetamiento del protagonismo social, sino por el contrario, este reflujo es la garantía de que hoy no gobierna el pueblo.

Volver a pensar la relación entre disputar la institucionalidad vigente y preocuparse por la vida democrática, es decir el ejercicio de una forma de vida. Forzar el enunciado democracia para generar prácticas en las cuales nos convertimos en sujetos que deciden. La democracia es un problema cuando se cierra en si misma y deja de lado su potente papel para poner en circulación la creatividad popular. Hay una dimensión inventiva de la política que tenemos que poner en valor. En los enunciados políticos se juega también buena parte de la creatividad. Hay que exigirles a los dirigentes, una cierta renovación del lenguaje político. ¿Qué quiere decir “la gente”? ¿Qué quiere decir “la sociedad”? Hay que arriesgar y ampliar el lenguaje. Hay mucho conservadurismo en la forma de expresarse. Arriesgar en términos de lenguaje es habilitar la imaginación política. No es lo mismo hablar de calidad institucional que hablar de nuevas instituciones. Nuevas instituciones es hablar de prácticas existentes, de nuevas relaciones, redes afectivas, laborales, etc. Nuevas instituciones implican nuevas prácticas y nuevas formas de definir la autolimitación en las relaciones.

El 2001 marcó la posibilidad de pensar en este pueblo autogobernándose. Para el esquema delegativo pensar en un instrumento electoral que no juegue a la ausencia de los electores es una contradicción. Es en esta contradicción para con el sistema que pretendemos fortalecer nuestro instrumento electoral de la mano del fortalecimiento de las organizaciones populares de las cuales somos parte. No es sino en el convencimiento de que la política es una práctica integral si pretende subvertir el orden dado, en que nos afirmamos desde la Unidad Popular para hacer presente y no ausente a nuestro pueblo en la institucionalidad que disputamos y que pretendemos crear.

En todo este camino de formas de decisión participativa, surgen los miedos de determinados actores en el sentido de si eso cuestiona las formas representativas de gobierno. En ese sentido, hay que tener en cuenta que si en épocas pasadas determinadas cuestiones consolidadas fueron superadas, como el feudalismo. Sacudirnos el miedo al cambio es un paso fundamental para recuperar la necesaria audacia que todo movimiento político debe tener si lo que pretende es alterar el orden vigente.

En relación con el 2001, nuestro pueblo demostró que la calle es el lugar en donde se pueden hacer los cambios. Y haber recuperado la calle es fundamental. Tener las mejores normas que podamos conseguir no alcanza. Cuando los instrumentos más nobles no cambian la vida, se pierden. Se deslegitiman y terminan ganando quienes quieren una democracia menos participativa. El discurso de la calidad institucional que es asociar la

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democracia con la limpieza electoral o con la posibilidad de la ciudadanía de tener ventanillas a las cuales acudir, es una manera de encubrir o de tapar la realidad. En el 2001 la sociedad salió a la calle y movió los límites de lo posible enterrando al neoliberalismo más extremo. Desde esa perspectiva, se hace imprescindibles que sustituir el discurso y la práctica de la calidad institucional con la creación de una nueva institucionalidad que sea de calidad.

Hablar de la libertad sindical es hablar de un derecho fundamental. No se puede democratizar la sociedad sino se democratiza los lugares donde la sociedad produce las condiciones materiales de su existencia. Un derecho fundamental se desarrolla si tiene portador. Si no lo tiene, entra en desuso. El poder constituido es la expresión de la legalidad y está aceptado por la sociedad. Lo constituyente es deliberativo y cuestiona las instituciones constituidas. Desde la constitución de 1819 a la fecha no hubo modificación del sistema de representación en nuestro país. Plantear una reformulación del sistema de representación es revolucionario. Es cuestionar un sistema que ha subsistido tanto. El lugar de trabajo es el elemento más importante para el desarrollo de la libertad sindical. Esto tiene gran vigencia a partir del 2005. Se observa la carencia de representación en los lugares de trabajo. Lo que resuelven los trabajadores en el lugar de trabajo no se refleja en las superestructuras sindicales. Hoy la máxima limitación a la libertad sindical se da por la discriminación del representante del lugar de trabajo. En un momento se intentó contraponer la idea de democracia sindical a la idea de libertad sindical, pero a partir de la lucha por la representación sindical en el lugar de trabajo, es que se unifican, forman parte de una misma lucha, la libertad y la democracia sindical. Frente a la concentración formal de la representación en la negociación colectiva, el sujeto del conflicto no es el sujeto de la negociación.

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SEGUNDO EJE: IGUALDADCompañeros Disparadores de la Discusión:

Oscar Cetrangolo: Economista y Magister en Filosofía, Investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Experto en Políticas Públicas de Cepal.Mario Rovere: Médico diplomado en Salud Pública con Orientación en Administración de Servicios de Salud UBA, Planificación estratégica, políticas sociales y proyectos de desarrolloSusana Vior: Docente investigadora, ex Decana de la Universidad de Luján, Directora de la Maestría en Política y Gestión, Universidad de Luján María Carla Rodríguez: Doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA – Argentina. Master en Sociología Económica (UNGSAM – Argentina). Integrante del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). Tomás Raffo: Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) de la Corriente por Unidad Popular              Alfredo Grande: Psiquiatra y Psicoanalista, Periodista y escritor de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo.Nina Brugo: abogada laboralista especializada en derecho de la mujer, militante del movimiento de derechos humanos y del feminismo. Integrante de la Mesa de Conducción de la Unidad Popular de Capital Federal

TESIS PROVISORIAS

Introducción

Partimos de la idea de que los hombres son iguales, no de que deben ser igualados. Sin embargo, reconocemos que lo que caracteriza a la sociedad que tenemos y que por tal razón pretendemos modificar, es la desigualdad. Desde este punto de vista, una segunda tesis general de esta problemática es que, en tanto las políticas públicas se presentan como portadoras de inclusión e igualdad manifiestan que la sociedad que tenemos genera exclusión y desigualdad. Entendemos que pensar en clave de igualdad es superador de la discusión acotada a políticas de carácter inclusivo, ya que implicaría la búsqueda de estrategias que permitan desactivar los mecanismos sociales que generan justamente los problemas de exclusión, de desafiliación social y en definitiva, los distintos grados de precariedad en las condiciones de reproducción social. Porque en definitiva, no habría políticas de inclusión si

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el modelo económico no fuera excluyente, tanto como no habría un modelo excluyente si su base material no fuera la desigualdad social. La desigualdad expresa y caracteriza una determinada distribución de los bienes materiales y simbólicos. Es decir, que es el resultado derivado de la correlación de fuerzas de la sociedad, en la que intervienen el conjunto de actores sociales. La desigualdad entonces, desde esta apreciación, aparece como resultado de un proceso histórico demarcado por el accionar de los hombres en la práctica de la vida social que logra instalarse en diversos planos, con diversidad de formas y manifestaciones, y se reproduce trascendiendo las voluntades individuales, tomando vida por encima de los deseos y voluntades de los hombres y condicionándolos en su cotidianeidad. En definitiva, la desigualdad es actualmente el rasgo dominante de la matriz distributiva de nuestra época entendida como el conjunto de relaciones sociales sobre los que se asienta el modo de producción y reproducción social y que se define por una determinada disposición de los medios de producción que condiciona un modo de distribución del ingreso, un tipo de intervención del Estado y por último, un tipo determinado de integración en la economía mundial.

En este sentido, la desigualdad se configura como una condición material necesaria de existencia y reproducción del modelo de acumulación, cuestión ésta que convoca a pensar a la desigualdad no sólo desde sus efectos y formas de expresión sino también desde su “funcionalidad”.

En las Jornadas se discutió diversos aspectos específicos en los que se manifiesta la desigualdad que pretendemos subvertir, ellos son:

a) La Desigualdad en el empleo y el modelo productivo:

La matriz de relaciones que caracteriza la presente etapa requiere y produce desigualdad, configurando un modelo productivo que, a su vez, propone una organización desigual de los medios de producción. Concretamente, son pocos los actores que controlan el proceso productivo en Argentina, pocos propietarios que mayoritariamente están trasnacionalizados y asentados dominantemente en sectores relacionados con el aprovechamiento de las ventajas de nuestros recursos naturales con destino al consumo externo, acentuando estrategias basadas en el abaratamiento del costo laboral.

Algunos datos pueden servirnos para ilustrar esta situación:

- La concentración de los medios de producción queda expuesta en el peso de la cúpula empresarial en la economía, tan sólo 200 firmas concentran el 23% de la producción nacional ascendiendo al 70% la porción de facturación correspondiente a empresas extranjeras

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- La distribución desigual de los medios de producción genera que el crecimiento de la masa de recursos sea apropiada dominantemente por los estratos más pudientes: en los últimos nueve años, cerca de la mitad del crecimiento de los ingresos se concentró en el 20% más rico;

- En cuanto al acceso al empleo, la modalidad precaria del uso de la fuerza laboral es la forma de trabajo más extendida que involucra a parte sustancial de la población activa -actualmente el 30% de los asalariados son informales y supera el 50% al incorporar otras modalidades de empleo precarias- reforzando el cuadro de fragmentación al interior de los trabajadores que, a su vez, acentúa la diferenciación en el acceso a los derechos ligados con el carácter formal del empleo.

- Por otra parte, el bajo costo laboral queda expuesto al verificar que prácticamente el 90% de los trabajadores ganan por debajo de los $6.000 siendo que la canasta de consumo medio se ubica en el orden de los $7.000.

El mercado de trabajo, espacio clave de inserción y vinculación entre las personas y el plano de su producción conjunta y social, resulta fundamental para explicar la forma en que se produce y reproduce la desigualdad. En las últimas décadas la forma del trabajo mutó hacia modalidades más precarias como resultado de una metamorfosis del mercado laboral, a partir de la cual éste ha perdido su rol integrador y, una porción mayoritaria de trabajadores vieron limitado su acceso a las protecciones sociales. Se trata de un fenómeno a escala planetaria que es la consecuencia, grosso modo, de la particular gestión que del nuevo paradigma tecnológico realizan los actores centrales de la economía mundial y cuyo único afán es maximizar su rentabilidad. En este contexto, la sociedad se hiperfragmenta y quienes se encuentran mejor posicionados, en términos de capital educativo y social, pueden tener la posibilidad de integrarse al sector dinámico de la economía, mientras el resto padece la informalidad y la exclusión. Tal proceso implicó que se deslinde el bienestar general de la población del devenir económico de sus países.

En este contexto global, la especificidad del caso argentino de las últimas décadas radica en el papel que jugaron las crisis económicas en la construcción de la matriz de desigualdad. En efecto, Argentina no construyó de un día para otro una sociedad desigual. Esta sociedad se construyó al calor de un proceso que combinó sucesivas crisis con diversas intensidades y posteriores procesos de estabilización. En cada crisis se produjo un salto del desempleo, la pobreza y la desigualdad a niveles inéditos respecto a la etapa anterior. Las estabilizaciones tuvieron el efecto balsámico de mejorar los

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indicadores sociales pero únicamente respecto al pico de la crisis, sin retornar nunca a los niveles vigentes previamente: en el camino los sorprendía una nueva crisis. En esta dinámica, se producen procesos de profundización de la pobreza, de debilitamiento de los lazos y de pérdida de la cohesión social. Frente a este escenario surgen políticas de “inclusión” que no modifican los procesos de producción y reproducción de la desigualdad sino que atenúan sus efectos más extremos. Políticas que bajo el ropaje de la igualdad, buscan contener la conflictividad social que produce la desigualdad con el afán de convalidar y perpetuar dicho régimen.

De modo que creemos que la intervención del Estado en materia de protección social cumple un rol decisivo y debe comenzar a transitar un proceso de reforma estructural en todo sentido. El Estado debe romper con la lógica dominante de subordinación y de convalidación con respecto a la desigualdad existente. Sin embargo, reconocemos que este proceso no puede darse sin conflicto, ya que el desafío consiste en nada menos que formular los instrumentos indicados para incidir activamente sobre la matriz distributiva, desmantelando las redes vigentes de desigualdad.

La búsqueda de propuestas y/o posiciones transformadoras implica construir una estrategia colectiva, integradora y consciente de la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de lo público como elemento central para incidir sobre el marco de apropiación de los excedentes sociales. En este sentido, reconocemos como un antecedente fundamental la propuesta de construcción colectiva que hicimos en el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) allá por el 2001 donde propusimos eje concretos para la construcción de una orden social más justo. Obviamente que se requiere revisar dicha propuesta (en función del tiempo transcurrido, el cambio de etapa económica, y las medidas gubernamentales tomadas) pero el objetivo estratégico de la misma continúa siendo válido dado que queda pendiente dotar al sistema de protección social de la capacidad de garantizar el acceso al conjunto de la población a los bienes públicos, a un ingreso, al empleo y a la formación con independencia del lugar que ocupen las personas en ordenamiento social vigente.

Desde nuestro punto de vista, este replanteo requier:

1) La revisión de la cuestión del empleo dentro del esquema de protección social para que este último pueda contemplar la posibilidad de que los trabajadores – con o sin empleo-, puedan insertarse en un continuo proceso de formación-trabajo, sosteniendo sus ingresos, las condiciones materiales de vida y la integración al conjunto de derechos y garantías sociales (idea básica del Seguro de Empleo y Formación)

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2) Por otra parte, la constitución de un efectivo piso de ingresos, de derechos y garantías para todos los hogares debe también garantizar bienestar a los grupos de mayor vulnerabilidad social como son los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, sin exclusiones ni condiciones, ubicando la universalidad como clave de todas las políticas públicas.

Un replanteo de la intervención pública como el presente, a su vez, permitiría dotar de mayor importancia el consumo popular para transformarlo en el principal motor de demanda de un nuevo modelo productivo asentado en una nueva composición de la oferta productiva acorde con un ordenamiento social igualitario. Por lo tanto, una nueva arquitectura de Protección Social como la descripta sólo puede llevarse a cabo de la mano de una profunda reforma productiva y un sistema fiscal progresivo que permita captar rentas extraordinarias para ser volcadas en la construcción de una sociedad más justa. Dicho de otro modo, no hay igualdad sino se cambia el modelo productivo que hoy produce desigualdad.

b) Desigualdad en Educación :

La desigualdad en la educación en nuestro país no es un fenómeno nuevo. Los sectores dominantes históricamente han pensado la estrategia educativa de acuerdo con las necesidades de reproducción del orden social vigente. De todos modos, la historia indica que ha habido situaciones de avance cuando los sectores sociales más postergados pugnan por el poder o por obtener ciertas condiciones de mejora en su situación educativa.

La desigualdad en educación ha ido acompañando nuestra historia, acentuándose en etapas recesivas, durante crisis económicas, o en procesos dictatoriales. En el caso argentino son claros los momentos en los cuales se ha intentado aumentar la desigualdad a través de las políticas específicamente educativas. Algunas de las formas que este proceso revistió fueron:

- La imposición de cupos durante la dictadura o los exámenes de ingreso a las universidades.

- Limitando la expansión de ciertas modalidades de la educación: diversificar la enseñanza media para cerrar las vías de acceso a la educación superior.

- La transferencia de establecimientos del Estado Nacional a las provincias, que se planteó en la época de la revolución libertadora y se llevó adelante en la época del Onganiato y también, por primera vez, durante un gobierno constitucional, el menemismo.

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- La saturación el sistema educativo público: la ampliación de la matrícula dentro del mismo número de establecimientos provoca regresiones en la calidad educativa y las posibilidades de atención llevando a un proceso de privatización por desgaste..

- El privilegio de las instituciones administradas de forma privada por sobre la gestión pública, ya que fueron las únicas instituciones que, por mayor holgura en cuanto el acceso al financiamiento, han podido garantizar el financiamiento de la planta docente al tiempo de mantener las condiciones de infraestructura y equipamiento.

Las desigualdades educativas, no son una respuesta restringida de lo que sucede al interior del sistema educativo, sino que éste dialoga dialécticamente con la situación social más general. Es decir que mientras tradicionalmente se postulaba a la educación como la vía privilegiada para conseguir la igualdad, sin embargo hoy esta visión es complementada por otra que entiende a la igualdad social como condición de posibilidad para la educación. Son las familias, sobre quienes recae gran parte de la responsabilidad para garantizar las condiciones de posibilidad para un exitoso aprendizaje en la escuela, en la medida en que deben poner en juego recursos económicos, tiempo, valores, consumos culturales, etc. Pero no todas las familias se encuentran en igualdad de condiciones para garantizar dichas condiciones. Lo cual produce efectos concretos en los rendimientos educativos. Es decir que si bien como se sostenía en un comienzo la desigualdad no es un rasgo novedoso de la educación actual, lo que se observa por primera vez con fuerza es la incorporación masiva de población dentro del sistema educativo con un importante nivel de fragmentación socioeconómica que lleva por arriba (las políticas) y por abajo (el accionar de los ciudadanos) a la construcción de circuitos diferenciados no sólo entre escuelas de gestión estatal y privada, sino que al interior mismo de cada uno de los subsistemas, produciendo procesos de segregación educativa que responden a dinámicas sociales más amplias.

Los procesos de desigualdad citados no han sido revertidos en la etapa kirchnerista. La presente gestión mantuvo un modelo educativo basado en el fortalecimiento segregado y sectorial: seleccionó los actores con los que quiso consensuar el modelo educativo, pactó con organizaciones sindicales docentes, pactó con empresarios respecto de la educación técnica y negoció con los gobiernos provinciales los aportes para las compensaciones para llegar al básico docente.

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En este marco, la política educativa operó sobre determinados ejes estratégicos que no lograron cumplir ni las metas establecidas ni generar mejoras concretas en el sistema educativo en general, a saber:

- el cumplimiento de los 180 días del período lectivo que en la práctica no puede cumplirse por falta de condiciones (salariales, de infraestructura, dificultades de origen social que limitan el pleno acceso, entre otras).

- Se han estimulado los programas financiados por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que junto con la contrapartida local funcionan sólo como atenuantes ante el contexto de deterioro de condiciones educativas.

- La ley de financiamiento vigente que implica el compromiso de asignar en materia educativa (incluyendo ciencia y tecnología) el 6% del PBI no es suficiente para cumplir ciertas metas originalmente propuestas: ampliar el alcance del sistema educativo, eliminar el analfabetismo, etc.

La educación en nuestro país continúa siendo relegada en diversos aspectos cuestión que llevó a convertirla en el reflejo educativo de las inequidades sociales. En este sentido, la desigualdad y la diferenciación tienen plena vigencia en la educación y se expresa de diversos modos:

1) la diferencia de currículas en relación a diferentes realidades socioeconómicas provinciales junto con las desigualdades entre las esferas público-privadas.

2) Al interior del sistema público existen “formas de privatización” a través del papel que juegan las asociaciones cooperadoras que vincula las condiciones de las escuelas a la posición socioeconómica de los padres.

3) Otra forma de ampliación de las desigualdades tiene que ver con la tercerización de servicios (comedores, transportes, mantenimiento). Más recientemente surgieron otras formas de desigualdad: la participación de ONG's a colaborar con el estado como consecuencia de la incorporación de organizaciones sociales que proporcionaron formas de educación popular que, a pesar de los efectos sociales positivos que los mismos conllevan, ante el presente contexto de abandono generalizado generaron “ghettos” absolutamente diferenciados en cuanto a calidad de educación.

Continúa vigente la imperiosa necesidad de discutir política educacional, esto es qué educación queremos, para quiénes, cómo, cuánta y en qué condiciones. Es preciso democratizar las vías de participación y debate para

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construcción conjunta de una política educativa igualitaria, sin privilegios ni exclusiones, ampliando el horizonte de información y de debate.

c) Desigualdad en Salud

La salud de la población resulta determinante para que los ciudadanos puedan desempeñarse en el resto de los ámbitos de la vida en sociedad, generando un círculo perverso por el cual aquellos que no acceden a los bienes materiales y simbólicos sufren más enfermedades que, a su vez, afectan sus capacidades para acceder a dichos bienes. Por ello, la desigualdad en salud no es sólo una cuestión de diferenciación en el acceso a la atención médica, están involucrados en este criterio un conjunto de factores estructurales como la distribución de los ingresos, de los alimentos, del trabajo, de la educación, de la vivienda, de los servicios básicos, entre otros, que tienen incidencia directa en la configuración actual signada por una profunda desigualdad en la salud de nuestra población.

El sistema sanitario se encuentra altamente fragmentado y segmentado, generando que el acceso a la prevención, la promoción y la atención de la salud dependa de la capacidad de pago y la residencia geográfica de la población. La inequidad territorial se expresa en la postergación en materia de cobertura de la seguridad social de las provincias que integran el NOA y el NEA argentino, con tasas de cobertura que excluyen entre 40% y el 60% de la población siendo a nivel nacional del 36% en promedio y del 17,6% para la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, castiga con mayor crudeza a la población infanto-juvenil dejando sin cobertura al 45% de los mismos. De esta manera, la descentralización de los ´90 sólo maquillaba la idea de federalismo en un país económicamente unitario y concentrado con el fin de que se le traslade a las provincias la responsabilidad de aquel gasto social. De esta manera se refuerza el aspecto a partir de las disparidades provinciales con respecto a los recursos públicos por habitante que en la práctica establece que haya tantas ciudadanías como provincias sin contar allí las diferencias dentro de cada provincia.

En este contexto, la participación del Estado Nacional resulta mínima e insuficiente mientras cobra relevancia el rol ejercido por sectores del poder económico altamente concentrados, como los laboratorios y la medicina prepaga. A pesar de la existencia de un Ministerio de Salud a nivel Nacional, la incidencia del mismo en el gasto de salud es ínfima, del total del gasto sólo $0,3 de cada $10 los realiza la Nación. Esta baja proporción revela que su participación en el diseño y planificación la política nacional de salud está absolutamente “auto-censurada” y relegada a un rol de contención, en algunos casos netamente financiero. Es en este sentido, que la posición actual del

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Estado en materia sanitaria es compatible con los postulados básicos derivados de la segunda generación de reformas del Banco Mundial que parten de considerar al Estado como un financiador de la salud, transfiriendo toda la prestación de la esfera pública a la modalidad de seguros públicos para garantizar “pisos” mínimos de cobertura a los excluidos del resto de los subsistemas. De esta manera, en Argentina se ha superado el 10% del PBI destinado a salud, sin embargo la mayor parte –el 53%- se destina al sector privado dando cuenta de la magnitud del negocio para el empresariado del sector y de la ineficiencia del mismo.

El rol acotado del Ministerio de Salud, la falta de planificación y de inversión en esta área coadyuvan al colapso, al desabastecimiento y al deterioro progresivo de la infraestructura del Sistema Sanitario Público. Al tiempo que el sector privado de la salud cuenta con gran capacidad ociosa, el sector público de salud tiene hoy prácticamente la misma cantidad de camas que en la época de Perón, lo que actualmente significa una disposición de apenas 3,8 camas cada mil habitantes. La cantidad de establecimientos asistenciales de salud del sector público denota aún más el deterioro sanitario: existen en total 7.727 centros que deben atender a una población cercana a los 40 millones, relación que implica, en promedio, que cada uno de ellos deba atender a más de 5.100 habitantes. Si consideramos la población que indefectiblemente debe acudir al sistema público por no contar con cobertura de salud por fuera del mismo, cada centro debe dar atención médica a nada menos que 1.800 personas. En definitiva, lo injusto de la fragmentación es que permite un país que tiene excluidos absolutos del acceso a los servicios de salud con sobreoferta de factores (recursos humanos, capacidad instalada, tecnología).

En este marco que conjuga abandono de la cuestión pública, hiperfragmentación de las vías de acceso y el predominio del negocio privado, los períodos de crecimiento económico, como el de los últimos años, resultan insuficientes para revertir la gravedad de la situación en materia sanitaria:

La mortalidad infantil ronda el 11,9 por mil. Es decir que anualmente mueren 8.960 niños y niñas menores a un año de edad. Sin embargo, la tasa no refleja las disparidades regionales: provincias como Formosa (17,8), Corrientes (16,8) y Catamarca (15,4) superan ampliamente la tasa a nivel nacional. Por otra parte, el 63,5% de las muertes de niños y niñas menores a un año se produce por causas evitables.

La tasa de mortalidad materna es del 5,5 por 10 mil nacidos vivos para el total del país. Nuevamente en este ámbito aparecen disparidades regionales: mientras las provincias del NEA y NOA presentan tasas superiores al 9 (llegando en el caso de Catamarca al 16), provincias como

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Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires registran tasas inferiores al 3. Asimismo, esta tasa se mantiene prácticamente estancada en los últimos años.

De esta manera, no será sin la configuración de un sistema sanitario público que garantice prestaciones acordes a las necesidades, a la situación social y epidemiológica del conjunto de la población como podrá garantizarse la reproducción social en igualdad de condiciones. Por otra parte, es indispensable que se generen instancias que permitan la participación activa de los usuarios de modo tal que se constituyan en sujetos protagónicos de acuerdo a sus propias necesidades y las de su comunidad, contribuyendo consciente y constructivamente en el proceso de desarrollo. Estas medidas deberán estar insertas en una estrategia integral dirigida a revertir los factores estructurales que determinan el profundo deterioro en la salud de los habitantes. Se trata, no sólo de desenganchar a la salud de la lógica del capitalismo sino que es preciso sacar al capitalismo de la salud.

d) Desigualdad en vivienda

Hoy en día, la mayoría de la población se concentra en las ciudades, mientras que los pobres (que generalmente habitan en las zonas más deprimidas) son los que tienen las peores condiciones de vivienda y de servicios. Al mismo tiempo, se ha naturalizado la idea de que hay cada vez más casas sin gente y cada vez más gente sin casas. Asimismo, se ha naturalizado, que la gente debe vivir en un lugar acorde a su poder adquisitivo. Es decir que, en el imaginario colectivo, el suelo y la vivienda se constituyen mercancías y no como derechos.

Actualmente 2.037.151 viviendas se encuentran deshabitadas, mientras que 3.391.753 de personas no cuentan con seguridad de su tenencia y 3.351.358 de hogares presentan mala calidad en los materiales constitutivos de la vivienda que habitan.

Siguiendo esta lógica, se profundizan las políticas en las que un Estado subsidiario consolida la mercantilización de la vivienda. Las políticas de “regularización boba” buscan que las autoconstrucciones de los sectores populares se regularicen con una escritura sin vincular este proceso con el de todos los servicios urbanos que le corresponden. De hecho sólo el 50% (6.198.373) de las viviendas cuentan con servicios de cloaca y agua corriente por cañería en condiciones óptimas.

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La política habitacional del gobierno actual (que encuentra sus orígenes entre los años ´75 y ´76) está en un contexto latinoamericano que, más allá de las especificidades que reviste cada esfera nacional, no difiere mucho en lo general. Los distintos Programas de Vivienda que se aplicaron muestran una clara subordinación a los esquemas financieros, al mismo tiempo que extienden la trama urbana sin resolver el problema de la desigualdad personal, regional y del acceso y subsidian a empresas.

En este sentido, el 99% del gasto presupuestario en vivienda se destina a transferencia de capital a gobiernos provinciales, municipales, otros entes públicos y a instituciones sin fines de lucro. Es decir la política del Estado Nacional de vivienda y urbanismo se encuentra fuertemente descentralizada y terciarizada, limitándose la Nación a la transferencia de recursos.

En la actualidad, no hay política de vivienda porque tampoco hay política de suelos a pesar de que existe la posibilidad para recuperar la capacidad normativa en materia de suelos: mayor captura de renta, bancos de suelos e identificación de suelos para proyectos sociales. Para ello, los recursos públicos deben destinarse a recuperar la capacidad estatal de producción de hábitat y fomentar su capacidad de autogestión.

Es importante aquí también la democratización de las decisiones, y para ello resulta interesante discutir las formas de tenencia y la cuestión de los alquileres, considerando que la propiedad no es la única forma de acceder a la vivienda. Una alternativa posible para abordar este tema son los Bancos de alquileres sociales para comenzar a disociar la propiedad de la seguridad de la tenencia.

e) Desigualdad en género

Las mujeres sufren doble explotación: la de clase y la de género. El trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres en sus casas es imprescindible para la reproducción familiar (y social) no es remunerado ni socialmente valorado pero es el que ha permitido el trabajo y los aportes de los otros miembros de la familia, plusvalía que en este caso es compartida por el empleador, el estado y el marido. Los feminicidios y la violencia de género, con episodios cada vez más crueles, también son fruto de una cultura y de una sociedad patriarcal. Las mujeres sufren los mayores casos de acoso laboral y acoso sexual en los lugares de trabajo.

Las leyes de educación sexual, de derechos reproductivos, no se aplican bien o directamente se incumplen y son fundamentales, tanto para la formación de los alumnos, como para la igualación de los individuos de esta sociedad.

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Las leyes y su forma de interpretación y aplicación responden a un momento histórico, social y político determinado, la pasividad e incomprensión de los jueces ante los delitos de género y los límites en las garantías de las leyes que hacen a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, fundamentalmente, son algunas de las expresiones de las desigualdades en materia de género vigentes en la actualidad. Una sociedad patriarcal no puede ser una sociedad igualitaria.

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TERCER EJE: SOBERANIA, BIENES NATURALES Y MODELO PRODUCTIVO

Compañeros Disparadores de la Discusión:

Fernando Porta: Profesor titular de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes, Investigador del Centro REDES (Centro de Estudios sobre Ciencias, Desarrollo y Educación Superior)Maristella Svampa: Doctora en Ciencias Sociales en l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París. Investigadora del CONICET y Docente de la Universidad Nacional de La PlataLuis Durán : Ingeniero en Petróleo, Magister en Economía y Política Energética AmbientalDiego Fernández: Economista especializado en Agro, Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios UBAAndrés Carrasco: Médico, profesor de Embriología, Investigador de CONICET Antonio Lizuain: Doctorado en Ciencias Geológicas, investigador de ATE CTA especialista en recursos naturales y modelo productivo

TESIS PROVISORIAS

Introducción

Una mirada general sobre la situación vigente a escala mundial permite afirmar que estamos inmersos en una crisis profunda y global de civilización, que pone de manifiesto el agotamiento de las tendencias de producción y reproducción del capital que se impusieron a partir de la segunda mitad de la década de los años 70. La evolución que tendrá esta crisis es incierta, y no hay claridad acerca de cuándo habrá alguna salida, cuáles serán sus condiciones, y cómo serán sus modalidades. Esta situación, por otra parte, permite que grandes sectores de la sociedad, a lo largo y ancho del planeta, cuestionen las certidumbres que parecían inmutables, y plantea la posibilidad de construir nuevos conocimientos, alternativas y consensos.

La Argentina en el contexto de la crisis

En ese contexto, la economía argentina está condicionada por dos procesos que a corto plazo no es previsible que cambien: a) las tendencias de demanda creciente y precios altos pero a la vez volátiles de las materias primas agrícolas, y b) la continuidad de la reestructuración productiva que afecta a la industria y a los servicios, caracterizada por la deslocalización de las actividades buscando menores costos salariales. En ese último proceso, Argentina no tiene posibilidades de atraer capitales, puesto que los salarios son altos en relación con otros países en los que las trasnacionales se han

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instalado. Tampoco puede capturar inversiones que busquen explotar el mercado interno, dadas sus reducidas dimensiones. Por lo tanto, no cabe esperar que la inversión extranjera directa impulse un esquema de desarrollo industrial en nuestro país al estilo de los países del sudeste asiático, China o India. Los capitales trasnacionales que operan en el país se orientan hacia una especialización productiva muy fuerte en commodities agrícolas, mineras o energéticas, o en las etapas primeras de su transformación, sectores caracterizados por alta captación de rentas, débiles encadenamientos internos y desarticulación regional. Estos capitales son agentes de la primarización productiva y la vulnerabilidad externa. Se ha configurado una cúpula empresaria en la cual la propiedad del capital está fuertemente trasnacionalizada, con el agravante de que las filiales locales son relativamente marginales dentro de la corporación a la que pertenecen, lo que conduce a prácticas de acumulación rentística y a negocios orientados a abastecer los mercados internacionales de commodities, o bien a satisfacer las necesidades y modalidades de consumo de los sectores internos de altos recursos. La inversión privada está fuertemente condicionada por esas características.

Los sectores de la población de bajos ingresos no forman parte de la ecuación económica de las principales empresas, salvo como costos en el caso de sus propios trabajadores. Por ende, el nivel de empleo y la formación de los trabajadores no son variables a considerar en su ecuación de costo-beneficio. En consecuencia, la desocupación es relativamente alta, núcleos duros de población quedan fuera del mercado de trabajo, abundan las prácticas de alta rotación, informalización y precarización del vínculo laboral, con profundas brechas salariales entre sectores y regiones, e incluso dentro de cada sector.

Dado el comportamiento de las principales empresas, muchas Pymes quedan encapsuladas en estrategias de supervivencia, la tasa de inversión de la economía, aún cuando presente niveles elevados en relación con épocas anteriores, sigue siendo insuficiente para sostener tasas de crecimiento importantes, el sistema financiero es ineficiente y se desperdician muchos recursos que podrían aplicarse al proceso productivo.

Los pueblos originarios aún esperan por un espacio en el que se replantee la relación entre el hombre y la naturaleza. Hay 32 pueblos preexistentes pero esto no se ve reflejado en la realidad. Con este gobierno se ha retrocedido al punto que con el nuevo código civil quieren reducir la lucha por el reconocimiento de los pueblos preexistentes a una condición de “consorcio de propietarios”. Nuestros hermanos se mueren sin asistencia en salud. Algunos han sido seducidos por la soja o cooptados por las trasnacionales, y hoy está en riesgo la vida, la cultura y la identidad de nuestros pueblos.

Este modelo, que se lleva por delante el concepto de soberanía nacional, paradójicamente, se ha instalado y ha avanzado con la anuencia de los gobiernos de la región, incluso de aquellos que levantan banderas nacionalistas y populares, debilitando así el sistema democrático, con el

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agravante que afectan muy particularmente a los sectores sociales que son la fuente de su legitimidad.

La cuestión agropecuaria

La problemática agropecuaria es, en sí misma, una referencia ineludible de un modelo que genera crecimiento pero no desarrollo (en los términos en que lo entendemos: con justicia, igualdad, soberanía y protección del ambiente y bienes comunes) y se manifiesta en un intervalo cerrado delimitado en un extremo por el productivismo sojero, y en el otro, por la ruralidad de la agricultura familiar. Entre ellos, aparecen subsectores importantes, como la ganadería, la vitivinicultura, el algodón y muchas otras economías regionales, con diferentes grados de concentración, impacto regional, integración empresaria, etc.

La función histórica del agro argentino ha sido proveer divisas a una economía que las necesita. En 2011 se importaron productos por 70 mil millones de dólares, lo que demuestra la gran dependencia del aparato productivo de bienes que no produce. Si le sumamos los intereses y el capital de la deuda en dólares, podemos apreciar las necesidades de divisas que tiene esta economía, que además padece el continuo drenaje de la fuga de capitales.

En los últimos años hubo una gigantesca expansión agraria, principalmente a expensas de la ganadería, explicada por la soja que es el cultivo que genera un mejor impacto en términos de la balanza de pagos a partir de las divisas que ingresan al sistema. El Estado se ató aún más a este proceso mediante los derechos de exportación. No para frenar esta expansión sino para obtener recursos. Puede demostrarse que siempre que aumentaron las retenciones, la rentabilidad de la soja aumentó más.

El gobierno plasmó en el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) su visión de largo plazo sobre esta cuestión: el documento “Argentina líder agroalimentario”, que se puede bajar de la página del Ministerio de Agricultura, propone continuar y consolidar más aún la tendencia. Basta un dato: las exportaciones de soja sobre el total de productos agrícolas, representan en la actualidad el 71%. Para dentro de 20 años el PEA prevé que sea el 69%, en el marco de un fuerte incremento de la producción primaria en su conjunto, para duplicar los ingresos de dólares de la producción primaria, “respetando la biodiversidad”. Para ello, se propone incrementar rendimientos e incrementar la superficie sembrada en todos los cultivos, incluyendo la soja (4 millones de hectáreas adicionales).

Pero la única posibilidad de aumentar superficie es hacia las zonas de invernada, de cría, y la “pampeanización” de provincias no pampeanas (Salta, Chaco, Corrientes). Es un proceso que ya se está dando, pero con serios problemas ambientales y sociales. La siembra directa destruye menos el suelo pero usa más tóxicos. Y además convierte la superficie alcanzada en un monocultivo. Por otra parte, la siembra de cultivos de tipo pampeano en

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provincias áridas implican una drástica modificación del uso del agua en esos territorios, y en esas condiciones es imposible “respetar la biodiversidad”.

Este proceso genera una paulatina concentración de la oferta en manos de pocos productores. En un estudio del 2008 ya se demostraba que el 54% de la soja era producido por el 6% de los productores. Cuanto más se expande el cultivo, más se concentra la producción. Las condiciones de trabajo en este cultivo son lamentables. Largas jornadas, bajos salarios, baja protección social.

Cuando la soja se expande a zonas de cría o de invernada, los costos de la transición son tan fuertes que los viejos productores prácticamente dejan de producir. Entonces se combina el cambio de propiedad de la tierra con el avasallamiento de poblaciones enteras que tradicionalmente se manejaron con esquemas de propiedad precarios, entre las que se cuentan numerosas comunidades de pueblos originarios.

La cuestión minera

El crecimiento exponencial de la minería, que comenzó a darse a partir de la segunda mitad de la década del 90, responde más a una imposición foránea y a un esquema jurídico-normativo favorable a los intereses de grandes conglomerados transnacionales legislado en los primeros años de la mencionada década que a las riquezas que encierra el subsuelo. El código de minería vigente permite la extracción indiscriminada y descontrolada de minerales.Amparadas en esa legislación, numerosas empresas transnacionales trasladaron sus procesos contaminantes, energético intensivos a nuestros territorios disfrazados de inversión y mano de obra, para explotar la minería metalífera a gran escala, con la consecuencia de la destrucción de los ecosistemas y el dispendioso consumo de millones de litros de agua por día. América Latina es territorio propicio para este tipo de explotación, ya que tiene menos del 10% de la población mundial, pero entre el 30 y el 40% de las reservas mundiales de agua. Se trata de un método contaminante, de alta rentabilidad, que provoca el agotamiento de los recursos no renovables e incluso, por la duración de los ciclos de producción de recursos renovables como el agua, y por la contaminación de los suelos, hace que aún los bienes renovables se conviertan en recursos no renovables.

El valor de las reservas actuales de oro, plata y cobre en sólo 7 proyectos argentinos asciende a 332 mil millones de dólares. El total puede duplicar esa cifra. Eso es lo que se está saqueando hoy en nuestro país, ya que sólo quedan las regalías por un ínfimo porcentaje (menos del 3% promedio). Y eso sin tener en cuenta los perjuicios al ambiente. Un caso paradigmático es el del litio. Todos los celulares usan litio para las baterías. Y a futuro se van a utilizar baterías de litio en los autos. La “Arabia Saudita del litio” está en el NOA argentino, Bolivia y Chile. La legislación actual no obliga a las empresas extractoras de litio a vender en el país lo que extraen. Y eso sin hablar de la contaminación.

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La minería goza de un régimen fiscal único que asegura a las empresas una rentabilidad desmesurada, en detrimento de otras actividades y del propio erario estatal. Ello implica una gigantesca transferencia de rentas del país a las multinacionales de la minería, con lo que financian procesos de producción industrial y de investigación tecnológica en los países centrales.

La cuestión energética

La matriz energética argentina depende en un 90% de hidrocarburos. De ese 90%, más del 50% es gas y el resto es petróleo. El funcionamiento del parque eléctrico está sustentado en el gas, que el combustible que usan las centrales térmicas, aunque en los últimos años, y a consecuencia de la escasez estructural del fluido, se está usando gas oil y fuel oil, con el consiguiente aumento en los costos operativos de las centrales.

Las políticas energéticas de los años 90, cuyo marco institucional y regulatorio permaneció inmutable bajo todos los gobiernos posteriores, incluido el actual, provocaron la disminución de las reservas, el agotamiento de los yacimientos con la consiguiente caída de la producción, y produjeron un importante daño ambiental. Argentina, que supo autoabastecerse, hoy importa gas y petróleo. Si bien la recuperación del control de YPF era un paso necesario para recuperar la posibilidad de regulación del sector, es insuficiente. Luego de las regulaciones aprobadas con posterioridad a esa decisión, tanto las empresas extranjeras como YPF pueden seguir explotando el recurso hidrocarburífero como un bien privado más, en lugar de definirse como un bien público estratégico para el desarrollo nacional (lo que obligaría a revisar la lógica empresarial que sobre el mismo se despliega).

En este punto, aparece el nuevo paradigma de los recursos “no convencionales”, como es el caso del shale gas capturado en rocas madres generadoras en condiciones de muy baja permeabilidad y porosidad, lo cual hace muy gravoso el proceso extractivo desde el punto de vista socio-ambiental. Eso se esgrime hoy como la solución que nos hará recuperar el autoabastecimiento perdido. Según los recursos estimados de “shale gas”, Argentina estaría en el tercer lugar a nivel mundial, luego de China y de los EEUU. De convertirse esos recursos en reservas- para lo cual es necesario un proceso de certificación y un mercado con precios atractivos para el desarrollo de estos recursos- equivaldrían a 470 años de producción, a los niveles de 2011, con un costo en principio inferior a lo que se paga hoy por el gas y el petróleo importados, es decir que se produciría un ahorro significativo de divisas. Sin embargo, este es un escenario potencial y no hay certezas sobre los impactos que un desarrollo a escala de estos procesos podrían generar. Además, con el grado de dominio que tienen las multinacionales sobre nuestra producción (YPF produce sólo el 30% del total), y sobre las tecnologías para explotaciones no convencionales, ni el estado ni el capital privado nacional tienen las herramientas necesarias para manejar la cadena de valor de la producción de energía.

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Si los niveles estimados de reservas no se comprueban, las compañías multinacionales de todos modos estarán interesadas en explotarlas, pero la ecuación no será igual para la sociedad argentina. Todavía las técnicas son complicadas, muy sucias, y la explotación se va a hacer según lo que quieran las grandes multinacionales. Pero por sobre todas las cosas, debe tenerse en cuenta que este proceso, llamado “fracking”, requiere entre 70 y 300 veces más agua que los procesos convencionales, utiliza toneladas de químicos muy tóxicos, incrementa las emanaciones de gases de efecto invernadero y los riesgos de contaminación de aguas subterráneas con sustancias químicas cancerígenas, alergénicas y mutagénicas, y requiere un uso agresivo de los suelos para el logro de iguales o mejores niveles extractivos que los que se obtienen con los recursos convencionales.

El debate de ideas: ¿desarrollismo o extractivismo?

En el plano de las ideas, hemos pasado del “Consenso de Washington”, caracterizado por la valorización financiera, al “Consenso de las Commodities”, expresado en la valorización de las materias primas. El crecimiento económico generado por estas tendencias, y la dinamización del mercado interno, incluyendo una mejora del nivel de vida de sectores de bajos ingresos, han servido a muchos gobiernos de la región, incluido el nuestro, para articular un discurso productivista, de crecimiento como fin en si mismo, y fuertemente científico-eficientista, según el cual los males de la tecnología se pueden resolver con más tecnología. La idea de “desarrollo” retorna como gran relato integrador, lo cual es una novedad respecto de los años 80 y 90, e incorpora un rol activo del estado, que intenta compensar las desigualdades que el propio modelo genera, bajo el concepto de “inclusión social”.

En nuestra visión, en Argentina y en todo el continente se está consolidando un modelo extractivista, cuyos elementos fundamentales son: gran escala de emprendimientos, utilización masiva de agua, energía y territorio, efectos sobre el ambiente y la población a gran escala, reprimarización, tendencia a monocultivos o monoproducción.

En el debate latinoamericano actual hay, por lo menos, 3 posiciones frente a esto:

La posición “neodesarrollista liberal” intenta explicar esta realidad con conceptos tales como “productividad”, “responsabilidad social empresarial”, “desarrollo sustentable”, “gobernanza”, “sociedad del conocimiento”. Este nuevo discurso neoliberal le asigna al estado un rol: el de permitir y asegurar la actividad de las trasnacionales. La idea de progreso y de consumo permite sacrificar territorios y cuerpos en este modelo. Se trataría de efectos no deseados hasta que la ciencia los elimine.

La posición “neodesarrollista progresista” también es productivista y cientificista, y considera a la naturaleza como un recurso, un medio de producción. Pero se diferencia de la posición anterior en que rescata la

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noción de un estado orientador. Pero esta posición también ha planteado relaciones diferentes entre modelo productivo y democracia y ha dado origen a categorías de tinte emancipatorio en Ecuador y Bolivia, como “estado plurinacional”, “derecho a la naturaleza”, “buen vivir”. Pero se tensiona cuando, en estos territorios, los gobiernos tienen conflictos con los movimientos sociales que cuestionan el modelo extractivista.

La posición “posdesarrollista” se basa en una búsqueda de alternativas, y no es solamente una posición crítica que se limita a denunciar. Es la búsqueda de vías de salida del escenario actual a otro posextractivista. A esta posición adscriben corrientes como “ecología política”, “ecología social”, “pensamiento descolonizador”, y en buena medida todas ellas proponen construir el saber desde abajo, en contacto con los movimientos sociales. El concepto de “bienes comunes” se presenta como superador de la idea de que la naturaleza es un recurso de capital, e incluso que la naturaleza es un recurso estratégico. Propone la discusión de escenarios de transición y de salida del extractivismo predatorio hacia un modelo que implique actividades extractivas mínimas e indispensables con un horizonte que contemple otras miradas.

Debatir y construir colectivamente el futuro

El desarrollo capitalista de los últimos 300 años ha llegado a un punto de no retorno: hace insustentable el futuro y las posibilidades de supervivencia. Los patrones de producción y consumo vigentes generan y se sostienen en la concentración de la riqueza y la desigualdad social. El modelo imperante se apoya fuertemente en la apropiación privada de los bienes naturales y el conocimiento (patentes, propiedad intelectual), en la connivencia de los organismos gubernamentales y la ausencia de control o regulación estatal.

Nuestro país - y América del Sur toda - es rico en recursos naturales y energía y se configuró mundialmente como el territorio experimental del agronegocio (con utilización de semillas transgénicas, agroquímicos y una organización productiva que prescinde del campesino), de la explotación minera a cielo abierto y otras actividades extractivas y de saqueo comandadas por las firmas trasnacionales.

Una sociedad desigual tiene una expresión de esa desigualdad en su patrón de consumo. El capital no está sostenido en el consumo de los pobres o los trabajadores, sino en el consumo de los sectores de altos ingresos. Ese patrón de consumo determina un patrón de producción. Y el patrón de producción determina el patrón de inversión. Esto se reproduce en lo cultural. Las formas de la educación, de la ciencia y de la tecnología asociadas a ese modo de consumo y de producción, lejos de la neutralidad, se han direccionado desde la producción para exacerbar las ganancias de los grupos económicos. Esa es la orientación del sistema científico-tecnológico.

Si un cambio revolucionario de este estado de cosas no está dentro del horizonte de lo posible, entonces debemos imaginar el proceso de

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transición que habrá que impulsar: si el objetivo es reorganizar de otro modo el sistema capitalista, la transición tendrá ciertas características, pero si el objetivo son otras relaciones sociales, la transición será muy diferente.

Desde la Unidad Popular, aspiramos a discutir junto con todas las organizaciones del campo popular un modo de organización social cuyo centro sea la reproducción de la vida. Un cambio de paradigma que apunte a una sustentabilidad alternativa, no solo ecológica, sino social, económica y política, es necesario. Los países de América Latina tenemos enormes limitaciones para construir un paradigma alternativo, y para configurar la transición. ¿Acaso las empresas van a resignarse a un modelo diferente? ¿Reemplazar las empresas por el Estado, nos conducirá a cambios sustantivos? ¿Este Estado no es tan depredador y explotador de los trabajadores como las empresas? Por lo tanto hay una batalla política y cultural para poder pensar en otras relaciones sociales que debe dar una fuerza como la nuestra. Pero así como tenemos dificultades también tenemos grandes oportunidades, porque es justamente en nuestro continente donde están surgiendo estos debates y luchas.

Este debate no consiste en la autodefinición: en Venezuela se proclama el Socialismo del Siglo XXI, el modelo boliviano y el ecuatoriano también se presentan como alternativos al capitalismo, y sin embargo, esas experiencias impulsan versiones del extractivismo que les han provocado conflictos con los sectores sociales que les dan sustento. Este debate invita a pensar para quiénes producir, cómo producir, qué entendemos por desarrollo, cuál es la relación individuo-sociedad-naturaleza. Implica también poner en juego qué entendemos por democracia.

En este camino, nosotros tenemos más preguntas que respuestas. Estamos convencidos que debe ser el pueblo el que dé las respuestas, y que nuestra tarea en este proceso es que surjan los ámbitos democráticos de encuentro y de organización para construir un pensamiento y un proyecto de futuro.

Pero también tenemos algunas certezas:

Cuestionar el modelo productivo es mucho más que un debate técnico en el que se confrontan teorías. Es un debate ligado indisolublemente al tipo de sociedad en el que se aspira a vivir, a la valoración que esa sociedad tiene por los bienes naturales, a la lucha por la igualdad, por la democracia y por la integración latinoamericana. Afirmamos la necesidad de revalorizar conocimientos, prácticas, usos y costumbres de nuestras comunidades latinoamericanas invisibilizadas por la monocultura del saber cientificista y advertimos las limitaciones de las concepciones civilizatorias del progreso indefinido, propias de la visión unilineal imperante en Occidente. Así, creemos que debatir el modelo productivo implica también poner sobre el tapete la generación de conocimiento en el modelo cientificista actual y la producción científico-tecnológica tributaria del mismo. Esto significa construir modos de producción y consumo soberanos, con su correspondiente matriz científico-tecnológica, y definir el uso de los bienes naturales por fuera de la lógica de mercado.

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La defensa del territorio como espacio de vida, y de los bienes naturales, resulta esencial para garantizar la soberanía, no sólo entendida como capacidad de decisión nacional en relación con los intereses externos, sino también, y principalmente, como capacidad de las comunidades, grupos sociales o familias, para decidir sobre su modo de vida, su subsistencia y su futuro, sobre el ambiente en el que viven y sobre la reproducción de sus hábitos de acuerdo con sus tradiciones ancestrales.

Aspiramos a cambiar el modelo extractivista, pero necesitamos capturar las rentas extraordinarias que ese modelo genera para financiar el cambio. Esto sólo será posible en un escenario de transición hacia un modelo que implique actividades extractivas mínimas e indispensables con un horizonte que contemple otras miradas. El destino de las rentas capturadas tiene que sentar las bases de una transformación del modelo de producción, el que sin lugar a dudas tiene que ver con otro modelo de relaciones sociales. La apropiación de las grandes rentas de los recursos naturales o concentradas por sectores dominantes también tiene que ver con el combate a las desigualdades y la promoción del autogobierno de la sociedad, para que pueda decidir bajo qué condiciones se podrá reproducir la vida.

En el complejo minero, se impone volver a definir a las riquezas del subsuelo como bienes imprescriptibles e inalienables del Estado nacional.

En el campo de la energía, se impone pensar a largo plazo en una modificación sustancial de la matriz energética. Eso no se va a lograr optando por una solución “mágica” que implica la destrucción lisa y llana de tres o cuatro cuencas o provincias, y para obtener, en el mejor de los casos, una bonanza transitoria que luego de otros 20 años nos va a volver a situar en el lugar de vulnerabilidad en el que estamos hoy. Hoy hay experiencias de trabajo y estudio en todo el país, que plantean el desarrollo gradual de fuentes complementarias de obtención de energía basadas en recursos renovables y que no generan perjuicios al ambiente como en los casos de los nocivos procesos extracivos de los recursos no convencionales. También se impone una discusión seria que incorpore todos los elementos, positivos y negativos de la energía nuclear. En la transición hacia esa nueva matriz energética, uno de los criterios a considerar, aparte de la soberanía, de la que ya se ha hablado, es la solidaridad intergeneracional. Debemos poner los recursos naturales, es decir los bienes comunes, pero en particular la energía, en una perspectiva de desarrollo que tenga en cuenta la vida de los recursos y de las poblaciones. No tiene sentido explotar recursos que esta generación no va a utilizar, ni tampoco exportarlos, sólo para beneficio de las empresas. Las divisas necesarias para financiar el cambio de modelo se deben definir respondiendo, con criterio restrictivo, a esta pregunta: ¿Cuánto podemos quitarle a las futuras generaciones, sin amenazar su bienestar, para obtener divisas hoy?

Por su parte, transformar la función del campo argentino, como proveedor de divisas para un sector industrial y de servicios dependiente de insumos y de tecnología foráneos, implica pensar no solamente en la agricultura, ya que el sector agropecuario no existe separado del resto de la economía argentina.

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Para que el rol del agro en la economía cambie, el rol de los otros sectores también deberá cambiar. Teniendo eso en cuenta, para detener la progresión de este proceso de sojización y de desplazamiento de la ganadería y de otros cultivos pampeanos a otras zonas, se requiere la creación de instituciones, al estilo del IAPI, que intervengan directamente en el mercado y que permitan hacer políticas diferenciadas para distintos tipos de productores, y fomentar determinados cultivos en determinadas áreas geográficas, en detrimento de otros cultivos y otras áreas, privilegiando el asentamiento de las poblaciones en sus propios territorios, y la agregación de valor en origen. Ello, acompañado de una adecuada segmentación tributaria que trate de modo diferente a los diferentes y que haga soportar la presión fiscal sobre los sectores más concentrados, desalentando al tiempo sus esquemas de negocios y bregando por una nueva legislación sobre el empleo rural. En esta transformación del campo debe adoptarse como principio rector el concepto de soberanía alimentaria, entendido como la capacidad de las comunidades para decidir qué producir, qué comer, con qué tecnologías, con qué encadenamientos de valor verticales y horizontales y el grado de complementariedad regional de las producciones locales. Se debe avanzar hacia la visualización de las economías regionales, ya que ellas se localizan en territorios disputados por la minería a cielo abierto, los acuíferos de los que dependen pueden ser altamente contaminados por las actividades extractivas en los yacimientos de shale gas, y las plagas que elimina el glifosato se trasladan a sus cultivos imponiéndoles la ruina o la adopción de las mismas tecnologías sin que puedan decidir.

En industria y servicios, se debe avanzar hacia una diversificación e integración productiva y regional en todos los sectores, procurando un movimiento hacia arriba en todos los estadios de las cadenas de valor, que permita una homogeneización de sectores industriales y de tipos de empresas. La inversión pública debe jugar un papel importante en grandes proyectos industrializadores que deberá tomar a su cargo el Estado, y mediante regulaciones e incentivos fiscales y crediticios se podría orientar la inversión privada hacia los sectores y regiones esenciales para la comunidad. Debe promoverse y desarrollarse el ámbito del asociativismo en instancias de control de la gestión pública y de la empresa privada, en la prestación de servicios públicos y en la producción de bienes y servicios esenciales para la comunidad, como medios para construir formas de intervención social y de poder popular. Para todo ello debe existir un estado planificador, inteligente y eficaz, capaz de articular un conjunto múltiple de políticas consistentes y coordinadas entre sí, y con el sector privado y el sector público no estatal cuyo desarrollo debería ser fomentado. Nos referimos tanto a políticas macro como micro, intervenciones sectoriales específicas e intervenciones por tipo de agente dentro de un mismo sector. Todo dentro de un programa explícito, conocido y discutido por la sociedad, una estrategia integrada que premie las conductas de inversión y castigue las conductas rentistas, que cuente con una banca pública de inversión, y que redefina esquemas de integración regional dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Y por último, aunque tal vez lo más importante: si la transición debe terminar en un sistema alternativo de relaciones sociales, un elemento fundamental del proceso es la unificación de las conflictividades sociales actuales para construir

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un sujeto diferente que plantee un paradigma distinto. De lo que estamos hablando es de otro modo de organización de la existencia humana que se haga cargo del déficit que provocó el capitalismo para la supervivencia de la humanidad.

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CUARTO EJE: INTEGRACION REGIONAL

Compañeros Disparadores de la Discusión:

Carlos Luis Custer: Responsable de Relaciones Internacionales deUnidad Popular; ha sido dirigente de ATE y CTA; Diputado Nacional(MC) y embajador en el vaticanoJuan Tokatlian: Sociólogo, Docente de la Universidad Di Tella, Universidad de San AndrésFátima Mello: Coordinadora de la Alianza Social Continental, especialista en procesos de integración regional, multinacionales y financiamiento.

TESIS PROVISORIAS

Introducción 

Los últimos veinticinco años han presenciado cambios fundamentales en el escenario internacional que han provocado una modificación en la estructura de poder mundial y que permite avizorar un cambio hacia una mayor participación del mundo en desarrollo en las decisiones.

La incorporación de países emergentes a la economía mundial ha provocado una importante reasignación de los recursos productivos mundiales y el agregado de cientos de millones de personas al mercado de trabajo y consumo. Esta nueva estructura productiva obliga a repensar los términos de la inserción de la Argentina en el mundo y la necesidad de diseñar y ejecutar una estrategia política coherente que permita visualizar un futuro promisorio para el pueblo argentino.

La crisis en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón señalan los límites del crecimiento de las economías desarrolladas y la imposibilidad de continuar sosteniendo el aumento del consumo con especulación financiera. A su vez, vemos con preocupación que la excusa de las múltiples crisis sirve de fundamento a los gobiernos y organismos internacionales para proponer incluir, en la esfera de las mercancías, a lo que aún permanece fuera de ella: los bienes comunes – el aire, el agua, los ecosistemas – como mecanismos de salvataje de un mercado financiero que agotó otras opciones de valorización.

Por otro lado, la Cuenca del Pacífico liderada por China ha comenzado a convertirse en el polo de crecimiento de la economía mundial y podría perdurar por la necesidad de mejorar los niveles de vida de la población. Sin embargo, es inminente enfrentar los límites del

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crecimiento impuestos por los cambios climáticos y por la necesidad de administrar de forma sustentable y democrática los recursos naturales existentes.

La “primavera árabe” ha puesto de manifiesto la voluntad de los pueblos árabes de desembarazarse de un pasado para acceder a mejores condiciones de vida y a una mayor participación en la vida política. Pero al mismo tiempo, pudimos advertir cómo estas genuinas movilizaciones populares fueron vistas por Estados Unidos y potencias europeas como la oportunidad para desembarazarse de gobiernos y gobernantes que ya no les eran útiles en términos de su cada vez mas evidente carrera por asegurarse el acceso a recursos naturales "estratégicos".

Creemos que están dadas las condiciones, tras una década que dejó atrás la dramática crisis nacional de 2001-02, para que la Argentina elabore su inserción internacional basándose en los parámetros para consolidar la integración regional basada en derechos, una estructura de decisión apoyada en el multilateralismo, la democratización de los organismos internacionales y trabajando con una clara agenda a favor de la paz, el desarrollo sustentable y la defensa del medioambiente y la superación de las desigualdades.

América Latina territorio de igualdad y de paz

América Latina es un continente rico, pero a su vez es el continente más desigual. La riqueza de nuestra región proviene de la diversidad. Una diversidad de recursos naturales, agua, tierra, biomas, minerales, y una diversidad humana que son nuestro principal potencial para superar la pobreza, con justicia social y ambiental.

Desde la Unidad Popular, creemos en la integración regional como una herramienta clave para fortalecer nuestra región en la arena internacional, para consolidarla como territorio de derechos, territorio de paz y territorio libre de pobreza y desigualdad.

No podemos concebir a Argentina separada de América Latina. Afirmamos nuestra condición de latinoamericanos. Desde este lugar, desde el Sur comprendemos y nos vinculamos con el mundo, buscando consolidar los lazos históricos, las diversas tradiciones que recorren nuestra historia de hermandad. Consolidar lazos, significa entre otros aspectos, fortalecer los procesos de integración existentes, buscando una mayor institucionalización de los mismos, con participación de la sociedad en las decisiones.

Por qué nos parece fundamental fortalecer los procesos de integración existentes y aquellos en construcción:

1) Infraestructura para el desarrollo y no para el neo-extractivismo

Teniendo en cuenta los límites ambientales (cambios climáticos y finitud de los recursos) y la urgente necesidad de caminar hacia un continente sin

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pobreza, creemos que . Esto implica pensar en modelos de integración energética orientados hacia la región, más que a la exportación de recursos naturales primarios o semielaborados.

La integración debe ser una herramienta para dinamizar economías complementarias , basada en ventajas cooperativas y no competitivas.

Parte fundamental de nuestra propuesta debe partir de concebir la infraestructura a desarrollar como condicionante, al mismo tiempo que promotor, de un determinado modelo de integración. En ese sentido, somos firmes críticos de los proyectos promovidos en las últimas décadas (Iniciativa IIRSA, etc) por su concepción neoliberal que promueve y determina a nuestra región orientándola hacia la exportación de recursos naturales a través de "corredores" horizontales que unen los centros de extracción con puertos en ambos océanos.

Desde Unidad Popular promovemos la construcción de una infraestructura concebida en ejes verticales que creen las condiciones para el aprovechamiento sustentable de las enormes riquezas de nuestro región para el desarrollo de nuestros pueblos.

2) Integración vs Tratados de Libre Comercio.

Si bien la principal propuesta de libre comercio para la región, el ALCA, fue frenada en 2005, los procesos de integración existentes, se superponen a una serie de Tratados de Libre Comercio y de Libre Inversión bilaterales que dificultan una integración sólida basada en derechos humanos, económicos, sociales, culturales, laborales y ambientales.

Por otro lado, consideramos que Argentina debería ser un gran impulsora de la tarea aun pendiente de revisar todo la arquitectura institucional, a veces es llamada "interamericana" y otras "hemisférica", enmarcada en la OEA, promoviendo la consolidación y profundización una nueva institucionalidad que de cuenta de nuestra realidad e identidad.

Creemos que el fortalecimiento y mayor institucionalización de los procesos de integración en curso, desde lo más avanzado en términos de institucionalidad como el Mercosur, pasando por el dinámico UNASUR, las experiencias ligadas al ALBA y la potencialidad de CELAC, pueden permitir consolidar una base de derechos que sirvan como herramienta de defensa frente a aquellas estrategias de reducción de derechos como estrategias de generación de ventajas competitivas, para la inserción en el mercado global.

3) Integración más allá de los Estados

Promovemos el fortalecimiento de los lazos propios de los movimientos sociales dentro de la región (partidos políticos, movimientos sociales, sindicales, etc.).

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Es necesaria una mayor institucionalización de todas los procesos existentes, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA con el fin de tener sólidas herramientas, que favorezcan la participación de los movimientos y organizaciones sociales, así como para tender hacia el objetivo último de los procesos de integración, que es la consolidación instancias supranacionales representativas y ejecutivas de políticas consensuadas entre los actores.

4) Nueva Arquitectura Financiera

La integración regional, debe ser una herramienta que permita pensar en una Nueva Arquitectura Financiera regional. Los organismos nacidos del sistema Bretton Woods, han demostrado su ineficacia para financiar el desarrollo, sino más bien generaron más pobreza a través de ciclos de endeudamiento. Son necesarios nuevos instrumentos para poner en marcha una integración para la superación de las desigualdades, con justicia social y ambiental.

Consideramos que el Banco del Sur puede ser un instrumento financiero útil a estos fines, con el objetivo último de una moneda común, a la vez que otros fondos regionales que podrían ser creados para un ciclo “post- neoliberal”.

5) Más coordinación, más fuerza.

Debemos entender la integración como una plataforma desde la cual nuestros países actúen en las instancias multilaterales. Actualmente, en las negociaciones internacionales la coordinación de posiciones latinoamericanas es muy débil, y se divide en sub-bloques.

Creemos que una América Latina más integrada, permitiría tener una región que pueda posicionarse con más contundencia con la fortaleza que brinda una voz unificada. Lo mismo para aquellas instancias donde participan sólo algunos miembros de la región, como el G20, del cual Argentina es parte.

6) Zona de Paz vs. Militarización Imperial

En la última década, con distintos ritmos y particularidades nacionales, se ha logrado la definitiva institucionalización de las relaciones entre el poder político y las fuerzas armadas y de seguridad.

Al mismo tiempo, se han desterrado escenarios de conflicto e hipótesis de guerra entre nuestros países hermanos tanto del planeamiento estratégico como de los ámbitos de formación de nuestros militares.

Afortunadamente, se está intentando dar vuelta una página triste del histórico rol de las fuerzas armadas, en algunos casos diseñadas y formadas

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en torno conflictos entre nuestras naciones y en todos ellos orientadas hacia el control social y político de nuestros pueblos.

Tal como definimos más arriba, creemos que el entramado institucional "interamericano" es propio de visiones totalmente ajenas a los intereses de la región, ancladas anacrónicamente en el marco de la "guerra fria" y el "enemigo ideológico", elementos que no solo han sido nefastos para nuestros pueblos sino que han determinado que nos encontremos desprotegidos frente las verdaderas amenazas que se nos plantean. Todas ellas vienen del norte.

En ese marco, se ha encarado un rumbo hacia consolidar la cooperación en todos los ámbitos de la Defensa y la Seguridad, constituyendo, por ejemplo, el Consejo de Defensa Sudamericano y el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, en el Marco de la UNASUR.

Debemos consolidar la construcción de estos ámbitos de cooperación que vayan construyendo una cultura e identidad estratégica que de una vez y para siempre consolide a las fuerzas armadas y a las de seguridad de nuestros paises como herramientas de sus pueblos para la defensa común y la vida en democracia.

Por otro lado, debemos comprometer a nuestra región en la consolidación de una "zona de paz", impidiendo y condenando la instalación en los territorios de nuestros países de cualquier tipo de base o infraestructura militar de estados ajenos a nuestra región.

Este punto merece claridad y dejar atrás cualquier tipo de ingenuidad. Hoy, la presencia militar extranjera en nuestros países no aparece vistiendo uniformes ni ostentando condecoraciones vistosas. Debemos identificarla en los acuerdos "inter-agencias", en los niveles inferiores de la administración, proponiendo objetivos de asistencia logística en catástrofes naturales o de cooperación en la "guerra contra el narcotráfico". Es allí donde debemos esperar los creativos intentos de introducir en la agenda de nuestras instituciones nacionales y provinciales, problemas y "amenazas" que en absoluto tienen que ver con nuestras prioridades o y nuestra forma de encararlas. En el caso de nuestro país, incluso se encuentras específicamente prohibidas por la ley.

Es imperativo rechazar en su totalidad, todo tipo de acuerdos en lo que hace al financiamiento de infraestructura (como el "Centro de Emergencias" de Resistencia, Chaco), cooperación y asistencia tecnológica, adiestramiento de efectivos, etc. que no provenga de acuerdos regionales y de los ámbitos multilaterales que se construyan a tal fin dentro de nuestra región.

En el marco de lo anterior, es importantísimo que nuestro país continúe y profundice la construcción de una estrategia consensuada regionalmente sobre la disputa por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, la desmilitarización del Atlántico Sur y la preservación de los espacios marítimos y antárticos.

7) Otra lógica para los bienes comunes.

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La integración regional, tiene también el potencial de ser una herramienta de protección de bienes comunes, frente a la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, promovida por capitales corporativos y sustentado en negociaciones multilaterales.

En particular, Promovemos la creación de un ente supranacional, en el marco del Mercosur, para la exportación de granos, para defender la producción de este recurso estratégico de las fluctuaciones especulativas del precio internacional de los commodities.

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