AÑO 10 N° 105MARZO de 2009

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2 LA REVISTA AGRARIA / 105

Agroexportaciones en tiempos de crisisSegún la Superintendencia de Aduanas, las exportaciones agrope-cuarias cerraron a 2008 en US$ 2,597 millones, US$ 630 millones másque en 2007. Es interesante notar que los productos no tradicionalesrepresentaron algo más de la mitad del total (51%) y que hubo unimportante incremento en las exportaciones de tres productos: uvas,banano orgánico y páprika. Entre los tradicionales —US$685 millonesde exportación— cupo al café un lugar especial, con US$645 millones,51% más que en 2007. Decayeron, en cambio, las exportaciones dealgodón (-28%), alcanzando apenas US$2.3 millones.

El año 2008 fue, pues, un buen año para la agroexportación. Sinembargo, ya desde mediados de año los efectos de la crisis económi-ca, cuando aún estaba en ciernes, se fueron manifestando. El incre-mento de las agroexportaciones, tanto las tradicionales como las notradicionales, fue reduciéndose mes a mes, con noviembre como úni-ca excepción a la tendencia. En diciembre 2008 y enero 2009, elsector agropecuario pasó a registrar tasas negativas de -15% y -14%. En esos mismos meses, el sector textil —otro que también yaestá siendo golpeado fuertemente por el retroceso en la demandamundial— experimentó tasas negativas de -26% y -36%.

En enero 2009, solo el café logró aumentar sus ventas al exterior

respecto a enero 2008, principalmente por un aumento en el volumen,ya que los precios cayeron. En contraste, se registraron menoresexportaciones de espárragos, mangos, alcachofas y uvas frescas,que influyeron en el comportamiento negativo del sector. Cabe señalarque los espárragos y uvas frescas reflejaron descensos en sus pre-cios.

Según un estudio reciente del BCR, la contracción de las exportacio-nes agrícolas no tradicionales en enero 2009 se debió a una reduccióntanto de los volúmenes vendidos (-10%) como de los precios (-4.9%).Se vendieron menos espárragos frescos (-19.5%) y preparados (-54%), páprika (-41.5%), mangos (-9.5%) y conservas de alcachofa (-24.5%).

En enero, los envíos a EE.UU. y la Unión Europea cayeron en un 18%por igual, evidenciando la contracción de la demanda de nuestros prin-cipales compradores. En contraste, se registraron mayores ventas alos países andinos, principalmente a Colombia y Ecuador. Cerca del70% de las exportaciones de estos productos se dirigen a EE.UU. y laU.E., mientras que el restante 30% se orienta a la CAN, Asia, Mercosury otros.

La caída de las exportaciones ha contribuido a la desaceleración delcrecimiento de la economía peruana desde el segundo semestre de2008. Una de las medidas contempladas por el plan anticrisis del go-bierno del presidente García es el incremento temporal —solo para2009— del drawback (devolución de impuestos), del 5 al 8%. Estosignifica S/.360 millones que beneficiarán a empresas dedicadas a lasexportaciones no tradicionales. Este subsidio a los agroexportadorespuede parecer cuestionable, pues se trata de una reducida minoría deproductores, mientras que los millones que destinan su producción almercado interno son dejados de lado. Los maiceros y algodoneros, porejemplo, han sido ignorados a pesar de que existe el compromiso delgobierno de compensarlos. Como reacción, muchos de ellos ahoraestán cultivando arroz, lo que probablemente cause una sobreproduc-ción del cereal y una reducción de los precios, como afirma el dirigentearrocero Luís Zúñiga.

A pesar de todo, es posible que ante la crisis económica mundial lasexportaciones agrícolas sufran menos que las de otros sectores de laeconomía (minero, textil o manufacturero, etc.), pues el mundo no pue-de prescindir de los alimentos.

agroDATAAGROdata

Fuente: BCRP - Aduanas. Elaboración: AgroData-Cepes. *Preliminar

agroexportación

Fuente: Superintendencia de Aduanas. Elaboracion: Agro-Data. Cepes.

Valor de exportación en US dólares

No tradicionales Exportaciones Cambios(millones de US$) 2008/ 2007

Espárragos frescos 231 -2.1%

Espárragos preparados 184 18%

Páprika 136 41.4%

Uvas 85.7 56%

Conservas de alcachofas 82.6 5%

Mangos 64.1 0.6%

Banano orgánico 45.6 46%

Fuente: Aduanas. Elaboración: AgroData-Cepes.

MARZO de 2009 3

editorial

C

Publicación del Centro Peruanode Estudios Sociales

Av. Salaverry 818Jesús María, Lima 11/ Perú

Telf. (511) 4336610 / Fax (511) 4331744Email: agraria@cepes.org.pe

Web: www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

Directora fundadoraBertha Consiglieri

DirectorFernando Eguren

Comité editorialJavier Alvarado, Laureano Del Castillo,Juan Carlos Moreyra, Juan Rheineck,Carlos Rivadeneyra, David Gonzales,

Oscar Franco

Corrección/DiagramaciónAntonio Luya / José Rodríguez

Distribución gratuita con La República

on este número, correspondiente al mes de marzo de 2009, LaRevista Agraria cumple diez años de existencia. En el editorial delnúmero 1, de marzo de 1999, se anotaba que LRA partía de la visión

de un agro que, pese a problemas graves y de distinta índole, estaballeno de posibilidades, y asumía el compromiso «de participar en labúsqueda de soluciones a los obstáculos que impiden superar el atrasodel agro para cumplir con el estratégico rol económico y social que lecorresponde en el desarrollo del país».

Hacíamos hincapié en la importancia de la agricultura, porque era laactividad económica que daba más trabajo a los peruanos y tenía lapotencialidad de generar aún más empleos y dinamizar las economíasregionales. Esta importancia no ha hecho sino acrecentarse en eltranscurso de los años.

Subrayábamos también el surgimiento de un exitoso empresariadoagrícola orientado a la exportación, pero que quedaba pendiente incorporaren el proceso de modernización a los pequeños agricultores, quienesconstituyen el grueso de los productores agrarios.

Proponíamos, asimismo, brindar a través de sus páginas un serviciode información útil a la toma de decisiones de los productores agrariosy de los distintos agentes vinculados a dicha actividad.

Después de una década, tenemos la convicción de que hemosseguido esas orientaciones iniciales, las cuales confirmamos hoy día.

LRA tuvo como antecedente a Alerta Agrario, publicación tambiéndistribuida mensualmente con el diario La República. El primer númeroapareció en marzo de 1987, y continuó hasta que fue reemplazado porLRA en 1999.

Son veintidós años a lo largo de los cuales el Centro Peruano deEstudios Sociales (CEPES) ha prestado un servicio de información yanálisis a todos los agentes que, de una u otra forma, están vinculadosal sector agrario y, más ampliamente, a la problemática rural. El merohecho de su larga existencia hace posible que estas publicacionesofrezcan al lector una perspectiva histórica, a través de los períodosgubernamentales de Alan García en su primera administración, la décadade Alberto Fujimori, el período de transición de Alberto Paniagua, elgobierno de Alejandro Toledo, y, finalmente, el segundo gobierno de AlanGarcía.

Conscientes del valor de poner a disposición de todos los interesadosestas publicaciones, CEPES ha digitalizado la totalidad de ediciones, tantode Alerta Agrario como de La Revista Agraria, que serán puestas adisposición de los interesados a partir del mes de abril.

contenidocontenidocontenidocontenido

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Nueva ley, nuevos pro-blemasLuego de cuarenta años, el Perútiene una nueva Ley de Aguas

El espejismo de laasociatividadEl D.Leg. 1020, no lograría laasociatividad deseada entre lospequeños productores agropecuarios

Diez años de La Revista Agraria

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Amazonía en pie de luchaProtestas de indígenas vuelven aponer sobre el tapete losdesencuentros entre petroleras ypoblaciones nativas

6Tierras en remateMás de 4 mil agricultores en riesgode perder sus tierras por trabas delEjecutivo a la Ley Preda

Dos decretos nocivosLlos DD. Legs. 1064 y 994 facilitan lainversión rpero recortan los derechosadquiridos de las comunidades

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4 LA REVISTA AGRARIA / 105

Uno de los problemas más agudos queenfrenta la pequeña agricultura peruanapara lograr un desarrollo sostenible que lepermita insertarse en los mercados nacio-nales e internacionales en forma exitosa esel minifundio. La unidad agraria minifun-dista está muy extendida en el Perú. Segúndatos del último Censo Nacional Agrope-cuario (de 1994), el 92% de unidades agro-pecuarias tenía menos de 20 hectáreas (ha),y el 72% de agricultores manejaba unida-des menores a 5 ha. Datos más recientesde la Encuesta Nacional de Hogares (Ena-ho) de 2006 señalan que las cifras no hanvariado mucho en 15 años: el 80% de uni-dades agropecuarias tiene menos de 5 ha.

Esta excesiva fragmentación de la tierraencarece el acceso a insumos modernos;dificulta la adopción de tecnologías que,muchas veces, requieren de niveles de es-cala mínimos; eleva el costo del crédito, puespara las instituciones financieras resulta máscaro evaluar y supervisar a una gran canti-dad de pequeños productores que a menosproductores, más grandes; resta poder denegociación a los pequeños productoresfrente a los comercializadores, dando lugara precios más bajos por sus productos; ydificulta el acceso a los mercados interna-cionales, que requieren de volúmenes y ni-veles de estandarización de la producciónque generalmente están fuera del alcancede los pequeños agricultores.

Frente a estos problemas, la asociativi-dad entre pequeños productores aparececomo un mecanismo que podría permitirsuperar o aminorar los problemas mencio-nados, sin tener que pasar por una con-centración de la tierra, que llevaría a incre-mentar la inequidad en el campo. Sin em-bargo, la promoción de la asociatividad noes una tarea sencilla, y muchas veces lasfórmulas propuestas pueden acabar en unfracaso si no toman en cuenta las expe-riencias pasadas y las características delos actores a los que se dirige.

A nuestro entender, ese es el caso delDecreto Legislativo 1020, que busca pro-mover la asociatividad usando como in-centivo el acceso al crédito. Como vere-mos, existen varios problemas en relacióncon la efectividad de dicha norma, tantoen lo que se refiere a la promoción de laasociatividad como en el acceso al crédito.

Promoción de la asociatividadEl único estimulo que el D.Leg. 1020 da

para promover la asociatividad es el acce-

El espejismo de laasociatividad

Tal como está planteado en el D. Leg. 1020, el acceso alcrédito no logrará generar la asociatividad deseada entre

los pequeños productores agropecuariosJavier Alvarado, economista de Cepes

so al crédito. Según la norma, la asociativi-dad se daría mediante la agrupación de 2 omás productores con 20 o más hectáreas,o bien con la agrupación de 10 o más pro-ductores sin importar el tamaño de las tie-rras. A la organización que se forme se ladenominará Entidad Asociativa Agraria(EAA). Si un agricultor forma parte de unaEAA, se le brindará en recompensa acce-so al crédito y a un fondo de garantía quepuede cubrir hasta el 50% de sus obliga-ciones con las instituciones financieras.

Pero para que una norma logre incentivarefectivamente la asociatividad debe ser capazde generar beneficios claros para que los pro-ductores consideren que asociarse tiene másventajas que actuar individualmente. Y el pro-blema con el 1020 es que, por lo visto en elpárrafo anterior, una vez que consigan el ac-ceso al crédito los agricultores no tienen nin-gún incentivo para actuar en forma asociativaen la compra de insumos, acceso a informa-ción, adquisición de tecnología o negociaciónconjunta de la venta de sus productos.

Además, es muy probable que quienesresulten beneficiados con el crédito nosean los pequeños agricultores; es másprobable que sean los agricultores conmayores extensiones de tierra —y que, porello, no necesitan ser tantos para llegar a20 ha— los que formen las EAA, pues loscostos de organizar una EAA son mayo-res en la medida en que el número de aso-ciados aumenta. Estos mayores costos segeneran en la dificultad para lograr acuer-dos cuando los grupos son más grandes,en los costos de la demarcación de las ga-rantías que cada uno debe aportar a laEAA, y en las gestiones que deben hacerlos miembros de la EAA en el caso de queuno de ellos incumpla con el pago de laparte del crédito que le corresponde.

Los incentivos para que las EAA esténconformadas por unos pocos agricultorescon mayores extensiones de tierra tambiénvendrán desde el lado de las institucionesfinancieras, pues, como se ha dicho, loscostos de seleccionar a los agricultores yverificar, tasar e inscribir las garantías se-rán mayores en la medida en que el númerode agricultores sea mayor.

El acceso al créditoDesde el lado del acceso al crédito, el

D.Leg. 1020 también es cuestionable. Lasexperiencias de éxito en el uso de garan-tías solidarias se han dado solo cuando secumplen dos condiciones básicas. Prime-ro, cuando los préstamos individuales sonmuy pequeños y los prestatarios no tie-nen garantías reales que ofrecer. Y segun-do, cuando existe entre los prestatariosmucho conocimiento y un capital social ouna red social que resultaría afectada en elcaso de que el grupo incumpla con las obli-gaciones frente a la entidad financiera.

La solidaridad proveniente de la red so-cial es la que reemplaza a las garantías rea-les. Esta red social tiene tanto aspectos

Para que la asociatividad tenga éxi-to, las normas y políticas sectoria-les o regionales deben incentivar alos agricultores a asociarse no sólopara acceder al crédito, sino tam-bién para acceder a insumos, tec-nología, información y nuevos mer-cados, así como para vender la pro-ducción en forma conjunta.

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económicos como sociales que son vita-les o muy importantes para la reproduc-ción económica de las familias, de tal modoque todos miembros de la red social tie-nen incentivos para seguir formando partedel grupo. Este ha sido el caso del Gra-meen Bank, de Bangladesh, que es sin dudala experiencia más exitosa de crédito soli-dario que existe a nivel mundial. El Gra-meen Bank invierte y pone mucho énfasisen generar o fortalecer las redes socialesen sus grupos de prestatarios.

El D.Leg. 1020 no está diseñado para tra-bajar con agricultores con las característi-cas de los que han participado en los pro-gramas exitosos con garantías solidarias.Así, el 1020 contempla como uno de suspuntos básicos la constitución de garan-tías reales aportadas por cada uno de susmiembros y los mecanismos para su ins-cripción; no está buscando precisamenteprestatarios sin garantía y de montos pe-queños.

Es necesario subrayar que cuando loscréditos se hacen más grandes, los incen-tivos para el pago en caso de incumpli-miento de uno o más miembros del grupodisminuyen, pues el costo para los demásmiembros se hace más oneroso que losbeneficios, y ante el incumplimiento de unmiembro, el grupo se puede coludir para

no pagar el préstamo. Este fue precisamenteel caso del programa de crédito campesi-no del Instituto de Fomento a la Comercia-lización Campesina (IFOCC) en el Cusco.Este programa, que fue muy exitoso en susprincipios (primera mitad de los noventa),sufrió una colusión de grupos de prestata-rios —los más antiguos y con el mayorvolumen de créditos que pagar—, que lle-vó al colapso del programa.

Por otro lado, la institución financieratendrá que evaluar a cada uno de los miem-bros de la EAA y también las garantías queaporta cada uno. Por consiguiente, la ins-titución financiera tendrá en la prácticacostos similares para prestar a la EAA o acada uno de sus miembros.

El fondo de garantía que contempla elD. Leg. 1020 y que cubre hasta el 50% delmonto del crédito podría ser un incentivopara que las instituciones financieras pres-ten a las EAA. Sin embargo, el que dichofondo sólo pueda reclamarse cuando yahan ejecutado judicialmente las otras ga-rantías aportadas por los miembros de laEAA le quita atractivo al mecanismo, puescomo es sabido, los procesos judicialesen nuestro país son muy costosos y to-man mucho tiempo. Adicionalmente, elhecho que la norma señale que la catego-rización crediticia de la EAA es indepen-

diente de la de sus miembros podría da-ñar la calidad de la cartera agropecuaria,pues introduce la posibilidad de habilitarcomo sujetos de crédito a agricultores quetienen obligaciones incumplidas en el sis-tema financiero.

La asociatividad es muy importante parala pequeña agricultura, pero el D. Leg. 1020está condenado al fracaso, a no ser que seintroduzcan modificaciones sustancialesen la norma. Para que la asociatividad pue-da tener éxito, las normas y las políticassectoriales o regionales deben incentivara los agricultores a asociarse no solo paraacceder al crédito, sino también para acce-der a insumos, tecnología, información ynuevos mercados, así como para vender laproducción en forma conjunta.

En tal sentido, la formación de coopera-tivas que respeten las decisiones indivi-duales de los productores, pero que a lavez generen incentivos como los señala-dos anteriormente, es una vía a profundi-zar en el camino a la asociatividad. Lascooperativas cafetaleras son una experien-cia exitosa que se debería tener en cuenta,pues ellas han logrado lo que supuesta-mente es el objetivo del D. Leg. 1020: agru-par a pequeños productores, mejorar suscondiciones tecnológicas e insertarlos enlos mercados de exportación.

La asociatividad entre pequeños productores agrarios es un mecanismo que les pertmiría superar obstáculos como su escaso poder de negociación frentea los intermediarios. Persiste la duda de que el Decreto Legislativo 1020 tenga éxito en generar tal asociatividad.

6 LA REVISTA AGRARIA / 105

El 18 de marzo pasado, Fausto Magalla-nes estuvo a punto de perder las tierrasque heredó de su padre y en las que hacultivado algodón por más de 45 años.Así como miles de pequeños agriculto-res, él no está en condiciones de pagarel préstamo otorgado por una entidad fi-nanciera, y sus 5 hectáreas de tierra yafueron ofrecidas en remate público, enuna primera convocatoria en la que nose presentaron postores. Pero el peligrocontinúa. Por eso, a Fausto le urge lapuesta en marcha de la Ley Preda, normaque permitiría que él y los más de cuatromil productores que se encuentran en su

situación conserven susterrenos.

La Ley 29264, Ley deReestructuración de laDeuda Agraria (más co-

Tierras en remateMás de cuatro mil agricultores están en riesgo de perder sustierras debido a trabas del Ejecutivo en la implementación

de la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria

nocida como Ley Preda), fue promulga-da por el Congreso de la República el 3de octubre de 2008, con un plazo de 60días para su reglamentación e implemen-tación. La norma crea mecanismos parareestructurar el pago de créditos agro-pecuarios otorgados tanto por entidadesdel Estado como por las instituciones pri-vadas que componen el Sistema Finan-ciero Nacional. Siempre que estas deu-das se encuentren vencidas al 31 de di-

ciembre de 2007, los agricultores puedenbeneficiarse con una extinción parcial desu deuda (en casos en que el monto decapital sea menor o igual a S/.35 mil seprocederá a «perdonar» hasta S/.10 milde la deuda) o de su refinanciación (has-ta por cinco años).

Pero han pasado casi seis meses, y losagricultores que adeudan a las entida-des financieras privadas todavía no pue-den acogerse a la Ley Preda, en tanto el

El Ejecutivo acusa a la Ley Preda de inconstitucionalidad debido a que invo-lucra una iniciativa de gasto. Para varios especialistas eso sería un absurdo.

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Ministerio de Economía y Finanzas notransfiera al Banco Agropecuario S/.50millones de soles con cargo a los bonosdel Tesoro Público emitidos al amparo delDecreto de Urgencia 059-2000. (Los agri-cultores que le deben al Estado ya pue-den beneficiarse con la ley desde este 21de marzo pasado [ver sección NormasLegales, en este número de LRA].)

Según el congresista Franklin Sán-chez, miembro de la Comisión Agraria,hasta fines de 2007 había 4,200 deudoresagrarios de instituciones privadas, cu-yas deudas sumaban 48 millones 539 mil613 soles. Se trata de agricultores comoFausto, que corren el riesgo de perdersus tierras mientras no se implemente laley y no cesen los procesos coactivos yjudiciales de cobranza, y la ejecución degarantías. (En el caso de la deuda agrariaa entidades del Estado, se habla de 50mil agricultores que en conjunto debenS/.300 millones.)

Fausto recuerda que en 2002 pidióUS$2,400 en préstamo a la Caja Rural deAhorro y Crédito Señor de Luren, po-niendo como garantía su propiedad ubi-cada en la parcela 20 de la estancia laJoya de Cau José Carlos Mariátegui, enPisco. Pero los altos costos de los insu-mos agrícolas y los bajos precios delalgodón impidieron que siguiera liqui-dando la deuda. Ahora ni siquiera tienedinero suficiente para empezar una nue-va campaña, trabaja como jornalero paraotros agricultores y ya está perdiendola esperanza de conservar su tierra aco-giéndose a la Ley Preda. Hace unos díasle dijeron que si hasta fines de abril nopagaba US$3 mil, y para setiembre, elresto de la deuda, las convocatoriaspara el remate de su predio continua-rían.

¿Por qué no la implementan?Según explica Sánchez, el 5 de diciem-

bre de 2008 el Ejecutivo presentó una de-manda de inconstitucionalidad de la LeyPreda (específicamente, de la cuarta dis-posición complementaria, que se refierea la deuda con las instituciones del Sis-tema Financiero Nacional) ante el Tribu-nal Constitucional, argumentando que elCongreso no puede promulgar una leyque involucra una iniciativa de gasto.Para el legislador, este argumento es fa-laz, pues existen antecedentes de leyessimilares a la Ley Preda, como la Ley

27551, ley que establece modificacionesal Programa de Rescate Financiero Agro-pecuario, que también implica iniciativade gasto para ayudar a refinanciar deu-das agropecuarias.

Laureano del Castillo, especialista deCepes en legislación, indica que si bien

el artículo 79 de la Constitución dice que«los representantes ante el Congreso notienen iniciativa para crear ni aumentargastos públicos, salvo en lo que se re-fiere a su presupuesto», esta norma nopuede ser interpretada ni aplicada en for-

ma rígida. El Congreso, señala Del Casti-llo, ha dispuesto muchas acciones que,sin duda, generan gastos, desde la ex-propiación de un predio hasta la crea-ción de una institución como Agroban-co o el Ministerio del Ambiente. «Creoque la interpretación correcta es que loque no puede generar el Congreso songastos directos», concluye.

Pero mientras el Tribunal Constitucio-nal no se pronuncie ante esta demandade inconstitucionalidad, el Ministerio deEconomía y Finanzas no puede transfe-rir los S/.50 millones que son necesariospara que los productores que deben afinancieras privadas se beneficien delPreda.

A inicios de este año, la Presidenciadel Consejo de Ministros prometió a losagricultores que emitiría un decreto su-premo para acelerar el proceso y así im-pedir que sus tierras sigan siendo rema-tadas. Sin embargo, hasta ahora no haynada concreto al respecto. El congresis-ta Sánchez indica que están trabajandoen un proyecto de ley adicional que pa-ralice los remates en tanto el Estado nocumpla con comprar la deuda. Pero has-ta que esta norma sea aprobada y pro-mulgada, todavía pasarán algunos me-ses, y durante ese tiempo, agricultorescomo Fausto seguirán asistiendo impo-tentes al remate de sus tierras.

Han pasado casi 6 meses de supromulgación y los agricultores queadeudan a las entidades financie-ras privadas todavía no puedenacogerse a la Ley Preda, en tantoel Ministerio de Economía y Finan-zas no transfiera al Banco Agrope-cuario S/. 50 millones de soles.

El 3 de octubre de 2008 Javier Velásquez Quesquén, presidente del Congreso, promulgó la LeyPREDA. Hasta el momento se sigue esperando su total implementación.

8 LA REVISTA AGRARIA / 105

Amazonía en pie de luchaIndígenas reclaman anulación de la concesión del lote 117, otorgado a Petrobrás, y vuelven

a poner sobre el tapete los desencuentros entre petroleras y poblaciones nativas

res informativos para hacerlos aparecercomo consulta, les hacen firmar documen-tos, y de eso se agarra la empresa paradecir: «ya hemos consultado, los pueblosestán de acuerdo». Por eso, ellos dicen:«No vamos a participar en este tipo dediálogo malintencionado».

¿Qué tendría que suceder para que serenueve la confianza?

Que la empresa garantice el cumplimien-to de los procedimientos contenidos en elConvenio 169, que tiene rango constitu-cional. Han pasado 16 años desde que elPerú firmó el convenio, y los gobiernos nohan podido hacer que se genere un verda-dero diálogo y se escuche a los pueblos.

Es decir, ¿no hay una oposición cerra-da a la extracción de hidrocarburos enterritorios indígenas?

Nosotros no somos intransigentes, que-remos el desarrollo. Pero queremos que se

A mediados de este mes, los dirigentes delas comunidades kichwas y secoyas de lascuencas del Alto Putumayo y el Alto Napo,en el extremo norte de Loreto, demandaronal gobierno la anulación de la concesióndel lote 117, otorgado a la empresa brasile-ña Petrobrás en sus territorios. La situa-ción pone sobre el tapete, una vez más, losdesencuentros entre las empresas dedica-das a la extracción de hidrocarburos y lascomunidades nativas amazónicas. Paraentender mejor la problemática, LRA con-versó con Alberto Pizango, presidente deAsociación Interétnica de Desarrollo de laSelva Peruana (Aidesep), organización querepresenta a 1,350 comunidades pertene-cientes a 65 etnias de la Amazonía perua-na; y Carlos Soria, abogado ambiental yresponsable del Área de Incidencia del Ins-tituto del Bien Común (IBC), organizaciónno gubernamental familiarizada con la pro-blemática de las comunidades nativas dela selva.

Alberto Pizango,presidente de Aidesep

¿Qué está pasando en el Lote 117?El lote 117 fue concesionado en el año

2007, y las empresas petroleras Perenco yPetrobrás y Perenco han entrado a hacerexploración. Ahora, las más de cien comu-nidades que hay en el lote, que pertenecena los pueblos secoyas y quechuas, y tam-bién el grupo de los huitotos, se han le-vantado para decir que no están de acuer-do, que no quieren más el ingreso de laspetroleras.

¿Bajo ninguna condición?Ellos quieren dialogar, pero ya no en

este clima de desconfianza. ¿Cuál es la for-ma de entrar que siempre tienen las em-presas? Diciendo que van a hacer un ta-ller informativo. Como las leyes señalanque se debe tener el consentimiento pre-vio, libre, informado y de buena fe de lospueblos, las petroleras utilizan los talle-

Alberto Pizango, presidente de Aidesep

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garantice el cumplimiento de las normas.Lejos de que se siga contaminando, quese siga matando a estos pueblos, lo quedecimos es: «Muy bien, vamos a sentar-nos, queremos el desarrollo, no somosegoístas, pero vamos a desarrollarnos congarantías, como lo hacen a nivel interna-cional, como en Estados Unidos».

¿Tienen propuestas concretas al res-pecto?

Claro que tenemos propuestas. En el año1997 hemos planteado un reglamento deprocedimientos adecuados para desarro-llar actividades hidrocarburíferas en el te-rritorio de los pueblos indígenas. En estedocumento, los pueblos amazónicos plan-teábamos cómo deben hacerse las nego-ciaciones para que todos nos beneficie-mos. Lo hemos planteado no solamente alEstado, sino a las empresas, porque se que-ría hacer de este reglamento algo que seacumplido por las empresas petroleras, elEstado y los pueblos indígenas —lo quese llama un reglamento tripartito—. Peroluego de tres años de diálogos, ni el Esta-do peruano ni las empresas quisieron con-cretizar; más bien evadieron. Cada vez queíbamos a concretizar ponían abogados paradilatar el tiempo; volvíamos a fojas cero yno llegábamos a ningún acuerdo. Cuandohemos visto la intransigencia de parte delgobierno y las empresas, hemos dicho: «Sino nos quieren escuchar, esto ya no más».Desde entonces no ha habido ningún diá-logo fluido.

¿Tampoco bajo el gobierno de Toledo,en donde parecía que tenían una granaliada en Eliane Karp?

En el gobierno de Toledo fue mucho más,entre comillas, abierto, pero tampoco selogró nada. En los años 2003-2004 se plan-teó una reforma constitucional, una ley in-dígena que dentro de la Constitución re-coja los derechos de los pueblos indíge-nas, y tuvimos un periodo de diálogo in-tenso con la Conapa. Pero al final no hicie-ron nada; era solo para distraer, para decir-nos: «Estamos trabajando con ustedes».

¿Cuál es el mayor reclamo que los pue-blos nativos amazónicos le hacen a lasempresas de hidrocarburos?

La contaminación. Ahí están las malasexperiencias que han vivido pueblos ama-zónicos como los achuar, en el río Corrien-tes, o los machiguengas con el gas de Ca-

misea que Pluspetrol extrae en el río Uru-bamba.

¿Tan negativas han sido estas expe-riencias?

Ambas. En el río Urubamba, por ejem-plo, ha habido siete derrames de gas licua-do. Han matado muchas especies de floray fauna, muchos peces y otros recursosictiológicos. Producto de ello, niños y adul-tos han tenido enfermedades que no pue-den curarse, y la empresa no ha hecho hastaahora nada por pagar o indemnizar esosdaños. Están contaminados sus suelos ysus aguas, y no hay un programa que les

Las petroleras y los nativos invisiblesTal como informara la prensa nacional, a mediados de marzo, los representantes de

más de 100 comunidades kichwas y secoyas cuyos territorios se encuentran al interiordel lote 117 (rayas blancas, en el mapa) se manifestaron en contra de que Petrobrásinicie exploraciones en la zona. Menos conocido es el hecho de que en el lote, ubicadoen el extremo norte de Loreto, entre los ríos Napo y Putumayo, también existen otrosgrupos de indígenas amazónicos que, a diferencia de los kichwas y secoyas, se en-cuentran en «aislamiento voluntario». Se trata de miembros de las etnias huaorani(que a su vez se dividen en tagaeri y taromenani) y arabela, que viven evitando todocontacto con personas que no pertenecen a sus diezmados grupos étnicos. Estosindígenas aislados se encuentran a ambos lados de la frontera peruano – ecuatoriana,y en el mapa se observan los contados encuentros con ellos que han sido reportados(hombres de rojo), así como las matanzas de que han sido víctimas en territorio ecua-toriano (fuegos rojos). La presencia de estos indígenas ha motivado la propuesta dela Reserva Territorial Napo - Tigre (en color morado en el mapa), que limitaría con unazona similar en Ecuador. El fin de las reservas territoriales es proteger a los escasísi-mos nativos que sobreviven sin tener contacto con el mundo exterior, habiendo llega-do al siglo XXI con buena parte de su acervo cultural prehispánico intacto. Hastahace unos años, solo el 13% de la selva peruana estaba concesionada en forma delotes hidrocarburíferos; ahora es el 75%. Conforme la actividad extractiva de hidrocar-buros en la Amazonía se incrementa, las probabilidades de encuentros con los últimosgrupos indígenas en aislamiento voluntario se multiplican, con todos los peligrospara su supervivencia que ello conlleva.

devuelva la tranquilidad. Esto está docu-mentado. Por eso, los hermanos del Putu-mayo, específicamente del lote 117, cuan-do han sabido que va a entrar Petrobráshan dicho: «No vamos a permitir esto; sies que nos van a matar, de una vez que nosmaten ahora, antes que nos maten con lacontaminación». Eso es lo que afirman es-tos pueblos por la mala experiencia y por-que el Estado peruano no hace nada paraque se cumplan los estándares mínimos in-ternacionales sobre los derechos de lospueblos y sobre cómo deben llevarse acabo las actividades hidrocarburíferas ensus territorios.

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Carlos Soria, abogado ambientaldel Instituto del Bien Común

(IBC)¿Por qué se dan reacciones tan

radicales como las que hemos vis-to estos días, en que antes inclusode que la empresa petrolera entrea operar ya se genera una oposi-ción de los pueblos nativos?

En algunos otros casos tiene quever con los denominados nativosen aislamiento voluntario. Pero ge-neralmente tiene que ver con la pre-ocupación de la contaminación, eltemor al deterioro de sus aguas. Loque pasa es que hay una experien-cia negativa muy larga. Está el casodel río Corrientes (Loreto), por ejem-plo, en donde durante 30 años sehan vertido las aguas salitrosas quevienen de la producción de petró-leo, y hasta que la población indí-gena no se levantó, no se aprobó lanorma que obliga a reinyectar esasaguas en el subsuelo. Estas aguastienen diez veces más sal que lasaguas del mar, y a veces están a 80° detemperatura, lo que mata o desplaza todaforma de vida acuática que se tropieza conellas.

Los dirigentes nativos del lote 117 sos-tuvieron que no querían sufrir la expe-riencia del río Corrientes. ¿Cuál ha sidoel impacto de esta experiencia entre lospueblos nativos amazónicos?

El caso del río Corrientes fue muy im-portante. En primer lugar, logró primerasplanas y la atención mediática de progra-mas como «Cuarto Poder»; se hizo un vi-deo incluso, que se llama «Una muerte enSión», que los indígenas están difundien-do. Y, en segundo lugar, logró que un re-clamo que se había hecho durante 20 a 30años (la reinyección de las aguas salitro-sas) fuese satisfecho. Esta experienciadejó una clara lección: tienes que organi-zarte y protestar porque el Estado tiendea abusar de la gente.

Pero se supone que ahora, con Osi-nergmin, hay un mejor sistema de fisca-lización…

Ahora hay un mayor control desde elEstado, pero igual las empresas tienen unenorme margen para actuar de acuerdo asu criterio. Por ejemplo, Transportadora deGas del Perú (TGP) dijo: «Vamos a hacer

tuberías enterradas», y a la hora de los lo-ros las hicieron por encima. El estudio deimpacto ambiental (EIA) dice que en el ten-dido de la red de gas no deben formarseángulos de 90 grados, sino de 28, por eltema de la presión; pero anda y verás queesto tampoco se ha cumplido. Hay muchomargen entre lo que dice el EIA y lo que enrealidad se cumple. Un informe de la De-fensoría muestra una serie de denunciasde ciudadanos sobre Camisea.

En tu experiencia, ¿qué tan grande esla desconfianza de las comunidades?

El índice de desconfianza es muy alto;diría que de 70 a 80%. Pero, a pesar deeso, los pobladores comienzan a ganarconfianza cuando ven beneficios. Enton-ces, la estrategia de las petroleras no esentrar a preguntarles si están de acuerdocon el petróleo o si les preocupa la conta-minación. La petrolera va a tu comunidady te dice: «Vamos a hacer un estudio deimpacto ambiental; vamos a hacerlo deesta manera: si tienen preguntas, nos lohacen saber. Ahora, vamos a hacer la listade la gente de la comunidad que quieretrabajar en abrir las trochas». Obviamen-te, todo el mundo quiere un sueldo. En-tonces, en esas condiciones ya no se dis-cuten los temas de fondo y la gente se vapor el lado del «¿Cuánto me toca?».

Al principio mencionaste a los indi-genas que viven en aislamiento comocausa de conflictos con las petroleras…

A veces sucede. En el caso del lote 107,donde trabajábamos con la FederaciónNativa de Comunidades Cacataibo (Fena-coca), la federación tenía claro que el pe-tróleo era una opción, pero decían: «Nose metan con la tierra de los aislados».Los cacataibo se refieren a los aislados –otros cacataibo que prácticamente no tie-nen ningún contacto con la sociedad na-cional— como camano, «el otro que noes blanco o mestizo, sino otro como yo».Ellos se refieren a ellos como sus parien-te, y como hablan la misma lengua, se en-tienden muy bien. Lamentablemente, noexiste un protocolo de recojo de informa-ción, reglas sobre cómo prevenir el con-tacto, evitar el contagio enfermedades quepueden diezmarlos, etc. En el caso de loscacataibo en aislamiento, se llegó a darun contacto con los trabajadores en líneasísmica. Llegó el antropólogo de la em-presa. Pero este antropólogo, ¿a quiéndebe reportar, a la empresa o al Indepa?Yo creo que al Indepa, con una copia parala empresa. Pero lo que sucede es que lasempresas van recogiendo información ylos hallazgos se convierten en parte desus museos privados o de la bonita deco-ración de una oficina.

Carlos Soria, abogado ambiental del Instituto del Bien Común (IBC)

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Dos decretos nocivosCreados para dar facilidades a la inversión en tierras

comunales, los DD. Legs. 1064 y 994 recortan los derechosadquiridos de las comunidades campesinas

Uno de los principales objetivos de estegobierno es estimular la inversión privada.En este contexto, se han promulgado unaserie de decretos legislativos para adecuarla normatividad peruana al TLC con Esta-dos Unidos, entre los que hay 25 relacio-nados con el sector agrario. Dos de estosdecretos (DD.Legs. 994 y 1064) están di-rectamente relacionados con la inversiónprivada en tierras comunales, y ambos re-cortan los derechos adquiridos de las co-munidades.

Tal como se expone en su texto, el fin delD. Leg. 994 es promocionar las inversio-nes en proyectos de irrigación en tierraserizas. Pero, ¿qué entiende el decreto por«tierras eriazas»? En su artículo 3 se defi-ne como tales a las que no se pueden apro-vechar por falta o exceso de agua, y sedetermina que pertenecen al Estado, salvoque exista de por medio un título de pro-piedad o comunal. A pesar de que este de-creto fue modificado luego por el D.Leg.1064 y ya no se exige la inscripción en losregistros públicos, persiste aún la exigen-cia de que estos predios se encuentren ti-tulados. Esto se da en un contexto en quemuchas comunidades campesinas tienenprocesos pendientes de titulación, debidoen cierta medida a que los procedimientosde titulación de comunidades se han en-frentado siempre con la resistencia de losfuncionarios, que los convierten en proce-sos largos y complicados que pueden du-rar muchos años.

De acuerdo con Pedro Castillo, especia-lista de CEPES en la materia, el peligro queencierra el D.Leg. 994 es que, al exigir latitulación —y, por consiguiente, no reco-nocer el derecho de las comunidades a laposesión—, esta nueva norma permitiríaque las tierras eriazas de las comunidadesque no están tituladas puedan ser consi-deradas como propiedad del Estado y, porlo tanto, ser pasibles de ser vendidas a ter-ceros.

De esta forma, se está desconociendo elderecho de las comunidades sobre sus tie-rras, apartándose así de la obligación cons-titucional contenida en los artículos 70, 88y 89, así como en las normas de la Ley Ge-neral de Comunidades Campesinas, Ley deDeslinde y Titulación del Territorio Comu-nal, Ley de Comunidades y de Desarrollode la Selva y Ceja de Selva, y del Convenio169 de la OIT, ratificado por Perú. Las co-munidades que serían más afectadas conesta medida serían aquellas ubicadas en la

costa de país, las cuales son titulares deenormes extensiones eriazas, debido tantoa la falta de agua como de apoyo estatal.

Del acuerdo previo al acuerdoobligatorio

Por su parte, el D. Leg. 1064 plantea elotorgamiento de servidumbres1 de parte delos propietarios de tierras agrícolas a favorde empresas mineras, petroleras u otras.Por el tipo de redacción de la norma —escueta y poco clara—, daría la impresiónde que se están imponiendo servidumbreslegales y obligatorias. De este modo, se

estaría dejando sin efecto lo dispuesto porla Ley 26505, Ley de Tierras, que permitíaun acuerdo previo entre el dueño de la pro-piedad y la empresa interesada.

Sin embargo, cuando se creó la figuradel «acuerdo previo», solo se definieronlos aspectos formales2 para arribar a unacuerdo, dejándose de lado elementosesenciales para una negociación en igual-dad de condiciones entre las partes intere-sadas (comunidad y empresa), como porejemplo asegurarse de que ambas partestienen pleno conocimiento de los derechoslegales que les asisten. En estas condicio-nes, las empresas tienen mayores posibili-dades de conducir la negociación en su

favor, mientras los comuneros sufren lafalta de conocimientos esenciales, como elcontenido de las normas o los costos so-ciales y ambientales de las actividades ex-tractivas3.

Así, el acuerdo previo, tal como fue crea-do por la Ley de Tierras, no cumplía con suobjetivo de garantizar una adecuada parti-cipación de los comuneros en defensa delos intereses de su comunidad. La situa-ción mejoró cuando la Ley 26570 (que mo-dificó a la 26505) creó un procedimientoadministrativo que consistía en que si laspartes no lograban arribar a un acuerdo(acuerdo previo), podían ir a un procedi-miento administrativo, pero antes debíanpasar por una etapa conciliatoria en don-de, obligatoriamente, se instruía al propie-tario de los derechos que le asistían. Estenuevo mecanismo fue un paso adelanteque permitía la participación del comuneroen las negociaciones; sus alcances fueron,sin embargo, limitados por la escasa pre-paración de los conciliadores, que proba-blemente desconocían la realidad social yambiental del campo y las zonas con pre-sencia minera.

Al imponer, aparentemente, la servidum-bre, dejando de lado el acuerdo previo y laetapa conciliatoria que, a pesar de las defi-ciencias antes descritas, permitían la parti-cipación directa de la comunidad en asun-tos de su propiedad, el D.Leg. 1064 hacetabla rasa de todo lo avanzado hasta fechasobre acuerdos de servidumbres entre co-munidades y empresas.

Notas1 La servidumbre es un derecho real que permiteestablecer limitaciones sobre un predio en bene-ficio de otro, y permite al segundo practicar cier-tos actos de uso del predio sirviente. Puede serlegal o contractual.2 Estar por escrito, ante notario público o juez depaz y puesto en conocimiento del Ministerio deEnergía y Minas.3 Castillo, Pedro y Del Castillo, Laureano. Tie-rras agrícolas y servidumbre minera. Oxfam-CE-PES, 2003.

El peligro que encierra el D. Leg.994 es que, al exigir la titulaciónesta nueva norma permitiría quelas tierras eriazas de las comuni-dades que no están tituladas pue-dan ser consideradas como pro-piedad del Estado y, por lo tanto,ser pasibles de ser vendidas a ter-ceros.

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Tras varios intentos fallidos, el pasado 12de marzo el Congreso de la República apro-bó en primera votación (y la exoneró desegunda votación) la Ley de Recursos Hí-dricos, derogándose así la Ley General deAguas de 1969 y los cuestionados Decre-tos Legislativos 1081 y 1083. El texto de laley es el cuarto en ser aprobado por el ple-no en los últimos dos meses, y así comolos anteriores, fue distribuido con muypoca anticipación, lo que generó un deba-te parlamentario desordenado, lo hizo ob-jeto de denuncias de cambios inconsultosy dejó graves dudas sobre las bondadesde la nueva pieza legislativa.

El temor a la privatizaciónComo sucedió con versiones anteriores,

el texto de la ley no termina de disipar lostemores en torno a la privatización del re-curso hídrico. En sus artículos declarati-vos, la nueva ley es enfática en afirmar queel agua es patrimonio de la Nación y nopuede ser objeto de apropiación privada.Sin embargo, persiste en un sector de con-

gresistas la preocupación respecto a quela ley permita que la gestión del agua pue-da ser encargada a una entidad privada —

algo que precisamente admite el D. Leg.1081—, lo que sin duda constituye unaforma de privatización. Entre otros aspec-tos recogidos del D. Leg. 1081, esta posi-bilidad está presente en la ley aprobada.

No sería la primera vez que un aspectorelacionado con la gestión del agua es sus-ceptible de privatización. En su segundogobierno, Fujimori modificó la Ley Generalde Aguas para impulsar la inversión privada,promoviendo la entrega de infraestructurade riego a empresas privadas. Fue así comose formaron la Empresa Técnica de Conser-vación, Operación y Mantenimiento S.A.(Etecomsa), que operaba en el distrito de rie-go Chancay–Lambayeque, y la AsociaciónCivil Opema, en el valle del Jequetepeque.En estos casos, sin embargo, las empresas uorganizaciones privadas que se hicieron car-go de funciones reservadas al Estado esta-ban integradas por los propios usuarios agra-rios. Años antes, el Estado también habíaasignado a las organizaciones de usuariosciertas funciones que la Ley General de Aguasreservaba a la autoridad estatal de aguas.

Nueva ley, nuevos problemasLuego de cuarenta años, el Perú tiene una nueva Ley de Aguas

En sus artículos declarativos, la nue-va ley es enfática en afirmar que elagua es patrimonio de la Nación yque no puede ser objeto de apro-piación privada. Sin embargo, en unsector de congresistas persiste lapreocupación respecto a que la leypermita que la gestión del agua pue-da ser encargada a una entidad pri-vada lo que sin duda constituye unaforma de privatización.

Uno de los aspectos positivos de la nueva ley es que reconoce a las comunidades campesinas y nativas derechos y roles similares a los de organizacionesde usuarios de agua.

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Una forma de privatización muy diferen-te, y que despertó preocupación en añosrecientes, fue la entrega en concesión delos servicios de agua potable y alcantari-llado en la ciudad de Tumbes a una empre-sa privada. Es cierto que la participacióndel sector privado es necesaria (aunque espreciso regularla cuidadosamente para evi-tar abusos), pues el Estado no está dis-puesto a hacer mayores desembolsos y losusuarios no están en capacidad de realizarlas fuertes inversiones que se requierenpara la reposición, mantenimiento y opera-ción de los sistemas hídricos. Pero, a la luzde anteriores experiencias en el país, la pri-vatización, aunque sea bajo la forma deconcesión, no deja de ser un peligro. Enese sentido, si bien la concesión del aguade Tumbes a una empresa privada fue he-cha con base en normas legales que conti-núan vigentes, también es cierto que lanueva ley no la prohíbe.

Otros aspectos cuestionablesSin duda, la ley también tiene aspectos

positivos, como el reconocer a las comu-nidades campesinas y nativas derechosy roles similares, incluso, a los de las or-ganizaciones de usuarios del agua, lo querepresenta un importante avance respec-to de la Ley General de Aguas. El solohecho de que la Ley de Recursos Hídri-cos —cuya promulgación por el presidentede la República y posterior publicacióntodavía se aguardaba hasta el cierre deesta edición— reemplace a varias normasprevias es un paso importante en el pro-ceso de desenredar el complejo entrama-do de normas legales que componen lalegislación peruana de aguas. Pero losaspectos cuestionables de la ley no seagotan con la privatización.

Como hemos venido advirtiendo enLRA (ver No. 103), la Ley de RecursosHídricos recoge muchos de los artículosy contenidos más cuestionados de losDecretos Legislativos 1081 y 1083. Porejemplo, centraliza las atribuciones en laAutoridad Nacional de Aguas (ANA),cuyo consejo directivo está dominadopor una clara mayoría estatal, amengua-da por la presencia de solo cuatro repre-sentantes de los usuarios. Los consejosde cuenca, por otra parte, han vuelto alrol marginal dispuesto por el D. Leg.1081, pues, en la práctica, funcionaráncomo órganos consultivos de la ANA,que «participan» en la planificación, co-

ordinación y concertación del aprove-chamiento del agua en sus respectivosámbitos, pero que carecen de todo po-der de decisión. Además, hasta tanto nose publique la ley, quedará la duda sobresi los consejos de cuenca son órganosdescentralizados o solo desconcentra-dos, diferencia sustancial en cuanto a suautonomía. Las autoridades autónomasde cuenca, «desaparecidas» por ese mis-mo decreto, también brillan por su au-sencia en la nueva ley —dejando vacíaslas afirmaciones sobre la «importancia de

las cuencas» que la propia Ley de Re-cursos Hídricos defiende.

Todo lo relacionado con la retribución eco-nómica y las tarifas merece mayor atención,pero la ley deja planteadas varias dudas quedeberán ser resueltas por el reglamento. Evi-dentemente, esta no es la mejor manera detratar un tema tan delicado y sensible para lamayor parte de usuarios, tanto agrícolas comourbanos. La redacción actual de esas nor-mas permite avizorar un incremento en losdesembolsos que deberán hacer los usua-rios por servirse de este recurso.

Pese a lo positivo de contar con una nueva Ley de Aguas, esta norma recoge muchos de loscontenidos cuestionados de los DD.Legs. 1081 y 1083.

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DINÁMICA SOCIAL Y MNERÍA.Familias pastoras de puna y lapresencia del proyecto Antami-na (1997-2002). Guillermo SalasCarreño. Instituto de EstudiosPeruanos (IEP). Lima, octubre,2008, 409 págs.Este libro examina el desempeño so-cial de Antamina según la legislaciónvigente, los compromisos de esta em-presa con las normas internacionalesy, sobre todo, su propio discurso deresponsabilidad social. La primeraparte es un análisis de la sociedadsanmarquina alrededor de 1998, en particular, de los pastoresde puna de Yanacancha, articulados estrechamente con la mi-crocuenca de Carash y el pueblo de San Marcos. La segundaparte es un análisis de las relaciones entre la comunidad deldistrito de San Marcos y Antamina, entre 1997 y 2002. Los puntoscentrales de sus conclusiones están referidos a las siguientestemáticas: uno: pastos de puna, dinámica social y sistema deacceso a recursos; dos: usufructo continuado y formas de pro-piedad legal de las tierras; y tres: responsabilidad social de laminería, desarrollo sostenible y narrativas de modernidad.

DERECHOS, COSTUMBRES Y JURISDICCIONES INDÍ-GENAS EN LA AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA.Laura Giraudo (ed.). Cuader-nos y Debates 191. Centro deEstudios Políticos y Constitu-cionales. Madrid, 2008, 316págs.La primera parte del libro está dedi-cada a la discusión «Acerca de losderechos indígenas». En la segun-da parte, dos textos, desde distintosángulos, enfrentan el tema (y las difi-cultades) de la identificación, codifi-cación y sistematización de las cos-tumbres o de las prácticas tradicio-nales indígenas. La tercera parte

contiene tres textos, de Catalina Botero, Emiliano Borja y MarianAhumada, todos ellos relacionados con la problemática de losindígenas de Colombia. En la cuarta y última parte, por un lado,Laureano del Castillo se ocupa de la práctica de la jurisdicciónespecial en el caso peruano, proponiendo una revisión de lalegislación sobre jurisdicción y justicia comunal y del debate acer-ca de su aplicación, sobre todo desde los más recientes recono-cimientos constitucionales; y, por otro lado, Julio Cesar Trujillo,refiriéndose al caso ecuatoriano, recuerda principios, institucio-nes y normas del derecho indígena, así como los elementos dela administración de justicia, destacando las dificultades de re-copilación de normas y de definición de autoridades.

DERECHO INTERNACIONAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.Una visión desde la política ambiental peruana. Ger-mán Vera Esquivel. Instituto de Estudios Social Cris-tianos. Perú, 2008, 112 págs.El libro se orienta a comprender a cabalidad el cambio climáticocomo un hecho atribuido directa o indirectamente a la actividadhumana, que altera la composicióny el funcionamiento normal de la at-mósfera planetaria. Según su pró-logo, la obra, en su primera parte,nos pone al descubierto que elasunto de la evolución del clima noes solo un problema de medio am-biente, sino también de desarrollo,siendo este aspecto medular, yaque sus efectos dañinos afectan alos países más pobres, pues de-penden básicamente de los recur-sos naturales y de los sectores eco-nómicos relacionados con ellos,como la agricultura, la silvicultura,la pesca y la minería. Su segunda parte está dedicada a la asocia-ción o relación entre cambio climático y derecho internacional: Con-venio marco de las NN.UU. (1994), Protocolo de Kioto (1997), Con-ferencia de Monterrey (2002), y Cumbre Mundial sobre DesarrolloSostenible, celebrada en Johannesburgo (agosto 2002). Final-mente, la tercera parte aborda un conjunto de reflexiones sobre laproblemática internacional en torno al cambio climático.

cacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicacionespublicaciones

AgriculturaMediante la R.Jef. 064-2009-AG-SENA-SA (10 marzo) se prohíbe en todo el terri-torio nacional el uso de proteínas de ori-gen animal para la alimentación de ani-males rumiantes (bovinos, ovinos, capri-nos) y la utilización de carne de pollo yresiduos de la cría de aves en la alimen-tación animal.

A través de la R.M. 0262-2009-AG (21marzo) se dispone que todas las entida-des y dependencias del sector Agricultu-ra deben dar cumplimiento a lo estable-cido en los artículos 5 y 6 de la Ley 29264

(Ley Preda), así como los gobiernos re-gionales que administren recursos deFondeagro.CongresoSe promulgó la Ley 29325 (5 marzo), Leydel Sistema Nacional de Evaluación y Fis-calización Ambiental. Este sistema tienepor finalidad asegurar el cumplimiento dela legislación ambiental por parte de to-das las personas, naturales o jurídicas.EjecutivoMediante Decreto de Urgencia 033-2009 (5marzo) se establecen medidas extraordi-narias para asegurar el financiamiento del

Componente I del Proyecto Especial de Irri-gación e Hidroenergético del Alto Piura.Gobiernos RegionalesMediante la Ordenanza 004-2009-GRA/CR (4 marzo) certifican el OrganigramaEstructural y Manual de Operaciones delPrograma Regional de Irrigaciones yDesarrollo Rural Integrado (Prider) en laregión Ayacucho.

Con la Ordenanza 003-2009-CR-APU-RIMAC (13 marzo) se aprueba el Regla-mento de Organización y Funciones yOrganigrama Estructural de la DirecciónRegional de Agricultura.

Visite: www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

Normas legales Normas legales Normas legales Normas legales

MARZO de 2009 15

Conveagro im-pulsa alianzaregionalEl presidente de Conveagro,Federico León y León, y elcoordinador de la AsambleaNacional de Gobiernos Regio-nales, César Villanueva, acor-daron una alianza institucio-nal que permita impulsar demanera articulada el desarro-llo del agro descentralizado.

El acuerdo se anunciódurante la realización deltaller: «La gestión del desa-rrollo agrario en tiempos decrisis», organizado por laAsamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Conveagro, Remurpe yel Grupo Propuesta Ciudadana. Cabe indicar que la alianza marca elinicio de una etapa en la que organizaciones agrarias y autoridadeslocales y regionales apuestan por un trabajo en consenso para ayudaral agro, un sector marginado de las grandes decisiones.

Asimismo, el convenio canalizará la instalación de mesas dediálogo descentralizadas, de manera paralela a la agenda agrariaque trabaja la Mesa Conveagro-Gobierno, con el fin de generar unmarco adecuado para el desarrollo agrario y rural.

Los ejes acordados para esta alianza tratan de seguridad ali-mentaria, cambio climático, compensaciones por el TLC, y reforma ydescentralización del sector agrario.

Financiamiento para algodonerosEl Ministerio de Agricultura (Minag) y los algodoneros del país acorda-ron un programa de financiamiento de la cosecha 2008, mediante uncrédito directo que se cancelará a través del uso de Buenas PrácticasAgrícolas. Se trata de un novedoso sistema que pone fin a sietemeses de negociaciones e incertidumbre, durante los cuales los algo-doneros reclamaban el pago de los incentivos por formalización.

El acuerdo fue suscrito por Carlos Lozada y Oscar Sebastiani,representantes del Minag; Rómulo Triveño, presidente del Gobierno

Regional de Ica; y Federico León y León,presidente de Conveagro, quienes decidie-ron trabajar de manera conjunta para agi-lizar el pedido de las liquidaciones de com-pra a las desmotadoras.

La comisión de dirigentes algodonerosque realizará el seguimiento de este pro-grama está integrada por César Zapata (Piu-ra), José Esquerre (Lambayeque), ArnulfoCampos (Santa), Ricardo Soto (Pisco), Fé-lix Siguas (Ica), Pablo Moriano (Chincha) yRogelio Condori (Lima).

Conveagro y la Ley deAguas«La Ley de Aguas es un logro que se esperópor muchos años. Es el esfuerzo de produc-

tores, organizaciones campesinas, y de la tenacidad de muchos con-gresistas. Sin ser una norma perfecta, es un gran paso. Corresponde alos gremios y organizaciones de usuarios participar en su reglamenta-ción para obtener las mejoras y llenar los vacíos y temas pendientes.Para lograr eso, el agro debe estar unido».

«Conveagro respalda las decisiones de la Junta de Usuarios eneste tema. A su vez, señala que la situación del agro no se superarásolo porque ya existe una Ley de Aguas; también se debe trabajarpara implementar de manera unitaria la agenda agraria pendiente, yen esa tarea estamos: en alianza con la Junta de Usuarios y sentadosen una mesa de diálogo con el gobierno».

Federico León y León, presidente de Conveagro

Reposición de arancelesEn carta dirigida al presidente Alan García Pérez, Conveagro ha pedidola reposición de aranceles que se aplican a los productos agrarios sen-sibles. Con el respaldo e intermediación del presidente del Consejo deMinistros, Yehude Simon, ha sustentado la propuesta ante el Ministeriode Economía y Finanzas, y ha pedido el respaldo de la bancada apristaen el Congreso. El agro espera con preocupación que este tema seaatendido por el gobierno, para otorgar seguridad a este sector produc-tivo nacional.

Récord arroceroPor tercer año consecutivo, elvalle de Majes, en Arequipa,registró un récord mundial enrendimiento de arroz cáscara,alcanzando 18,421 kilos porhectárea. El fundo «Bellavis-ta», de Elmer Huaco Medina,fue escenario de este récordque ratifica la supremacía pe-ruana y arequipeña en la pro-ducción arrocera mundial. La señora Elizabeth Llerena ocupó el se-gundo lugar, con 16,490 kilos por hectárea; y el tercer lugar lo ocupóFidel Alpaca Postigo, con 15,084 kilos por hectárea.Federico León y León, Rómulo Triveño, Carlos Lozada y Oscar Sebastiani.

Elmer Huaco, Luis Zúñiga y Fidel Aplaca,arroceros de Majes.

César Villanueva, coordinador de la Asamblea Nacional de GobiernosRegionales, y Federico León y León, presidente de Conveagro.

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Con este número se cumplen diez añosdesde la aparición del primer número de LaRevista Agraria, en marzo de 19991.Unarevisión del contenido de los artículos apa-recidos en este periodo permite dar unamirada a la evolución de la coyuntura agra-ria y rural vivida en el Perú, según las prio-ridades de LRA.

En total, 898 artículos fueron publicadosen LRA a lo largo de su primera década. Eltema con mayor cobertura fue el de los acuer-dos comerciales, con 193 artículos, en

La primera décadaCon este número, La Revista Agraria celebra su décimo

aniversario

un reflejo del énfasis dado por los gobier-nos de Toledo y García a los tratados bilate-rales de libre comercio. En este tema, la po-sición de LRA fue de defensa del agro na-cional y particularmente de los pequeñosagricultores. Una lectura de los artículos

permite concluirque, lamentable-

mente, la desconfianza frente a la estrategianegociadora del gobierno y los ofrecimien-tos de compensaciones para los sectoresafectados estuvo plenamente justificada.En efecto, ahora que el TLC con EstadosUnidos ha entrado en vigencia, justo cuan-do la crisis internacional pinta perspectivassombrías para las exportaciones, existe elriesgo de que ingresen al Perú gran canti-dad de productos agrarios por debajo desus costos de producción, gracias a los sub-sidios que reciben los productores estado-

unidenses. Los constantes llamados paraque el gobierno dialogara conlas organizaciones de agricul-tores no fueron atendidos, yahora el sector enfrenta un pa-norama incierto.

En estos últimos diez años,LRA dio una mirada crítica a lapolítica agraria, lo que se reflejaen 143 artículos referidos a diver-sos aspectos en esta materia. Seenfatizó la importancia de que elgobierno dialogue con los repre-sentantes de los productores so-bre los lineamientos y estrategiaspara lograr el desarrollo rural, resal-

tando el papel de la Convención del AgroPeruano (Conveagro), que en el tiempo se haconsolidado como principal interlocutor delos sucesivos gobiernos en materia agraria.

Otro gran rubro para LRA fue el análisisde las normas legales que afectan al sectorrural, que merecieron 117 artículos. Muchasde estas normas se refieren a los recursosnaturales —especialmente tierra y agua—y a los derechos de administrarlos y usu-fructuarlos. LRA ha dedicado 62 artículosal régimen de tierras en el país, y otros 59 alrégimen de aguas y su problemática. Aguay tierra también han estado en el origen decrecientes conflictos sociales, asunto alque se ha dedicado 50 artículos. La proble-mática de las comunidades campesinas fueobjeto de 61 artículos.

Nota1 El inmediato antecesor de LRA fue Alerta Agra-rio, publicación de Cepes que apareció por pri-mera vez en marzo de 1987, y acumuló 127 nú-meros, hasta 1998, año de su última edición.

*Algodón, maíz, papa, trigo, lácteos, azúcar. **Pobreza, Transgénicos, Propiedad intelectual,Seguridad alimentaria, Comunicación e información, Descentralización, Insumos agrícolas.Elaboración: Cendoc-Cepes.

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