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MENSAJES COMUNICATIVOS

“TIERRAS Y CONFLICTOS RURALES”

El informe nacional de tierras que lanza el Centro Nacional de Memoria Histórica

es uno de los más ambiciosos que ha emprendido esta institución.

‘Tierras y conflictos rurales’ analiza la evolución de la legislación, las reformas

agrarias y el reparto de baldíos y la distribución de tierras en Colombia desde 1827

hasta 2012; repasa la abundante investigación académica sobre la evolución de la

propiedad y los conflictos en el mundo rural; analiza los impactos del abandono y

despojo de tierras y las características, el papel y las voces de las organizaciones

sociales campesinas y los gremios agrarios, para pintar un vasto cuadro de la

evolución de la propiedad agraria en Colombia y los impactos de la conflictividad

en el campo.

El informe intenta trazar una memoria de lo que ha sido el campo colombiano

desde comienzos del siglo XX hasta hoy y hace aportes sustanciales –algunos de

ellos, polémicos– a un tópico ampliamente estudiado en Colombia

Para ello, reúne y analiza críticamente la estadística existente y, sobre nuevas

fuentes documentales, como la series de datos 1903 – 2012 del INCODER sobre

adjudicación de baldíos y las de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre

la tradición de dominio de esos predios, cuestiona o matiza hipótesis ampliamente

aceptadas sobre el aumento de la concentración de la propiedad o sobre la

sustitución de cultivos transitorios campesinos por cultivos permanentes

agroindustriales o forestales.

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Mensajes centrales

Las adjudicaciones de baldíos han tenido un enorme peso en la definición de la

estructura agraria. Entre 1903 y 2012, se adjudicaron 23,7 millones de hectáreas a

casi 550.000 personas.

Si se suman las adjudicaciones colectivas a indígenas y afros, en ese lapso, el Estado

entregó cerca de 60 millones de hectáreas, más de la mitad de la superficie nacional

(114 millones de hectáreas).

En el siglo XX, se pasó de la estructura latifundio/minifundio a una estructura

multimodal en la que predominan, en términos de superficie, la pequeña y mediana

propiedad y la propiedad colectiva.

El análisis estadístico no permite establecer una correlación a nivel nacional, salvo

casos aislados, como Montes de María, entre el abandono y despojo de tierras y su

concentración.

Se sabe que 40% de los predios registrados no tienen títulos; no se sabe cuántos

predios nunca fueron registrados.

El desplazamiento y el abandono y despojo de tierras no se reflejan en una

disminución significativa de la superficie cultivada. Esto revela la capacidad de

resiliencia del campesinado.

El crecimiento de las empresas agroindustriales no ha tenido un impacto

significativo en la concentración de la propiedad, pero ha modificado el paisaje rural

y el equilibrio ecológico.

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Pese a los impactos del conflicto armado, se han creado o mantenido en el mundo

rural organizaciones sociales, redes, gremios, mecanismos de información

alternativos y asociaciones y cooperativas de productores que representan un

importante capital político y social para la construcción de la paz y reflejan la

diversidad del mundo campesino y empresarial en el campo.

Estructura

La investigación está dividida en tres grandes partes.

La primera, sobre asignación de tierras y evolución de la propiedad agraria, hace

un recorrido por la legislación agraria y las políticas de reparto de tierras del

Estado –en especial baldíos– desde 1827 hasta 2012 y su impacto sobre la

distribución de la tierra.

La segunda parte, sobre vulneración de los derechos de propiedad, explora los

impactos del abandono y el despojo de tierras en el mundo rural y los cambios en

el sector agrícola y los usos del suelo.

La tercera, hace una caracterización de las organizaciones sociales y los gremios

económicos del campo, sus formas organizativas y su papel y posiciones en el

conflicto armado.

Uno de los aportes es una base de datos bibliográfica con cerca de 700 entradas,

que está a disposición del público y el mundo académico:

• Conflicto armado

• Desplazamiento, abandono y despojo de tierras

• Propiedad de la tierra y usos del suelo

• Características de la población rural

• Organizaciones sociales y gremios rurales

• Normatividad sobre desplazamiento, reparación y restitución

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El informe se apoya en varios estudios de campo en Montes de María, Tolima,

Huila, Meta, Caquetá y bajo Putumayo.

Algunos hallazgos

IMPACTOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE BALDÍOS

Pese a la concentración de la propiedad, la política de distribución de baldíos del

Estado ha contribuido a la formación de una clase media en el campo y a un gran

aumento en el número de propietarios privados de predios.

Sobre la base de un análisis estadístico histórico, el informe muestra que en 112

años, entre 1901 y 2012, el Estado adjudicó casi 23 millones de hectáreas de

baldíos a particulares (61% de la superficie de propiedad privada registrada a

2009). Además, adjudicó 31,6 millones de hectáreas a indígenas y otros 5,4

millones a comunidades afro.

El análisis de la legislación agraria y del reparto de baldíos en la primera mitad del

siglo XX, muestra que:

• Hubo una política de fomento a la colonización campesina y de expansión

de la frontera agraria.

• Se mantuvo una distribución desigual de la tierra, preservando grandes

concesiones de baldíos.

• La adjudicación de terrenos medianos y pequeños contribuyó a formar una

clase media en el campo.

• Aunque en varios periodos se privilegiaron grandes concesiones, la política

de baldíos de la primera mitad del siglo XX amplió la pequeña y mediana

propiedad.

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En el cuarto de siglo que va de 1962 a 1987 el Estado colombiano tituló el 55% de

los terrenos y distribuyó el 47% de la superficie de baldíos distribuida entre 1903

y 2012. Por primera (y única) vez, entregó a pequeños propietarios la mitad de

esas tierras y solo 11% a grandes concesionarios.

Adjudicación de baldíos a particulares

Colombia, 1903-2012*

Fuente: elaboración propia, datos tomados de INCODER (2012),

Serie histórica de adjudicación de baldíos 1903-‐2012

*En los dos últimos periodos, se entregaron, además, más de 210.000 parcelas

de reforma agraria, con una superficie de casi 1.850.000 hectáreas.

El informe hace un breve repaso a las denuncias que hizo en 2013 el ministro de

Agricultura Juan Camilo Restrepo por adjudicaciones de baldíos a quienes no

tenían derecho y a la apropiación ilegal de baldíos.

• Un listado de casos de presunta concentración de tierras suma 87.424

hectáreas.

Periodos Adjudicatarios Superficie

1903-‐1931 4.125 848.425

1932-‐1946 12.359 607.673

1947-‐1953 14.894 764.896

1954-‐1957

1958-‐1961

1962-‐1987

1988-‐1994

1995-‐2012

12.649

9.755

293.105

77.277

125.808

976.520

1.143.896

10.216.982

3.144.894

5.030.255

Total 549.972 22.733.541

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• Entre 1995 y 2012, se entregaron a 1.225 particulares predios baldíos de

más de 1.000 hectáreas que sumados representan 38% del total adjudicado

en esos 17 años.

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD AGRARIA

En los últimos 30 años, la estructura bimodal de la propiedad de la tierra

(latifundio/minufundio) se transformó en una estructural multimodal (propiedad

privada, colectiva y pública).

La desigualdad en la distribución de la propiedad privada disminuyó en la segunda

mitad del siglo XX.

Pese a ello, la inequidad sigue siendo muy acentuada.

No se detecta una concentración significativa de la propiedad en la década 2000 –

2009.

El informe estudia la distribución de la propiedad agraria entre 1960 y 2009.

Advierte sobre las distorsiones que genera, al analizar la concentración, incluir los

territorios indígenas, colectivos y de propiedad pública, que son habitualmente,

grandes extensiones.

Entre 1970 y 1984, se consolida la mediana propiedad como dominante en la

estructura de propiedad. Aunque entre 2000 y 2009 esta disminuye levemente su

peso porcentual y la gran propiedad sube en proporción, el análisis estadístico

arroja una estabilidad en la estructura de propiedad rural, pese al despojo violento

y la compra de grandes extensiones por grandes empresas y narcotraficantes.

No se detecta en esta década una tendencia significativa a una mayor

concentración de la propiedad de la tierra.

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Distribución porcentual de la superficie rural

Colombia, 1984 – 2009

Fuente: elaboración propia con datos tomados de: (1) Ministerio del Interior y Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, (2012), Sistema de información de caracterización general de los resguardos indígenas colombianos, consultada en: http://resguardoscolombia.org/ (2) Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA y Llorente, Luis; Salazar, Armando y Gallo, Ángela (1985), Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984, Ministerio de Agricultura. Fuente: elaboración propia datos tomados de (1) Ministerio del Interior y Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, (2012), Sistema de información de caracterización general de los resguardos indígenas colombianos, consultada en: http://resguardoscolombia.org/ (2) Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA y Llorente, Luis; Salazar, Armando y Gallo, Ángela (1985), Distribución de la propiedad rural en Colombia 1960-1984, Ministerio de Agricultura.

ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS

La vulneración de los derechos de propiedad en Colombia no es un fenómeno nuevo,

ni ligado exclusivamente al conflicto. Es un problema de larga duración por la

precariedad del Estado en los territorios, la corrupción en todos los niveles y la

tolerancia social a maniobras para apropiarse de la tierra.

Las estimaciones sobre tierras abandonadas en el marco del conflicto armado en

Colombia varían notablemente y diversas fuentes dan cifras que van de 1,2

millones de hectáreas hasta 10 millones. Los registros diseñados especialmente

para medir el fenómeno son el Registro Único de Territorios y Predios

Abandonados (RUTPA) y el Registro de Tierras de la Unidad de Restitución de

Tierras (RTDA). El primero arroja una cifra de 6,5 millones de hectáreas; el

segundo, 3,4 millones.

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El informe hace un análisis detallado de la base de información del RUTPA.

Entre 1994 y 2013, los periodos de mayor abandono individual de predios fueron

2000 – 2002 y 2005 – 2008.

Por solicitudes de inscripción en el Registro, Antioquia tiene la mayor proporción.

Por afectación, Chocó es el primero: 37,5% de los predios privados de uso

agropecuario en el departamento ha sido declarado como abandonado.

Proporción de la superficie abandonada por municipio

Colombia. 1994-2012

Fuente: elaboración propia a partir de: INCODER, Registro Único de Predios y Territorios Abandonados individuales (RUPTA individual), 1994-2013 (agosto). *En el mapa del lado derecho los municipios que reportan más del 25 por ciento de su superficie como abandonada son: Carmen de Bolívar, San Jacinto y Calamar en Bolívar; Toluviejo en Sucre; Útica en Cundinamarca; Carmen de Viboral en Antioquia y Quinchía en Risaralda.

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Nota. En el segundo mapa, para calcular la proporción de la superficie abandonada se tuvo en cuenta la superficie total del municipio.

La comparación del registro de tierras abandonadas (RUPTA) con las solicitudes

de restitución (Unidad de Restitución de Tierras) muestra que mientras en el

primero hay más de 178.000 registros, por algo más de 5,6 millones de hectáreas,

las solicitudes de restitución son apenas 45.000 y cubren solo 3 millones de

hectáreas. Es decir, a nivel nacional hay mucha más tierra registrada como

abandonada que solicitantes para que se las devuelvan.

Para proteger legalmente a esos predios de cualquier transacción se necesita el

folio de matrícula inmobiliaria. Como tantos predios no tienen título, solo una

cuarta parte del total ha podido ser objeto de protección efectiva.

Estos son los nueve departamentos con mayor abandono:

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Fuente: elaboración propia a partir de: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados individuales (RUPTA individual), 1994-2013 (agosto). Nota. Para calcular la proporción de la superficie se tuvo en cuenta como medida de control la superficie privada rural para el año 2000 según el Atlas de la distribución de la propiedad rural 2000-2009 del IGAC (2012).

Los desplazados pierden mucho más que la tierra. De acuerdo a la Encuesta

Nacional de Verificación:

• 55,5% de las familias tenía tierra

• 78,9% tenía animales

• 43,6% tenía cultivos

• Entre 1980 y 2010 se dejaron de cultivar 1.563.759 hectáreas

SAN ANDRÉS

SAN ANDRÉS

META

VICHADA

AMAZONAS

CAQUETÁ

GUAINÍA

VAUPÉS

CHOCÓ

ANTIOQUIA

GUAVIARE

CAUCA

NARIÑO

CASANARE

CESAR

TOLIMA

HUILA

ARAUCA

BOYACÁ

SANTANDER

CÓRDOBA

PUTUMAYO

BOLÍVAR

MAGDALENA

LA GUAJIRA

SUCRE

CUNDINAMARCA

VALLE DEL CAUCA

NORTE DE SANTANDER

CALDAS

RISARALDA

ATLÁNTICO

QUINDÍOBOGOTÁ D.C.

¯

Procesado por:Centro Nacional de

Memoria Histórica- CNMHGeorreferenciación: Carolina Hormaza

Marzo-2015 0 90 180 270 36045Miles

Dptos con mayores declaraciones de abandono

Municipios con mayor afectación

Menor a 18,9%

Entre 19,0% y 36,3%

Entre 36,4 y 53,7%

Entre 53,8 % y 71,1%

Entre 71,2% y 88,5%

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Una cosa es el abandono y otra el despojo. Este es difícil de medir. Una forma es

la declaración de las víctimas que piden restitución: hasta 2013, un tercio de ellas

afirmaban que sus predios habían sido despojados; el resto solo consignó

abandono. Ese es el promedio nacional; el cuadro por departamento es muy

diverso.

Fuente: elaboración propia a partir de: Registro de solicitudes de restitución – URT, Oficina de Tecnologías de la Información, 31 de diciembre de 2013.

Hay una clara relación entre desplazamiento y abandono. El informe explora, a

través de numerosos estudios de caso, esa relación y el papel de los actores

armados.

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Fuente: elaboración propia a partir de: Registro Único de Predios y Territorios Abandonados Individuales (RUPTA individual), 1994-‐2013 (agosto); Registro de solicitudes de restitución – URT, Oficina de Tecnologías de la Información, 31 de diciembre de 2013. Solo 6 de los 70 municipios de mayor abandono presentaron aumentos

significativos en compraventas de predios de origen baldío.

IMPACTO DEL ABANDONO EN LOS USOS DEL SUELO

Los desequilibrios entre la vocación y los usos del suelo en Colombia son

conocidos.

Conflictos de usos del suelo (Usos vs. Vocación). 2012

Fuente: elaboración propia a partir de IGAC, (2012), Estudio de los conflictos de uso del territorio colombiano, Bogotá, páginas 92,152). Infografía inspirada en El Espectador.

El sector agrícola ha sufrido importantes variaciones: en el análisis tradicional,

entre 1985 y 2010 los cultivos predominantemente campesinos pasaron de

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representar casi el 60% del valor de la producción a 36%, en tanto que los cultivos

predominantemente capitalistas aumentaron su participación de algo más de 4% a

25%.

El informe se aparta de la dicotomía que sostiene que los cultivos campesinos son

transitorios y los permanentes, capitalistas y niega que haya habido una tendencia

al desplazamiento de los primeros por los segundos. Los campesinos tienen

cultivos permanentes como el plátano o la caña panelera. Y muestra que, en

términos de superficie cultivada, los cultivos predominantemente campesinos,

transitorios y permanentes, siguen teniendo una participación mayoritaria.

Distribución de la superficie por tipo de cultivos 2011 (sin café)

Fuente: elaboración propia a partir de: Datos procesados de la ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria) y Agronet para el Informe de Desarrollo Humano: Colombia rural. Razones para la Esperanza, PNUD, 2011. Nota. Gráfica construida a partir de 29 cultivos desagregados en el anuario estadístico del sector agropecuario. Resultados evaluaciones agropecuarias municipales 2011. La clasificación de cultivos se hizo así: Transitorios: a) predominantemente campesinos (ajonjolí, arroz secano, papa, tabaco rubio, cebada, fríjol, maíz tradicional, trigo, maní, hortalizas); b) predominantemente capitalistas (algodón, arroz riego, sorgo, soya, maíz tecnificado). Permanentes: a) predominantemente campesinos (cacao, tabaco negro, arracacha, caña miel, caña panela, cocotero, fique, ñame, plátano, yuca, frutales); b) predominantemente capitalistas (palma, caña de azúcar y banano exportación).

Aunque hay un impacto del desplazamiento y el abandono de tierras en las

prácticas agrícolas, que puede llevar en algunos casos a la pérdida de cultivos, el

informe señala que no hay coincidencias entre momentos de escalamiento del

conflicto y el desplazamiento con cambios significativos en los cultivos, al analizar

la superficie cultivada a nivel departamental y nacional.

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A partir de un análisis de la evolución de los cultivos transitorios y permanentes,

campesinos y capitalistas, el informe concluye que los altos niveles de abandono de

tierras que produjo el conflicto armado no afectaron drásticamente la

productividad agropecuaria. Tanto en departamentos con altos niveles de

abandono, como en los que presentan bajos niveles, hay una tendencia a la

disminución de las hectáreas de cultivos transitorios campesinos.

Al menos en algunas regiones, el abandono tampoco redundó en una expansión de

las tierras dedicadas a ganadería. Como dicen otros estudios, junto a una ganadería

extensiva, especulativa y asociada con prácticas ilícitas, hay una ganadería

productiva, con grandes propietarios y, también, pequeño campesinado, que tiene

un peso importante.

LAS ORGANIZACIONES Y LOS GREMIOS RURALES

Los movimientos agrarios

Desde las huelgas, invasiones, memoriales y juicios de posesión de comienzos de

siglo, los primeros sindicatos agrarios, las organizaciones de autodefensa

campesina, el auge y caída de la ANUC, la persistencia de las Juntas de Acción

Comunal, las grandes invasiones de tierras de los años 70, los paros cívicos

campesinos, las marchas cocaleras de los años 90 hasta desembocar en las nuevas

formas organizativas y repertorios reivindicativos, en los que destacan las

organizaciones de víctimas y nuevas organizaciones rurales nacionales y de

defensa del medio ambiente y contra grandes proyectos minero-‐energéticos, que

surgieron al calor del conflicto armado, la apertura económica y los tratados de

libre comercio, el informe traza una breve historia de la movilización y la

organización en el campo y hace un registro de las múltiples organizaciones y

movimientos que hay hoy en el país.

Aunque la tasa de sindicalización de los 2,9 millones de personas ocupadas en

actividades agropecuarias no llega al 3%, los investigadores registraron un total de

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2.060 organizaciones de otro tipo en el campo, entre ellas 346 consejos

comunitarios y 724 resguardos indígenas y un total de 1.527 acciones de protesta

rural entre 1991 y 2013, de acuerdo al CINEP.

Un fenómeno notable es la vasta cobertura geográfica de las Juntas de Acción

Comunal, que datan de 1958. También, las nuevas organizaciones, como las

Dignidades, que protagonizaron los paros agrarios de 2012 a 2014; las defensoras

de las Zonas de Reserva campesina, como ANZORC; las múltiples organizaciones de

víctimas (2.623, según la Unidad de Víctimas). Todas ellas, dice el informe

conforman un apreciable capital político y social, que ha logrado importantes

conquistas y es clave en la construcción de la paz en Colombia.

Los gremios rurales

Los gremios del sector agropecuario no son entes monolíticos con una visión

idéntica del contexto nacional y tienen diferencias en sus posturas frente a la

guerra y la paz. A través de docenas de entrevistas, el informe explora sus muy

diversas percepciones.

Esos gremios son muy diversos a nivel regional y están surgiendo movimientos

distintos a los tradicionales (asociaciones de pequeños y medianos ganaderos

frente a FEDEGAN; Dignidad Cafetera frente a la Federación), que son a la vez un

canal de diálogo con las autoridades y una alternativa frente a los gremios

nacionales. Además, los repertorios de violencia de los grupos armados cambian

con la geografía y el tiempo, afectando a los productores rurales de maneras

distintas.

Aunque tienen percepciones diferenciadas frente a los impactos y los daños del

conflicto armado, dependiendo del sector al que pertenezcan, muchos coinciden en

sus críticas a la falta de una política estatal coherente para el campo y hablan de un

sesgo anti-‐rural en la política pública y de limitaciones de acceso de los pequeños y

medianos productores a los servicios estatales.

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El desplazamiento de productores rurales a la ciudad no se explica solo por el

conflicto armado sino por la falta de acceso a bienes y servicios públicos en sus

zonas.

Además del pequeño campesinado, uno de los sectores que más han sufrido el

impacto del conflicto es el ganadero.

Delitos contra el sector ganadero. Colombia, 1967-2012

Fuente: tomado de Fundación Colombia Ganadera (Fundagan), (s.f), Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Memoria histórica. Visibilización de los delitos en contra del sector ganadero, Bogotá.

Delitos contra el sector ganadero y presuntos responsables

Fuente: Tomado de Fundación Colombia Ganadera (Fundagan), (s.f), Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Memoria histórica. Visibilización de los delitos en contra del sector ganadero, Bogotá.

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En las entrevistas, el informe explora las opiniones de los gremios sobre

restitución de tierras, zonas de reserva campesina y el proceso de paz con las

FARC. Expresan reservas sobre los mecanismos de la primera, temores sobre un

exceso de autonomía de las segundas, y, además de dudas sobre el proceso de paz,

preocupaciones sobre la capacidad institucional para cumplir con lo acordado.

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