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A/CN.á/Ser.A/1956/Add.l

ANUARIODE LA

COMISIÓN DE DERECHOINTERNACIONAL

1956Volumen II

Documentos correspondientes al octavoperíodo de sesiones, incluso el informede la Comisión a la Asamblea General

N A C I O N E S U N I D A S

ANUARIODE LA

COMISIÓN DE DERECHOINTERNACIONAL

1956Volumen I I

Documentos correspondientes al octavoperiodo de sesiones, incluso el informede la Comisión a la Asamblea General

NACIONES UNIDAS

Nueva York, 1957

NOTA

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letrasmayúsculas y cifras. La simple mención de una de tales signaturas indica que sehace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

A/CN.4/SER.A/1956/Add.l

27 de noviembre de 1956

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

No. de venta: 1956. V. 3, Vol. II

Precio: $ 3,00 (EE.UU.) ; 22 chelines 6 peniques ;13 francos suizos

(o su equivalente en la moneda del país)

INDICEPágina

REGIMEN DE ALTA MAR Y REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

Documento A/CN.4/97: Informe de J. P. A. François, Relator Especial . . 1

Documento A/CN.4/97/Add.l a 3: Resumen de las respuestas de los Gobiernosy conclusiones del Relator Especial 13

Documento A/CN.4/99 y Add.l a 9: Observaciones de los Gobiernos . . . 37Documento A/CN.4/100: Observaciones de las organizaciones intergubernamen-

tales 101

Documento A/CN.4/103: Informe complementario por J. P . A. François, Rela-tor Especial 101

E L DERECHO RELATIVO A LOS TRATADOS

Documento A/CN.4/101: Informe preparado por G. G. Fitzmaurice, RelatorEspecial 103

RELACIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

Documento A/CN.4/98: Memoria presentada por la Secretaría . . . . 129

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Documento A/CN.4/96: Informe preparado por F. V. García-Amador, RelatorEspecial 171

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Documento A/CN.4/L.64: Nota de la Secretaría 228

CUESTIÓN DE LA REFORMA DEL ARTICULO 11 DEL ESTATUTO DE LA COMISIÓN DE DERE-

CHO INTERNACIONAL


PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL


COOPERACIÓN CON LOS ORGANISMOS INTERAMERICANOS

Documento A/CN.4/102: Informe del Secretario de la Comisión sobre las labo-res del Consejo Interamericano de Jurisconsultos en su Tercera Reunión . . 232

Documento A/CN.4/102/Add.l: Addendum al informe del Secretario de laComisión 247

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL A LA ASAMBLEA GENERAL

Documento A/3159 y Corr. 1 : Informe de la Comisión de Derecho Internacionalsobre la labor realizada en su octavo período de sesiones, 23 de abril a 4 dejulio de 1956 249

LISTA DE OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL OCTAVO PERIODO DE SESIONES DE LA

COMISIÓN, NO REPRODUCIDOS EN ESTE VOLUMEN 300

COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONALDOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL OCTAVO PERIODO DE SESIONES,

INCLUSO EL INFORME DE LA COMISIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL

REGIMEN DE ALTA MAR Y REGIMEN DEL MAR TERRITORIALDOCUMENTO A/CN.4/97*

Informe de J. P. A. François, Relator Especial

[Texto original en francés][27 de enero de 1956]

INDICE

Párrafos PáginaIntroducción 1—4 1

I. Orden de los capítulos del informe definitivo 5—8 1II. Institución de un órgano central para la reglamentación 9—18 2

III. La solución de las controversias 19—23 3IV. Las zonas contiguas y la plataforma continental 24—37 5V. Reglamentación de las pesquerías 38 7

VI. Pesquerías fijas . 39—42 7VII. Puntos que quedaron pendientes de examen en el séptimo período de sesiones . . 43—57 8

A. Derecho de paso por las aguas que, por aplicación del método de la línea de baserecta, se transforman en aguas interiores 43—48 8

B. La explotación y la exploración del lecho y del subsuelo de la alta mar, fuerade la plataforma continental 49 9

C. Las investigaciones científicas en alta mar fuera de la plataforma continental 50—52 9D. Investigaciones científicas en la alta mar que cubre la plataforma continental 53—57 10

VIII. Omisiones y ambigüedades señaladas por autores modernos 58—70 11A. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental . . . . 58—59 11B. Instalaciones en el mar territorial 60 11C. Exploraciones que producen conmociones sísmicas 61—62 11D. La contaminación de las aguas por las instalaciones y los oleoductos . . . . 63—65 11E. Zonas de seguridad en torno a los oleoductos 66—67 12F. Distinción entre paso inocente por el mar territorial y acceso a los puertos . . 68—69 12G. Derecho de paso de las embarcaciones de pesca 70 12

Introducción

1. La Comisión de Derecho Internacional se proponepresentar a la Asamblea General, en su undécimo períodode sesiones, un proyecto de reglamentación del derechodel mar que comprenderá los proyectos aprobados porla Comisión sobre el régimen de alta mar, del mar terri-torial, la plataforma continental, las zonas contiguas y laconservación de los recursos vivos del mar.

2. La Comisión no podría someter a la AsambleaGeneral los distintos proyectos en la forma en que los haaprobado sucesivamente. En primer lugar, habría querepasar esos proyectos para que formen un todo ordenadoy sistemático; será necesario revisar algunos artículospara conformar los textos y evitar las repeticiones; luegoconvendrá reparar los defectos que puedan advertirse alhacer un nuevo examen del conjunto de los proyectos.

3. El régimen de alta mar y el del mar territorial cons-tituirán una parte considerable del proyecto final. Estosdos proyectos fueron presentados a los gobiernos para

Incorpora el documento A/CN.4/97/Corr. 1.

que hagan las observaciones que estimen convenientes. Seefectuó ya la segunda lectura en cuanto al mar territorial;y la nueva solicitud dirigida a los gobiernos se refirióúnicamente a ciertas cuestiones que quedaron pendientesen la primera lectura.

4. Se rogó a los gobiernos que enviasen sus obser-vaciones a la Secretaría antes del I o de enero de 1956;pero como es posible que algunas de esas respuestas nolleguen sino después de dicha fecha, el Relator se pro-pone presentar a la Comisión un informe suplementariocuando las haya conocido. Esta parte del informe estádestinada a examinar las cuestiones que es posible estu-diar ahora.

I. Orden de los capítulos del informe definitivo

5. Podría partirse de la noción de que una reglamen-tación del derecho del mar ha de basarse en el principiode la libertad de los mares. Pero como esta libertad estásujeta a algunas restricciones, sería lógico tratar prime-ramente del régimen de alta mar, donde la libertad esmás amplia, y examinar luego las otras partes del mar

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

en que se ejercen estas restricciones, es decir, las zonascontiguas, la plataforma continental y el mar territorial,en su orden.

6. Pero podría también aplicarse otro sistema, comen-zando por la parte del mar en que se ejerce de modo másamplio la autoridad del Estado, y que se considera comosujeta a su soberanía, o sea el mar territorial, paraexaminar luego la plataforma continental, las zonas con-tiguas y la alta mar, sobre las cuales la autoridad delEstado sólo se ejerce de modo restringido.

7. El Relator estima preferible este último sistema.No se trata de adoptar una posición en cuanto a la contro-vertida cuestión de saber si ha de considerarse el marterritorial como una parte de la alta mar en la cual elEstado ribereño puede disfrutar de un régimen especial,o como una prolongación del territorio del Estado costeroen la cual éste debe conceder ciertos derechos especialesa los demás Estados. La única cuestión que se plantea esla de saber cómo puede presentarse este asunto a losgobiernos del modo más claro y más comprensible. Desdeeste punto de vista, parece preferible tratar de las res-tricciones a la libertad de los mares en las zonas adyacen-tes al mar territorial después de examinar el régimen delmar territorial.

8. Consecuente con lo anterior, el Relator proponeque se ordenen los capítulos del informe final del modosiguiente :

I. IntroducciónII. El mar territorial

III. La plataforma continentalIV. Las zonas contiguasV. La alta mar (incluso la conservación de los recursos

vivos del mar).

II. Institución de un órgano central para lareglamentación

9. En repetidas ocasiones la Comisión ha consideradoque sería conveniente instituir un órgano de las NacionesUnidas, encargado de estudiar las cuestiones relativas almar que, desde el punto de vista del derecho interna-cional, podrían motivar diferencias de opinión entre losEstados interesados. La labor principal de este organismoconsistiría en preparar una reglamentación sobre todoslos puntos en que los intereses de los distintos usuariosdel mar pudiesen ser opuestos. En cuanto a la conser-vación de los recursos vivos del mar, la Comisión haprevisto ya la creación de un organismo de esta índole.El artículo 3 de la sección titulada " Pesquerías " delInforme sobre la labor realizada en el quinto período desesiones, dice así:

" Los Estados estarán obligados a aceptar, concarácter obligatorio para sus nacionales, todo sistemade reglamentación de pesquerías en cualquier zona dealta mar que un organismo internacional, que se crearádentro de la estructura de las Naciones Unidas, declareesencial a los efectos de la protección de los recursospesqueros de esa zona contra el desperdicio o la exter-minación. Dicho organismo internacional actuará porpetición de cualquiera de los Estados interesados " 1.10. En el comentario que sigue puede leerse:

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9, párr. 94.

" Como se dice más arriba, el sistema elaborado porla Comisión no difiere substancialmente del que adoptóa título provisional en su tercer período de sesiones. Enesta ocasión se dispuso en el artículo 2 que el organismointernacional permanente, con competencia para efec-tuar investigaciones sobre las pesquerías del mundo ylos métodos empleados para su explotación, tuvieratambién " poder para dictar reglamentos que esta-blezcan medidas de protección que hayan de aplicar losEstados cuyos nacionales se dediquen a la pesca encualquier zona determinada, cuando los Estados inte-resados no puedan ponerse de acuerdo ". El hecho deque en las respuestas de los gobiernos no se haya ex-presado oposición a las propuestas hechas entonces porla Comisión es síntoma del estado actual de la opiniónen esta materia y refleja el anhelo general de que setermine con lo que muchos califican de estado deanarquía " 2.

11. La primera dificultad con que tropezaría la crea-ción de una organización de esta índole, cuya compe-tencia abarcaría un campo muy vasto, podría surgir dela diversidad de intereses a que tendría que atender dichaorganización. Su cometido comprendería las cuestionesrelativas a la navegación, la pesca, la fijación de fronterasy de límites, la explotación del suelo y del subsuelo, etc.Sería difícil que un solo órgano se ocupase de todos esosasuntos. La situación resulta aún más complicada puestoque las soluciones serán a menudo diferentes para losdistintos mares y las distintas partes del mundo. Unorganismo de esa índole correría el riesgo de quereruniformar demasiado las situaciones divergentes y podríano tener suficientemente en cuenta los distintos intereses.

12. El Relator recuerda que en este campo hay ungran número de organizaciones, cada una de las cualesse ocupa en un sector particular.

13. En primer lugar, hay que mencionar la Organi-zación Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)instituida por la Convención del 6 de marzo de 1948,adoptada por muchos Estados marítimos y que probable-mente entrará en vigor dentro de poco. Las finalidadesde la Organización son, entre otras, establecer un sistemade colaboración entre los gobiernos en materia de regla-mentación y prácticas gubernamentales relativas a cues-tiones técnicas de toda índole concernientes a la nave-gación comercial internacional. Habrá un Consejo com-puesto de los representantes de 16 gobiernos distribuidosen la siguiente forma:

a) Seis serán los gobiernos de los países con losmayores intereses en la provisión de los servicios marí-timos internacionales;

b) Seis serán los gobiernos de otros países con losmayores intereses en el comercio marítimo internacional;

c) Dos serán elegidos por la Asamblea entre losgobiernos de los países que tengan intereses substancialesen la provisión de servicios marítimos internacionales;

d) Dos serán elegidos por la Asamblea entre losgobiernos de países que tengan intereses substanciales enel comercio marítimo internacional (artículo 17 de laConvención).

14. Entre otras atribuciones del Consejo figura la derecibir los informes del Comité de Seguridad Marítimaque deberá examinar todas las cuestiones que sean pro-

2 Ibid., párr. 99.

Régimen de alta mar y régimen del mar territorial

pias de la competencia de la Organización y concernien-tes a la ayuda a la navegación, construcción y alistamientode buques, dotación de los mismos en la medida en queinteresen a la seguridad, reglamentos para prevenircolisiones, manipulación de cargas peligrosas, reglamen-tación de la seguridad en el mar, informes hidrográficos,etc.

15. En materia de pesca existen muchas comisionesintergubernamentales instituidas en virtud de conveniosinternacionales. En la lista de las organizaciones repre-sentadas por observadores en la Conferencia TécnicaInternacional para la Conservación de los Recursos Vivosdel Mar, celebrada en Roma en 1955, en la ssde de laOrganización de las Naciones Unidas para la Agriculturay la Alimentación, figuran las siguientes » :Consejo General de Pesca del Mediterráneo;Consejo de Pesca del Indopacíf ico ;Comisión Internacional para la Pesca del Salmón del

Pacífico ;Comisión Internacional para la Pesca del Mero (hipo-

gloso) en el Pacífico;Comisión Internacional de Pesca para el Noroeste del

Atlántico ;Consejo Internacional para la Exploración del Mar;Comisión Permanente de la Convención de 1946 para

regular el tamaño de las mallas de las redes y fijar eltamaño mínimo que deben tener los peces cuya pescase permite;

Comisión Interamericana del Atún Tropical;Comisión Internacional para la Pesca en el Pacífico

Septentrional ;Comisión Permanente para la Explotación y Conservación

de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur;Comisión Internacional de la Pesca de la Ballena.

16. Esta enumeración, en que no figuran todas lasorganizaciones que existen en esta materia, denota ladiversidad de intereses. Sin duda alguna, este grannúmero de organizaciones bastaría para que se presen-tasen algunas dificultades, y no dejaría de tener ciertasventajas una centralización o, por lo menos, una coordi-nación. Los intereses marítimos son interdependientes,aunque cada uno tenga un carácter especial, y hay elpeligro de que, debido a que son muchas las organiza-ciones existentes, la dispersión de la reglamentación hagaque se pierdan de vista ciertos aspectos de un problemapor el hecho de que no sea de la competencia de algunade las organizaciones. En consecuencia, habría que esfor-zarse por armonizar los distintos intereses, evitando almismo tiempo una centralización demasiado rígida.Podría considerarse la institución de un organismo cen-tral, dividido en varias secciones, cada una de las cualesse ocupara de un sector determinado de un campo tanvasto; tal vez de este modo se lograra establecer la co-rrespondencia necesaria a la vez que la especializaciónindispensable.

17. La segunda cuestión que se plantea es la de sabersi tal organización ha de tener únicamente carácter con-sultivo o si sus decisiones han de ser obligatorias para

las partes. En las reglas preliminares sobre las pesquerías,aprobadas en su quinto período de sesiones, la Comisiónprevio el carácter obligatorio de las decisiones del órganoque se creará. En esta reglamentación no se trata de lapesca en general, sino únicamente de la conservación delos recursos vivos del mar. En un estudio titulado Pla-teau continental et droit international, nuestro eminentecolega el profesor Georges Scelle se muestra partidariode la institución de una organización de esta índole quese ocupe también en las cuestiones que plantea el régimende la plataforma continental. Dice el autor:

" La diferencia esencial con el régimen organizadopara las pesquerías (o las riquezas del mar) consiste enque, con este último, se pasa del plano jurisdiccionalal reglamentario (legislativo), es decir, al plano delfederalismo funcional. Esta forma de evolución podríatambién emplearse para la plataforma continental. Secrearía un órgano internacional dentro de la estructurade las Naciones Unidas, cuya misión sería:

" a) Definir las condiciones a las cuales deberánajustarse las concesiones que se otorguen sobre la plata-forma continental a los efectos de garantizar la libertadde navegación y otros derechos en las zonas marítimasde uso común;

" b) Servir de autoridad administrativa interna-cional con competencia para hacer esas concesiones envez de que lo hagan las autoridades estatales " 4.18. Si se quiere ir aún más lejos, se podría prever la

posibilidad de instituir un órgano con facultades de regla-mentación (legislativo) que se ocuparía no sólo en laspesquerías y la plataforma continental, sino también entodas las cuestiones de derecho público relativas al régi-men del mar. El Relator estima que no se puede realizaren la actualidad esa " Oficina marítima ". No obstante,la Comisión deberá examinar las diferentes propuestasy expresar su opinión acerca de las ideas que en ellas seexponen.

III. La solución de las controversias

19. En las distintas etapas del debate, la Comisiónexaminó varias veces la cuestión de si debían incluirse enlos proyectos cláusulas de jurisdicción obligatoria ocláusulas de arbitraje. La actitud de la Comisión a esterespecto ha sido la siguiente:

20. Mar territorial. No se ha incluido ninguna estipu-lación a este respecto.

21. Plataforma continental. La Comisión incluyó elartículo 8, cuya redacción es la siguiente:

" Toda controversia entre Estados concerniente a lainterpretación o a la aplicación de los presentes artícu-los se someterá a arbitraje si lo solicita una de laspartes " 5.

La nota a este artículo dice lo siguiente:" La Comisión opina que hay razones imperiosas que

hacen indispensable una cláusula de esa naturaleza.Como se dice más arriba (véanse los párrafos 68 ysiguientes), los artículos relativos a la plataforma con-tinental son una tentativa de conciliar los principios

3 Véase Informe de la Conferencia Técnica Internacional parala Conservación de los Recursos Vivos del Mar, Roma, 18 de abrila 10 de mayo de 1955 (Publicación de las Naciones Unidas,No. de venta 1955.ILB.2), párr. 6.

4 Georges Scelle, Plateau continental et droit international (Pa-ris, Editions A. Pedone, 1955), pág. 59.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9, párr. 62.


consagrados del derecho internacional en materia derégimen de alta mar, con el reconocimiento de losderechos del Estado ribereño sobre la plataforma con-tinental. Esa conciliación, puesto que se basa en lanecesidad de pesar y comparar los diversos interesesen juego, debe prever cierto margen de elasticidad ydiscreción. Así, pues, será a menudo una cuestión deapreciación subjetiva, con el consiguiente riesgo deprovocar controversias, la de determinar si, conformeal texto del párafo 1 del artículo 6, las disposicionestomadas por el Estado ribereño para la exploración yla explotación de la plataforma continental constituyenun entorpecimiento " injustificable " de la navegacióno de la pesca; si, conforme al párrafo 2 de dicho artícu-lo, las zonas de seguridad establecidas por el Estadoribereño no llegan más que hasta una distancia" razonable " de las instalaciones ; si, con arreglo a loque se especifica en el párrafo 5 de ese artículo, lasrutas marítimas están " reconocidas " como tales y sison " esenciales para la navegación internacional " ; osi el Estado ribereño, al impedir la colocación decables submarinos, actúa realmente dentro del espíritudel artículo 5, que sólo permite tomar medidas " razon-ables " para la exploración de la plataforma continentaly la explotación de sus recursos naturales. El nuevorégimen de la plataforma continental, a menos que semantenga dentro de los límites del derecho y que seaplique con imparcialidad, puede constituir una ame-naza al principio fundamental de la libertad de losmares y a las relaciones pacíficas entre los Estados. Porestas razones, es esencial que los estados que discutansobre algo referente a la exploración o a la explotaciónde la plataforma continental estén obligados a sometera arbitraje la controversia. Precisamente por ello, laComisión, aunque no propone que se concierte unconvenio sobre la plataforma continental, considera deimportancia capital el establecimiento del principio delarbitraje.

" Algunos miembros de la Comisión se opusieron aque en el proyecto se insertase una cláusula por la quese hiciera obligatorio el arbitraje, alegando que nohabía motivo para imponer a los Estados sólo uno delos distintos procedimientos previstos en el derechointernacional contemporáneo y, en particular, en elArtículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas para elarreglo pacífico de las controversias internacionales.También señalaron que la inserción de semejantecláusula haría el proyecto inaceptable para muchísimosEstados. Algunos miembros también opusieron laobjeción de que una cláusula de esa índole daría acualquier Estado contratante derecho a actuar contraotro Estado contratante con cualquier pretexto, inter-poniendo una acción unilateral ante tribunales inter-nacionales, aumentando de ese modo las posibilidadesde ejercer presión sobre el Estado más débil y menos-cabando efectivamente la independencia del mismo.

" El arbitraje que se prevé en el artículo 8 no ex-cluye cualquier otro procedimiento en que las partesconvinieren para resolver su controversia con las for-malidades necesarias. En particular, pueden convenir,en asuntos de importancia general, en someter la contro-versia a la Corte Internacional de Justicia.

" Puesto que los artículos referentes a la plataformacontinental comprenden en general su exploración y

explotación, el arbitraje de que se trata en el artículo 8se ha de considerar como aplicable a todas las contro-versias que surgieren respecto de la exploración o de laexplotación de la plataforma continental y que serefieran a las relaciones internacionales de los Estadosinteresados. Por ejemplo, las controversias referentesa la existencia de yacimientos comunes que trasciendanlos límites de las zonas submarinas, problema que yase ha planteado en algunos países entre propietarios deyacimientos de petróleo contiguos " 8.

22. Zonas contiguas. No se ha adoptado ningunanorma sobre este particular.

23. Alta mar. El Relator querría hacer a este respectolas preguntas siguientes: 1) ¿Es el caso de incluircláusulas sobre la solución de las controversias ? 2) Encaso afirmativo: ¿se ha de aceptar la jurisdicción obliga-toria de la Corte Internacional de Justicia para todas lascontroversias que suscite la interpretación de la reglamen-tación del derecho del mar ? 3) ¿O es preferible adoptaruna cláusula general de arbitraje ? 4) ¿O es preferiblelimitar la jurisdicción de la Corte o el arbitraje única-mente a las controversias referentes a cuestiones pre-viamente determinadas ? 5) ¿ Podría confiarse unafunción jurisdiccional al órgano previsto en la sección 2,supra ?

Ad. 1. La cuestión de saber si la reglamentación ha decontener reglas para la solución de las controversias haprovocado diferencias de opinión entre los miembros dela Comisión cada vez que se ha intentado incluir cláusulasde jurisdicción o de arbitraje en algunos de los capítulosde la reglamentación preparada por la Comisión.

Por una parte, se ha sostenido que la Comisión, cuyamisión es de carácter legislativo, carece de atribucionespara ocuparse de la cuestión de jurisdicción. Los miem-bros que defendieron esta opinión deseaban que se dejaseque los Estados solucionen las controversias que pudieranoriginar las normas adoptadas. Los Estados aplicaríanal respecto las reglas generales adoptadas por ellos paratodas las controversias en general que se planteasen entreellos.

Por otra parte, se ha advertido que las reglas de ordenlegislativo propuestas por la Comisión en esta materiaestaban inevitablemente formuladas en términos tan vagosque, si existiere desacuerdo respecto a su aplicación acasos concretos, sería indispensable recurrir a un órganojurisdiccional para su interpretación. Cabe prever quealgunos Estados sólo estarán dispuestos a aceptarlas conesa garantía. Por consiguiente, la jurisdicción o el arbi-traje obligatorio constituye un elemento esencial de lareglamentación.

En los períodos de sesiones anteriores la mayoría delos miembros de la Comisión de Derecho Internacionalse pronunciaron a favor de cláusulas de esta índole. LaComisión deberá pronunciarse definitivamente a este res-pecto teniendo en cuenta las repercusiones que su decisiónpodría tener en cuanto a la aprobación del proyecto.

Ad. 2 y 3. Si bien la Comisión comprende las ventajasque tiene la jurisdicción de la Corte en comparación conla solución del arbitraje, tendrá que examinar la cuestiónde saber si el carácter enteramente técnico que revestiránmuchas controversias en esta materia no milita en favor

« Ibid., párrs. 87 a 90.


de una solución en que se conceda lugar preferente alarbitraje.

Ad. 4. Tal vez la Comisión desee tomar en conside-ración la posibilidad de limitar el arbitraje obligatorio aciertos asuntos en los cuales, por una parte, se imponede modo particular la necesidad de una interpretaciónobjetiva y en los que, por otra parte, el carácter técnicode la controversia exige su estudio por un órgano com-petente en esa materia. Es lo que ha hecho la Comisión alprever la constitución de una comisión de arbitraje paralas controversias sobre la conservación de los recursosvivos del mar. La Comisión ha propuesto también unainstancia arbitral para las controversias referentes a laplataforma continental, pero sin indicar, en este últimocaso, la composición del tribunal arbitral. Además, si seincluyera una cláusula de jurisdicción o de arbitrajegeneral, sería posible instituir instancias especiales dearbitraje para las controversias de naturaleza extrema-damente técnica.

Ad. 5. Si fuera posible instituir el órgano central parala reglamentación, previsto en la sección 2 supra, se podríaencargar de la cuestión jurisdiccional a una sección o auna sala de dicho órgano.De todos modos, la Comisión deberá reanudar el examende la cuestión general de la solución de las controversias,conformando las disposiciones insertadas a este respectoen los distintos proyectos.

IV. Las zonas contiguas y la plataformacontinental

24. En lo que respecta a las zonas contiguas, laComisión aprobó, en su quinto período de sesiones, comoparte de los trabajos consagrados al régimen de alta mar,el artículo único siguiente:

" En la alta mar contigua a su mar territorial, elEstado ribereño podrá adoptar las medidas de fiscali-zación necesarias para evitar y reprimir las violacionesde sus leyes de policía aduanera, de inmigración, fiscalo sanitaria en su territorio o en su mar territorial.Esas medidas de fiscalización no podrán aplicarse auna distancia mayor de 12 millas de la línea de basedesde la que se mide la extensión del mar territorial " 7.25. En el comentario se advierte que los gobiernos no

se han opuesto al principio en que se inspira el texto,aunque han formulado algunas aclaraciones y reservas.La Comisión considera que este principio está en armoníacon la práctica general.

26. Conforme al artículo, la zona contigua se extenderáa 12 millas de la línea de base desde la que se pide laextensión del mar territorial. Se trata en este caso de lalínea de base normal a que se refiere el artículo 4 delrégimen del mar territorial 8, a menos que se presente elcaso especial del artículo 5, en el cual se permitirá laadopción de una línea de base recta.

27. Cuando en su quinto período de sesiones la Comi-sión fijó en 12 millas la anchura de la zona contigua, suintención no fué la de prejuzgar los resultados del examenque posteriormente haría de la cuestión del límite del marterritorial. Pero algunos miembros de la Comisión sostu-vieron que, en su opinión, el artículo sobre las zonas

7 Ibid., párr. 105.8 Ibid., décimo período de sesiones, Suplemento No. 9, cap. III.

contiguas que se había aprobado prejuzgaba la decisiónrelativa a la anchura del mar territorial.

28. El Relator no puede compartir esta opinión. Comola Comisión ha desechado la sugestión de que sería lícitoampliar la zona del mar territorial a más de 12 millas,este artículo, según el parecer del Relator, no podrá pro-vocar dificultades, por el hecho de que la Comisión nohaya fijado aún la extensión del mar territorial más alláde 12 millas. En la Conferencia de Codificación de LaHaya, de 1930, no se trataba de asignar a los Estadosuna zona contigua a su mar territorial, independiente-mente de la extensión adoptada por ellos para dicho mar.La idea en que se basaba la institución de las zonas con-tiguas era la de que en las circunstancias actuales, espe-cialmente habida cuenta de la velocidad de los buques,una faja marítima de 3, 4, 6 y aun 8 millas ya no bastabapara que los Estados pudieran ejercer en ella ciertasfacultades necesarias para proteger sus intereses. Se con-vino en que, para ello, necesitaban una zona de mar quese extendiera hasta 12 millas de la costa. Estas 12 millaseran el límite máximo, cualquiera que fuese la extensiónque el Estado ribereño reclamara para el mar territorial.De ahí que el artículo concuerda perfectamente con elaprobado provisionalmente por la Comisión, relativo ala extensión del mar territorial. El Estado que reclamaun mar territorial de 12 millas no tiene ningún derecho,según el parecer de la Comisión, a reclamar una zonacontigua suplementaria, porque en este mar territorialpuede ejercer todos los derechos que la Comisión haquerido conceder a los Estados en las zonas contiguas.

29. Otra cuestión es la de saber qué derechos puedeejercer el Estado en la zona contigua. La Comisión reco-noció al Estado ribereño el derecho a ejercer la fiscali-zación necesaria para prevenir y reprimir en su territorioo en su mar territorial las violaciones de sus leyes depolicía aduanera, fiscal o sanitaria, y de su legislaciónen materia de inmigración. Los derechos del Estadoribereño sobre la zona contigua no comprenden, pues, niderechos en materia de seguridad, ni derechos en cuantoa la exclusión de los extranjeros del ejercicio de la pesca.Pero si se trata de medidas de conservación de los recur-sos vivos del mar, el Estado puede adoptar en esa zonatodas las medidas a que está facultado conforme a lasdisposiciones aprobadas por la Comisión en su séptimoperíodo de sesiones. Cabe esperar que, con la aprobaciónde estas proposiciones, se hará menos aguda la cuestiónde excluir de estas zonas a los pescadores extranjeros.

30. Subsiste la controvertida cuestión de la " segu-ridad ", si bien no parece que ella haya de impedir nece-sariamente un acuerdo. Hay que tener en cuenta que, enla mayoría de los casos, basta el ejercicio del controladuanero para garantizar la seguridad del Estado. Encuanto a medidas de defensa contra una amenaza inmi-nente y directa a la seguridad del Estado, es evidente quecorresponde a los Estados el derecho de adoptar ipso jureciertas medidas de protección, no sólo en la zona contiguasino aun más allá de esta zona. Por esta razón, no parecenecesario, y hasta parece inconveniente, que se men-cionen, entre los ques corresponden al Estado ribereñoen la zona contigua, derechos especiales de seguridad.

31. En cuanto a la naturaleza del derecho que el Estadoejerce en la zona contigua, puede plantearse otra cuestión.¿ Se trata de un derecho de soberanía comparable al queel Estado ejerce sobre su territorio y en el mar terri-


torial ? Sir Gerald Fitzmaurice lo ha puesto en tela dejuicio. En el debate sobre el derecho de persecución, enla 291a. sesión de la Comisión, se expresó en los términossiguientes :

" Sir Gerald Fitzmaurice desea señalar una cuestiónimportante relativa a la distinción entre el mar terri-torial propiamente dicho y la zona contigua. Convienecon el Sr. Amado en que la tercera frase del párrafo 1 9

representa una extensión considerable de la noción detalta mar. En el mar territorial, como tal, el Estadoribereño ejerce jurisdicción. Dicho Estado no tienejurisdicción sobre las aguas de la zona contigua, peroposee ciertos derechos respecto de los navios que lasatraviesan. Por consiguiente, cabe preguntarse si lateoría de la persecución extraterritorial puede aplicarsea la zona contigua del mismo modo que al mar terri-torial; en caso afirmativo, su aplicación debe ser clara-mente limitada a los derechos particulares que seejercen en dicha zona (A/CN.4/SR.291, párr. 41).

"Según su parecer, las naves extranjeras que se hallenen el mar territorial están sujetas a las leyes del Estadoribereño, mientras que en la zona contigua el derechointernacional reconoce que el Estado ribereño tienederecho a exigir, si puede, el cumplimiento de algunasde sus leyes, pero también que los barcos extranjerosno están, en realidad, obligados a obedecer. La situaciónes, en cierto modo, análoga a la que resulta del derechoque tienen los barcos de guerra de los Estados belige-rantes a exigir de los navios neutrales el cumplimientode las leyes sobre contrabando. Si la teoría expuesta escorrecta, es lógico que se autorice la persecución extra-territorial cuando la infracción de las leyes del Estadoribereño se ha cometido en su mar territorial; pero lasituación no es la misma en la zona contigua, donde eslegítimo que las naves extranjeras eviten, si pueden, quelos barcos del Estado ribereño exijan el cumplimientode sus leyes." (A/CN.4/SR.291, párr. 48).

32. Al rechazar una propuesta tendiente a que sesuprima la frase: " Si la nave extranjera se encontrare enuna zona contigua al mar territorial, la persecución nopodrá efectuarse sino en caso de violación de los inte-reses io que la institución de dicha zona tuviese porobjeto proteger ", la mayoría de la Comisión no se sumóa la opinión de Sir Gerald. En consecuencia, la Comisiónopina que no son de naturaleza distinta los derechos queel Estado ribereño ejerce en las zonas contiguas y los queejerce en el mar territorial.

" Sir Gerald Fitzmaurice se refiere aquí al párrafo 1 del artículo29 del proyecto de artículos relativos al régimen de alta marincluido en el sexto informe del Relator Especial sobre el régimende alta mar (A/CN.4/79). El párrafo dice así:

" La persecución de una nave extranjera por infracción a lasleyes y reglamentos del Estado ribereño, comenzada cuando la naveextranjera se encuentra en las aguas interiores o en el mar terri-torial de dicho Estado, podrá continuarse más allá del mar terri-torial a condición de que la persecución no se haya interrumpido.No será necesario que la nave que da la orden de detención aun barco extranjero que se encuentra navegando en el marterritorial se halle igualmente en dicho mar territorial en elmomento en que este último reciba dicha orden. Si la naveextranjera se encontrare en una zona contigua al mar territorial,la persecución no podrá efectuarse sino en caso de violación delos intereses que la institución de dicha zona tuviese por objetoproteger."10 La palabra " intereses " fué reemplazada posteriormente por

la palabra " derechos ".

33. Parece difícil adoptar otro punto de vista. ElRelator estima que la Conferencia de Codificación, alformular la noción de las zonas contiguas, no tuvo jamásla intención de instituir derechos de un carácter muyespecial como los expuestos por Sir Gerald. El Relatorestá perfectamente de acuerdo en que el régimen descritopor Sir Gerald es el de los barcos de guerra de los Estadosbeligerantes en cuanto a los barcos neutrales que trans-portan contrabando; pero no podría aceptar la aplicaciónde esta noción a las embarcaciones que se hallan en lazona contigua en tiempos de paz. En su opinion, elderecho que corresponde a este respecto al Estado ribe-reño en las zonas contiguas no difiere, en su naturaleza,de los derechos que el Estado ribereño ejerce en su marterritorial. Nada en los trabajos de la Conferencia deCodificación indica que se haya querido instituir unregirán especial. Ni en las observaciones del ComitéPreparatorio ni en el informe de la segunda comisión dela conferencia hay indicación alguna a este respecto.

34. El Relator estima que es necesario enfocar lacuestión desde el punto de vista del ejercicio, por elEstado ribereño, de determinados derechos más allá desu mar territorial, o sea en alta mar, hasta una distanciade 12 millas, donde puede ejercer el control aduanero ysanitario del mismo modo que en el mar territorial. Allí,las naves extranjeras están obligadas a obedecer las in-strucciones dadas por las naves públicas del Estado ribe-reño, en ejercicio de este derecho. Una opinión diferentecrearía, cuando una nave del Estado ribereño detuvieraa un barco extranjero con fines de inspección, unasituación incompatible con las relaciones que existen entrePotencias que se hallan en paz.

35. Nuestro eminente colega, el Profesor GeorgesScelle, se pregunta en el artículo que el Relator ha citadoya en el párrafo 17:

" cómo podrían los partidarios de la teoría de laszonas contiguas, por lógica que sea, conciliar estanoción con la de la plataforma continental. . . ¿ Habráque llegar a la conclusión de que la plataforma conti-nental es asimilable a una nueva zona contigua para laprotección de las riquezas del mar, pero de una ex-tensión extremadamente variable ? ¿ En qué difiere lafiscalización aduanera, fiscal, etc., de la fiscalizaciónde la soberanía que se ejerce en la plataforma con-tienental ? He aquí preguntas cuya respuesta nisiquiera ha sido objeto de una indicación. ¿ El marterritorial, la zona contigua, la plataforma continental,constituyen, pues, tres arrogaciones sucesivas de dere-chos sobre la alta mar, sin que se sepa en qué difierensus regímenes o en qué se concilian ?" n .

36. El Relator estima que el régimen de la plataformacontinental propuesto por la Comisión no da al Estadoribereño ningún derecho de fiscalización aduanera nifiscal en el mar que cubre la plataforma continental. Siestos derechos de fiscalización aduanera y fiscal existenmás allá de los límites del mar territorial, sólo puedenbasarse en la institución de una zona contigua.

37. La única cuestión que la Comisión debe examinara este respecto es la de saber si una zona contigua de12 millas, instituida con el fin de ejercer en ella derechosde fiscalización aduanera, basta para proteger los intereses

11 Scelle, op. cit., págs. 15 y 16.


fiscales del Estado ribereño si delante de la costa hay unaplataforma continental de una extensión mucho mayor, enla que se han levantado instalaciones para la perforaciónde pozos cuyo producto se transporta por barco. LaComisión deberá decir si, en este caso, cree necesarioextender el límite de 12 millas de las zonas contiguas y,de ser así, hasta qué límite.

V. Reglamentación de las pesquerías

38. La clasificación sistemática de las disposicionessobre la pesca plantea ciertas dificultades. Las cuestionesrelativas a la pesca se presentan: a) en el mar territorial;b) en las zonas contiguas; c) en el mar que cubre laplataforma continental, y d) en alta mar.

Ad. a). El Estado ribereño puede reglamentar la pescaen el mar territorial y reservarla a sus propios nacionales.Pero cabe preguntarse si ha de reconocerse a los demásEstados o, llegado el caso, a un órgano internacional quese ocupe en cuestiones de pesca, el derecho a intervenirsi la pesca se ejerce en esos parajes de modo tal que cons-tituya una amenaza para la conservación de los recursosvivos del mar. Los artículos aprobados por la Comisiónen su séptimo período de sesiones no prevén este caso.No parece que sea excesivo ese derecho de intervenciónsi se trata de Estados que tienen un interés especial en laconservación de la productividad de los recursos vivosen esos parajes. Se trataría, pues, de una extensión de laestipulación del artículo 30 del régimen de alta mar12.Un Estado que tuviera especial interés en la conservaciónde los recursos vivos en el mar de otro Estado deberíatener derecho a pedir a ese Estado que adopte las medi-das necesarias con este fin y, si no obtuviere satisfacción,a someter la controversia a arbitraje.

Ad. b). Como la Comisión no reconoce la existenciade una zona contigua a los fines de la pesca, el régimen dealta mar es aplicable a las pesquerías en esas zonas.También son aplicables al caso las estipulaciones sobrela conservación de los recursos vivos de alta mar.

Ad. c). En el mar que cubre la plataforma continentales aplicable la regla del artículo 24, conforme a la cualtodos los Estados tienen derecho a que sus nacionales sedediquen a la pesca en alta mar, a reserva de las obliga-ciones que les impongan las convenciones y de las dispo-siciones que figuran en los reglamentos de la Comisiónrelativas a la conservación de los recursos vivos de altamar." La pesca no ocasionará dificultades mientras seanpocas las instalaciones para la explotación del suelo. Siaumentaran, no es improbable que en algunas regionesse entorpeciera la pesca. Pero este caso está previsto enel párrafo primero del artículo 6 de los Proyectos deArtículos sobre la Plataforma Continental, que dice losiguiente :

" La exploración de la plataforma continental y laexplotación de sus recursos naturales no deben tenercomo consecuencia un entorpecimiento injustificablede la navegación, la posea o la piscicultura " 14.

VI. Pesquerías fijas39. En su informe sobre la labor realizada en su tercer

período de sesiones 15 la Comisión aplicó el régimen de laplataforma continental a los recursos minerales única-mente y propuso un régimen especial para las pesqueríasfijas. De conformidad con ello, el régimen de las pes-querías fijas se incluiría en el capítulo sobre las pes-querías. En su quinto período de sesiones 16, la Comisión,después de prolongada discusión, prefirió la expresión" recursos naturales " a la expresión " recursos mine-rales ". La Comisión llegó a la conclusión de que los pro-ductos de las pesquerías fijas, en la medida en que setrata de recursos que, de modo permanente, están unidosal lecho del mar, no deberían ser excluidos de la apli-cación del régimen adoptado y que, por consiguiente,debía utilizarse la expresión " recursos naturales ". En elcomentario se advierte que el Estado ribereño debe res-petar en este caso los derechos adquiridos por otrosEstados; sería conveniente insertar una estipulación eneste sentido en el texto mismo de los artículos. Tal vez,sería también útil mencionar expresamente en el comen-tario que la circunstancia de que los recursos en cuestiónestén vinculados en forma permanente al lecho del mares una condición necessaria para la aplicación de estaestipulación, de modo que se entienda claramente que elartículo no se refiere a la pesca de especies errantes.Ampliado el texto en esta forma, no habría que tratar porseparado de las " pesquerías fijas " salvo para aquellasque se ejercen más allá de la plataforma continental;pero, como según la definición aprobada por la Comisión,la plataforma continental comprende las regiones sub-marinas contiguas a la costa y situadas más allá del marterritorial hasta una profundidad de 200 metros, y comola Comisión no sabe que existan pesquerías fijas en nin-guna parte a una profundidad mayor de 200 metros, noparece necesario mencionar las pesquerías fijas, salvo lasya previstas por las disposiciones relativas a la plataformacontinental.

40. No obstante, hay un aspecto de la cuestión que haescapado a la Comisión y que ha sido señalado por elSr. Mouton en su curso en la Academia de Derecho Inter-nacional de La Haya, en 195417, y por el Sr. ViktorBôhmert, en un artículo titulado Meeresfreiheit undSchelfproklamationen18. En su informe sobre la labordesarrollada en su tercer período de sesiones, la Comisiónadvierte :

" . . . se trata de pesquerías calificadas de tales, porlas especies que en ellas se capturan o por los aparejosutilizados, por ejemplo, estacas hundidas en el fondodel mar " 19.En el informe sobre la labor realizada en su quinto

período de sesiones, la Comisión dice lo siguiente:" Pero la Comisión ha llegado a la conclusión de

que los productos de las pesquerías fijas, sobre todo en

12 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9, cap. II.

13 Ibid.14 Ibid., octavo período de sesiones, Suplemento No. 9.

15 Ibid., sexto período de sesiones, Suplemento No. 9.16 Ibid., octavo período de sesiones, Suplemento No. 9, cap. III.17 M. W. Mouton, The Continental Shelf, Recueil des cours de

VAcadémie de droit international, 1954, I (Leyden, A. W. Sijthoff,1955), pág. 445.

18 Jahrbuch fur internationales Recht, Vol. 5, 1954, (Gôttingen,Vandenhoeck & Ruprecht, 1955), pág. 19.

19 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto períodode sesiones, Suplemento No. 9, anexo, parte II, artículo 3, párrafo 1del comentario.


cuanto son recursos naturales permanentemente unidosal lecho del mar, deben estar sometidos al régimenadoptado y con este fin se debe emplear la expresión" recursos naturales ". Sin embargo, se deja claramentesentado que los derechos de que se trata no abarcan alos llamados peces del fondo del mar ni a otros pecesque, aunque viven en las capas superiores del mar, aveces se radican o se crían en el fondo " 20.41. De lo anterior se deduce que los productos de las

pesquerías calificadas de fijas en virtud de los aparejosque se utilizan no están comprendidos en la expresión" recursos naturales " y que el artículo 2 del proyecto noes aplicable a esas pesquerías. Los aparejos que se utilizan,aunque estén hundidos en el fondo del mar, no estándestinados a la exploración o la explotación de los recur-sos naturales de la plataforma continental. Por consi-guiente, en el último proyecto de la Comisión no figuraninguna disposición sobre esas pesquerías.

42. El Relator propone que se inserte nuevamente, enel capítulo sobre las pesquerías, el antigo artículo 3 sobrelas pesquerías fijas, pero haciéndose en él una excepcióncon respecto a la pesca de recursos naturales unidos demodo permanente al lecho del mar. El artículo diría losiguiente :

" 1. Un Estado podrá emprender la reglamentaciónde las pesquerías fijas en las zonas de alta mar contiguasa sus aguas territoriales cuando los nacionales de eseEstado hayan mantenido y explotado esas pesqueríasdesde hace mucho tiempo, a condición de que autoricea los no nacionales a participar en las actividades pes-queras en las mismas condiciones que sus nacionales.

" 2. La disposición del inciso 1 no es aplicable alas pesquerías en la alta mar que cubra una plataformacontinental, en cuanto se trate de recursos naturalesunidos de modo permanente al lecho del mar. Estaspesquerías están comprendidas en el artículo 2; perodeberán respetarse los derechos adquiridos por losnacionales de otros Estados."

VII. Puntos que quedaron pendientes de examenen el séptimo período de sesiones

A. DERECHO DE PASO POR LAS AGUAS QUE, POR APLICACIÓN

DEL MÉTODO DE LA LINEA DE BASE RECTA, SE TRANSFORMAN

EN AGUAS INTERIORES

43. En el séptimo período de sesiones se planteó lacuestión de saber si en las aguas que, por aplicación delmétodo de la línea de base recta, se transforman en aguasinteriores no debería concederse el derecho de paso de lamisma manera que en el mar territorial. La Comisión nocreyó que debía pronunciarse a este respecto y decidióvolver a considerar este problema más tarde.

44. La cuestión fué ya planteada por el Gobierno delReino Unido en su respuesta al proyecto de artículosprovisionales sobre el régimen del mar territorial apro-bado por la Comisión en su séptimo período de sesiones.El Gobierno de Su Majestad expresó lo siguiente:

" Aun en los casos en que está justificada, la delimi-tación del mar territorial a partir de las líneas de basetiene, a diferencia de la delimitación hecha desde lalínea de la bajamar, dos consecuencias importantes.

La primera de ellas es que se extienden las aguas inte-riores del Estado ribereño. En otras palabras, hay unmayor espacio acuático respecto del cual cabe sostenerque, en principio y conforme a las reglas actuales, elEstado ribereño puede excluir a la navegación extran-jera. Le segunda consecuencia es la de que, si bien noaumenta la superficie real de las aguas territoriales —la faja de las aguas territoriales sigue siendo de tresmillas, ya sea que se mida desde la línea de la bajamaro desde la línea de base —, el límite exterior de lasaguas territoriales se adentra en el mar más de lo quese adentraría de aplicarse el otro procedimiento dedelimitación. En otros términos, se reduce la superficietotal de la alta mar. En estas condiciones, el Gobiernode Su Majestad considera que es imperativo que en todonuevo código en que se legitime el empleo de las líneasde base en las circunstancias apropiadas se indiqueclaramente que ello no prejuzgará el derecho de pasoinocente, aunque esto puede suponer que, en ciertoscasos, este derecho llegue a ejercerse tanto en aguasteriitoriales como en aguas interiores. El Gobierno deSu Majestad considera que sería muy útil que laComisión examinara detenidamente el problema decómo ha de conciliarse la utilización de las líneas debase con los derechos de paso existentes. Por su parte,el Gobierno de Su Majestad sólo puede declarar en estemomento que, a su juicio, en caso de conflicto, elderecho de paso, en su carácter de derecho preferentey de derecho de la colectividad internacional, debeprevalecer frente al derecho que aleguen los Estadosribereños para extender las zonas sujetas a su juris-dicción exclusiva " 21.

45. En la 299a. sesión de la Comisión. Sir GeraldFitzmaurice planteó esta cuestión. Recordó:

" . . . que en el sexto período de sesiones el Sr. Lauter-pacht presentó una propuesta sobre el derecho de pasopor las aguas interiores, propuesta que retiró poste-riormente reservándose el derecho de volver a presen-tarla. Por su parte, desea (Sir Gerald Fitzmaurice)proponer que se inserte un artículo similar, que figuredespués del artículo 21, y que diga lo siguiente:

" El principio de la libertad de paso inocente querige en el mar territorial se aplicará también en laszonas marítimas comprendidas entre la línea costera ylas líneas de base rectas trazadas conforme al ar-tículo 5."

" En la sentencia de la Corte Internacional de Jus-ticia pronunciada el 10 de diciembre de 1951 en el casode las pesquerías entre el Reino Unido y Noruega, sereconoció el derecho a un país como Noruega, cuyacosta es profundamente recortada o dentada, a tomarcomo punto de partida de la extensión de su mar terri-torial las líneas de base rectas trazadas de promontorioen promontorio o, en ciertas condiciones, entre lospromontorios y las islas.

" La sentencia se refería únicamente al método paramedir la extensión del mar territorial y a sus conse-cuencias en cuanto a dicha extensión. Pero esta sen-tencia tuvo una consecuencia secundaria no previstapor la Corte Internacional de Justicia y que, por lodemás, la Corte no tenía la obligación de tener encuenta al dictar su sentencia en el caso de las pes-

Ibid., octavo período de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 70.

21 Ibid., décimo período de sesiones, Suplemento No. 9, págs. 42y 43.


querías. Esta consecuencia es la de que la condiciónjurídica de las aguas que quedan entre las líneas debase rectas y la costa se ha modificado: han dejadode ser aguas territoriales para convertirse en aguasinteriores. Hasta ese momento, las aguas interiores —sobre las cuales no existe derecho de paso — cubríanúnicamente los ríos, los lagos, los estuarios y algunasbahías profundas, es decir, que se trataba de aguassituadas casi exclusivamente detrás de la línea costera.Las nuevas aguas interiores están más allá de la costay tienen ahora que ser excluidas del régimen del marterritorial. A ello obedece su propuesta sobre el recono-cimiento del derecho de paso inocente por esas aguasque, al trazarse líneas de base rectas frente a ellas, cesande ser parte del mar territorial y se vuelven, desde elpunto de vista técnico, aguas interiores.

" Las aguas que pasan ahora técnicamente a seraguas interiores constituyen, geográficamente, parte delmar y son necesarias a la navegación. Por consiguiente,debe protegerse el derecho de paso inocente por ellas,por lo menos en los casos en que esas aguas hayansido siempre utilizadas por la navegación internacional.

" Cuando se examinó la cuestión en el sexto períodode sesiones, el Relator Especial señaló que la mayoríade las aguas comprendidas entre las líneas de basenoruegas eran de todos modos demasiado peligrosaspara la navegación, de modo que en la práctica no seplantearía la cuestión del derecho de paso. Pero estono es totalmente exacto: las líneas de base noruegasabarcan, y de este modo se transforman en aguas inte-riores, la importante ruta tradicional de navegaciónentre las islas y la costa noruega denominada Indre-leia. Además, el concepto de línea de base que sededuce de la sentencia de la Corte Internacional deJusticia en el caso de las pesquerías noruegas puedemuy bien ser aplicado por otros Estados además deNoruega. Es cierto que hasta el presente sólo Islandia,y Dinamarca respecto de Groenlandia, parece que lohan hecho; pero cualquier Estado con una líneacostera muy recortada puede invocar dicho principio.Por ello, resulta de la mayor importancia que la Comi-sión establezca como principio general que cuando lasaguas territoriales sean bruscamente transformadas enaguas internas por el trazado de líneas de base rectas,ha de subsistir en ellas el derecho de paso inocente, afin de que la navegación internacional pueda continuarutilizándolas sin trabas." (A/CN.4/SR.299, párrs. 85a 89).

46. En la 316a. sesión el Relator Especial formulóciertas observaciones a este respecto y declaró que nopodía aceptar esa proposición.

" Esa proposición procede de la errónea suposiciónde que el propósito esencial del método de líneas debase rectas es extender el límite exterior del mar terri-torial. En realidad, ese método tiene como finalidadprincipal extender la zona de las aguas interiores enla cual el Estado ribereño puede imponer ciertas res-tricciones a la navegación. Que tal es la consideraciónprincipal en los países escandinavos — un ejemploparticularmente pertinente a la cuestión — lo demuestraei comentario del Gobierno de Suecia al artículo 5 22,en que se dice que este artículo parece basarse en la

misma idea de las disposiciones legislativas suecas sobrelas aguas interiores."

" Después de dar al Estado ribereño derecho a trazarlíneas de base rectas, la Comisión no puede anular laconsecuencia principal de ese derecho por una esti-pulación en que se reconozca el derecho de paso.Recuerda el adagio francés " Donner et retenir nevaut ".

" Además, la propuesta del Reino Unido crearía unasituación compleja en la que habría tres regímenesdiferentes :

" 1. El de aguas interiores propiamente dichas;" 2. El de las aguas interiores sujetas al derecho

de paso;" 3. El del mar territorial." Sería extremadamente difícil establecer una demar-

cación entre la primera y la segunda de esas dos cate-gorías, especialmente en el caso de una línea costerasumamente recortada.

" Por todas estas razones estima que no debe tenerseen cuenta la sugestión del Reino Unido." (A/CN.4/SR.316, párrs. 25 a 29).47. A esas observaciones, Sir Gerald respondió que,

a su parecer, no había dificultad alguna:" La región marítima de que se trata es simplemente

la comprendida entre las nuevas líneas de base rectasy el antiguo límite de las aguas interiores. Este últimoincluye, de modo general, únicamente aguas que estánen realidad detrás de la línea costera, tales como las delos estuarios, las lagunas y ciertas bahías profundas."(A/CN.4/SR.316, párr. 53).48. La Comisión deberá pronunciarse sobre esta dife-

rencia de opiniones.

B. LA EXPLOTACIÓN Y LA EXPLORACIÓN DEL LECHO Y DELSUBSUELO DE LA ALTA MAR, FUERA DE LA PLATAFORMA

CONTINENTAL

49. En el informe sobre la labor realizada en su sép-timo período de sesiones la Comisión advirtió que nohabía etstudiado a fondo este problema23. El Relatorestima que la Comisión no tendrá que ocuparse de lalibertad de los Estados para explorar o explotar el sub-suelo de la alta mar fuera de la plataforma continental.En la actualidad es imposible construir instalaciones per-manentes de esta naturaleza en parajes cuya profundidadexceda de los 200 metros, y probablemente seguirá sién-dolo durante bastante tiempo.

C. LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN ALTA MAR FUERADE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

50. La Comisión advirtió que, en su séptimo períodode sesiones, tampoco había examinado a fondo el pro-blema de las investigaciones científicas24. Por ello, nose pronunció sobre la cuestión de saber si la libertad delos mares supone para cada Estado la libertad de empren-der en ellos todas las investigaciones científicas quequiera, aun cuando, como consecuencia de esas investi-gaciones, llegue a ser necesario inutilizar grandes partesdel mar empleadas por otros Estados para la navegación

a Ibid.9 anexo, sección 15.

23 Ibid., cap. II, comentario al artículo 2.24 Ibid.

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

o la pesca. Las investigaciones sobre los efectos de lasexplosiones atómicas o de hidrógeno son las que hanpuesto particularmente de relieve este problema.

51. Parece muy conveniente leer los dos artículospublicados en el Yale Law Journal de abril de 1955, afin de conocer los argumentos en pro y en contra de losexperimentos con bombas de hidrógeno en alta mar. Elartículo titulado " The Hydrogen Bomb Experiments andInternational Law ", escrito por el Sr. Emanuel Margolis,miembro de la Sociedad Norteamericana de Derecho Inter-nacional (págs. 629-647), condena esas experienciasporque las considera contrarias a la libertad de losmares 25 ; el otro artículo, titulado " The Hydrogen BombTests in Perspective : Lawful Measures for Security "(págs. 648-710), cuyos autores son los Sres. Myres S.McDougal y Norbert A. Schlei, asume la defensa de esosmismos experimentos 2<

\ El Sr. McDougal ha publicado suopinión en forma abreviada en el American Journal ofInternational Law, de julio de 1955 27. El Sr. McDougalresume así su opinión:

" Lo que es más pertinente en las prescripcionesanteriores del régimen de alta mar y que se puedeaplicar sin extrapolaciones irracionales a este nuevoproblema de los ensayos de la bomba de hidrógeno, essimplemente el criterio de que sea razonable (reason-ableness) el acto de que se trate, al que se han ajustadoen la época contemporánea quienes están facultadospara adoptar decisiones en la comunidad internacional,para decidir en todas las controversias que implicanpugna entre las pretensiones a la navegación y la pescay otras pretensiones " 2».

52. Reconociendo la exactitud de esta tesis y dándosecuenta de que la Comisión de Derecho Internacional haestablecido ya, muchas veces, en los artículos propuestos,el criterio de reasonableness, el Relator propone, comobase de discusión, la siguiente declaración de principios:

" La libertad de los mares no supone el derecho ausar la alta mar de modo que impida injustificadamentea otros Estados disfrutar dicha libertad. Se permitenlas investigaciones científicas y los ensayos de nuevasarmas únicamente con esta restricción."

D. INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN LA ALTA MAR QUECUBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

53. La propuesta de la Comisión sobre la plataformacontinental ha causado cierta inquietud entre las socie-dades científicas que estiman que la libertad de llevar acabo investigaciones científicas en alta mar está amena-zada.

54. El Consejo Internacional de Uniones Científicas,en su asamblea general reunida en Oslo, en agosto de1955, adoptó una resolución que, en su redacción defini-tiva, dice lo siguiente:

" El Consejo Internacional de Uniones Científicas,reunido en asamblea general en Oslo, del 9 al 12 deagosto de 1955,

25 Yale Law Journal, págs. 629 a 647.26 Ibid., págs. 648 a 710.27 Myres S. McDougal, " T h e Hydrogen Bomb Tests and the

International Law of the Sea ", The American Journal of Interna-tional Law, Vol. 49, 1955, págs. 356 a 361.

»s Ibid., pág. 311.

"Decide rogar al Director General de la UNESCOque comunique al Secretario General de las NacionesUnidas su solicitud de que la Comisión de DerechoInternacional considere la posibilidad de insertar enlos " Comentarios sobre los proyectos de artículos ",que figurarán en el informe que la Comisión presentaráa las Naciones Unidas en 1956, el texto de la resoluciónde la CIUC y su explicación ya transmitidos al Secre-tario General de las Naciones Unidas, así como lasresoluciones en su apoyo adoptadas por la Unión Inter-nacional de Geodesia y Geofísica y la Unión Inter-nacional de Ciencias Biológicas; y

" Decide además que se pida a las organizacionesafiliadas de los países representados en la Comisión deDerecho Internacional, a saber, Brasil, México, PaísesBajos, Estados Unidos de América, Unión de RepúblicasSocialistas Soviéticas, Reino Unido, India, Suecia,Francia y Grecia, que insistan ante sus representantesen la Comisión sobre la urgencia de que se haga figurareste comentario en el informe de 1956."55. El texto de la resolución del Consepo aprobada

en abril de 1954 dice lo siguiente:"La Oficina del Consejo Internacional de Uniones

Científicas, reunido en Londres en su décima reunión,en abril de 1954,

" Considerando que la Organización de las NacionesUnidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura esel órgano principal de las Naciones Unidas en materiade relaciones científicas internacionales,

" Considerando que, en dicha calidad, ha reconocidoal Consejo Internacional de Uniones Científicas comola autoridad competente en materias relacionadas conla organización científica internacional, concertandocon él un acuerdo,

" Toma nota de los términos del proyecto de artículossobre la plataforma continental adoptados en el quintoperíodo de sesiones de la Comisión de Derecho Inter-nacional ;

" Ve con inquietud las consecuencias que dichoproyecto pueda tener para las investigaciones funda-mentales en materia de geofísica, geología submarinay biología marina en el lecho del mar y en el subsuelode la plataforma continental;

" Declara que las investigaciones fundamentales quecualquier nación realice con la intención de publicarlaslibremente sirven al interés común;

" Pide al Director General de la UNESCO que comu-nique sin demora el contenido de esta resolución alConsejo Económico y Social, encareciéndole que loponga en conocimiento de la Asamblea General de lasNaciones Unidas lo antes posible;

" Expresa la esperanza de que la Asamblea enmen-dará el proyecto de artículos antes de ponerlos en vigorde modo que las investigaciones fundamentales en elmar puedan proseguir sin obstáculos enojosos."

56. El Relator advierte que, según su parecer, en loque respecta a la oceanografía física de las aguas quecubren la plataforma continental, las normas propuestasen nada afectan la libertad de llevar a cabo tales investi-gaciones en esas aguas. El Estado ribereño no tendráderecho a prohibir en ellas las investigaciones puramentecientíficas, por ejemplo, las relativas a la conservaciónde los recursos vivos del mar. Pero se requerirá el consen-

Régimen de alta mar y régimen del mar territorial 11

timiento del Estado ribereño para las investigacionesrelacionadas con la exploración o la explotación del lechoo del subsuelo del mar. No parece excesivo exigir estaautorización, ya que para la explotación hará falta siemprela colaboración del Gobierno del Estado ribereño. Encuanto a las experiencias con bombas atómicas y de hidró-geno, parece igualmente indicado que no se las permitasino con consentimiento de dicho Estado.

57. La Comisión podría examinar la posibilidad deincluir una estipulación a fin de evitar toda mala inter-pretación a este respecto. Podría redactársela en los tér-minos siguientes:

" En la alta mar que cubre la plataforma continentalestán permitidas las investigaciones científicas por otrosEstados en igual medida que en alta mar. No obstante,las investigaciones científicas relacionadas con la ex-ploración o la explotación del lecho del mar y del sub-suelo, así como los ensayos de nuevas armas, no estánpermitidas sino con la aprobación del Estado ribereño."

VIII. Omisiones y ambigüedades señaladas porautores modernos

A. LOS DERECHOS DEL ESTADO RIBEREÑO SOBRE LAPLATAFORMA CONTINENTAL

58. El autor brasileño Sr. Ceccatto, en su obra tituladaL'évolution juridique de la doctrine du plateau conti-nental, advierte lo siguiente:

" Parece que la limitación de los derechos del Estadopara explorar y explotar los recursos naturales de laplataforma es en cierto modo contraria al espíritu dela doctrina expuesta anteriormente. Aceptar esta limi-tación equivaldría a admitir implícitamente el prin-cipio de que si el Estado ribereño no puede explotarefectivamente la plataforma continental no tendría sobreella derechos de soberanía y que cualquier otro Estadopodría ejercer estos derechos sobre la región empren-diendo su explotación. En otros términos, esto equival-dría a volver a la noción de ocupación que la Comisiónde Derecho Internacional ha desechado expresamente.Esta actitud, además de ser indebidamente restrictiva,parece ambigua y desprovista de ese carácter positivotan esencial en las relaciones jurídicas. Por consi-guiente, fundándose en los razonamientos anteriores yen el hecho de que la Comisión ha considerado que elfenómeno geográfico de vecindad, de contigüidad, decontinuidad, de dependencia o de identidad de lasregiones submarinas con el territorio contiguo pro-porcionaba fundamento suficiente al principio de losderechos de soberanía del Estado ribereño, es posiblellegar a la conclusión de que el artículo 2 del proyectode artículos debería estar redactado en la formasiguiente: El Estado ribereño ejerce derechos de sobe-ranía sobre la plataforma continental. Se reconoceríanasí en forma inequívoca los derechos del Estadoribereño, evitándose la posibilidad de conflictos sur-gidos de la interpretación de las cláusulas restric-tivas " 29.

59. El texto actual fué aprobado por la Comisión des-pués de un debate muy a fondo. Pero el Relator estima

útil poner en conocimiento de los miembros de la Comi-sión las observaciones del Sr. Ceccatto. Una explicaciónen los comentarios podría disipar, tal vez, toda inter-pretación equivocada a este respecto.

B. INSTALACIONES EN EL MAR TERRITORIAL

60. El autor neerlandés Sr. Mouton30 plantea lacuestión de saber si el Estado ribereño tiene derecho aconstruir en su propio mar territorial instalaciones parala explotación del subsuelo que hagan imposible el pasoinocente. Conforme al artículo 6 del proyecto de artículossobre la plataforma continental 31, ni las instalaciones nilas zonas de seguridad en torno a las mismas deben estarsituadas en los canales o en las rutas marítimas indispen-sables a la navegación internacional. Este artículo se aplicaa la plataforma continental, es decir, sólo a la alta mar yno al mar territorial. No obstante, el Relator estima queel mismo principio debe aplicarse al mar territorial encuanto se refiere al paso inocente. Si se trata de canaleso de rutas marítimas regulares indispensables a la nave-gación internacional, no se podrá entorpecer el pasoinocente. Podría incluirse una estipulación a este efectoen la reglamentación.

C. EXPLORACIONES QUE PRODUCEN CONMOCIONES SÍSMICAS

61. El Sr. Mouton 32 estima que la Comisión no se haocupado bastante de la cuestión del daño que las explo-raciones que producen conmociones sísmicas, relacionadascon la búsqueda de petróleo, puedan causar a los recursosvivos del mar. Estima insuficiente el artículo 6 a esterespecto. El inciso primero de este artículo dice losiguiente :

" La exploración de la plataforma continental y laexplotación de sus recursos naturales no deben tenercomo consecuencia un entorpecimiento injustificablede la navegación, la pesca o la piscicultura."62. El Relator cree que bastaría mencionar este punto

en el comentario.

D. LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS POR LASINSTALACIONES Y LOS OLEODUCTOS

63. A este respecto el Sr. Mouton 33 estima insuficienteel artículo 6 34 y reprocha a la Comisión por no haber nisiquiera mencionado en los comentarios la cuestión de lacontaminación ocasionada por el petróleo.

64. El Sr. Scelle siente las mismas inquietudes:" La cuestión de los oleoductos plantea también el

problema no menos importante de las filtraciones depetróleo en las aguas subyacentes. No hay ningún otroaccidente que sirva mejor para destruir a los peces porenvenenamiento del agua. No se puede negar que estepeligro, que ya a menudo ocasionan los buques tanques,lo multiplicarían las perforaciones intempestivas, laruptura de las tuberías y los trasbordos en las aguas

29 Gastáo Nascimento Ceccatto, L'évolution juridique de la doc-trine du plateau continental (Paris, Editions A. Pedone, 1955),pág. 132.

30 Mou ton , op. cit., pág . 390.31 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período

de sesiones, Suplemento No. 9, pár r . 62.3 2 Mouton, op. cit., pág. 392.33 Ibid., pág . 394.34 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período

de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 62.


que cubren la plataforma. Todos estos inconvenientesde la exploración y de la explotación que nos hemoslimitado a enumerar nos parecen superiores a lasventajas problemáticas que se pretende han de bene-ficiar a la humanidad " « .65. El Relator propone que se incluya un párrafo es-

pecial a este respecto en el comentario al artículo 6 y quese haga hincapié en que este artículo se refiere también alpeligro de la contaminación de las aguas por las filtra-ciones de petróleo.

E. ZONAS DE SEGURIDAD EN TORNO A LOS OLEODUCTOS

66. El Sr. Mouton propone que se incluya el artículosiguiente :

" El Estado ribereño tiene derecho a establecer unazona de seguridad de 250 metros de cada lado de losoleoductos, en la cual los barcos no podrán anclar nise permitirá pescar a las traineras " 3«.67. El Relator estima que esa prohibición constituiría

una nueva traba a la libertad de navegación y de pesca,que no parece justificada. En la práctica, sería muydifícil fijar límites en esa zona. Según el Relator, puedeconsiderarse suficiente la disposición del artículo 35 delos artículos relativos al régimen de alta mar, que dicelo siguiente:

" Todo Estado adoptará las medidas legislativasnecesarias para que la ruptura o el deterioro de uncable submarino en la alta mar, debidos a un actovoluntario o a una negligencia culpable, que inte-rrumpan u obstruyan, total o parcialmente, las comuni-caciones telegráficas o telefónicas, así como la rupturao el deterioro en las mismas condiciones de una tuberíasubmarina, constituyan infracciones sometidas a san-ción. Esta disposición no se aplicará a las rupturasni a los deterioros cuyos autores sólo se hubiesen pro-puesto proteger legítimamente sus vidas o la seguridadde sus buques, después de haber tomado las precau-ciones necesarias para evitar el daño " 37.

F. DISTINCIÓN ENTRE PASO INOCENTE POR EL MARTERRITORIAL Y ACCESO A LOS PUERTOS

68. Philip C. Jessup observa a este respecto losiguiente :

" Según estos tres párrafos parece que se consideraque el navio que pasa por las aguas territoriales conprocedencia de un puerto del Estado ribereño o condirección a él ejerce el derecho de paso inocente. Seestima que la opinión contraria, expresada en el Comen-tario al artículo 14 del Harvard Research Draft onTerritorial Waters es la correcta. Esta fué la opiniónfirmemente sostenida por el delegado de los EstadosUnidos en la Conferencia de Codificación de La Haya,

en 1930, y apoyada por Gran Bretaña. Pero otrosdelegados, entre ellos los de Bélgica, Noruega, Alemaniay Japón, deseaban que quedaran incluidos los barcosque se dirigían a un puerto o procedían de él. Eldelegado británico modificó entonces su propuesta afin de que se incluyera a los barcos que zarpaban deun puerto con rumbo a alta mar. El texto recomendadofinalmente incluía el paso hacia las aguas interiores ocon procedencia de ellas. Pero, como lo dijo muyclaramente el delegado de Bélgica, a él y a otros dele-gados les animaba el deseo de evitar que las disposi-ciones sean más restrictivas que el estatuto de 1923sobre el régimen internacional de los puertos marítimos.Para obrar acertadamente, el acceso a los puertosdebería considerarse como una cuestión distinta delpaso inocente. La jurisdicción de un Estado ribereñoes distinta en ambos casos, siendo frecuentementerazonable y aun necesario el ejercicio de la jurisdicciónsobre los barcos que entran en los puertos o salen deellos, mientras que no se justifica ese ejercicio sobreun barco en paso inocente. Este punto no se examinaen el comentario al artículo 17 del proyecto de laComisión de Derecho Internacional ni en el informedel Relator de la Comisión. Es necesario que se modi-fique el texto o que se exponga el argumento en favorde la norma propuesta. La Comisión de Derecho Inter-nacional podría aclarar este artículo y los siguientesconsagrando una sección o un artículo separado al«Acceso a los puertos» 38."

69. El Relator no cree que una distinción entre estosdos casos aclare más el texto. Es cierto que en algunosaspectos el régimen es diferente en los dos casos; perono es menos cierto que en muchos aspectos es idéntico.El Relator desearía que se mantuviese el sistema enun-ciado por la Conferencia de 1930, conforme al cual elrégimen general propuesto para los navios que atraviesanel mar territorial es aplicable también a los navios pro-cedentes de un puerto o que se dirigen a él, con lasreservas indicadas en el artículo del proyecto de la Comi-sión (párrafo 2 del artículo 21, párrafo 4 del artícu-lo 22) »

G. DERECHO DE PASO DE LAS EMBARCACIONES DE PESCA

70. El Sr. Jessup observa que la Comisión no se ocupade la cuestión de saber si las embarcaciones de pescatienen derecho de paso inocente 40 ; este problema originóopiniones divergentes en la Conferencia de 1953 sobrerelaciones pesqueras entre el Ecuador y los EstadosUnidos. A juicio del Relator, es evidente que el derechode paso inocente se extiende también a los barcos depesca. Si la Comisión así lo decidiere, se lo podría men-cionar expresamente en el comentario.

35 Scelle, op. cit., pág. 30.36 Mou ton , op. cit., pág . 400.37 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo periodo

de sesiones, Suplemento No. 9, cap. II.

38 Philip C. Jessup, " The International Law Commission's 1954Report on the Regime of the Territorial Sea ", The AmericanJournal of International Law, Vol. 49, 1955.

39 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9, cap. III.

40 J e s sup , op. cit., pág. 227.


DOCUMENTO A/CN.4/97/Add. 1 a 3

Resumen de las respuestas de los gobiernos y conclusiones del Relator Especial

Yugoeshvia (A/CN.4/99/Add.l)

11. El Gobierno de Yugoeslavia propone el texto

1. El Relator desea hacer constar, al principio de estaparte de su informe, que, en la mayoría de los casos, no esposible resumir en unas pocas líneas las respuestas de losgobiernos sin peligro de su significado exacto. Por lotanto, es absolutamente necesario consultar el texto ínte-gro de las respuestas.

Documento A/CN.4/97/Add.l

[Texto original en francés][1° desmayo de 1956]

I. REGIMEN DE ALTA MAR

Artículo 1. Definición de la alia mar

Filipinas (A/CN.4/99)

2. El Gobierno de Filipinas estima que no puedeexistir una zona de alta mar en las aguas situadas dentrode los límites territoriales de Filipinas. En el caso de ar-chipiélagos o de territorios compuestos por varias islas,como Filipinas, la continuidad de la jurisdicción delEstado sobre su territorio se vería interrumpida si deter-minadas extensiones de mar situadas entre las islas quecomponen su territorio fueran declaradas o reconocidaszonas de alta mar.

3. El Relator propone que se examine esta cuestión enrelación con el artículo 10 del capítulo sobre el marterritorial, referente a las " Islas ".

Turquía (A/CN.4/99)

4. El Gobierno de Turquía propone que se inserte lafrase " o a los mares interiores " entre las palabras " queno pertenezca al mar territorial " y las palabras " o a lasaguas interiores . . . "

5. El Relator hace observar que la expresión " aguasinteriores " comprende los mares interiores ; por lo tantono cree que la adición propuesta sea necesaria.

6. Se podría, quizás, dar satisfacción al Gobierno deTurquía haciendo resaltar, en el capítulo relativo al marterritorial, que las aguas situadas más acá de las líneas debase, a que se hace referencia en los artículos 4 y 5 deese capítulo, deben seguir considerándose como aguasinteriores.

Israel (A/CN.4/99/Add.l)

7. A juicio del Gobierno de Israel, el artículo carecede precisión.

8. El Relator confía en que la adición propuesta ante-riormente, con respecto al mar territorial, satisfará alGobierno de Israel.

Reino Unido (A/CN.4/99/Add.l)

9. La modificación propuesta es puramente de redac-ción y no afecta al texto francés.

Estados Unidos de América (A'CN.4/99/Add.l)

10. El Gobierno de los Estados Unidos de Américaestá acorde con el texto propuesto.

siguiente:" A los efectos de los presentes artículos, se enten-

derá por " alta mar " todas las partes del mar queno pertenezcan a las aguas interiores, al mar territorialo a la zona contigua ".12. El Relator no puede aceptar este texto. La zona

contigua, tal como la ha definido la Comisión, forma partede la alta mar. El artículo aprobado por la Comisión ensu quinto período de sesiones estaba redactado así : " Enla alta mar contigua a su mar territorial, el Estadoribereño podrá adoptar las medidas de fiscalizaciónnecesarias . . ."

Conclusión

13. El Relator propone que no se modifique este ar-tículo.

Artículo 2. Libertad de la alta mar

Bélgica (A/CN.4/99)

14. El Gobierno de Bélgica propone que la primerafrase se modifique en la forma siguiente:

" Estando la alta mar abierta a todas las naciones,ningún Estado podrá someterla a su jurisdicción,soberanía o autoridad ".15. El Relator hace suya esta propuesta.

India (A/CN.4/99)

16. El Gobierno de la India propone el texto siguiente:" El goce de estas libertades estará sujeto a las dis-

posiciones de los artículos siguientes y a otras normasdel derecho internacional."17. Como la Comisión, en repetidas ocasiones, ha con-

siderado estas reglas como un todo, no es necesario queen los artículos referentes a los principios se haga refe-rencia a las limitaciones establecidas en los artículossiguientes.

18. La referencia a " otras normas del derecho inter-nacional " ha sido criticada varias veces por los miem-bros de la Comisión.

Israel (ACN.4/99/Add.l)

19. Las cuatro libertades no son objeto de igual trato.La libertad de volar sobre la alta mar no ha sido tratadaen los artículos siguientes.

20. Esta observación es exacta; de todos modos, laComisión ha decidido no examinar en detalle el derechoaéreo, el cual será motivo de estudio ulterior.


21. El Gobierno del Reino Unido propone que esteartículo se redacte así:

" Estando la alta mar abierta a todas las naciones,ningún Estado podrá pretender someter a su juris-dicción ninguna de sus partes."22. El Relator acepta la propuesta de que se inserte

la palabra " prétendre ".


23. El Gobierno del Reino Unido propone además quese agregue un quinto punto : " La libertad de investiga-ción, experimentación y exploración."

24. El Relator Especial ha examinado esta cuestiónen la parte general de su informe.

25. Se ha propuesto también que se agregue un sextopunto, redactado así:

" El derecho de reglamentar las actividades de losbuques extranjeros que realicen comercio de cabotajeen sus costas, siempre que esos buques estén autori-zados para ello."

El Relator opina que este punto sale del marco del ar-tículo ; se trata de una " libertad " totalmente distinta delas que se prevén en los otros cuatro o cinco puntos. Sise aceptase la adición, sería necesario incluirla en unnuevo artículo.

Conclusión

26. El Relator propone el texto siguiente:" Estando la alta mar abierta a todas las naciones,

ningún Estado podrá pretender someterla a su juris-dicción, soberanía o autoridad. La libertad de la altamar comprenderá concretamente:" (a continuación seinsertarán los cuatro puntos).

Artículo 3. Derecho de navegación


27. La modificación propuesta no afecta al textofrancés ni al texto español; podría ser aceptada.

Yugoeslavia (A/CN.4/99/Add.l)

28. Sustituyase " el derecho " por " un derechoigual ". El Relator prefiere el texto actual. La expresión" un derecho igual " no excluiría las limitaciones impues-tas a todas las naciones.

Conclusión

29. El texto puede conservarse, con una modificaciónde redacción en el texto inglés.

Articulo 4. Régimen jurídico del buque


30. La Comisión deberá estudiar más detenidamentela cuestión de las banderas de organizaciones internacio-nales antes de presentar el proyecto a la AsambleaGeneral.

31. La Comisión, aunque reconoce la importancia deesa cuestión, ha estimado que debe estudiarse " a sudebido tiempo ". El Relator no cree que la Comisiónpueda hacerlo en la actualidad.

Reino Unido (A/CN4/99/Add.l)

32. Propone el texto siguiente:" Salvo en los casos excepcionales previstos de un

modo expreso en tratados internacionales o en lospresentes artículos, los buques estarán sometidos, enalta mar, a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyabandera enarbolen."33. Este texto deberá ser examinado en relación con

el que el Gobierno del Reino Unido ha propuesto conrespecto al artículo 5.

Yugoeshvia (A/CN.4/99/Add.l)

34. La expresión " tratados internacionales " es dema-siado vaga. El Gobierno de Yugoeslavia estima que sólodeberían tomarse en consideración los tratados concer-tados bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

35. El Relator no puede aceptar esta limitación, queno le parece justificada.

36. A juicio del Gobierno de Yugoeslavia, deberíareconocerse a los buques de las Naciones Unidas, o a losque naveguen a su servicio, el derecho de enarbolar labandera de las Naciones Unidas. La Comisión ha decididoaplazar el examen de esta cuestión.

Conclusión

37. Puede mantenerse el texto del artículo 4, a no serque la Comisión decida aceptar la propuesta del Gobiernodel Reino Unido.

Artículo 5. Derecho de enarbolar bandera


38. El párrafo 1 del artículo 5 podría redactarse así:" Que el buque pertenezca al Estado o sea explotado

por él."39. El Relator acepta esta propuesta.40. El Gobierno de Bélgica propone que se modifique

el párrafo 2 del artículo 5 en la forma siguiente:" . . . personas legalmente domiciliadas o que residan

efectivamente..."41. El Relator hace observar que la Comisión ha

exigido deliberadamente la doble condición de resi-dencia y domicilio.

42. A juicio del Gobierno de Bélgica, convendríarevisar las disposiciones del artículo 5 en el sentido deespecificar que la distinción prevista en los incisos b) yc) se refiere a la distinción entre las sociedades de per-sonas, por una parte, y las sociedades de capital, porotra.

43. Corresponde a la Comisión estudiar esta pro-puesta; el Relator estima que esta distinción constituyela base del texto propuesto por la Comisión.

44. El Gobierno de Bélgica pregunta cuál sería lasituación de una asociación de utilidad pública o nolucrativa que con un propósito humanitario o científicoquisiera colocar un buque bajo una bandera determinada.El Relator estima que al querer reglamentar expresa-mente casos de esta naturaleza se corre el riesgo de entraren demasiados detalles.

Brasil (A/CN.4/99)

45. El Gobierno del Brasil propone que se declareque, para el reconocimiento del carácter nacional de unbuque, bastará que éste pueda probarlo fácilmente, nosólo por el nombre del buque y del lugar de matrícula,claramente marcados en un lugar visible, sino tambiénpor medio de la documentación del buque.

46. El Relator estima que esta propuesta merece serexaminada por la Comisión.


Unión Sudafricana (A/CN.4/99/Add.l)

47. La Unión Sudafricana propone que se añada lafrase siguiente al inciso a) del párrafo 2:

" . . . siempre que más de la mitad de las acciones dedicha sociedad esté inscrita a nombre de nacionales ode personas legalmente domiciliadas en el territoriodel Estado interesado y que residan efectivamente enél."48. El Relator estima que la aplicación de esta dis-

posición tropezaría con graves dificultades.


49. El Gobierno de Israel propone que los incisos6) y c) del párrafo 2 se reúnan en uno solo, aplicable atodas las personas jurídicas.

Países Bajos (A/CN.4/99/Add.l)

50. El Gobierno de los Países Bajos propone que sesustituya el actual artículo 5 por otros dos, redactadosasí:

" Articulo 5 a)

" Cada Estado, dentro de su territorio, establecerálos requisitos necesarios para que un buque puedamatricularse y enarbolar su bandera. No obstante, paraque el carácter nacional del buque sea reconocido porlos demás Estados, deberá existir una relación autén-tica entre el Estado y el buque.

" Artículo 5 b)

" Los Estados dictarán reglamentos para sus buquescon objeto de garantizar la seguridad en el mar,teniendo en cuenta principalmente lo siguiente:

" 1. La tripulación, que debe responder a las nece-sidades del buque y disfrutar de condiciones razonablesde trabajo;

" 2. La construcción, el equipo y las buenas condi-ciones del buque para navegar en el mar;

" 3. La utilización de señales, el mantenimiento delas comunicaciones y la prevención de abordajes.

" Al dictar esos reglamentos, los Estados tendránen cuenta las normas aceptadas internacionalmentepara los buques que constituyen la mayor parte deltonelaje de los que participan en la navegación en altamar.

" Los Estados tomarán las medidas necesarias paragarantizar la observancia de dichos reglamentos. Paraello, dictarán, entre otras, disposiciones referentes alregistro del buque en el Estado y a los documentos quedemuestren que han sido cumplidos los reglamentoscorrespondientes de la legislación nacional."

51. El propósito del Gobierno de los Países Bajos esreunir las cuestiones tratadas en los artículos 5 y 9. EsteGobierno no cree posible que se puedan fijar reglas deta-lladas relativas al derecho que tienen los Estados de con-ceder a un buque el derecho de enarbolar su bandera.Estima que hay que limitarse a enunciar el principio deque debe existir una relación auténtica entre el buque yel Estado.

52. Corresponde a la Comisión examinar el punto devista del Gobierno de los Países Bajos.

Noruega (A/CN.4/99/Add.l)

53. El Gobierno de Noruega propone que se suprimala palabra " efectivamente " en los incisos a) y fe) delpárrafo 2 y que se haga más restrictivo el inciso c), conobjeto de ponerlo más en armonía con los incisos a) yb).


54. El Gobierno del Reino Unido propone el textosiguiente:

" Los buques poseen la nacionalidad del Estadocuya bandera están autorizados a enarbolar. No obs-tante, un Estado no podrá autorizar a un buque a queenarbole su bandera, ni los demás Estados estaránobligados a reconocer que el buque tiene ese derecho,a no ser que, con arreglo a su propia legislación nacio-nal y al derecho internacional, el Estado cuya banderaenarbola pueda ejercer, y ejerza efectivamente, sujurisdicción y vigilancia sobre los buques que naveganbajo su bandera, y el derecho a enarbolarla esté limi-tado y reglamentado por su legislación nacional. UnEstado podrá permitir a un buque autorizado a enar-bolar su bandera, con arreglo a la legislación nacional,que navegue bajo la bandera de otro Estado, a condi-ción de que éste pueda ejercer de modo efectivo sujurisdicción y vigilancia sobre el buque."[Véanse los argumentos aducidos en la respuesta del

Gobierno del Reino Unido],

55. El punto de vista del Gobierno del Reino Unido yel del Gobierno de los Países Bajos parecen concordarhasta cierto punto. La Comisión podría examinar estaspropuestas conjuntamente.


56. El Gobierno de Yugoeslavia propone que el textose redacte así:

" Cada Estado establecerá los requisitos necesariospara que un buque pueda obtener su nacionalidad ynavegar bajo su bandera, salvo cuando estos artículosdispongan lo contrario. De todos modos, para que elcarácter nacional del buque sea reconocido por otrosEstados, será necesario:"[Los párrafos 1 y 2 no varián.]

Propone, además, que se añada un nuevo párraforedactado en esta forma:

" 3. Que el fletador sea nacional del Estado de quese trate o una persona jurídica constituida con arregloa lo dispuesto en las leyes de dicho Estado y que residaefectivamente en el territorio de ese Estado ".57. El Relator hace observar que esta cuestión ya ha

sido examinada por la Comisión. El Relator ha formuladola opinión de que, con esa disposición, la nacionalidad delbuque perdería el carácter de estabilidad que debe tener.Por este motivo, son pocos los Estados que han incluidoen su legislación una disposición análoga. Por razonesmuy comprensibles, son principalmente los Estados noribereños los que abogan por este sistema. Yugoeslaviaforma parte de los pocos Estados ribereños que tambiénla han aceptado.

Irlanda (A/CN.4/99/Add.4)

58. La ley no establece distinción entre los irlandesesque residen en Irlanda y los que residen en el extranjero.


El buque ha de ser propiedad de irlandeses en su tota-lidad, pero el Gobierno puede autorizar el apartarse deestas reglas.

Conclusión

59. El Relator reserva su conclusión acerca del ar-tículo 5.

Artículo 6. Buques que naveguen bajo dos banderas


60. Las observaciones sólo se refieren a la redacción.


61. El Gobierno de Israel estima que debería estu-diarse a fondo la cuestión del cambio de abanderamiento.Reserva su actitud en cuanto al critero estricto en que seinspira el artículo 6.


62. El Gobierno de los Países Bajos propone que seañada después de las palabras " dos o más banderas "estas otras palabras : " utilizando una u otra bandera,según las necesidades ". El Relator estima que estas pala-bras, que aparecen ya en el comentario, pueden figurartambién en el artículo.


63. El Gobierno del Reino Unido propone que el textoinglés se redacte de la siguiente forma:

" A ship that sails under the flags of two or moreStates may not, with respect to any other State, claimeither or any of the nationalities in question, and maybe assimilated to ships without a nationality."64. Este cambio de redacción puede aceptarse.


65. El Gobierno de Yugoeslavia propone que se agre-gue un nuevo párrafo que diga lo siguiente:

" El buque que navegue sin bandera o con banderausurpada podrá ser también asimilado por otros Estadosa los buques sin nacionalidad."66. Corresponde a la Comisión examinar si es nece-

sario insertar ese párrafo.67. El Gobierno de Yugoeslavia propone que se in-

cluyan unos artículos sobre el cambio de abanderamiento(véase el texto de dichos artículos en la respuesta delGobierno de Yugoeslavia). La Comisión deberá resolversi desea modificar su decisión de no incluir artículossobre el cambio de abanderamiento.

Conclusión

68. El artículo puede mantenerse con modificacionesde redacción.

Artículo 7. Inmunidad de los buques de guerra

Países Bajos (A/CN.4/99Add.l)

69. El Gobierno de los Países Bajos propone el textosiguiente, con objeto de poner este artículo más enarmonía con el artículo correspondiente de la VII Con-vención de La Haya de 1907:

" Se entiende por " buques de guerra " los que esténbajo la autoridad directa, el control inmediato y laresponsabilidad de la Potencia cuya bandera enarbolen,y lleven los signos exteriores distintivos de los buquesde guerra de su nacionalidad; el comandante deberáestar al servicio del Estado, debidamente facultado porlas autoridades competentes, y su nombre deberáfigurar en el escalafón de oficiales de la Armada; latripulación deberá estar sometida a la disciplina mili-tar."

70. El Relator acepta esta propuesta.


71. Propone un cambio de redacción.

Yugoeslavia (A/CN.4/99/Add.l)72. El Gobierno de Yugoeslavia propone que en el

párrafo 2 se añadan, después de las palabras " los que ",estas otras palabras : " lleven signos visibles de su carácterde buques de guerra y ".

73. La redacción propuesta por el Gobierno de losPaíses Bajos dará sin duda satisfacción al Gobierno deYugoeslavia.

Conclusión

74. El artículo podría modificarse en la forma pro-puesta por el Gobierno de los Países Bajos.

Artículo 8. Inmunidad de otros buques del Estado


75. Las objeciones formuladas por el Gobierno deBélgica respecto de la redacción quedarán sin objeto sila Comisión aprueba la modificación del párrafo 1 delartículo 5, aceptada por el Relator.


76. El Gobierno de la Unión Sudafricana propone quese añadan las palabras " que no sea de carácter comer-cial " después de las palabras " a un servicio oficial ".

77. Esta modificación sería contraria a los propósitosde la Comisión. Del comentario se desprende que en loque concierne al ejercicio de los poderes en alta mar porEstados que no sean el de la bandera, la Comisión haquerido asimilar a buques de guerra los buques explo-tados por el Estado con fines comerciales.


78. El Gobierno de los Países Bajos propone que serestablezca el texto de la Convención de Bruselas sus-tituyendo las palabras " servicio oficial " por las palabras" servicio oficial y no comercial ". El Relator hace eneste caso la misma observación que hizo respecto de lapropuesta de la Unión Sudafricana; la Comisión se hapronunciado en sentido contrario.


79. El Gobierno del Reino Unido propone que sereemplacen las palabras " quedan asimilados a " por laspalabras " tendrán la misma inmunidad que ". El Relatorhace suya esta propuesta.


Conclusión

80. El artículo podría modificarse como propone elGobierno del Reino Unido.

Artículo 9: Señales y normas para la prevención deabordajes

Países Bajos (A/CN.4/99/Add.1)

81. Este artículo podría suprimirse si se aceptase lapropuesta de los Países Bajos referente al artículo 5.


82. El Gobierno de Yugoeslavia propone que se sus-tituyan las palabras " aceptadas internacionalmente paralos buques que constituyen la mayor parte del tonelaje delos que participan en la navegación en alta mar " por laspalabras " aceptadas por la mayor parte de los Miembrosde las Naciones Unidas ".

83. La redacción actual fué aprobada por la Comisióndespués de un prolongado debate; el comentario explicapor qué la Comisión ha preferido el texto actual al quepropone el Gobierno de Yugoeslavia.

Conclusión

84. No es el caso de modificar el artículo.

Artículo 10. Competencia penal en caso de abordaje

China (A/CN.4/99)

85. El Gobierno de China es partidario del principioestablecido por la sentencia que pronunció la Corte Per-manente de Justicia Internacional en el caso del Lotus.


86. El Gobierno de Turquía se pronuncia en el mismosentido. No obstante, si se sigue reconociendo la com-petencia de los tribunales nacionales, deberán adoptarselas reglas siguientes:

" a) En caso de abordaje en alta mar entre buquesmatriculados en diferentes puertos, se reconocerá com-petencia judicial y administrativa al Estado cuyaautoridad se extienda al puerto de matrícula máspróximo al lugar del abordaje.

" ¿ ) En caso de accidente de navegación en altamar (tal como daños a un cable telefónico o telegráfico,o a una tubería submarinos), se reconocerá compe-tencia judicial y administrativa al Estado cuya autoridad se ejerza sobre el puerto de matrícula del buque,o al Estado cuya autoridad se ejerza sobre -1 país alcual pertenecen los bienes lesionados según el que sehalle más próximo al lugar del accidente."

Unión Sudafricana (AJCN.4/99/Add.l)

87. El Gobierno de la Unión Sudafricana insiste enque hay que modificar el artículo para establecer demanera precisa que ninguna de sus disposiciones impediráque un Estado, ya sea de modo general o para un casodeterminado, renuncie a su competencia respecto de susnacionales que incurran en responsabilidades penales odisciplinarias con motivo de un abordaje en alta mar.

88. La Comisión deberá decidir si esta adición esnecesaria.


89. Debería añadirse un segundo párrafo redactadoasí:

" No obstante, el Estado del que dichas personasson nacionales podrá tomar medidas disciplinarias conobjeto de retirarles los títulos y certificados que leshubiere concedido."90. Como se desprende del comentario, las palabras

" o ante las del Estado de que sean nacionales " esta-blecen ya la posibilidad de que dicho Estado adoptemedidas penales o disciplinarias respecto de sus nacio-nales. Esta adición parece, pues, superflua.

Países Bajos (A'CN.4/99/Add.l)

91. El Gobierno de los Países Bajos propone que esteartículo se ponga más en armonía con el de la Convenciónde Bruselas de 10 de mayo de 1952. El texto quedaríaredactado así:

" En caso de abordaje o de cualquier otro accidentede navegación ocurrido a un buque en alta mar, quepueda entrañar una responsabilidad penal o discipli-naria para el capitán o cualquier otra persona al ser-vicio del buque, las acciones penales y disciplinariascontra esas personas sólo se podrán ejercer ante lasautoridades judiciales o administrativas del Estadocuya bandera enarbolaba el buque o ante las del Estadode que dichas personas sean nacionales."

92. El Relator hace suya esta propuesta.


93. El Gobierno de Yugoeslavia propone algunas modi-ficaciones de redacción y la adición de un nuevo párrafoque contenga la disposición del artículo 3 de la Conven-ción de Bruselas de 1952 que dice así:

" Ninguna de las disposiciones de esta Convenciónpodrá impedir que un Estado permita que sus auto-ridades, en caso de abordaje u otro accidente denavegación, entablen las acciones correspondientesrespecto de los certificados de competencia o de laslicencias expedidas por dicho Estado o persigan a susnacionales por los delitos cometidos a bordo de unbuque que enarbole la bandera de otro Estado."

Conclusión94. El Relator propone que se modifique la redacción

del texto en el sentido indicado por el Gobierno de losPaíses Bajos, para ponerlo en armonía con el texto dela Convención de 1952. La inserción del artículo 3 dedicha Convención no le parece indispensable.

Artículo 11. Obligación de prestar auxilio

Países Bajos (A'CN.4/99/Add.l)

95. El Gobierno de los Países Bajos propone que sesubstituya la primera frase por el texto siguiente:

" El capitán de un buque estará obligado, siempreque pueda hacerlo sin grave peligro para su buque, sutripulación y sus pasajeros, a prestar auxilio a todapersona que se encuentre en peligro de desaparecer enel mar y a dirigirse a toda velocidad a prestar auxilioa las personas que estén en peligro, en cuanto sepa quenecesitan socorro, en la medida en que razonablementepueda hacerlo."


Esta propuesta podría aceptarse.


96. El Gobierno de Noruega no comprende por quéeste artículo, contrariamente a lo que disponen otrosartículos (9, 12, 23, 35 y 38), no impone a los Estadosla obligación de promulgar la legislación necesaria a esterespecto.

97. El Relator opina que, en efecto, se podría modi-ficar el texto en el sentido propuesto por el Gobierno deNoruega.


98. El Gobierno de Yugoeslavia propone que despuésde la palabra " abordaje" se inserten las palabras " o decualquier otro accidente de navegación ".

99. El Relator no estima necesaria esta adición.100. Además, el Gobierno de Yugoeslavia propone que

se añada el párrafo siguiente:" También estará obligado, dentro de sus posibili-

dades, a comunicar al otro buque el nombre del suyo,de su puerto de matrícula y del puerto más próximoen que hará escala."101. A este respecto podrían satisfacerse los deseos del

Gobierno de Yugoeslavia.

Conclusión

102. El Relator propone que se modifique el texto delartículo en la forma siguiente:

" Los Estados deberán obligar a los capitanes de losbuques que naveguen bajo su bandera a que. siempreque puedan hacerlo sin grave peligro para el buque, sutripulación y sus pasajeros, presten auxilio a toda per-sona que se encuentre en peligro de desaparecer en elmar y se dirijan a toda velocidad a prestar auxilio alas personas que estén en peligro, en cuanto sepan queéstas necesitan socorro y en la medida en que razonable-mente puedan hacerlo. Los capitanes estarán tambiénobligados, dentro de sus posibilidades, a comunicar alotro buque el nombre del suyo, el puerto de matrícula yel puerto más próximo en que hará escala."

Artículo 12. Trata de esclavos


103. El Gobierno de Israel propone que los artículos12 a 21, que se refieren a la policía de alta mar, se reúnanen un solo capítulo.

104. El Relator duda de que esta modificación aclaremás el documento.

105. Respecto del artículo 12, el Gobierno de Israelpropone que se mencionen también, en el segundo pá-rrafo, los buques del Estado que no sean buques deguerra. Se podrían satisfacer los deseos del Gobierno deIsrael sustituyendo las palabras " buque de guerra " porlas palabras " buque del Estado ".


106. El Gobierno de los Países Bajos propone que sesustituyan las palabras " y para evitar que con ese pro-pósito se usurpe su bandera " por la frase " y para evitar

quo con ese propósito buques extranjeros enarbolenilegalmente su bandera ".

107. La Comisión decidirá si prefiere esta redacción.

Reino Unido (A/CN.4/99/Add.l)108. El Gobierno del Reino Unido propone que se in-

cluyan después de las palabras " buque mercante " laspalabras " de cualquier Estado ".

Esta propuesta puede aceptarse.

Conclusión

109. El artículo podría aprobarse en la formasiguiente.

" Todo Estado estará obligado a tomar medidaseficaces para impedir y castigar el transporte de escla-vos en buques autorizados a enarbolar su bandera, ypara evitar que buques extranjeros enarbolen ilegal-mente su bandera con ese propósito. Todo esclavo quese refugie en un buque perteneciente a un Estado o enun buque mercante, sea cual fuere su bandera, quedarálibre ipso facto."

Artículo 13. Piratería


110. El artículo 13 habla de la " piratería en altamar ", mientras que, según el artículo 14, la pirateríapuede practicarse también en un territorio que no estésometido a la jurisdicción de ningún Estado.

111. El Relator estima que deberían suprimirse laspalabras " en alta mar " en el artículo 13. Los actos queconstituyen piratería se enumeran en el artículo 14.

Conclusión

112. El artículo puede conservarse, con la modifi-cación antes mencionada.

Artículo 14

China (A/CN.4/99)

113. Este artículo sólo define la piratería en un sen-tido estricto; convendría modificarlo para que compren-diese la piratería en el amplio sentido de la palabra,según el cual comete un acto de pirateriá todo tripulanteo pasajero que a bordo de un buque hace uso de violen-cia o de amenazas contra otro tripulante o pasajero conla intención de saquear o robar, o pilota o asume elmando del buque con ese fin.

114. La Comisión no ha querido adoptar la definiciónamplia de la piratería propuesta por el Gobierno deChina.


115. El Gobierno de la Unión Sudafricana hace variasobservaciones respecto de la redacción del artículo 14, alas que el Relator remite al lector. La Comisión no hatomado en consideración los actos de violencia cometidospor una aeronave contra otra aeronave, porque ha queridolimitarse al derecho marítimo. La Comisión ha consi-derado sólo los buques de guerra y los buques privados;no se ha ocupado de los buques explotados por el Estadocon fines comerciales.


116. El Relator estima que estos buques pueden, enefecto, llegar a ser culpables de actos de piratería. Elartículo podría completarse en ese sentido.


117. El Gobierno de los Países Bajos estima con-veniente precisar que el artículo 14 no se refiere a losbuques de guerra ni a los buques del Estado destinadosa un servicio oficial no comercial. Hace observar que enel inciso a) sólo se habla de " buque ", mientras que enel inciso b) se habla de " buques, personas y bienes ".Por otra parte, el párrafo 1 menciona los actos dirigidos" contra personas o bienes ".

118. El Relator estima que la redacción podría, enefecto, mejorarse.


119. Propone modificaciones de redacción única-mente.

Conclusión

120. La redacción del artículo podría modificarse enesta forma:

" Constituirán actos de piratería los enumerados acontinuación :

"1 ) Todo acto ilegítimo de violencia, de detencióno de depredación cometido para provecho personal porla tripulación o los pasajeros de un buque o de unaaeronave de carácter privado, o de un buque o unaaeronave destinados a un servicio comercial, y diri-gido:

" a) Contra buques, personas o bienes en alta mar,distintos de aquel en que se ha perpetrado el acto; o

" b) Contra buques, personas y bienes situados enun territorio no sometido a la jurisdicción de ningúnEstado."

[Los párrafos 2 y 3 no varían.]

Artículo 15


121. El Gobierno de Bélgica propone el texto siguiente:" Estarán asimilados a actos de piratería los actos

previstos en el artículo 14 cuando dichos actos seanperpetrados por un buque de guerra o por una aero-nave militar cuya tripulación se haya amotinado."122. El Relator acepta esta redacción.


123. El Gobierno de los Países Bajos propone que, alos efectos del artículo 15, los buques del Estado desti-nados a un servicio oficial no comercial sean asimiladostambién a buques de guerra.

124. El Relator hace suya esta propuesta.


125. El Gobierno de Yugoeslavia propone que despuésde las palabras " buque de guerra " se añadan estas otraspalabras: " o de cualquiera de los buques mencionadosen el artículo 8, supra ".

126. La nueva redacción satisfaría al Gobierno deYugoeslavia.

Conclusión

127. El Relator propone el texto siguiente:" Los actos enumerados en el artículo 14, cuando

sean perpetrados por un buque o por una aeronavepertenecientes al Estado y destinados a un servicio nocomercial, cuya tripulación se haya amotinado, tam-bién serán considerados como actos de piratería ".

Artículo 16


128. El Gobierno de Bélgica propone el texto siguiente:" Se considerarán buques y aeronaves piratas los

buques o las aeronaves que hayan cometido cualquierade los actos mencionados en el inciso 1 del artículo 14,o los buques o aeronaves que las personas bajo cuyomando efectivo se encuentren destinen a cometer dichosactos ".129. El Relator acepta esta redacción, con una modi-

ficación propuesta por el Gobierno de los Países Bajos.


130. El Gobierno de los Países Bajos estima que esteartículo podría suprimirse y que, si se mantiene, deberíahacer referencia al artículo 14 en su totalidad, y no sólo alpárrafo 1 del artículo 14.

Conclusión

131. El artículo podría modificarse en la forma pro-puesta por el Gobierno de Bélgica, y suprimiendo laspalabras " párrafo 1 ".

Artículo 17

132. No se ha formulado ninguna observación.

Artículo 18


133. El Gobierno de Bélgica está dispuesto a aceptareste artículo si se adopta su propuesta referente al ar-tículo 16.


134. Este artículo no dice qué habrá de hacerse conel buque pirata una vez capturado. Convendría que laComisión examinara la posibilidad de incluir una dispo-sición a este respecto. El Relator estima que una reglade carácter general plantearía quizá ciertas dificultades;a su parecer, esta cuestión debe ser resuelta por las juris-dicciones nacionales.

Conclusión

135. El artículo puede mantenerse en su forma actual.

Artículo 19


136. El Gobierno de los Países Bajos no comprendepor qué la redacción de este artículo ha de ser distintade la del párrafo 3 del artículo 21. El Relator estima quela redacción del párrafo 3 del artículo 21 podría utili-zarse también para el artículo 19.



137. El Gobierno de Noruega ha formulado una obser-vación en el mismo sentido.

Conclusión

138. La redacción de este artículo debería modificarsepara ponerla en armonía con la del párrafo 3 del ar-tículo 21.

Artículo 20

Unión Sudafricana (ACN.4/99/Add.l)

139. El Gobierno de la Unión Sudafricana estima quequizá sería necesario estipular que el buque atacado porun pirata y que haya rechazado el ataque puede apresaral buque pirata hasta que llegue un buque de guerra.

140. El Relator estima que esta aprehensión provi-sional equivale al ejercicio del derecho de legítima defensay que no hace falta insertar una disposición especial aeste respecto.

Conclusión

141. El artículo podría mantenerse tal como estáredactado.

Artículo 21. Derecho de visita y registro

Unión Sudafricana (A/CN.4 99/Add.l)

142. Habría que ampliar el inciso b) para que fueseaplicable a toda la alta mar.

143. La Comisión discutió extensamente este asuntoy llegó a una conclusión contraria a la del Gobierno dela Unión Sudafricana. Ha querido evitar que la pre-sunción de que un buque se dedica a la trata de esclavossirva de pretexto para ejercer el derecho, de visita enpartes de la alta mar donde no se efectúa la trata deesclavos.

Países Bajos (A/CN.499/Add.l)

144. Se pi opone que en el primer párrafo se susti-tuyan las palabras " en el mar " por las palabras "en altamar ".


Reino Unido (ACN.4/99Add.l)

146. Convendría sustituir en el párrafo 3 la frase' por el perjuicio sufrido " por la frase " por todos losperjuicios sufridos ".


Conclusión

148. El artículo podría aprobarse con las modifica-ciones antes mencionadas.

Artículo 22. Derecho de persecución

Brasil (A/CN.4/99)

149. El Gobierno del Brasil estima que para que elEstado ribereño pueda ejercer el derecho de persecución,será suficiente que ese Estado tenga motivos fundadospara sospechar que se ha cometido o está a punto de

cometerse una infracción de sus leyes y reglamentos.150. El Relator está dispuesto a modificar el artículo

en ese sentido. El artículo podría empezar así: " La per-secución de un buque extranjero, cuando el Estadoribereño tenga fundados motivos para sospechar que hacometido una infracción de sus leyes y reglamentos,comenzada, etc."

India (A/CN.4/99)

151. El Gobierno de la India opina que el derecho depersecución debe reconocerse también en el caso en que elbuque se encuentre en una zona contigua.

152. El Relator hace observar que este caso se hallaprevisto en el texto aprobado por la Comisión (véase laúltima frase del párrafo 1).

Países Bajos ( A/CN.4/Add.l)

153. El Gobierno de los Países Bajos propone que laúltima frase del párrafo 3 quede redactada así:

" La orden de detención deberá ser dada medianteuna señal visual o auditiva, emitida a una distanciaque permita al buque extranjero verla u oírla."154. El Relator acepta esta modificación.155. El Gobierno de los Países Bajos propone que se

añada el siguiente párrafo al final del artículo:" El derecho de persecución sólo podrá ser ejercitado

por los buques de guerra y otros buques destinados aun servicio oficial, no comercial ".156. El Relator acepta esta adición.


157. El Gobierno de Noruega estima que debe preci-sarse que el derecho de persecución puede ser ejercitadotambién por buques pertenecientes al Estado que no seanbuques de guerra, como los de las aduanas, de la policíay los patrulleros de las pesquerías.

158. El Relator cree que la modificación propuestapor los Países Bajos dejará satisfecho al Gobierno deNoruega.

159. El Gobierno de Noruega plantea la cuestión desi el derecho de persecución puede ser ejercitado poraeronaves.

160. La misma cuestión ha sido planteada por elGobierno de Islandia (A/CN.4/99/Add.2).

161. A juicio del Relator, este derecho debe limitarsea los buques, a fin de evitar los abusos.


162. El Gobierno del Reino Unido propone que sesuprima la última frase del párrafo 1, que, a su parecer,se basa en un concepto erróneo de la naturaleza de las" zonas contiguas ".

163. El Relator ha tratado esta cuestión en la sección4 de la parte general de su informe; no comparte laopinión del Gobierno del Reino Unido.


164. El Gobierno de Yugoeslavia propone que, paraaclarar el texto, se añadan las palabras " o en la zonacontigua " después de las palabras " mar territorial ", enlos párrafos 1 y 2.


165. El Relator no tiene nada que oponer a esta in-serción.

Conclusión

166. El texto actual puede mantenerse, con las modi-ficaciones propuestas por los Gobiernos de Brasil, de losPaíses Bajos y de Yugoeslavia.

Artículo 23. Contaminación de la alta mar

Unión Sudafricana (A/CN.4/99/Add.1)

167. El Gobierno de la Unión Sudafricana proponeque el texto del artículo se limite a la alta mar.

168. El Relator acepta que se sustituyan las palabras" de las aguas " por las palabras " de la alta mar ". Eltítulo dice ya " Contaminación de la alta mar ".

Países Bajos (A/CN.4/Add.l)

169. Sustituyase la palabra " hidrocarburos " por lapalabra " petróleo ". El Gobierno del Reino Unido haformulado la misma observación.

170. El Relator acepta la propuesta.171. Además, el Gobierno de los Países Bajos propone

que se añadan dos artículos:

" Artículo 23 a)

" Los Estados dictarán reglamentos para evitar lacontaminación de las aguas por el petróleo, que puedaser producida por la explotación de zonas submarinas.

" Artículo 23 b)

" Los Estados cooperarán en el establecimiento dereglamentos para evitar la contaminación de las aguas,originada por la descarga de desperdicios radioactivosen el mar."172. La Comisión habrá de pronunciarse sobre estas

propuestas.

Conclusión

173. El artículo 23 podría aprobarse con las modifi-caciones antes mencionadas y a reserva de la decisiónque se tome respecto de los dos nuevos artículos pro-puestos.

Artículo 24. Derecho de pesca

Suecia (A/CN.4/99)

174. El Gobierno de Suecia estima que sería muyconveniente concertar una convención internacional rela-tiva a la pesca en alta mar.


175. El Gobierno de Israel reserva su actitud respectode los artículos 24 a 38, hasta que haya podido examinarlas conclusiones de la Conferencia de Roma.

Noruega ( A/CN.4/99/Add.1)

176. El Gobierno de Noruega se reserva el derecho deformular nuevas observaciones a los artículos 24 a 33,hasta que se sepa en qué medida son admitidos los prin-cipios en ellos enunciados.

Conclusión

177. El artículo puede mantenerse en su forma actual.

Artículos 25 a 33

178. Respecto de los artículos 25 a 33, referentes a laconservación de los recursos vivos del mar, varios gobier-nos, entre ellos los de China, Estados Unidos e India,han formulado observaciones y propuesto modificacionesque afectan los principios mismos del sistema aprobadopor la Comisión.

179. Mientras la Comisión no se pronuncie sobre elfondo de estas propuestas, el Relator estima que es inútilexaminar en detalle las modificaciones que serían ne-cesarias si se adoptasen las nuevas reglas. Además, esimposible resumir en pocas palabras las observacionesformuladas por los gobiernos a este respecto. En estascircunstancias, el Relator no puede informar respecto deestos artículos como lo ha hecho para los artículos ante-riores. Sólo después de una discusión general en la quela Comisión tome una decisión sobre las cuestiones defondo en que se basan estas propuestas, se podrá empren-der el examen de los textos en todos sus detalles.

Artículo 34

Suecia (A/CN.4/99), Noruega y Reino Unido (A/CN.4/99/Add.l)

180. Estos tres Gobiernos hacen observar que la téc-nica actual permite transmitir también energía eléctricabajo el mar por medio de cables de alta tensión. ElRelator propone que se inserten, después de la palabra" tuberías ", las palabras " y los cables eléctricos de altatensión ".

Conclusión

181. El artículo podría aprobarse con esta modifi-cación.

Artículo 35


182. Las palabras del texto inglés " resulting in thetotal or partial interruption, etc." deberían sustituirsepor " in such a manner as might interrupt or obstructtelegraphic communications ". Después de las palabras" en las mismas condiciones de una tubería submarina ",el Gobierno de los Países Bajos propone que se insertenlas palabras " que pueda tener como consecuencia lapérdida de las substancias que circulan dentro de latubería ".

183. El Relator acepta estas modificaciones; si seaprueba la inserción propuesta en el artículo 34, habráque tenerla en cuenta cuando se redacte el artículo 35.

Conclusión

184. El artículo podría aprobarse con las modifi-caciones propuestas.

Artículo 36



Artículo 37

Estados Unidos de América (A/CN.4/99/Add.l)

186. El Gobierno de los Estados Unidos propone quese dé a esta disposición un carácter de recomendación,redactándola en términos generales, sin mencionar ex-elusivamente los aparejos utilizados en la pesca dearrastre.

187. El Relator prefiere mantener el artículo en suforma actual, tomada de la resolución I de la Conferenciade Londres de 1913.

Artículo 38


188. El Gobierno de los Países Bajos propone que estadisposición se aplique también a las tuberías.



190. Agregúese al final del artículo : " a condición deque los propietarios del buque hayan tomado todas lasmedidas de precaución razonables ".


Conclusión

192. El artículo podría aprobarse con las modifica-ciones propuestas.

Documento A/CN.4/97/Add.2

[Texto original en francés][4 de mayo de 1956]

II. REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

Artículo 1. Naturaleza jurídica del mar territorial

India (A/CN.4/99)

1. Añádase al final del párrafo 2:" Sin embargo, estos artículos en nada afectan los

derechos y obligaciones de los Estados, que tengansu origen en alguna costumbre o circunstancia especial,o en las disposiciones de un tratado o convenio."2. El Relator opina que si se insertase esta cláusula

en los artículos referentes al mar territorial, habría querepetirla en todas las nuevas reglamentaciones que laComisión aprobase. El Relator no es partidario de que seapruebe esta disposición.


3. Los artículos 1 y 2 podrían combinarse con el ar-tículo 1 de las disposiciones referentes al régimen de altamar.

4. El Relator estima que esta cuestión podrá exami-narse en relación con el conjunto del proyecto que sepresentará a la Asamblea General.

Noruega (A/CN.4/99/Add. l )

5. Conviene declarar expresamente que estos artículosno serán aplicables a las aguas interiores.

6. El Relator estima que se pueden satisfacer losdeseos del Gobierno de Noruega añadiendo al artículo 4el párrafo siguiente:

" Las aguas situadas al interior de la línea de basese considerarán aguas interiores."


7. Añádanse en el párrafo 1 las palabras " o a susaguas interiores " después de la palabra " costas " ysuprímanse en el párrafo 2 las palabras " y por lasdemás normas del derecho internacional ".

8. Respecto de la primera observación, la inserciónmás arriba propuesta por el Relator dará probablementesatisfacción al Gobierno de Yugoeslavia. En cuanto a lasegunda propuesta, el Relator quiere evitar que el textoque se adopte dé la impresión de que las limitaciones dela soberanía se enumeran de una manera completa ylimitativa en los artículos siguientes.

Conclusión

9. El artículo podrá aprobarse en su forma actual.

Artículo 2. Naturaleza jurídica del espacio aéreo situadosobre el mar territorial, del lecho y del subsuelo de este

mar


10. Agregúese el siguiente párrafo:" Las disposiciones de los artículos siguientes sobre

el tránsito por mar no son aplicables a ninguna formade navegación aérea ".11. Como todas las disposiciones se refieren exlusiva-

mente al derecho del mar, esta inserción parece superflua.Pero se podría insertar una disposición a este respecto enel comentario.

Conclusión

12. El artículo puede aprobarse en su forma actual.

Artículo 3. Anchura del mar territorial

13. Varios gobiernos han dado su opinión acerca deltexto propuesto. A continuación se exponen sucintamentelos distintos puntos de vista.


14. Convendría lograr que todos los países aceptaranel principio de que el derecho internacional no autorizaa extender el mar territorial más allá de 12 millas. Aldecir que el derecho internacional no obliga a los Estadosa reconocer una anchura mayor de tres millas, se reconoceimplícitamente el principio de que es necesario llegar aun acuerdo internacional sobre los límites del mar terri-torial, principio que Bélgica siempre ha defendido. LaComisión reafirma el derecho de los Estados a no reco-nocer a otros el derecho a extender los límites a más de12 millas. Pero si se quiere poner fin a la incertidumbrejurídica en que se encontrarán los nacionales de estosEstados, es indispensable llegar a un acuerdo con elEstado que haya extendido sus límites. Si, por una parte,la tesis de la Comisión se ajusta al derecho internacional,por otra, no resuelve las dificultades prácticas. Teniendoen cuenta las posibilidades que en materia de pesca ofrece


la aplicación de los artículos 24 a 33 del capítulo relativoa la alta mar, y en especial la del artículo 29, es muyprobable que el principio de un máximo de doce millassea aceptado por la mayoría de los países. Por tanto,sería posible llegar a la solución de fijar, medianteacuerdos internacionales, un límite que no sea el de lastres millas ni exceda el de las doce millas.

China (A/CN.4/99)

15. El Gobierno de China reserva su actitud.

República Dominicana (A/CN.4/99)

16. La Constitución fija en 3 millas la extensión de lasaguas territoriales y establece una " zona contigua " de12 millas.

India (A/CN.4/99)

17. El párrafo 3 está en contradicción con el párrafo 2y le quita todo sentido. El Gobierno de la India proponeque se suprima el párrafo 3 y que se redacte el párrafo 2en la forma siguiente:

" La anchura máxima del mar territorial puedefijarse en 12 millas y hasta ese límite cada país, seacual fuere la configuración geográfica de su costa,podrá indicar libremente el límite que se aplicará enla práctica ".

Filipinas (A/CN.4/99)

18. El Gobierno de Filipinas considera que la anchuradel mar territorial puede exceder de 12 millas. Deberíanadoptarse ciertas disposiciones que tomaran en cuenta elcarácter de archipiélago que tienen ciertos Estados, comoFilipinas.

Suecia (A/CN.4/99)

19. El-Gobierno de Suecia se adhiere a la opiniónexpresada por la Comisión en el sentido de que la limi-tación del mar territorial a 3 millas no se funda en unapráctica internacional uniforme. La Comisión declara ensu comentario que una extensión del mar territorial hasta12 millas no constituye violación del derecho interna-cional, lo que sólo podría significar una sola cosa, esdecir, que el derecho internacional justifica esta extensión.Pero, si así fuera, estos límites evidentemente deberíanser respetados por los demás Estados. La Comisión diceen su comentario que la validez de una anchura del marterritorial inferior a 12 millas podrá ser defendida ergaomnes por cualquier Estado que pueda hacer valer underecho histórico a este respecto. Esta regla es tan im-portante que hubiera podido insertarse en el texto mismode los artículos. Una anchura de 6 millas es la anchuramáxima que han reclamado muchos Estados. La soluciónpropuesta por la Comisión podría calificarse de fórmulade transacción por cuanto los dos criterios opuestos queexisten en la actualidad serían reconocidos y respetados.Pero no se habría llegado a una verdadera solución,puesto que las divergencias de opinión se perpetuaríanen vez de conciliarse.

20. En opinión del Gobierno de Suecia, sería oportunofijar en 6 millas la distancia máxima para la extensión delmar territorial, quizás reservando a los Estados quepuedan invocar razones históricas el derecho de reivin-dicar, a título excepcional, un mar territorial más ancho.


21. Existe una contradicción entre el párrafo 2 y elpárrafo 3 del artículo. El Gobierno de Turquía proponeque se suprima el párrafo 3.

Unión Sudafricana (A/CN.4/99)

22. Una conferencia diplomática debería armonizarlas discrepancias acerca de la delimitación del mar terri-torial. Mientras se adopta por acuerdo internacional unaregla común, el Gobierno de la Unión considera que lasreglas enunciadas en el proyecto de artículo 3 representanuna solución tan satisfactoria como cabe esperar en lascircunstancias actuales.


23. El párrafo 3 contradice los párrafos anteriores ypermite que se agraven las controversias existentes ysurjan nuevas discusiones a este respecto. 0 bien elderecho señala un máximo absoluto para la anchura delmar territorial, o no la señala. En el primer caso, la Comi-sión ha de decidirlo y señalar en qué forma propone que seestudie la situación actual, pues muchos Estados observandistintos criterios a este respecto. Si el derecho inter-nacional no señala un límite absoluto (y ésta es la opinióndel Gobierno de Israel), la Comisión tendría que formu-lar unos principios de derecho internacional que permitanal derecho cumplir su función reguladora de los asuntosinternacionales. Es dudoso que en un proyecto de ar-tículos destinado a tener aplicación universal se puedaentrar en detalles como el de las millas que ha de tenerel mar territorial. Sería más conveniente estudiar esteproblema desde un punto de vista regional que desde unpunto de vista general.

24. Por una decisión del Gobierno de 11 de septiembrede 1955, la anchura del mar territorial quedó fijada en6 millas.

Noruega ( A/CN.4/99/Add.l)

25. El Gobierno de Noruega es partidario de que sehaga lo posible para evitar toda extensión inmoderadade la anchura del mar territorial. Estima imposible aceptarpara sus costas una anchura inferior a 4 millas.


26. El Gobierno del Reino Unido considera acertadala declaración de la Comisión en el párrafo 3 de esteartículo, de que el derecho internacional no obliga a losEstados a reconocer una anchura superior a 3 millas.Pide a la Comisión que en el texto revisado confirmecon más energía esta declaración. La Comisión declaraque, a su entender, la extensión del mar territorial a másde 12 millas atenta contra el principio de la libertad delmar. Como el principio de la libertad del mar es in-compatible con la pretensión de un Estado de ejerceruna jurisdicción exclusiva en una mayor extensión demar, el Reino Unido propone que el reconocimiento deeste principio lleve consigo la limitación del mar terri-torial a 3 millas, anchura que la experiencia ha demos-trado que se necesaria y, al mismo tiempo, suficientepara las necesidades legítimas de los Estados ribereños.El Gobierno del Reino Unido opina que ciertos hechosrecientes (las disposiciones sobre la protección de losrecursos vivos del mar, las " zonas contiguas " y la


" plataforma continental ") facilitan que se mantenga ellímite de 3 millas como anchura del mar territorial.


27. El Gobierno de los Estados Unidos está de acuerdocon el párrafo 1 de este artículo, si se considera como ladeclaración de un hecho, pero no si se considera comouna proposición de derecho, salvo en cuanto reconoce queel límite tradicional del mar territorial es de 3 millas.El Gobierno de los Estados Unidos estima que no hayningún fundamento jurídico para reivindicar una anchuradel mar territorial superior a 3 millas. Como consideraque las pretensiones superiores a 3 millas no se justificancon arreglo al derecho internacional, está acorde, a for-tiori, con la declaración del segundo párrafo de que elderecho internacional no autoriza a extender el mar te-rritorial más allá de 12 millas. En consecuencia, los Esta-dos Unidos aceptan también el precepto del tercer párrafo.La práctica seguida por este Gobierno ha respondidosiempre a esta actitud, como lo demuestran sus protestasoficiales contra las reivindicaciones de gobiernos extran-jeros referentes a un mar territorial superior a 3 millas,salvo cuando esas pretensiones tenían una justificaciónhistórica.


28. El Gobierno de Yugoeslavia no considera lo dis-puesto en este artículo como una nueva norma, sino sim-plemente como una declaración de que los diversosEstados siguen prácticas distintas. El Gobierno de Yugo-eslavia opina que la anchura de 3 millas, que es de fechamás reciente que la de 4 ó 6 millas y no es reconocidapor las tres cuartas partes de los Estados Miembros delas Naciones Unidas, no puede ser considerada comouna norma de derecho internacional.

blandía (A'CN.4/99/Add.2)

29. Las afirmaciones contenidas en el artículo 3 cons-tituyen una curiosa amalgama y parecen inconciliables.El Gobierno de Islandia no ha podido encontrar una basesólida en estos postulados. La práctica seguida por losEstados parece incompatible con la aceptación de unanorma general que fije con precisión la extensión del marterritorial. Sólo adoptando límites muy anchos podríaestablecerse un sistema uniforme. La única soluciónpráctica sería, seguramente, aceptar el principio de siste-mas regionales o locales.

30. La cuestión de la anchura del mar territorial está,naturalmente, muy relacionada con la de las zonas con-tiguas. Si se establece una zona contigua para las pes-querías, las necesidades, en cuanto al mar territorial, porlo menos en lo que concierne a Islandia, no serán lasmismas que si no existe dicha zona.

Camboja (A/CN.4/99/Add.2)

31. El límite de tres millas es aceptable.

Líbano (A/CN.4/99/Add.2)

32. Aunque en el estado actual del derecho sea im-posible llegar a un acuerdo sobre este punto, sería con-veniente fijar de manera precisa los límites máximo ymínimo de la anchura del mar territorial.

Conclusión

33. Algunos gobiernos no han comprendido bien eltexto del artículo 3, que es un texto provisional 41. Esosgobiernos han manifestado que el tercer párrafo es in-compatible con el primero, y esto no es exacto. Otrosgobiernos lamentan que la Comisión no haya podidolograr un resultado más práctico. (" Si por una parte latesis de la Comisión se ajusta al derecho internacional,por otra no resuelve las dificultades prácticas ", dice elGobierno de Bélgica.) La Comisión no lo niega; se daperfectamente cuenta de que ha podido resolver lasdivergencias, pero en presencia de opiniones tan distintase inconciliables no ve cómo podrán resolverse las dificul-tades prácticas. El Gobierno de Suecia observa, conrazón : " La solución propuesta por la Comisión podríacalificarse de fórmula de transacción por cuanto los doscriterios opuestos que existen en la actualidad seríanreconocidos y respetados ". Sin embargo, el Gobierno deSuecia lamenta que no exista una verdadera solución," puesto que las divergencias de opinión subsistirían envez de conciliarse ". No obstante, la Comisión cree que elsolo hecho de haber formulado la situación jurídica actualcon precisión puede contribuir a resolver el problema.Por lo tanto, el Relator opina que la Comisión podrámantener el punto de vista adoptado en el séptimo períodode sesiones. Pero habrá de darle la misma forma que alos demás artículos y redactarlo de manera que eviteerrores de interpretación en cuanto a su verdaderoalcance.

Artículo 4. Línea de base normal

Suecia (A/CN.4/99)

34. El tenor de este artículo es demasiado complicado.Es evidente que las extensiones de agua que están geo-gráficamente unidas al dominio terrestre deben estarjurídicamente asimiladas a dicho dominio. De ello sedesprende que las líneas que constituyen los límites ex-teriores de las aguas interiores deben también servir comolínea de base para medir el mar territorial. Pero si estoes así, difícilmente puede concebirse que las otras con-diciones que fija la Comisión para trazar líneas de baserectas puedan tener importancia alguna. Bastaría, pues,decir en el artículo 4 que la anchura del mar territorialse medirá a partir de la faja de la bajamar que sigue lacosta o de líneas rectas que forman los límites de lasaguas interiores. El artículo 5 sería, entonces, superfluoy, en principio, otro tanto ocurre con las disposicionesrelativas a las bahías, puertos y desembocaduras de ríos.

35. El Relator hace observar que, a juicio del Gobiernode Suecia, el concepto de " aguas interiores " basta porsí solo para distinguir claramente estas aguas de lasaguas territoriales. No se ve claramente cómo el Gobiernode Suecia concibe la realización práctica de esta idea.Sus observaciones no han logrado convencer al Relatorde que el artículo 4 sea demasiado complejo.


36. El Gobierno de la Unión Sudafricana se atiene ala opinión que ha formulado anteriormente de que, en

41 Véase el Informe de la Comisión de Derecho Internacionalsobre la labor realizada en su séptimo período de sesiones, Docu-mentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período de sesio-nes, Suplemento No. 9, nota 14.


ciertos casos, el punto de partida que debe tomarse paramedir la anchura del mar territorial debe ser el límiteexterior de la línea de rompientes.

37. La Comisión no ha juzgado conveniente adoptaresta idea, por no parecerle realizable en la práctica.

Conclusión

38. Puede mantenerse el artículo en su forma actual.Se podría añadir el párrafo propuesto en las observacionesal artículo 1 (véase el párrafo que trata de la respuestadel Gobierno de Noruega).

Artículo 5. Línea de base recta

Bélgica, Suecia (A/CN.4/99) y Reino Unido (A/CN.499/Add.l)

39. Estos tres Gobiernos estiman que no se justificala inclusión del criterio de los " intereses económicos ".En el fallo pronunciado por la Corte Internacional deJusticia en el caso de las pesquerías no se aceptaronlos " intereses económicos " como justificación única ysuficiente para la adopción de líneas de base rectas.

India (A/CN.4/99)

40. Sustituyase en el párrafo 1 el término " región "por " zona ".


41. Suprímase la disposición relativa a los escollos ybajíos que emergen intermitentemente, disposición queno se menciona en el fallo de la Corte.


42. Es esencial que el tipo y la longitud de las líneasde base se fijen con mayor precisión. El Gobierno delReino Unido lamenta que se haya suprimido el antiguopárrafo segundo de este artículo, que figuraba en elinforme de 1954.

43. El Gobierno del Reino Unido propone, además,que la Comisión examine la posibilidad de hacer constarexplícitamente en los artículos el principio de que nopueden trazarse líneas de base a través de las fronterasentre Estados, en virtud de un acuerdo entre ellos, en unabahía o a lo largo de la costa, de manera que los demásEstados estén obligados a reconocerlas.

44. El Gobierno del Reino Unido llama nuevamentela atención de la Comisión sobre los problemas relativosa la situación jurídica de las aguas comprendidas entrelas líneas de base, especialmente sobre el derecho de pasoinocente por aguas situadas frente a las costas, que anteseran aguas territoriales (o incluso alta mar) y que, conlas líneas de base, se han convertido en " interiores " onacionales. (El Relator hace observar que Sir GeraldFITZMAURICE presentará una propuesta a este res-pecto. )


45. El Gobierno de los Estados Unidos estaba deacuerdo con el proyecto que había aprobado la Comisión,pero estima que en su redacción actual es demasiadoamplio y no da las garantías que anteriormente daba.


46. El Gobierno de Yugoeslavia propone que despuésdel párrafo 1 se añadan los dos párrafos siguientes:

" 2 . Si un grupo de islas (archipiélago) se hallasituado frente a la costa, se aplicará el método de laslíneas de base rectas que unan los puntos apropiadosde las islas situadas frente a la alta mar. Se considerarácomo aguas interiores la parte del mar que quedeencerrada entre esas líneas, las islas y la costa delcontinente.

" 3. Si lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículono pudiere aplicarse al grupo de islas (archipiélago)debido a la gran distancia que las separase del conti-nente, se aplicará el método de líneas de base que unanlos puntos apropiados de la costa situada frente a laalta mar. La parte del mar que quede encerrada entreestas líneas y las islas será considerada como aguasinteriores del archipiélago."

El párrafo 2 pasa a ser párrafo 4.

Conclusión

47. El Relator opina que la Comisión debe examinarde nuevo este artículo, teniendo presentes las observa-ciones que se han formulado.

Artículo 6, Límite exterior del mar territorial


Artículo 7. Bahías


49. Cabe recordar que en la Convención de La Hayade 6 de mayo de 1882 la anchura máxima de la boca dela bahía se fija en 10 millas.

Brasil (A/CN.4/99)

50. La definición de bahía que se da en este artículoparece innecesaria y complicada. Sin embargo, si se quieredar una definición, sería preferible adoptar la que propusoel Gobierno del Reino Unido en su respuesta al cues-tionario de la Comisión preparatoria de la Conferenciade 1930, según la cual, para establecer la línea de base,la bahía debe " tener una entrada distinta y bien definida,de mediana dimensión y de una longitud proporcional asu anchura ".

51. La extensión de 25 millas prevista para establecerla línea de base es muy exagerada.

52. Respecto de la primera observación del Gobiernodel Brasil, el Relator hace observar que la definición debahía se ha tomado del informe del grupo de expertos,reproducido en un addendum al segundo informe delRelator Especial sobre el régimen del mar territorial(A/CN.4/61/Add.l). El grupo de expertos formuló estadefinición porque, según la opinión unánime de sus com-ponentes, la delegación del Reino Unido había propuestoen la Conferencia de 1930 una definición que era insufi-ciente. La definición de 1930 fué también criticada porla Corte Internacional de Justicia en el fallo pronunciadoen el caso de las pesquerías. Por lo tanto, el Relator nopuede aceptar la propuesta de que se adopte esta defi-nición.


China (A/CN.4/99)

53. El Gobierno de China aprueba plenamente esteartículo.


54. Cambíese el título de este artículo por el de" Bahías y mares interiores ", e insértese el párrafosiguiente :

" Para efectos de esta reglamentación, un mar inte-rior es una zona marítima bien definida que puedeestar comunicada con la alta mar por una o más bocasde anchura menor de 12 millas náuticas y cuyas costaspertenecen a un solo Estado. Las aguas de un marinterior se considerarán como aguas interiores."55. El Relator hace observar que si se adopta esta

propuesta muchas de las hendiduras que hasta ahora seconsideraban como " bahías " pasarían a ser " maresinteriores ". El Relator deplora no poder comprender cuáles la finalidad de esta propuesta.


56. El Gobierno de la Unión Sudafricana sólo podríaaceptar el artículo 7 si se modificase de modo que pre-cisara claramente que las bahías " históricas " han detratarse como casos sui generis y quedar excluidas nosólo de la aplicación de la regla formulada en el párrafo 4,sino también de los criterios establecidos en el resto delartículo.

57. El Relator opina que se podía dar satisfacción alGobierno de la Unión Sudafricana sustituyendo en elpárrafo 5 las palabras " la disposición del párrafo 4 nose aplicará " por estas otras palabras : " las disposicionesanteriores no se aplicarán ", de conformidad con lo quese dice en el comentario.


58. La anchura de 25 millas es excesiva y parece másaceptable un máximo de 10 a 12 millas. El proyecto seríaincompleto si la Comisión no examinara el problema delas bahías cuyas costas pertenecen a más de un Estado.

59. El Gobierno de Israel se pregunta cuál es el valorpráctico de las disposiciones del artículo 7 en relacióncon las del artículo 5. A juicio del Relator, la respuestaque el Gobierno de Israel ha dado a esta pregunta esexacta; pero el Relator considera que la nueva redacciónpropuesta por el Gobierno de Israel no mejora el textoactual.

Noruega (A/CN.4/99/Add.1)

60. Este artículo no es claro. Ninguno de los párrafosrefleja principios del derecho internacional y es muydudoso que el artículo constituya un progreso. En todocaso, la excepción del párrafo 5 respecto del sistema delíneas de base rectas debería aplicarse al conjunto delartículo.

61. Respecto de este último punto, el Relator haceobservar que la enmienda propuesta anteriormente(véase la respuesta de la Unión Sudafricana) podría darsatisfacción al Gobierno de Noruega.


62. El Gobierno del Reino Unido estima que el interés

de los Estados ribereños no justifica una anchura de25 millas para la delimitación de las bahías.

63. El sentido del párrafo 2 debería aclararse aña-diendo una disposición que dijera que las islas situadasen una bahía no puede considerarse que cierran suentrada si la ruta habitual del tráfico internacional lasbordea.

64. Por lo que respecta a las demás observaciones, elRelator remite al lector a la respuesta del Gobierno delReino Unido.


65. A juicio del Gobierno de los Estados Unidos, debería mantenerse la anchura de 10 millas para las bahías.

Conclusión

66. El Relator advierte que la mayoría de los gobier-nos no aceptan la anchura de 25 millas para la línea dedemarcación propuesta, según se desprende del comenta-rio, a título de ensayo. La Comisión deberá decidir sidesea mantener su propuesta. Las demás disposicionesdel artículo pueden mantenerse, a reserva de algunasmodificaciones de detalle y de la adición propuesta porel Gobierno del Reino Unido.

Artículo 8. Puertos


67. El Gobierno del Reino Unido se refiere a lasobservaciones que formuló anteriormente (Informe de laComisión sobre la labor realizada en su séptimo períodode sesiones, página 43) respecto de los muelles aden-trados en el mar hasta una distancia de varias millas 42.

68. El Relator hace observar que la Comisión haestimado que no es necesario reglamentar casos tanexcepcionales.

Conclusión

69. No es necesario modificar el artículo.

Artículo 9. Radas

Brasil (A/C.N.4/99)

70. El Gobierno del Brasil reitera su opinión de quelas radas han de ser consideradas como aguas interiores.

71. El Relator hace observar que la Comisión ha estu-diado este asunto en dos ocasiones y que no comparteesta opinión.

Conclusión72. El artículo puede mantenerse en su forma actual.

Artículo 10. Islas

Artículo 11. Escollos y bajíos que quedan al descubiertointermitentemente

Brasil (A/CN.4/99)73. No parece razonable que, mientras los simples

escollos y bajíos podrán servir como punto de partidapara determinar la extensión del mar territorial, dando

42 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre lalabor realizada en su séptimo período de sesiones, DocumentosOficales de la Asamblea General, décimo período de sesiones,Suplemento No. 9, pág. 44.


el carácter de aguas interiores a las que se encuentranentre ellos y la costa, no suceda lo mismo con las islasque están en la misma situación. Conviene limitar dealgún modo la posibilidad de basarse en la existencia dedichos escollos o bajíos, o de las islas que están en igualsituación, para determinar la extensión del mar terri-torial; en lugar de estipular que, cuando los escollos,etc., " están situados total o parcialmente dentro del marterritorial ", podrán servir para este fin, convendríadecir, por ejemplo, que esto ocurrirá cuando se encuen-tren a menos de 3 millas de la costa. De este modo seevitaría que la faja de aguas territoriales de un Estadotuviera en algunos puntos una anchura excesiva.

74. A este respecto, el Relator hace las observacionessiguientes: parece que el Gobierno del Brasil no ha com-prendido bien el alcance de este artículo. No se puededecir que los escollos y bajíos que emergen intermitente-mente sirven como punto de partida para determinar laextensión del mar territorial, y que no sucede lo mismocuando se trata de una isla que está en la misma situación.Al contrario, las islas están en una situación privilegiada.Si el artículo 11 las comprendiese, su situación seríamenos favorable. En efecto, en virtud del artículo 11, losescollos y bajíos que emergen intermitentemente sólopueden servir de puntos de partida para medir la exten-sión del mar territorial cuando se encuentran total o par-cialmente dentro del mar territorial delimitado a partirde un continente o de una isla: cada isla tiene un marterritorial propio, e incluso una isla situada fuera dellímite exterior del mar territorial que se extiende a lolargo de la costa puede servir como punto de partidapara determinar la extensión de dicho mar territorial, siel mar territorial de esta isla y el del continente o deotra isla son contiguos o se confunden. Precisamente parano ensanchar demasiado la faja del mar territorial seestableció otra distinción entre las islas y los bajíos queemergen intermitentemente, en perjuicio de estos últimos.Para fijar el límite exterior del mar territorial se puede" saltar de una isla a otra ", pero no se puede " saltar deun escollo a otro " ; sólo se toman en consideración losescollos situados dentro del mar territorial que se extiendea lo largo del continente o de una isla.


75. A este respecto, el Gobierno de la Unión defiendesu tesis sobre la línea exterior de rompientes de los bajíoso escollos.

Conclusión

76. Los artículos 10 y 11 pueden mantenerse en suforma actual. El Relator hace observar que la Comisióndecidió suprimir el proyecto de artículo relativo a losgrupos de islas (archipiélagos). El Gobierno de Filipinasseñala en su respuesta las condiciones especiales en quese encuentra un Estado cuyo territorio se compone deislas; en cambio, el Gobierno del Reino Unido apruebaesta supresión.

Artículo 12. Delimitación del mar territorial en losestrechos, y

Articulo 14. Delimitación de los mares territoriales dedos Estados cuyas costas están situadas frente a frenteIsrael (A/CN.4/99/Add.l)

77. El Gobierno de Israel no estima conveniente que

las disposiciones relativas a los estrechos se hayan repar-tido en varios artículos (12, 14 y 18).


78. El Gobierno de los Países Bajos estima que esteartículo quizá no tenga razón de ser al lado de los ar-tículos relativos a los estrechos.

79. El Relator conviene en que el proyecto no es satis-factorio a este respecto. Podrían reunirse los artículos 12y 14. Conviene, sin embargo, mantener la distinción entrelos artículos relativos a la delimitación de la frontera enlos estrechos (12 y 14), y el artículo que trata del derechode paso (18). En este caso, el artículo 12 podría supri-mirse y se podría completar el artículo 14 en la formaindicada anteriormente.


80. Añádase en el párrafo 4 del artículo 12, después delas palabras " estrechos que ponen en comunicación dospartes de la alta mar", estas otras palabras: "exceptocuando comuniquen a través de un mar interior ".

81. El Relator no podría pronunciarse a favor de estainserción, cuyo alcance exacto no acierta a comprender.


82. Aunque acepta el principio de la línea media, elGobierno de Noruega hace observar que los artículos nodan una solución para los casos en que los dos Estadoshayan fijado límites distintos para su mar territorial.

83. El Relator comparte esta opinión; la Comisión noha podido resolver este problema.


84. Sustituyase el párrafo 1 del artículo 14 por eltexto siguiente:

" La delimitación de los mares territoriales entre dosEstados cuyas costas están situadas frente a frente auna distancia inferior a la extensión de las zonas delmar territorial adyacentes a las dos costas se estable-cerá, salvo que circunstancias especiales justifiquenotra delimitación, aplicando el principio de una líneamedia cuyos puntos sean equidistantes de los puntosmás próximos de las líneas de base a partir de lascuales se mide la anchura del mar territorial de cadauno de esos Estados."85. El Relator acepta esta propuesta a reserva de

algunas modificaciones de redacción.

Yugoeslavia (A/CN.4/99/Add. 1)

86. Suprímanse en el artículo 14 las palabras " a faltade acuerdo entre dichos Estados y salvo que circunstanciasespeciales justifiquen otra delimitación ".

87. La propuesta del Gobierno del Reino Unido daráparcialmente satisfacción al Gobierno de Yugoeslavia.

Conclusión88. El Relator propone que se suprima el artículo 12

y que se redacte el artículo 14 en la forma siguiente:" 1. La delimitación de los mares territoriales entre

dos Estados cuyas costas están situadas frente a frentea una distancia inferior a la extensión de las zonas delmar territorial adyacentes a las dos costas se esta-blcerá, salvo que circunstancias especiales justifiquenotra delimitación, siguiendo una línea media cuyospuntos sean equidistantes de los puntos más próximos


de las líneas de base a partir de las cuales se midela anchura del mar territorial de cada uno de esosEstados.

" 2. Cuando la distancia entre los dos Estados seasuperior a la extensión de las dos zonas del mar terri-torial, las aguas situadas entre esas dos zonas formaránparte de la alta mar. No obstante, sí esta delimitacióntiene como resultado dejar una extensión de mar cuyaanchura no exceda de dos millas, rodeada completa-mente por el mar territorial, dicha zona podrá serasimilada al mar territorial de común acuerdo por losEstados ribereños.

" 3. La primera frase del párrafo 2 de este artículose aplicará en el caso en que las dos costas pertenezcana un solo Estado ribereño. Si esta delimitación tienecomo resultado dejar una extensión de mar cuya an-chura no exceda de dos millas rodeada completamentepor el mar territorial, el Estado ribereño podrá asimilardicha zona a su mar territorial.

" 4. La línea de demarcación será trazada sobre lascartas oficiales a gran escala."

Artículo 13. Delimitación del mar territorial en la desem-bocadura de un río

India (A/CN.4/99/Add.3)

89. El artículo 13 podría aceptarse con la siguienteadición :

" Cuando haya un puerto en la desembocadura de unrío, o en su estuario, o cerca de la desembocadura o delestuario, el mar territorial se medirá desde los límitesexteriores que indiquen el gobierno o las autoridadesportuarias con jurisdicción sobre dicho puerto, eninterés del pilotaje y para seguridad de la navegaciónde entrada y salida del puerto."90. La Comisión decidirá si desea conferir al Estado

ribereño esta competencia discrecional.

Artículo 15. Delimitación de los mares territoriales dede dos Estados adyacentes


91. El Gobierno de Noruega cree que los artículos 14y 15 podrían combinarse.

92. El Relator no lo cree así, ya que se trata de doscasos muy distintos, reglamentados con criterios dife-rentes.


93. El Gobierno del Reino Unido aprueba el texto deeste artículo.


94. Propuesta idéntica a la que hace respecto delartículo 14.

Conclusión

95. Este artículo podría aprobarse sin modificación.

Artículo 16. Significado del derecho de paso inocente

India (A/CN.4/99)

96. El Gobierno de la India propone que se añada alfinal del párrafo 1 la cláusula siguiente : " salvo en caso

de guerra o de emergencia declarada por el Estado ri-bereño ".

97. El Relator hace observar que todas las reglasreferentes al paso inocente sólo se aplicarán en tiempo depaz. Esto se podría decir expresamente en el comentario.Por otra parte, la Comisión deberá resolver si se puedehacer una excepción para el " estado de emergencia "declarado unilateralmente por el Estado interesado.

Israel (A,'CN.4/99/Add.l)

98. El párrafo 3 anula casi por completo el significadodel párrafo 1. (Véanse las numerosas objeciones delGobierno de Israel en el texto íntegro de la respuesta.)


99. El Gobierno de los Países Bajos aprueba los ar-tículos 16 a 18. No es posible evitar definiciones relativa-mente imprecisas como las del párrafo 1.


100. Ha de precisarse que las reglas se aplicaránúnicamente en tiempo de paz.


101. Añádase en el párrafo 3, después de las palabras" otras disposiciones del derecho internacional ", la frase" o para evitar la vigilancia de la importación y de laexportación o el pago de derechos de aduana al Estadoribereño ".

102. El Relator no se opone a esta inserción.

Yugoeslavia (A/CN.4/99/Add. l )

103. Redáctese el párrafo 3 en esta forma:" El paso es inocente cuando el buque no utiliza el

mar territorial para preparar, intentar o cometer actosperjudiciales para la seguridad o el orden público delEstado ribereño, o cuando no infringe sus reglamentosde aduanas y de sanidad, no perjudica otros intereses,o no pone en peligro la seguridad de la navegación."104. El Relator prefiere el texto actual.

Conclusión

105. Este artículo puede aprobarse, modificando eltexto del párrafo 3 y a reserva de la cuestión planteadapor el Gobierno de la India.

Artículo 17. Deberes del Estado ribereño


106. El Gobierno de Yugoeslavia opina que los inte-reses del Estado ribereño (artículo 19) deberían con-siderarse antes que los de la navegación (artículo 17).Deberían sustituirse las palabras " principio de la libertadde comunicaciones " por las palabras " paso inocente ".

107. El Relator no tiene nada que oponer a estaúltima propuesta, pero prefiere mantener el orden adop-tado por la Comisión.

Artículo 18. Derechos de protección del Estado ribereño

Turquía (A'CN.4/99)

108. El Gobierno de Turquía duda de que sea útilredactar artículos sobre el paso por los estrechos. A su


parecer, es imposible fijar reglas generales para todos losestrechos. Siempre podrá interpretarse la libertad de pasoen el sentido de que permite hacer caso omiso de losdeberes del Estado ribereño para con sus nacionales,principalmente desde el punto de vista de la seguridad,del orden público y de la sanidad.

109. El Relator opina que el proyecto protegesuficientemente los derechos del Estado ribereño.

110. El Gobierno de Turquía propone que se comienceel párrafo 4 con las palabras " en tiempo de paz " y quese inserte una reserva expresa para el tiempo de guerra,o cuando el Estado se considere amenazado por ella ocuando el Estado actúe en conformidad con los derechosy las obligaciones de un Miembro de las Naciones Unidas.

111. La Comisión deberá resolver esta cuestión.


112. Prescindiendo de su carácter de mar territorial,los estrechos, entendidos en el sentido geográfico de estapalabra, es decir, como un único acceso a un puerto per-teneciente a otro Estado, no pueden someterse en ningúncaso al régimen del mar territorial.

113. El Relator estima que esta propuesta merece serexaminada por la Comisión.


114. No es suficiente mencionar " las presentes dis-posiciones " en el párrafo 1 ; es preciso mencionar tam-bién las demás normas del derecho internacional.

115. El Relator aprueba esta propuesta.


116. El párrafo 3 de este artículo es una duplicacióndel párrafo 3 del artículo 16.

117. El Relator prefiere mantener los dos párrafos,que tratan de situaciones distintas.


118. Propone el texto siguiente para el párrafo 1:" 1. El Estado ribereño puede tomar, en su mar te-

rritorial, las medidas necesarias para prevenir todoatentado a su seguridad y a su orden público, a laseguridad de la navegación, y a sus intereses aduanerosy sanitarios y de otra índole."119. El Relator prefiere el texto actual.

Conclusión

120. El artículo podría aprobarse con la modificaciónpropuesta por el Gobierno de Noruega y a reserva de laadición propuesta por el Gobierno de Israel y, posible-mente, de la modificación propuesta por el Gobierno deTurquía.

Artículo 19. Deberes de los buques extranjeros duranteel tránsito

India (A/CN.4/99)

121. Añádase la cláusula siguiente como inciso a) :" a) Al transporte de armas, municiones y otro

material de guerra, y al transporte de cualquier otroartículo o material que directa o indirectamente se

relacione con el abastecimiento de una base militar."122. Si se trata de la seguridad del tránsito, el caso

se halla comprendido en el actual inciso a) . Pero si sepiensa en una intervención del Estado ribereño en eltransporte de productos destinados a las fuerzas militaresde otro país, se trata de una limitación del derecho depaso que deberá ser examinada muy detenidamente porla Comisión.


123. Añádase : " Los buques submarinos estarán obli-gados a navegar por la superficie ".

124. El Relator hace observar que en el artículo 23 seha insertado una disposición análoga para los buques deguerra. No parece necesario reglamentar el paso debuques mercantes submarinos. No obstante, el Relatorno se opone a esta inserción.


125. Añádase en el inciso c) : " Los recursos mineraleso de otra naturaleza del mar territorial ".

126. El Relator no tiene nada que oponer a esta pro-puesta.


127. Modifiqúese el artículo de la manera siguiente:" Los buques extranjeros que utilizan el derecho de

paso inocente por el mar territorial deberán ajustarsea las leyes y reglamentos promulgados por el Estadoribereño, a menos que se disponga otra cosa en estasnormas, especialmente en lo que respecta:

" a ) A enarbolar la bandera nacional;" í>) A seguir las rutas de navegación internacional

establecidas ;" c) A cumplir los reglamentos de orden público

y seguridad, así como los reglamentos de aduanas y desanidad."[Los incisos a) a e) pasarían a ser incisos d) a A).]128. El Relator no tiene nada que oponer a esta pro-

puesta.

Líbano (A/CN.4/99/Add.2)

129. Deberá permitirse al Estado ribereño suspenderla aplicación de este artículo en tiempos de guerra o encircunstancias excepcionales declaradas de un modo ofi-cial.

Conclusión

130. El artículo podría aprobarse con las modifica-ciones propuestas por los Gobiernos de Turquía, de laUnión Sudafricana y de Yugoeslavia, a reserva de laadición propuesta por el Gobierno de la India.

Artículo 20. Gravámenes impuestos a los buquesextranjeros

Turquía (A.CN.4/99)

131. Suprímanse las palabras " prestados a dichobuque " y añádase el siguiente párrafo :

" Queda reservado el derecho del Estado ribereño apedir y obtener informaciones sobre la nacionalidad,tonelaje, destino y procedencia de los buques que pasan


por el mar territorial, a los efectos de facilitar la per-cepción de gravámenes."132. El Relator no se opone a esta pr

Reino Unido (A/CN.4/99/Add.1)

133. Podría restablecerse el párrafo 1 del comentariode 1954.

134. El Relator acepta esta propuesta. Hace observarque en otras partes sería necesario también insertar en eltexto que se presentará a la Asamblea los comentariosque figuraban en el informe de 1954, pero que. paramayor concisión, no se reproducen íntegramente en elinforme de 1955.

Conclusión

135. El artículo podría aprobarse con la modificaciónpropuesta por el Gobierno de Turquía.

Artículo 21. Detención practicada a bordo de un buqueextranjero


136. Suprímase la palabra " mercante " en elpárrafo 1. [Se refiere a los textos inglés ("merchant")y francés (" de commerce ").]

137. Esta palabra es, en efecto, superflua y puedesuprimirse. Esta sección se refiere únicamente a losbuques mercantes.

Israel (A/CN.4/99/Add. l )

138. No se menciona el derecho del Estado ribereñoa tomar las medidas necesarias para suprimir el tráficoilícito de estupefacientes.

139. El Relator estima que este caso quizá se hallaprevisto en el inciso a). Corresponde a la Comisión tomaruna decisión sobre este punto.


140. La jurisdicción del Estado ribereño debería quizálimitarse a los casos en que el delito tiene consecuenciasen su dominio terrestre o en su mar territorial. De todasformas, el Estado ribereño no debería tener el derechode ejercer su jurisdicción en los casos en que el delitosólo tenga consecuencias en el territorio del Estado de lanacionalidad del buque.

141. El Relator pide a la Comisión que adopte unadecisión sobre este particular.

Artículo 22. Detención de un buque para el ejercicio de1 la jurisdicción civil

Israel (A/CN.4/99/Add. l )

142. El Gobierno de Israel hubiera preferido que enel artículo se enumerasen los casos en que se permite ladetención de un buque, en vez de referirse a la Convenciónde Bruselas. Además, no se indica en qué lugar puedeefectuarse dicha detención.

143. El Relator hace observar que la Comisión haaprobado este texto para evitar divergencias entre la pre-sente reglamentación y la Convención de Bruselas. En loque concierne al lugar en que puede efectuarse la deten-ción prevista en el párrafo 2, el Relator estima que es

evidente que se trata de una detención efectuada cuandoel buque pasa por el mar territorial.


144. El Gobierno de Noruega no puede aceptar esteartículo porque admite la detención de un buque que nosea el buque respecto del cual se ha presentado el títulode crédito marítimo.

145. El Relator se limita a señalar que la Comisióndecidió adoptar el sistema de la Convención de Bruselas.


146. Convendría suprimir los párrafos 2 y 3.


147. El Gobierno de Yugoeslavia no puede aceptarlos párrafos 2 y 3.

Conclusión

148. El Relator pide a la Comisión que examine siconviene suprimir los párrafos 2 y 3, principalmente porlos motivos indicados en la respuesta del Gobierno delReino Unido.

Artículo 23. Buques del Estado explotados con finescomerciales


149. Insértese, después de las palabras " son igual-mente aplicables a los buques ", la expresión " noarmados ".

150. El Relator no puede aceptar esta propuesta; lasreglas previstas se aplican a los buques del Estado, arma-dos o no armados, explotados con fines comerciales;evidentemente, no se aplican a los buques de guerra, quese consideran por separado en la sección D.

Artículo 24. Buques del Estado destinados a fines nocomerciales


Artículo 25. Paso [de los buques de guerra]


152. En opinión del Gobierno de Bélgica, este pasoconstituye una simple condescendencia que está subor-dinada al consentimiento del Estado ribereño.

Dinamarca (A/CN.4/99)

153. La exigencia de una notificación previa puedeconsiderarse como una medida razonable. El Gobiernode Dinamarca estima que no se coarta el derecho de pasoinocente cuando por razones especiales, entre ellas las deseguridad, se supedita el paso, no a una autorización,sino simplemente a la notificación previa por vía diplo-mática.


154. Por razones que se consignan en su respuesta,el Gobierno de Turquía estima que habrá que modificarla redacción del párrafo 2 del texto actual teniendo encuenta las normas del derecho internacional positivo.


Además, habría que añadir un artículo redactado en estaforma :

" Ninguna de las disposiciones del artículo anteriorpodrá interpretarse en forma que afecte los derechos yobligaciones de los Estados dimanados de las estipula-ciones de la Carta de las Naciones Unidas."


155. Propone el texto siguiente para el párrafo 1:" Con sujeción a las presentes disposiciones, el

Estado ribereño no podrá normalmente prohibir el pasoinocente de buques de guerra por su mar territorial niexigir para ello una autorización o una notificaciónprevia."


156. El Gobierno de los Países Bajos desea que serestablezca el texto de 1954; no puede admitir la auto-rización previa.

Conclusión

157. Conviene que la Comisión examine de nuevo eltexto teniendo presentes las observaciones formuladas.

Artículo 26. Inobservancia de las reglas


Documento A/CN.4/97/ Add.3

[Texto original en francés][9 de mayo de 1956]

I I I . CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS DE LA ALTA MAR

Artículo 25

India (A/CN.4/99)

1. Añádanse, en la segunda línea, las palabras " con-tigua a sus costas " entre las palabras " alta mar " y" donde ". [Véanse los argumentos aducidos en el textoíntegro de la respuesta.] El Relator hace observar a esterespecto que el Gobierno de la India no propone que seprecise la expresión " contigua a sus costas ", como lohace en el artículo 26 (100 millas). No queda claro, porlo tanto, si la zona contigua prevista en el artículo 25 seextiende también hasta 100 millas.

2. Según se desprende de su exposición de motivos,el Gobierno de la India estima que debe excluirse laposibilidad de que un Estado pueda adoptar medidas deconservación en zonas contiguas a la costa de otro Estado.A juicio del Relator, la enmienda, tal como se ha redac-tado, va más allá de su finalidad, porque excluye tambiénlas medidas de conservación en zonas de la alta mar enque sólo se dedican a la pesca los nacionales de un Estadoy que no son contiguas a las costas de otro Estado.

3. El Relator cree que el propósito del Gobierno de laIndia se lograría mejor dejando el artículo 25 en suforma actual y añadiéndole la frase siguiente : " salvo sise trata de una zona de la alta mar contigua a las costasde otro Estado ". Pero aunque se redactase de estamanera, el artículo daría lugar a críticas, ya que, mientrasel Estado ribereño no tome medidas, será imposible toda

reglamentación de la conservación en una zona que seextienda a lo largo de la costa de ese Estado, incluso silos buques de otro Estado se dedican a la pesca en ella.En la 337a. sesión de la Comisión (A/CN.4/SR.337,párrafos 2 y 3), el Sr. Pal hizo observar que se tratabadel caso en que sólo los nacionales del Estado ribereñose dedicasen a la pesca en esa zona. Nada de lo que sedice en la enmienda del Gobierno de la India permitelimitar la disposición a este caso especial. Según el textoaprobado por la Comisión, el Estado no ribereño cuyosbuques se dedican a la pesca en una zona contigua a lascostas de otro Estado donde no pesquen los nacionalesde ningún otro Estado, podrá tomar medidas de con-servación; de todos modos, en conformidad con el artícu-lo 29, el Estado ribereño podrá adoptar unilateralmenteotras medidas que deberán ser observadas mientras nolas modifique una comisión arbitral. El Relator estimaque de este modo todos los intereses se hallan perfecta-mente salvaguardados.


4. El Gobierno de los Estados Unidos desea señalara la atención de la Comisión de Derecho Internacionalque en el proyecto de artículos faltan dos disposicionesque, a su juicio, son esenciales. La primera es una defi-nición de la palabra " conservación " aplicada a losrecursos vivos del mar. Como el objetivo principal deestos artículos es codificar unas normas que sirvan deguía a los Estados en sus relaciones mutuas en cuantoa la conservación de dichos recursos, y como se proponeque los Estados acepten determinadas obligaciones ycompromisos con objeto de establecer sistemas eficacesde conservación, es indispensable que el término esencial" conservación " sea definido de un modo preciso en eltexto de los artículos. La Conferencia Técnica Interna-cional para la Conservación de los Recursos Vivos delMar, celebrada en Roma, ha examinado este asunto y haafirmado en sus conclusiones que " el objetivo principalde la conservación de los recursos vivos de los mares esconseguir el óptimo rendimiento sostenible para asegurarel máximo abastecimiento de productos marinos comes-tibles o de otra índole " y que " al preparar los progra-mas de conservación, debe tenerse en cuenta el interésespecial del Estado cuyas costas bañan, en mantener laproductividad de los recursos de alta mar cercanos aellas " 4 3 . Conviene advertir que la noción de " interésespecial ", a que se hace referencia en estas conclusiones,ha sido precisada y explicada en los artículos propuestosy que, por lo tanto, es innecesario definir o aclarar esetérmino. El siguiente proyecto de artículo acabará decompletar la definición de la conservación de que tratanlos artículos sobre las pesquerías en alta mar propuestospor la Comisión de Derecho Internacional.

" A los efectos de estos artículos, la conservación delos recursos vivos del mar se ha de entender como elmedio de conseguir el mayor rendimiento que seaposible para asegurar el máximo suministro de pro-ductos del mar comestibles o de otra naturaleza."5. El Relator está de acuerdo [véase el artículo 25,

propuesto por el Sr. Edmonds en la 338a. sesión de laComisión (A/CN.4/SR.338, párr. 3 ) ] .

43 Informe de la Conferencia Técnica Internacional para laConservación de los Recursos Vivos del Mar, Roma, 18 de abril a10 de mayo de 1955 (Publicaciones de las Naciones Unidas, No. deventa: 1955.II.B.2), párr. 18.



6. El Gobierno del Reino Unido propone que se añadaun segundo párrafo al artículo 24, redactado en estaforma:

" A los efectos del presente artículo y de los siguien-tes, se entenderá por " conservación de los recursosvivos del mar " conducir las actividades pesqueras detal modo que, en el futuro inmediato, aumente o porlo menos se mantenga en la forma más conveniente elpromedio de rendimiento que se pueda sostener y,como último objetivo, que se consiga el máximo ren-dimiento que se pueda sostener para asegurar elmáximo abastecimiento de productos marinos comes-tibles o de otra índole."7. Este texto, tomado también de la Conferencia de

Roma, es algo diferente del que ha propuesto el Gobiernode los Estados Unidos [véase también el artículo pro-puesto por el Sr. Edmonds en la 338a. sesión de la Comi-sión (A/CN.4/SR.338, párr. 3)] . El Comité de redacciónpodría comparar los textos y examinar si esta disposiciónpuede insertarse en el artículo 24 o en el artículo 25.


8. El Gobierno de Yugoeslavia propone que se añadanlos dos párrafos siguientes:

" 2. Las medidas que adopte se basarán en con-clusiones científicas o de índole equivalente y noentrañarán discriminación alguna contra los pesca-dores extranjeros.

" 3. Si otros Estados interesados no aceptaran estasmedidas, cualquiera de las partes podrá acudir al pro-cedimiento previsto en el artículo 29 de estas normas."

9. Respecto del párrafo 2, los textos propuestos por elSr. Edmonds y por el Gobierno del Reino Unido satis-farán probablemente al Gobierno de Yugoeslavia. Elpárrafo 3 parece superfluo, porque el Estado ribereñopuede acudir al procedimiento indicado en el artículo 29,mientras que para los demás Estados es aplicable elartículo 30.

10. El Gobierno de Yugoeslavia propone, además,que la Comisión resuelva la cuestión del derecho de losEstados ribereños de regular la protección de los recursosvivos en cualquier parte del mar adyacente a su mar te-rritorial, al mismo tiempo que la cuestión de la anchuradel mar territorial, de la zona contigua y de la plata-forma continental.

11. Si la Comisión no acepta esta propuesta, elGobierno de Yugoeslavia sugiere que los artículos 28y 29 se refundan en uno solo, que sería el artículo 31 ydiría lo siguiente :

" 1. Un Estado ribereño podrá, en cualquier partede la alta mar contigua a su mar territorial, adoptarunilateralmente medidas para regular y fiscalizar laexplotación de los recursos vivos en esa parte del marhasta una distancia de 12 millas marinas, contadasdesde la línea de base de su mar territorial. Si unaparte de la alta mar adyacente a los mares territorialesde dos o más Estados cuyas costas se hallen una frentea otra tuviere menos de 24 millas marinas, el límite dela parte de la alta mar en la que un Estado puedeadoptar unilateralmente medidas para regular y fis-calizar la explotación de los recursos vivos del mar

será, si no hay acuerdo entre dichos Estados, la líneageométrica cuyos puntos equidisten de la línea exteriordel mar territorial de cada Estado interesado.

" 2. Las diferencias que pudieran surgir entreEstados ribereños acerca de la aplicación de lo dis-puesto en este párrafo serán resueltas mediante arbi-traje a petición de cualquiera de ellos, si no se hanresuelto por la vía diplomática ".12. Pocos gobiernos aceptarán la propuesta de limitar

la extensión de la zona contigua a 12 millas, ya que seestá estudiando la posibilidad de fijar una zona muchomás ancha.

13. El Secretario ejecutivo de la Comisión Interna-cional de Pesca para el Noroeste del Atlántico ha hechoobservar que la palabra " conservación " puede llegar aser un obstáculo para la adopción de reglas destinadas afacilitar el desarrollo de las pesquerías (A/CN.4/100).

14. El Relator opina que se podría hacer una obser-vación a este respecto en el comentario.

Conclusión

15. El artículo podría aprobarse con una adición querecogiera las propuestas de los Estados Unidos (véase lapropuesta del Sr. Edmonds) y del Reino Unido, cuyotexto será estudiado por el Comité de redacción, e inser-tando en el comentario una observación acerea de lapalabra " conservación ".

Artículo 26

India (A/CN.4/99)

16. Insértense en la segunda línea, después de laspalabras " de la alta mar ", las palabras " situada a másde 100 millas de las costas de un Estado ".

17. La enmienda del Gobierno de la India sólo puedeinterpretarse en el sentido de que en una zona situada amenos de 100 millas de la costa el Estado ribereño ten-drá el derecho exclusivo de reglamentar unilateralmentela pesca con objeto de conservar los recursos vivos, aunqueotros Estados se dediquen a la pesca en la misma zona.El Estado ribereño no tendría siquiera la obligación deentablar con esos Estados negociaciones a este respecto:dicha obligación quedaría limitada al caso en que setratase de una zona situada más allá del límite de100 millas.

18. A juicio del Relator, es de suponer que los Estadosque, al amparo de las normas de derecho internacionalactualmente en vigor, se dedican libremente a la pescaa una distancia comprendida entre 3 y 100 millas de lascostas de otro Estado, no aceptarán esta restricción si nose garantiza que el Estado ribereño no hará uso de estacompetencia para favorecer injustificadamente sus propiosintereses. El Relator estima que es muy difícil que estapropuesta sea aceptada y puesta en práctica. En cambio,el proyecto de la Comisión da garantías efectivas a losEstados ribereños en lo que concierne a la protección desus intereses. Por este motivo, el Relator no puede hacersuya la propuesta del Gobierno de la India.

Islandia (A/CN.4/99/Add.2)

19. Aunque los artículos de este capítulo reconocenlos intereses especiales de los Estados ribereños, no otor-gan a estos últimos una jurisdicción exclusiva sobre las


pesquerías. Dentro de los límites de la jurisdicción costeraexclusiva el Estado ribereño puede prohibir la pesca alos extranjeros. Este es un hecho incontestable. Lo que senecesita es que el Estado ribereño precise cuáles son susnecesidades hasta una distancia razonable. Dicha distanciapuede variar considerablemente en los diferentes países,debido a consideraciones económicas, geográficas, bio-lógicas y a otra clase de consideraciones. El Gobierno deIslandia no considera que los artículos relativos a la con-servación reduzcan la importancia de la jurisdicciónexclusiva sobre las pesquerías costeras.

20. El Relator hace observar que mientras se reclamela " jurisdicción exclusiva sobre las pesquerías " enzonas que se extiendan hasta 100 millas a partir de lascostas, no se podrá llegar a un acuerdo.


21. El primer párrafo de este artículo podría conducira que un Estado cuyos nacionales se dediquen sóloocasionalmente a la pesca podrá obligar a otro Estado,cuyos nacionales exploten habitualmente la misma pes-quería, a entablar negociaciones para elaborar un pro-grama de conservación; si fracasaran esas negociaciones,se acudiría a un procedimiento arbitral. Para evitarabusos, el Gobierno de los Estados Unidos propone quese inserte la palabra " habitualmente " después de lapalabra " dedican ", en el párrafo 1.

22. Por otra parte, amparándose en este párrafo, unEstado podría solicitar de otro que se entablaran nego-ciaciones, aun cuando sus nacionales no se dedicasen ala pesca en el mismo banco. El Gobierno de los EstadosUnidos estima que el derecho de un Estado a pedir esasnegociaciones, y a promover, en su caso, el procedimientoarbitral previsto en el párrafo siguiente, debería limitarsea los casos en que los nacionales de dichos Estados sededicasen a la pesca en el mismo banco. Por consiguiente,se propone que las palabras " se dedican a la pesca enuna zona de la alta mar " se sustituyan por estas otras :" se dedican habitualmente a la pesca en el mismo bancoo bancos en cualquier zona o zonas de la alta mar ", yque las palabras "conservación de los recursos vivos delmar " se reemplacen por estas otras : " conservación dedicho banco o bancos de pesca ".

23. En el párrafo 2 no se indican claramente lospoderes que tendrá el organismo arbitral para tomardecisiones en virtud del artículo 26. Por ejemplo, no seprecisa el papel del organismo arbitral respecto de laspropuestas que en materia de conservación puedan habersido presentadas por uno o varios de los Estados en con-flicto. Tampoco se indica si el organismo arbitral estaráfacultado para proponer medidas de conservación. ElGobierno de los Estados Unidos estima que los poderesdel organismo arbitral se han de limitar al examen delas propuestas de conservación de las partes en conflicto,y que el organismo arbitral no ha de estar autorizado aformular propuestas para la conservación ni a modificarlas formuladas por las partes. Además, parece convenienteque se establezcan algunos criterios que sirvan de guíaal organismo arbitral cuando haya de tomar decisionesen virtud de este artículo.

24. El Gobierno de los Estados Unidos estima que elprocedimiento de arbitraje a que se refiere el segundopárrafo del artículo 26 se ha de basar en criterios

específicamente formulados en ese artículo. Esos criteriosdeberían ser los siguientes:

" Si esos Estados no pudiesen llegar a un acuerdodentro de un plazo prudencial sobre la necesidad de laconservación o sobre la conveniencia de las medidasde conservación propuestas por uno de ellos, cual-quiera de las partes podrá acudir al procedimientoindicado en el artículo 31, en cuyo caso la Comisiónarbitral determinará, según la naturaleza del conflicto:

"a ) Si es necesario adoptar medidas de conser-vación para mantener la productividad máxima delbanco o de los bancos de pesca;

" 6) Si la medida o las medidas especiales pro-puestas son adecuadas a este fin y, si lo son, cuáles sonpreferibles, teniendo en cuenta en particular:

" i ) Los beneficios que se espera produzcan elbanco o los bancos de pesca si se mantiene o si aumentasu productividad;

" ii) El costo de su aplicación y de su vigilancia;

" iii) Su eficacia y su aplicabilidad relativas;

"c) Si las medidas propuestas tienen un carácterdiscriminatorio contra los pescadores de cualquiera delos Estados interesados.

" Las medidas sometidas a la Comisión arbitral envirtud del inciso b) del párrafo 2 del presente artículono serán sancionadas por ella si tienen carácter dis-criminatorio contra los pescadores de cualquiera delos Estados interesados ".

25. El Relator no está convencido de que sea necesarioinsertar la palabra " habitualmente ". De todos modos nose opone terminantemente a esta propuesta.

26. El Relator está de acuerdo con las demás enmien-das [véase el artículo 26 propuesto por el Sr. Edmondsen la 338a. sesión de la Comisión (A/GN.4/SR.338,párr. 3 ) ] .


27. Añádanse, al final del párrafo 1, las palabras " enesa zona ".


Yugoeslavia (A/CN.4;99/Add.l)

29. El Gobierno de Yugoeslavia propone que al finaldel párrafo 1 se añada lo siguiente: " Las medidas quese adopten no deberán ser incompatibles con lo dispuestoen el párrafo 2 del artículo 25 ".

30. Esta adición no será necesaria si la Comisióndecide no aceptar la enmienda de Yugoeslavia al párrafo 2del artículo 25.

Conclusión

31. Se podría aprobar el artículo con las enmiendaspropuestas por los Estados Unidos y la Unión Sudafricana.

Artículo 27


32. Las observaciones del Gobierno de los EstadosUnidos acerca del párrafo 1 del artículo 26, referentes a


la asimilación de la pesca en bancos pesqueros a la pescaen zonas de la alta mar, se aplican igualmente al párrafo 1del artículo 27. Del mismo modo, la observación sobre elpárrafo 2 del artículo 26 de que los poderes del organismoarbitral deberían limitarse y de que deberían establecersecriterios especiales, se aplica también al párrafo 2 delartículo 27. Los criterios propuestos para el artículo 26deberían figurar en el artículo 27.

33. Además, el Gobierno de los Estados Unidos estimaque la aplicación del artículo 27 debe supeditarse a unacondición importante, el principio de abstención. Lasegunda propuesta se refiere al caso en que un Estadohaya dedicado tiempo, esfuerzos y dinero a investigacionesy a trabajos de organización, e imponiendo restriccionesa sus pescadores, haya mantenido y aumentado la produc-tividad de los bancos de pesca, que no existirían o seríanmucho menos productivos sin esas medidas. En estascondiciones, cuando los bancos de pesca se explotan in-tensivamente, es decir, cuando se explotan en forma talque un aumento en las actividades de pesca no daría unaumento importante del rendimiento sostenible, deberíapedirse a los Estados que no participasen o que nohubiesen participado en los últimos años en la explotaciónde esos bancos de pesca que se abstuviesen de participaren ella, a excepción del Estado ribereño de las aguas enque esté situado el banco.

34. Esta norma tiene en cuenta el hecho de que enlas condiciones mencionadas la productividad constantey creciente de los bancos de pesca es el resultado de lasmedidas actuales y anteriores que han tomado los Estadosque participan en la explotación y que la participaciónde nuevos Estados no daría como resultado un aumentode la cantidad de productos útiles. En lugar de aumentarla producción, la participación de nuevos Estados tendríaseguramente como consecuencia el abandono de las acti-vidades de conservación, ya que no existiría incentivopara mantener programas de conservación costosos yrestrictivos. De hecho, esa participación llevaría proba-blemente a pensar que si los recursos descendían a unnivel menos productivo ofrecerían menos incentivo paralos Estados lejanos. Reconociendo un " interés especial "a los Estados ribereños, el Estado costero adyacentepodría quedar exceptuado de la aplicación de la regla.Deberían establecerse criterios estrictos y precisos parasaber a qué pesquerías ha de aplicarse esa norma ysometer a arbitraje las cuestiones que se planteasen.Debería tenerse en cuenta lo siguiente: a) si el banco esobjeto de investigaciones científicas de cierta importancia,a fin de determinar y aplicar las medidas necesarias paraobtener el mayor rendimiento sostenible; b) si el bancose halla reglamentado y fiscalizado, con objeto de con-seguir el máximo rendimiento sostenible y si esta rendi-miento depende de esta reglamentación y control; y c)si el banco está explotado de tal manera que no puedalógicamente esperarse que un aumento del volumen de lapesca habría de producir aumento importante en el ren-dimiento que es posible mantener.

35. El Relator está de acuerdo con estas observaciones ;se trata de una cuestión que fue discutida en la Con-ferencia de Roma y para la cual se ha propuesto unasolución análoga a la indicada por el Gobierno de losEstados Unidos [véase la propuesta presentada por elSr. Edmonds en la 338a. sesión de la Comisión(A/CN.4/SR.338, párr. 3 ) ] .

Artículo 28

India (A/CN.4/99)

36. El Gobierno de la India propone que se suprimaeste artículo.

37. El Relator hace observar que esta supresión estásubordinada a la aprobación de la propuesta de la Indiareferente a los artículos precedentes.


38. El Gobierno de los Países Bajos se pregunta quérelación existe entre los artículos 28 y 29 : ¿ Podráseguirse el procedimiento prescrito en el artículo 29cuando las negociaciones previstas en el artículo 28 nohayan dado resultado ?

39. El Relator estima que, en este caso, el Estadoribereño puede aplicar ya sea el artículo 28 (arbitraje),ya sea el artículo 29 (reglamentación unilateral). Adop-tará este último procedimiento si la urgencia de lasmedidas que haya de tomar no permite el retraso quecausaría el procedimiento del artículo 28.


40. El Gobierno de los Estados Unidos considera quelos intereses especiales del Estado ribereño cuyos nacio-nales no se dedican a la pesca en la alta mar contiguaa sus costas se clasifican en dos grupos.

41. En primer lugar, el Estado ribereño tiene interésen que se mantenga la productividad de los recursosvivos de la alta mar contigua a sus costas, puesto que susnacionales pueden participar, en el porvenir, en la explo-tación de esos recursos. Ese interés podría protegersemediante garantías de que se lleva a cabo un programade conservación adecuado.

42. En segundo lugar, el Estado ribereño tiene interésen que se apliquen medidas de conservación en la zonade la alta mar contigua a sus aguas territoriales, siempreque dichas medidas especiales afecten directa o indirecta-mente a los recursos vivos de su mar territorial. Además,en muchos casos, un banco de pesca situado en la altamar contigua se extiende hasta las aguas territoriales.Por estos motivos, el Estado ribereño cuyos nacionalesno se dedican a la pesca puede tener interés en que seaplique el programa de conservación antes mencionado.Los intereses expuestos en este párrafo pueden quedarprotegidos otorgando al Estado ribereño, cuandodemuestre en ello un interés razonable, el derecho departicipar plenamente en el programa de conservación.

[El texto del artículo 18 propuesto por el Sr. Edmondsen la 338a. sesión de la Comisión (A/CN.4'SR.338,párr. 3) es idéntico al de la Comisión.]


[Véase lo que se dice respecto del artículo 25(párr. 11).]


43. El Gobierno del Reino Unido propone comopárrafo 1 el texto siguiente:

" El Estado ribereño cuyos nacionales no se dedicanactivamente a la pesca en una zona de la alta mar,pero que pueda demostrar un interés, latente o poten-cial, en el mantenimiento de la productividad de la


pesquería, tendrá el derecho de participar, en condi-ciones de igualdad, en todo plan de investigación o entodo sistema de reglamentación de dicha pesquería ".44. El Relator acepta este texto.

Conclusión

45. Este artículo podría aprobarse modificando elpárrafo 1 como propone el Gobierno del Reino Unido.

i Artículo 29


46. Se plantean serias dudas acerca de los incisosa) y b) del párrafo 2, en cuya virtud la adopción de lasmedidas previstas estaría sujeta a la existencia de pruebasque las justifiquen. Ningún Estado estará jamás en con-diciones de probar científicamente una necesidad impe-riosa y urgente de adoptar medidas de conservación delos recursos vivos, ni de presentar dictámenes científicosvalederos.

47. En estas circunstancias, si no puede lograrse lasupresión del artículo 29, cabría abogar por que al menosse suprimiese la parte del párrafo 3 que dice : " lasmedidas adoptadas continuarán en vigor hasta que sedicte la decisión arbitral ".

India (A/CN.4/99)

48. Debería suprimirse la condición limitativa delpárrafo 1 y reemplazarse con la siguiente:

" Siempre que cualquier Estado cuyos nacionalesse dediquen o puedan dedicarse a la pesca en dichaszonas tenga la posibilidad de pedir al Estado ribereñoque entable negociaciones en relación con esas medi-das ".En el párrafo 2, inciso a) : suprimir la palabra " cien-

tíficas"; inciso b) : reemplazarlo por el siguiente: "Quelas medidas adoptadas sean razonables"; inciso c) :añádanse al final las palabras " en su calidad de tales ".

49. Como el Sr. Padilla Ñervo ya señaló en la 338a.sesión de la Comisión (A/CN.4/SR/338. párr. 15), elRelator hace observar que la inserción propuesta por elGobierno de la India en el párrafo 1 parece superflua.Todo gobierno tendrá siempre el derecho de pedir a otroEstado que entable determinadas negociaciones. Sólo cabemencionar un derecho semejante si, habiéndose negadoun Estado a entablar negociaciones, la diferencia puedesometerse a un arbitraje. Pero el Gobierno de la Indiaha reservado también su actitud a este respecto.

Suecia (A/CN.4/99)

50. El artículo 29 da lugar a serias objeciones. ¿ Cómopodría establecerse que hay conclusiones científicas fun-dadas que prueben la necesidad o la oportunidad dedeterminadas medidas ? Habría que suprimir la dis-posición del artículo 29.


51. Las medidas de conservación no pueden adoptarsebasándose únicamente en las pruebas científicas. Hay quetener en cuenta al mismo tiempo las condiciones técnicasy económicas de las industrias pesqueras en los paísesinteresados. El Gobierno de Noruega no está convencidode que sea posible establecer criterios generales acertados

y, en estas condiciones, reserva su actitud respecto de ladisposición propuesta. En opinión del Gobierno deNoruega, no se indica claramente si el procedimiento dearbitraje se aplicará también cuando las partes en unconvenio sobre la reglamentación de las pesquerías nopueden llegar a un acuerdo. La aplicación de una con-vención de carácter general a la pesca de la ballena y ala caza de focas plantearía problemas especiales.

Reino Unido ( A/CN.4/99/Add.5)

[Véanse las observaciones a los párrafos 5 a 15, quefiguran en el documento A/CN.4/99/Add.5.]


52. No formulan ninguna observación. [El texto pro-puesto por el Sr. Edmonds en la 338a. sesión de laComisión (A/CN.4/SR.338, párr. 3) es idéntico al de laComisión].

Conclusión

53. Aunque reconoce que algunas de estas observa-ciones son muy pertinentes, el Relator estima que el artí-culo debe mantenerse en su forma actual. Este artículoes el resultado de largas discusiones entabladas en elséptimo período de sesiones y constituye un elementoesencial del conjunto de reglas propuestas por la Comisiónen esta materia; hasta cierto punto, puede conciliar losdiversos intereses que están en juego. Su supresióndestruiría el equilibrio del sistema adoptado. El Comitéde redacción podría examinar algunas modificaciones deforma, propuestas por el Gobierno del Reino Unido. Lacuestión de los tratados existentes, planteada por Noruega,merece ser examinada por la Comisión; a juicio delRelator, se podría aceptar que las nuevas reglas no afec-tarán a los tratados existentes, pero éstos deberán ponerseen armonía con ellas lo más pronto posible.

Artículo 30

India (A/CN.4/99)

54. El Gobierno de la India propone que se suprimaeste artículo.


55. El Gobierno de los Estados Unidos ve bien queeste artículo tiene por objeto salvaguardar los interesesde los Estados cuyos nacionales no se dedican a la pescapero cuentan con los productos de las pesquerías, o deseanpoder participar en el porvenir en la explotación de esosrecursos. Su interés radica, en particular, en el manteni-miento de la productividad de los recursos y puede pro-tegerse dándoles la seguridad de que tendrán la posi-bilidad de exigir que los Estados cuyos nacionales sededican a la pesca apliquen convenientemente el pro-grama general de conservación de los recursos, sin per-juicio de que intervengan medidas concretas de con-servación. A este respecto, deben establecerse criteriosespeciales que sirvan de guía al organismo arbitral ydejen bien sentado que no se podrá ir contra los pro-gramas aplicados por los Estados dentro de sus fronteras,que tengan por objeto, verbigracia, la construcción depresas que puedan dificultar las migraciones de los pecesanadromos.


56. El Gobierno de los Estados Unidos propone quelas palabras " si en un plazo prudencial no se atiende asu petición, dicho Estado ", en el párrafo 2 del artículo 30,se sustituyan por éstas : " Si en un plazo prudencial nose toman medidas satisfactorias respecto de la petición,dicho Estado . . . " Los Estados Unidos proponen tambiénque se inserte en este artículo lo siguiente:

*' En el procedimiento iniciado en virtud del presenteartículo, la Comisión arbitral tomará su decisión yhará sus recomendaciones basándose en los siguientescriterios:

" a) Examinará si hay una prueba científica de quees necesario adoptar medidas de conservación paramantener la productividad máxima del banco o de losbancos de pesca de que se trate; y

" 6 ) Si el programa de conservación de los Estadoscuyos nacionales se dedican a la pesca es eficaz parala conservación.

" Ninguna disposición del presento artículo podráser interpretada de manera que limite las medidas queun Estado pueda adoptar dentro de sus fronteras ".57. Respecto del párrafo 2, el Relator prefiere el

texto de la Comisión; acepta el primer párrafo de laadición propuesta; el segundo párrafo le parece superfluo[véase el artículo 30 propuesto por el Sr. Edmonds en la338a. sesión de la Comisión (A/CN.4/SR.338, párr. 3 ) ] .

Artículo 31

Brasil (A/CN.4/99)

58. El Gobierno del Brasil recomienda, en lugar deestablecer simplemente la comisión arbitral prevista, lacreación de un organismo internacional marítimo per-manente con carácter de organismo especializado, cuyamisión consistiría no sólo en resolver diferencias comolas mencionadas en los artículos 26 a 30, sino también enrealizar estudios técnicos sobre los problemas relativos ala protección y aprovechamiento de los recursos vivos delmar.

59. El Relator estima que la propuesta de instituir unacomisión encargada de estudiar los problemas relativosa la conservación de las riquezas del mar ha de ser exa-minada con todo detenimiento. De todos modos, el Relatorno cree que esta comisión haya de encargarse también deresolver las diferencias que se produzcan entre Estados.Prefiere que se creen comisiones ad hoc, dada la diver-sidad de los intereses que pueden ser objeto de las dife-rencias.


60. El Gobierno de la Unión pregunta qué es lo quehabrá que hacer cuando el Secretario General de lasNaciones Unidas y el Director General de la FAO noestén de acuerdo acerca de la elección de los arbitrios.El Gobierno propone que el artículo diga " después deconsultar " en lugar de "en consulta ".

61. El Relator opina que, en efecto, esta modificaciónconcuerda con el propósito de la Comisión.


62. Como las comisiones arbitrales mencionadas enestos artículos resultan ser órganos de arbitraje dederecho estricto, sería mejor que la Comisión de Derecho

Internacional indicase con más claridad en su informeque esas comisiones podrán dictar las normas que estimenjustas y eficaces, aun cuando deban apartarse de lasnormas existentes. Por este motivo sería mejor no utilizarlos términos " partes " y " diferencias ".

63. El Relator no cree que la función de las comisionesarbitrales pueda considerarse en todos los casos como un" arbitraje de derecho estricto ". Estima que es mejordejar el texto tal como está redactado.


64. El Gobierno del Reino Unido cree que no hay quefacultar a la comisión arbitral para que pueda prorrogarel plazo dentro del cual ha de dictar la decisión. Temeque el plazo de tres meses se transforme fácilmente en unplazo de tres años. Esto es peligroso, sobre todo teniendoen cuenta que las medidas adoptadas se mantendrán envigor en espera del laudo de la comisión.

65. El Relator no comparte estos temores. Una comi-sión en la que ambas partes han depositado su confianzapara resolver la cuestión de fondo de la diferencia hade tener también facultades para prorrogar los plazosprescritos, cuando estime que así lo exige la buena marchade los trabajos.


66. En lo que concierne al nombramiento de unacomisión arbitral cuando las partes no hayan llegado aun acuerdo, los Estados Unidos proponen las modifica-ciones siguientes: a) En todo caso, la Comisión habráde estar integrada por siete miembros que sean compe-tentes en los asuntos jurídicos, administrativos y cien-tíficos de las pesquerías, según la naturaleza del conflicto ;b) Tres de estos miembros serán de países ajenos al con-flicto y serán nombrados, a petición de cualquiera delos Estados partes en el conflicto, por el SecretarioGeneral de las Naciones Unidas de la siguiente manera:uno, que actuará como Presidente, será designado porel Secretario General de las Naciones Unidas; otro, porel Presidente de la Corte Internacional de Justicia, y otro,por el Director General de la Organización de las NacionesUnidas para la Agricultura y la Alimentación; c) Si sóloson parte en el conflicto dos Estados, cada uno de ellosdesignará dos miembros de la comisión arbitral. Si porcada una de las partes en conflicto hay más de un Estado,cada parte, prescindiendo del número de Estados quecomprenda, designará dos miembros de la comisiónarbitral. Si las partes no los designan dentro de los tresmeses siguientes a la demanda, el Secretario General delas Naciones Unidas hará los nombramientos.

67. Esta propuesta permitiría resolver determinadassituaciones; por ejemplo, la que surgiría, en virtud delartículo 26, cuando el conflicto consistiera en una diver-gencia entre tres o más Estados y se creara un problemapor no poderlos fácilmente agrupar en dos partes. Conla propuesta, esto no impediría acudir al procedimientoarbitral. Los Estados Unidos estiman que es indispen-sable que un Estado cualquiera pueda litigar, contra-dictoriamente, o reconvenir si es necesario, a cualquierade los demás Estados en conflicto.

68. El Relator no es partidario de las modificacionespropuestas. Al determinar la composición de la comisiónarbitral, la Comisión se ha esforzado por tomar en con-sideración la diversidad de los intereses que le estarán


sometidos. En muchas ocasiones, no se tratará de dospuntos de vista netamente opuestos, entre los cuales lacomisión arbitral habrá de elegir, sino de una diversidadde problemas. Por esta razón, la Comisión se ha decididopor una composición en la que puedan verse represen-tados de la manera más completa posible los diversosintereses. La propuesta de los Estados Unidos limita, alparecer, esta posibilidad (véase el artículo 30 de la pro-puesta del Sr. Edmonds (A/CN.4/SR.338, párrafo 3), queno concuerda exactamente con la propuesta del Gobiernode los Estados Unidos, pero que el Relator estima tambiéninaceptable).

India (A/CN.4/99)

69. El Gobierno de la India reserva su actitud respectode los artículos 31, 32 y 33.

Conclusión

70. El Relator es partidario de que se mantenga el

artículo, con algunas modificaciones de redacción.

Artículo 32

71. No se ha formulado ninguna observación.[En el proyecto del Sr. Edmonds (A/CN.4/SR.338,

párrafo 3), se ha suprimido el artículo 32. En efecto, elprimer párrafo puede considerarse superflue teniendo encuenta las disposiciones contenidas en los artículos 25,26, 27, 29 y 30 del proyecto del Sr. Edmonds. El párrafo 2del artículo 32 constituye el párrafo 2 del artículo 33 delproyecto del Sr. Edmonds].

Artículo 33

72. No se ha formulado ninguna observación.[Este artículo constituye el último párrafo del artí-

culo 33 del proyecto del Sr. Edmonds (A/CN.4/SR.338,párr. 3 ) ] .

DOCUMENTO A/CN.4/99 y Add. 1 a 9

Observaciones de los gobiernos sobre los artículos provisionales relativos al régimen de alta mar ysobre el proyecto de artículos relativos al régimen del mar territorial, aprobados por la Comisión de

Derecho Internacional en su séptimo período de sesiones, celebrado en 1955 1

1. Austria


CARTA DE LA MISIÓN DE AUSTRIA EN LAS NACIONES

UNIDAS, DE FECHA 14 DE MARZO DE 1956

[Texto original en inglés]

Con referencia a su carta LEG 292/9/01 de 31 deenero de 1956, sobre el capítulo II del último informe dela Comisión de Derecho Internacional que contiene los" Artículos provisionales referentes al régimen de altamar " y el capítulo III con el " Proyecto de artículosreferentes al régimen del mar territorial ", tengo el honorde comunicarle, por encargo de mi Gobierno, que Austriano tiene ninguna observación que formular a esos dosproyectos.

2. Bélgica

Documento A/CN.4/99

OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN NOTA VERBAL DE FECHA

9 DE ENERO DE 1 9 5 6 POR LA MLSION PERMANENTE DE

BÉLGICA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

[Texto original en francés]

A. REGIMEN DE ALTA MAR

Artículo 2. Libertad de la alta mar

1. En la Comisión se ha discutido en diversas oportu-1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período

de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934), Caps. II y III. Los Gobier-nos de Italia y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda delNorte enviaron también observaciones sobre los proyectos de artí-culos relativos a la plataforma continental y a la zona contigua,aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en su quintoperíodo de sesiones, que se reproducen en Documentos Oficialesde la Asamblea General, octavo período de sesiones, SuplementoNo. 9 (A/2456), cap. III.

nidades el verdadero alcance del término " jurisdicción ".En el informe actual se expresa que en el artículo 2 esetérmino tiene un sentido muy amplio, que no sólo abarcala función judicial, sino toda forma de soberanía o deautoridad.

Cabe preguntarse si no sería oportuno definir el alcancede este término en el propio artículo 2, especialmenteteniendo en cuenta que en el capítulo III, artículo 1(régimen del mar territorial), se habla de la "soberanía"del Estado sobre el mar territorial.

Habida cuenta de estas circunstancias, podría redac-tarse el artículo 2 de forma que comenzara diciendo:

" Estando la alta mar abierta a todas las naciones,ningún Estado podrá someterla a su jurisdicción, so-beranía o autoridad. La l iber tad. . ."

Artículo 5. Derecho de enarbolar bandera

2. Este artículo impone ciertos requisitos para el re-conocimiento del carácter nacional de un buque.

Uno de ellos es que el buque " pertenezca " al Estado.¿ Debe entenderse este término en su sentido estricto de" pertenecer como propiedad ", o puede interpretarse queun buque fletado por un Estado (por ejemplo, para unamisión especial) también " pertenece " a este Estado ?Si ésta no es la interpretación correcta, parece que co-rresponde dar la debida precisión al texto.

A este respecto es oportuno referirse al artículo 8, encuya virtud se reconocería inmunidad a las buques "per-tenecientes " al Estado o explotados por él y destinadosexclusivamente a un servicio oficial.

El párrafo 1 del artículo 5 podría redactarse así:" Que el buque pertenezca al Estado o sea explotado

por él."3. En cuanto a los requisitos exigidos en los casos de

buques de propiedad privada, parece que sería defícilexigir en todas las circunstancias que una persona esté" legalmente domiciliada " y " resida efectivamente " en


el territorio del Estado. En efecto, el derecho civil deciertos Estados establece una distinción entre " domicilio "y " residencia ", mientras que en otros países tal distin-ción no existe. Siendo esto así, no habría uniformidad enlos requisitos fundamentales.

En derecho belga, la ley del 20 de septiembre de 1903sobre patentes de navegación tiene en cuenta esa distin-ción y se aplica desde entonces teniendo en cuenta bienla residencia o bien el domicilio (párrafo C del artículo 3).

En consecuencia, las partes pertinentes de los incisos a)y b), párrafo 2 del artículo 5, podrían redactarse así:

" . . . personas legalmente domiciliadas o que residanefectivamente . . . ".4. Parece que uno de los propósitos de la Comisión

de Derecho Internacional ha sido exigir como requisitoesencial para tener el derecho de anarbolar bandera, lapresencia efectiva de la persona propietaria del buque enel Estado cuya bandera enarbola.

La legislación belga tiene en cuenta este mismo re-quisito. En efecto, la ley de 1903 exige esta presencia, nosólo tratándose de personas sino también de sociedades,cuya sede debe estar establecida en Bélgica.

5. Sin embargo, acerca de las sociedades, el proyectode la Comisión hace una distinción, pues no exige quelas sociedades colectivas sean las establecidas con arregloal derecho nacional ni que tengan su sede en el país cuyabandera deseen enarbolar en sus buques: solamente lossocios personalmente responsables de la sociedad debenestar legalmente domiciliados en el país y residir efec-tivamente en su territorio.

6. En el proyecto de ley presentado a las Cámarasbelgas con objeto de modificar la ley del 20 de septiembrede 1903 relativa a patentes de navegación (documento delSenado No. 153-Sesión del 2 de febrero de 1954), nose considera que la patente de navegación es atributiva dela nacionalidad, sino declarativa. La nacionalidad delbuque dependerá de la de sus propietarios, según quedeconsignada en la matrícula obligatoria (véase el proyectode ley destinado a establecer la matrícula obligatoria debuques y embarcaciones, Documento del Senado No. 155—sesión del 2 de febrero de 1954).

El régimen que se implantaría conforme a este proyectono introduce cambios en el establecido por la ley de 1903respecto a las personas, pero prevé una modificación encuanto a las sociedades: se considerarían belgas losbuques que fuesen en más de la mitad propiedad de:a) sociedades comerciales constituidas de conformidadcon la ley belga, cuyo establecimiento principal estuvieseen Bélgica; b) sociedades comerciales extranjeras cons-tituidas de conformidad con una ley extranjera, a con-dición de que su establecimiento principal estuviese enBélgica, o de que estuviesen representadas por no menosde un administrador y dos directores de nacionalidad belgadomiciliados en Bélgica.

7. Al parecer convendría revisar las disposiciones delartículo 5 del proyecto de la Comisión de Derecho Inter-nacional, porque la distinción prevista en los incisos b)y c) se establece entre las sociedades de personas por unaparte y las sociedades de capital, por la otra.

8. Al discutirse la sugestión del Sr. STAVROPOULOS,Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, de que se estu-diara la posibilidad de enarbolar la bandera de lasNaciones Unidas en algunos buques (A/CN.4/SR.320/

Sub.68 y siguientes), se declaró que el artículo 5 noexcluía la matrícula de buques pertenecientes a " personasjurídicas ".

Sin embargo, el artículo 5 se limita a imponer condi-ciones a las personas naturales o a las personas jurídicasexpresamente determinadas, a saber, las sociedades colec-tivas y las sociedades por acciones. Cabe preguntarsecuál sería la situación de una asociación de utilidad pú-blica o no lucrativa que con un propósito humanitario ocientífico, por ejemplo, quisiera colocar un navio bajouna bandera determinada.

Articulo 8. Inmunidad de los buques del Estado que nosean buques de guerra

9. Se pueden presentar varias posibilidades:1) Buques de propiedad del Estado, destinados a un

servicio oficial con fines que pueden ser o no comer-ciales ;

2) Buques de propiedad privada, destinados a unservicio oficial con fines:

a) No comerciales,b) Comerciales.

10. ¿ Debe entenderse que el artículo 8 se aplica atodos los casos, o que excluye el previsto en el apartadoa) del punto 2 ? El comentario sobre este artículo parececonfirmar la primera posibilidad cuando dice : " no habíarazones suficientes para no conceder a los buques delEstado, destinados a un servicio comercial del gobierno,la misma inmunidad que a los demás buques del Estado ".

Sin embargo, esta interpretación sólo es posible si seadmite que el párrafo 1 del artículo 5 debe interpretarseen el sentido sugerido en el punto 2.

11. La Declaración de La Haya de fecha 3 de julio de1955, relativa a la Convención internacional para regla-mentar las funciones de policía en el Mar del Norte, fir-mada el 6 de junio de 1882 por Bélgica, Dinamarca,Francia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretañae Irlanda del Norte y la República Federal de Alemania,reconoce a buques que no sean los de guerra el derechode ejercer funciones de policía respecto a la pesca en elMar del Norte.

12. Por otra parte, si se admite que las embarcacionesde pesca pertenecientes al Estado o explotadas por élgozan como los buques de guerra de completa inmunidaden cuanto a la jurisdicción de cualquier otro Estado queno sea el de su bandera, convendría tener en cuenta estehecho al establecer las medidas de fiscalización interna-cional sobre el cumplimiento de la Convención Overfish-ing. En efecto, ciertos Estados podrían escapar a estafiscalización explotando oficialmente sus embarcacionesde pesca.

Piratería

Artículo 15. Acto de piratería

13. Como este artículo es una excepción al artículo 14,parece poco lógico decir que los " actos de piratería "estarán asimilados a " actos cometidos a bordo de unbuque de carácter privado ". La redacción siguiente seríamás adecuada:

" Cuando los actos previstos en el artículo 14 seanperpetrados por la tripulación amotinada de un buque


de guerra o una aeronave militar, también se los con-siderará como actos de piratería."

Artículo 16. Buque pirata

14. El artículo define como buques piratas a los des-tinados a cometer actos de piratería.

Sin embargo, el artículo 18 sólo permite—según sucomentario—el apresamiento del buque en el caso en querealmente haya cometido actos de piratería.

Por otra parte, de la lectura del artículo 15 se debededucir que aun cuando en principio un buque de guerrano puede considerarse como " destinado " a cometer actosde piratería, podría sin embargo convertirse en un buquepirata.

Por lo menos la definición debería establecer lo si-guiente :

" Se considerarán buques y aeronaves piratas losbuques o las aeronaves que hayan cometido cualquierade los actos mencionados en el inciso 1 del artículo 14,o los buques o aeronaves que las personas bajo cuyomando efectivo se encuentren destinen a cometer dichosactos.

Artículo 18. Apresamiento de un buque pirata

15. Si se tiene en cuenta la modificación sugerida enel párrafo precedente, el artículo 18 reflejaría exacta-mente lo que se expresa en su comentario. En caso con-trario, debería disponerse que sólo cabría proceder alapresamiento de un buque cuando éste hubiese perpetradoactos de piratería. Por consiguiente, también resultaríamás lógica la disposición del artículo 19 sobre el apresa-miento por sospechas de piratería.

B. REGIMEN DE ALTA MAR. PESCA

Artículo 29. Medidas unilaterales de un Estado

16. Este artículo es aún demasiado vago en lo referenteal concepto de " zona contigua ".

La Conferencia Técnica Internacional para la Conser-vación de los Recursos Vivos del Mar, celebrada en Romadel 18 de abril al 10 de mayo de 1955, no se pronunciósobre el estudio de la zona contigua.

Por otra parte, se plantean serias dudas acerca de losincisos a) y b) del párrafo 2, en cuya virtud la adopciónde las medidas previstas estaría sujeta a la existencia depruebas que las justifiquen. Ningún Estado estará jamásen condiciones de probar científicamente la necesidad im-periosa y urgente de adoptar medidas de conservación delos recursos vivos, ni de presentar dictámenes científicosvalederos.

Por último, el párrafo 3 prevé la posibilidad de aplicarmedidas que siguen siendo objeto de discusión; estadiscusión se planteará precisamente porque las pruebasmencionadas no podrán ser satisfactorias. ¿ Puede admi-tirse que a pesar de esta circunstancia el Estado interesadopodrá aplicar esas medidas ?

Por otra parte, es poco tranquilizadora la perspectivade dejar librada al criterio del Estado interesado la deter-minación del carácter " razonable " del plazo dentro delcual los otros Estados deben llegar a un acuerdo con él(párrafo 1). Además, el término "razonable" se presta auna interpretación muy amplia.

Aun cuando se pueda recurrir al procedimiento arbitral,

el mantenimiento del principio de que puede aplicarse lamedida criticada hará las negociaciones tiendan a pro-longarse indebidamente. Si una vez hecho el arbitraje sedeclarase que las medidas son contrarias a las normasinternacionales, habría que declararlas inválidas; peropara los efectos prácticos ya sería demasiado tarde. Elprocedimiento previsto no es una garantía contra la adop-ción de esta clase de medidas.

En estas circunstancias, si no puede lograrse la supre-sión del artículo 29, cabría abogar por que al menos sesuprimiese la parte del párrafo 3 que dice : " las medidasadoptadas continuarán en vigor hasta que se dicte ladecisión arbitral ". En efecto, es preferible que las medi-das objeto de controversia no se apliquen hasta que laComisión Arbitral dicte su fallo.

C. REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL


17. Después de los largos y animados debates sosteni-dos sobre este particular, que ponen de manifiesto lasloables tentativas de los miembros de la Comisión porllegar a una fórmula concreta, es oportuno destacarcuanto decimos a continuación, sobre todo acerca deltexto propuesto en el informe.

18. Convendría lograr que todos los países aceptaranel principio reconocido por la Comisión, de que el derechointernacional no autoriza a extender el mar territorialmás allá de 12 millas. Con este principio por lo menos sepondría freno a las pretensiones cada vez mayores deciertos países.

19. Por otra parte, al decir que el derecho interna-cional no obliga a los Estados a reconocer una anchuramayor de tres millas (párrafo 3), se reconoce implícita-mente el principio de que es necesario llegar a un acuerdointernacional sobre los límites del mar territorial, prin-cipio que Bélgica siempre ha defendido.

La Comisión reafirma el derecho de los Estados a noreconocer a otros el derecho a extender los límites a másde 12 millas. Pero si se quiere aclarar la incertidumbrejurídica en que se encontrarán los nacionales de estosEstados, es indispensable llegar a un acuerdo con elEstado que haya extendido sus límites. En lo que serefiere a Islandia, por ejemplo, no tiene objeto reconocera la Gran Bretaña, a Bélgica y a otros países el derechode impugnar los nuevos límites islandeses, si al mismotiempo se reconoce a Islandia el derecho de fijar esoslimites. Si por una parte la tesis de la Comisión se ajustaal derecho internacional (véase A/CN.4/SR.328/Sub.42),por otra no resuelve las dificultades prácticas.

20. Teniendo en cuenta las posibilidades que en mate-ria de pesca ofrece la aplicación de los artículos 24 a 33del capítulo relativo a la alta mar, y en especial la delartículo 29, es muy probable que, según se lo expresa enel artículo 3, el principio de un máximo de 12 millas seaaceptado por la mayoría de los países.

21. Por tanto, sería posible llegar a la solución defijar mediante acuerdos internacionales un límite que nosea el de las tres millas ni exceda el de las 12 millas.

Artículo 5. Líneas de base rectas

22. Este artículo prevé que la línea que ha de servirde base para medir la anchura del mar territorial puedesepararse de la faja de bajamar, cuando las circunstan-


cías impongan un régimen especial (profundas hendidurasde la costa, islas situadas en la proximidad inmediata dela costa, intereses económicos).

A pesar de que el párrafo 1 de este artículo fue apro-bado en la Comisión por 10 votos contra 3, no parcejustificarse la inclusión del criterio relativo a " intereseseconómicos peculiares de una región, cuya realidad eimportancia esté demostrada por un largo uso ". El falloemitido por la Corte Internacional de Justicia acerca deun litigio sobre pesquerías no acepta que los " intereseseconómicos " por sí solos constituyan justificación sufi-ciente para la adopción de las líneas de base rectas.

Artículo 7. Bahías

23. Sobre este particular cabe recordar que en laConvención de La Haya de fecha 6 de mayo de 1882 laanchura máxima de la boca de la bahía se fija en 10millas.

Artículo 13. Delimitación del mar territorial en la des-embocadura de un río

24. Véase al respecto el párrafo 23.

Artículo 15. Delimitación de los mares territoriales dedos Estados adyacentes

25. La sugestión hecha anteriormente por Bélgicaacerca de este artículo (el antiguo artículo 16) no ha sidotenida en cuenta.

Artículo 23. Buques del Estado explotados con finescomerciales

26. Véanse los párrafos 2 y 9 en lo tocante a la defi-nición de " buques del Estado ".

Artículo 25. Buques de guerra

27. El artículo correspondiente, o sea el 26 del pro-yecto anterior, establecía el principio de derecho de pasoinocente sin autorización o notificación previa. Algunosmiembros de la Comisión pidieron que se especificaseque este paso sólo constituía una simple condescendencia,y que estaba subordinado al consentimiento del Estadoribereño. Bélgica comparte este punto de vista.

La mayoría se pronunció en el mismo sentido, y el artí-culo 25 actual ha sido modificado. De conformidad conel nuevo texto, el Estado tendría derecho a negar el paso,aun cuando se cumplieran los requisitos exigidos a losbuques mercantes.

3. Brasil

Documento A/CN.4/99


1 9 DE DICIEMBRE DE 1 9 5 5 POR LA MLSION PERMANENTE

DEL BRASIL ANTE LAS NACIONES UNIDAS

[Texto original en portugués]

I. Régimen de alta mar

a) Respecto al artículo 5 sugerimos que en lo referenteal reconocimiento del carácter nacional de un buque seestablezca que bastará que éste pueda probarlo fácilmente,no sólo por el nombre del buque y del lugar de matrícula,claramente marcados en un lugar visible, sino tambiénpor medio de la documentación del barco {ship's papers) ;

b) En cuanto a la persecución (artículo 22), estima-mos conveniente establecer que, para que el Estadoribereño pueda ejercer el derecho de persecución, serásuficiente que ese Estado, en defensa de sus legítimosintereses, tenga motivos serios para sospechar que se hacometido o está a punto de cometerse un delito con viola-ción de sus leyes y reglamentos, tal como está previsto,por ejemplo, en el artículo 9 del tratado concertado enHelsingfors el 19 de agosto de 1925, entre Finlandia yvarios otros países;

c) Creemos que, en lugar de establecer simplemente lacomisión arbitral prevista en el artículo 31, convendríarecomendar a las Naciones Unidas la creación de un or-ganismo internacional marítimo permanente con carácterde organismo especializado, cuya misión consistiría nosólo en resolver controversias tales como las mencionadasen los artículos 26 a 30, sino también en realizar estudiostécnicos sobre los problemas relativos a la protección y elaprovechamiento de los recursos vivos del mar.

/ / . Régimen del mar territorial

a) Observamos que el proyecto no establece ningunanorma sobre la zona contigua, pese a que la menciona enel artículo 22. Además, estimamos conveniente reconocerque la zona contigua puede tener una extensión de 12millas a partir de la costa, cuando se trate de Estadoscuyo mar territorial no se extienda más allá de las seismillas; y sólo para determinados propósitos especiales, o,mejor dicho, para los fines que se indican en el artículorespectivo aprobado por la Comisión en su quinto períodode sesiones (1953) ; entre esos fines quizás podría incluirseel derecho exclusivo de pesca, o por lo menos de su re-glamentación y fiscalización destinada a proteger losrecursos vivos del mar en esa zona;

b) Con relación al artículo 7, observamos: 1) que ladefinición de bahía que se da en ese artículo, nos pareceinnecesaria y complicada. Sin embargo, si se quire daruna definición, nos parece preferible la propuesta por elGobierno británico en su respuesta al cuestionario de laComisión preparatoria de la Conferencia de 1930, segúnla cual, para establecer la línea de base, la bahía debeconstituir " a distinct and well defined inlet, moderate insize, and long in proportion to its width " (S.D.N., Con-ference pour la codification du droit international, II,pág. 163); 2) que consideramos muy exagerada la exten-sión de 25 millas prevista para establecer la línea de baseen la entrada o en el interior de la bahía, sobre todo si setiene en cuenta que en la práctica (salvo, naturalmente,en el caso de las bahías llamadas " históricas ") esa ex-tensión no ha excedido en general de las 12 millas;

c) Respecto de las radas (a las que se refiere el artículo9), insistimos sobre el punto de vista que hemos susten-tado sin éxito ante la Comisión de Derecho Internacional,y lo reiteramos basándonos entre otras cosas en la opiniónde los grandes maestros del derecho internacional públicoen materia marítima; por ejemplo, Gilbert Gidel sostieneque " todas las radas deben estar sometidas al régimenjurídico de las aguas interiores " (Gidel, Le droit inter-national public de la mer, II, pág. 22 y siguientes. Véasetambién C. John Colombos, " The International Law ofthe Sea ", 3a. edición, 1954, párrafo 78, pág. 66, y J. L.de Azcárraga, " Régimen jurídico de los espacios marí-timos ", pág. 109. Consúltese Openheim-Lauterpacht, 7a.edición, párrafo 190 c), pág. 455).


d) Con respecto a las islas, escollos y bajíos, a los quese refieren los artículos 10 y 11, reiteramos que no nosparece razonable que, mientras los meros escollos y bajíospodrán servir como puntos de partida para determinar laextensión del mar territorial, dando el carácter de aguasinteriores a las que se encuentren entre los mismos y lacosta, no suceda lo mismo con las islas que estén en igualsituación. También juzamos conveniente que se limite dealgún modo la posibilidad de basarse en la existencia dedichos escollos o bajíos, así como de las islas que estén enigual situación, para determinar la extensión del marterritorial. Así, en lugar de establecer que cuando losescollos, etc., " están situados total o parcialmente dentrodel mar territorial ", podrán servir para ese fin, conven-dría decir, por ejemplo, que los mismos producirán talefecto cuando se encuentren dentro de una distancia detres millas de la costa. De este modo se evitará que lafaja de aguas territoriales de un Estado pueda ensancharseexcesivamente en determinados puntos.

4. Cambo ja

Documento A /CNA/99/Add.2

CARTA DE FECHA 2 DE ABRIL DE 1956, DEL MINISTRO DE

RELACIONES EXTERIORES DE CAMBOJA


Con referencia a su carta LEG 292/9/01 LEG 292/8/01de fecha 31 de enero de 1956 en la que me señalaba elinforme de la Comisión del Derecho Internacional, sobrelos trabajos realizados en su séptimo período de sesiones,tengo el honor de transmitirle las siguientes observacionessobre los proyectos.

I. En materia de derecho marítimo, Comboja no tienelegislación propia elaborada desde su independencia.

Actualmente, se aplican los principios jurídicos delderecho francés.

De todos modos, el proyecto sometido a nuestra consi-deración presenta un gran interés y se tendrá en cuentaen la medida de lo posible cuando en Camboja se eleboreun Código Marítimo. Los principios que en él se enuncianestán en armonía a la vez con el derecho internacional ycon el derecho de Camboja.

No tenemos ninguna observación que formular sobre elcapítulo del proyecto relativo al régimen de alta mar.

II. En cuanto al capítulo III referente al " mar terri-torial ", Camboja ha adoptado las normas jurídicas delderecho francés, que fija para el mar territorial una an-chura de tres millas, con una zona contigua más anchapara las jurisdicciones de policía o de aduana. La anchurade tres millas es, al parecer, la fórmula que mejor puedeconciliarse con el respeto del principio de la libertad delos mares.

Además, el Gobierno de Camboja desea que esta solu-ción sea admitida por todos los Estados, ya que seríacontrario al principio de la igualdad entre los Estados elhecho de que no se hallasen todos sometidos a las mismasnormas en este punto de derecho internacional.

Además, el límite de tres millas no impide en modoalguno que se ejerciten los derechos soberanos del Estadosobre la plataforma continental (artículo 2 del proyectoredactado durante el quinto período de sesiones de la

Comisión del Derecho Internacional,2 del I o de junio al14 de agosto de 1954).

III. Camboja desea secundar en esta materia los es-fuerzos de la Asamblea de las Naciones Unidas, paralograr una legislación marítima uniforme.

5. Canadá


NOTA VERBAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS

EXTERIORES D E L CANADA, DE FECHA 7 DE MAYO DE 1956


El Secretario de Estado encargado de los Asuntos Ex-teriores saluda muy atendamente al Secretario General delas Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a lacarta del Asesor Jurídico de fecha 24 de agosto de 1955,réf. : LEG. 292/9/01, en la que se invitaba al Gobierno delCanadá a formular observaciones sobre los Artículos pro-visionales referentes al régimen de alta mar, aprobadospor la Comisión de Derecho Internacional en su séptimoperíodo de sesiones.

El Secretario de Estado encargado de los Asuntos Ex-teriores quedaría muy agradecido si se pudiera transmitira la Comisión de Derecho Internacional una copia de lossiguientes comentarios sobre el Capítulo II : " Pesca ", delos Artículos provisionales de la Comisión de DerechoInternacional referentes al régimen de alta mar.

Artículo 26

Como los nacionales de dos o más Estados pueden dedi-carse a la pesca en cualquier zona, pero no necesariamenteen el mismo banco, y como es posible que las actividadespesqueras de uno o más Estados se desarrollen en muyreducida escala, sería razonable disponer que la pesca aque se hace referencia es la que se efectúa en una escalaimportante y que las medidas prescritas se refieren albanco en que los Estados de que se trate tengan interesescomunes.

Artículo 27

El comentario anterior es aplicable también al párrafo1 de este artículo, es decir, que no basta con que se pesqueen la misma zona, sino que se ha de pescar en gran escalay en el mismo banco.

Este artículo quedará sujeto al " principio de absten-ción " que se menciona más adelante.

Artículo 28

Un Estado ribereño tiene siempre un interés especialen los recursos vivos de la alta mar contigua a su costapor el mero hecho de tratarse de una zona contigua. Esteinterés debe reconocerse sin ninguna duda. El " interésespecial " del Estado ribereño quedó reconocido en elInforme de la Conferencia Técnica para la Conservaciónde los Resursos Vivos del Mar, celebrada en Roma en 1955(A/CONF.10/6, páginas 2 y 3, Sección II, párrafo 18) .3

Debería suprimirse en el párrafo 1 la frase " que tenga uninterés especial en el mantenimiento de la productividadde los recursos vivos ".

2 Documentos Oficales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9.

3 Publicaciones de las Naciones Unidas, No. de venta 1955.II.B.2, párr. 18.


Artículo 29

Las mismas observaciones pueden aplicarse a este artí-culo.

Artículo 30

Aunque en determinadas circunstancias pueda estarjustificado que un Estado cuyos nacionales no se dedicana la pesca en una región de alta mar no contigua a suscostas pida a los Estados cuyos nacionales se dedican a lapesca en ella que tomen las medidas de conservaciónnecesarias, hay que evitar que la petición se extienda aotras medidas que habrían de tomarse necesariamentedentro de las fronteras del Estado cuyos nacionales sededican a la pesca. En este artículo se podría muy bienestipular que el Estado cuyos nacionales se dedican a lapesca no tiene ninguna obligación de tomar medidasdentro de sus fronteras.

Artículo 31

De surgir diferencias en cuanto a la composición de lacomisión arbitral, parece lógico que todas las partes enlitigio tengan derecho a estar representadas en la comi-sión arbitral que se designe.

El Gobierno del Canadá opina que estos artículos debenquedar sujetos al "principio de la abstención" que seestudió en la Conferencia Técnica Internacional para laConservación de los Recursos Vivos del Mar, celebradaen Roma en 1955, y que se enuncia en el Informe de laConferencia (página 8, párrafos 61-62) en los siguientestérminos :

" Se plantea un caso especial cuando los países hanrestablecido, desarrollado o mantenido reservas depeces—mediante investigación, reglamentación de lasactividades de sus propios pescadores y otros procedi-mientos—de forma que su productividad se conserva yutiliza en un nivel razonable que se aproxima al máximosostenible, y cuando la conservación de ese nivel de pro-ductividad depende de que se sigan efectuando lasinvestigaciones y aplicando la reglamentación citadas.En estas condiciones, la participación de otros Estadosen la explotación de la reserva no aumentará los recur-sos alimentarios de la humanidad, sino que pondrá enpeligro el éxito del programa de conservación. Cuandouno o más países tengan oportunidad de desarrollar orestablecer la productividad de sus recursos y cuandotal desarrollo o restablecimiento que efectúan el Estadoo Estados que los explotan sea necesario para mantenerla productividad de los recursos, se deben establecercondiciones que favorezcan tal política.

" Procedimientos existentes. La Convención Interna-cional para la Pesca en el Pacífico Septentrional esta-blece un método para resolver este caso especial. Enella se reconoce que los nuevos participantes en esaspesquerías ponen en peligro el éxito continuo del pro-grama de conservación. En tales circunstancias, el Es-tado o Estados que no participan en la explotación delas reservas de que se trata se comprometerán a abste-nerse de pescar cuando la Comisión correspondientedetermine que la reserva satisface razonablemente lassiguientes condiciones :

" a) Que las pruebas basadas en la investigacióncientífica demuestran que la mayor explotación de la

reserva no significará un aumento importante del ren-dimiento ;

" b) Que, a efectos de conservación, la explotaciónde la reserva está limitada o reglamentada de cualquierotra forma por cada parte que participa en la explota-ción en gran escala del recurso;

" c) Que la reserva está siendo objeto de un amplioestudio científico para descubrir si se utiliza íntegra-mente y qué condiciones son necesarias para mantenersu máxima productividad sostenida. La Convenciónestipula que, cuando se satisfagan estas condiciones, serecomendará a los Estados que no explotan en granescala la reserva que se abstengan de pescarla, mientrasque los Estados que sí la explotan en gran escala con-tinuarán aplicando las medidas de conservación necesa-rias. Mientras tanto, los Estados que se abstienenpodrán participar en la explotación de otras reservasde peces de la misma zona." 4

6. Chile

Documento A/CNA/99/Add.l

CARTA DE FECHA 16 DE MARZO DE 1956 DE LA MISIÓN

PERMANENTE DE CHILE ANTE LAS NACIONES UNIDAS

[Texto original en español]

Con relación a la nota de Vuestra Excelencia N° LEG292/9,01 de fecha 24 de agosto último, por la cual sesirvió invitar a mi Gobierno a formular observacionesal proyecto provisional (Doc. A/CN.4/94) de artículosrelativos al dominio marítimo, adoptado durante el sép-timo período de sesiones de la Comisión de Derecho In-ternacional, tengo el honor de transmitirle al respecto lasiguiente respuesta de Chile:

La posición del Gobierno de Chile frente al proyectoprovisional de artículos relativos al dominio marítimo, haquedado determinada por la legislación interna del país,por los convenios internacionales suscritos con Ecuadory Perú, y por la actitud asumida por Chile en el senode los organismos internacionales competentes.

En este sentido, cabe señalar:La Declaración presidencial de soberanía, de 3 de junio

de 1947;Los Convenios suscritos en Santiago, con Ecuador y

Perú, en agosto de 1952; y los Convenios complementa-rios suscritos en Lima, en diciembre de 1954, con esosmismos países;

La actuación de la Delegación de Chile en la Conferen-cia Técnica Internacional sobre Conservación de los Re-cursos Vivos del Mar, celebrada en Roma en 1955, bajolos auspicios de la FAO;

La posición asumida en la III Reunión del ConsejoInteramericano de Jurisconsultos, celebrada en Méxicoen enero de 1956, y, especialmente, la Resolución apro-bada por dicha entidad internacional, por amplia mayoríade votos, sobre los temas de referencia.

Por último, los puntos de vista que sostendrá Chile enla Conferencia Especializada Interamericana que se cele-brará en la República Dominicana, completarán el con-junto de antecedentes que determinen la posición delGobierno de Chile frente a los proyectos provisionales pre-

4 Ibid., párrs. 61 y 62.


parados por la Comisión de Derecho Internacional, sobreel régimen jurídico de alta mar y del mar territorial.

Por tratarse de una materia en acelerado período deevolución, y dentro de nuestro criterio de favorecer elpronunciamiento continental sobre estos problemas, elGobierno de Chile estima que no podrá dar una respuestamás explícita a lo solicitado en la Nota que se contesta,mientras no se hayan llevado a cabo los debates al respectoen la reunión de Ciudad Trujillo.

Asimismo, tengo el agrado de remitir a Vuestra Exce-lencia un ejemplar adjunto de la Resolución aprobadasobre este particular en la III Reunión del Consejo ínter-americano de Jurisconsultos, celebrada en México enenero de 1956. 5

7. China

Documento A/CN.4/99

OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN CARTA DE FECHA

9 DE FEBRERO DE 1 9 5 6 POR LA MLSION PERMANENTE

DE CHINA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

[Texto original en chino]

I. Observaciones sobre los artículos provisionales relati-vos al régimen de alta mar

1. El artículo provisional 10 dispone que, en caso deabordaje en alta mar, las acciones judiciales contra laspersonas responsables del accidente sólo podrán ejercerseante las autoridades del Estado al cual pertenezca elbuque en que presten servicio dichas personas o bien antelas autoridades del Estado de que sean nacionales. Estadisposición es incompatible con los artículos 3 y 4 delCódigo Penal de China.

El Gobierno de China estima que, si bien la jurisdiccióncriminal es principalmente territorial, no por ello debeentenderse que un Estado sólo puede ejercer la jurisdic-ción en caso de delitos cometidos enteramente dentro delos límites de su territorio. Debe reputarse que un delitose ha cometido en el territorio de un Estado si el actomanifiesto constitutivo de delito se comete en el territoriode dicho Estado o si el delito produce efectos en su terri-torio. En ambos casos el delito cae dentro de la compe-tencia penal del Estado de que se trata. Es un principiogeneralmente aceptado en la legislación penal moderna eincorporado al Código Penal de China.

En caso de abordaje, si se comete un acto ilegal olesivo que lleva aparejada la responsabilidad criminal dela tripulación de uno de los buques y dicho acto produceefectos en un buque de distinta nacionalidad, el delitoqueda asimilado a un delito que produce efectos en elterritorio del Estado al cual pertenece la nave que ha sidovíctima del abordaje. De conformidad con el principioantes expuesto, no puede haber duda de que tal delito caedentro de la jurisdicción penal de dicho Estado.

Esta regla quedó afirmada inequívocamente en la sen-tencia que pronunció en 1927 el Tribunal Permanente deJusticia Internacional sobre el asunto del Lotus. Es deseñalar que, al contrariar esta regla, el artículo provisionalde que se trata está en contradicción con el concepto deterritorialidad aceptado ahora por la mayoría de los

5 No se inserta en este documento. La resolución se reproducecomo anexo I al documento A/CN.4/102.

Estados en cuanto se refiere a la jurisdicción criminal.Por esta razón el Gobierno de China no puede aceptar elartículo provisional 10.

En el Informe de la Comisión de Derecho Internacionalsobre la labor realizada en su séptimo período de sesionesse declara que las decisiones que figuran en la ConvenciónInternacional para la unificación de ciertas normas sobrela competencia penal en materia de abordaje y otros inci-dentes de la navegación, firmada en Bruselas en 1952,modifican la regla establecida en la sentencia pronunciadasobre el caso del Lotus. Comoquiera que esta Convenciónno tiene todavía aceptación general, sus disposiciones sólopueden tener una aplicación limitada como reglas dederecho internacional.

2. Se ha dicho que la piratería consiste en navegarpara provecho personal, sin autorización de ningúnEstado, con el objeto de cometer depredaciones en lapropiedad o actos de violencia contra las personas (véaseel Report of the Subcommittee of the League of NationsCommute of Experts for the Progressive Codification ofInternational Law (Informe del Subcomité del Comité deExpertos de la Sociedad de las Naciones para la codifi-cación progresiva del derecho internacional). 1927,pág. 116). Esta definición de la piratería es muy res-tringida.

En el sentido lato del término, también se puede con-siderar que comete un acto de piratería todo tripulanteo pasajero que a bordo de un buque hace uso de violenciao de las amenazas contra otro tripulante o pasajero conla intención de saquear o robar, o pilota o manda elbuque con ese fin. Esta interpretación está completamentede acuerdo con las opiniones de los tratadistas de derechointernacional y de las autoridades en esta materia, y hasido adoptada por el Código Penal de China en el cual seprevé el castigo que corresponde a ambos tipos de pira-tería (véanse el párrafo 8 del artículo 5, y los párrafos 1y 2 del artículo 333 del Código Penal de China).

Teniendo en cuenta que el artículo provisional 14 dauna definición limitada de la piratería, el Gobierno deChina estima que se debe modificar el citado texto demanera que comprenda el sentido lato que se da a esteconcepto en el apartado anterior.

3. Los artículos provisionales 25 y 26, relativos a lareglamentación y fiscalización de la pesca, parecen favore-cer a los Estados cuyos nacionales ya están ocupados endichas actividades en una zona determinada de alta mar,y no toman en cuenta los intereses posibles de los Estadoscuyos nacionales pudieran en el futuro dedicarse a lapesca en esa misma zona. El Gobierno de China consideraque conviene adoptar las disposiciones suplementarias delcaso a fin de dejar a salvo esos intereses.

/ / . Observaciones sobre el proyecto de artículos provi-sionales relativos al régimen del mar territorial

1. En el artículo 3 del proyecto, la Comisión deDerecho Internacional reconoce el derecho de todo Estadoa decidir la extensión que debe tener su mar territorialdentro de una distancia comprendida entre 3 y 12 millas.Si bien esta fórmula parece convenir dadas las circunstan-cias, el Gobierno de China desea reservar su posición porel momento sobre esta materia.

2. El Gobierno de China acepta enteramente las dis-posiciones del artículo 7 del proyecto según el cual lasaguas de una bahía estarán consideradas como aguas


interiores si la línea trazada a través de su boca no excedede 25 millas; y si la entrada de la bahía tiene una anchurasuperior a 25 millas, la línea de demarcación se trazaráen el interior de la bahía.

Cuando la comisión de un acto de piratería vaya acompañadade asesinato, el delincuente será castigado con la pena de muerte;si causere daños corporales, el delincuente será castigado con lapena de muerte o de reclusión perpetua.

ANEXO

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5 Y 333 DEL CÓDIGO PENAL

DE CHINA 8

Artículo 3

Las disposiciones de este Código serán aplicables a todo delitoque se cometa dentro de los límites territoriales de la Repúblicade China. Los delitos que se cometieren a bordo de todo buqueo nave aérea chinos fuera de los límites territoriales de la Repú-blica de China serán considerados como si hubiesen sido cometidosdentro de sus límites territoriales.

Artículo 4

Se reputará que un delito ha sido cometido en territorio de laRepública de China si el acto manifiesto constitutivo de delito secomete en el interior del territorio de la República de China o siel delito produce efectos en dicho territorio.

Artículo 5

Las disposiciones de este Código serán aplicables a cualquierade los siguientes delitos que se cometieren fuera de los límitesterritoriales de la República de China:

1. Delitos contro la seguridad interior del Estado;2. Delitos contra la seguridad exterior del Estado;3. Delitos de falsificación de moneda;4. Delitos relativos a la falsificación de valores cotizables, pre-

vistos en los artículos 201 y 202;5. Delitos relativos a los documentos y sellos falsos, previstos en

los artículos 211, 214, 216 y 218;6. Delitos relativos al opio; 7

7. Delitos contra la libertad personal, según se determinan enel artículo 296;

8. Delitos de piratería, según se determinan en los artículos 333y 334.

Artículo 333

Se reputa que comete un acto de piratería el que navegue abordo de un buque, sin autorización de un Estado beligerante osin formar parte de las fuerzas navales de ningún Estado, con elpropósito de hacer uso de la violencia a las amenazas contra otrobuque o contra cualquier persona u objeto a bordo de otro buque;corresponderá a este delito la pena de muerte o de reclusiónperpetua o una pena de reclusión no inferior a siete años.

Se reputará autor de un acto de piratería todo tripulante8 opasajero que a bordo de un buque hiciere uso de violenciaamenazas contra otro tripulante o pasajero con la intención desaquear o robar, o pilotare o mandare el buque con ese fin.

6 Los textos de los varios artículos, con excepción del artículo 4,se basan en las traducciones al inglés hechas por el DepartamentoJurídico del Consejo Municipal de Shanghai (The CommercialPress, Shangha, China, 1935), págs. 2—3 y 119. Los textos de losartículos 3, 4 y 5, tomados de la misma fuente, aparecen en Lawsand Regulations on the Régime of the High Seas (United NationsLegislatve Series, t. II (1952), pág. 24). Se ha hecho una nuevatraducción al inglés del artículo 4—artículo clave sobre el cualfunda sus observaciones el Gobierno de China con respecto a lacuestión de la colisión—porque la traducción actual no expresa demanera completa la idea del texto original.

7 Punto adicional que aparece en el texto chino sometido por elGobierno de China. El artículo 5 fue modificado el 7 de noviembrede 1948.

8 " Miembro de la tripulación" y " otro miembro de la tripula-ción " serían traducciones más adecuades de las expresiones origi-nales chinas.

8. Dinamarca

Documento A/CTS.4/99/Add.9

OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN CARTA DE FECHA2 DE JULIO DE 1956 POR LA MLSION PERMANENTE DE

DINAMARCA ANTE LA OFICINA EUROPEA DE LAS NACIONESUNIDAS


El Gobierno de Dinamarca desea formular las siguien-tes observaciones a los proyectos de artículos referentesal régimen de alta mar y al régimen del mar territorial(capítulos II y III del informe de la Comisión,A/CN.4/94) aprobados por la Comisión de Derecho Inter-nacional en su séptimo período de sesiones.


Articulo 33

Según este artículo, las decisiones de la comisión arbi-tral obligarán a los Estados interesados. En cambio, elartículo no concreta quién va a fiscalizar la observanciade las disposiciones y qué medidas coercitivas se podránaplicar contra los países que no respeten las decisionesy contra los pescadores de estos países. El Gobierno deDinamarca estima que la eficacia de todo el sistema dearbitraje depende de que se dé una buena solución a esascuestiones.

El Gobierno de Dinamarca tiene un interés especial enla preservación de la fauna de las regiones árticas y, enconsecuencia, desea que la convención propuesta, respon-diendo a su propósito básico de proteger y favorecer eldesarrollo de los recursos vivos del mar, se aplique tam-bién a los mamíferos marinos, en especial a las focas,y que así se haga constar en los artículos provisionales.

II. Disposiciones referentes al régimen del mar territorial

Artículo 1

Según este artículo, la soberanía del Estado se ex-tiende a una zona de mar adyacente a sus costas, desig-nada con el nombre de mar territorial.

Puede admitirse este postulado a condición de que noexcluya la posibilidad de que se fijen para esta zonadistintas anchuras según las modalidades que tome elejercicio de la soberanía del Estado sobre las partes delmar más cercanas a su costa. Según la legislación y lapráctica administrativa de Dinamarca, el límite del marterritorial es normalmente de cuatro millas marinas con-tadas a partir de la costa, por lo que se refiere a la vigi-lancia aduanera, mientras que para otros fines, el límitedel mar territorial es de tres millas marinas. Es decir, elconcepto de mar territorial en derecho internacional noha de interpretarse como algo rígido, sino que ha devariar según las funciones a que se refiera.

Artículo 3

El Gobierno de Dinamarca estima conveniente que,


como ha recomendado la Cámara Internacional de Nave-gación en su declaración de 27 de abril de 1955, losgobiernos se pongan de acuerdo con el objeto de fijaruna anchura concreta y moderada para el mar territorial.Pero el Gobierno de Dinamarca está de acuerdo con laComisión en que, en las circunstancias actuales, no sepuede probar que exista ninguna práctica internacionaluniforme en lo relativo a la anchura del mar territorial.

En consecuencia, y vista la práctica actual, el Gobiernode Dinamarca opina lo siguiente:

El régimen actual no es un régimen de libertad com-pleta de todos los Estados para decidir la anchura de sumar territorial. La Corte Internacional de Justicia hasostenido también esta opinión en la decisión dictada enel conflicto anglonoruego sobre pesquerías. Por lo tanto,un Estado no puede, alterando las reglas que hasta ahorase han aplicado para delimitar el mar territorial, incor-porar a sus aguas territoriales grandes zonas consideradasanteriormente como parte de la alta mar, en detrimentode los intereses de otros Estados. Por otro lado, no seríaequitativo que los Estados que hasta ahora han mante-nido un mar territorial, por ejemplo de tres millas mari-nas, estén obligados a conservarlo indefinidamente, sintener en cuenta si otros Estados han fijado un límitemucho mayor. Así, no cabe considerar inmoderado queun Estado amplíe hasta cierto punto la anchura de sumar territorial cuando lo justifiquen razones poderosas yno se lastimen los derechos adquiridos por otros Estadosen las aguas de que se trate. Pero esa extensión nopodrá exceder del límite generalmente observado en lasaguas de que se trate, ni habrá de ser exorbitante encomparación con las normas seguidas por los demásEstados, en especial aquellos cuyas costas sean adyacen-tes a las aguas de que se trate.

En relación con el mar territorial, el Estado tiene nosólo ciertos derechos, sino también ciertas obligaciones.En consecuencia, el Gobierno de Dinamarca recomiendaque en ese artículo se disponga que el Estado no podráfijar la anchura de su mar territorial en menos de tresmillas marinas.

En cuanto al problema de resolver los conflictos quesurjan entre los Estados sobre las cuestiones pertenecien-tes a la materia que se está considerando, el Gobierno deDinamarca opina que en las circunstancias actuales esdudoso que una conferencia diplomática como la pro-puesta por la Comisión constituya un medio adecuado.Parece preferible, como solución mínima y provisional,crear un órgano arbitral imparcial e independiente, comose había previsto anteriormente, que podría entender enlos casos en que un Estado, alegando que sus intereseslo requieren, pretendiese ensanchar su mar territorial,y otro u otros Estados se opusieran a tal medida califi-cándola de incompatible con sus intereses.

Artículos 5 y 7

Una norma especial para las bahías, basada en cálculosgeométricos, y que establezca de un modo general lascondiciones que deben concurrir para trazar una línea debase a través de la boca de una inflexión de la costa,difícilmente constituirá una solución satisfactoria apli-cable a todos los casos, por tratarse de condiciones geo-gráficas muy diferentes. Al calcular las cuerdas de lasbahías es también necesario tener en cuenta factores decarácter económico y de defensa. Quizás bastaría con la

norma del artículo 5, suprimiendo de la tercera línea delpárrafo 1 la palabra " profundas " que califica a " aber-turas ".

La penúltima frase del párrafo 1 del artículo 5 pareceindicar de un modo tácito que las zonas de mar com-prendidas dentro de las líneas de base son siempre " aguasinteriores ". Esto no es una consecuencia necesaria delempleo de la línea de base como punto de partida parafijar el límite exterior del mar territorial. No hay nadaque impida trazar líneas de base entre las islas y el con-tinente, en la boca de los estrechos, sin que ello signifiqueque la parte de estrecho que queda detrás de esa líneade base haya de ser considerada como aguas territoriales.Aunque la delimitación entre el mar territorial interno yexterno siga normalmente las líneas de base utilizadaspara fijar el límite exterior del mar territorial, en ciertoscasos puede ser conveniente desviarse de esta norma.Los Estados han de tener la posibilidad de fijar única-mente el límite exterior del mar territorial, sin indicarla delimitación entre éste y las aguas interiores.

Atendiendo al deseo, manifestado en el comentario dela Comisión al artículo 7, de que se facilite informaciónacerca de las bahías bordeadas por dos Estados distintos,se indicará que, por lo que respecta a Dinamarca, lacuestión se resolvió, con Suecia, mediante la declaraciónconjunta de 30 de enero de 1932, y con Alemania,mediante la delimitación de fronteras efectuada por unacomisión internacional que actuó de conformidad con lodispuesto en el artículo 111 del Tratado de Versalles. Enambos casos, se adoptó como frontera la línea media, ysólo se hicieron excepciones a ese principio cuando lojustificaban los intereses de la navegación y de la pescade los Estados interesados.

Artículo 10

En su comentario al artículo 10, la Comisión deDerecho Internacional menciona la cuestión de formularuna norma especial para los grupos de islas. El Gobiernode Dinamarca estima que no es necesario porque en elprincipio que informa el artículo 5 está implícita la posi-bilidad de trazar líneas de base rectas entre las islas deun grupo. Quizás convendría modificar el artículo 5 paradisipar toda duda. No sería lógico establecer una dis-tinción entre las islas situadas frente a una costa y lasque forman un grupo independiente. Además, tal dis-tinción sería difícil de mantener desde el punto de vistageográfico, porque una isla puede ser tan extensa quesea el caso de equipararla a un continente a los efectosde aplicar dicho principio.

Artículo 12

En cuanto a los estrechos cuyas costas pertenecen aun solo Estado, ha de ser admisible, según el principiogeneral del artículo 5, trazar líneas de base rectas entrepuntos situados a ambos lados del estrecho, cerca de susentradas. Teniendo en cuenta las observaciones formu-ladas a los artículos 5 y 7, el trazado de esas líneas debase no tendría que afectar el derecho normal de librepaso a través del estrecho.

Artículos 18 y 25

El párrafo 4 del artículo 18 y el párrafo 2 del artí-culo 25 se refieren al derecho de paso inocente por los


estrechos internacionales, en parte para los buques engeneral y en parte para los buques de guerra. El Gobiernode Dinamarca cree que sería muy conveniente que esasdisposiciones puntualizaran de un modo preciso que elderecho de paso por un estrecho internacional no implicaun permiso de navegar con otro propósito que no sea eldel paso, y sólo por la ruta normal de navegación. Sepodría lograr esto, por ejemplo, añadiendo la frase " porla parte del estrecho normalmente utilizada para . . . " .

El Gobierno de Dinamarca está de acuerdo con el prin-cipio de derecho internacional de que, en tiempos de paz,los buques de guerra tienen el derecho de paso inocentea través de los estrechos internacionales. Pero estima queeste principio no impide que el Estado interesado adopte,en ciertas zonas, medidas razonables para proteger suseguridad, siempre que estas medidas no supongan laprohibición ni la suspensión del derecho de paso inocente(véase el párrafo 4 del artículo 18 del proyecto de Artí-culos). El requisito de la notificación previa, por ejemplo,podría figurar entre dichas medidas razonables y, porello, el Gobierno de Dinamarca cree que la Comisión haido demasiado lejos al indicar en sus observaciones alpárrafo 2 del artículo 25 que

" en los estrechos utilizados normalmente en la nave-gación internacional para poner en comunicación dospartes de la alta mar, el derecho de paso no podráestar subordinado a una autorización o a una noti-ficación previas."El Gobierno de Dinamarca estima que no se coarta el

derecho de paso inocente cuando, por razones especiales,por ejemplo, razones de seguridad, se supedita el paso,no a una autorización, sino simplemente a una noti-ficación previa por la vía diplomática. »

Aparte de esas observaciones a determinados artículosdel proyecto, el Gobierno de Dinamarca desea aprovecharla oportunidad de señalar que el informe de la Comisiónde Derecho Internacional no alude en absoluto a un pro-blema de particular interés para Dinamarca, a saber, elde la medida en que el Estado ribereño tiene derecho aejercer su jurisdicción como resultado del deber de tomardisposiciones para la seguridad de la navegación.

Como las aguas que rodean las costas danesas sonrelativamente poco profundas hasta una gran distancia,y hay en ellas muchos bajíos y arrecifes que constituyenun peligro para la navegación, el Gobierno de Dinamarcaha tomado sobre sí la responsabilidad de marcar lasvías navegables mediante buques faros, boyas y señalesanálogas, haste mucho más allá del mar territorial danés.Ese deber está fundado en parte en una costumbre muyantigua, y en parte en la disposición expresa del artí-culo 2 del Tratado de 14 de marzo de 1857, relativo a lasupresión de los impuestos a la navegación en el Sund,en virtud del cual el Gobierno de Dinamarca queda obli-gado a conservar y mantener " . . . las boyas y farosactualmente instalados que sirvan para facilitar la nave-gación en el Kattegat, el Sund y los Belts " y además " enadelante, como hasta ahora, a examinar seriamente, en elinterés general de la navegación, la utilidad y la con-veniencia de alterar el emplazamiento y la forma deestos.. . boyas y faros, o de aumentar su número, todoello sin gravamen alguno para los buques extranjeros ".

9 Las observaciones del Gobierno de Dinamarca sobre el párrafo2 del artículo 25 fueron transmitidas anteriormente en carta del 13de enero de 1956.

La dirección de faros de Dinamarca y las autoridadescompetentes de los países vecinos han delimitado, decomún acuerdo, las zonas marinas exteriores al marterrirorial de que son respectivamente responsables.

Las autoridades de Dinamarca, para poder llenar estamisión con eficacia y seguridad, han de tener la posi-bilidad de hacer cumplir las normas dictadas por ellas, ydarles carácter obligatorio para todos los que naveguenpor dichas aguas. Como ejemplo de estas normas cabecitar las siguientes:

a) La prohibición de echar al mar escombros, carga,lastre, cenizas o productos análogos en los lugares en queello podría reducir la profundidad de la vía navegablehasta el punto de poner en peligro la navegación.

b) Normas sobre el emplazamiento de estacas pararedes fijas, en especial la prohibición de fijarlas en lasvías navegables en una forma que pongan en peligro lanavegación.

c) La prohibición de situar, sin permiso, señalesmarinas y otras análogas en las vías navegables de modoque puedan obstruir la navegación.

d) La prohibición de destruir o de deteriorar lasseñales marinas o de utilizarlas para amarrar o parasujetar aparejos de pesca.

e) Normas para hacer desaparecer los restos de nau-fragios y para hacerlos inofensivos y, en especial, normassobre el derecho de recuperar los restos de naufragiosabandonados por el propietario, supeditándolo a un per-miso especial de las autoridades danesas. (Sólo con talesnormas se podrá garantizar que el contratista que realicela recuperación actuará con las debidas precauciones paragarantizar la seguridad de la navegación y, en especial,se preocupará de que quede una profundidad de aguasuficiente sobre todos los restos que deje en el lugar).

Desde el punto de vista del derecho internacional nohay nada que impide que los nacionales de Dinamarcasigan estas reglas fuera del mar territorial. Pero es evi-dente que las reglas perderían mucha eficacia si seaceptara que no puede exigirse su cumplimiento a losextranjeros. La experiencia ha demostrado, especialmentedesde 1945, la necesidad de normas relativas a la recu-peración de los restos de naufragio realizada por contra-tistas extranjeros en las partes de la alta mar en las queDinamarca tiene la obligación de marcar con boyas lasvías navegables.

En consecuencia, el Gobierno de Dinamarca desearíaque se formulara sucintamente una norma de derechointernacional que prescribiera que los Estados que, envirtud de una costumbre o de un acuerdo internacional,han asumido la obligación de marcar con boyas las víasnavegables situadas fuera de su mar territorial, y deadoptar medidas análogas para garantizar la seguridadde la navegación, tendrán el derecho de dictar todas lasnormas, aplicables también a los extranjeros que naveguenpor dichas aguas, necesarias para evitar todo peligro a lanavegación y de ejercer la jurisdicción necesaria sobrelos extranjeros para hacerlas cumplir.

Para terminar, el Gobierno de Dinamarca quiere adver-tir que se reserva el derecho de volver a tratar con másdetalles de los problemas a que se refiere este documento.En este momento, las autoridades de Dinamarca estánestudiando algunas cuestiones relativas al proyecto deartículo 22 relativo al régimen de alta mar.


9. Estados Unidos de América

Documento A/Œ.4/99/Add.l


1 2 DE MARZO DE 1 9 5 6 POR LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS

UNIDOS EN LAS NACIONES UNIDAS

1 [Texto original en inglés]

Tengo el honor de referirme a la nota númeroLEG 292/9/01, del Asesor Jurídico de fecha 24 de agostode 1955, relativa al informe de la Comisión de DerechoInternacional sobre los trabajos de su séptimo períodode sesiones, del 2 de mayo al 8 de julio de 1955.

El capítulo II del informe contiene artículos provi-sionales referentes al régimen de alta mar y el capítulo IIIun proyecto de artículos referentes al régimen del marterritorial. La Comisión ha pedido que se formulen obser-vaciones sobre estos proyectos.

1. ARTÍCULOS PROVISIONALES REFERENTES AL REGIMEN DE

ALTA MAR

El artículo 1 define la alta mar y el artículo 2 pro-clama el principio de la libertad de la alta mar. A conti-nuación, el proyecto contiene tres capítulos: capítulo I -Navegación; capítulo II - Pesca; capítulo III - Cables ytuberías submarinos.

Artículos 1 y 2

El Gobierno de los Estados Unidos está de acuerdocon la definición de la alta mar formulada en el artículo 1y con el principio de la libertad de la alta mar proclamadoen el artículo 2.

Capítulo I. Navegación

El Gobierno de los Estados Unidos estima que los artí-culos de este capítulo constituyen, en su conjunto, unaexposición acertada de los principios aplicables a losproblemas de la navegación.

Capítulo II. Pesca

Respecto de los artículos de este capítulo, el Gobiernode los Estados Unidos formula las siguientes obser-vaciones :

Artículo 26

El primer párrafo de este artículo podría conducir aque un Estado cuyos nacionales se dediquen sólo ocasio-nalmente a la pesca podrá obligar a otro Estado, cuyosnacionales exploten habitualmente la misma pesquería,a entablar negociaciones para elaborar un programa deconservación; si fracasaran esas negociaciones, seacudiría a un procedimiento arbitral. Para evitar abusos,el Gobierno de los Estados Unidos propone que se insertela palabra " habitualmente " después de la palabra " dedi-can ", en el párrafo 1.

Por otra parte, amparándose en este párrafo, un Estadopodría solicitar de otro que se entablaran negociaciones,aun cuando sus nacionales no se dedicasen a la pesca, enel mismo banco. El Gobierno de los Estados Unidos estimaque el derecho de un Estado a pedir esas negociaciones,y a promover, en su caso, el procedimiento arbitral pre-visto en el párrafo siguiente, debería limitarse a los casosen que los nacionales de dichos Estados se dedicasen a la

pesca en el mismo banco. Por consiguiente, se proponeque las palabras " se dedican a la pesca en una zona dela alta mar" se sustituyan por estas otras: "se dedicanhabitualmente a la pesca en el mismo banco o bancos encualquier zona o zonas de la alta mar ", y que las palabras" conservación de los recursos vivos del mar " sereemplacen por estas otras : " conservación de dicho bancoo bancos de pesca ".

En el párrafo 2 no se indican claramente los poderesque tendrá el organismo arbitral para tomar decisionesen virtud del artículo 26. Por ejemplo, no se precisa elpapel del organismo arbitral respecto de las propuestasque en materia de conservación pueda haber sido presen-tado por uno o varios de los Estados en conflicto. Tam-poco se indica si el organismo arbitral estará facultadopara proponer medidas de conservación.

El Gobierno de los Estados Unidos estima que lospoderes del organismo arbitral se han de limitar alexamen de las propuestas de conservación de las partesen conflicto, y que el organismo arbitral no ha de estarautorizado a formular propuestas para la conservación nia modificar las formuladas por las partes.

Además, parece conveniente que se establezcan algunoscriterios que sirvan de guía al organismo arbitral cuandohaya de tomar decisiones en virtud de este artículo.

El Gobierno de los Estados Unidos estima que el pro-cedimiento de arbitraje a que se refiere el segundopárrafo del artículo 26 se ha de basar en criterios espe-cíficamente formulados en ese artículo. Esos criteriosdeberían ser los siguientes:

" Si esos Estados no pudiesen llegar a un acuerdodentro de un plazo prudencial sobre la necesidad de laconservación o sobre la conveniencia de las medidasde conservación propuestas por uno de ellos, cual-quiera de las partes podrá acudir al procedimientoindicado en el artículo 31, en cuyo caso la comisiónarbitral determinará, según la naturaleza del conflicto:

" a) Si es necesario adoptar medidas de conser-vación para mantener la productividad máxima delbanco o de los bancos de pesca;

" 6) Si la medida o las medidas especiales pro-puestas son adecuadas y, si lo son, cuáles son prefe-ribles, teniendo en cuenta, en particular:

" i ) Los beneficios que se espera produzcan elbanco o los bancos de pesca si se mantiene o si aumentasu productividad;

" ii) El costo de su aplicación y de su vigilancia;" iii) Su eficacia y su aplicabilidad relativas." c) Si las medidas propuestas tienen un carácter

discriminatorio contra los pescadores de cualquiera delos Estados interesados.

" Las medidas sometidas a la comisión arbitral envirtud del inciso b) del párrafo 2 del presente artículono serán sancionadas por ella si tienen carácter dis-criminatorio contra los pescadores de cualquiera de losEstados interesados."

Artículo 27

Las observaciones del Gobierno de los Estados Unidosacerca del párrafo 1 del artículo 26, referentes a la asimi-lación de la pesca en bancos pesqueros a la pesca en zonasde la alta mar, se aplican igualmente al párrafo 1 delartículo 27.


Del mismo modo, la observación sobre el párrafo 2 delartículo 26 de que los poderes del organismo arbitraldeberían limitarse y de que deberían establecerse criteriosespeciales, se aplica también al párrafo 2 del artículo 27.Los criterios propuestos para el artículo 26 deberíanfigurar en el artículo 27.

Además, el Gobierno de los Estados Unidos estima quela aplicación del artículo 27 debe supeditarse a una con-dición importante, el principio de abstención. Este prin-cipio se expone en detalle a continuación.

Artículo 28

El Gobierno de los Estados Unidos considera que losintereses especiales del Estado ribereño cuyos nacionalesno se dedican a la pesca en la alta mar contigua a suscostas, se clasifican en dos grupos.

En primer lugar, el Estado ribereño tiene interés enque se mantenga la productividad de los recursos vivosde la alta mar contigua a sus costas, puesto que susnacionales pueden participar, en el porvenir, en la explo-tación de esos recursos. Ese interés podría protegersemediante garantías de que se lleva a cabo un programade conservación adecuado.

En segundo lugar, el Estado ribereño tiene interés enque se apliquen medidas de conservación en la zona dela alta mar contigua a sus aguas territoriales, siempreque dichas medidas especiales afecten directa o indirecta-mente a los recursos vivos de su mar territorial. Además,en muchos casos, un banco de pesca situado en la altamar contigua se extiende hasta las aguas territoriales.Por estos motivos, el Estado ribereño cuyos nacionales nose dedican a la pesca puede tener interés en que se apliqueel programa de conservación antes mencionado. Los in-tereses expuestos en este párrafo pueden quedar prote-gidos otorgando al Estado ribereño, cuando demuestre enello un interés razonable, el derecho de participar plena-mente en el programa de conservación.

Artículo 30

El Gobierno de los Estados Unidos ve bien que esteartículo tiene por objeto salvaguardar los intereses delos Estados cuyos nacionales no se dedican a la pescapero cuentan con los productos de las pesquerías o deseanpoder participar, en el porvenir, en la explotación de esosrecursos. Su interés consiste, en particular, en el manteni-miento de la productividad de los recursos y puede prote-gerse dándoles la seguridad de que tendrá la posibilidadde exigir que los Estados cuyos nacionales se dedican ala pesca apliquen convenientemente el programa generalde conservación de los recursos, sin perjuicio de queintervengan medidas concretas de conservación. A esterespecto, deben establecerse criterios especiales que sirvande guía al organismo arbitral y dejar bien sentado queno se podrá ir contra los programas aplicados por losEstados dentro de sus fronteras, que tengan por objeto,nor eiemolo la construcción de 'nresas crue nuedan difi-cultar las migraciones de los peces anadromos.

El Gobierno de los Estados Unidos propone que laspalabras " si en un plazo prudencial no se atiende a supetición, dicho Estado ", en el segundo párrafo del artí-culo 30, se sustituyan por éstas : " si, en un plazo pru-dencial, no se toman medidas satisfactorias respecto dela petición, dicho Estado . . . " . Los Estados Unidos pro-

ponen también que se inserten en este artículo losiguiente :

" En el procedimiento iniciado en virtud del pre-sente artículo, la Comisión arbitral tomará su decisióny hará sus recomendaciones basándose en los siguientescriterios:

" a) Examinará si hay una prueba científica de quees necesario adoptar medidas de conservación paramantener la productividad máxima del banco o de losbancos de pesca de que se trate; y

" fe) Si el programa de conservación de los Estadoscuyos nacionales se dedican a la pesca es eficaz parala conservación.

" Ninguna disposición del presente artículo podráser interpretada de manera que limite de las medidasque un Estado pueda adoptar dentro de sus fronteras."

Artículo 31

En lo que concierne al nombramiento de una comisiónarbitral cuando las partes no hayan llegado a un acuerdo,los Estados Unidos proponen las modificaciones siguien-tes:

En todo caso, la Comisión habrá de estar integrada porsiete miembros que sean competentes en los asuntos jurí-dicos, administrativos y científicos de las pesquerías,según la naturaleza del conflicto.

Tres de esos miembros serán de países ajenos al con-flicto y serán nombrados, a petición de cualquiera delos Estados partes en el conflicto, por el SecretarioGeneral de las Naciones Unidas de la siguiente manera:uno, que actuará como Presidente, será designado por elSecretario General de las Naciones Unidas; otro, por elPresidente de la Corte Internacional de Justicia, y otro,por el Director General de la Organización de las NacionesUnidas para la Agricultura y la Alimentación.

Si sólo son parte en el conflicto dos Estados, cada unode ellos designará dos miembros de la comisión arbitral.Sir por cada una de las partes en conflicto hay más de unEstado, cada parte, prescindiendo del número de Estadosque comprenda, designará dos miembros de la comisiónarbitral. Si las partes no los designan dentro de los tresmeses siguientes a la demanda, el Secretario General delas Naciones Unidas hará los nombramientos.

Esta propuesta permitiría resolver determinadassituaciones; por ejemplo, la que surgiría, en virtud delartículo 26, cuando el conflicto consistiera en una diver-gencia entre tres o más Estados y se creara un problemapor no poderlos fácilmente agrupar en dos partes. Conla propuesta, esto no impediría acudir al procedimientoarbitral. Los Estados Unidos estiman que es indispensableque un Estado cualquiera pueda litigar contradictoria-mente o reconvenir, si es necesario, a cualquiera de losdemás Estados en conflicto.

Artículo 33

Las decisiones de la comisión arbitral se tomarán porsimple mayoría de 4 votos y habrán de fundarse enpruebas escritas u orales presentadas por las Partes o enlos documentos que la comisión haya obtenido de otrasfuentes autorizadas.

Observaciones complementarias

El Gobierno de los Estados Unidos desea señalar a la


atención de la Comisión de Derecho Internacional que enel proyecto de artículos faltan dos disposiciones que, asu juicio, son esenciales. La primera es una definición dela palabra " conservación " aplicada a los recursos vivosdel mar. Como el objetivo principal de estos artículos escodificar unas normas que sirvan de guía a los Estadosen sus relaciones mutuas en cuanto a las conservación dedichos recursos, y como se propone que los Estadosacepten determinadas obligaciones y compromisos conobjeto de establecer sistemas eficaces de conservación, esindispensable que el término esencial " conservación ",sea definido de un modo preciso en el texto de los artí-culos. La Conferencia Técnica Internacional para la Con-servación de los Recursos Vivos del Mar, celebrada enRoma, ha examinado este asunto y ha afirmado en susconclusiones que " el objetivo principal de la conservaciónde los recursos vivos de los mares es conseguir el óptimorendimiento sostenible para asegurar el máximo abasteci-miento de productos marinos comestibles o de otraíndole " y que " al preparar los programas de conser-vación, debe tenerse en cuenta el interés especial delEstado cuyas costas bañan, en mantener la productividadde los recursos de alta mar cercanos a ellas ". Convieneadvertir que la noción de " interés especial ", a la que sehace referencia en estas conclusiones, ha sido precisaday explicada en los artículos propuestos y que, por lotanto, es innecesario definir o aclarar ese término. Elsiguiente proyecto de artículo acabará de completar ladefinición de la conservación de que tratan los artículossobre las pesquerías en alta mar propuestos por la Comi-sión de Derecho Internacional.

" A los efectos de estos artículos, la conservación delos recursos vivos del mar se ha de entender como elmedio de conseguir el mayor rendimiento que seaposible para asegurar el máximo suministro de produc-tos del mar, comestibles o de otra naturaleza."La segunda propuesta se refiere al caso en que un

Estado haya dedicado tiempo, esfuerzos y dinero a in-vestigaciones y a trabajos de organización, e imponiendorestricciones a sus pescadores, haya mantenido y aumen-tado la productividad de los bancos de pesca, que exis-tirían o serían mucho menos productivos, sin esasmedidas. En estas condiciones, cuando los bancos depesca se explotan intensivamente, es decir, cuando seexplotan en forma tal que un aumento en las actividadesde pesca no daría un aumento importante del rendimientosostenible, debería pedirse a los Estados que no parti-cipasen o que no hubiesen participado en los últimosaños en la explotación de esos bancos de pesca, que seabstuviesen de participar en ella, a excepción del Estadoribereño de las aguas en que esté situado el banco.

Esta norma tiene en cuenta el hecho de que en las con-diciones mencionadas, la productividad constante y cre-ciente de los bancos de pesca es el resultado de lasmedidas actuales y anteriores que han tomado los Estadosque participan en la explotación y que la participaciónde nuevos Estados no daría como resultado un aumentode la cantidad de productos útiles. En lugar de aumentarla producción, la participación de nuevos Estados tendríaseguramente como consecuencia el abandono de lasactividades de conservación, ya que no existiría incentivopara mantener programas de conservación costosos yrestrictivos. De hecho, esa participación llevaría pro-bablemente a pensar que si los recursos descendían a unnivel menos productivo ofrecerían menos incentivo para

los Estados lejanos. Reconociendo un " interés especial "a los Estados ribereños, el Estado costero adyacentepodría quedar exceptuado de la aplicación de la regla.Deberían establecerse criterios estrictos y precisos parasaber a qué pesquerías ha de aplicarse esa norma ysometer a arbitraje las cuestiones que se planteasen.Debería tenerse en cuenta lo siguiente: a) si el banco esobjeto de investigaciones científicas de cierta importancia,a fin de determinar y aplicar las medidas necesariaspara obtener el mayor rendimiento sostenible; b) si elbanco se halla reglamentado y fiscalizado, con objeto deconseguir el máximo rendimiento sostenible y si este ren-dimiento depende de esta reglamentación y control; yc) si el banco está explotado de tal manera que no puedalógicamente esperarse que un aumento del volumen dela pesca produzca un aumento importante en el rendi-miento que es posible mantener.

Capítulo III. Cables y tuberías submarinas

Los artículos de este capítulo enuncian principios que,por regla general, ya se aplican en los Estados Unidos.Pero el Gobierno de los Estados Unidos duda de que seanecesario incluir en el proyecto la disposición especialdel artículo 37, que obliga a cualquier Estado a regla-mentar la pesca con redes barrederas. A su juicio seríapreferible que este artículo, en lugar de ser de carácterimperativo, fuese una recomendación y se redactase entérminos generales sin limitarla a la pesca de arrastre.

2. ARTÍCULOS RELATIVOS AL REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

Este proyecto se divide en tres partes: capítulo I - Dis-posiciones generales; capítulo II - Extensión del mar ter-ritorial, y capítulo III - Derecho de paso inocente.

Capítulo I. Disposiciones generales

El Gobierno de los Estados Unidos no tiene ningunaobservación especial que hacer a los artículos de estecapítulo.

Capítulo II. Extensión del mar territorial

El Gobierno de los Estados Unidos formula las obser-vaciones siguientes respecto a los artículos 3, 5 y 7:

Artículo 3

Este artículo se refiere a la anchura del mar territorial.El Gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo conel párrafo 1 de este artículo, si se considera como ladeclaración de un hecho, pero no si se considera comouna proposición de derecho, salvo en cuanto reconoceque el límite tradicional del mar territorial es de tresmillas. Por los motivos indicados en sus observacionesanteriores, el Gobierno de los Estados Unidos estima queno hay ningún fundamento jurídico para reclamar unaanchura del mar territorial superior a tres millas. Comoconsidera que las pretensiones superiores a tres millasno se justifican con arreglo al derecho internacional, estáa fortiori de acuerdo con la declaración del segundopárrafo de que el derecho internacional no autoriza aextender el mar territorial más allá de 12 millas. En con-secuencia, los Estados Unidos aceptan también el preceptodel tercer párrafo de que el derecho internacional noobliga a los Estados a reconocer una anchura del marterritorial superior a tres millas, es decir, que no obligaa reconocer las pretensiones basadas en una determinación


unilateral y no fijadas de común acuerdo. La prácticaseguida por los Estados Unidos ha respondido siemprea esta actitud, como lo demuestran sus protestas oficialescontra las reivindicaciones de gobiernos extranjerosreferentes a un mar territorial superior a tres millas,salvo cuando esas pretensiones tienen una base histórica.

Artículo 5

Este artículo trata de las líneas de base recta. ElGobierno de los Estados Unidos está de acuerdo con elproyecto que había aprobado la Comisión. Estima que,tal como está redactado ahora, es demasiado amplio yno da las garantías que daba el proyecto anterior. Lasupresión del límite de diez millas en la longitud de laslíneas de base y la supresión del requisito de que laslíneas de base no han de distar más de cinco millas dela costa, pueden permitir abusar de un principio quehabría de limitarse a casos extraordinarios, como lo hadicho claramente la Corte Internacional de Justicia en elcaso anglonoruego de las pesquerías.

Además, del proyecto anterior parecía desprenderseque, aparte los motivos históricos, las únicas circunstan-cias que justifican el empleo de líneas de base recta sonla existencia de profundas aberturas o hendiduras en lacosta o la presencia de islas en la inmediata proximidadde ella. Las observaciones anteriores de los EstadosUnidos se aplican perfectamente a esto último.

Aunque al parecer la Comisión, para redactar esteartículo, ha querido inspirarse en el fallo de la CorteInternacional de Justicia para el caso de las pesquerías,el artículo, tal como está redactado ahora, parece ir másallá de este fallo, ya que admite como motivos parautilizar líneas de base recta bien la existencia de pro-fundas aberturas y hendiduras en la costa, o bien la pre-sencia de islas en su inmediata proximidad, o bien laexistencia de intereses económicos especiales, mientras queel fallo pronunciado en el caso de las pesquerías no sebasaba en ninguno de estos factores sino en una com-binación de factores.

En lo que concierne a las extensiones de mar situadasdentro de las líneas de base recta, el artículo 5 disponeque han de estar suficientemente unidas a los dominiosterrestres para estar sometidas al régimen de las aguasinteriores. Esto equivale a decir que esas aguas no podránasimilarse a las aguas interiores a menos que esa asimi-lación esté justificada, lo cual es una norma poco prác-tica que no da ninguna solución.

Los Estados Unidos están de acuerdo con la dispo-sición de que no pueden trazarse líneas de base desde losescollos y bajíos que emergen intermitentemente ni endirección de éstos.

Artículo 7

Este artículo trata de las bahías. El Gobierno de losEstados Unidos no puede admitir la disposición delpárrafo 3 de que la entrada de las bahías que no excedade 25 millas pueda ser cerrada por una línea recta trazadaa través de su boca. La Comisión indica en su comentarioa este párrafo que la longitud de 25 millas se adoptóporque es ligeramente superior al doble del " límite delmar territorial admitido en el párrafo 2 del artículo 3 ".Aunque admitiese que la anchura del mar territorialpuede ser de 12 millas — pero este no es el caso — elGobierno de los Estados Unidos no ve que de ahí se des-

prenda necesariamente que la anchura de una bahía sus-ceptible de ser cerrada por una línea recta ha de ser de25 millas.

A juicio de este Gobierno, debería mantenerse el prin-cipio de las 10 millas, ya que hasta ahora no se hahecho ninguna objeción seria a esta norma.

Capítulo III. Derecho de paso inocente

El Gobierno de los Estados Unidos no tiene obser-vaciones especiales que formular a los artículos de estecapítulo.

10. Filipinas

Documento A/CN.4/99

NOTA VERBAL DE FECHA 20 DE ENERO DE 1956 DE LA

MISIÓN PERMANENTE DE FILIPINAS ANTE LAS

NACIONES UNIDAS


El Representante Permanente de Filipinas en las Nacio-nes Unidas saluda muy atentamente al Secretario Generalde las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a sucomunicación (LEG 292/9/01; LEG 292/8/01), fechadael 24 de agosto de 1955 dirigida al Vicepresidente ySecretario de Estado de Relaciones Exteriores de Filipi-nas, en la que señalaba a su atención el informe de laComisión de Derecho Internacional sobre la labor reali-zada en su séptimo período de sesiones celebrado enGinebra del 2 de mayo al 8 de julio de 1955 e invitabaal Gobierno de Filipinas a que formulara observacionesa los textos que figuran en los capítulos II, y III.

En general, el Gobierno de Filipinas está de acuerdoen los aspectos técnicos y científicos de las disposicionesdel capítulo II (régimen de alta mar), el Anexo al capítuloII y los " Proyectos de artículos relativos al régimen delmar territorial ", en el capítulo III. Sin embargo, formulalas siguientes observaciones con respecto a ciertas dispo-siciones del informe:

[Proyecto de artículos relativos al régimen de alta mar]

1. A la "Definición de la alta mar", Artículo 1.

Como ya se ha manifestado en la nota verbal de estaDelegación fechada el 7 de marzo de 1955, en contestaciónal telegrama LEG 292/9/01 del Secretario General defecha 3 de febrero de 1955:

" Todas las aguas que circundan las diferentes islaspertenecientes al Archipiélago de Filipinas, así comolas situadas entre dichas islas o las que sirven decomunicación entre ellas, son dependencias esencialesde su territorio, forman parte integrante de las aguasnacionales o interiores y están sujetas a la soberaníaexclusiva de Filipinas. Todas las demás zonas acuáticascomprendidas dentro de los límites descritos en el Tratadode París de 10 de diciembre de 1898, en el Tratadoconcertado en Washington, D.C., entre los EstadosUnidos de América y España, el 7 de noviembre de1900; el Acuerdo entre los Estados Unidos de Américay el Reino Unido, del 2 de enero de 1930; y la Con-vención de 6 de julio de 1932 entre los Estados Unidos,de América y Gran Bretaña, cuyas disposiciones estánreproducidas en el artículo 6 de la Ley No. 4003 delCommonwealth y en el artículo 1 de la Constitución de


Filipinas; se consideran aguas territoriales marítimasde Filipinas para los efectos de la protección de susderechos de pesca, la conservación de los recursos pes-queros, la aplicación de sus leyes fiscales y las destina-das a la represión del contrabando, la defensa yseguridad, y la protección de los demás intereses queFilipinas estime esenciales para su bienestar y seguridadnacionales, sin perjuicio de que las naves extranjerasamigas ejerzan el derecho de paso inocente por dichasaguas. Todos los yacimientos naturales o filtracionesde petróleo o de gas natural de los suelos de dominiopúblico o privado situados dentro de las aguas territo-riales o de la plataforma continental o de su equivalenteen un archipiélago, que se internen en el mar desde lascostas de Filipinas y no estén dentro de los territoriosde otros países, pertenecen inalienable e imprescripti-blemente a las Filipinas, sin perjuicio del derecho depaso inocente por dichas aguas de los barcos de Estadosextranjeros amigos."

En vista de estas consideraciones, y en conformidadcon este artículo, el Gobierno de Filipinas supone que nopuede existir alta mar en las aguas incluidas dentro delos límites territoriales de Filipinas fijados por los trata-dos internacionales antes mencionados. En el caso dearchipiélagos o territorios compuestos por muchas islascomo Filipinas, que tiene zonas acuáticas incluidas dentrodel grupo de islas, la continuidad de la jurisdicción delEstado dentro de su propio territorio se vería interrum-pida si ciertas zonas de agua ubicadas entre las islas quecomponen su territorio fueran declaradas o consideradasalta mar.

[Proyecto de artículos relativos al régimen del marterritorial]

2. Al capítulo II (Extensión del mar territorial), artículo3 (Anchura del mar territorial).

El Gobierno de Filipinas considera que la limitaciónde su mar territorial se refiere a las aguas que estándentro de los límites reconocidos por los tratados y porello opina que la anchura del mar territorial puede excederlas 12 millas. Por lo tanto, puede ser necesario hacerexcepciones fundadas en razones históricas, mediante tra-tados y convenios entre los Estados. Parecería además quela norma que fija los límites del mar territorial se hafundado principalmente en el carácter continental de unEstado ribereño. El Gobierno de Filipinas opina quedeberían adoptarse ciertas disposiciones que tomaran encuenta el carácter de archipiélago que tienen algunosEstados, como Filipinas.

11. India

Documento A/CN.4/99

A. OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN NOTA VERBAL DE

FECHA 1 0 DE FEBRERO DE 1 9 5 6 POR LA MLSION PERMANENTE

DE LA INDIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS


Régimen de alta mar

Artículo 2: El Gobierno de la India estima convenienteprecisar que el goce de las libertades enumeradas en esteartículo se ajustará a las normas de Derecho Internacio-nal. Actualmente se admite que la libertad de la alta mar

se encuentra sujeta a ciertas excepciones reconocidas porel Derecho Internacional, entre las que figura el derechode los Estados a tomar las medidas necesarias para defen-der sus costas. La mayoría de estas excepciones han sidoincluidas en artículos siguientes, y no parece qua laComisión de Derecho Internacional haya tenido la inten-ción de introducir modificación alguna importante en elrégimen vigente. Para eliminar toda posibilidad de con-troversia, el Gobierno de la India propone añadir al finaldel artículo la cláusula siguiente:

" El goce de estas libertades estará sujeto a lasdisposiciones de estos artículos y otras normas delDerecho Internacional."

Ya figura una disposición similar a ésta en el inciso 2 delartículo 1 del proyecto relativo al régimen del mar terri-torial.

Artículo 5: Como el Gobierno de la India revisa enestos momentos su legislación en materia de marina mer-cante, quiere reservar por el momento su opinión sobreeste proyecto de artículo.

Artíclo 22: El Gobierno de la India opina que conven-dría enmendar adecuadamente este artículo para autorizarel derecho de perseguir a un barco extranjero también enel caso en que la persecución se inicie en la zona contigua,aunque fuera de las límites del mar territorial. El Go-bierno de la India estima que a menos que se reconozcaeste derecho, la utilidad de las zonas contiguas se verámuy menguada, frustrándose hasta cierto punto el pro-pósito que se tuvo en vista al establecerlas.

Artículos 24 al 30: El Gobierno de la India no tieneninguna observación que hacer respecto del artículo 24.No obstante, considera inaceptables los fundamentos delos artículos provisionales 25 a 30. No protegen los in-tereses legítimos de las Estados ribereños y son particu-larmente injustos con las regiones insuficientemente desa-rrolladas, cuya creciente población depende cada vez máspara su sustento de los recursos de los mares vecinos asus costas, y que hasta ahora no había podio, por razonespolíticas, hacer valer su derecho a organizar su propiaflota pesquera. El Gobierno de la India estima que deberíareconocerse a los Estados ribereños el derecho exclusivo yprioritario de adoptar medidas de conservación para pro-teger los recursos vivos del mar en una faja de extensiónrazonable de la alta mar contigua a sus costas. A menos quese reconozca tal derecho a los Estados ribereños, losEstados con grandes flotas pesqueras podrán entregarsea la explotación ilimitada de los recursos vivos del marcontiguo a las costas de otro Estado, con gran perjuiciopara éste y su población. El Gobierno de la India estimainconveniente conferir a un Estado el derecho de adoptarmedidas de conservación o establecer zonas de conserva-ción en regiones vecinas a la costa de otro, únicamenteporque los nacionales del primero se han dedicado enotro tiempo a pescar en dichas zonas. El derecho y eldeber de conservar los recursos vivos debería correspon-der primordialmente a los Estados ribereños con respectoa las zonas vecinas a sus costas. El Gobierno de la Indiano disputa el derecho de otros Estados a pescar en la altamar vecina a la costa de otro, pero si el Estado ribereñoha adoptado medidas de conservación, los otros Estadosdeberán entablar negociaciones con aquél para concertaracuerdos apropiados a este respecto. El Gobierno de laIndia estima que el ejercicio de tal derecho por parte delos Estados ribereños servirá los intereses generales de


le comunidad internacional y no lesionará en modo algunola libertad de pesca bona fide de que disfrutan todos losEstados. El Gobierno de la India atribuye gran impor-tancia a estos artículos y desea que sean examinadosnuevamente teniendo en cuenta los comentarios preceden-tes.

El Gobierno de la India propone que se introduzcan enestos artículos las enmiendas siguientes:

Artículo 25: Añádanse las palabras "contigua a suscostas " en la segunda línea, entre las palabras " altamar " y " donde ".

Artículo 26: Añádanse las palabras " situada a más de100 millas de las costas de un Estado ", después de " altamar " en la segunda línea.

Artículo 28: Resultará innecesario si se aceptan lasenmiendas al artículo 25.

Artículo 29: Debería suprimirse la condición limita-tiva del inciso 1 y reemplazarse con la siguiente:

" Siempre que cualquier Estado cuyos nacionales sedediquen o puedan dedicarse a la pesca en dichas zonastenga la posibilidad de pedir al Estado ribereño queentable negociaciones en relación con esas medidas."En el párrafo 2, inciso a) : Suprimir la palabra " cientí-

ficas"; inciso b): reemplazarlo por el siguiente: "Quelas medidas adoptadas sean razonables " ; inciso c) : añá-danse al final las palabras " en su calidad de tales ".

Artículo 30: Puede suprimirse.Artículos 31 a 33: El Gobierno de la India prefiere

reservar sus observaciones acerca de estos artículos hastaque se adopte una decisión definitiva en materia de pro-cedimiento arbitral.

Anexo al proyecto de artículos sobre el régimen de altamar: El Gobierno de la India formula al respecto lasmismas observaciones que ha presentado a los artículos24 a 33.

Régimen del mar territorial

Artículo 1: El Gobierno de la India propone que seintroduzca la salvedad siguiente al final del párrafo 2:

" Sin embargo, estos artículos en nada afectan losderechos y obligaciones de los Estados que tengan suorigen en alguna costumbre o circunstancia especial, oen las disposiciones de un tratado o convenio."Artículo 3: El Gobierno de la India no puede aceptar

el inciso 3 de este artículo porque contradice las disposi-ciones del párrafo 2 y les quita todo sentido. El Gobiernode la India propone suprimir el párrafo 3 y dar al párrafo2 la redacción siguiente:

" La anchura máxima del mar territorial puede fijarseen 12 millas y hasta ese límite cada país, sea cual fuerela configuración geográfica de su costa, podrá indicarlibremente el límite que se aplicará en la práctica."Artículo 5: El Gobierno de la India propone que se

reemplace en el párrafo 1 la palabra " región " por lapalabra " zona ".

Artículo 7: Las observaciones acerca de este artículose transmitirán ulteriormente por cablegrama.

Artículos 8, 9 y 13: Las observaciones relativas a estosartículos se transmitirán ulteriormente por cablegrama.

Artículo 16: El Gobierno de la India propone que seañada al final del párrafo 1 la cláusula siguiente:

" Salvo en caso de guerra o de emergencia declaradapor el Estado ribereño."Artículo 19: El Gobierno de la India propone que se

añada la cláusula siguiente como inciso a) y que losincisos ya incluidos se designen con las letras b), c), d),e) y / ) , respectivamente.

" a) al transporte de armas, municiones y otromaterial de guerra, y al transporte de cualquier otroartículo o material que directa o indirectamente serelacione con el abastecimiento de una base militar."

Documento A / CN A / 99 / Add.3

NOTA VERBAL DE FECHA 17 DE ABRIL DE 1956 DE LA MISIÓN

PERMANENTE DE LA INDIA EN LAS NACIONES UNIDAS


El Representante Permanente de la India en lasNaciones Unidas saluda muy atentamente al SecretarioGeneral y tiene el honor de referirse a las observacionesdel Gobierno de la India, formuladas en la nota No. 325de fecha 10 de febrero de 1956, sobre el proyecto deartículos referentes al Régimen del Mar Territorial,aprobado provisionalmente por la Comisión de DerechoInternacional.

El Gobierno de la India está dispuesto a aceptar elartículo 13 del Régimen del Mar Territorial a condiciónde que contenga la siguiente disposición:

" Cuando haya un puerto en la desembocadura deun río, o en su estuario, o cerca de la desembocadurao del estuario, el mar territorial se medirá desde loslímites exteriores que indiquen el Gobierno o lasautoridades portuarias con jurisdicción sobre dichopuerto, en interés del pilotaje y para seguridad de lanavegación de entrada y salida del puerto ".El Gobierno de la India no tiene nada que decir acerca

de los Artículos 8 y 9. Comunicará en breve sus obser-vaciones sobre el artículo 7.10

12. Irlanda


CARTA DE FECHA 20 DE ABRIL DE 1956, DEL DEPARTAMENTO

DE ASUNTOS EXTERIORES DE IRLANDA

[Texto original inglés]

Con referencia a su carta del 31 de enero de 1956relativa al informe de la Comisión de Derecho Interna-cional sobre la labor realizada en su séptimo período desesiones, (LEG 292/9/01; LEG 292/8/01) el Ministro deAsuntos Exteriores me encarga le comunique que elGobierno de Irlanda ha leído con todo interés los Artí-culos provisionales referentes al régimen de alta mar ylos Proyectos de artículos sobre el régimen del marterritorial aprobados por la Comisión de Derecho Inter-nacional en el séptimo período de sesiones. El Gobiernode Irlanda considera que el tiempo de que disponen losEstados admitidos en las Naciones Unidas en el décimoperíodo de sesiones de la Asamblea General es insuficiente

10 Por nota verbal de fecha 23 de agosto de 1956, el Represen-tante Permanente de la India ante las Naciones Unidas informó alSecretario General que el Gobierno de la India no tenía observa-ciones que hacer con respecto al artículo 7.


para que puedan estudiar estas importantes cuestiones yformular las observaciones correspondientes. En con-secuencia desea, por el momento, reservar su actitud enrelación con esos artículos y, en particular, respecto delcapítulo II del Proyecto de artículos referentes al régimendel mar territorial.

Sin perjuicio de esta reserva, el Gobierno de Irlandaaprovecha esta oportunidad para indicar lo siguienterespecto al artículo 5 de los artículos provisionales rela-tivos al régimen de alta mar:

El artículo 5 establece que para que el carácter nacionaldel buque sea reconocido por los otros Estados será nece-sario que el buque pertenezca al Estado, o que sea en másde la mitad, propiedad:

1) De nacionales o de personas legalmente domici-liadas, que residan efectivamente en el territorio delEstado ;

2) De una sociedad en comandita, cuyos socios per-sonalmente responsables sean en su mayoría nacionaleso personas legalmente domiciliadas y que residan efectiva-mente en el territorio del Estado;

3) De una sociedad por acciones constituida conarreglo a la legislación del Estado y con domicilio socialen el territorio del mismo.

En virtud de la Ley de la Marina Mercante, de 1955,sólo pueden ser, sin limitación alguna, propietarios de unbuque irlandés o de parte de él, el Gobierno o un Minis-terio, un ciudadano irlandés o una compañía irlandesa.No se hace distinción entre los ciudadanos irlandesesdomiciliados efectivamente en Irlanda y los domiciliadosefectivamente en otros países.

Además, esta Ley dispone que el Gobierno concederáel derecho de propiedad y de inscripción en Irlanda aciudadanos y a compañías de cualquier Estado que per-mita a los ciudadanos y a las compañías irlandeses serpropietarios de un buque abanderado en él o de partedel mismo. Hasta la fecha, el Gobierno sólo ha hecho unasola concesión de esta naturaleza.

13. Islandia


NOTA VERBAL DE FECHA 6 DE ABRIL DE 1956, DEL

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE ISLANDIA


El Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia saludaatentamente a su Excelencia el Secretario General de lasNaciones Unidas, y tiene el honor de referirse a la Notade la Oficina de Asuntos Jurídicos de 24 de agosto de1955 (LEG 292/9 01) que se pedía al Gobierno de Islan-dia que transmitiera sus observaciones acerca del docu-mento que contiene el informe de la Comisión de DerechoInternacional sobre la labor realizada en su séptimoperíodo de sesiones. El Gobierno de Islandia tiene elhonor de formular las observaciones siguientes.

I. Observaciones preliminares

El Gobierno de Islandia ha examinado los Artículosprovisionales referentes al régimen de alta mar y losProyectos de artículos sobre el régimen del mar territorialque figuran en el informe de la Comisión de Derecho

Internacional. Como los dos regímenes están estrecha-mente relacionados, las observaciones siguientes se refe-rirán, cuando sea necesario, a ambos grupos de artículos.

En primer lugar se examinarán las disposiciones fun-damentales (II), y a continuación se comentarán algunasotras disposiciones (III).

II. Disposiciones de importancia fundamental

A. Líneas de base: En opinión del Gobierno deIslandia, la Comisión de Derecho Internacional harealizado un trabajo muy útil al redactar de nuevo losartículos 4 y 5 del proyecto referente al mar territorial.Estos artículos mejoran notablemente los proyectos ante-riores. Sin embargo, el Gobierno de Islandia estimanecesario proponer que se suprima la última frase delpárrafo 1 del Artículo 5. En ella se dispone que no setrazarán líneas de base desde los escollos y bajíos queemergen intermitentemente, ni en dirección de éstos. Enel caso de las pesquerías anglonoruegas, la Corte Inter-nacional de Justicia confirmó la legitimidad de utilizarlos escollos que emergen intermitentemente como puntosde base y en la legislación actual de Islandia esos puntosde base se utilizan con frecuencia.

B. Bahías: El Artículo 7 del proyecto relativo al marterritorial mejora también mucho los proyectos anterioresy la Comisión ha realizado a este respecto una buena laborpor la cual debe ser felicitada. Sobre todo por lo que serefiere al párrafo 5 del artículo 7, sin el cual el proyectosería inaceptable. De todos modos, se propone que elpárrafo 5 se aplique a todos los párrafos anteriores.

C. Anchura del mar territorial: La Comisión deseaconocer las observaciones de los gobiernos antes de redac-tar el texto definitivo del artículo 3 del proyecto referenteal mar territorial. Sin embargo, la Comisión ha enunciadoprovisionalmente algunos postulados básicos.

En el párrafo 1 del artículo 3, la Comisión reconoceque la práctica internacional no es uniforme por lo querespecta a la limitación tradicional del mar territorial atres millas. No hay bastante fundamento para afirmarque la denominada regla de las tres millas es una " limi-tación tradicional ". Como lo reconoce la propia Comi-sión, la práctica no es uniforme en esta materia. Hubierabastado que la Comisión se limitase a afirmar este hecho.

En el párrafo 2 del artículo 3 se indica que la Comisiónconsidera que el derecho internacional no autoriza aextender el mar territorial más allá de doce millas. ElGobierno de Islandia, como se explica a continuación, nocomparte esta opinión.

El párrafo 3 del artículo 3 declara que la Comisiónconsidera que el derecho internacional no obliga a losEstados a reconocer una anchura superior a tres millas.

Las afirmaciones contenidas en el artículo 3 constituyenuna curiosa amalgama y parecen inconciliables. Por unaparte, se da al llamado límite de tres millas una impor-tancia fundamental que, en opinión del Gobierno deIslandia, no está justificada en absoluto. Por otra parte,parece que un límite mayor de doce millas sería conside-rado ilegal, aun cuando fuese reconocido por otrosEstados o se justificase en vista de las circunstanciaslocales. El Gobierno de Islandia no ha podido encontraruna base sólida en estos postulados.

El régimen tradicional del mar está caracterizado poruna especie de compromiso entre la jurisdicción que tiene


el Estado ribereño sobre las aguas adyacentes a su costay la libertad del mar fuera de esas aguas. Desde el puntode vista jurídico, las dos están en el mismo nivel. Seríaun error ver ahí una excepción a un principio. La difi-cultad ha sido siempre y sigue siendo decidir por dóndese ha de trazar una línea de separación.

La práctica seguida por los Estados parece incompatiblecon la aceptación de una norma general que fije conprecisión la extensión del mar territorial. Un grupo deEstados estaría dispuesto a aceptar un convenio generalbasado en el sistema del límite de tres millas. Para poderconcluirlo sería necesario que muchos Estados que seoponen a este límite dejasen de hacerlo. Esto es, desdeluego, inimaginable.

En su fallo del caso de las pesquerías, la Corte, reco-giendo la afirmación del Gobierno del Reino Unido, deque la regla de las diez millas en las bahías debía con-siderarse como una regla de derecho internacional, declarólo siguiente:

" En estas circunstancias, la Corte estima necesarioseñalar que, aunque la regla de las diez millas ha sidoadoptada por algunos Estados tanto en su derechonacional como en sus tratados y convenios, y aunquealgunas decisiones arbitrales la han aplicado entre esosEstados, otros han adoptado un límite distinto. Porconsiguiente, la regla de las diez millas no ha adquiridola autoridad de una norma general de derecho inter-nacional." "

Parece evidente que lo mismo cabe decir respecto de laafirmación de que el límite de tres millas para el marterritorial ha de ser considerado como una norma dederecho internacional.

Como indica el Relator de la Comisión de DerechoInternacional, la práctica de los Estados varía mucho yen los informes del Relator se han propuesto límites quevarían entre tres y doce millas. El informe de la Comisiónde Derecho Internacional indica que se hicieron docepropuestas distintas sobre este punto durante los debatesde la Comisión (A/2693, párrafo 68).

Un sistema uniforme sería posible únicamente si seadoptasen límites muy amplios. Esto no significa quetodos los Estados aceptasen el límite de tres millas. Alcontrario, los Estados partidarios de este límite tendríanque estar dispuestos a aceptar un límite mucho mayor. Deno adoptar esta actitud, la única solución práctica sería,seguramente, aceptar el principio de sistemas regionaleso locales que está de acuerdo con la práctica actual. ElGobierno de Islandia está dispuesto a examinar todaproposición razonable en este sentido.

La cuestión de la anchura del mar territorial estánaturalmente muy relacionada con la de las zonas con-tiguas y no puede tratarse por separado. La jurisdicciónribereña se basa en el reconocimiento de ciertos interesesque los Estados tienen en sus zonas ribereñas. Uno deesos intereses es el ejercicio exclusivo de la jurisdicciónsobre las pesquerías de la zona ribereña. Si se estableceuna zona contigua con este propósito, las necesidades, encuanto al mar territorial, por lo menos en lo que con-cierne a Islandia, no serán las mismas que si no existedicha zona. Los motivos de esta actitud se hallan con-

11 I.C.J. Reports 1951, pág. 131." Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno período

de resiones, Suplemento No. 9, párr. 68.

signados en una declaración anterior del Gobierno deIslandia (documento A/2456, pp. 55 a 61), que se re-produce a continuación:

" 2. El criterio del Gobierno de Islandia respectode la jurisdicción sobre las pesquerías, basado en suexperiencia, puede expresarse en la siguiente forma:

" Los estudios realizados en Islandia han demostradode manera concluyente que el país se halla sobre unzócalo o plataforma continental, cuyos límites corres-ponden a los de la propia costa (véase el mapa pro-visional, pág. 56), y que luego siguen las profundidadesde una verdadera alta mar. Sobre esta plataforma seencuentran bancos de pesca y lugares de desove degran valor, de cuya conservación depende la super-vivencia de la población de Islandia. El país es muyárido y casi todos los productos necesarios deben im-portarse y financiarse con la exportación de los pro-ductos de la pesca. En verdad puede decirse que loslugares de pesca de la costa son condición sine qua nonde supervivencia de la población de Islandia, pues elloshacen habitable el país. El Gobierno de Islandia seconsidera autorizado, más aun, obligado a tomar todaslas medidas necesarias, incluso unilateralmente, paraconservar estos recursos, y así lo está haciendo, comolo prueban los documentos adjuntos. Estima que no eslógico que se pueda impedir a los extranjeros extraerpetróleo de la plataforma continental pero que no seles pueda impedir, con el mismo derecho, que destruyanotros recursos conexos con la misma parte del lechodel mar.

" 3. El Gobierno de Islandia no sostiene que debaaplicarse necesariamente la misma regla en todos lospaíses. Más bien considera que cada caso debe serestudiado separadamente y que el Estado ribereñodebería poder, dentro de una distancia razonable desus costas, fijar las medidas necesarias para la pro-tección de sus pesquerías costeras, teniendo en cuentaconsideraciones de orden económico, geográfico y bio-lógico, así como otras consideraciones pertinentes." 13

Este criterio no se ha modificado.

El Gobierno de Islandia ha tenido la oportunidad deexponer recientemente al Consejo de Europa su parecera este respecto, en un memorándum de septiembre de1954, y en un memorándum complementario de octubrede 1955. En el primero se indicaba que, de 1662 a 1859,los límites de las pesquerías alrededor de Islandia erande 16 millas y que todas las bahías estaban cerradas a lapesca extranjera. En los últimos años del siglo XIX, laaplicación de los límites fijados por el Gobierno de Dina-marca se hizo ineficaz y en 1901 se concertó un acuerdocon el Reino Unido, en el que se incluía la " regla " de10 millas para las bahías y la de 3 millas para los límitesde las pesquerías alrededor de Islandia. Estos límites seaplicaron hasta la extinción del acuerdo, en 1951, y elGobierno de Islandia comunicó oportunamente la extin-ción de dicho acuerdo, cumpliendo sus disposiciones.Durante muchos años se pudo observar que los recursospesqueros disminuían rápidamente a causa de una explo-tación abusiva, y que, si no se tomaban medidas eficaces,la situación económica del país correría graves peligros.

En estos últimos años, el Gobierno de Islandia hatomado medidas para hacer efectiva su jurisdicción sobre

13 Ibid., octavo período de resiones, Suplemento No. 9, anexo II.


las pesquerías de la plataforma continental, de con-formidad con las disposiciones de la Ley de 1948 relativaa la conservación, por medios científicos, de las pes-querías de la plataforma continental. Las medidas tomadashasta la fecha, aunque sólo resuelven parcialmente lasdificultades, han resultado muy útiles y constituyen unaprueba significativa de la importancia enorme que revistela jurisdicción exclusiva sobre las pesquerías, como basede la economía nacional. A este respecto, no hay queolvidar que los pescadores extranjeros no han resultadoperjudicados con ello sino que han resultado beneficiadoscon las medidas adoptadas. Como resultado de ellas, losrecursos pesqueros han aumentado, lo cual ha tenido comoconsecuencia una mayor producción de las pesqueríasen la región de Islandia. Esta cuestión se examina másdetenidamente en el memorándum enviado al Consejo deEuropa, al cual se ha hecho antes referencia.

Los artículos redactados hasta ahora por la Comisiónno establecen una zona contigua para el ejercicio deuna jurisdicción exclusiva sobre las pesquerías. A faltade esas disposiciones, los intereses habrán de ser prote-gidos fijando una amplia zona de mar territorial. Porotra parte, si se establece una zona contigua, habrá quemodificar el artículo 2 del proyecto referente al régimende alta mar.

En el capitulo II del proyecto relativo al régimen dealta mar (artículos 24 a 33) se trata de la conservaciónde los recursos vivos de la alta mar. Aunque esos artículosreconocen los intereses particulares de los Estados ribere-ños, se ve claramente que no atribuyen a los Estadosribereños una jurisdicción exclusiva sobre las pesquerías.Según ellos, las medidas de conservación han de tomarse,de ser posible, mediante acuerdos internacionales.

Si ello no fuese posible, el Estado ribereño deberíapoder adoptar las medidas necesarias, que no deberíanhacer discriminación alguna respecto de los pescadoresextranjeros. Este sistema sería bueno si se aplicase a lazona situada fuera de los límites de la jurisdicción costeraexclusiva sobre las pesquerías, siempre que quedasenconvenientemente protegidos los intereses del Estadoribereño. Dentro de los límites de la jurisdicción costeraexclusiva, el Estado ribereño puede, naturalmente, pro-hibir la pesca a los extranjeros. Este es un hecho incon-testable. Pero la afirmación de que esos límites estánfijados en 3 millas, por ejemplo, carece de fundamento.Lo que se necesita es que el Estado ribereño precisecuales son sus necesidades hasta una distancia razonable.Dicha distancia puede variar considerablemente en losdiferentes países, debido a consideraciones económicas,geográficas, biológicas y a otra clase de consideraciones.Por ejemplo, un país que no tenga intereses especialesen sus pesquerías costeras, puede estimar suficientesunos límites relativamente reducidos, mientras que unpaís como Islandia, cuya economía está basada en laspesquerías costeras, los considerará totalmente inacep-tables. Por otra parte, los países limitados por un marestrecho, como el Mar del Norte, están en una situacióndiferente de la de un país situado lejos de los demás.El Estado ribereño es quien mejor puede analizar ydefinir sus necesidades en esta materia y debe hacerlo(hasta una distancia razonable que no ha de estar necesa-riamente limitada a 12 millas).

Aunque la conservación de los recursos vivos del marmediante acuerdos internacionales que atribuyan los

mismos derechos a los pescadores extranjeros que a lospescadores locales sea conveniente y necesaria más alládel límite de la jurisdicción exclusiva sobre las pesqueríascosteras, dicha jurisdicción no podrá ser sustituida poraquellos acuerdos. Este es el punto esencial del problemay hay que enfocarlo de una manera práctica.

El Gobierno de Islandia no considera, pues, que losartículos relativos a la conservación de los recursos vivosdel mar, aprobados por la Comisión, reduzcan la impor-tancia de la jurisdicción exclusiva sobre las pesqueríascosteras. En otras palabras, los artículos sobre la con-servación serían un complemento de la jurisdiccióncostera exclusiva. Pero no podrían, en modo alguno, sus-tituirla.

III. Otras disposiciones

El artículo 2 del proyecto referente al régimen de altamar proclama la libertad de pesca en alta mar. Como yase ha señalado anteriormente, este texto debería modifi-carse si se estableciera una zona contigua para el ejercicioexclusivo de la jurisdicción sobre las pesquerías.

El artículo 22 del mismo proyecto se refiere al derechode persecución. Se propone que el texto del párrafo 3 semodifique con objeto de que comprenda la identificacióny la persecución por medio de aeroplanos, así como laidentificación desde la costa.

Artículo 24. Las mismas observaciones que para elartículo 2.

14. Israel



2 1 DE MARZO DE 1 9 5 6 , POR LA MISIÓN PERMANENTE DE

ISRAEL EN LAS NACIONES UNIDAS


I

Las siguientes observaciones se presentan en cumpli-miento de lo dispuesto en el Estatuto de la Comisión deDerecho Internacional y respondiendo a la invitación delSecretario General de las Naciones Unidas. Como obser-vación preliminar, el Gobierno de Israel desea hacerconstar su satisfacción por la labor realizada por laComisión de Derecho Internacional, por su Relator Es-pecial, el Profesor J. P. A. François y por la División deDesarrollo y Codificación del Derecho Internacional, dele Secretaría de las Naciones Unidas, en materia de codi-ficación y desarrollo del derecho internacional en la parteque se refiere a la alta mar y al régimen del mar terri-torial. Independientemente de los resultados definitivosque se consigan, es indudable el alto valor científico de losdocumentos elaborados que sirven, y con toda seguridadcontinuarán sirviendo, para orientar y precisar los aspec-tos jurídicos del problema. El Gobierno de Israel deseatambién hacer constar que, a su juicio, los problemasque plantean las dos materias antes mencionadas no sonsólo, ni aun de un modo predominante, de carácter jurí-dico. Los elementos extra jurídicos de estos problemas sehan de estudiar en debida forma y por los órganos com-petentes, con el mismo detalle y la misma intensidad conque la Comisión de Derecho Internacional ha tratadolos aspectos jurídicos.


Formulamos algunas observaciones sobre la estructuraque se ha dado a los informes de la Comisión, con laesperanza de que en el octavo período de sesiones laComisión, su Relator Especial y la Secretaría puedanexaminar el problema, en cierto modo técnico, que semenciona a continuación. No perdemos de vista las difi-cultades administrativas que supone la preparación de losinformes de la Comisión y elogiamos la rápida distribu-ción de las actas resumidas. Pero creemos que las actasresumidas de las sesiones de la Comisión se han de con-siderar como parte integrante de sus informes. En efecto,es imposible tener un conocimiento completo de todas lasnormas expuestas por la Comisión, ya sea en sus artículosprovisionales o en los comentarios, sin una lectura dete-nida de las deliberaciones de la Comisión que precedierona la aprobación definitiva del artículo o del comentariode que se trate. Además, el sistema de citar partes de loscomentarios, que figuran en informes anteriores de laComisión, ha dado lugar a confusiones innecesarias.Creemos que hay que abandonar este sistema. El Gobier-no de Israel estima que sería útil, tanto para la discusióndel proyecto definitivo de la Comisión, que se incluirá enel programa provisional del 11° período de sesiones dela Asamblea General, como para los demás debates a quehaya lugar, que en el informe de la Comisión, o en undocumento anexo preparado por la Secretaría, se expu-siera con todo detalle los precedentes de cada artículoy de sus comentarios, con un resumen cronológico de losdistintos proyectos y de las propuestas hechas en lasdeliberaciones de la Comisión, tanto las aprobadas eincorporadas en los informes de los distintos períodos desesiones, como las que fueron rechazadas. Además, esteestudio sinóptico debería contener también el mayornúmero posible de las actas resumidas y de los docu-mentos del octavo período de sesiones de la Comisión yde todos los períodos de sesiones anteriores en los que sediscutió la misma cuestión. A este respecto, consideramosque el informe tendría más valor científico y político sipudieran figurar en él referencias a los trabajos de laConferencia para la Codificación del Derecho Interna-cional celebrada en La Haya en 1930. Teniendo en cuentaque es casi imposible disponer de muchos de los docu-mentos más antiguos, convendría que los órganos com-petentes facilitaran algo que los sustituyera.

II

En su nota del 24 de enero de 1950 (A/CN.4/19), estadelegación comunicó un estudio preliminar de las leyesvigentes en Israel, en materia de aguas territoriales y derégimen de alta mar. Correspondiendo a una invitaciónposterior del Secretario General, motivada por la prepa-ración de nuevos volúmenes de la Serie Legislativa de lasNaciones Unidas (publicación que este Gobierno apreciamucho) esta delegación transmitió al Secretario General,en una nota de fecha 13 de diciembre de 1955, nuevasinformaciones del mismo carácter sobre ambas cuestiones.Hay que hacer observar en relación con estos documentosque, según se deduce de las fechas en que se promulgóla mayor parte de la legislación a que se hace referenciaen dichas comunicaciones, casi toda es obra de lasautoridades mandatarias y, por tanto, anterior a la in-dependencia de Israel.

Con objeto de evitar, sobre todo, que hubiera unalaguna legislativa y por evidentes razones de conve-niencia, el poder legislativo decidió, en el momento en que

se proclamó la independencia de Israel, volver a poner envigor toda la legislación promulgada en la época delmandato que había estado vigente hasta entonces. Poste-riormente, las medidas legislativas han consistido prin-cipalmente, aunque de una manera absoluta, en modifi-caciones parciales a la legislación restablecida de aquelmodo. Las comunicaciones sobre la legislación vigente,transmitidas en anteriores ocasiones para facilitar la laborde la Comisión de Derecho Internacional se han de con-siderar en consecuencia como una descripción de leyesque, en su mayor parte, no reflejan todavía o no corres-ponden siempre a la política general del país. Esta políticase encuentra todavía en las primeras etapas de su desa-rrollo que es probable durarán todavía algún tiempo. Elsiguiente es un ejemplo típico de esto. En algunas leyes laanchura del mar territorial se ha determinado aplicandoel principio de las tres millas mientras que en otras lassoluciones adoptadas reflejan la política que el ReinoUnido, como potencia mandataria, siguió en esta materia.El criterio del Reino Unido en todas las cuestiones rela-cionadas con el derecho del mar se basa en sus necesi-dades políticas y en sus intereses particulares. Comopuede verse en estas observaciones, el Gobierno de Israelha Hegado en esta materia a conclusiones distintas de lasdel Reino Unido. Por lo que se refiere a acción inter-nacional, el Gobierno ha hecho lo necesario para dar aconocer públicamente, de manera oficial, cuál es su cri-terio a este respecto. Aún no ha sido posible renovar todala legislación nacional para que corresponda del todo aesta actitud internacional. Por esta razón, la legislaciónde Israel, casi toda " herencia " de los anteriores legisla-dores, no puede considerarse en ningún caso y en ningúnsentido como un reflejo de las concepciones del gobiernoo de la legislación ni como una prueba de la prácticaseguida por Israel.

Las dos actividades internacionales más importantesllevadas a cabo por el Gobierno de Israel, en relación conlas cuestiones de que se trata, se refieren a la plataformacontinental (zonas submarinas) y a la anchura del marterritorial. En una nota verbal de la delegación perma-nente de Israel ante las Naciones Unidas, de fecha 17 demarzo de 1952 (A/2456, pág. 61), el Gobierno formulósu opinión sobre una de las primeras normas contenidasen los artículos relativos a la plataforma continental ela-borados por la Comisión de Derecho Internacional. Pos-teriormente en una Declaración de fecha 3 de agosto de1952, el Gobierno decidió extender su jurisdicción sobrelas zonas submarinas (plataforma continental) contiguasa las costas de Israel.

El siguiente texto es una traducción de la declaraciónoficial de esta política publicada en el Yalkut Haprsumim,Núm. 244, el 11 de agosto de 1952, pág. 989.

" DECLARACIÓN

" Considerando que investigaciones científicas re-cientes indican la existencia de riquezas minerales yotros recursos naturales en las zonas submarinas con-tiguas a las costas de Israel;

" Considerando que conviene adoptar las medidasnecesarias para conservar estos recursos, para quepuedan ser objeto de nuevas investigaciones, y parautilizarlos y desarrollarlos;

" Considerando que otros Estados han adoptado las


medidas necesarias para ejercer su jurisdicción en laszonas submarinas adyacentes a sus costas:

" El Gobierno de Israel declara y anuncia pública-mente que:

" 1 ) El territorio del Estado de Israel comprendeel lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinascontiguas a las costas de Israel incluso si están situadasmás allá de las aguas territoriales hasta el grado enque la profundidad de las aguas que cubren estas zonaspermita explotar sus recursos naturales.

" 2 ) La disposición del párrafo 1 no afecta alcarácter de alta mar de las aguas que cubren las zonassubmarinas antes citadas, situadas fuera de las aguasterritoriales de Israel.12 Av del 5712 (3 de agosto de 1952)

" Por orden del Gobierno" Hannah EVEN-TOV

" Secretario Adjunto del Gobierno "

Poco tiempo después el Knesset votó varias medidaslegislativas que convertían esta política en ley nacional.A continuación damos una traducción de esta ley u.

No. 21. LEYES SOBRE LAS ZONAS SUBMARINAS, 5713-1953

1. a) El territorio del Estado de Israel comprende ellecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas con-tiguas a las costas de Israel pero situadas fuera de susaguas territoriales, en la extensión en que la profundidadde las aguas que cubren estas zonas permita explotar losrecursos naturales situados en ellas.

b) La disposición del inciso a) no afecta el carácterde las aguas que cubren dichas zonas submarinas,situadas fuera de las aguas territoriales de Israel, que seconsiderarán como alta mar.

Por lo que se refiere a la anchura del mar territorial,el Gobierno, después de examinar detenidamente todos loselementos de la cuestión, decidió aumentar razonable-mente los límites del mar territorial en una extensiónsuperior a las tres millas tradicionales. En algunos casoseste límite se fijó en seis millas a partir de la faja debajamar. La formulación oficial de estos principios figuraen una nota publicada en el Yalkut Hapirsumin, No. 442,el 22 de septiembre de 1955, página 1, cuyo tenor es elsiguiente:

" DECISION DEL GOBIERNO DEL 24 Elul 5715(11 de septiembre de 1955)

" Nota sobre la frontera marítima del Estado de Israel

" La frontera marítima del Estado de Israel estásituada a una distancia de seis millas marinas de lacosta, medidas a partir de la faja de bajamar; la partedel mar comprendida entre la faja de bajamar, y lafrontera marítima, tal como se determina anterior-mente, junto con el espacio aéreo situado encima deellas, constituyen la zona marítima de Israel."

14 Promulgada por el Knesset el 25 Shevat 5713 (20 de febrerode 1953) y publicada en el Sefer ha-Kukkim, No. 120, el 5 Adar,(20 de febrero de 1953) pág. 53; la ley y una nota explicativa sepublicaron en el Hatza'ot Hok, No. 133, del 20 Av 5712 (11 deagosto de 1952 (pág. 332. La traducción inglesa figura en Lawsof the State of Israel. Vol. 7, 5713—1952/3, traducción autorizadadel hebreo, pág. 41.

El Gobierno consideró conveniente comunicar oficial-mente esta declaración (y no porque estimara que teníaen sentido estricto la obligación de hacerlo así, pues eldocumento se había publicado en el " corpus " de losdocumentos oficiales de Israel, que se publican normal-mente en el Yalkut Hapersumim — Boletín Oficial — ypuede por lo tanto ser conocido de los gobiernos) a todoslos países con los que Israel mantiene relaciones diplo-máticas e igualmente, con fines de información, al Secre-tario General de las Naciones Unidas y a los demás orga-nismos especializados que pudieran estar interesados enesta cuestión.

IIIExceptuando el artículo relativo a los estrechos, el

Gobierno de Israel no tiene por el momento ningunaobservación que formular a los artículos provisionales.Pero antes de examinarlos detenidamente conviene for-mular algunas observaciones sobre ciertos problemas decarácter general que son de transcendental importancia.

El primero se refiere a la anchura del mar territorial,de que se ocupa el artículo 3 del Proyecto de artículosprovisionales relativos al régimen del mar territorial. Encierto modo, este es el punto fundamental del que depen-den todas las propuestas de la Comisión — tanto las quese refieren a la alta mar, como las referentes al marterritorial — pero el Gobierno de Israel estima que elproblema no se reduce a una simple cuestión de técnicajurídica. Es sabido que existen ciertas tensiones inter-nacionales producidas por importantes conflictos de inte-reses en los que el concepto del mar territorial juega unpapel importante. El Gobierno de Israel considera quelos trabajos de la Conferencia Técnica Internacional parale Conservación de los Recursos Vivos del Mar, celebradaen Roma en abril de 1955, no permiten abrigar grandesesperanzas de que se puedan formular, sobre una basetécnica y científica, principios de validez universal sobrelos que pueda construirse un régimen jurídico satisfactorio.Al releer hoy día la literatura clásica de estas cuestiones,y teniendo sobre todo en cuenta los estudios del Sr. Wynd-ham Walker en el British Year Book of International Law,vol. 22 (1945) pág. 210 y del Sr. H. S. K. Kent en elAmerican Journal of International Law, vol. 48 (1954)pág. 537, se llega a la conclusión de que el principio, quese considera a veces tradicional, de las tres millas y larigidez con que se aplica tienen su origen en una com-binación de circunstancias fortuitas cuya importanciaactual es casi nula.

No se acepta hoy día unánimemente que sea posibleaplicar este principio tradicional a otras partes del mundoque se hallan en condiciones totalmente distintas de lasque existían cuando constituyó la solución de una con-troversia clásica planteada en el período en que se for-maba el derecho internacional moderno. Dejando a unlado las necesidades particulares de cada Estado, es unhecho significativo puesto de relieve por los dos autorescitados, que en la zona mediterránea, por ejemplo, elprincipio de las tres millas no es tradicional, y basta leerlos informes presentados a la Comisión por el RelatorEspecial para convencerse de esta verdad. En su primerinforme sobre el régimen del mar territorial (A/CN.4/53)señalaba que los siguientes países mediterráneos hanfijado la anchura del mar territorial en más de tres millas :Egipto, Italia, Portugal, España, Turquía y Yugoeslavia.En el segundo informe (A/CN.4/61) indicaba que los


siguientes países habían fijado la anchura de su marterritorial en tres millas: Egipto, Grecia, Italia, Líbano(al parecer), Portugal, España, Siria (al parecer), Tur-quía y Yugoeslavia. De los países que poseen costasmediterráneas solamente dos mantienen el sistema de lastres miUas: Francia, con Argelia y Túnez, e Israel (sólodurante el régimen de mandato). Análogamente unexamen de la práctica seguida por algunos Estados delcontinente asiático revela que no se aplica unánimementeel principio de las tres millas. El sistema denominado delCommonwealth, basado en las tres millas, lo aplican losmiembros del Commonwealth, Ceilán, India y Pakistán.Se indicaban también en el informe como países quemantienen la anchura de tres millas o menos: China (sinprecisar qué China), Indochina, Indonesia y Japón. Delos restantes países, Irán y Arabia Saudita mantienen laanchura de seis millas.

En el informe sobre su séptimo período de sesiones,la Comisión de Derecho Internacional propuso que seconsiderara que el Derecho Internacional no obliga a losEstados a reconocer una anchura superior a tres millas,pero pidió, no obstante, que los Gobiernos formularanobservaciones a esta propuesta15. Teniendo en cuentalas graves tensiones políticas antes mencionadas y eldébil fundamento del denominado principio tradicionalde las tres millas, el Gobierno de Israel estima que laposición adoptada por la Comisión de Derecho Inter-nacional, que revela el artículo 3 del proyecto de artículosreferentes al régimen del mar territorial, puede ser criti-cada. Además, parece que existe una contradicción fun-damental entre los párrafos 2 y 3 de dicho artículo. LaComisión reconoce que la práctica internacional no esuniforme, por lo que respecta a la limitación tradicionaldel mar territorial a tres millas, considerando esta decla-ración como el reconocimiento de un hecho indiscutible.El sentido de esta afirmación de la Comisión depende endefinitiva del sentido que se atribuya a la palabra" hecho ". Está suficientemente probado que no se tratade un hecho con una serie de consecuencias jurídicas, sinomás bien lo contrario, o sea que es la consecuencia deotro hecho; es decir, que el derecho internacional no dis-pone que la anchura aceptada para el mar territorial seatres millas y sólo de tres millas. Así lo reconoce aunquecon cierta vacilación, el párrafo 2 del artículo 3, y si elartículo 3 (con algunos cambios de redacción), sólotuviera los párrafos 1 y 2 podría constituir una base satis-factoria para un principio de aplicación universal. Peroel párrafo 3 contradice los párrafos anteriores y permiteque se agraven las controversias existentes y surjan nuevasdiscusiones a este respecto. O bien el derecho señala unmáximo absoluto para la anchura del mar territorial, ono lo señala. En el primer caso la Comisión ha de decidirloy señalar en qué forma propone que se estudie la situaciónactual, pues muchos Estados observan distintos criteriosa este respecto. Si el derecho internacional no señala unlímite absoluto (y esta es la opinión del Gobierno deIsrael) la Comisión tendría que formular unos principiosde derecho internacional que permitan al derecho cumplirsu función reguladora de los asuntos internacionales. Alproponer, en el párrafo 2, un máximo de 12 millas, con-siderando al mismo tiempo que los Estados no estánobligados a reconocer una anchura superior a tres millas,

15 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9, pág. 16.

la Comisión deja sin solución el problema fundamental,es decir, ¿ cuál es la posición de un Estado que ejerce elderecho reconocido por la Comisión de extender su marterritorial hasta un límite de 12 millas frente a unEstado que ejerciendo otro de los derechos sancionadospor este artículo no reconoce una anchura mayor de tresmillas ? ¿ Cuál será el régimen jurídico del mare nulliuscuya anchura puede llegar a ser de nueve millas, y queestará por los menos a tres millas de la costa, y cómopueden resolverse problemas de esta índole ? Si laComisión desea seguir basando sus trabajos en el informesobre su séptimo período de sesiones, es necesario resolverestos problemas.

El Gobierno de Israel no cree que el derecho interna-cional carezca de principios rectores para proponer unasolución al conflicto de intereses que surge entre elEstado ribereño y la comunidad internacional, y que esconsecuencia del concepto de libertad de navegación. Enrealidad, la situación de tensión que se produce raramentetiene relación con el concepto de libertad de navegaciónen sí. Es fruto de antagonismos concretos de carácteresencialmente económico y sociológico originados por elejercicio del derecho de libertad de navegación. El fallode la Corte internacional de Justicia en el caso de laspesquerías anglonoruegas se interpreta en el sentido deque el derecho ha de tener en cuenta estos factores. Estecaso demostró que el derecho debe aplicar un criteriogeneral de justicia y la Corte señaló que para determinaren un caso concreto la noción de lo justo se han de teneren cuenta todas las circunstancias, considerando el valorde cada una, y entre ellas los elementos geográficos y elmedio ambiente. Se reconoce pues que un Estado puedetener razones para fijar el límite de su mar territorial enmás de 3 millas o en una extensión superior a la fijadade un modo arbitrario. Esta manera de enfocar el pro-blema permitiría dar un gran paso en materia de codifi-cación y desarrollo progresivo del derecho internacional,en vez de estudiar la cuestión de un modo mecánico, ylleva a la conclusión de que el proyecto ha de tratardetenidamente de la solución o de los conflictos. Esposible resolver esto en las " cláusulas finales " delproyecto si se le da la forma de una convención.

Por último, a juicio de este Gobierno, es dudoso queen un proyecto de artículos destinado a tener aplicaciónuniversal, se pueda entrar en detalles como el de lasmillas que ha de tener el mar territorial. Sería ir dema-siado lejos declarar categóricamente que a este respectoexisten costumbres que se aplican en una región geo-gráfica bien delimitada. No obstante, de la lectura de losinformes del Profesor François y de los trabajos de laConferencia Técnica Internacional antes citada se des-prende que sería más conveniente estudiar este problemadesde un punto de vista regional que desde un punto devista general. Un análisis más detallado de las prácticasseguidas por los Estados independientes en las principalesregiones marítimas y de las circunstancias que las moti-varon puede proporcionar un factor de unidad que faltaactualmente. En este caso, la función de la Comisión con-sistiría en determinar cuálas son los principios rectorespara impedir o resolver los conflictos producidos entrelos Estados de una región y los de otra.

IV

Las misma importancia tiene, a juicio del Gobierno de


Israel, la cuestión de los estrechos. Las tensiones políticasprovocadas por los problemas de la navegación en losestrechos son un aspecto bien conocido de la historiadiplomática, y el hecho de que la navegación por algunosde los principales estrechos de importancia internacional,no todos, naturalmente, esté regulado por convenios inter-nacionales, prueba la importancia práctica de esta cuestión.

El Gobierno de Israel estima que la Comisión deDerecho Internacional no ha tratado este problema deuna manera acertada. Las disposiciones referentes a élestán distribuidas en varios artículos. Por ejemplo, elartículo 12, que en parte remite al artículo 14, trata dela delimitación del mar territorial en los estrechos. Elpárrafo 4 del artículo 18 dispone — de acuerdo con elfallo dictado por la Corte Internacional de Justicia en elcaso del Canal de Corfú — que el paso inocente de buquesextranjeros no puede ser suspendido en los estrechos que,para los fines de la navegación internacional, ponen encomunicación dos partes de la alta mar. El párrafo 2 delartículo 25 trata del paso de buques de guerra por losestrechos. La colocación que se ha dado a estos preceptosen el proyecto de artículos referentes al mar territorialpuede dificultar su interpretación.

En términos generales, por lo que se refiere al derechosustantivo, las propuestas de la Comisión en esta materiaparecen acertadas (con algunos cambios de redacción),pero únicamente si se consideran independientemente delcontexto, pues, según la colocación actual de los textos,el principio de libertad de navegación por los estrechospuede interpretarse como atentado a la soberanía delEstado o Estados ribereños. No obstante, la manera justade enfocar esta cuestión es considerar el principio delibertad de navegación como predominante, y el ejerciciode los derechos de soberanía, incluidos los que la Comi-sión denomina derechos de protección, como una excep-ción al derecho y al interés superiores de la comunidadinternacional. En otras palabras, cuando para arribar aun puerto — ya sea a un puerto existente o que un Estadopueda construir en el porvenir — sea necesario pasar porun estrecho (en el sentido geográfico de este término) esindiferente si el estrecho está o no situado en las aguasdel mar territorial de uno o varios Estados ribereños, nitampoco tiene importancia la naturaleza jurídica (golfo,bahía, alta mar) de las aguas en que está situado dichopuerto. En esos casos, el derecho de paso de los buques decualquier nación, independientemente de su cargamento,no es ni puede ser objeto de ninguna restricción, y elEstado o Estados ribereños no tienen ningún derecho, sino existe un convenio especial, para impedir, dificultaro suspender el libre paso de esos buques. El mismo prin-cipio es aplicable a los buques de guerra. El párrafo 4del artículo 18 del proyecto de la Comisión reconoceexpresamente este principio.

Por estas razones, sería necesario que todas las dis-posiciones referentes a los estrechos estuvieran incluidasen un capítulo especial, que no debería formar parte delproyecto de artículos referentes al mar territorial, sinode los artículos provisionales relativos al régimen de altamar. Los intereses de la comunidad internacional han depredominar en absoluto sobre los de los Estados ribereñoscuyas aguas territoriales son atravesadas para arribar aun puerto determinado. A este respecto, el paso por losestrechos que tengan este carácter, ha de estar asimiladoa la navegación en alta mar. Este reajuste del texto elimi-

naría también las dudas acerca de la existencia del derechode libre navegación aérea sobre todas las aguas asimi-ladas a la alta mar.

V

El Gobierno de Israel formula las siguientes obser-vaciones a los artículos provisionales referente al régimende alta mar.

Artículo 1En toda codificación, es necesario incluir definiciones.

Pero la falta de precisión en las definiciones puede serperjudicial. Por lo tanto, conviene pues evitar las defini-ciones, salvo cuando son absolutamente necesarias. Elartículo 1, al tratar de definir la " alta mar " refiriéndosea otros conceptos — " mar territorial " y " aguas inte-riores " — que no están definidos, no tiene la precisiónnecesaria. La referencia a las " aguas interiores ", sepresta particularmente a confusión, a causa de la imposi-bilidad física, en la forma en que la Comisión enfoca elproblema, de que la alta mar esté en contacto con lasaguas interiores, por interponerse siempre entre ellas elmar territorial. El fin inmediato del artículo 1 del Proyectode artículos referentes al régimen del mar territorial esprecisar la condición jurídica del mar territorial pero sindefinirlo. Siendo esto así, cabe preguntar qué objeto tienehacer mención a las aguas interiores en un artículo quetrata de definir la alta mar. Si el objeto del artículo 1 esdefinir las zonas de agua salada en las que son aplicableslos artículos relativos al régimen de alta mar sin fijarsu extensión, sería preferible reducir los elementos nece-sarios para definir la alta mar a uno, en vez de dos, conel fin de evitar toda imprecisión, inherente a las frasesambiguas. También podría conseguirse este resultadosuprimiendo el artículo 1 y añadiendo un nuevo párrafode introducción al artículo 2, que precisara que, a losefectos de esos artículos, todas las partes del mar que noestén comprendidas en el mar territorial se considerarán" alta mar " ; estando la alta mar abierta, etc. (y lo quesigue del artículo 2). Véase además el comentario alartículo 1 del Proyecto de artículos referentes al régimendel mar territorial.

Artículo 2En los artículos provisionales no se tratan de igual

manera las cuatro libertades que constituyen la libertadde la alta mar. En otras partes del proyecto se trata dela libertad de navegación, de la libertad de pesca, y de lalibertad de colocar cables y tuberías submarinos y novuelve a hacer mención de la libertad de volar sobre laalta mar, cuestión que, al parecer, la Comisión estima queha de formar parte de los principios de la navegaciónaérea.

El Gobierno de Israel tiene en cuenta las dificultadesque han motivado que la Comisión no examine con detallelos principios de la navegación aérea en un documentoreferente al derecho del mar. No obstante, como la Comi-sión estima que la libertad de volar sobre la alta mar esconsecuencia directa del principio de la libertad del mar,lo lógico hubiera sido hacer referencia a esta cuestión,por ejemplo, en el artículo 3. Probablemente, convienehacer una distinción entre los principios de la navegaciónaérea que, en gran medida, están comprendidos en elConvenio de Aviación Civil Internacional de 7 dediciembre de 1944 (y en varios documentos anexos) yel derecho internacional general que rige la libertad de


volar sobre la alta mar. Es evidente que el primer aspeetode la cuestión sería mejor tratado por la Organización dela Aviación Civil Internacional, lo cual no impide que laComisión señale los principios generales del derechointernacional relativos a dicha libertad de vuelo, ya queestima que, en cuanto a la alta mar, la libertad de volarsobre ella es consecuencia directa del principio de lalibertad del mar.

El hecho de que no se hable más de la libertad de volarsobre la alta mar, puede hacer suponer que este derechoes de distinto carácter que los demás derechos y liber-tades, interpretación que sería completamente errónea,porque el derecho de navegación aérea existe, sin excep-ción, dondequiera que haya libertad de navegación marí-tima.

Conviene observar que mientras el artículo 2 utilizael término " libertad " y otros artículos, entre ellos el 3y el 24, emplean la palabra " derecho ", ninguna de estaspalabras aparece en el epígrafe del capítulo III de losArtículos provisionales y no se da ninguna explicaciónde esta diversidad de terminología.

Artículo 4

Por lo que se refiere a la decisión de la Comisión deque conviene estudiar más, a su debido tiempo, la cues-tión de si las Naciones Unidas, y posiblemente otrasorganizaciones internacionales, han de tener el derechode colocar buques bajo sus banderas exclusivamente, elGobierno de Israel considera que es este un asunto detanta importancia que la Comisión ha de llegar a con-clusiones más precisas antes de presentar a la AsambleaGeneral un proyecto definitivo. En ese estudio deberíatratarse también del derecho de las Naciones Unidas yposiblemente de otras organizaciones internacionales dehacer volar aeronaves exclusivamente con sus colores,cuestión que se ha planteado más de una vez con motivode las actividades de los organismos de las NacionesUnidas que actúan en el Cercano Oriente.

El problema general podría simplificarse si se hicierauna distinción entre las consecuencias jurídicas del con-cepto de la nacionalidad del buque, y en particular, laaplicación total de la legislación •— tanto civil comopenal — del Estado cuya bandera enarbola el buque, alas personas que se encuentren a bordo de él y a todoslos hechos que se produzcan en él (exceptuando sólo elcaso en que compitan varias jurisdicciones reconocidaspor el derecho internacional general o particular), y eluso, con fines internacionales, de las señales e insigniasque tienen por objeto asegurar ciertas medidas de pro-tección o ciertos privilegios que, si no fuese por ellos, elbuque no podría reclamar. Parece que es ésta la con-cepción en que se inspira el sistema que se sigue paraindentificar los buques hospitales y otros buques ampa-rados por las convenciones de Ginebra de 1949, sobreprotección a las víctimas de guerra, y convendría enfocardel mismo modo el problema antes citado para darle unasolución satisfactoria. Así, el grado de protección que sedaría a los buques que enarbolasen la bandera de lasNaciones Unidas dependería de que el buque reunieselas condiciones en virtud de las cuales se reconociese elderecho a enarbolar dicha bandera. Puede consultarse aeste respecto el párrafo 38 de la nota de esta delegación,de 24 de enero de 1950 (A/CN.4/19, página 89).

Artículo 5

Conviene emplear con cuidado expresiones como" sociedad en comandita " o " sociedad por acciones ",pues pueden tener un sentido demasiado preciso en lasdiversas legislaciones. Por lo que se refiere a Israel, lassociedades cooperativas están asimiladas a las demáspersonas jurídicas mencionadas en este artículo. El Go-bierno de Israel propone que los incisos b) y e) delpárrafo 2 se reúnan en uno solo, aplicable a todas laspersonas jurídicas.

Artículo 6

La dificultad de apreciar el alcance de este artículo sedebe a que la Comisión no ha creído conveniente exami-nar el problema de los derechos y obligaciones de losEstados en caso de cambio de abanderamiento. Aunqueson evidentes las razones por las cuales la Comisión haconsiderado que esta cuestión plantearía problemas bas-tante complicados, convendría volver a examinar esteartículo. La asimilación de los buques que navegan bajodos banderas a buques sin nacionalidad, es una conclusióndemasiado trascendental y el Gobierno de Israel reservasu actitud hasta nuevo examen.

Artículo 10

Israel no ha ratificado aún la Convención Internacionalpara la unificación de ciertas normas sobre la compe-tencia penal en materia de abordaje y otros incidentes dela navegación, firmada en Bruselas el 10 de mayo de 1952.Reserva sus observaciones al artículo 10 del proyecto dela Comisión hasta que haya sido estudiado por los órganosnacionales competentes. No obstante, duda de que lasolución adoptada por la Comisión concuerde perfecta-mente con la de la Convención de Bruselas. Según el artí-culo 1 de esta Convención, la acción penal o disciplinariacontra las personas responsables de un abordaje o deotro incidente de la navegación sólo podrá ejercerse antelas autoridades judiciales o administrativas del Estadocuya bandera enarbolaba el buque en el momento delabordaje o del incidente de la navegación. El artículo 10del proyecto, en cambio, da también al Estado del quedichas personas son nacionales, el derecho de tomarmedidas penales o disciplinarias. Si, como afirma laComisión en su comentario, esta disposición tiene porobjeto permitir que los Estados puedan tomar medidaspenales o disciplinarias contra sus nacionales para reti-rarles los certificados que les habían sido concedidos,entonces, en estos casos, el Estado ha de basar su accióndisciplinaria (pero no penal) en la condena pronunciadapor los tribunales del Estado cuya bandera enarbolaba elbuque, que son los únicos competentes en material penal.Si el párrafo 1 estuviera redactado en este sentido, podríaañadirse, como segundo párrafo, el siguiente:

" No obstante, el Estado del que dichas personas sonnacionales podrá tomar medidas disciplinarias conobjeto de retirarles los certificados que les habían sidoconcedidos."

Artículos 12-20

Estos artículos, que se refieren a la policía de la altamar, se reúnen formando un capítulo. Convendría incluirtambién en él, el artículo 21 porque se refiere a lasupresión de la trata de esclavos y a la represión de lapiratería.

Regimen de alta mar y regimen del mar territorial 61

El Gobierno de Israel hace notar que la última frasedel artículo 12 habla concretamente de un buque de guerray de un buque mercante. No obstante, el artículo 8menciona otras clases de " buques pertenecientes a unEstado ". Como la Comisión ha extendido la disposicióndel artículo XXVIII del Acta General de Bruselas del2 de julio de 1890, a los buques mercantes, sería justoque la extendiera también a los demás buques pertene-cientes a un Estado.

Artículos 24-38

El Gobierno de Israel reserva su actitud respecto detodos los artículos que tratan de la pesca, fuera del artí-culo 2, hasta que haya examinado detenidamente lostrabajos de la Conferencia Técnica Internacional cele-brada en Roma en abril de 1955.

Es igualmente necesario examinar de nuevo cuidadosa-mente el artículo 7 del Anexo, relativo al arbitraje. Elsistema de arbitraje propuesto por la Comisión pareceuna renuncia al papel que el derecho internacional ha dedesempeñar en la solución de esta clase de conflictos.Puede dificultar mucho la solución de los conflictos, puespermite que se introduzca un elemento político demasiadoimportante en la constitución y probablemente en elfuncionamiento de la comisión arbitral.

La función esencial del arbitraje es facilitar un proce-dimiento para la solución cuasi judicial de los litigios decarácter internacional en los que, no siempre pero ordi-nariamente, es necesario un alto grado de conocimientostécnicos y especializados por parte de los miembros deltribunal. Teniendo esto en cuenta, tribunal arbitral (areserva de lo que decidan las partes) se distingue de untribunal judicial propiamente dicho en que sus decisionespueden tener en cuenta los factores extra jurídicos delcaso lo mismo que sus elementos jurídicos, mientras queun tribunal judicial sólo puede decidir aplicando el derechointernacional. Como la Asamblea General ha pedido a laComisión que vuelva a examinar el provecto de procedi-miento arbitral, este Gobierno propone que se tengan encuenta las dificultades con que tropezó la Comisión alredactar los artículos 7 a 9 del anexo a los Artículosprovisionales referentes al régimen de alta mar y que seaplace hasta entonces la redacción definitiva de los artí-culos 7 a 9.

VI

El Gobierno de Israel formula las siguientes observa-ciones al Proyecto de artículos referentes al régimen delmar territorial:

Artículos 1 y 2

Teniendo en cuenta las observaciones formuladas alartículo 1 de los artículos provisionales referentes alrégimen de alta mar, se plantea la cuestión de si con-vendría reunir los artículos 1 y 2 del Proyecto de artículosrelativos al régimen del mar territorial y el artículo 1 delos Artículos provisionales relativos al régimen de altamar para formar un capítulo que sirviera de introduccióna ambas reglamentaciones que, aunque tratan de cuestionesjurídicamente distintas, tienen un elemento de unidad: elmar. Desde este punto de vista, los artículos referentes ala alta mar tratan de la parte del mar — la mayor — en laaue no puede eiercerse una soberanía, mientras que losreferentes al régimen del mar territorial tratan exclusiva-

mente de la parte de mar sometida a la soberanía delEstado ribereño.

Es evidente que el derecho internacional, y sólo elderecho internacional, define las condiciones en que puedeejercerse la soberanía sobre la parte del mar sujeta aella. El párrafo 2 del artículo 1 no ha de estar redactadode manera que pueda interpretarse en el sentido de queestos artículos son algo distinto de los demás principiosde derecho internacional.

La importancia de esta cuestión aparece principalmenteen el artículo 2, teniendo en cuenta el debate efectuado enla 295a sesión de la Comisión. Es necesario precisar ladiferencia que existe entre la soberanía y su ejercicio,cuestiones tratadas separadamente en los dos párrafos delartículo 1, e igualmente las consecuencias que se des-prenden de extender el concepto de soberanía, o su ejer-cicio, al espacio aéreo situado sobre el mar territorial.Existe probablemente una contradicción entre el artículo 2del Proyecto de artículos referentes al régimen del marterritorial y el reconocimiento que hace el artículo 2 de losArtículos provisionales relativos al régimen de alta mar,de que la libertad de volar sobre alta mar es consecuenciainmediata del principio de la libertad del mar. Como seha mencionado anteriormente, el derecho de navegaciónaérea ( en opinión de la Comisión) deriva del principiode la libertad de navegación y, como la Comisión reconoceen varios artículos del proyecto, la libertad de navegacióno el derecho de libre navegación no sólo depende de silas aguas pertenecen a la alta mar, sino que también puedeejercerse plenamente en otras aguas que físicamente for-men parte del mar territorial.

De un examen detenido de los dos grupos de artículosse desprende además, que el concepto formulado en losartículos 1 y 2 del Proyecto de artículos referentes alrégimen del mar territorial no es un postulado del quepuedan deducirse los demás principios, sino que es unaconsecuencia de las demás normas formuladas. Si sedetallara más la cuestión de la competencia y de la juris-dicción en el mar territorial, incluidos los estrechos, lasdisposiciones de los artículos 1 y 2 serían quizá superfluasen el conjunto de los artículos referentes al régimen delmar territorial, sin que quiera decir que puedan formarun capítulo general que sirva de introducción a los dosgrupos de artículos.

Artículo 3

Por las razones ya expuestas el Gobierno de Israel noconsidera aceptable este artículo.

Artículo 7

El Gobierno de Israel estima que el proyecto de artí-culos presentaría una laguna en una cuestión fundamentalsi la Comisión no examinara los problemas de las bahías,cuyas costas pertenecen a más de un Estado.

Por lo que respecta al artículo 7 se plantean las siguien-tes cuestiones:

1. ¿ Se considera que la definición del párrafo 1 seaplica también a los golfos ?

2. Teniendo en cuenta el párrafo 3 y el comentario dela Comisión, ¿ se considera que la definición del artículo 7se refiere únicamente a bahías que tienen un solo Estadoribereño y, en este caso, se considera que la existencia deun solo Estado ribereño es un elemento esencial en ladefinición de una bahía ? ¿ Qué ocurrirá, entonces, con


las bahías en las que falta este elemento ?3. Si el propósito general del artículo 7 es fijar la

manera de determinar la diferencia que existe entre el marterritorial y las aguas interiores, respecto de las bahías,¿ qué fin práctico tienen las palabras del párrafo 7 : " Alos efectos de estos artículos "? El proyecto de artículosno trata del régimen de las aguas interiores. Si se inter-preta bien el fallo de la Corte Internacional de Justiciaen el caso de las pesquerías 16 se llega a la conclusión deque es posible que las aguas interiores puedan constituiruna ruta de navegación y aunque la existencia de estaruta de las aguas interiores no afecta su carácter de aguasinteriores, se plantea la cuestión de si el derecho inter-nacional se ha de ocupar de ellas.

4. ¿ Cuál es la diferencia desde el punto de vista jurí-dico (y no geográfico) entre la línea de base recta de quetrata el artículo 5 y la línea que cierra las entradas deuna bahía, mencionada en el artículo 7 ?

Estas cuestiones se plantean a causa de la dificultadcon que se tropieza para apreciar la eficacia práctica delas disposiciones del artículo 7 consideradas independien-temente de las del artículo 5. Sin embargo, si su eficaciapráctica reside en el hecho de que, contrariamente alartículo 5, el artículo 7 contiene ciertas restricciones, enprimer lugar respecto de la extensión de agua de unahendidura comparada con su boca (una extensión grande,o mayor, que el semicírculo trazado a la entrada de dichahendidura) y, en segundo lugar, respecto de la distanciaque se fije desde la entrada, ese objetivo podrá ser alcan-zado mediante una fórmula que especifique que las aguasinteriores de un Estado comprenden las aguas de unahendidura de su costa bien determinada si la parte demar situada dentro de dicha hendidura es tan grande omayor que un semicírculo cuyo diámetro no excede demillas contadas a partir de la faja de bajamar, y trazadoentre los puntos de entrada de la hendidura.

Los párrafos 2, 4 y 5 quedarían tal como están redac-tados, pero se suprimiría el párrafo 3.

Se considera que el diámatro de 25 millas, que es lacifra mencionada por la Comisión en el párrafo 3, esexcesivo y constituiría una limitación demasiado grandede la parte del mar en la que un Estado no puede ejercersu soberanía. Parece más justo fijar dicha extensión enun máximo de 10 a 12 millas.

Artículo 12

Por las razones antes expuestas, el Gobierno de Israelestima que, prescindiendo de su carácter de mar terri-torial, los estrechos, entendidos en el sentido geográficode esta palabra, es decir, como un único acceso a unpuerto perteneciente a otro Estado, no pueden someterseen ningún caso al régimen del mar territorial.

Artículos 16-19

Es posible que el título del artículo 16 — significado delderecho de paso inocente — no sea muy adecuado. Elartículo, en su conjunto, no trata especialmente de lalibertad de tránsito y de la libertad de comunicación enla forma en que están enunciadas claramente en la Con-vención de Barcelona de 20 de abril de 1921. El párrafo 3del artículo 16, puesto en relación con el artículo 18,está redactado en términos tan amplios que hace com-

16 I.C.J. Reports 1951, párr. 132.

pletamente ineficaz el reconocimiento del derecho enun-ciado en el párrafo 1. Es necesario precisar el significadode la frase " actos perjudiciales para la seguridad delEstado ribereño " al formular una norma que constituyeuna importante excepción al derecho de paso inocente.Ante todo debe explicarse que esta excepción a la normageneral no es aplicable cuando el paso constituye elúnico acceso a un puerto determinado.

Ninguna de las disposiciones del capítulo III insiste enque lo que determina el carácter inocente de paso es laconducta del buque y no otras circunstancias.

No se comprende por qué en el párrafo 4 del artí-culo 18, la Comisión se separó de las palabras empleadaspor la Corte Internacional de Justicia en el fallo del litigiosobre el Canal de Corfú, añadiendo la palabra " normal-mente " que deforma completamente la declaración clarí-sima de la Corte hasta hacerla inidentificable. Además lapalabra " suspender " es demasiado amplia para indicarlo que puede realizar el Estado ribereño, especialmenteporque el párrafo 3 insiste en que tiene un carácter tem-poral. Conviene hacer notar que el artículo 17 emplea lafrase " no ha de poner dificultades " y el artículo 25 laspalabras " no puede poner ninguna clase de obstáculos ".Convendría probablemente emplear en los tres casos esastres expresiones, precisando que no tienen un alcancepermanente ni discriminatorio.

En cuanto al inciso c) del artículo 19, que se refierea la conservación de los recursos vivos del mar, elGobierno de Israel estima que los buques extranjerosdeberán cumplir las leyes y reglamentos siempre queestén de acuerdo, no sólo con el derecho internacionalgeneral, sino con el derecho internacional vigente entreel Estado cuya bandera enarbola el buque y el Estadoribereño. Dejando a salvo los preceptos del derechovigente entre ellos, conviene precisar que las obligacionesdel buque extranjero derivadas del artículo 19 (ademásde las mencionadas en el inciso d) ) dependen también deque las leyes y reglamentos se apliquen igualmente a losbuques del estado ribereño y a todos los buques extran-jeros, sin ninguna distinción.

Artículo 21

Sin oponerse al carácter general de este artículo, elGobierno de Israel opina que puede ser motivo de unainterpretación equivocada, ya que no hace mención delderecho de las autoridades del Estado ribereño de adoptarlas medidas necesarias para evitar el tráfico ilícito deestupefacientes en tránsito, cuestión que está, natural-mente, regulada por un número considerable de conveniosinternacionales.

Artículo 22Sería preferible enumerar los títulos de crédito marí-

timos que pueden justificar la detención de un buque envez de referirse a la Convención de Bruselas sobre elembargo precautorio de buques en el mar. Convieneobservar que el párrafo 2 del artículo 22 menciona única-mente los créditos marítimos que justifiquen la detenciónde un buque, pero no indica el lugar en que puede efec-tuarse dicha detención. El párrafo 1 del artículo 21soluciona un problema análogo al tratar de la " detenciónde personas . . ." que se encuentren " a bordo de un buqueque pase por el mar territorial ". No queda claro si ladetención de que trata el párrafo 2 del artículo 22 puedellevarse a cabo del mismo modo.


Conviene observar, además, que el párrafo 3 de esteartículo es el único que hace referencia al demandante.Convendría volver a estudiar cuidadosamente este párrafo.Además, como la legislación de Israel no permite ladetención de otro buque perteneciente a la persona queen el momento en que se originó el crédito marítimo erapropietaria del buque detenido, como propone la Comisión,el Gobierno de Israel reserva su actitud a este respecto.

Por último, como los órganos competentes del Estadono se han pronunciado todavía sobre la ratificación deesta Convención, este Gobierno reserva su actitud encuanto a las disposiciones del párrafo 4. La ley actual-mente vigente en Israel (Ley sobre la Marina Mercantedel Reino Unido, 1894, sección 688) estipula facultadesalgo más amplias para embargar o detener un buqueextranjero con el propósito de adoptar las medidas pro-cesales que se mencionan en el párrafo 4.

VII

Teniendo en cuenta que, en virtud de las decisiones dela Asamblea General, especialmente la resolución 899(IX) del 14 de diciembre de 1954, los artículos provi-sionales referentes al régimen de alta mar y el proyectode artículos referentes al régimen del mar territorial seránincluidos en el programa provisional del 11° período desesiones de la Asamblea General, el Gobierno de Israelconsidera que sería conveniente que la Comisión, envirtud del inciso /') del artículo 16 y del artículo 22 de suEstatuto, indicara en las recomendaciones que formule ala Asamblea qué procedimiento ha de adoptar en losucesivo la Comisión para terminar acertadamente lalabor que con tanto éxito ha llevado a cabo hasta lafecha. En el párrafo 3 de la nota verbal del 17 de marzode 1952 se indica que habrá de discutirse, ya sea en laAsamblea General ya sea en una conferencia diplomáticaespecialmente convocada a este efecto, toda la labor dela Comisión sobre las dos cuestiones: alta mar y marterritorial. El Gobierno de Israel, después de haber estu-diado la labor realizada desde 1952, sigue pronunciándoseen favor de este procedimiento. Considera, no obstante,aue es necesario un eran trabaio preparatorio para poderllevar a cabo con éxito el estudio cabal de ambas cues-tiones Es evidente aue la oüinión de la Comisión será deinestimable ayuda!

15. ItaliaDocumento A/CN.4/99/Add.8

OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN UNA CARTA DE FECHA1 4 DE JUNIO DE 1 9 5 6 POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS

EXTERIORES DE ITALIA

[Texto original en francés}

I. OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS PROVISIONALESREFERENTES AL REGIMEN DE ALTA MAR, APROBADOS PORLA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL EN SU QUINTOPERIODO DE SESIONES (1953) 17

1. Plataforma continentalArtículo 2

Por lo que se refiere al artículo 2, estimamos que losderechos de soberanía del Estado ribereño sobre la plata-forma continental deberían limitarse a los recursos mine-

ros. La expresión " recursos naturales " empleada en esteartículo es demasiado amplia si se considera que se hahecho una excepción al principio de la libertad de la altamar y si se tiene en cuenta, además, que esta norma, talcomo ha sido redactada, está en contradicción con elprincipio de la libertad de pesca enunciado claramenteen el párrafo 2 del artículo 2 de los Artículos provisionalesreferentes al régimen de alta mar de 1955.

Por otra parte, hay que recordar que el nuevo conceptode la plataforma continental tiene su origen en los proble-mas planteados en relación con el derecho de exploracióny de explotación de los recursos mineros.

Teniendo en cuenta las exigencias actuales de la mayorparte de los Estados, tampoco parece que pueda ampliarseeste concepto de forma que comprenda todos los recursosnaturales.

Como es lógico, esta observación se refiere también atodos los demás artículos en que figura la expresión" recursos naturales ".

2. Zona contigua

El artículo referente a la zona contigua no es aceptablesegún está redactado actualmente, sobre todo si se tieneen cuenta que no corresponde a las exigencias tendientesa evitar el contrabando.

Recordamos que Italia tiene un mar territorial de seismillas de anchura, pero que la zona de vigilancia aduanerase extiende hasta doce millas a partir de la costa. En estaúltima zona, Italia ejerce actualmente una jurisdicciónplena respecto de la legislación aduanera.

Teniendo en cuenta la posición geográfica del país y laconfiguración de sus costas, si se conceden menos facul-tades al Estado ribereño en la zona contigua, como dis-pone el proyecto, serán ineficaces las medidas de preven-ción y de represión del contrabando.

Italia podría aceptar el proyecto de artículo referentea la zona contigua si se suprimieran las palabras : " en suterritorio o en su mar territorial ", de manera que eltexto quedase redactado así:

" En la alta mar contigua a su mar territorial, elEstado ribereño podrá adoptar las medidas de fiscali-zación necesarias para evitar y reprimir las infraccionesde sus leyes de policía, aduaneras, fiscales o sanitarias,o de su legislación en materia de inmigración. Esasmedidas de fiscalización no podrán aplicarse a unadistancia mayor de 12 millas a contar de la línea debase desde la que se mide la anchura del mar territo-rial."

II. OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS PROVISIONALES

REFERENTES AL REGIMEN DE ALTA MAR Y SOBRE LOS

ARTÍCULOS PROVISIONALES REFERENTES AL REGIMEN DEL

MAR TERRITORIAL, APROBADOS POR LA COMISIÓN DE

DERECHO INTERNACIONAL EN SU SÉPTIMO PERIODO DE

SESIONES (1955)

A. Régimen de alta mar

1. Derecho de enarbolar bandera

17 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9, cap. III.

Artículo 5

Por lo que se refiere al artículo 5, para evitar todaduda en su interpretación, convendría añadir a las pala-bras " que pertenezca al Estado " las palabras " o a orga-nismos públicos ".


Además, conviene precisar que los requisitos necesariospara que el carácter nacional" del buque sea reconocidopor otros Estados subsisten cuando un buque pertenece(en las proporciones determinadas por el párrafo 2 delartículo 5) al Estado o a una persona jurídica.

2. Inmunidad de otros buques del Estado

Artículo 8

Se desprende del texto del artículo 8 y de su comentarioque la Comisión ha decidido asimilar los buques en ser-vicio oficial destinados al transporte comercial a losbuques de guerra, por lo que se refiere al ejercicio de lasfacultades que tienen en alta mar los Estados que nosean de la bandera que enarbolan estos buques.

Creemos que esta asimilación no está justificada sufi-cientemente, pues en el caso en cuestión la actividadejercida por la persona que utiliza el buque puede tenerun carácter esencialmente privado.

Por lo tanto, es preciso que, respecto de la inmunidad,la categoría de buques del Estado se mantenga dentro delos límites fijados por la Convención de Bruselas del 10 deabril de 1926.

3. Piratería

Artículo 14

El artículo 14 provisional declara que constituiránactos de piratería los actos ilegítimos (de violencia, etc.)cometidos por los pasajeros o por la tripulación de unbuque o de una aeronave de carácter privado, dirigidoscontra un buque en alta mar o cometidos en un territoriono sometido a la jurisdicción de ningún Estado. Pero noprevé el caso contrario, es decir, que también se conside-ren como actos de piratería los actos ilegítimos de unbuque privado contra una aeronave.

Creemos conveniente llamar la atención de la Comisiónsobre esta cuestión, porque al examinar el comentario alartículo se observa que este caso particular todavía no hasido objeto de estudio.

Artículo 16

Para evitar que sólo se pueda considerar como buquepirata, con arreglo al artículo 16, un buque destinadopermanentemente a cometer actos de piratería, convendríasustituir el principio del destino por el del empleo, que sepresta mejor a comprender bien el caso de una utilizaciónocasional con fines de piratería.

Artículo 20

Por lo que se refiere al artículo 20, proponemos exten-der la facultad de detención a los buques destinados a unafunción pública, como la vigilancia aduanera y la policía.

4. Derecho de persecución

Artículo 22

Por lo que se refiere al artículo 22, proponemos que elderecho de persecución se reconozca también a las aero-naves.

5. Derecho de pesca

Artículo 25

Parece oportuno que la reglamentación de la pescaen alta mar se permita, en el caso previsto por este artí-

culo, únicamente basándose en los resultados de investi-gaciones científicas.

Artículo 26

Para el caso previsto en este artículo, nos parece igual-mente necesario que la petición de entablar negociacionespara reglamentar la pesca se funde en los resultados delas investigaciones y de los estudios realizados con estefin.

Artículo 29

Estimamos necesario que la posibilidad que se ha con-cedido al Estado ribereño de adoptar medidas de conser-vación en la parte de alta mar contigua a sus costas selimite en todos los casos a una distancia que no excedade doce millas, medidas a partir de la línea de base deque se trata en los artículos 4 y 5 del régimen del marterritorial.

Artículo 30

Proponemos la supresión de este artículo teniendo encuenta los conflictos a que podría dar lugar la aplicaciónde esta norma.

Artículo 31

Nos parecería más práctico y objetivo que la Comisiónprevista en este artículo, en vez de estar compuesta decuatro o seis biólogos y un experto en derecho interna-cional, se compusiera de dos o cuatro biólogos, dos ex-pertos en materia de pesca, que conozcan bien las zonasobjeto de conflicto, y un experto en derecho internacional.

Artículo 32

Nos parece conveniente que las medidas adoptadas,unilateralmente o no, por los Estados ribereños, sobre todoen alta mar, se suspendan de jure en el caso de que eerecurra a la Comisión, según prevé el artículo 31, a noser que ésta decida lo contrario.

6. Cables y tuberías submarinos

Artículo 34

Por lo que se refiere a los párrafos 1 y 2 del artículo34, teniendo en cuenta los progresos de la técnica, con-vendría prever, no sólo la colocación de cables telegráfi-cos y telefónicos y de tuberías destinadas al petróleo, sinotambién, adoptando una fórmula más general, la instala-ción de cualquier cable o conducto submarino.

B. Régimen del mar territorial

1. Extensión del mar territorial

Artículo 3

Por lo que se refiere a la extensión del mar territorialconsiderando las dificultades de llegar a un acuerdo sobreun límite uniforme, proponemos que la cuestión se resuelvateniendo en cuenta que puede llegarse a soluciones distin-tas aplicables a sectores geográficos determinados.

Por lo que se refiere a las aguas mediterráneas —como el límite de las tres millas no es tradicional —proponemos como límite máximo el de las seis millasmarinas, reservándose, naturalmente, el Estado ribereñolas facultades que puede ejercer en la zona contigua,teniendo en cuenta las observaciones formuladas al artí-culo relativo a esta zona.


2. Derechos de protección del Estado ribereño

Artículo 18 y artículo 25

Por lo que se refiere al párrafo 4 del artículo 18 y alpárrafo 2 del artículo 25, conviene precisar que, por cortotiempo, en casos excepcionales, y anunciándolo debida-mente, se podrá suspender el paso de los buques, sindistinción de nacionalidad, por los estrechos a los que serefieren estas normas.

16. Líbano


NOTA VERBAL DE FECHA 4 DE ABRIL DE 1956 DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL LÍBANO


El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atenta-mente al Secretario General de las Naciones Unidas ytiene el honor de referirse a la carta LEG 292/9/01LEG 292/8/01, de fecha 24 de agosto de 1955, del AsesorJurídico de las Naciones Unidas, referente al proyecto deartículos provisionales sobre el régimen de alta mar y delmar territorial, que figura en el informe de la Comisiónde Derecho Internacional sobre la labor realizada en suséptimo período de sesiones (2 de mayo al 8 de julio de1955).

El Gobierno del Líbano estima que ambos proyectosconstituyen, en conjunto, una codificación clara y útilde los principios del derecho internacional público relati-vos al régimen del mar.

De todos modos, el proyecto de artículos relativos alrégimen del mar territorial da lugar a las observacionessiguientes :


Aunque en el estado actual del derecho sea imposiblellegar a un acuerdo sobre este punto, sería convenientefijar de manera precisa los límites máximo y mínimo dela anchura del mar territorial.

Artículo 18. Derechos de protección del Estado ribereño

Se debería modificar el texto actual de manera que elEstado ribereño pudiese suspender su aplicación en tiem-pos de guerra o en circunstancias excepcionales declaradasde un modo oficial.

17. Nepal


CARTA DE FECHA 6 DE MARZO DE 1956 DEL MINISTERIO DE

ASUNTOS EXTERIORES DEL NEPAL


Tengo el honor de acusarle recibo de su carta No. LEG292/9/01 de fecha 31 de enero de 1956, por la que metransmitía el informe de la Comisión de Derecho Inter-nacional, que contiene los "Artículos provisionales re-lativos al régimen de alta mar ", en el Capítulo II y ensu anexo, y el "Proyecto de artículos referentes al régi-men del mar territorial " en el Capítulo III.

Debido a su situación geográfica, Nepal no tiene uninterés directo en estos proyectos. No obstante, me es

grato informarle de que el Gobierno del Nepal los aceptaen principio y felicita a la Comisión por la labor que harealizado.

18. Noruega


OBSERVACIONES TRANSMITIDAS POR CARTA DE FECHA

2 7 DE MARZO DE 1 9 5 6 POR LA MISIÓN PERMANENTE DE

NORUEGA EN LAS NACIONES UNIDAS


El Gobierno de Noruega no ha tenido tiempo de exa-minar detenidamente todos los artículos. Por lo tanto,aunque formula algunas propuestas desea reservar suactitud.

Régimen de alta mar

Conviene precisar en qué medida los artículos de esteproyecto serán aplicables en tiempo de guerra lo mismoque en tiempo de paz.

Hay que definir el término "buque mercante " em-pleado en varios artículos del proyecto. En primer lugar,se ha de explicar claramente que comprende los barcosde pesca y otros buques de carácter privado no explotadoscon fines comerciales (en los artículos 14 y 15 se empleael término "buque de carácter privado"). En segundolugar, debe precisarse en qué medida este término com-prende los buques del Estado que no sean buques deguerra.

Artículo 5

Las disposiciones de los incisos a) y b) del párrafo 2serían más claras si se suprimiese la palabra "efectiva-mente ".

La disposición del inciso c), del párrafo 2 ha de sermás restrictiva para que esté en armonía con el principiosentado en los incisos a) y b) del párrafo 2. La actualley noruega de navegación de 20 de julio de 1893 pres-cribe, en los párrafos 1 y 2, que los buques de las socie-dades de navegación por acciones sólo podrán matricularseen Noruega si se cumplen los requisitos siguientes: laoficina principal de la sociedad y la sede de su Consejo deAdministración ha de estar en Noruega. Su Consejo deAdministración ha de estar integrado por noruegos quesean accionistas y que residan en Noruega; las seis déci-mas partes del capital han de ser propiedad de ciudadanosnoruegos.

Artículo 8

Con objeto de evitar errores de interpretación, se llamala atención sobre el hecho de que el término "comercial "en la línea 17 del comentario al artículo 8, es una errata yha de ser sustituida por "no comercial ".

Artículo 11

Aunque en el fondo se refiere a los deberes de cadaEstado, este artículo según el comentario quiere ser unaexpresión del derecho internacional. No se explica clara-mente por qué el artículo, en contradicción con otrosartículos referentes a los deberes de cada Estado (véanse,por ejemplo, los artículos 9, 12, 23, 35 y 38), no obligaa los Estados a promulgar la legislación necesaria.


Artículo 19 y párrafo 3 del artículo 21

La relación entre estas dos disposiciones no es clara.En particular no se ve bien por qué el artículo 19, quetrata solamente de la piratería, establece una responsa-bilidad ante el " Estado " de la nacionalidad del buqueapresado cuando la captura se haya efectuado " sin fun-damento suficiente ", mientras que el párrafo 3 del ar-tículo 21, que trata de la piratería y de otros delitos,establece el pago de una indemnización al " buque " si" las sospechas no resultaren fundadas ".

Artículo 22

Debe precisarse que el derecho de persecución puedeser ejercitado por buques del Estado que no sean buquesde guerra, como los de las aduanas, de la policía y lospatrulleros de las pesquerías. Debe igualmente precisarsesi las aeronaves pueden ejercitar el derecho de persecu-ción.

Artículos 24 a 33

El Gobierno de Noruega conviene en que, dada lagran importancia económica de las pesquerías para elmundo en general y para determinadas naciones que sededican a la pesca y en vista del peligro de una expío-tación abusiva que puede resultar de la pesca ilimitada yno fiscalizada, es imprescindible facilitar y asegurar unacolaboración internacional en esta materia.

El Gobierno de Noruega es partidario de que se some-tan a arbitraje los conflictos internacionales, y verá consatisfacción que se introduzca el arbitraje en esta nuevamateria, siempre que sea prácticamente posible. Pero silas cuestiones relativas a la reglamentación de las pesque-rías han de decidirse por arbitraje, es indispensable quelos criterios en que haya de basarse el arbitraje se definande una manera precisa y completa. De lo contrario, losEstados interesados pueden vacilar en aceptar la juris-dicción de la Comisión y ésta tropezará con grandes di-ficultades para el desempeño de sus funciones.

Al parecer, el proyecto trata de que los laudos se basenen criterios biológicos. En este punto, el Gobierno deNoruega desea llamar la atención sobre dos dificultadesimportantes.

Durante la Conferencia Técnica Internacional para laConservación de los Recursos Vivos del Mar, celebradaen Roma, se demostró que sería con frecuencia necesarioefectuar investigaciones minuciosas y extensas para sabersi es preciso adoptar medidas de conservación y que parapoder disponer de pruebas científicas suficientes seríanecesario desarrollar más la investigación marítima. Pero,aun cuando pudieran reunirse estas condiciones, los hom-bres de ciencia tendrían probablemente muchas dudas encuanto a las conclusiones que podrían deducirse de ellasy en cuanto a las medidas de conservación que podríanproponer.

Aunque las pruebas científicas establezcan indiscuti-blemente que es necesario adoptar medidas de conserva-ción, éstas no pueden tomarse basándose únicamente enellas. Hay que tener en cuenta al mismo tiempo las con-diciones técnicas y económicas de las industrias pes-queras de los países interesados, como se ha hecho en losconvenios actuales sobre las pesquerías y en los regla-mentos dictados para su aplicación. Además, el problemase halla complicado por las diferencias importantes queexisten en los diversos países respecto de los procedimien-

tos de pesca y de preparación del pescado, de las condi-ciones del consumo y del mercado. Así, una determinadarestricción puede afectar mucho a un país mientras queotro puede aceptarla con más facilidad. Por consiguiente,una reglamentación puede ser discriminatoria de hecho,aun cuando no lo sea de derecho.

El Gobierno de Noruega no está convencido de quesea posible establecer criterios generales acertados cuyaimportancia relativa esté claramente precisada; hay queobservar que para que un sistema general de reglamen-tación de las pesquierías resulte apropiado, ha de seraceptado de una manera general.

En vista de estas dificultades, y puesto que no se hapodido llegar a una conclusión en cuanto a la anchura delmar territorial, el Gobierno de Noruega reserva su actitudfrente a la propuesta de que el Estado costero sea autori-zado a adoptar unilateralmente medidas de conservación.

El Gobierno de Noruega considera que es prematuroentrar en detalles. Como lo ha señalado la Comisión deDerecho Internacional en el informe sobre su quintoperíodo de sesiones 18, la aplicación práctica y detalladade los principios elaborados por la Comisión sólo podráconseguirse mediante la concertación de una o más con-venciones sobre la materia. La redacción de estas conven-ciones no podrá emprenderse hasta que los principiosmás importantes hayan logrado una aceptación general.

El Gobierno de Noruega se reserva, pues, el derecho devolver a examinar detalladamente el capítulo II cuando sevea claramente en qué medida sus principios fundamen-tales se han aceptado de una manera general.

De momento, desea sólo poner de relieve que no quedaclaro si el procedimiento de arbitraje prescrito para elcaso de que los Estados interesados no lleguen a unacuerdo (artículos 26.2, 27.2, 28.2 y 30.2) se aplicarátambién cuando las partes en un convenio sobre la regla-mentación de las pesquerías no pueden llegar a un acuerdorespecto de una propuesta para adoptar o modificarmedidas concretas de conservación dentro del ámbito deese convenio.

No se indica claramente si el proyecto de artículos seaplicará también a la pesca de la ballena y a la caza defocas. La aplicación de una convención de carácter generala estas industrias plantearía problemas especiales y hayque tener en cuenta que la pesca de la ballena ha sidoobjeto de una reglamentación eficaz de carácter general.Es difícil formarse una opinión justa acerca de estosproblemas mientras no hayan sido examinados másdetenidamente por expertos, y en particular por la Co-misión Internacional de la Pesca de la Ballena.

Artículos 34, 35 y 38

Deben incluirse los cables eléctricos en el párrafo 1 delartículo 34 y modificarse, en consecuencia, el artículo 35.

No se ve claramente por qué no se mencionan lastuberías en el párrafo 2 del artículo 34 y en el artículo 38.

Régimen del mar territorial

Al Gobierno de Noruega le complace que la Comisiónde Derecho Internacional haya tenido en cuenta algunasde las propuestas que formuló en sus observaciones sobreel proyecto de 1954. En relación con los puntos de vista

18 Ibid., pág. 18.


expuestos en sus observaciones anteriores » el Gobiernode Noruega desea formular las siguientes observacionesal proyecto revisado referente al régimen del mar terri-torial.

Artículo 1

Conviene declarar expresamente que el proyecto deartículos no se aplica a las aguas interiores.

Artículo 3

El Gobierno de Noruega toma nota de que la Comisiónde Derecho Internacional reconoce que la práctica inter-nacional no es uniforme en cuanto a la anchura del marterritorial. El Gobierno de Noruega es partidario de quese haga lo posible para evitar toda extensión inmoderadade la anchura del mar territorial. A su parecer, el con-cepto mismo de mar territorial envuelve una estrechaproximidad al territorio. En el fallo pronunciado en elcaso de las pesquerías anglonoruegas, la Corte puso demanifiesto que una " de las consideraciones fundamen-tales inherentes a la naturaleza del mar territorial " es" la dependencia del mar territorial respecto del dominioterrestre. La tierra es la que da al Estado ribereño underecho sobre las aguas que bañan sus costas ".20 Laspretensiones exageradas en cuanto a la anchura del marterritorial son incompatibles con este concepto funda-mental.

Por otra parte, el Gobierno de Noruega considera fútilbuscar un acuerdo general sobre unas normas aplicablesa la extensión del mar territorial, que podría privar a unpaís de una parte del mar sobre la cual tiene hoy día unajurisdicción indiscutible. Así, el Gobierno de Noruegaestima imposible aceptar para sus costas una anchurainferior a cuatro millas.

Artículo 5

Las tres primeras frases del Artículo 5, tal como hasido modificado, parecen reflejar los principios de dere-cho internacional enunciados por la Corte Internacionalde Justicia en el caso de las pesquerías anglonoruegas.Sin embargo, la última frase del párrafo 1 del artículo 5sigue manteniendo la regla arbitraria de que no debentrazarse líneas de base recta desde los escollos y bajíosque emergen intermitentemente ni en dirección de éstos.Esta frase ha de ser suprimida. En el fallo antes mencio-nado, la Corte Internacional de Justicia ha reconocido elsistema noruego de líneas de base con el cual ciertas líneasde base recta se trazan desde escollos que emergen inter-mitentemente 21. Por consiguiente, la propuesta de queno deben trazarse líneas de base recta desde los escollosque emergen intermitentemente es contraria a los prin-cipios del derecho internacional. Y tampoco puede con-siderarse como una evolución deseable del derecho inter-nacional.

Artículo 7

Este artículo no es claro. Ninguno de los párrafosrefleja principios del derecho internacional aceptados yes muy dudoso que el artículo propuesto constituya unprogreso. La excepción del párrafo 5 del artículo 7 res-

19 Ibid., décimo período de sesiones, Suplemento No. 9, anexo,sección 11.

*» I.C.J. Reports 1951, pág. 133.21 Ibid., págs. 128 y 143.

pecto del sistema de líneas de base recta debería aplicarseal conjunto del artículo.

Artículos 14 y 15

Aunque acepta el principio de la línea media propuestoen estos artículos, el Gobierno de Noruega desea llamarla atención sobre el hecho de que, con el texto actual, losartículos no parecen tener en cuenta que los dos Estadosinteresados pueden tener mares territoriales de anchuradiferente.

Por ejemplo, en el caso de dos costas situadas frente afrente, si un Estado reclama una anchura de seis millasy el otro una anchura de tres millas, y si la distanciatotal entre las costas es de ocho millas, según la normapropuesta, la anchura del mar territorial de cada Estadoen aquella zona será de cuatro millas. Uno de los Estadostendrá, pues, un mar territorial más ancho que el quereclama realmente. En cambio, si la distancia total entrelas dos costas situadas frente a frente es de diez millas,el artículo propuesto no será aplicable y los Estadostendrán mares territoriales de seis y tres millas, respecti-vamente. Las aguas territoriales del Estado que reclamauna anchura de seis millas se extenderían, entonces, másallá de la línea media.

Dificultades análogas pueden presentarse en el caso dedos Estados adyacentes si el ángulo entre sus costas o suslíneas de base es inferior a 180°, y en particular si sufrontera terrestre común llega al mar en el fondo de unabahía.

Como los problemas tratados en los artículos 14 y 15son fundamentalmente análogos, sería quizás acertadoreunirlos en uno. Este artículo podría disponer que, afalta de un acuerdo especial, ningún Estado tendrá dere-cho a extender el límite de su mar territorial más alláde la línea media.

Artículo 16

Debe precisarse que el derecho de paso inocente puedeejercerse sólo en tiempo de paz (véanse el comentario dela Comisión de Derecho Internacional y las observacionesdel Gobierno de Noruega sobre el artículo 17 del proyectode 1954).

Artículo 18

Los intereses que el Estado ribereño puede proteger nose quedan completamente precisados en la frase " laspresentes disposiciones". No se han mencionado, porejemplo, los derechos referentes a la pesca. Por consi-guiente, parece necesario insertar al final del párrafo 1las palabras " o las demás normas del derecho interna-cional ", como se hace en la disposición correspondientedel artículo 19.

Artículo 21.1 a)

La jurisdicción del Estado ribereño debería quizás limi-tarse a los casos en que el delito tiene consecuencias en sudominio terrestre o en su mar territorial. De todas for-mas, el Estado ribereño no debería tener el derecho deejercer su jurisdicción en los casos en que el delito sólotenga consecuencias en el territorio del Estado de lanacionalidad del buque.

Artículo 22El Gobierno de Noruega no puede aceptar el párrafo

3 de este artículo en la medida en que admite la deten-


ción de un buque que no sea el buque respecto del cualse ha presentado el título de crédito marítimo. Por estarazón, no ha ratificado la Convención internacional parala unificación de ciertas reglas sobre el embargo pre-cautorio de buques en el mar, concertada en Bruselas el10 de mayo de 1952.

El Gobierno de Noruega aceptaría con mayor facilidadla disposición correspondiente de la última frase del párra-fo 1 del artículo 24 del proyecto de 1954 redactado porla Comisión de Derecho Internacional, agregando que elpropietario del buque tendrá derecho a una indemnizaciónsi los tribunales no mantienen el embargo.

19. Países Bajos


OBSERVACIONES TRANSMITIDAS POR LA MISIÓN PERMANENTE

DE LOS PAÍSES BAJOS EN LAS NACIONES UNIDAS, POR CARTA

DE FECHA 1 6 DE MARZO DE 1 9 5 6


OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS PROVISIONALES

REFERENTES AL REGIMEN DE ALTA MAR

Las observaciones que se formulan a continuación noprejuzgan la actitud de los Gobiernos de Surinam y delas Antillas Holandesas que estudian actualmente el pro-blema.

Observaciones de carácter general

El Gobierno de los Países Bajos ha tenido conocimientode que el Consejo Internacional de Uniones Científicas,en una carta al Director General de la UNESCO, ha mani-festado preocupación por las consecuencias que el pro-yecto de la Comisión de Derecho Internacional relativo ala plataforma continental pueda tener para investigacionesfundamentales en materia de geofísica, geología submarinay biología marina del lecho del mar y del subsuelo de laplataforma continental. A juicio del Gobierno de los PaísesBajos, sería conveniente señalar a la atención de la Comi-sión de Derecho Internacional este hecho y recomendarlecrue inserte va sea en su nrovecto, va sea en sus comen-taños, una disposición para que él Estado ribereño estéobligado a permitir que se lleven a cabo investigacionesen el lecho del mar con fines exclusivamente científicos.

Respecto de los Artículos provisionades referentes alrégimen de alta mar, el Gobierno de los Países Baj os hacela observación general de que el proyecto se refiere única-mente a la alta mar. Como él trata también de algunosproblemas que tienen consecuencias más vastas, comopor ejemplo, la trata de esclavos mencionada en el artí-culo 12, el Gobierno de los Países Bajos desea subrayarque el hecho de que el proyecto se aplique sólo a unazona limitada no puede servir nunca de argumento paraafirmar que fuera de esa zona, es decir, en el continenteo en el mar territorial, esos actos contra la ley pueden serlegales.

Artículos 1 a 4

Ninguna observación.

Artículo 5

El Gobierno de los Países Bajos ve con agrado que laComisión de Derecho Internacional haya tratado de esta-

blecer algunas garantías contra los posibles abusos delderecho que tiene un Estado soberano de fijar las con-diciones para que un buque pueda matricularse en él ytenga derecho a enarbolar su bandera.

Existe desde luego cierta analogía entre la " naciona-lidad de los buques " y la nacionalidad de las personas.A este respecto, el Gobierno de los Países Bajos haceobservar que en la Conferencia para la Codificación delDerecho Internacional celebrada en La Haya en 1930, fuéreconocido el principio de que cada Estado es libre paradeterminar en su legislación quiénes son sus nacionales,pero que esa legislación será reconocida por los demásEstados sólo " en la medida en que sea compatible conlos convenios internacionales, las costumbres internacio-nales y los principos jurídicos generalmente aceptados enlo que concierne a la nacionalidad ". (El fallo pronunciadopor la Corte Internacional de Justicia en el caso Notte-bohm, el 6 de abril de 1955, se funda en este mismoprincipio, aplicado a la protección a los extranjeros).

Aunque el Gobierno de los Países Bajos acepta resuel-tamente este principio — incluso para " la nacionalidadde los buques " — no aprueba, sin embargo, la formaque le ha dado la Comisión de Derecho Internacional.Duda de que sea posible establecer una reglamentacióndetallada obligatoria para el Estado que concede a unbuque el derecho de enarbolar su bandera.

Una reglamentación de esta naturaleza planteará nece-sariamente numerosos problemas, y creará muchas incerti-dumbres. Así, por ejemplo, surgirán indudablementedificultades respecto de las condiciones aplicables a losbuques de las sociedades por acciones mencionadas en elinciso c) del párrafo 2 del artículo 5, Es sabido que elreconocimiento de las sociedades extranjeras y su nacio-nalidad son objeto de muchas controversias.

Además, el Gobierno de los Países Bajos no cree posi-ble, aun cuando se llegue a un acuerdo sobre una regla-mentación más detallada, que ésta evite por completotodo abuso.

Por consiguiente, el Gobierno de los Países Bajosestima que sería preferible enunciar en el artículo 5 lanorma de que, a los efectos del reconocimiento, debeexistir una relación auténtica entre el buque y el Estado.Aparte esta disposición, que tiende sólo en forma negativaa evitar abusos, el Gobierno de los Países Bajos cree con-veniente prescribir que los Estados, adoptando las medidaslegislativas necesarias, deberán establecer garantías paraque los buques que enarbolen su bandera no infrinjan sulegislación sobre protección de la vida humana en el mar,etc. El Gobierno de los Países Bajos sabe bien que unanorma de esta naturaleza ha sido establecida por la Comi-sión en el artículo 9 del presente proyecto, pero consideraque el alcance de ese artículo es demasiado limitado.

Sería preferible, además, unir estrechamente las cues-tiones tratadas en el artículo 5 y en el artículo 9, conobjeto de poner de manifiesto que están relacionadasentre sí. Por estos motivos, el Gobierno de los PaísesBajos propone sustituir el actual artículo 5 por los si-guientes artículos 5 a y 5 b:

" Artículo 5 a

" Cada Estado, dentro de su territorio, establecerálos requisitos necesarios para que un buque pueda ma-tricularse y enarbolar su bandera. No obstante, paraque el carácter nacional del buque sea reconocido por


los demás Estados, deberá existir una relación autén-tica entre el Estado y el buque. "

" Artículo 5 b

" Los Estados dictarán reglamentos para sus buques,con objeto de garantizar la seguridad en el mar, te-niendo en cuenta, entre otras consideraciones:

" 1. La tripulación, que debe responder a las nece-sidades del buque y disfrutar de condiciones razonablesde trabajo;

" 2 . La construcción, el equipo y las buenas condi-ciones del buque para navegar en alta mar;

" 3. La utilización de señales, el mantenimiento delas comunicaciones y la prevención de abordajes.

" Al dictar esos reglamentos, los Estados tendrán encuenta las normas aceptadas internacionalmente paralos buques que constituyen la mayor parte del tonelajede los que participan en la navegación en alta mar.

" Los Estados tomarán las medidas necesarias paragarantizar la observancia de dichos reglamentos. Paraello dictarán, entre otras, disposiciones referentes alregistro del buque en el Estado y a los documentos quedemuestren que han sido cumplidos los reglamentoscorrespondientes de la legislación nacional. "Las pruebas para determinar si existe la relación autén-

tica mencionada en el artículo 5 a, se basarán en la propie-dad o en la administración del buque, o en la nacionalidaddel capitán y de la tripulación.

El Gobierno de los Países Bajos estima que, en ciertosaspectos, los reglamentos referentes a las condiciones detrabajo, por ejemplo las disposiciones sobre horas detrabajo, pueden afectar la utilización del buque. Por estarazón, cree conveniente aludir a esos reglamentos en elartículo 5 6.

Artículo 6

El Gobierno de los Países Bajos no está acuerdo con ladeclaración que se hace en el comentario de que la finali-dad del artículo 6 está en garantizar que los buques tenganuna sola nacionalidad. Estima que la finalidad consistemás bien en impedir que los buques que tengan el dere-cho de enarbolar la bandera de dos o más Estados utilicenuna u otra, según sus necesidades. Para evitar toda inter-pretación equivocada, sería preferible agregar despuésde las palabras " dos a más banderas " estas otras : " uti-lizando una u otra bandera, según las necesidades ".

Artículo 7

El Gobierno de los Países Bajos estima conveniente quela disposición del segundo párrafo se ponga en armoníacon la Convención de La Haya No. VII, de 1907; si fueraasí debería redactarse en esta forma:

„ Se entienden por "buques de guerra " los que esténbajo la autoridad directa, el control inmediato y laresponsabilidad de la Potencia cuya bandera enarbolen,y lleven los signos exteriores distintivos de los buquesde guerra de su nacionalidad; el comandante deberáestar al servicio del Estado, debidamente facultado porlas autoridades competentes, y su nombre deberá figu-rar en el escalafón de oficiales de la Armada; la tripula-ción deberá estar sometida a la disciplina militar. "

Artículo 8En opinión del Gobierno de los Países Bajos, no existe

ningún motivo para asimilar los buques del Estado ex-plotados con fines puramente comerciales a buques deguerra, en lo que toca a la inmunidad de jurisdicción.Siguiendo la tendencia general del derecho internacional,la inmunidad de los Estados no se reconoce cuando actúancon carácter privado. A este respecto, pueden mencionarseel Convenio y Estatuto relativos al régimen internacionalde los puertos marítimos, firmados en Ginebra el 9 dediciembre de 1923, la Convención internacional para launificación de ciertas reglas referentes a las inmunidadesde los buques del Estado, firmada en Bruselas el 10 deabril de 1926, la Convención redactada por la Conferen-cia para la Codificación del Derecho Internacional cele-brada en La Haya en 1930 y el artículo 23 del proyectode la Comisión de Derecho Internacional referente al marterritorial. La misma tendencia se manifiesta en la prác-tica seguida por los Estados. Algunos gobiernos quedurante mucho tiempo fueron partidarios del principiode la inmunidad ilimitada de los Estados han modificadorecientemente esta actitud (véase Boletín del Departamentode Estado, volumen 26, 23 de junio de 1952, pág. 984).Otros Estados, como la Unión Soviética, han concertadotratados bilaterales en los que se reconose el principiode una inmunidad limitada.

Además, como en algunos países el comercio marítimoestá en manos de empresas propiedad del Estado, el prin-cipio de la inmunidad ilimitada favorecería principal-mente a esos Estados.

Por estos motivos, el Gobierno de los Países Bajospropone, de acuerdo con el Tratado de Bruselas, que sesustituyan las palabras " a un servicio oficial " por laspalabras " a un servicio oficial y no comercial ".

Artículo 9

Si se acepta la propuesta de los Países Bajos en lo queconcierne al artículo 5 b, el artículo 9 podrá suprimirse.

Artículo 10

La cuestión tratada en este artículo ha sido reglamen-tada del mismo modo en el artículo 1 de la Convencióninternacional para la unificación de ciertas normas sobrela competencia penal en materia de abordaje y otros in-cidentes de la navegación, concertada en Bruselas el 10de mayo de 1952 (Cmd 8954). Una comparación entrelos dos textos revela algunas diferencias. En primer lugar,es evidente que la Convención de Bruselas no reconoceexpressis verbis, como el actual proyecto, la jurisdiccióndel Estado de la nacionalidad de las personas que estánal servicio del buque. Pero no parece una diferencia fun-damental, porque la finalidad del proyecto consiste sóloen desvanecer toda duda en cuanto a la jurisdicción delEstado de la nacionalidad y no en imponerle la obligaciónde ejercer su jurisdicción penal.

Por otra parte, las palabras " que haya participado enel abordaje " de la quinta y sexta líneas del artículo 10del proyecto, no aparecen en la Convención de Bruselas.A juicio del Gobierno de los Países Bajos, son superfluas.

Por último, la Convención de Bruselas habla de las" acciones penales y disciplinarias ", mientras que elproyecto sólo dice las " acciones ". Como no tiene ningúnobjeto limitar la jurisdicción civil de un Estado, el Go-bierno de los Países Bajos prefiere el texto de Bruselas.

Basándose en estas consideraciones, el Gobierno de los


Países Bajos propone que el artículo 10 se redacte en estaforma :

" En caso de abordaje o de cualquier otro accidentede navegación ocurrido a un buque en alta mar, quepueda entrañar una responsabilidad penal o discipli-naria para el capitán o cualquier otra persona al ser-vicio del buque, las acciones penales y disciplinariascontra esas personas sólo se podrán ejercer ante lasautoridades judiciales o administrativas del Estadocuya bandera enarbolaba el buque o ante las del Esta-do de que dichas personas sean nacionales ".

Artículo 11

El artículo 10 del capítulo V de la Convención inter-nacional para la protección de la vida humana en el mar,firmada el 19 de junio de 1948, contiene una disposiciónpara reglamentar la misma cuestión, pero de manera máscompleta, puesto que impone además a los buques en elmar la obligación de dirigirse hacia un buque en peligrocuando reciben la señal de socorro. Aunque sería dema-siado incluir las normas detalladas de 1948 en el presenteproyecto, puede ser conveniente substituir la primerafrase por la siguiente:

" El capitán de un buque estará obligado, siempreque pueda hacerlo sin grave peligro para su buque, sutripulación y sus pasajeros, a prestar auxilio a todapersona que se encuentre en peligro de desaparecer enel mar, y a dirigirse a toda velocidad a prestar auxilioa las personas que estén en peligro, en cuanto sepaque necesitan socorro, y en la medida en que razona-blemente pueda hacerlo. "

Artículo 12

La finalidad de este artículo es permitir que un Estadopueda impedir que los buques extranjeros usurpen subandera. Esto puede decirse más explícitamente redactan-do el final de la primera frase como sigue:

" y para evitar que con ese propósito buques extran-jeros, enarbolen ilegalmente su bandera ".

Artículo 13Hay una diferencia entre el artículo 13, que se refiere

a " la piratería en alta mar ", y los artículos siguientes(véase, por ejemplo, el inciso b) del párrafo 1 del artí-culo 14), en los que se considera que la piratería puedepracticarse también en otras partes.

Artículo 14Basándose en la tendencia general del derecho inter-

nacional señalada en sus observaciones sobre el artículo 8,el Gobierno de los Países Bajos estima que los buquesmercantes propiedad del Estado deben considerarse comobuques de carácter privado en el sentido del artículo 14.Por esta razón, el Gobierno de los Países Bajos estimaconveniente completar el artículo 14 para que de él sedesprenda claramente que no se refiere a los buques deguerra ni a otros buques del Estado destinados a unservicio oficial.

Por otra parte, en el inciso a) del párrafo 1 de esteartículo se emplea solamente el término " buque ", mien-tras que en el inciso b) se hace mención de "buques,personas y bienes " y, al principio del párrafo 1, se em-plean los términos " personas o bienes ". En un caso seconsideran como actos de piratería los dirigidos contrapersonas y contra objetos que no sean buques, lo que no

ocurre en el otro. Esta distinción puede tener un valorpráctico cuando los actos se perpetren contra una aeronaveque haya amarado en alta mar. Si desapareciera esta in-congruencia se simplificaría mucho la redacción delprimer párrafo.

Respecto de lo que dice la Comisión de Derecho Inter-nacional en el último párrafo del comentario al artículo14, hay que observar que muchos autores de renombresostienen una opinión diferente acerca del amotinamiento(véase por ejemplo: Higgings-Colombos, Ortolan, Oppen-heim-Lauterpacht, 1955, Gidel; véase también un fallodel Consejo privado en el caso del Ministerio Público deHong Kong y Kwocka-Sing). Pero el Gobierno de losPaíses Bajos cree que el punto de vista de la Comisión esacertado. La comunidad de los Estados no debe interveniren los cambios de mando a bordo de un buque mientraslos actos de los amotinados no se extiendan fuera delbuque.

Si se adoptan las propuestas del Gobierno de los PaísesBajos respecto del artículo 16, debería modificarse elsegundo párrafo del artículo 14 (véanse las observacionesal artículo 16). El texto podría redactarse así:

" 2. Todo acto de participación voluntaria en lautilización de un buque o de una aeronave, cuando elque lo cometa tenga conocimiento de que dicho buqueo aeronave está destinado por las personas bajo cuyomando efectivo se encuentra, a cometer cualquiera delos actos enumerados en el presente artículo."

Artículo 15

Consecuente con su observación al artículo 14, el Go-bierno de los Países Bajos cree conveniente que tambiéna los efectos del artículo 5, los buques del Estado destina-dos a un servicio oficial sean asimilados a los buques deguerra.

Con objeto de poner el texto inglés en armonía con eltexto francés que dice " dont l'équipage s'est mutiné "el texto inglés debe decir " whose crew has mutinied ".

Artículo 16

Cabe preguntar cuál puede ser el objeto de este artí-culo. Da una definición, pero la de " buque pirata " tienepoca importancia; dejando aparte el artículo 17, la ex-presión sólo se emplea en los artículos 14 y 18. Como sedesprende del comentario, el artículo 18 da a la expresión" buque pirata " un significado distinto : el de un buqueque ha cometido actos de piratería.

Por esta razón, el Gobierno de los Países Bajos proponeque se suprima el artículo 16, que la terminología delpárrafo 2 del artículo 14 se ponga en armonía con la delartículo 16 (véanse las observaciones sobre el artículo 14),que el texto del artículo 18 se ponga en armonía con elComentario de la Comisión y que en el artículo 17 seemplee también la expresión " buque o aeronave que hayacometido actos de piratería ". Si se decide conservar elartículo 16, el Gobierno de los Países Bajos desea mani-festar que no tiene finalidad práctica alguna excluir losactos mencionados en los párrafos 2 y 3 del artículo 14 dela referencia que a éste se hace en el artículo 16. A juiciodel Gobierno de los Países Bajos, en este caso el artículo16 debería terminar por las palabras " actos enumeradosen el artículo 14 ". Esto se ve también en la nueva redac-ción propuesta para el párrafo 2 del artículo 14.


Artículo 17

Véanse las observaciones al artículo 16.

Artículo 18

Como se ha explicado en las observaciones al artículo 16,la frase " un buque o una aeronave pirata " deberá susti-tuirse por la frase " un buque o una aeronave que hayacometido actos de piratería ", independientemente de sise decide o no conservar el artículo 16.

El proyecto de Harvard (Estudios de derecho inter-nacional, 1932, páginas 743 y siguientes) contenía unareglamentación más detallada sobre la piratería. Comoejemplos de ello pueden citarse el artículo 13 relativo alos derechos de terceros de buena fe y el artículo 14 rela-tivo a un juicio con arreglo a derecho. La concisión de!presente proyecto impide que figuren en él normas deta-lladas para estas cuestiones. Sin embargo, convendría quela Comisión de Derecho Internacional en sus comentariosllamase la atención de los Estados sobre la obligación deobservar estos principios.

Respecto de la cuestión de si el artículo 18 permitetambién la aplicación de sanciones a un buque por actoscometidos en el pasado, véanse las observaciones al ar-tículo 21.

Artículo 19

No se comprende bien por qué la redacción de esteartículo ha de ser distinta de la del párrafo 3 del artículo21, ya que, al parecer, las dos disposiciones tienen elmismo sentido.

Artículo 20


Artículo 21

El Gobierno de los Países Bajos prefiere que las pala-bras " en el mar " al principio del primer párrafo, sesustituyan por los términos " en alta mar ", siguiendo laterminología empleada en otras partes.

En relación con el inciso a) del párrafo 1 del artículo21 y también con el artículo 18, se plantea la cuestión desi la competencia de los Estados para visitar, registrar yapresar los buques se extiende también a los buques quehan cometido actos de piratería sólo en viajes anteriores.Caben aquí dos actitudes: la competencia puede estarlimitada a los casos en que los actos de piratería han sidoperpetrados durante el viaje actual del buque, o bienpuede extenderse a los actos de piratería cometidos en elpasado, siempre que el buque esté en poder de las mismaspersonas que en los viajes anteriores. Los redactores delpárrafo 2 del artículo 4 del proyecto de Harvard adopta-ron esta última actitud. Esto está justificado si el ejer-cicio de la jurisdicción por los Estados se considera comoun ejercicio de la jurisdicción internacional y la pirateríacomo un delito de carácter internacional. El texto delartículo 21 no deja ver claro cuál es la actitud adoptadapor la Comisión de Derecho Internacional.

Artículo 22

La segunda frase del tercer párrafo dice que el comien-zo de la persecución se indicará emitiendo la señal dedetenerse. El texto francés es más preciso : " le commen-

cement . . . devra . . . être marqué par l'émission dusignal de stopper ". Esta versión es también la que estámás en armonía con el proyecto de codificación de 1930.

La última frase del tercer párrafo podría redactarse deun modo más claro, de la manera siguiente:

" La orden de detenerse deberá ser dada medianteuna señal visual o auditiva, emitida a una distanciaque permita al buque extranjero oiría o verla."

Por último, el Gobierno de los Países Bajos estima queel artículo debe indicar quién está facultado para em-prender la persecución. Propone que se agregue la dispo-sición siguiente:

" El derecho de persecución sólo podrá ser ejercitadopor los buques de guerra y otros buques destinados aun servicio oficial, no comercial ".

Artículo 23

Por lo que respecta al petróleo vertido de los buques,hay que señalar que la contaminación de las aguas puedeser causada también por productos distintos de los hi-drocarburos. Por esta razón, el término " hidrocarbu-ros " debería sustituirse por " petróleo ".

El Gobierno de los Países Bajos señala que los Estadosque han otorgado concesiones para la explotación de laplataforma continental han dictado ya reglamentos queobligan al concesionario a tomar medidas para evitar lasfiltraciones y las explosiones. En vista de las enormescantidades de petróleo que pueden contaminar el mar ylos perjuicios que ello puede acarrear para los demásEstados y sus nacionales si no se adoptan medidas deseguridad, el Gobierno de los Países Bajos estima, eninterés de todos, que debería disponerse lo siguiente:

" Artículo 23 a

" Los Estados dictarán reglamentos para evitar lacontaminación de las aguas por el petróleo que puedaser producida por la explotación de zonas submarinas."El Gobierno de los Países Bajos desea también señalar

otra causa de contaminación del mar, a saber: la descargade desperdicios radiactivos en el mar, que pueden ser par-ticularmente peligrosos para los peces y para los consumi-dores de pescado. Por consiguiente, propone que se in-serte la disposición siguiente:

" Artículo 23 b

" Los Estados cooperarán en el establecimiento dereglamentos para evitar la contaminación de las aguasoriginada por la descarga de desperdicios radiactivosen el mar."

Artículos 28 y 29

No se precisa lo que debe hacerse cuando las negocia-ciones mencionadas en el artículo 29 no hayan dado re-sultado positivo respecto de una zona para la cual otrosEstados hayan dictado ya reglamentos, y en la que, porconsiguiente, es aplicable también el artículo 28. ¿ Deberáen ese caso aplicarse el párrafo 2 del artículo 28, o tendráel Estado ribereño, en virtud del párrafo 1 del artículo29, el derecho de adoptar unilateralmente " las medidasde conservación que procedan " ? ¿ Ha de suponerse quelas negociaciones a que se refiere el artículo 29 no hubie-ran podido entablarse en ese caso, y que el Estadoribereño sólo podrá pedir que se le deje participar en el


sistema (existente) de reglamentación, en virtud del ar-tículo 28 ?

El párrafo 3 del artículo 29 estipula que el derecho deadoptar medidas bilaterales cesará tan pronto como hayarecaído una decisión arbitral. El Gobierno de los PaísesBajos supone que esto ocurrirá también cuando un pro-cedimiento arbitral, iniciado en virtud de los artículosanteriores, haya dado lugar a una decisión o cuando unacomisión arbitral, instituida en caso de desacuerdo sobredeterminadas medidas unilaterales, haya decidido que elmencionado derecho cesará en virtud de una decisiónprovisional de dicha comisión.

La definición del concepto de " pruebas científicas "debería dejarse a la comisión arbitral.

Artículos 31 a 33

Como las comisiones arbitrales mencionadas en estosartículos resultan ser órganos de arbitraje de derechoestricto, sería mejor que la Comisión de Derecho Inter-nacional indicase con más claridad en su informe queesas comisiones podrán dictar las normas que estimenjustas y eficaces, aun cuando deban apartarse de lasnormas existentes. Por este motivo, sería mejor no utili-zar los términos " partes " y " diferencias ".

Artículo 34

Respecto de este artículo, el tercer párrafo del comen-tario dice que el primer párrafo está tomado del artículoI o de la Convención de 1884. Esto debe de ser un error,puesto que el artículo I o de dicha Convención dice así:

" La présente convention s'applique, en dehors deseaux territoriales à tous les câbles sous-marins légale-ment établis et qui aterrissent sur les territoires, colo-nies ou possessions de l'une ou de plusieurs des HautesParties contractantes."Además, el Gobierno de los Países Bajos desea señalar

que el artículo 34 reproduce exactamente el artículo 5 dela reglamentación relativa a la plataforma continental,aprobada por la Comisión de Derecho Internacional en1953.

Artículo 35

A juicio del Gobierno de los Países Bajos, las palabrasdel texto inglés " resulting in the total or partial interrup-tion, etc." deberían sustituirse por " in such a manner asmight interrupt or obstruct telegraphic communications "siendo ésta la traducción oficial en inglés de la Conven-ción de 1884 sobre cables telegráficos (H.M.S.O., Cmd.4384).

En esa frase, después de las palabras " en las mismascondiciones " debería insertarse estas otras : " que puedatener como consecuencia la pérdida de las sustancias quecirculan dentro de la tubería ". Esta es una consecuencianatural de una aplicación, por analogía, de la reglamen-tación sobre cables submarinos. Esta adición precisa cla-ramente que la protección del artículo 35 se aplica sóloa las tuberías que están en actividad.

Artículos 36 y 37


Artículo 38

El Gobierno de los Países Bajos propone que las pala-

bras " un cable submarino " se sustituyan por " un cableo una tubería submarinos " y que se supriman las pala-bras " del cable " al final del artículo. La palabra " tube-ría " ha sido omitida probablemente por error.

OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE ARTÍCULOS

REFERENTES AL REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

Artículo 3 (mar territorial)

Para este artículo, el Gobierno de los Países Bajos seremite a sus observaciones anteriores (A/CN.4'90), en lasque exponía su punto de vista sobre la anchura del marterritorial. Lamenta que la Comisión de Derecho Inter-nacional no haya podido encontrar la solución de lasdificultades con que ha tropezado.

Artículo 13

La situación a que alude la Comisión de Derecho In-ternacional en su Comentario a este artículo no se pre-senta en los Países Bajos. En opinión del Gobierno delos Países Bajos, serán los Estados interesados los quedeberán dictar una reglamentación especial cuando lasituación lo exija.

Artículo 14

El Gobierno de los Países Bajos piensa que quizá esteartículo no tiene razón de ser, teniendo en cuenta losartículos que la Comisión ha dedicado a los estrechos.

Artículos 16 a 18

El Gobierno de los Países Bajos está de acuerdo conestos artículos. Opina que un cierto número de definicio-nes imprecisas, como, por ejemplo, " todo atentado a suseguridad y a aquellos de sus intereses que está autorizadoa defender ", son inevitables, y aunque convendría que losEstados autorizasen con la mayor amplitud posible elpaso inocente, el párrafo 3 del artículo 18 debería haceruna referencia explícita a estas definiciones imprecisas.

Artículo 25

El Gobierno de los Países Bajos preferiría que se vol-viese al texto del artículo 26 del informe de 1954. No vepor qué motivo se ha modificado la reglamentación an-terior que, a su juicio, correspondía exactamente a lapráctica actual. En lo que concierne a los Países Bajos,esa reglamentación no ha suscitado nunca dificultadalguna.

Como regla general, el Gobierno de los Países Bajospropone que la Comisión de Derecho Internacional in-dique claramente que por " milla " se entenderá la millamarina, equivalente a la sexagésima parte de un gradode latitud.

Por último, el Gobierno de los Países Bajos deseaseñalar un cierto número de contradicciones en la termino-logía del texto inglés del proyecto, como, por ejemplo," regulations " en el artículo 7, al lado de " draft articles "en el título; en el párrafo 3 del artículo 12 las palabras" 2 miles in breadth " y " within ", al lado de " 2 milesacross " y " in " en el párrafo 4. Además, en el textoinglés se emplea el guión sin motivo en palabras como"straight-baseline" (artículo 5 al lado del artículo 7,párrafo 5) y "largest-scale chart" (artículos 4 y 15 allado del artículo 14).


20. Reino Unido de Gran Bretaña eIrlanda del Norte

Documento A/CN.4/99/Add.lA. OBSERVACIONES TRANSMITIDAS POR NOTA VERBAL DE1 5 DE MARZO DE 1 9 5 6 POR LA DELEGACIÓN PERMANENTE

DEL REINO UNIDO EN LAS NACIONES UNIDAS


INTRODUCCIÓN

En las observaciones transmitidas a las Naciones Uni-das el lo de febrero de 1955, el Gobierno de Su Majestaddeclaró que, a su juicio, el informe de la Comisión cons-tituía una valiosa contribución a la codificación delderecho marítimo. Afirma nuevamente el interés quetiene por los trabajos de la Comisión y ve con satisfac-ción el presente Proyecto de artículos referentes al régi-men de alta mar y al régimen del mar territorial, espe-cialmente el artículo 3 de este último, que el Gobiernode Su Majestad considera una obra muy util.

Con arreglo a la resolución 899 (IX) de la AsambleaGeneral, de 14 de diciembre de 1954, el Gobierno de SuMajestad estima conveniente proponer algunas modifi-caciones a los proyectos de artículos sobre la plataformacontinental y la zona contigua elaborado en el período desesiones de 1953 por la Comisión de Derecho Internacio-nal. Ninguna de estas observaciones hace referencia a lacuestión de las pesquerías, sobre la cual se pronunciarámás adelante.

REGIMEN DE ALTA MAR

A. Observaciones sobre el fondoArtículo 2

1. Sería preferible que la primera frase de este artí-culo estuviera redactada así: " estando la alta mar abiertaa todas las naciones ningún Estado podrá pretender so-meter a su jurisdicción ninguna de sus partes ".

2. El Gobierno del Reino Unido ha sido informadode que varios órganos científicos temen que las tenden-cias actuales del derecho no reconozcan la libertad de in-vestigación, de exploración y de experimentación. Porello propone que se añada un inciso al artículo 2, conce-bido en los siguientes términos:

" 5. La libertad de investigación, experimentacióny exploración ".3. El penúltimo párrafo del comentario de la Comi-

sión señala una serie de cuestiones en las que el Estadoribereño puede ejercer su control fuera del mar territo-rial. El Gobierno del Reino Unido señala a la atención dela Comisión que algunos Estados (incluso el Reino Unido)permiten a los buques extranjeros el comercio de cabotajeen sus costas, aunque reservándose el derecho de visitay de registro, lo mismo si están en el mar territorialque fuera de él. Para asegurar el ejercicio de este dere-cho, el Gobierno del Reino Unido propone que se añadaotro apartado a dicho párrafo, concebido en los siguien-tes términos:

" 6. El derecho de reglamentar las actividades de losbuques extranjeros que realicen comercio de cabotaje ensus costas, siempre que dichos buques estén autorizadospara ello ".

Artículos 4 y 5El Gobierno de Su Majestad aprueba la disposición de

que los buques estén sometidos, en alta mar, a la juris-dicción exclusiva del Estado cuya bandera enarbolan, conlas excepciones mencionadas en el artículo 4.

El artículo 4 hace constar que los buques poseen lanacionalidad del Estado en que están matriculados ynavegarán con su bandera, de lo que se desprende quela matrícula es el criterio que sirve de base, para deter-minar la nacionalidad de todos los buques. Pero las con-diciones de esta matrícula constituyen un asunto internode cada Estado, y varían grandemente de un país a otro,pudiendo haber, además, países que no exigen condicionesde ninguna clase. Incluso Estados que son grandes poten-cias marítimas no exigen siempre la inscripción de todoslos buques. Por ejemplo, los buques de guerra, a los queparece es aplicable este artículo, no se matriculan y mu-chas clases de buques del Estado pueden estar exentos deesta obligación y, sin embargo, pueden enarbolar labandera nacional. Además, las pequeñas embarcacionespueden estar dispensadas de la obligación de matricularsey, sin embargo, navegan bajo la bandera nacional.

Por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 5,en el que se enumeran las condiciones necesarias para queel carácter nacional del buque sea reconocido por losotros Estados, el Gobierno del Reino Unido estima queintentar reducir los criterios que sirven para reconocer elcarácter nacional de un buque a unas cuantas reglas sen-cillas, presentará grandes dificultades y que quizá seaimposible formular principios que no estén en conflictocon la legislación de algún país. En el proyecto actual,por ejemplo, las disposiciones del artículo 5 son suficiente-mente amplias para permitir que el buque enarbole una" bandera de conveniencia " incluso cuando el país delabanderamiento no mantiene relaciones con el país al quepertenece realmente el buque, pero al mismo tiempo sondemasiado estrictas para permitir el reconocimiento comobritánicos de un gran número de buques que están ma-triculados en territorio británico.

Del mismo modo, tal como están redactados los artícu-los, no existe ninguna disposición sobre la vigilancia yla jurisdicción que, según el Comentario de la Comisiónal artículo 5, serían ejercidas efectivamente por el Estadocuya bandera se enarbola. Por ejemplo, las disposicionesdel artículo 5, aplicables a los buques que sean propiedadde personas o de sociedades en comandita, quedaríancumplidas aunque un poco menos de la mitad del buquefuese propiedad de extranjeros no domiciliados en elEstado cuya bandera enarbola, y el resto, propiedad deextranjeros domiciliados en el Estado del abanderamien-to. El Gobierno del Reino Unido estima que la vigilanciaefectiva sobre los buques de propiedad de personas ode sociedades en comandita sólo puede ejercerse si todaslas personas propietarias del buque o las personas queconstituyan la sociedad son nacionales del Estado cuyabandera enarbola el buque. Igualmente, en el caso decompañías en general (entre las que no hay sólo sociedadespor acciones) no es suficiente exigir que tengan en unEstado un domicilio social, si se quiere lograr una vigi-lancia efectiva. Si la compañía propietaria del buque notiene sus negocios en el país cuya bandera enarbola elbuque, y el buque no toca en los puertos de este Estado,podrá escapar prácticamente a su vigilancia.

En cambio, la redacción del artículo 5 es demasiadoestrecha para poder permitir el registro de buques quenaveguen bajo la bandera de otro Estado ejerciendo un


derecho histórico o en virtud de una costumbre. En elCommonwealth británico siempre ha sido posible (conarreglo a las leyes de los países que lo componen) queun buque que pertenece completamente a uno de los paísesdel Commonwealth, y cuya vigilancia ejerce este país,esté matriculado en cualquiera de los demás y enarbolesu bandera, sin que por ello pierda el país propietario lavigilancia efectiva y deje de ejercer su jurisdicción, re-quisitos que la Comisión exige para que se reconozca elcarácter nacional de un buque y se le permita enarbolarbandera.

Los principios formulados en el artículo 5 para elreconocimiento del carácter nacional de un buque sonuna expresión de los factores que el Instituto de DerechoInternacional consideró comunes a los sistemas de re-gistro de varios países en 1896 y representaban, por lotanto, un factor común menos estricto que las reglasadoptadas por cada uno de esos países. Estas normascomunes omiten en general disposiciones importantespeculiares de un determinado país para el ejercicio de lavigilancia y de la jurisdicción, como, por ejemplo, lasrelativas a la situación del domicilio social o al controlaue tienen los accionistas en la gestión del negocio. Porello es probable que una enumeración detallada de loscriterios para determinar la nacionalidad, utilizando nor-mas comunes a varios países, no sea en principio acer-tada v pueda conducir a aue se adopten normas aúnmenos estrictas.

En consecuencia, el Gobierno de Su Majestad estimapreferible que los artículos citados se limiten a enunciarlos principios generales reconocidos por el derecho inter-nacional, en la forma siguiente:

" Artículo 4" Salvo en los casos excepcionales previstos de un

modo expreso en tratados internacionales o en lospresentes artículos, los buques estarán sometidos, enalta mar, a la jurisdicción exclusiva del Estado cuyabandera enarbolan.

" Artículo 5

" Los buques poseen la nacionalidad del Estadocuya bandera están autorizados a enarbolar. Noobstante, un Estado no podrá autorizar a un buque aque enarbole su bandera, ni los demás Estados estaránobligados a reconocer que el buque tiene ese derecho,a no ser que, con arreglo a su propia legislación nacio-nal y al derecho internacional, el Estado cuya banderaenarbola pueda ejercer, y ejerza efectivamente, su juris-dicción y vigilancia sobre los buques que navegan bajosu bandera, y el derecho a enarbolarla esté limitado yreglamentado por su legislación nacional. Un Estadopodrá permitir a un buque autorizado a enarbolar subandera, con arreglo a la legislación nacional, quenavegue bajo la bandera de otro Estado a condiciónde que éste pueda ejercer de modo efectivo su juris-dicción y vigilancia sobre el buque."

Artículo 8

1. El sentido de este artículo sería más preciso si laspalabras " quedan asimilados a " se sustituyeran por laspalabras " tendrán la misma inmunidad que ".

2. Se plantea la cuestión de la forma en que un buquede guerra podrá asegurarse del derecho que tiene un buquea la bandera que enarbola, si éste afirma que pertenece

a un Estado o está a su servicio. La dificultad surgeporque el único procedimiento que existe para que unbuque de guerra pueda comprobar que un buque mer-cante explotado por un Estado o destinado a un serviciooficial tiene derecho a enarbolar su bandera, es visitarloy registrardo para saber si está destinado exclusivamentea un servicio del Gobierno.

3. La expresión " otros buques " de la última frasedel Comentario de la Comisión es algo ambigua. Por lotanto, el Gobierno del Reino Unido propone que se susti-tuya la palabra " otros " por la palabra " extranjeros ".

Artículo 18

Este artículo, tal como está redactado, no dice qué ha-brá de hacerse con el buque o de la aeronave pirata des-pués de capturados. Convendría que la Comisión exami-nara la posibilidad de incluir alguna disposición a esterespecto, por ejemplo, que el antiguo propietario pudieraentablar una acción reivindicatoría de la propiedad delbuque o de la aeronave ante los tribunales del país que loha capturado.

Artículo 21, párrafo 3

Convendría sustituir la frase " tendrá derecho a serindemnizado por el perjuicio sufrido " por la frase'' tendrá derecho a ser indemnizado por todos los per-juicios sufridos ". Salvo que transcurra mucho tiempoentre la captura del buque y su restitución es dudoso queel propietario haya sufrido perjuicios. Convendría quizásustituir esta palabra por la palabra " daños ".


El Gobierno del Reino Unido estima que la últimafrase de dicho párrafo se basa en un concepto equivocadode la naturaleza de la zona contigua y propone su supre-sión. La zona contigua no forma jparte del mar territorialsino que pertenece a la alta mar. No está sujeta, comoel mar territorial, a la soberanía o a la jurisdicción delEstado ribereño. Las leyes de este Estado son aplicablesal mar territorial pero no a la zona contigua. No obstan-te, el Estado ribereño está autorizado para ejercer enella ciertas facultades no porque se infrinjan sus leyessino para impedir una infracción eventual cuando elbuque entra en el mar territorial o llega a un puerto. Lasituación en la zona contigua es totalmente distinta de ladel mar territorial. El Gobierno del Reino Unido consideraque la doctrina de la persecución incesante sólo será apli-cable cuando en el momento en que comienza la persecu-ción el buque esté bajo la jurisdicción del Estado ribe-reño y haya cometido realmente una infracción de susleyes o se tiene la sospecha de ello. La situación no es lamisma en la zona contigua y por lo tanto la doctrina dela persecución incesante no puede aplicarse a un buqueque se halle en esta zona.

En opinión del Gobierno del Reino Unido convendríaprecisar en este párrafo que no es necesario que la perse-cución empiece en el mismo momento de la infracción.Es evidente que, por ejemplo, en el caso de la contamina-ción de las aguas del mar por hidrocarburos la infraccióndura únicamente unos momentos y es completamenteimposible que comience entonces la persecución.


El Gobierno del Reino Unido propone que se incluyaen este párrafo la disposición de que el buque perseguidor


debe marcar la posición que tenía el buque perseguido,por ejemplo, con una boya.

Utilización de aeronaves en la persecución incesante.Algunos Estados emplean la aviación en cooperación

con los buques para la protección a las pesquerías. ElGobierno del Reino Unido admite en principio la legali-dad de esta práctica pero únicamente si se lleva a cabo encondiciones que aseguren la observancia de los principiosformulados en el artículo 22 del proyecto de la Comisiónde Derecho Internacional. Por lo tanto, propone que laComisión de Derecho Internacional estudie en su próximoperíodo de sesiones las cuestiones que se plantean cuandola persecución la inicia una aeronave.

En principio, el Gobierno del Reino Unido estima quese han de aplicar los siguientes principios:

1) Es condición esencial de la persecución que elbuque que ha cometido la infracción sepa que se le haordenado detenerse. Una aeronave ha de ser capaz, porsí misma, de emitir una señal de detención que pueda ver ycomprender el buque infractor mientras se encuentra aúnen el mar territorial. Sólo en el momento en que unaseñal de detención haya podido ser bien comprendidapodrá decirse que ha empezado una persecución que puedajustificadamente continuar en alta mar.

2) Como la persecución debe ser inmediata, incesantey continua, la aeronave que haya dado la orden de deten-ción ha de continuar la persecución hasta que un buquellamado por ella llegue y la continúe. No sería legal elejercicio del derecho de persecución si un buque pudieradetener a otro fuera del mar territorial sólo porque unaaeronave haya señalado que había cometido una infrac-ción navegando por el mar territorial.

Capítulo II: Pesca

El Gobierno del Reino Unido formulará más adelantepor separado sus observaciones a los artículos de estecapítulo.

Capítulo III Cables y tuberías submarinos

El Gobierno del Reino Unido aprueba los artículos deeste capítulo, pero propone que, en cuanto sea pertinente,se modifiquen (como se indica a continuación) juntocon los comentarios, de manera que comprendan todoslos cables eléctricos en general.


Sustituir las palabras " telegráficos o telefónicos " por" eléctricos ".

Artículo 34, comentario

Insertar en el párrafo 2, después de la palabra " tube-rías " la expresión " y cables eléctricos ".

Artículo 35

Insertar en la línea 6 después de la palabra " telefóni-cas " las palabras " o las líneas conductoras de energíaeléctrica ", y en el comentario después de la palabra" tuberías " las palabras " a los cables eléctricos ".

B. Observaciones sobre la redacción

Artículo 1

Sustituir en el texto inglés la frase " which are not in-cluded " por la frase " that are not included ".

Artículo 3

Sustituir en el texto inglés la expresión " shall have "por la palabra " has ".

Artículo 6

El Gobierno del Reino Unido propone que el textoinglés de este artículo se redacte de la siguiente forma:

" A ship that sails under the flags of two or moreStates may not, with respect to any other State, claimeither or any of the nationalities in question, and maybe assimilated to ships without a nationality ".


Poner una coma después de las palabras " Govern-ment " y " military fleet ", del texto inglés.


Insertar una coma después de las palabras " flying theflag " en la penúltima línea del texto inglés.

Artículo 12

Insertar después de las palabras " buque mercante "las palabras " de cualquier Estado ".


Poner una coma detrás de la palabra " depredation ".En la segunda línea del párrafo 1, inciso a) sustituir

las palabras " distinto de aquel en que se ha perpetradoel acto" por estas otras: "que no sea el que ha perpe-trado el acto ".

Artículo 16

Algunas de las expresiones utilizadas en este artículono se emplean corrientemente en inglés. Por lo tanto sepropone suprimir la palabra " devoted " insertando ensu lugar la palabra " utilised ", y sustituir, en la líneasiguiente la palabra " to " por la palabra " for ". Tampocose emplea la expresión " Dominant control " y como" control " sólo no será suficiente, convendría añadir otrapalabra, siendo la más conveniente " actual " o " effec-tive ".

Artículo 20

Sustituir la expresión " because of " por la expresión" on account of " •

Artículo 21, párrafo l b)

Volver a redactar este párrafo en la forma siguiente:" That while in the maritime zones indicated as

suspect in the international treaties for the abolition ofthe slave trade, the vessel is engaged in that trade ".

Artículo 22

Sustituir en el párrafo 3 del comentario la frase " sehaya dado cuenta de " por la frase " haya advertido " yla palabra " izando " por la palabra " haciendo ".

Artículo 23

La palabra " hidrocarburos " es un término técnico, yes por lo tanto preferible utilizar la palabra " petróleo "

REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

El Gobierno de Su Majestad formula las siguientes


observaciones de fondo a los artículos referentes al marterritorial. Más adelante se harán quizá observacionessobre su redacción.

Artículo 1

El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículo.

Artículo 2


Artículo 3

En las observaciones que presentó a la Comisión deDerecho Internacional sobre su Informe de 1954 (1° defebrero de 1955), el Reino Unido expresó claramente laopinión de que el problema de la anchura del mar terri-torial requiere una solución uniforme de carácter generaly que, aunque en algunos casos un límite mayor puedeestar justificado por razones históricas, en general noexiste ninguna justificación geográfica ni económica parareclamar una anchura superior a las 3 millas tradicionales.Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido considera acer-tada la declaración de la Comisión en el párrafo 3 de esteartículo, de que el derecho internacional no obliga a losEstados a reconocer una anchura superior a tres millas. ElGobierno del Reino Unido pide a la Comisión que en eltexto revisado confirme con más energía esta declaracióny a este respecto recuerda el fallo de la Corte Internacio-nal de Justicia en el caso de las pesquerías anglo-noruegas,en el que afirma que la limitación del mar territorial essiempre una cuestión internacional.

En el segundo párrafo de su comentario al artículo 3,la Comisión señala que, a su entender, la extensión delmar territorial a más de 12 millas atenta contra el prin-cipio de la libertad del mar. El Gobierno del Reino Unidoindica que este principio fue formulado en la época enque los Estados aceptaron en general el límite de 3 millaspara el mar territorial. Se ha tratado de abandonar esteprincipio, reclamando para el mar territorial una anchurasuperior a 3 millas. Como el principio de la libertad delmar es incompatible con la pretensión de un Estado deejercer una jurisdicción exclusiva en una mayor exten-sión de mar, el Reino Unido propone que el reconoci-miento de este principio lleve consigo la limitación delmar territorial a 3 millas, anchura que la experiencia hademostrado que es necesaria y, al mismo tiempo, sufi-ciente para las necesidades legítimas de los Estadosribereños.

El Gobierno del Reino Unido recuerda que en lasobservaciones que transmitió a la Comisión el I o defebrero de 1955, expuso algunos argumentos a favor deuna anchura uniforme de las aguas territoriales paratodo el mundo. Pide a la Comisión que los examinenuevamente y tenga en cuenta los progresos realizadosrecientemente en materia de cooperación internacionalen cuestiones marítimas, así como en la labor de laComisión que, a juicio de este Gobierno, permiten adop-tar como anchura uniforme del mar territorial las 3millas tradicionales.

En primer lugar, la Comisión ha elaborado una seriede artículos sobre la conservación de los recursos vivosdel mar. En principio, el Gobierno del Reino Unido losconsidera acertados y estima que se desvanecerán así lostemores legítimos de los Estados ribereños en cuanto apoder conservar sus recursos pesqueros más allá del

límite de 3 millas, que fue lo que motivó en muchoscasos pretensiones excesivas sobre la anchura del marterritorial. Creemos que estos artículos servirán de basepara los acuerdos sobre conservación de los recursos vivosdel mar que puedan concluirse en lo sucesivo. Despuésde esto, queda claro que los Estados que no observen losprincipios que inspiran estos artículos y continúen recla-mando una anchura mayor para su mar territorial, ba-sándose en un deseo de proteger o conservar sus pes-querías, tratan sin ninguna justificación de ejercer unajurisdicción y unos derechos de explotación exclusivos enzonas que han de estar abiertas al uso y provecho detodos los países.

En segundo lugar, el Gobierno del Reino Unido ya hadeclarado que está dispuesto a aceptar una " zona con-tigua " hasta de 12 millas de anchura, medida a partirde la faja de la bajamar o línea de base, en la que elEstado ribereño estará autorizado para ejercer algunosderechos concretos. Está dispuesto a aceptar esta soluciónen las condiciones que se señalaron al hacer por primeravez la propuesta en las observaciones que transmitió el 2de junio de 1952 y que reiteró en las observaciones del1° de febrero de 1955. Los derechos reconocidos en estadisposición satisfacen el deseo del Estado ribereño deejercer una vigilancia en cuestiones fiscales, sanitarias yaduaneras sobre una zona más ancha, haciendo por tantoinútil toda pretensión de fijar una anchura mayor al marterritorial, con objeto de ejercer una mayor vigilancia enestas materias.

En tercer lugar, el Gobierno del Reino Unido recuerdaque los artículos sobre la plataforma continental elabora-dos por la Comisión de Derecho Internacional en superíodo de sesiones de 1953, reconocen la soberanía delEstado ribereño sobre el lecho del mar y sobre el subsuelode la plataforma continental a lo largo de su costa. ElGobierno del Reino Unido formula aparte observacionesa estos artículos, pero estima que también sirven paraproteger ciertos intereses del Estado ribereño sin plantearel problema de la extensión de su mar territorial.

Estas consideraciones demuestran lo infundado de losargumentos aducidos por algunos Estados para extendersu mar territorial.

Desde un punto de vista puramente jurídico, el Gobier-no del Reino Unido no tiene nada que añadir a susdeclaraciones de I o de febrero de 1955, sobre las cualesvuelve a llamar la atención de la Comisión. Concluyerecordando la declaración hecha en las observacionespresentadas el 3 de febrero de 1955 por el Gobierno delos Estados Unidos, en la que se reconoce a todos losEstados la facultad de fijar la anchura del mar territorialen 3 millas por lo menos. El procedimiento para llegara un acuerdo definitivo en esta complicada cuestión con-siste por lo tanto en aceptar este hecho y en disponerque todos los casos particulares en que esté justificado seresuelvan por arbitraje internacional o por acuerdodirecto.

Artículos 4 y 5

En sus observaciones de 1° de febrero de 1955 elGobierno del Reino Unido declaró, explicando sus razo-nes, que " no es legítimo recurrir al uso de líneas de baseexclusivamente por razones de orden económico ". Por lotanto, lamenta que se haya incluido en el artículo 5 unacláusula en este sentido y, por las razones expuestas en


sus anteriores observaciones y en los comentarios al artí-culo 3, no puede aceptar esta disposición.

El Gobierno del Reino Unido estima, asimismo, que lareferencia que se hace en el artículo 5 del proyecto de laComisión a los factores económicos, se basa en una inter-pretación errónea del fallo de la Corte Internacional deJusticia en el caso de las pesquerías anglo-noruegas. Los" intereses económicos " se tuvieron en cuenta en estefallo dentro de un conjunto de factores históricos y geo-gráficos, sin que constituyera una justificación per se.Teniendo en cuenta el conjunto del fallo, está claro queel pasaje en que se basa esta parte del artículo 5 se refie-re sólo a la manera especial de trazar una línea de base,en determinadas circunstancias y en un lugar determinado,sin entrar en la justificación del trazado de dicha líneade base en ese lugar. Sólo si una línea de base está enprincipio iustificada por otras razones, las consideracioneseconómicas puramente locales podrían determinar que setrace de una manera determinada.

Por lo tanto, el Reino Unido propone que se incluyaen el artículo 5 el párrafo 1 del artículo 5 del proyecto de1954 y que el artículo 4 del proyecto actual se modifique,precisando que sólo las consideraciones señaladas en elantiguo artículo 5 podrían justificar que no se empleecomo punto de partida la faja de bajamar.

El Gobierno del Reino Unido cree también que debieraprecisarse más el tipo y la longitud de la línea de basepermisible. La Corte Internacional de Justicia ha señaladoúnicamente principios muy generales que, sin una defini-ción más precisa, no pueden ser aplicados fácilmente.Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido lamenta quese haya suprimido el antiguo párrafo 2 de este artículoque figuraba en el informe de 1954. Este párrafo conteníaesas definiciones y el Gobierno del Reino Unido proponeque se introduzcan en el proyecto actual en una u otraforma.

El Gobierno del Reino Unido propone además que laComisión examine la posibilidad de hacer constar explí-citamente en los artículos el principio de que no puedentrazarse líneas de base a través de las fronteras entreEstados, en virtud de un acuerdo entre ellos, en unabahía o a lo largo de la costa, de manera que los demásEstados estén obligados a reconocerlas. Aunque los efectosde la soberanía del Estado sobre las aguas interiores sonde tal naturaleza que todo intento de llegar a un acuerdocrearía en la práctica dificultades jurídicas extremada-mente compleias v probablemente resultaría impracti-cable, el Gobierno del Reino Unido estima, no obstante,(jue hay que declarar explícitamente su ilegalidad.

Por último, el Gobierno del Reino Unido llama nueva-mente la atención de la Comisión sobre los problemasrelativos a la situación jurídica de las aguas comprendidasentre las líneas de base, especialmente sobre el derechode paso inocente por aguas situadas frente a la costa,que antes eran aguas territoriales (o incluso alta mar)y que, con las líneas de base, se han convertido en" interiores " o nacionales. El trazado de las líneas debase puede, no obstante, no haber modificado su carácterintrínseco de aguas que permiten el acceso a la costa asus puertos y estuarios. Es precisamente cerca de la costadonde los derechos de paso tienen más importancia porno existir otra ruta para el buque.

Artículo 6El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículo.

Artículo 7

El Gobierno del Reino Unido, aunque admite que hade existir un límite preciso para la línea que cierra lasentradas de las bahías, no puede aceptar las 25 millaspropuestas por la Comisión como línea máxima. Se hadicho que la denominada " regla de las 10 millas " notiene ninguna base en derecho internacional, pero lomismo ocurre con la de las 25 millas y, teniendo encuenta las consideraciones expuestas anteriormente en lasobservaciones al artículo 3, el Gobierno del Reino Unidoestima que el interés de los Estados ribereños no justificaesa distancia.

El Gobierno del Reino Unido propone también que seaclare el sentido del párrafo 2 del artículo 7 añadiendouna frase que diga que las islas situadas en una bahíano puede considerarse que cierran su entrada si la rutahabitual del tráfico internacional las bordea.

El Gobierno del Reino Unido opina que el párrafo 5del artículo 7 puede interpretarse en el sentido de que lalínea de 25 millas es una distancia mínima. Para evitaresta ambigüedad proponemos la supresión de las palabrasque figuran después de la expresión " bahías llamadashistóricas ".

El Gobierno del Reino Unido estima asimismo que elpárrafo 1 del Comentario a este artículo ha de ser modi-ficado, pues no concuerda con los términos del artículo.En el Comentario, el criterio adoptado es la distanciamientras que en el artículo es la superficie.

Por último, el Gobierno del Reino Unido desea llamarla atención sobre el hecho de que en algunos casos laconfiguración de la costa puede crear dificultades paraaplicar las definiciones del párrafo 1 de este artículopudiendo plantear también problemas la discrepanciaque existe entre el párrafo 3, en el que se menciona lafaja de la bajamar, y el párrafo 1, que no la menciona.

Artículo 8

El Gobierno del Reino Unido señala una vez más a laatención de la Comisión los comentarios que hizo a esteartículo en sus observaciones de I o de febrero de 1955.

Artículo 9


Artículo 10

El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículo. Noconsidera necesarias disposiciones especiales para gruposde islas y está de acuerdo en principio con la última frasedel comentario de la Comisión a este artículo. Consideraque las reglas generales son suficientes en este caso, juntocon el fallo de la Corte Internacional en el caso de laspesquerías anglo-noruegas.

Por lo que se refiere a la redacción preferiría que, enel texto inglés, se sustituyera " near " por " off " en laúltima frase del comentario de la Comisión.

Artículo 11


Artículo 12


Artículo 13

El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículo,


salvo en cuanto al uso de la línea de 25 millas que auto-riza la referencia al artículo 7 (que se hace en el párrafo2) y en el supuesto de que no se puedan trazar líneas debase a través de la frontera entre los Estados (véanse lasobservaciones a los artículos 4 y 5).

Artículo 14

El Gobierno del Reino Unido formula las siguientesobservaciones a las disposiciones que figuran en el párra-fo 1 de este proyecto de artículo:

1. La adopción de la línea media como delimitaciónparece depender de la falta de acuerdo sobre alguna otrasolución. Sin embargo, en la práctica, incluso la soluciónde la línea media dependerá generalmente del métodoque se acuerde aplicar (por ejemplo, podrá ser necesarioponerse de acuerdo sobre la manera de tener en cuentalas islas al hacer la delimitación) ; y, en determinadascircunstancias, puede ser difícil lograr ese acuerdo.

2. En muchos casos, el trazado de una línea mediaexacta, que es una cuestión técnica muy compleja, seprestará a discusiones, porque la configuración geográficade la costa puede hacer que resulte poco equitativa, oporque las líneas de base, (por ejemplo, la línea debajamar) pueden experimentar cambios materiales en eltranscurso del tiempo.

3. Según la experiencia del Gobierno del Reino Unidola mejor solución sería aplicar el principio de la líneamedia, o sea una línea media aproximada o simplificadaque se basase, en cuanto lo que permitieran las circuns-tancias, en una línea media exacta trazada sobre unacarta determinada de fecha determinada.

Por estas razones, el Gobierno del Reino Unido proponeque la Comisión modifique el párrafo 1 del artículo 14siguiendo las disposiciones que se sugieren a continuación.Esto estaría de acuerdo con el criterio aplicado al pro-blema análogo, de que se trata en el párrafo 1 del artí-culo 15.

"Artículo 14

" 1. La delimitación de los mares territoriales entredos Estados cuyas costas están situadas frente a frentea una distancia inferior a la extensión de las zonas delmar territorial adyacentes a las dos costas se estable-cerá, salvo que circunstancias especiales justifiquenotra delimitación, aplicando el principio de una líneamedia cuyos puntos sean equidistantes de los puntosmás próximos de las líneas de base a partir de lascuales se mide la anchura del mar territorial de eadauno de esos Estados.

" 2 (sin modificación)."

Artículo 15


Capítulo III. Derecho de paso inocente

El Gobierno del Reino Unido se opone en principio aque, en relación con el derecho de paso inocente, se déen esos artículos un trato distinto a los buques de guerra(véanse sin embargo las observaciones al artículo 25).

Artículo 16

El Gobierno del Reino Unido considera que en elpárrafo 3 de este artículo la frase " actos perjudicialespara la seguridad del Estado ribereño " se sigue prestando

a las críticas hechas por el Gobierno del Reino Unido ensus observaciones del I° de febrero de 1955, y sin algoque la puntualice se puede prestar a abusos. El Gobiernodel Reino Unido considera que este párrafo deberíaaclarar que la obligación de probar que con el paso secometen actos "perjudiciales", etc., se ha de cumplirsegún el criterio del Derecho Internacional y no según laley del Estado ribereño. Considera que hay el peligro deque un buque en paso inocente indudable sea interceptado;por otra parte, que es difícil que los artículos incluyan elconcepto de " merodeo " con finalidades de contrabando,en el sentido del párrafo 3, sin dar con ello pretexto paraque se estorbe un paso verdaderamente inocente. Propone,por lo tanto, que en el párrafo 3 de ese artículo, detrásde las palabras " otras disposiciones del derecho interna-cional " se añadan las palabras " o para evitar la vigi-lancia de la importación y de la exportación o el pagode derechos de aduana al Estado ribereño ".

Artículo 17

El Gobierno del Reino Unido ve con agrado la declara-ción que se hace en la primera frase del párrafo 1 de esteartículo.

Artículo 18

El párrafo 1 de este artículo abarca sustancialmenteel mismo campo que el párrafo 3 del artículo 16. No sonnecesarios los dos. Son aplicables a ambos casos las ob-servaciones hechas al artículo 16.

Artículo 19


Artículo 20

El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículopero propone que incluya de nuevo el comentario quefigura en el Informe de 1954.

Artículo 21

El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículo yve con agrado que en el párrafo 3 y en el comentario setienen más en cuenta las necesidades de la navegación.

Artículo 22

En los comentarios al artículo correspondiente delProyecto de artículos referentes al régimen del mar terri-torial elaborado por la Comisión de Derecho Internacio-nal en su sexto período de sesiones, el Gobierno del ReinoUnido llamó la atención sobre la posibilidad de quehubiese cierta incompatibilidad entre el artículo de eseproyecto y la Convención de Bruselas de 1952 sobre elembargo preventivo de buques de navegación marítima.Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido considera quepueden surgir dificultades aún mayores si se toman brevesfragmentos de esa Convención para resumirlos en elproyecto de artículos, por el peligro que existe de queese resumen no armonice con la Convención, y por laimposibilidad de abarcar toda la Convención en elproyecto de artículos. El Gobierno del Reino Unido creeque sería mejor suprimir los párrafos 2 y 3 del artículo 22del Proyecto de artículos. Si acaso se podría aludir en elcomentario al hecho de que en virtud de la Convención,el embargo civil sólo es posible, incluso en un puerto, encasos determinados.


Artículo 23

El Gobierno del Reino Unido desea reafirmar su opi-nion de que la cuestión de los buques a los que es apli-cable la inmunidad de los buques del Estado, requiere uncuidadoso estudio. Por lo tanto, en espera de que sedefina la condición de esos buques, el Gobierno del ReinoUnido se considera obligado a seguir reservando suactitud respecto de este artículo. Reafirma, sin embargo,que en principio no tiene nada que oponer a que losbuques del Estado explotados con fines comercialesqueden incluidos en las disposiciones de los Artículos 16,19, 20, 21 y 22.

Artículo 24

El Gobierno del Reino Unido esperará ver el texto deeste artículo que la Comisión proponga.

Artículo 25

Si la Comisión lo considera conveniente, el Gobiernodel Reino Unido está dispuesto en último término, a acep-tar un artículo que trate por separado del paso de losbuques de guerra. Además, no discute el derecho que,según el artículo 18, tiene el Estado ribereño de regla-mentar el paso de los buques de guerra por su marterritorial. Pero no puede aceptar las disposiciones delpárrafo 1 de este artículo, que considera innecesarias einjustificadas.

En su opinión, la Comisión ha de tener en cuenta, porlo que respecta a los buques de guerra, las siguientes con-sideraciones fundamentales :

1. La legislación relativa al derecho de paso se basa,tanto si se trata de buques de guerra como de buquesmercantes, en el supuesto de que el paso sea inocente: delo contrario, ese derecho no existe.

2. Los derechos de carácter general del Estado ribe-reño están incluidos en los artículos 18 y 19. Estos artí-culos se aplican por igual a los buques de guerra y a losmercantes y comprende todas las garantías necesariaspara la protección del Estado ribereño.

3. La práctica actual de los Estados, reconocida en1930 por la Conferencia para la Codificación del Dere-cho Internacional, no exige que el paso de buques deguerra esté sujeto a una autorización previa ni a unanotificación.

4. La tendencia actual de algunos países a reivindicaruna mayor extensión del mar territorial pone de relievela conveniencia de que la Comisión limite su recomen-dación en esta materia a los límites estrictos de la ley ensu estado actual.

De conformidad con lo dicho, el Gobierno del ReinoUnido propone que se dé una nueva redacción al párrafo1 de este artículo, en esta forma:

" Con sujeción a las presentes disposiciones, elEstado ribereño no podrá normalmente prohibir elpaso inocente de buques de guerra por su mar terri-torial ni exigir para ello una autorización o una noti-ficación previa."

Artículo 26

Salvando las consideraciones que se hacen en lasobservaciones al artículo 25, el Gobierno del Reino Unidoacepta este artículo, aunque lo considera de escaso valorpráctico.

PLATAFORMA CONTINENTAL Y ZONA CONTIGUA

(Artículos que figuran en el informe de la Comisiónde Derecho Internacional sobre la labor realizada

en su quinto período de sesiones). 22

Plataforma continental

Artículo 1

Según declaró en sus observaciones a ese informe an-terior de la Comisión de Derecho Internacional (trans-mitidas a las Naciones Unidas el 2 de junio de 1952), elGobierno del Reino Unido está dispuesto a aceptar lacurva de nivel de los 200 metros como límite exteriorde la plataforma continental, pero sigue creyendo quesería preferible, por razones prácticas, la curva de las 100brazas, porque ésa y no la de 200 metros, es la que estáya marcada en la mayoría de las cartas marinas de lospaíses que producen cartas de todos los mares.

El Gobierno del Reino Unido considera que el carácterespecial de las excepciones que se hacen en el párrafo 66del Informe quedaría convenientemente subrayado conla palabra " inmediatamente " delante de la palabra" contiguas " en la línea 3 del artículo.

Artículo 2

En relación con este artículo, el Gobierno del ReinoUnido desea reiterar la opinión que formuló en sus ob-servaciones de 1952, o sea, que los derechos del Estadoribereño sobre la plataforma continental han de tener elmismo carácter general que los que ejerce sobre su te-rritorio, con sujeción, desde luego, a las disposiciones delos artículos correspondientes.

Desea subrayar, no obstante, que algunas sociedadescientíficas están preocupadas por el temor de que los tér-minos de esos artículos puedan permitir a los Estadosribereños imponer restricciones innecesarias a la in-vestigación científica realizada de buena fe en la plata-forma continental. Propone, por lo tanto, que la Comisiónestudie la posibilidad de incluir alguna disposición quegarantice el derecho general de llevar a cabo esas explo-raciones e investigaciones.

Artículos 3 y 4

El Gobierno del Reino Unido aprueba estos artículosy no aceptará ninguna convención sobre la plataformacontinental que no incluya dichos artículos. Cree que seríaacertado que, en su período de sesiones de 1956, la Co-misión examinase si sería conveniente declarar de unamanera aún más explícita que la reclamación sobre laplataforma continental sólo puede extenderse al fondo delmar y al subsuelo de la plataforma misma, pero no a lasaguas que la cubren, excepto dentro del mar territorial;y que, fuera del mar territorial, la reclamación sobre laplataforma continental no puede conferir jurisdicciónni derechos exclusivos de ninguna clase sobre las aguasque la cubren, que son y seguirán siendo la alta mar.

Artículo 5

El Gobierno del Reino Unido aprueba este artículo,pero sugiere que se mencionen las tuberías al mismotiempo que los cables submarinos. Esto lo armonizaríacon el artículo 34 del Régimen de alta mar que figura en

! ! Ibid., octavo período de sesiones, Suplemento No. 9, cap. III.


el Informe de 1955; la Comisión puede, en realidad,estudiar la posibilidad de hacer una referencia a eseartículo.

El Gobierno del Reino Unido propone que se añada alfinal de este artículo, un nuevo punto, por ejemplo:" ni la exploración de las aguas que cubren la plata-forma ".


El Gobierno del Reino Unido preferiría que se precisaseuna distancia determinada para la zona de seguridad, envez de usar la expresión vaga, " una distancia razonable ".Aunque está de acuerdo en que, en vista de un posibleconflicto de intereses, estos artículos han de tener ciertaflexibilidad, no considera probable que la cuestión de lazona de seguridad suscite discrepancias. Como el margende seguridad para la navegación es, por lo general, siem-pre el mismo, tanto si las instalaciones se encuentran enun espacio de mar abierto como en un estrecho angosto,propone como una idea que se incluyan las palabras" que no exceda de 400 metros ", a continuación de lafrase " hasta una distancia razonable ".

El Gobierno del Reino Unido propone que se inserteen este artículo un nuevo párrafo 5 (el párrafo 5 actualpasaría a ser el párrafo 6), cuyo texto sería el siguiente:" Si se abandonan esas instalaciones o caen en desuso,deberán ser desmontadas totalmente ".

Cree también que puede resultar demasiado restrictivala mención de los " canales angostos " que se hace en elactual párrafo 5 y propone que se inserten delante laspalabras " o cuando puedan interceptar el paso por ".

Artículo 7

El Gobierno del Reino Unido hace las siguientes ob-servaciones a las disposiciones del párrafo 1 de esteproyecto de artículo:

1. La adopción de la línea media como delimitaciónparece depender de la falta de acuerdo sobre alguna otrasolución. Sin embargo, en la práctica, incluso la soluciónde la línea media dependerá generalmente del métodoque se acuerde aplicar para trazarla (por ejemplo, seránecesario ponerse de acuerdo sobre la manera de teneren cuenta las islas al hacer la delimitación) ; y, en deter-minadas circunstancias, puede ser difícil lograr ese acuer-do. De todas maneras sería útil incluir en este artículouna disposición análoga a la del párrafo 2 del artículo14 del Proyecto de artículos relativos al régimen del marterritorial.

2. En muchos casos, el trazado de una línea mediaexacta, que es una cuestión técnica muy compleja, seprestará a discusiones, porque la configuración geográficade la costa puede hacer que resulte poco equitativa, oporque las líneas de base (por ejemplo, la línea de baja-mar) pueden experimentar cambios materiales con eltranscurso del tiempo.

3. Según la experiencia del Gobierno del Reino Unido,la mejor solución sería aplicar el principio de la líneamedia o sea una línea media aproximada o simplificadaque se basase, en cuanto lo que permitiesen las circuns-tancias, en una línea media exacta trazada en una cartadeterminada, de fecha determinada.

Por estas razones, el Gobierno del Reino Unido pro-pone que la Comisión modifique el artículo 7 de acuerdocon las disposiciones que se sugieren a continuación. El

párrafo 1 estaría en armonía con la solución que se daa un problema análogo, en el párrafo 2 del artículo.

"Artículo 7" 1. En caso de que la misma plataforma continen-

tal sea contigua a los territorios de dos o más Estadoscuyas costas estén situadas una enfrente de otra, ellímite de la plataforma continental perteneciente acada Estado se establecerá en general, salvo circunstan-cias especiales que justifiquen otra delimitación, apli-cando el principio de una línea media cuyos puntossean equidistantes de los puntos más próximos de laslíneas de base desde las que se mide la anchura delmar territorial de cada uno de esos países.

" 2 (sin modificación)." 3. Las líneas serán trazadas en las cartas oficiales

a mayor escala de que se disponga."

Zona contiguaEl Gobierno del Reino Unido señala que el párrafo 111

del Informe de la Comisión declara que en el artículosobre la zona contigua, el término " inmigración " incluyetambién la " emigración ". El Gobierno del Reino Unidoconsidera que hay que suprimir el término " inmigra-ción " en vista de los poderes que semejante disposiciónconferiría al Estado ribereño, por ejemplo impidiendoque los refugiados políticos saliesen de un país.

No puede aceptar que se emplee la palabra " reprimir "en la línea 3 del artículo, ya, que, según señaló en susobservaciones al Artículo 22 del Régimen de alta mar,no cree posible que el Estado ribereño esté facultadopara ejercer más que una fiscalización puramente pre-ventiva dentro de su zona contigua.

Como consecuencia de esto, quisiera también que seañadiese un segundo párrafo a este artículo, en los térmi-nos siguientes: "La facultad antes mencionada no afec-tará a la condición jurídica de las aguas en que se ejerza,fuera del mar territorial, ni permitirá que el Estado ribe-reño reclame ninguna jurisdicción de carácter general niderechos exclusivos sobre esas aguas que son y seguiránsiendo la alta mar ".

También cree que convendría llevar a cabo una nuevamodificación para garantizar que, en virtud de este artí-culo, sólo se tomarán respecto de los buques medidasrazonables.

Por último, desea llamar la atención sobre las observa-ciones que hizo al artículo 16 del Régimen del mar terri-torial publicado en el Informe de 1954, y sobre las con-diciones en que está dispuesto a aceptar la zona contigua,indicadas en sus observaciones de 2 de junio de 1952 yreiteradas en las del 1 de febrero de 1955. Considera queesas observaciones siguen siendo válidas.

Documento A/CN.4/99/AM.5B. OBSERVACIONES TRANSMITIDAS POR NOTA VERBAL DE

FECHA 1 9 DE ABRIL DE 1 9 5 6 POR LA DELEGACIÓN DEL

REINO UNIDO EN LAS NACIONES UNIDAS

OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS REFERENTES A LA

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS DEL MAR CONTENIDOS

EN EL CAPITULO II DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO

INTERNACIONAL SOBRE SU SÉPTIMO PERIODO DE SESIONES23

1. El Gobierno de Su Majestad ha declarado, en sus23 Ibid., décimo período de sesiones, Suplemento No. 9, págs. 9

y sig.


observaciones a los artículos provisionales relativos alrégimen del mar territorial, que acepta en principio losartículos sobre la conservación de los recursos vivos delmar y estima que podrán servir de base para los acuerdosque se concierten en el porvenir sobre esta materia ypara disminuir los temores legítimos de algunos Estadospor lo que toca a la conservación de los recursos pesquerosen las aguas ribereñas situadas más allá del límite de lastres millas.

2. La conservación de los recursos vivos es un con-cepto que, por definición, se ha de tratar desde un puntode vista científico y especialmente biológico. Las exigen-cias científicas se definieron y formularon en la Confe-rencia Técnica Internacional para la Conservación de losRecursos Vivos del Mar, en la que se llegó a un acuerdogeneral entre los 45 Estados participantes. La Comisiónha podido disponer plenamente del informe de esa Con-ferencia y, por lo tanto, el Gobierno de Su Majestadestima que los artículos actuales constituyen un progresodecisivo sobre los que la Comisión aprobó en 1953,durante su quinto período de sesiones. No obstante, elGobierno de Su Majestad desea insistir sobre un puntoespecial, y es que los artículos actuales no tienen sufi-cientemente en cuenta el contenido del informe de laConferencia Técnica Internacional. En el capítulo II deeste informe se consigna una declaración sobre los objeti-vos de la conservación de las pesquerías cuyo contenidocientífico fue unánimemente aceptado en la Conferencia.La conservación por medios científicos es la materia delos artículos, que tratan esencialmente de la aplicación demedidas de conservación y de procedimientos apropiados.Sin embargo, los artículos no contienen ninguna defini-ción del término " conservación ". Esta imprecisión pareceevitable y el Gobierno de Su Majestad propone que seagregue al primero de esos artículos, es decir, al artículo24, un segundo párrafo redactado de la manera siguiente:

" A los efectos del presente artículo y de los siguien-tes, se entenderá por " conservación de los recursosvivos del mar " conducir las actividades pesqueras detal modo que, de un modo inmediato, aumente o porlo menos se mantenga en la forma más conveniente elpromedio de rendimiento que se pueda sostener y,como último objetivo, que se consiga el máximo rendi-miento que se pueda sostener para asegurar el máximoabastecimiento de productos marinos comestibles o deotra índole."3. Con esta definición, el Gobierno de Su Majestad

aceptaría sin reserva las disposiciones formuladas en losartículos 25 a 28 inclusive:

i) Que las actividades pesqueras en cualquier zona dela alta mar estén reglamentadas con objeto de conservarlos recursos vivos del mar;

ii) Que todos los Estados cuyos nacionales se dedicana la pesca en una zona de la alta mar traten de adoptarde común acuerdo las medidas de conservación necesa-rias;

iii) Que un Estado cuyos nacionales deseen participaro pidan participar en una pesquería de alta mar esté obli-gado desde el principio por las medidas de conservaciónque ya estén en vigor;

iv) Que un Estado ribereño de cualquier pesqueríade alta mar tenga el derecho de participar, en un pie deigualdad con los demás Estados, en todo sistema de in-vestigación o de reglamentación de la pesquería a los

efectos de la conservación, aunque sus nacionales no sedediquen a la pesca en ella.

Además, el Gobierno de Su Majestad acepta, en prin-cipio y a reserva de las observaciones que se consignana continuación, que cuando los Estados no puedan llegara un acuerdo sobre cualquiera de las normas i) a iv)estén obligados a recurrir a un arbitraje.

4. En lo que concierne al artículo 28, el Gobierno deSu Majestad hace observar que si se quiere emplear laexpresión " un interés especial " hay que definirla oaclararla, y que la frase " contigua a sus costas " esdemasiado restrictiva, ya que implica que la totalidad deun banco en el que un Estado ribereño esté interesadoha de hallarse siempre muy cerca de la costa de dichoEstado. Esto no corresponde a las características muyvariables de las migraciones de las distintas especies. Elprimer párrafo de este artículo podría redactarse comosigue :

" El Estado ribereño cuyos nacionalos no se dedicanactivamente a la pesca en una zona de la alta mar, peroque pueda demostrar un interés, latente o potencial, enel mantenimiento de la productividad de la pesquería,tendrá el derecho de participar, en condiciones deigualdad, en todo plan de investigación o en todo siste-ma de reglamentación de dicha pesquería."El Gobierno de Su Majestad propone que se modifique

el artículo 30 en este sentido. Al indicar que un Estadoribereño ha de demostrar su interés, el Gobierno de SuMajestad piensa en pruebas de carácter económico másbien que en argumentos científicos detallados.

5. Los artículos 26 a 28 disponen además que losEstados habrán de recurrir obligatoriamente a una deci-sión arbitral cuando, en un momento dado, no puedandeterminar de común acuerdo, dentro de un plazo razona-ble, si son necesarias medidas de conservación, qué me-didas han de aplicarse o si un determinado Estado ribe-reño puede reivindicar los derechos que concede el artí-culo 28. El Gobierno de Su Majestad considera totalmen-te aceptable esta disposición en cada una de sus partesy está igualmente dispuesto a aceptar el principio delartículo 33, a saber: que la decisión arbitral será obliga-toria para los Estados interesados.

6. En lo que respecta al artículo 31, que trata delnombramiento, composición y procedimiento de la comi-sión arbitral propuesta, el Gobierno de Su Majestad, comola Comisión, concede la mayor importancia a la rapidezde decisión. Una controversia no resuelta acerca de laconservación de los bancos de pesca puede, si se prolonga,acarrear fácilmente perjuicios y pérdidas para los pesca-dores así como para los bancos de pesca. Por ello, elGobierno de Su Majestad ve con agrado que hayan esta-blecido plazos cortos para el procedimiento que hay queseguir con las demandas de arbitraje, la constitución deuna comisión para que las examine y dicte la sentenciaarbitral.

7. Ve con poca satisfacción que se proponga facultara la Comisión para que pueda prorrogar el plazo dentrodel cual ha de dictar la decisión. Esto creará indudable-mente una dificultad. Una Comisión integrada principal-mente por expertos en materia de conservación — y elGobierno de Su Majestad considera que tal debe ser sucomposición — no solamente tendrá siempre una tenden-cia a sacrificar la rapidez de la decisión a la minuciosidadde las pruebas, sino a considerar que una decisión défini-


tiva basada en los argumentos aducidos por las partes nopuede lograrse sin llevar a cabo investigaciones científi-cas prolongadas. El plazo de tres meses indicado por laComisión puede fácilmente transformarse en un plazo detres años si no se obliga a la Comisión a dictar la mejordecisión posible, aunque sea provisional, dentro de unplazo determinado. Estas consideraciones revestirían aúnmayor importancia si el Estado ribereño, en virtud delartículo 29, tuviese el derecho de tomar medidas de con-servación unilaterales que sólo pudieran ser anuladas porel arbitraje y la Comisión decidiese no suspender lasmedidas del Estado ribereño hasta que recayera el fallo,como puede hacerlo en virtud del párrafo 2 del artículo 32.

8. Los artículos 29 y 32 han de ser examinados con-juntamente tanto por lo que respecta a los principioscomo a su aplicación. Su propósito es tener en cuentalas necesidades particulares del Estado ribereño, en loque concierne a la conservación de los bancos de pesca yotros recursos vivos del mar. El Gobierno de Su Majestadreconoce la existencia de esas necesidades y temores quepueden ser legítimos, haya o no el Estado ribereño parti-cipado en su explotación. Esto es tanto más significativocuanto que el Gobierno de Su Majestad ha de velar porlos intereses de muchos territorios en varias partes delmundo que se dedican actualmente a ampliar sus indus-trias pesqueras con objeto de aumentar sus abastecimien-tos en productos alimenticios. Al mismo tiempo, consideraque los artículos 29 y 32 han de ser estudiados más de-tenidamente por la Comisión, teniendo en cuenta losdiversos aspectos técnicos de la pesquería, antes de deter-minar si puede encontrarse, y en caso afirmativo, de quémanera, una fórmula aceptable para el principio funda-mentalmente nuevo incluido en el artículo 29, según elcual cada Estado puede aplicar medidas en alta mar queafecten a otros Estados interesados, sin que éstos lashayan aceptado y antes de que haya recaído un laudosobre la conveniencia de dichas medidas. Este principioconstituiría una innovación cuyo efecto podría ser radi-cal sobre la economía pesquera de los Estados que nohubieran participado en ellas; los derechos e intereses deesos Estados se han de tomar también en consideraciónsiempre dentro de las exigencias de la conservación delos recursos vivos del mar, al igual que los intereses delEstado que haya adoptado medidas unilaterales para lossuyos.

9. El Gobierno de Su Majestad ha visto que la Comi-sión pide a los Gobiernos que incluyan en sus observa-ciones datos sobre todos los aspectos técnicos que puedanser útiles para la redacción definitiva de estos artículos.Los aspectos técnicos de las pesquerías revisten especialimportancia por lo que respecta al artículo 29 que, alparecer, tiende a generalizar dos principios que sólopueden aplicarse en determinadas situaciones. El primerode ellos es el que podría llamarse el principio de laexistencia de reservas localizadas de recursos vivos delmar. El segundo puede llamarse el principio de la fron-tera oceánica.

10. En cuanto al primero, hay que advertir que lospeces y demás recursos del mar efectúan con frecuenciamovimientos migratorios que cubren grandes distancias.Un banco de pesca puede estar situado en la proximidadde un Estado determinado en un período del año y situar-se luego cerca de otro o en mitad del océano. La zona " quetenga un interés especial " para un Estado, y dentro de la

cual considera el artículo 29 que el Estado ribereño tieneatribuciones unilaterales de conservación, puede exten-derse mucho más allá de las aguas territoriales e inclusodentro de las aguas territoriales de otros Estados, o enmedio del océano. Limitar la acción de un Estado ribereñoa las aguas " contiguas " podría restar toda eficacia a suacción, mientras que permitir que la extendiera más allápodría resultar injustificado. Podrá presentarse una grandiversidad de situaciones, según la clase de banco depesca o de cualquier otro recurso marino de que se trate.¿ Por dónde ha de trazarse la línea más allá de la cual noestá permitida la conservación con medidas unilaterales ?Y, si esta línea no puede trazarse claramente de modoque resuelva todas las situaciones, y un Estado ribereñola ha franqueado, según un dictamen posterior de laComisión arbitral ¿ qué recurso tendrán los Estadoscuyos intereses se haya lesionado injustamente ?

11. En cuanto al segundo principio, una distinciónentre un Estado ribereño y otros Estados, cuando no seplantée el problema técnico de que acaba de tratarse, noofrecerá ninguna dificultad allí donde, por ejemplo, seextienda una amplia zona de océano frente al Estadoribereño. Pero esta circunstancia no ocurre siempre, y pro-bablemente ni siquiera es la más corriente. Gran númerode países están agrupados o apiñados en torno a losmares, los cuales son a veces de dimensiones bastantereducidas y se enfrentan a lo largo de sus costas. Ejem-plos de ello son en Europa el Mar del Norte, el MarBáltico y el Mar Mediterráneo. Condiciones bastante simi-lares se presentan en algunas partes de Asia y del norestede Africa, y también en el Caribe. Además de este factorgeográfico, han de tenerse en cuenta las característicasmigratorias de los peces y de otros recursos marinos aque se hace referencia en el párrafo anterior. La conclu-sión inevitable es que en muchas partes del mundo puedehaber, en una determinada región, varios países que pue-dan considerarse con fundamento como Estados ribereñossegún el artículo 29 con su redacción actual, los cualespodrían emprender acciones unilaterales que estuviesenen conflicto y provocasen una situación caótica en laspesquerías.

12. Conviene que la Comisión tenga también presenteque existen actualmente órganos internacionales de con-servación para ciertas zonas, o para ciertas especies derecursos marinos, los cuales aplican medidas concretasdestinadas a la conservación de los bancos de pesca; ór-ganos en los que los Estados ribereños interesados pue-den ingresar libremente como miembros, y de los que sonmiembros generalmente. Habrá ocasiones en que uno deestos órganos no tenga atribuciones para aplicar una claseespecial de medidas estimada necesaria por un EstadoMiembro. En este caso dicho Estado podría acudir alartículo 26, que le permite entablar negociaciones en-caminadas a extender las atribuciones del órgano inter-nacional de conservación. Si este procedimiento no dieraresultado, podría someter el asunto objeto del conflictoal arbitraje previsto en el artículo 16. No obstante, de laredacción actual del artículo 29 parece desprenderse queun Estado que pueda demostrar su condición de Estadoribereño, y esté en minoría dentro de un órgano inter-nacional de conservación en cuanto a la necesidad cientí-fica de una medida particular, o que no desee ir tan lejoscomo otros Estados Miembros en la reglamentación de lapesca con fines de conservación, podrá abandonar dichoórgano y emprender una acción por su propia cuenta si


cree poder demostrar lo justificado de su actitud ante laComisión arbitral, la cual se convertiría así en un tribunalde apelación contra las medidas tomadas por el órganointernacional de conservación. A juicio del Gobierno deSu Majestad, esto no es lo que la Comisión se propone enrealidad ni es este el papel que la Comisión arbitral ha dedesempeñar.

13. El Gobierno de Su Majestad desea formular tresobservaciones sobre las condiciones que, según el párrafo2 del artículo 29, deberían llenar las medidas unilateralesdel Estado ribereño para poder ser aplicables contra losnacionales de otros Estados. En primer lugar, la condicióndel inciso a) de dicho párrafo podría provocar muchasconfusiones y controversias si no se diera una definiciónexacta de la palabra " conservación " en términos cientí-ficos; y el Gobierno de Su Majestad ha propuesto ya enestas observaciones la forma que a su juicio debiera darsea esa definición. En segundo lugar, la palabra " perti-nente" que figura en el inciso b) no parece una ex-presión adecuada ni clara en su intención. Sería másapropiada la palabra " aceptable " ; debería al menosexigirse al Estado que haya emprendido una acción uni-lateral que demonstrara que los fundamentos de suacción están admitidos, científicamente, por la mayoría,aunque tal vez no por todo el mundo. En tercer lugar, enel inciso c) debiera tenerse en cuenta que es posiblejustificar, al menos de un modo aparente, que las medidasno envuelven discriminación contra los pescadores ex-tranjeros cuando en realidad ocurre lo contrario. Estopodría conseguirse, por ejemplo, prohibiendo determina-das formas de pesca, o el uso de determinados aparejos,aparentemente por motivos de conservación, no empleadospor los pescadores del país iniciador de las medidas, peroque fuesen en cambio los únicos de que disponen losnacionales de otros Estados interesados. Para que unaacción unilateral Dueda ser admitida, no ha de haberen ella discriminación, ni en la realidad ni en la apa-riencia.

14. La última observación que desea formular demomento el Gobierno de Su Majestad se refiere a la dis-posición del artículo 29 de que las medidas unilateralessurtirán efecto respecto de otros Estados, aun antes derecurrirse al arbitraje, si se cumplen las condiciones in-dicadas y seguirán siendo obligatorias hasta que sepronuncie la decisión arbitral. Si esta disposición se hade cumplir, resultará que no sólo los demás Estadosinteresados deberán coprometerse a hacer que sus nacio-nales observen las medidas, sino también que se velarápor su ejecución incluso en la zona de alta mar en quehayan de observarse. ¿ Quién ha de velar por la ejecu-ción de estas medidas ? ¿ Se espera que los " demásEstados " ejecuten las medidas unilaterales del Estadoque las ha dictado, o habrá que exigírseles que lo hagan,contra sus propios nacionales, aunque no estén de acuerdocon ellos y hayan decidido recurrir a la Comisión arbi-tral ? ¿ Es ésta una política acertada ? ¿ 0 se quiere que elEstado que haya tomado las medidas unilaterales tengaderecho a imponerlos a los buques que naveguen en altamar con bandera de otro país : que los buques de pro-tección pesquera de dicho Estado estén autorizados poreiemolo para inspeccionar las redes de los barcos 'ros-queros extranjeros a fin de imponer una medida uni-lateral sobre las dimensiones dé las mallas o para alejara los buques extranjeros de la zona pesquera a fin de

aplicar una medida unilateral que regule la intensidad dela actividad pesquera ? La ejecución colectiva o interna-cional de las medidas de conservación de las pesqueríashan resultado hasta ahora una planta de lento crecimiento,y no hay por lo tanto grandes perspectivas para la ejecu-ción unilateral de medidas discutidas.

15. Aunque el Gobierno de Su Majestad estima queestas consideraciones de carácter técnico y práctico exigenque se introduzca una enmienda de fondo en los proyec-tos de artículos relativo a la conservación de los recursosvivos del mar, reafirma, como conclusión, su creencia deque un grupo de artículos sobre esta cuestión es necesa-rio en interés de la conservación de los recursos marinos;estos artículos serán un complemento inapreciable delcuerpo del derecho internacional, y el Gobierno de SuMajestad declara de nuevo que los principios fundamen-tales en que están inspirados dichos artículos merecensu aprobación.

21. República Dominicana

Documento A/CN.4/99

OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN CARTA DE FECHA 5 DE

MARZO DE 1 9 5 6 POR LA MLSION PERMANENTE DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

[Texto original en español]

1. Las cuestiones relacionadas con el régimen de altamar, el régimen del mar territorial y la modalidad —concerniente a la plataforma submarina o continental sonobjeto, en la legislación dominicana, de las disposicionesnormativas contenidas en el artículo 5 de la Constituciónde la República Dominicana, en la Ley No. 3342 sobreextensión de las aguas territoriales de la República, defecha 13 de julio de 1952 y la Ley No. 3003, sobrepolicía de puertos y costas, de fecha 12 de julio de 1951.

2. En lo que concierne a la extensión del mar terri-torial y la plataforma submarina, el artículo 5 de laConstitución de la República expresa que " son tambiénparte del territorio nacional la mar territorial y la plata-forma submarina correspondientes ", agregándose que" la extensión del mar territorial y de la plataforma sub-marina será definida por la ley ". La Ley No. 3342, antescitada, en su artículo 1 dispone que la extensión de lasaguas territoriales o jurisdiccionales tienen extensión detres millas náuticas a lo largo de sus costas a partir de lalínea media de la baja mar y hasta la alta mar. En elartículo 4 se establece una zona suplementaria contigua almar territorial, denominada " zona contigua ", consti-tuida por una faja apoyada en el límite del mar territorial,con una extensión de 12 millas náuticas dentro del altamar. Las delimitaciones anteriores quedan sujetas a lamodalidad establecida por una disposición transitoria dela ley, que dice así : " las extensiones indicadas en lapresente ley para el mar territorial y la zona contigua,constituyen el límite mínimo de las aspiraciones de laRepública Dominicana y no representan, por lo tanto, unaposición inalterable con respecto a toda tendencia pro-gresiva del derecho internacional positivo que llegue amaterializarse sobre estas materias ".

3. Las aguas o bahías históricas son las bahías deSamaná, de Ocoa y de Neiba dentro de los límites delíneas transversales de cabos a cabos y de puntas a


puntas, líneas que sirven para demarcar los límites de lasaguas interiores y las líneas bases de las aguas territo-riales de esas bahías.

4. Sobre los recursos y riquezas marinas, el artículo5 dispone textualmente : " el Estado Dominicano se reservael derecho de propiedad y explotación de los recursosnaturales y riquezas que se encuentran o puedan encon-trarse en el suelo o subsuelo marino en una extensióncontigua al territorio dominicano, cuyos límites seránfijados por la Administración Nacional, según las necesi-dades inherentes a la apropiación y explotación de dichosrecursos naturales y riquezas, y, cuando sea el caso, pormedio de tratados internacionales. El Estado Dominicanopodrá levantar o autorizar el levantamiento de estructuraso instalaciones necesarias para la explotación de dichosrecursos y riquezas y ejercer todas las medidas de vigi-lancia que requiera su conservación ".

5. De conformidad con la Ley No. 3003 (véase párr.1), ya mencionada, en los casos de crímenes y delitoscometidos a bordo de buques mercantes nacionales o ex-tranjeros surtos en puertos dominicanos o que se en-cuentren en aguas jurisdiccionales, los Comandantes dePuertos tienen calidad para actuar, sometiendo los hechosa los tribunales ordinarios sin perjuicio de las actuacionesde los demás miembros de la Policía Judicial. Si el crimeno delito fuere cometido a bordo de un buque de guerrano podrán entrar a éste y se limitarán a redactar actade los hechos de que tuviesen conocimiento.

6. En lo que concierne a arribadas forzosas y naciona-lidad de los buques, los artículos 46, 96 y 97 de la referidaLey No. 3003 expresan lo siguiente:

" Se entenderá por arribada forzosa la entrada de unbuque a un puerto nacional, por cualquiera de las si-guientes causas: a) por falta de provisión en general paralas necesidades del viaje; b) por temor fundado de serapresado por enemigos o piratas; c) por accidentes en elbuque que lo inhabiliten para navegar; d) por tempestadque no pueda aguantarse en alta mar; e) por causa im-prevista en enfermedad o lesión grave de algún pasajeroo tripulante que requiera atención urgente; /) por causade motín a bordo, amenazas o desavenencias graves conla oficialidad del buque. En los demás casos la arribadase considerará como voluntaria " ; " Son buques naciona-les; a) los matriculados como tales en las Comandanciasde Puerto; b) los apresados en caso de guerra al enemigoo confiscados judicialmente " ; " ningún buque podrá sernacionalizado dominicano a menos que haya canceladosu matrícula extranjera."

7. Para los fines de las modalidades relacionadas conextensión de aguas territoriales respecto de islas o islotes,de canales y otras aguas consideradas como territoriales,del régimen jurídico del mar territorial y de zona contiguaen la vecindad con la República de Haití, de los poderesde jurisdicción y control en la zona contigua y de lasaguas interiores declaradas nacionales, se incluye copiadel artículo 5 de la Constitución y de la Ley No. 3342.

22. Suecia

Documento A/CN.4/99CARTA DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 1956 DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES DE SUECIA

[Texto original en francés]Por carta del 24 de agosto de 1955 invitó Vd. al Go-

bierno de Suecia a formular observaciones sobre losArtículos provisionales relativos al régimen de alta mar(capítulo II del informe) y el Proyecto de artículos re-lativos al régimen del mar territorial (capítulo III delinforme), que figuran en el informe de la Comisión deDerecho Internacional sobre su séptimo período de se-siones, y cuyo objeto es codificar ciertas partes delderecho internacional.

Después de estudiar con el mayor interés los artículosprovisionales de la Comisión, el Gobierno sueco tiene elhonor de hacer las siguientes observaciones:

I. En lo que respecta a los " Artículos provisionalesrelativos al régimen de alta mar ", el Gobierno suecodesea, por el momento, limitarse a las observaciones quea continuación se formulan.

En lo concerniente al derecho de pesca (artículo 24 ysiguientes), el Gobierno de Suecia estima que sería par-ticularmente conveniente concertar una convención in-ternacional relativa a la pesca en alta mar y opina que lacreación de una comisión arbitral como la que se proponeen el artículo 31 podría ser útil.

Las disposiciones del artículo 29 que dan al Estadoribereño el derecho a adoptar unilateralmente medidasde conservación pueden, en opinión del Gobierno sueco,dar lugar a serias objeciones. ¿ Cómo podría establecerseque hay conclusiones científicas fundadas que pruebanla necesidad o la oportunidad de determinadas medidas ?La pregunta es legítima. Las medidas que se adoptenpodrían, sin duda, ser estudiadas por un órgano inter-nacional, pero la decisión de ese órgano puede demorary esta demora causar la pérdida de importantes valores.La disposición que se propone en el artículo 29 podríadar lugar a abusos y, en opinión del Gobierno sueco,debe eliminarse.

El artículo 34 trata del derecho que tienen los Estadosde tender sobre el lecho de la alta mar cables telegráficoso telefónicos y tuberías. Ahora bien, la técnica modernapermite también transmitir por debajo del mar energíaeléctrica por medio de cables de alta tensión. El Gobiernosueco considera que debe tenerse también en cuenta estaposibilidad cuando se redacte una disposición sobre lamateria.

II. En cuanto a las disposiciones de derecho inter-nacional relativas al mar territorial, resaltan en primerlugar las cuestiones de la anchura del mar territorial yde la línea de base para medir esa anchura. Sobre estascuestiones, el Gobierno sueco expuso a Vd. su punto devista en carta del 12 de abril de 1955 y sigue manteniendola misma opinión.

En lo que respecta a los nuevos artículos provisionalespreparados por la Comisión de Derecho Internacional ensu séptimo período de sesiones, el Gobierno sueco deseaañadir lo que sigue.

Sobre estas cuestiones hay opiniones completamentedivergentes entre los Estados y, como lo demuestra laexperiencia, es difícil hallar una solución que logre unaadhesión general. La Comisión de Derecho Internacionaltampoco ha logrado redactar en su último proyecto untexto definitivo con respecto a la anchura del mar terri-torial y se ha contentado con formular las considera-ciones siguientes:

1) La Comisión reconoce que la práctica internacional


no es uniforme por lo que respecta a la limitación tra-dicional del mar territorial a tres millas;

2) La Comisión considera que el derecho internacionalno autoriza a extender el mar territorial más allá de 12millas ;

3) La Comisión, sin tomar ninguna decisión en cuantoa la anchura del mar territorial más acá de ese límite,considera que el derecho internacional no obliga a losEstados a reconocer una anchura superior a tres millas.

Al enunciar estas proposiciones, la Comisión parecehaber querido tener en cuenta las opiniones divergentesexpuestas a este respecto. No obstante, como esas opinio-nes son en realidad irreconciliables, el Gobierno sueco nocree que las tesis de la Comisión reflejen el derechovigente, ni constituyan una base útil para solucionesfuturas.

El Gobierno sueco se adhiere a la opinión expresadapor la Comisión en el sentido de que la limitación del marterritorial a tres millas no se funda en una práctica inter-nacional uniforme puesto que hay otros límites, como porejemplo, los límites de cuatro y de seis millas que el dere-cho internacional admite tanto como el de tres. En opinióndel Gobierno sueco, el límite de cuatro millas que rige enSuecia puede considerarse tan tradicional como el límitede tres millas que mantienen ciertos países y hay quesuponer otro tanto en el caso del límite de seis millas queaplican otros países. La Comisión declara en su comen-tario que una extensión del mar territorial hasta 12 millasno constituye violación del derecho internacional, lo quesólo podría significar una sola cosa, es decir que el de-recho internacional justifica esta extensión. Pero si asífuera, estos límites evidentemente deberían ser respetadospor los demás Estados. El mar territorial es una parte delterritorio del Estado ribereño y, como se dice en elartículo 1 del proyecto de la Comisión, sometido a susoberanía. Una de las reglas fundamentales del derechointernacional es que los Estados están obligados a respetarel territorio de otros Estados. Es difícil concebir un terri-torio de un Estado que unos Estados estarían obligadosa respetar y otros no. La Comisión dice en su comentarioque la validez de una anchura del mar territorial inferiora 12 millas podrá ser defendida erga omnes por cualquierEstado que pueda hacer valer un derecho histórico a esterespecto Esta regla es tan importante que hubiera podidoinsertarse en el texto mismo de las reglas enunciadas porla Comisión y no únicamente en el comentario. En suactual redacción, está realmente en contradicción condicho texto.

El Gobierno sueco se adhiere al parecer de la Comisiónde que una extensión del mar territorial más allá del límitede 12 millas constituye una infracción del principio de lalibertad del mar y, en consecuencia, es contraria al de-recho internacional. En lo que respecta al límite de 12millas, el Gobierno sueco desea hacer observar que laanchura de 12 millas para el mar territorial sólo ha sidoadoptada en estos últimos años en ciertos casos aisladosy aplicada a mares que tienen poca importancia para lanavegación internacional. El Gobierno sueco estima quela extensión del mar territorial hasta 12 millas debe con-siderarse una excepción y que, por otra parte, una an-chura de seis millas es la anchura máxima que han re-clamado muchos Estados durante un período lo bastanteprolongado como para que esta anchura del mar territorialpueda considerarse reconocida en la práctica interna-

cional. No debe olvidarse, por otra parte, que la extensióndel mar territorial hasta 12 millas, puesta en práctica porciertos Estados en años recientes, ha provocado las pro-testas de otros Estados.

El Gobierno sueco tampoco cree que los puntos de vistaexpuestos por la Comisión puedan servir de base para lafutura solución del problema. Una solución de esa na-turaleza significaría que todo Estado obtendría el derechode extender su mar territorial hasta una anchura de 12millas, pero que los otros Estados no estarían obligados areconocer una extensión del mar territorial superior allímite de tres millas. Una solución de este género podríacalificarse de fórmula de transacción por cuanto los doscriterios opuestos que existen en la actualidad serían re-conocidos y respetados. Pero no se habría llegado a unaverdadera solución puesto que las divergencias de opiniónsubsistirían en vez de conciliarse. El estado actual deincertidumbre en esta cuestión se prolongaría y se pro-ducirían controversias continuas para las que no habríasolución, ya que los dos puntos de vista irreconciliablesserían declarados conformes al derecho internacional.Supongamos que un Estado fija el límite de su mar te-rritorial en seis millas y prohibe a extranjeros pescar endicha zona, cosa que en opinión de la Comisión dichoEstado tiene pleno derecho a hacer, y supongamos ademásque pescadores de un Estado que se niega a reconocer unlímite superior a tres millas pesquen en la zona contro-vertida. Si los pescadores son arrestados y multados porel Estado ribereño, el otro Estado sin duda protestará ytomará partido a favor de sus nacionales, y cabe preguntar¿ cómo fallaría un tribunal internacional en una contro-versia de esta índole si ambas partes pueden invocar elderecho internacional ? En opinión del Gobierno sueco,es esencial que el mar territorial a que tiene derecho unEstado sea respetado por los demás.

El Gobierno sueco desea expresar la opinión, remitién-dose a su carta del 12 de abril de 1955, de que una solu-ción que conceda a los Estados cierta libertad que lespermita determinar por sí mismos la extensión de su marterritorial y que, al mismo tiempo, restrinja esa libertada límites bastante estrechos, sería una solución capaz desatisfacer puntos de vista opuestos. El Gobierno suecoestima que sería oportuno fijar en seis millas la distanciamáxima para la extensión del mar territorial, quizás re-servando a los Estados que puedan invocar razones histó-ricas, el derecho de reclamar, a título excepcional, un marterritorial más ancho. El Gobierno sueco estima que unasolución así se ajustaría bastante a la situación jurídicaactual.

Pero, para determinar el límite exterior del mar terri-torial no hay que tener en cuenta únicamente la anchuradel mar territorial, sino también la línea de base, a partirde la cual se medirá. A este respecto, el artículo 5 delproyecto de la Comisión referente a las líneas de baserectas presenta un interés especial.

El Gobierno sueco piensa que este artículo, comparadocon el preparado por la Comisión en su sexto período desesiones, presenta mejoras notables, en particular por elhecho de que las disposiciones del segundo inciso delartículo relativas a la longitud máxima de estas líneas debase ya no figuran en ese artículo. Pero el Gobierno suecosigue creyendo que el tenor de este artículo es demasiadocomplicado y que contiene varias condiciones y reservasinútiles. El Gobierno sueco opina que la disposición más


importante del artículo es la que establece que las exten-siones de mar comprendidas dentro de las líneas de basedeben estar suficientemente unidas a los dominios te-rrestres para estar sometidas al régimen de las aguas in-teriores. Esta disposición tiene su origen en el hecho deque el carácter de aguas interiores que tiene una extensiónde mar es determinado principalmente por condicionesgeográficas y que esas condiciones deben entrañar con-secuencias jurídicas. El Gobierno sueco comparte ente-ramente esta opinión. Es evidente que las extensiones deagua que están geográficamente unidas al dominio te-rrestre deben estar jurídicamente asimiladas a dicho do-minio; o, en otras palabras, la noción geográfica de aguasinteriores y la noción jurídica de aguas interiores coin-ciden. De ello se desprende, en opinión del Gobiernosueco, que las líneas que constituyen los límites exterioresde las aguas interiores deben también, con el mismoderecho que el dominio terrestre, servir como líneas debase para medir el mar territorial. Pero si esto es así,difícilmente puede concebirse que las otras condicionesque fija la Comisión para trazar líneas de base rectaspuedan tener importancia alguna. Si las líneas rectas noconstituyen los límites de las aguas interiores, ningúninterés económico propio de una región podría, según eltenor del artículo, justificar el que se las emplee comolíneas de base. Si, por otra parte, las líneas rectas formanlos límites exteriores de las aguas interiores, deben pornecesidad servir como líneas de base a partir de las cualesse medirá el mar territorial. Como señaló el Gobiernosueco en su carta del 12 de abril de 1955, cualquier otrasolución llevaría a consecuencias absurdas. El hecho deque las líneas rectas constituyan los límites de las aguasinteriores es, pues, la condición tanto necesaria comosuficiente para que dichas líneas puedan emplearse comolíneas de base para medir el mar territorial y está de máshablar, a este respecto, de circunstancias que hacen nece-sario un régimen especial. Bastaría, pues, decir en elartículo 4 que la anchura del mar territorial se mediráa partir de la faja de la bajamar que sigue la costa, o delíneas rectas que formen los límites de las aguas interiores.El artículo 5 sería entonces superfluo y, en principio, otrotanto ocurre con las disposiciones relativas a las bahías,puertos y desembocaduras de ríos. Sería quizás buenocontar con una definición de " aguas interiores ", quepodría extraerse del artículo 5 (" suficientemente unidasa los dominios terrestres ", etc.) e insertarse en el ar-tículo 4.

Como es natural, la Comisión concedió gran impor-tancia al fallo de la Corte Internacional de Justicia en ellitigio anglonoruego de las pesquerías. Ahora bien, elGobierno sueco se permite señalar a la atención elartículo 59 del Estatuto de la Corte, según el cual ladecisión de la Corte no es obligatoria sino para las partesen litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Unfallo pronunciado por la Corte es pues ley para las partes,pero no es parte del derecho internacional. En cuanto alas razones y consideraciones de carácter general en quese funde un fallo de la Corte, dichas razones y conside-raciones alcanzan a otros casos únicamente en la medidaen que reflejen principios de derecho internacional gene-ralmente reconocidos. Es posible, por ejemplo, aceptar enel caso actual las razones geográficas y no las razoneseconómicas.

Para trazar las líneas de base, en opinión del Gobierno

sueco sólo deben tenerse en cuenta las razones geográficasy no las razones económicas. Trazar las líneas de basecon el objeto de dar al mar territorial una extensión quesatisfaga los intereses económicos del Estado ribereñosólo puede conducir a abusos. Semejante método paralimitar las aguas interiores no tiene fundamento en elderecho internacional vigente ni tampoco es aconsejablede lege ferenda. La condición que la Comisión ha for-mulado de que las extensiones de mar situadas dentro delas líneas de base deben estar suficientemente unidas alos dominios terrestres para estar sometidas al régimende las aguas interiores, impediría a un Estado ribereñotrazar arbitrariamente líneas de base que conviertan enaguas interiores extensiones de mar que geográficamenteno tienen carácter de aguas interiores.

A diferencia del mar territorial que es una nociónpuramente jurídica — desde el punto de vista geográficoel mar territorial es naturalmente parte de la alta mar —la de " aguas interiores " es ante todo una noción ge-ográfica. Transformar una parte de la alta mar en aguasinteriores alegando derechos económicos parece ser taninadmisible como transformar aguas interiores en altamar o en mar territorial aplicando, por ejemplo, unalínea máxima de 10 millas.

El Gobierno sueco no cree necesario definir la nociónde " bahía ", que es una noción puramente geográficacuyo sentido no puede ser otro que el que evoca engeneral la expresión " bahía ". Se trataría más bien dedeterminar cuáles son las condiciones necesarias para queuna bahía se considere como aguas interiores. El Gobiernosueco opina que para que una bahía se considere comoaguas interiores es preciso que constituya una hendidurabien determinada y que sus orillas estén dentro de un soloEstado. Las condiciones necesarias para que una bahíasea considerada como aguas interiores podrían extraersede las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 7referente al la noción de " bahía " 24. En consecuencia,la noción "bahía histórica" que deja suponer que sefija una anchura máxima para las bahías es, en opinióndel Gobierno sueco, superflua e injustificada.

La Comisión plantea una cuestión con respecto a lamedida del mar territorial en las bahías en que variosEstados son ribereños. La situación que se presenta en lafrontera entre Suecia y Noruega tiene cierto interés aeste respecto. Esta frontera atraviesa una bahía y despuésun archipiélago situado fuera de la boca de la bahía.Según ciertas disposiciones sobre pesca e inspección adua-nera, la línea de base para medir el mar territorial fuerade este archipiélago está constituida por una línea rectaque une el último islote del lado sueco al último islotedel lado noruego. Pero en este caso se trata de una situa-ción bastante especial.

En lo que respecta a las otras disposiciones del capí-tulo II del proyecto de artículos de la Comisión relativosal régimen del mar territorial, el Gobierno sueco seremite a su carta del 12 de abril de 1955.

Por último, el Gobierno sueco desea hacer observar quevarias disposiciones de los dos proyectos de artículos dela Comisión evidentemente sólo pueden aplicarse entiempo de paz. En futuras convenciones deberá precisarse

21 El Gobierno sueco estima que, en principio, no debe fijarseninguna anchura máxima para las bahías que puedan considerarsecomo aguas interiores.


este punto. El artículo 8 del Estatuto sobre la libertad detránsito firmado en Barcelona el 20 de abril de 1921podría servir de modelo a este respecto.

23. Turquía

Documento A/CN.4/99

NOTA VERBAL DE FECHA 2 DE MARZO DE 1956 DE LA MISIÓN

PERMANENTE DE TURQUÍA ANTE LAS NACIONES UNIDAS


El representante permanente de Turquía ante las Na-ciones Unidas saluda atentamente al Secretario Generalde las Naciones Unidas y tiene el honor de referirse a sunota de fecha 24 de agosto de 1955, No. LEG 292/9,01,LEG 292/8,01, relativa a los artículos provisionales delrégimen de alta mar y del régimen del mar territorialformulados por la Comisión de Derecho Internacional.

El representante de Turquía ruega a Su Excelencia elSecretario General tenga a bien transmitir las siguientesobservaciones a los miembros de la Comisión.

1. OBSERVACIONES GENERALES

En opinión del Gobierno de Turquía, el trabajo de laComisión de Derecho Internacional ha contribuido yacon datos muy valiosos al estudio de muchos aspectosimportantes del derecho marítimo internacional. Algunosde esos datos preliminares podrían servir de base paralas deliberaciones relativas a una futura convención in-ternacional sobre el régimen de la alta mar y del marterritorial.

Sin embargo, el Gobierno de Turquía estima que enotros aspectos los trabajos de la Comisión han demostradoya que la materia objeto de algunos de los artículos pro-visionales no se presta a una codificación general. Entredichos artículos los más importantes son aquellos en quese ha tratado de insertar algunos principios generalessobre el régimen de los estrechos.

Contrariamente a lo que ocurre en general con la apli-cación del régimen de la alta mar y en ciertos casos conel del mar territorial, en que es posible hasta cierto puntoun criterio universal, las condiciones que se relacionancon el régimen de los estrechos son, y por naturalezatienen que ser, muy diversas.

En efecto, la imposibilidad de formular reglas gene-rales aplicables a todos los estrechos es un hecho que nosólo ha sido demostrado por las prácticas divergentes hoyaplicables en distintos estrechos, sino también reconocidopor la doctrina jurídica.

El Comité Preparatorio nombrado en 1924 por el Con-sejo de la Sociedad de las Naciones para que prepararaun informe sobre aquellos aspectos del derecho interna-cional que se prestasen a una solución por medio de con-venciones internacionales, intentó facilitar esta laborestableciendo distinciones entre los distintos estrechossegún sus características. Se sugirió que para considerarel problema se tuviera en cuenta principalmente si elestrecho había sido o no objeto de reglamentaciones me-diante tratados, si la boca era mayor o menor de 12millas marinas, si el estrecho tenía menos de 12 millasmarinas en su boca y una amplitud mayor en su cursosubsiguiente. En este último caso se hizo una distinciónadicional, al considerar como aguas interiores una zona

de mar con una anchura superior a las 12 millas en elcaso de que las costas del estrecho pertenecieran a unsolo Estado.

Sin embargo, ni aun aplicando este método detalladoha sido posible llegar a un acuerdo sobre la aplicación dereglas generales sobre el régimen de estrechos.

Las autoridades turcas saben muy bien que la Comi-sión de Derecho Internacional no ha intentado una co-dificación general del régimen de los estrechos y quelos artículos provisionales en estudio sólo tratan de ciertosaspectos generales relacionados con el paso. Pero se echade ver en el texto actual cuan difícil es tener que tomarsólo algunos de los principios generales aceptados por elDerecho Internacional y exponerlos fuera del contextogeneral de normas y reglamentaciones que condicionany modifican su esencia.

Así, por ejemplo, si bien hay reglas vigentes de derechointernacional, estipulaciones de convenciones especiales,precedentes y prácticas de los Estados que admiten lalibertad de paso inocente para beneficio del comercio in-ternacional y de la navegación, en ningún caso puedeinterpretarse tal libertad en detrimento de la seguridad,el orden público, la sanidad y otros deberes del Estadoribereño para con su población. Por el contrario, en todaslas normas escritas se ha concedido siempre atenciónespecial no sólo a la protección de la soberanía, la seguri-dad, el orden público, la sanidad y los intereses econó-micos, fiscales y de otro orden del Estado ribereño, sinotambién a la defensa de los intereses legítimos delcomercio y de la navegación internacionales.

En cuanto a la aplicación concreta de esta regla gene-ral al régimen de paso a través de los diferentes estrechos,la práctica finalmente aceptada se ha formado a base delas características individuales de los estrechos, la impor-tancia que tengan para la seguridad de todo el territoriodel Estado ribereño, la proximidad de las rutas de pasorespecto de las costas, el tamaño e importancia de lospueblos y ciudades situados en las costas de los estrechos,las prácticas establecidas en virtud de precedentes his-tóricos y de tratados internacionales, y en otras muchasconsideraciones.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, lasautoridades turcas dudan de que pueda tener alguna uti-lidad el intento de formular artículos provisionales sobreel paso a través de los estrechos, aún en el caso de queen tales artículos sólo se pretenda tratar algunos de losprincipios más generales y de que se les modifique paratener en cuenta las circunstancias especiales que afectanal régimen de ciertos estrechos que son de importanciacapital para la seguridad y el bienestar del Estado ri-bereño. En consecuencia, se considera que los artículosprovisionales relativos a ciertos aspectos del paso a travésde los estrechos no deben incluirse en el informe defini-tivo que la Comisión de Derecho Internacional presentea la Asamblea General. Si la Comisión lo juzga útil, podríaañadir como apéndice al citado informe una compilaciónde los varios regímenes aplicables a diferentes estrechos.

Expresado así su preferencia por un método diferentepara tratar algunas de las materias incluidas en los ar-tículos provisionales, las autoridades de Turquía desearíanhacer algunas sugerencias encaminadas a armonizar, enla medida de lo posible, el texto actual con ciertos aspectosdel derecho internacional.

Teniendo en cuenta que el trabajo de la Comisión en


su etapa actual es de carácter exploratorio y preliminar,y que una interpretación definitiva de los diversos artí-culos sólo será posible cuando dicho trabajo esté ter-minado en conjunto, el Gobierno turco desea declarar queno se considera comprometido en forma alguna por lasopiniones que exprese en este momento sobre el trabajode la Comisión.

PROYECTO DE ARTÍCULOS RELATIVOS AL REGIMEN DEL MAR

TERRITORIAL

Artículo 2: Naturaleza jurídica del espacio aéreo situadosobre el mar territorial, del lecho y del sub-suelo de este mar

Agregúese el siguiente párrafo:" Las disposiciones de los artículos siguientes sobre

el tránsito por mar no son aplicables a ninguna formade navegación aérea."Observaciones: Puede parecer superfluo agregar esta

disposición a un conjunto de artículos provisionales re-lacionados exclusivamente con el derecho marítimo, peroel hecho de que en el texto actual la soberanía del Estadoribereño sobre el espacio aéreo se defina como una ex-tensión de su soberanía sobre el mar territorial, hacenecesario especificar que todas las condiciones que pue-dan existir para el ejercicio de esta última soberanía noson aplicables por extensión a la navegación aérea, lacual está sujeta a otras normas de derecho internacional.

Artículo 3: Anchura del mar territorial

Suprímase el párrafo 3.Observaciones: Los párrafos 2 y 3 del texto actual del

artículo 3, que compendian los puntos de vista de laCommisión sobre la anchura del mar territorial, son con-tradictorios. Según el párrafo 2, el derecho internacionalautoriza a extender el mar territorial hasta una distanciade 12 millas. Esta afirmación es correcta, ya que muchosestados han aceptado el límite de 12 millas para el marterritorial. Sin embargo, el párrafo 3 afirma que el de-recho internacional no obliga el reconocimiento de unaanchura superior a tres millas y, por consiguiente, cons-tituye no sólo una contradicción al párrafo 2, sino tam-bién una futura fuente de conflictos, ya que la Comisiónindica la aceptación y a la vez la negación del mismoprincipio. Las autoridades turcas consideran que el límitede 12 millas se ha generalizado ya lo suficiente en lapráctica para que se le acepte como norma de derechointernacional.

Artículo 7: Bahías

1. Cámbiese el título de este artículo por el de " Bahíasy mares interiores".

2. Agregúese el texto siguiente en calidad de pá-rrafo 2:

" Para efectos de esta reglamentación, un mar in-terior es una zona marítima bien definida que puedeestar comunicada con la alta mar por una o másbocas de anchura menor de 12 millas náuticas ycuyas costas pertenecen a un solo Estado. Las aguasde un mar interior se considerarán como aguas in-teriores."Observaciones: Se ha mantenido aquí el límite de

12 millas para la anchura de la boca que se mencionaen el trabajo del Comité Preparatorio de la Sociedad

de las Naciones. En vez de este límite podría establecerseotro equivalente al doble de la anchura del mar terri-torial.

Artículo 12: Delimitación del mar territorial en losestrechos

Párrafo 4 : Después de . . . " estrechos que ponen encomunicación dos partes de la alta mar . . . " agregúese" excepto cuando comunican a través de un mar in-terior . . . "

Artículo 18: Derechos de protección del Estado ribe-reño

Párrafo 4: Principíese el párrafo con las palabras"En tiempo de p a z . . . " Agregúese lo siguiente: "Sereservan los derechos del Estado ribereño a establecerlas medidas oportunas en tiempo de guerra o cuando seconsidere amenazado por ella o con arreglo a sus de-rechos y obligaciones como Miembro de las NacionesUnidas ".

Artículo 19: Deberes de los buques extranjeros duranteel tránsito

Dése al párrafo inicial y a los incisos a), b), c), d), ye) el carácter de párrafo 1; añádase después del incisoe) lo siguiente, en calidad de párrafo 2:

" Los buques submarinos están obligados a navegarpor la superficie."Observaciones: Esta disposición se encuentra en el

texto actual en el artículo 25 referente al paso de losbuques de guerra. Sin embargo, el paso de submarinosno militares, como por ejemplo los que pueden usarsepara finalidades científicas o de otra naturaleza es unaeventualidad no prevista por el párrafo 3 del actualartículo 25. Como este artículo en su conjunto debeentenderse en función de los artículos 16 a 19, seríapreferible suprimir del artículo 25 el párrafo relativo alos submarinos y añadirlo al artículo 19. Dentro de lasdisposiciones cuya inclusión en el artículo 25 se sugieremás adelante, se dejan en vigor otras restricciones queexisten sobre el paso de submarinos por ciertas zonas,ya que los artículos provisionales no pueden cambiartales restricciones.

Artículo 20: Gravámenes impuestos a los buques ex-tranjeros

Párrafo 2 : Suprímanse las palabras " prestados adicho buque".

Añádase el siguiente párrafo : " Queda reservado elderecho del Estado ribereño a pedir y obtener informa-ción sobre la nacionalidad, tonelaje, destino y proce-dencia de los buques que pasan con el objeto de facilitarla percepción de gravámenes."

Observaciones: La redacción actual de este párrafoestá en contradicción con los regímenes que se encuen-tran en vigor en varias partes del mundo. Al suprimirlas palabras " prestados a dicho buque " se dará mayorelasticidad al texto, permitiendo así su aplicación devarias maneras con arreglo a acuerdos internacionalesu otras formas de precedente establecido. La adición deltercer párrafo es también necesaria en vista de las prác-ticas existentes.


Artículo 23: Buques del Estado explotados con finescomerciales

Después de las palabras " . . . son igualmente aplicablesa los buques " añádase la expresión " no armados ".

Artículo 25: Paso (buques de guerra)

Observaciones: En opinión de las autoridades turcas,el párrafo 2 del texto actual tendrá que ser objeto deuna redacción diferente para que concuerde con normasvigentes de derecho internacional en relación con elpaso inocente de los buques de guerra a través de losestrechos.

En el informe de la Comisión de Derecho Internacio-nal sobre la labor realizada en 1955 se menciona el hechode que " el artículo no afecta a los derechos de losEstados que dimanen de una Convención que regule elpaso a través del estrecho a que dicha Convención serefiera " 25 Sin embargo, habiendo tomado nota de esteaserto, las autoridades turcas consideran que el párrafoaún no describe en forma exacta y realista la prácticaque hoy rige efectivamente en lo que respecta al pasoinocente de los buques de guerra a través de los estrechos.

En primer lugar, los párrafos 2 y 3 del artículo secontradicen. En efecto, puede interpretarse que el pá-rrafo 2 en su forma actual implica que, con excepción delos casos sujetos a un procedimiento diferente en virtudde convenciones internacionales, el paso inocente de losbuques de guerra a través de los estrechos es en generalcompletamente independiente de toda consideración re-lativa a la seguridad y al bienestar del Estado ribereño,el cual " no puede poner ninguna clase de obstáculos "a dicho paso. En oposición a esta afirmación, el párrafo3 estipula que " los buques de guerra submarinos estánobligados a navegar por la superficie ", con lo cual seadmite que la seguridad del Estado ribereño no puedepasarse por alto. Admitido así un principio que reflejaen forma más exacta las prácticas actuales, resta aúndeterminar si la navegación de los submarinos por lasuperficie es la única regla que condiciona el paso ino-cente de los buques de guerra a través de los estrechos.Es sabido que el régimen aplicable a ciertos estrechosexcluye completamente el paso de submarinos, navegueno no por la superficie, excepto en circunstancias especia-les claramente definidas por convenciones internacionales.Además, las condiciones especiales de ciertos estrechoshan hecho necesario el establecimiento de normas yreglamentaciones especiales sobre el paso inocente debuques de guerra distintos de los submarinos. Para estoscasos, por ejemplo, el derecho internacional prescribeciertas normas que limitan el tonelaje de cada buque deguerra y el de las fuerzas que en conjunto pueden pasarsimultáneamente.

Hay también reglas relativas a las horas del día enque se permite el paso y las condiciones generales enque éste puede efectuarse. Las reglamentaciones queacaban de citarse como ejemplo y otras normas aplica-bles al paso inocente de los buques de guerra a través delos estrechos, muestran claramente que el texto actual delpárrafo 2 del artículo 25, no concuerda con las normasvigentes de derecho internacional. En consecuencia, seestima que es necesario estudiar una nueva redacción

!5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9, pág. 22.

del párrafo para que en éste queden recogidos los prin-cipios generales que han servido de base a los variosregímenes que actualmente se aplican.

En segundo lugar, por la forma en que está redactado,el artículo es vago en cuanto al hecho de que las dis-posiciones de los artículos 16 a 19, que son aplicablesal paso inocente de buques a través del mar territorialen general, lo son también al paso inocente de buques deguerra a través de los estrechos cuando las aguas detales estrechos forman parte del mar territorial delEstado ribereño. El derecho del Estado ribereño a exigiruna autorización o una notificación previa en algunoscasos, según se señala en el párrafo 1, se trata tambiénen forma vaga en el párrafo 2. Al redactar de nuevo estepárrafo, es preciso poner especial cuidado en eliminartoda ambigüedad en estas materias.

En tercer lugar, los propios principios generales re-lativos al paso inocente de buques de guerra a través delos estrechos se basan en diferentes premisas, según queel paso se efectúe en tiempo de paz, en tiempo de guerra,en épocas en que el Estado ribereño se considere amena-zado por la guerra o en casos en que existan ciertascondiciones previstas en las disposiciones de la Cartade las Naciones Unidas. Debería agregarse un nuevopárrafo para prever estos casos y situaciones.

Con los comentarios anteriores se pretende lograr unamayor concordancia entre el texto actual del artículo 25,relativo a los principios generales del paso inocente delos buques de guerra a través de los estrechos, y lasnormas vigentes de derecho internacional. Sin embargo,como el tema es por muchos conceptos de importanciacapital y los detalles de aplicación son muy complicadosen ciertos casos, se sugiere que, además de redactar denuevo el artículo en la forma sugerida anteriormente, seañada un nuevo párrafo que se refiera directamente alhecho de que las disposiciones de este artículo no afec-tarán los regímenes aplicables en virtud de tratados oconvenciones internacionales. Son también de señalar lasconsiderables discrepancias que existen entre el textofrancés y el inglés del párrafo 2.

Adición de un nuevo artículo:

Añádase el texto siguiente en calidad de artículo 27:" Ninguna de las disposiciones del artículo anterior

podrá interpretarse en forma que afecte a los derechosy obligaciones de los Estados, que dimanen de lasestipulaciones de la Carta de las Naciones Unidas."Observaciones: Si bien el párrafo 2 del artículo 1 se

refiere a " las demás normas del derecho internacional ",no abarca claramente todos los aspectos implícitos en eltexto arriba propuesto. Se considera que es necesariomencionar expresamente las disposiciones de la Carta ylas situaciones que puedan presentarse como consecuenciade la aplicación de dichas disposiciones dentro del campode acción de las Naciones Unidas.

ARTÍCULOS PROVISIONALES RELATIVOS AL REGIMEN DE ALTAMAR

Artículo 1: Definición de la alta mar

Entre las palabras " . . . que no pertenezca al mar terri-torial . . . " y las palabras " o a las aguas interiores ", in-sértese lo siguiente: " o a los mares interiores...".

Observaciones: Es necesario incluir los mares inte-


riores en este artículo, porque en el texto actual de losartículos provisionales sobre el régimen de alta mar y elrégimen del mar territorial no existe una definición oenumeración satisfactoria de las aguas interiores. Si seagregara al texto actual una definición que incluyera losmares interiores, quizás sería posible dejar el artículo 1tal cual está. Pero mientras no se hagan las modificacionesapropiadas en otras partes del texto, se considera esencialla adición que se sugiere.

Artículo 10: Competencia penal en caso de abordaje

Las autoridades turcas comprenden que la Comisión deDerecho Internacional se ha esforzado en este artículo porencontrar una solución al conflicto y la concurrencia decompetencia de autoridades judiciales que pueden pro-ducirse como resultado de abordajes o accidentes de nave-gación similares ocurridos en alta mar. Sin embargo, eltexto actual del artículo 10 no parece solucionar el pro-blema satisfactoriamente. No se puede encontrar funda-mento jurídico alguno para sustanciar las afirmacionesde este artículo, que están en contradicción con las prác-ticas vigentes v con la sentencia de la Corte Permanentede Justicia Internacional de 7 de septiembre de 1927,sobre el caso del " Lotus ". Además, el texto actual notiene en cuenta algunos de los principios generales básicosdel derecho penal.

Se considera que sobre este tema podrían emprenderseestudios particularmente útiles. Por ejemplo, podría estu-diarse la posibilidad de establecer una especie de cortepenal internacional para tratar estos casos o de atribuircompetencia en este sentido a órganos de jurisdiccióninternacional ya existentes.

Pero si se deja que la competencia en tales asuntoscorresponda a la jurisdicción nacional, el Gobierno deTurquía opina que deben adoptarse las siguientes reglas:

a) En caso de abordaje en alta mar entre buquesmatriculados en diferentes puertos, se reconocerá com-petencia judicial y administrativa al Estado cuya auto-ridad se extienda al puerto de matrícula más próximo allugar del abordaje.

b) En caso de accidente de la navegación en alta mar(tal como daños a un cable telefónico o telegráfico o auna tubería submarinos), se reconocerá competenciajudicial y administrativa al Estado cuya autoridad seextienda sobre el puerto de matrícula del buque, o alEstado cuya autoridad se extienda sobre el país al cualpertenecen los bienes lesionados si éste estuviese máspróximo al lugar del accidente.

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNAS DISCREPANCIAS IMPORTANTES

ENTRE LAS VERSIONES INGLESA Y FRANCESA DE LOS ARTÍCULOS

PROVISIONALES

Hay algunas discrepancias importantes entre las ver-siones inglesa y francesa de los artículos provisionalesque hacen muy difícil interpretar las intenciones de laComisión. La más importante de ellas es la diferencia dealcance y significado de las versiones inglesa y francesadel párrafo 2 del artículo 25 del régimen del mar terri-torial. A las palabras " ne peut entraver le passage in-offensif " del texto francés corresponden en el inglés" may not interfere in any way with innocent passage ".Se considera que hay una divergencia de sentido entreestos dos textos. Sin embargo, como las observacionespresentadas anteriormente sobre este artículo se refieren

igualmente a los dos textos, que en opinión de las auto-ridades turcas deben redactarse de nuevo, se da esteejemplo sólo a manera de indicación para facilitar eltrabajo de la Comisión.

24. Unión Sudafricana

Documento A/CN.4/99

A. OBSERVACIONES TRANSMITIDAS EN CARTA DE FECHA

2 3 DE FEBRERO DE 1 9 5 6 POR LA MISIÓN PERMANENTE DE LA

UNION SUDAFRICANA ANTE LAS NACIONES UNIDAS


OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE ARTÍCULOS

RELATIVOS AL REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

Capítulo II. Anchura del mar territorial

Artículo 3

El Gobierno de la Unión está de acuerdo con la ideaexpresada en el cuarto párrafo del comentario de laComisión en el sentido de que deberá confiarse a unaconferencia diplomática la tarea de armonizar las dis-crepancias acerca de la delimitación del mar territorialentre tres y doce millas, anchura esta última que laComisión está dispuesta a reconocer como máximo.

Mientras se adopta por acuerdo internacional una reglacomún — que debe ser obligatoria para todos los EstadosContratantes, sin excepción — el Gobierno de la Uniónconsidera que las reglas enunciadas en el proyecto deartículo 3 representan una solución provisional tan satis-factoria como cabe esperar en las actuales circunstancias.

El Gobierno de la Unión apoya el punto de vista de laComisión en el sentido de que la anchura del mar terri-torial no debe pasar de 12 millas.

Artículo 4

El Gobierno de la Unión se atiene al punto de vistaexpresado en sus observaciones sobre el proyecto de 1954,es decir que, en ciertos casos, el punto de partida que debetomarse para medir la anchura del mar territorial sea ellímite exterior de la línea de rompientes.

Artículo 5

Las enmiendas que se incorporan en el proyecto actualde este artículo parecen mejorar el texto de 1954.

Artículo 7

El párrafo 5 de este artículo expresa que " la dispo-sición del párrafo 4 no se aplicará a las bahías llamadas" históricas " . . . " . En su comentario, la Comisión explicaque el " párrafo 5 señala que las disposiciones anterioresno se aplicarán a las bahías llamadas " históricas " ".

Es evidente que hay una contradicción, posiblementeuna errata, entre el texto del párrafo 5 y el comentarioexplicativo de la Comisión.

El artículo 7 únicamente sería aceptable para elGobierno de la Unión en el caso de que se modificara enforma que no dejara lugar a dudas en cuanto a que lasbahías llamadas " históricas " han de tratarse como casossui generis y excluirse no sólo de la aplicación de la reglaexpresada en el párrafo 4, sino también de los criteriosestablecidos en el resto del artículo.

Tal como está el proyecto, parecería que las bahías


" históricas " que no correspondan a la definición con-tenida en el párrafo 1 — es decir, si su superficie no esigual o superior a la de un semicírculo que tenga pordiámetro la boca de la hendidura — pueden perder sucondición de bahías. Parece dudoso que ésta haya sido laintención de la Comisión, a juzgar por el proyecto delartículo en general y por sus comentarios explicativos.Bastaría un pequeño cambio en la redacción del párrafo 5para eliminar toda ambigüedad sobre la condición especialde las bahías históricas, respecto de las cuales el derechointernacional ha reconocido siempre, y debe seguir recono-ciendo, criterios más elásticos que los establecidos por elartículo 7.

Artículo 10Se observa que la Comisión no tuvo en cuenta la

sugestión del Gobierno de la Unión de modificar elproyecto de 1954 con el objeto de eliminar angostosenclavados de alta mar situados entre el límite exteriordel mar territorial de la costa y el de una isla situadaa una distancia equivalente al doble de la anchura del marterritorial.

El párrafo 3 del artículo 12 dice que" si a consecuencia de esta delimitación (del mar

territorial en un estrecho que separa a dos o másEstados) quedase una zona de mar de menos de dosmillas de anchura completamente encerrada dentro delmar territorial, dicha zona podrá ser asimilada al marterritorial por acuerdo entre los Estados ribereños ".Si bien la analogía no es exacta, se considera que el

criterio que inspira esta regla, que según parece es el deque un enclavado aislado de alta mar tendría escaso valorpara la navegación, debe aplicarse también a las estrechaszonas de alta mar situadas entre una isla y el continente.

El Gobierno de la Unión se inclina todavía a creer queuna modificación del artículo 10 en el sentido que se hasugerido podría tener un valor práctico.Artículo 11

El Gobierno de la Unión se atiene al punto de vistaexpresado en sus observaciones sobre el proyecto de esteartículo en 1954, en el sentido de que el punto de par-tida para delimitar el mar territorial no debe ser el escolloo bajío que emerja intermitentemente y que se encuentredentro del mar territorial, sino el límite de mar adentrode la línea de rompientes de dicho escollo o bajío.

Se considera que los pequeños cambios de redacciónintroducidos en este artículo los han mejorado.

Capítulo 111. Derecho de paso inocenteEl texto de 1954 ha quedado notablemente mejorado

con la ordenación de los artículos en la versión actual.Sin embargo, los siguientes puntos requieren observa-ciones :

Observaciones generalesSe sugiere que en este capítulo se formule una dispo-

sición apropiada en virtud de la cual se establezca quelos submarinos deben navegar por la superficie al pasarpor el mar territorial de un Estado que no sea el propio.Artículo 19

Este artículo impone a los buques extranjeros queutilicen el derecho de paso, el deber de ajustarse a lasleyes y los reglamentos promulgados por el Estadoribereño, especialmente en lo que respecta a las cuestionesespecificadas en los incisos a) a e).

Se considera que el nuevo párrafo c) al referirse a losrecursos " vivos ", mejora el texto de 1954 donde se hablasolamente de " productos ", un término éste que se prestaa variadas interpretaciones. Sin embargo, el Gobierno dela Unión considera que debe hacerse también referenciaal deber que tienen los buques extranjeros de respetar lasleyes y reglamentaciones del Estado ribereño encaminadasa conservar o proteger los recursos minerales o de otranaturaleza del mar territorial y del lecho y subsuelo delmismo. Podría lograrse este propósito mediante unaadición al párrafo c) o por medio de un nuevo párrafo.El Gobierno de la Unión Sudafricana insiste en que sibien la lista contenida en los incisos a) a e) no pretendeabarcar todos los aspectos del asunto, el derecho delEstado ribereño a promulgar reglamentaciones para laprotección de los recursos minerales o de otra naturalezaen el mar territorial y el deber correlativo de los buquesextranjeros de observar tales reglamentaciones, soncuestiones que por su importancia merecen ser incluidasen el texto.

Artículo 21

La disposición del capítulo III ha quedado cambiadaen el texto revisado, al introducirse los siguientes títulos:A. Normas generales (artículos 16 a 19)B. Buques mercantes (artículos 20 a 22)C. Buques de los Estados que no sean buques de guerra

(artículos 23 y 24)D. Buques de guerra (artículos 25 y 26)

En vista de estos títulos especiales, y suponiendo quesea necesario establecer una sección separada para refe-rirse a los buques de los Estados, se sugiere, que enobsequio de la claridad, se cambie el actual título de lasección A, por el siguiente:

" A. Normas generales relativas a toda clase debuques."Si se acepta esta enmienda, como la sección B se aplica

solamente a los " buques mercantes ", la palabra " mer-chant " [mercante] que aparece en el párrafo 1 del artí-culo 21 [del texto inglés] podría suprimirse *.

De todas maneras no está claro por qué la frase " buquemercante extranjero " se usa en el párrafo 1 y no en el 2ni tampoco en el artículo 22, en el cual se emplea laexpresión " buques extranjeros ". Se considera que loconsecuente sería usar la misma expresión en todos loscasos pertinentes, a menos que se quiera establecer unadistinción entre los buques mercantes y los que no lo son.

Documento A/CN.4/99/Add.lB. OBSERVACIONES TRANSMITIDAS POR LA MISIÓN PERMA-

NENTE DE LA UNION SUDAFRICANA ANTE LAS NACIONES

UNIDAS EN UNA CARTA DE FECHA 12 DE MARZO DE 1956


OBSERVACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS PROVISIONALES

REFERENTES AL REGIMEN DE ALTA MAR

Artículo 1La definición que da este artículo de la alta mar parece

buena.

• La palabra " mercante " no figura en el texto español delpárrafo 1.


Artículo 2


Capítulo L Navegación

Generalidades

Tal como están redactados, los artículos parecen seraplicables a los submarinos independientemente de si son ono buques de guerra, sólo cuando navegan en alta mar," por la superficie ". Debería insertarse una disposiciónespecial, en el artículo correspondiente para que las dis-posiciones del proyecto de código sean siempre aplicablesa los submarinos " en " alta mar, tanto si navegan por lasuperficie como si navegan sumergidos.

Artículo 3


Artículo 4

El Gobierno de la Unión Sudafricana se inclina a pen-sar, como la Comisión, que la bandera de una organi-zación internacional no puede ser asimilada a la banderade un Estado, en el sentido de que confiera una juris-dicción exclusiva sobre el buque que la enarbole en altamar. Estima que el problema de la jurisdicción sobrelos buques que naveguen con la bandera de una organi-zación internacional merece un estudio más detenido y,por consiguiente, ve con satisfacción que se haya decididoaplazar su examen.

Artículo 5

El Gobierno de la Unión Sudafricana está de acuerdocon la Comisión en que la fijación de un criterio basadoen la nacionalidad del capitán y de la tripulación, paradecidir que un buque tiene derecho a enarbolar la banderade un país determinado, ha de dejarse a los Estados. Sifuese necesario, más adelante, incluir un artículo de estanaturaleza, podría pensarse en una disposición que elEstado en que el buque está matriculado extendiese unaautorización al capitán y a determinados tripulantes ovalidase las autorizaciones extendidas por otro Estado.Este sistema ha dado buenos resultados en materia deaviación civil.

Respecto del inciso c) del párrafo 2, se estima que paraque un buque pueda matricularse en un país determinado,ha de tener su centro principal de actividad en ese país.

Con objeto de ponerlo en armonía con la intención enque se inspiran los incisos a) y b) del párrafo 2, deberíaampliarse el inciso c) agregando las siguientes palabras:

" . . . siempre que más de la mitad de las acciones dedicha sociedad esté inscrita a nombre de nacionales ode personas legalmente domiciliadas en el territorio delEstado interesado y que residan efectivamente en él."

Artículo 6

El principio en que se funda este artículo es aceptable,pero la Comisión podría quizá revisar la redacción paraque su significado fuera más claro. Las expresiones " estasnacionalidades " y " ante otros Estados " deberían quizáprecisarse.

Artículo 7


Artículo 8

Esto puedo ocurrir cuando un buque propiedad de unEstado es explotado con fines comerciales y dedicado aactividades comerciales ordinarias. Aunque dicho buquesea propiedad del Estado y esté realmente empleado en unservicio oficial, no parece conveniente asimilarlo a unbuque de guerra y que goce de las inmunidades conce-didas a estos últimos. El artículo 8 parece tener intenciónde comprender a los buques que son propiedad de ungobierno y a los que éste emplea en actividades que nosean de carácter comercial. El artículo debería redactarsede nuevo para aclarar este punto, agregando, por ejemplo,las palabras " que no sea de carácter comercial " despuésde las palabras " a un servicio oficial ".

Artículo 9


Artículo 10

Como la Comisión explica al final de su comentario,este proyecto de artículo tiende a " proteger a los buquesy a su personal contra el riesgo de ser perseguidos crimi-nalmente ante tribunales extranjeros, en caso de abordajeocurrido en alta mar ".

El Gobierno de la Unión Sudafricana está de acuerdocon el principio de que no podrá entablarse un procedi-miento contra el capitán o contra un tripulante en lascircunstancias a que se refiere este artículo, más que porlos tribunales del Estado de la bandera del buque o delEstado de que sean nacionales el capitán o el tripulante.

Tal como está redactado, el proyecto de artículo noprevé sin embargo, la posibilidad de que el Estado cuyanacionalidad posee el interesado renuncie a su compe-tencia en favor de otro Estado. Esta renuncia está previstaen la legislación de la Unión Sudafricana y sin duda enla de otros países.

Por consiguiente, el artículo tendría que modificarseagregando, por ejemplo, una frase al final del párrafo 1que quedara claro que nada impide que un Estado, ya seade una manera general o para un caso determinado,renuncie a su competencia respecto de sus nacionalesque están incursos en responsabilidades penales o disci-plinarias, con motivo de un abordaje en alta mar.

Artículos 11 a 13


Artículo 14

En el cuarto párrafo de su comentario, la Comisiónexplica que los actos perpetrados por una aeronave contraotra aeronave no pueden ser considerados como actos depiratería y añade que, en todo caso, esos actos salen delmarco del presente proyecto de artículo.

No se ve claro por qué razón los actos perpetrados poruna aeronave contra otra aeronave sobre la alta mar salendel marco de ese proyecto de artículos y están compren-didos en él los actos perpetrados por una aeronave contraun buque. Según el artículo 2, la libertad de la alta marcomprende la libertad de volar sobre ella.

La Comisión, al estudiar el régimen de alta mar,hubiera podido llenar algunas de las lagunas que todo elmundo reconoce que presenta el derecho internacional encuanto al régimen del espacio aéreo situado sobre laalta mar.


En sus observaciones al artículo 8, el Gobierno de laUnión Sudafricana ha afirmado que un buque que espropiedad de un Estado y está explotado por él, pero quese dedica a actividades comerciales normales no debía,en principio, ser asimilado a un buque de guerra.

Si se asimila a un buque de guerra, dicho buque sólopodrá tener el carácter de buque privado — y, por con-siguiente, ser susceptible de perpetrar actos de piratería— en el caso de que la tripulación se amotine (artí-culo 15).

Pero no existe ningún motivo serio para considerarque un buque propiedad de un Estado y explotado porél, pero dedicado al comercio, sea incapaz de cometeractos de piratería. Esto refuerza la opinión de que dichosbuques han de ser asimilados a los buques privados.

En el párrafo que lleva el número 6 de su comentario,la Comisión afirma que " los actos cometidos a bordo deun buque por la tripulación o por los pasajeros y dirigidoscontra el buque, contra las personas o contra los bienesque en él se encuentren, no podrán ser considerados comoactos de piratería ".

Ya se sabe que los pasajeros de un buque puedencometer robos y actos de violencia de connivencia conbuques dedicados a la piratería, que pueden no hallarseen las proximidades. Aunque estos actos, como dice elpárrafo 1 del artículo 14, no pueden clasificarse comoactos de piratería, cuando son perpetrados por la tripu-lación, parece posible que actos similares cometidos porlos pasajeros de acuerdo con piratas puedan, en ciertascircunstancias, interpretarse en ese sentido.

Artículos 15 a 19


Artículo 20

Este artículo parece necesario a pesar de que da laimpresión de que favorece a los buques piratas frente a losEstados que tienen una flota poco importante y unascostas muy extensas. Según el artículo 8, los buques delEstado asimilados a buques de guerra " a los efectos delejercicio de la jurisdicción en alta mar por parte decualquier Estado que no sea el de la bandera ", tendríanigualmente el derecho de efectuar una presa en caso depiratería.

Hay que observar que no hay ninguna disposiciónespecial para el caso en que la legítima defensa contrala piratería dé lugar a un combate en el que el buquepirata y su tripulación resulten vencidos. En este caso, elcapitán del buque contra el cual ha sido perpetrado elacto de piratería tendría el derecho de aprehender albuque pirata y a su tripulación hasta que llegase unbuque de guerra o una aeronave militar.

La Comisión podría examinar la conveniencia de in-sertar una disposición especial para estos casos, que noson raros en los lugares donde existe aún la piratería.

Artículo 21

Se propone que el inciso b) sea ampliado con objeto deque se aplique a toda la alta mar.

La existencia de sospechas fundadas de que un buque sededica a la trata de esclavos ha de ser una justificaciónsuficiente para poder ejercer el derecho de visita, auncuando el buque no se halle en una de las " zonas marí-timas consideradas como sospechosas por los tratados

internacionales que tienen por objeto la abolición de latrata de esclavos ".

El Gobierno de la Unión Sudafricana piensa que todolo que no sea afirmar la obligación absoluta de indem-nizar por los perjuicios que haya sufrido un buque visi-tado sin motivo justificado, sería contrario al principiode la libertad de la alta mar.

Artículo 22

El Gobierno de la Unión Sudafricana está de acuerdocon la opinión de la Comisión expuesta en el párrafo 3 desu comentario de que no son admisibles las órdenesemitidas por radio. Pero quizá no haya nada que opinara que se utilice la radio como un medio de señalesauxiliar de los demás procedimientos admitidos.

Artículo 23

La Comisión señala que " casi todos los Estados marí-timos " han dictado reglamentos para evitar la contami-nación de sus aguas interiores y de su mar territorial.El propósito del artículo 23 parece ser el de imponer alos Estados la obligación de dictar disposiciones paraevitar también la contaminación de la alta mar. ElGobierno de la Unión Sudafricana estima que, aunqueesta intención se desprende del título del artículo y delcomentario de la Comisión, en el texto del artículodebería hacerse una referencia a la alta mar.

Artículos 24 y 25


Artículo 26

Para mayor claridad, sería conveniente agregar alfinal del párrafo 1, las palabras "en esa zona ".

Artículos 27 a 30


Artículo 31

Tal como está redactado, este artículo dispone que elSecretario General de las Naciones Unidas, en consultacon el Director General de la Organización de las NacionesUnidas para la Agricultura y la Alimentación nombraráuna Comisión arbitral. De la redacción se desprende queel Secretario General de las Naciones Unidas y el DirectorGeneral de la FAO serán iguales y no prevé la posibilidadde que no estén de acuerdo sobre las personas que hayande componer la Comisión. Habría que facultar al Secre-tario General para que, después de consultar con elDirector General, nombrara la Comisión o que se esta-bleciera un procedimiento para el caso de desacuerdoentre el Secretario General y el Director General.

Artículos 32 a 38


25. Yugoeslavia

Documento A/CN.4/99/Add.lOBSERVACIONES TRANSMITIDAS POR CARTA DE FECHA 20 DEMARZO DE 1 9 5 6 POR LA MISIÓN PERMANENTE DE YUGOES-

LAVIA EN LAS NACIONES UNIDAS


La Secretaría de Estado encargada de las Relaciones


Exteriores de la República Popular Federal de Yugoes-lavia saluda muy atentamente al Secretario General delas Naciones Unidas y, en relación con su carta LEG292/9/01 del 24 de agosto de 1955, tiene el honor decomunicarle que la Secretaría de Estado ha estudiadolos proyectos de artículos sobre el Régimen de alta mar ysobre el Régimen del mar territorial elaborados por laComisión de Derecho Internacional en su séptimo períodode sesiones, celebrado en Ginebra del 2 de mayo al 8 dejulio de 1955 (A/2934).

Con todo respeto por los esfuerzos desplegados por laComisión de Derecho Internacional y por los resultadosque la alcanzado, el Gobierno de la República PopularFederal de Yugoeslavia tiene el honor de hacer lassiguientes observaciones a los proyectos de artículos refe-rentes al Régimen de alta mar y al Régimen del marterritorial :


Artículo 1

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo para que diga lo siguiente:

" A los efectos de estas disposiciones, se entenderápor ' alta mar ' la parte del mar que no pertenezca nia las aguas interiores, ni al mar territorial ni a la zonacontigua ".

Observaciones

En las disposiciones correspondientes de estos artículosse reconoce el derecho de visita y registro de los buquesmercantes de carácter privado en alta mar, e incluso elde sancionar a un buque que navegue bajo dos o másbanderas; el derecho de inmunidad de los buques mer-cantes del Estado, etc.

En los proyectos de artículos referentes a la zona con-tigua se reconoce al Estado soberano el derecho de ejercersu jurisdicción en caso de infracción de los reglamentosde aduanas, de inmigración, fiscales o sanitarios (véanseDocumentos Oficiales de la Asamblea General, octavoperíodo de sesiones, Suplemento No. 9).

Incluso si se dispone que el Estado ribereño ejercerásolamente los derechos establecidos en los proyectos deartículos sobre la zona contigua, el Gobierno de Yugoes-lavia no cree que los derechos reconocidos respecto dela alta mar sean compatibles con los derechos reconocidosa terceros Estados en la zona contigua.

Si se tiene en cuenta el punto de vista de la mayoría delos Estados sobre la pesca en la zona marina contigua almar territorial, la enmienda queda aún más justificada.

Artículo 3

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo insertando la palabra " igual " antes de lapalabra " derecho ", en vez de la palabra " el ".

Observaciones

El Gobierno de Yugoeslavia estima que en este artículose debe hacer resaltar que todas las banderas son igualesen alta mar, para evitar que se reivindiquen derechoshistóricos.

Esta enmienda está en consonancia con el espíritu dela Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 4

El Gobierno de Yugoeslavia estima que la expresión" tratados internacionales " es confusa, ya que no indicaclaramente si se refiere a tratados concertados entre doso más partes interesadas o si se refiere a tratados con-certados bajo los auspicios de las Naciones Unidas o aambos.

Para el Gobierno de Yugoeslavia, la expresión " tratadosinternacionales " significa tratados concertados bajo losauspicios de las Naciones Unidas, pero esto debe quedarpuntualizado.

En cuanto al derecho de los buques a navegar bajo elpabellón de las Naciones Unidas, el Gobierno de Yugoes-lavia cree que este derecho se debería reconocer a losbuques de las Naciones Unidas o de sus organismos espe-cializados, siempre que naveguen a su servicio.

Artículo 5

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo para que diga lo siguiente (primer párrafo ) :

" Cada Estado establecerá los requisitos necesariospara que un buque pueda obtener su nacionalidad ynavegar bajo su bandera, salvo cuando estos artículosdispongan lo contrario. De todos modos, para que elcarácter nacional del buque sea reconocido por otrosEstados, será necesario: "Los puntos 1 y 2 no varían.Añádase un punto 3 que diga lo siguiente:

" 3. Que el fletador sea nacional del Estado de quese trate o una persona jurídica constituida con arregloa lo dispuesto en las leyes del Estado de que se tratey que resida efectivamente en el territorio del Estado."

Observaciones

En algunos países, la ley admite la posibilidad de quelos buques adquiridos en el extranjero sean matriculadostemporalmente en el registro del consulado del país bajocuya bandera naveguen. Por consiguiente, el Gobierno deYugoeslavia cree que deben suprimirse las palabras" detro de su territorio ".

En algunos países, la ley dispone que los buques extran-jeros deben matricularse en el registro del país. El RelatorEspecial, Sr. J. P. A. François, indica acertadamente que,según la legislación de Yugoeslavia, los buques mercantesextranjeros se han de matricular en el registro de Yugoes-lavia. No obstante, el Gobierno de Yugoeslavia cree queel Relator Especial, Sr. J. P. A. François, considera equi-vocadamente que Yugoeslavia no es un Estado ribereño(A/CN.4/SR.326, párr. 1.

En la República Popular Federal de Yugoeslavia, losbuques empleados para fines comerciales son propiedadcolectiva del pueblo o propiedad de organizaciones coope-rativas o de particulares, nacionales de la RepúblicaPopular Federal de Yugoeslavia.

La propiedad colectiva del pueblo difiere de la pro-piedad del Estado por su título y por su naturaleza, y nocorresponde al concepto de propiedad del Estado que danlas leyes de otros países. Con objeto de facilitar la for-mulación de normas aceptables para todos los países, elGobierno de Yugoeslavia está dispuesto a aceptar, a losefectos de estas normas, la expresión " propiedad delEstado " para los buques que son propiedad colectiva delpueblo y se emplean para fines comerciales.


El Gobierno de Yugoeslavia cree que debería exami-narse si hay equivalencia entre el término " siège effectif "empleado en francés y el término " registered office "empleado en el texto inglés del párrafo 2 c) del artículo 5.

Artículo 6

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueel artículo 6 añadiendo un nuevo párrafo que diga losiguiente :

" El buque que navegue sin bandera o con banderausurpada podrá ser también asimilado por otrosEstados a los buques sin nacionalidad."

Observaciones

Los proyectos de artículos no reglamentan el caso de losbuques que naveguen sin bandera o con bandera usurpada.El Gobierno de Yugoeslavia estima que se trata de unacuestión importante y que debe ser reglamentada.

Artículo 6 bis

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se apruebe unnuevo artículo que diga lo siguiente:

" 1. Un buque deberá cambiar la bandera del Estadoen que se haya matriculado por la bandera de otroEstado si se cumplen totalmente las condiciones pres-critas en el artículo 5 de estas disposiciones.

" 2. El Estado en que se haya matriculado el buquecancelará la matrícula dentro de un plazo de 90 días acontar de la fecha en que se formule la correspondientepetición siempre que se cumplan todas las condicionesprescritas en el artículo 5 de las normas y que sobreel buque no pese hipoteca ni gravamen de ningúngénero. Esto no afectará al derecho del Estado en quese halle matriculado el buque a tener una opción decompra si la legislación del Estado interesado admiteesta prioridad.

" Hasta que se haya cancelado la matrícula del buqueo hasta que haya transcurrido el plazo de 90 días, elbuque navegará con la bandera del Estado cuyoregistro se haya de cancelar.

" 3. Si el Estado interesado no cancela la matrículadentro de los 90 días a contar de la fecha de la petición,ni ha ejercido en dicho plazo su derecho de opciónpara adquirir el buque, el otro Estado podrá autorizarla inscripción del buque en su registro y reconocerleel derecho de navegar con su bandera si se cumplentotalmente las condiciones prescritas en el artículo 5de estas normas y si sobre el buque no pesa ningunahipoteca ni gravamen.

" La inscripción y el cambio de bandera tendránefectos legales en todos los demás Estados."

Observaciones

La legislación de algunos países, entre ellos Yugoes-lavia, estipula que un buque de propiedad extranjera nopuede ser matriculado en el Estado interesado sin can-celar su matrícula anterior. En varios tratados bilateraleshay disposiciones análogas. Por otra parte, las leyes dealgunos Estados dificultan la cancelación. También hayalgunos Estados cuyas leyes no supeditan la nueva matrí-cula a la cancelación previa de la matrícula anterior.

La diversidad de soluciones dadas a este problema endiversos países es, en opinión del Gobierno de Yugoes-lavia, la causa de que se utilicen abanderamientos fic-

ticios, lo que disminuirá considerablemente si se apruebaeste artículo.

Artículo 7

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueel párrafo 2 añadiendo, después de las palabras " los que ",las palabras " llevan signos visibles de su carácter debuques de guerra y ".

Observaciones

Los artículos 3 y 4 de la Convención de La Haya de1907, que tratan de la transformación de buques mer-cantes en buques de guerra, y de los cuales la Comisiónde Derecho Internacional ha tomado la definición debuque de guerra, al enumerar las características funda-mentales de un buque de guerra citan en primer lugar sussignos distintivos.

Artículo 9

El Gobierno de Yugoeslavia propone que la segundafrase diga lo siguiente:

" Estas normas no han de estar en contradicción conlas normas vigentes para la protección de la vidahumana en el mar, aceptadas por la mayoría de losEstados Miembros de las Naciones Unidas."

Observaciones

La enmienda propuesta es análoga en su forma al textoempleado por la Comisión de Derecho Internacional enel artículo 23 del proyecto.

En opinión del Gobierno de Yugoeslavia, las normas" aceptadas internacionalmente para los buques que cons-tituyen la mayor parte del tonelaje de los que participanen la navegación en alta mar " no pueden servir de basepara determinar qué artículo sobre la protección de lavida humana en el mar será aplicable; las normas admi-tidas por la mayor parte de los Estados han de ser con-sideradas como normas de derecho internacional.

Además de haber ratificado la convención internacionalsobre la protección de la vida humana en el mar, Yugoes-lavia ha adoptado en su legislación las disposiciones delanexo B de dicha convención y ha establecido sancionesincluso contra los buques extranjeros que las infrinjanen aguas yugoeslavas.

Según los datos de que dispone el Gobierno de Yugoes-lavia, cuarenta y nueve Estados han firmado o ratificadoel anexo B, lo que significa que sus disposiciones han sidoaceptadas como normas internacionales por la mayoríade los Estados. Dada su finalidad, es difícil imaginar queun Estado Miembro de las Naciones Unidas no quieraaceptar estas normas. Por otra parte, es evidente que silos Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptanestas normas en sus respectivas legislaciones, los Estadosno miembros que participan en el comercio internacionalse verán obligados a aceptar las normas internacionalessobre la protección de la vida humana en el mar.

Artículo 10

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueel párrafo 1 como sigue:

1. Añádase al título la expresión " o de cualquier otroaccidente de navegación ".

2. Añádase la expresión " o en cualquier otro acci-


dente de navegación " después de las palabras " que hayaparticipado en el abordaje ".

3. En el párrafo 1, póngase el punto final después delas palabras " en que prestaban servicio ".

4. Suprímanse las palabras " o ante las del Estado deque sean nacionales " y en su lugar insértese un nuevopárrafo que contenga las disposiciones del artículo 3 dela convención internacional para la unificación de ciertasnormas sobre la competencia penal en materia de abor-daje y otros incidentes de la navegación, firmada enBruselas el 10 de mayo de 1952, que dice lo siguiente:

" Ninguna de las disposiciones de esta Convenciónpodrá impedir que un Estado permita que sus autori-dades, en caso de abordaje u otro accidente de nave-gación, entablen las acciones correspondientes respectode los certificados de competencia o de las licenciasexpedidas por dicho Estado o persigan a sus nacionalespor los delitos cometidos a bordo de un buque queenarbole la bandera de otro Estado ".

Observaciones

La competencia en cuestiones penales y disciplinariasno se aplica únicamente al abordaje sino también a losdemás accidentes de la navegación. Por esta razón, elGobierno de Yugoeslavia cree que debería enmendarse elproyecto en la forma propuesta. Sin la enmienda, el textodel proyecto podría muy bien ser interpretado en el sen-tido de que el capitán o los tripulantes del buque sonresponsables únicamente del abordaje y no de los demásaccidentes de la navegación, o de que los demás accidentesde navegación no están reglamentados en derecho inter-nacional. Del texto del párrafo 1 no se deduce claramentesi es competente el tribunal del país bajo cuya banderanavega el buque, o el del Estado del que sea nacional lapersona interesada, ni si la competencia de un tribunalexcluve la de los demás. No hav duda de que esto seresuelve insertando las disposiciones del párrafo 3 de laconvención internacional antedicha.

El Gobierno de Yugoeslavia, por su parte, es partidariode la competencia de ambos tribunales.

Artículo 11

El Gobierno de Yugoeslavia propone que este artículose modifique como sigue:

1. Después de la palabra "abordaje" en la segundafrase añádanse las palabras " o de cualquier otro accidentede navegación ".

2. Añádase otro párrafo que diga lo siguiente:" También estará obligado, dentro de sus posibili-

dades, a comunicar al otro buque el nombre del suyo,de su puerto de matrícula y del puerto más próximo enque hará escala ".

ObservacionesEl Gobierno de Yugoeslavia estima que el capitán del

buque está obligado a prestar la misma ayuda en casode cualquier otro accidente de navegación, y no está con-vencido de que este caso esté previsto en el proyecto.

El Gobierno de Yugoeslavia opina que la Comisióndebe aceptar al párrafo 1 del artículo 8 de la convencióninternacional para la unificación de ciertas normas sobrela competencia penal en materia de abordaje y sobre laayuda y salvamento en el mar (Bruselas 1910) y que debetambién insertar el párrafo 2.

El Gobierno de Yugoeslavia cree que esa disposiciónpuede tener gran valor práctico. Si un buque que hasufrido un abordaje o cualquier otro accidente de nave-gación no puede continuar navegando y su tripulación ysus pasajeros son recogidos por el buque que lo ha abor-dado o por cualquier otro buque, debería darse a la tri-pulación del buque dañado la oportunidad de informar alas autoridades de su país del nombre y del puerto dematrícula del buque que la ha recogido y del puertoadonde se dirige, para que otro buque del país interesadopueda recoger a los pasajeros y a la tripulación del buquedañado en el lugar más apropiado.

Artículo 15

El Gobierno de Yugoeslavia propone que después delas palabras "buque de guerra" se añadan estas otras:" o de cualquiera de los buques mencionados en el artí-culo 8 ".

Observaciones

Si los actos de piratería cometidos por un buque deguerra se asimilan a los actos de piratería cometidos porun buque de carácter privado, no hay razón para no con-siderar como tales a los cometidos por un buque que,por lo que se refiere a inmunidad en alta mar, está asimi-lado a los buques de guerra.

Artículo 21

El Gobierno de Yugoeslavia estima que de la mismamanera que se protege la libertad de navegación en altamar, se ha de proteger también el orden internacional.Hay que evitar que los buques de guerra dejen de ejercerel derecho de visita por haberse impuesto sanciones dema-siado severas. Es necesario estudiar la posibilidad deinsertar una disposición que libere al buque de guerradel damnum emergens si contra él no puede aducirse eldolus o la culpa lata.

Artículo 22

El Gobierno de Yugoeslavia propone que para que eltexto quede más claro se añadan las palabras " o en lazona contigua " después de las palabras " mar territorial "en los párrafos 1 y 2.

Artículo 25

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo añadiendo dos párrafos que digan losiguiente :

" 2. Las medidas que adopte se basarán en conclu-siones científicas o de índole equivalente y no entra-ñarán discriminación alguna contra los pescadoresextranjeros.

" 3. Si otros Estados interesados no aceptaran estasmedidas, cualquiera de las partes podrá acudir al pro-cedimiento previsto en el artículo 29 de estas normas."

Observaciones

La pesca en alta mar gana importancia cada día comofuente de alimentos y de otros recursos necesarios parala humanidad. Por ello, el Gobierno de Yugoeslavia opinaque sería necesario que las medidas que se adopten sebasen en conclusiones científicas o de índole semejantepara evitar la destrucción de los recursos vivos del mar.


Artículo 26

El Gobierno de Yugoeslavia propone que al final delpárrafo 1 se añada lo siguiente : " Las medidas que seadopten no deberán ser incompatibles con lo dispuesto enel párrafo 2 del artículo 25 ".

Las observaciones al artículo 25 valen también paraeste artículo.

Artículo 27

Debe modificarse el párrafo 2 del artículo 27, poniendoartículo 29 en lugar de artículo 31. Suprímase la últimafrase del párrafo 2 del artículo 27, que dice: " Sin per-juicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 3 2 . . .decisión arbitral ".

Se proponen estas modificaciones porque, como se verámás adelante, se cambia el orden de los artículos quesiguen.

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueel orden de los artículos, de manera que el artículo 30pase a ser el 28, el artículo 31 pase a ser el 29, el artí-culo 33 pase a ser el 30, los artículos 28 y 29 pasen a serel 31 ; y que se suprima el artículo 32.

Los siguientes artículos se examinan según el nuevoorden propuesto.

Artículo 28

Debido al cambio de numeración de los artículos, elGobierno de Yugoeslavia propone que en el párrafo 2 sediga " artículo 29 " en vez de " artículo 31 ".

Artículo 29 (antes artículo 31)

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo para que diga:

1. En el primer párrafo póngase " y " entre los núme-ros " 27 " y " 28 ", y suprímase " 29 y 30 ".

2. En el párrafo 2, póngase " tres " en vez de " cuatroo de seis ", y póngase " dos especialistas en derecho inter-nacional " en vez de " un especialista en derecho inter-nacional ".

Observaciones

Hay que omitir " 29 y 30 " a causa del cambio denumeración de los artículos.

El Gobierno de Yugoeslavia opina que en caso deconflicto no habrá que tener sólo en cuenta el aspectotécnico de la cuestión sino también las cuestiones jurí-dicas, por lo que es partidario de que haya tres expertosen materia de conservación de los recursos vivos del mary dos especialistas en derecho internacional.

Artículo 31 (antes artículos 28 y 29)

El Gobierno de Yugoeslavia propone que la Comisiónresuelva la cuestión del derecho de los Estados ribereñosde regular la protección de los recursos vivos en cualquierparte del mar adyacente a su mar territorial, al mismotiempo que la cuestión de la anchura del mar territorial,de la zona contigua y de la plataforma continental.

Si la Comisión no acepta esta propuesta, el Gobiernode Yugoeslavia sugiere que los artículos 28 y 29 serefundan en uno solo, que sería el artículo 31 y diría losiguiente:

" 1. Un Estado ribereño podrá, en cualquier partede la alta mar contigua a su mar territorial, adoptar

unilateralmente medidas para reglamentar y fiscalizarla explotación de los recursos vivos en esa parte del marhasta una distancia de 12 millas marinas, contadas desdela línea de base de su mar territorial. Si una parte dela alta mar adyacente a los mares territoriales de dos omás Estados cuyas costas se hallen una frente a otratuviere menos de 24 millas marinas, el límite de la partede la alta mar en la que un Estado puede adoptarunilateralmente medidas para reglamentar y fiscalizarla explotación de los recursos vivos del mar será, si nohay acuerdo entre dichos Estados, la línea geométricacuyos puntos equidisten de la línea exterior del marterritorial de cada Estado interesado.

" 2. Las diferencias que pudieran surgir entre Esta-dos ribereños acerca de la aplicación de lo dispuesto eneste párrafo serán resueltas mediante arbitraje a peti-ción de cualquiera de ellos, si no se han resuelto porvía diplomática."

ObservacionesEl Gobierno de Yugoeslavia opina que sería mejor

resolver la cuestión de que trata este párrafo al mismotiempo que la de la anchura del mar territorial, de lazona contigua y de la plataforma continental. Cualquierintento de resolver por separado estas cuestiones sólo ser-viría para complicar el problema y para dificultar lasolución.

En la modificación propuesta, las palabras " a suscostas " se sustituyen por las palabras " su mar terri-torial ", ya que la alta mar es adyacente al mar territorialde un país y no a su costa. La enmienda propuesta estáde acuerdo con la expresión empleada por la Comisión ensus disposiciones sobre la zona contigua.

La distancia de 12 millas se ha tomado de la disposi-ción sobre la zona contigua aprobada por la Comisión deDerecho Internacional. El Gobierno de Yugoeslavia noinsiste en que adopte la distancia de 12 millas, peroestima que la distancia que se adopte ha de fijarse conprecisión.

El Gobierno de Yugoeslavia cree que la Comisión, alreglamentar la conservación de los recursos vivos del mar,impone condiciones más severas a los Estados ribereñosque a los demás Estados, en lo que se refiere a las partesde la alta mar que no son adyacentes al mar territorialde un país. El Gobierno de Yugoeslavia opina que encuanto a la parte de la alta mar adyacente a su mar terri-torial, se ha de conceder más libertad a los Estadosribereños que a los demás Estados, si no se encuentra unasolución aceptable para la anchura del mar territorial,la de la zona contigua y la de la plataforma continental,así como para la naturaleza y alcance de los derechos delos Estados ribereños en dicha zona.

Antiguo artículo 32Como el artículo 31 contiene disposiciones sobre el

arbitraje en caso de que surja un conflicto con motivode su aplicación, el Gobierno de Yugoeslavia propone quese suprima el artículo 32.

Artículo 36 (antes artículo 38)El Gobierno de Yugoeslavia propone que este artículo

se modifique poniendo una coma en vez del punto final yañadiendo lo siguiente : " a condición de que los pro-pietarios del buque hayan tomado todas las medidas deprecaución razonables ".


Observaciones

Los cables y las tuberías submarinas están indicadosen las cartas marinas y todo cambio se publica en el perió-dico oficial de la marina. Por lo tanto, los propietarios debuques pueden perfectamente saber dónde están situadoslos cables y las tuberías. Si, a pesar de todo, el propie-tario de un buque decide hacer en esta parte del mar algoque pueda dañar a un cable o al buque, el Gobierno deYugoeslavia opina que no ha de ser indemnizado aunqueel buque haya sufrido daños para no causarlos a un cableo a una tubería submarina.

II. Régimen del mar territorial

Artículo 1

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo añadiendo en el párrafo 1 las palabras " o asus aguas interiores " después de la palabra " costas " ysuprimiendo en el párrafo 2 las palabras " y por lasdemás normas del derecho internacional ".

Observaciones

El mar territorial no es siempre adyacente a la costa.El mar territorial es adyacente a las aguas interiores,cuando las hay.

Los Estados ribereños tienen el mismo derecho desoberanía sobre su mar territorial que sobre las demáspartes de su territorio nacional, y han de respetar elderecho de paso inocente aplicando sus leyes y las normasvigentes del derecho internacional.

El Gobierno de Yugoeslavia cree que en estos artículosse enumeran todos los derechos de que hoy, según lasnormas del derecho internacional generalmente recono-cidas, gozan los buques de un Estado mientras atraviesanel mar territorial de otro.

El Gobierno de Yugoeslavia estima también que cuandose codifiquen estas normas deberá evitarse toda limi-tación de soberanía debida a disposiciones que no esténincluidas en ellas, tanto más cuanto que la finalidad de lacodificación es reglamentar completamente una cuestión.

Esto queda aún más justificado si se tiene en cuentaque hay diversas opiniones sobre lo que admite el derechointernacional. Por consiguiente, el Gobierno de Yugoes-lavia propone que se supriman las palabras " y por lasdemás normas del derecho internacional ".

Si la Comisión juzga que, además de los derechosenumerados, los buques extranjeros han de gozar de otrosderechos en el mar territorial de otro Estado, a juicio delGobierno de Yugoeslavia sería mejor enunciar esos dere-chos en los artículos correspondientes.

Artículo 3

El Gobierno de Yugoeslavia no considera lo dispuestoen este artículo como una nueva norma, sino simplementecomo una declaración de que los diversos Estados siguenprácticas distintas.

Si se analizan cuidadosamente las conclusiones de laComisión, así como sus comentarios y los debates de sussesiones, se ve que para la Comisión la anchura de tresmillas es la única jurídicamente válida para el marterritorial desde el punto de vista del derecho interna-cional.

El Gobierno de Yugoeslavia estima que esta conclusión

de la Comisión no responde ni a las normas vigentes delderecho internacional, ni al desarrollo histórico delderecho internacional en esta esfera.

Los documentos históricos prueban que la anchura de4 a 6 millas ha precedido, para el mar territorial, a laanchura de 3 millas.

Ya en el siglo XVII, Suecia fijó en una legua alemana(4 millas) el límite de la zona aduanera.

En 1736, Gran Bretaña fijó el límite de la zona aduaneraen 6 millas.

Dinamarca y Noruega, en 1745, fijaron el límite delmar territorial en 4 millas.

España, en 1760, fijó la anchura del mar territorial en6 millas.

La anchura de 3 millas para el mar territorial aparecepor vez primera en una nota del Departamento de Estadode fecha 8 de noviembre de 1793, dirigida a las Lega-ciones de Gran Bretaña y de Francia y relacionada conla neutralidad americana.

Gran Bretaña no fijó la anchura del mar territorial en3 millas hasta 1878.

En 1912, Rusia fijó la anchura del mar territorial en12 millas.

Las conclusiones de la Comisión no están de acuerdoni siquiera con los intentos que hasta ahora se han hechopara formular normas generales sobre la anchura del marterritorial.

A fines del siglo XIX, el Instituto de Derecho Inter-nacional propuso para el mar territorial la anchura de6 millas.

En el Congreso Internacional de Pesca, celebrado enBergen, en 1898, se aprobó por 43 votos contra 4 unaresolución en la que se decía que, en interés de la pescamarina, la anchura del mar territorial debería fijarse en10 millas, o en 6 millas.

En la Conferencia de La Haya de 1930 participaron35 Estados; la URSS envió un observador. Diecisiete delos Estados participantes pidieron que la anchura del marterritorial fuera de más de 3 millas. Dinamarca, que lahabía fijado en 4 millas, se abstuvo de votar; ocho Estadosaceptaron una anchura de 3 millas para el mar territorial,siempre que se les reconociera la inspección y la juris-dicción en una faja de alta mar adyacente al mar terri-torial; sólo 9 Estados pidieron que la anchura fuese de3 millas. Por lo tanto, en 1930, veintiséis de los 35 Estadosrepresentados no estaban de acuerdo con la anchura de3 millas para el mar territorial. Hay que añadir quevarios Estados latinoamericanos, que han fijado unaanchura superior a 3 millas, no participaron en la Con-ferencia.

Por las actas de la Comisión de Derecho Internacionalse puede ver que sólo la cuarta parte de los Estados Miem-bros de las Naciones Unidas han fijado en 3 millas laanchura de su mar territorial, y que tres cuartas partes deellos han establecido una anchura de más de 3 millas.Después de la reciente admisión de nuevos Estados en lasNaciones Unidas, la proporción de Estados que han fijadoen 3 millas la anchura de su mar territorial parece seraún más reducida.

Para que una norma se convierta en norma de derechointernacional es necesario que todos los Estados la acepteny que la consideren obligatoria.


El Gobierno de Yugoeslavia opina que la anchura de3 millas para el mar territorial, que es de fecha másreciente que la de 4 a 6 millas y no es reconocida por lastres cuartas partes de los Estados Miembros de las Nació-nes Unidas, no puede ser considerada como una normade derecho internacional.

Teniendo todo esto en cuenta, el Gobierno de Yugoes-lavia considera que la declaración: " que el derecho inter-nacional no exige que los Estados que han fijado laanchura de su mar territorial en 3 millas acepten unaanchura superior a 3 millas para el mar territorial ", seajustaría mejor a la situación actual.

Hay que establecer una distinción entre " 3 millas "como regla y " 3 millas " como número contenido en unnúmero mayor de tres. Un derecho " menor " contenidoen un derecho " mayor " puede ser un derecho sin seruna norma.

Por último, el Gobierno de Yugoeslavia opina que laComisión, al fijar la anchura del mar territorial, se haapartado de la costumbre de la mayoría de los Estados yde la opinión de la Corte Internacional de Justicia, segúnla cual la fijación del límite del mar territorial es unacto unilateral que corresponde a los Estados.

Artículo s

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo añadiendo, después del párrafo 1, otros dospárrafos, con lo que el antiguo párrafo 2 pasaría a ser elpárrafo 4.

" 2. Si un grupo de islas (archipiélago) se hallasituado frente a la costa, se aplicará el método de laslíneas de base recta que unan los puntos apropiadosde las islas situadas frente a la alta mar. Se considerarácomo aguas interiores la parte del mar que quedeencerrada entre esas líneas, las islas y la costa del con-tinente."

" 3. Si lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículono pudiera aplicarse al grupo de islas (archipiélago)debido a la gran distancia que las separase del con-tinente, se aplicará el método de líneas de base queunan los puntos apropiados de la costa situada frentea la alta mar. La parte del mar que quede encerradaentre estas líneas y las islas será considerada comoaguas interiores del archipiélago."

4. El párrafo 2 pasa a ser párrafo 4.

Observaciones

El Gobierno de Yugoeslavia piensa que estas enmien-das están en armonía con lo dispuesto en el párrafo 1del artículo y resuelven la cuestión de los grupos de islassituados frente a la costa y de los grupos de islas situadoslejos del continente.

Artículo 7

El Gobierno de Yugoeslavia se reserva el derecho deformular más adelante observaciones sobre este artículo.

Artículo 14

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueesta artículo suprimiendo la siguiente frase:

" a falta de acuerdo entre dichos Estados y salvo quecircunstancias especiales justifiquen otro delimitación."

Observaciones

Las normas vigentes del derecho internacional noadmiten que las " circunstancias especiales " sean unarazón para reducir la anchura del mar territorial de unEstado en beneficio de otro Estado cuya costa esté situadafrente a la del primero. Además de esto, la existencia de" circunstancias especiales " es una fórmula demasiadoimprecisa que introduciría un factor de incertidumbre enuna regla precisa del derecho internacional. En conse-cuencia, sobra la frase " y salvo que circunstancias espe-ciales justifiquen otra delimitación". Después de lo cualla frase " a falta de acuerdo entre dichos Estados " escompletamente superflua.

Artículo 15

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo suprimiendo la frase " a falta de acuerdoentre dichos Estados y salvo que circunstancias especialesjustifiquen otra delimitación ".

La observación hecha con motivo de la enmienda alartículo 14 vale para este artículo.

El defecto común a los artículos 16 a 19 es que conellos los intereses de los buques extranjeros navegando enaguas territoriales prevalecen sobre los intereses de losEstados ribereños. El Gobierno de Yugoeslavia expusoya su opinión sobre esta cuestión en las observaciones alartículo 1 y, por lo tanto, se limitará a destacar algunosdefectos concretos de estos artículos.

La importancia predominante que da la Comisión a losbuques extranjeros sobre los derechos e intereses de losEstados ribereños se refleja también en el orden de losartículos. En lugar de estipular primero los derechos delos Estados ribereños y a continuación sus deberes, laComisión ha hecho lo contrario. El Gobierno de Yugoes-lavia estima que sería más lógico que el artículo 19pasase a ser el artículo 17, y viceversa, lo que estaríamás en armonía con el derecho de soberanía de un Estadoribereño sobre el mar territorial. En este orden se ana-lizan a continuación dichos artículos.

Artículo 16

El Gobierno de Yugoeslavia propone que se modifiqueeste artículo de la manera siguiente:

1. El párrafo 4 pasará a ser el párrafo 3 y viceversa.2. El párrafo 4 dirá lo siguiente:

" El paso es inocente cuando el buque no utiliza elmar territorial para preparar, intentar o cometer actosperjudiciales para la seguridad o el orden público delEstado ribereño, o cuando no infringe sus reglamentosde aduanas y de sanidad, no perjudica otros intereses,o no pone en peligro la seguridad de la navegación."

Observaciones

La última frase del párrafo 3 del Proyecto puede darla impresión de que esas disposiciones son las únicas quereglamentan la soberanía de un Estado ribereño sobre elmar territorial y que sólo es ilegal lo que es contrario aellas. A juicio del Gobierno de Yugoeslavia, un Estadoribereño ejerce la soberanía sobre el mar territorial segúnsus propias leyes. Si un acto cometido por un buqueextranjero dentro del mar territorial es contrario a estosartículos, no podrá ser calificado como delito si no loestá en la legislación del Estado ribereño. El Gobierno de


Yugoeslavia opina que deben suprimirse las palabras" o contrarios a las presentes disposiciones ".

El Gobierno de Yugoeslavia cree también que la limi-tación de la soberanía de un Estado ribereño mediantefórmulas imprecisas no es la mejor manera de codificarel derecho internacional. Por consiguiente, deben supri-mirse también las palabras " o a otras disposiciones delderecho internacional ". Como a veces se intenta pre-sentar como norma de derecho internacional lo que no loes, el Gobierno de Yugoeslavia cree que añadir las pala-bras : " o a otras disposiciones del derecho internacional "en éste o en cualquier otro artículo equivaldría únicamentea introducir un factor de incertidumbre y de imprecisión.

Como la definición de " paso " que se da en el párrafo 4es diferente de la del párrafo 2, que también puederesultar peligrosa, el Gobierno de Yugoeslavia cree que lomejor sería que el párrafo 4 pasase a ser párrafo 3 yviceversa. Opina que no se puede hablar de paso inocentecuando un buque extranjero emplea el mar territorialpara preparar o para intentar cometer un delito. ElGobierno de Yugoeslavia cree también que debería defi-nirse con más detalle el " paso inocente ".

Articulo 17 (artículo 19 del Proyecto)


" Los buques extranjeros que utilizan el derecho depaso inocente por el mar territorial deberán ajustarse alas leyes y reglamentos promulgados por el Estadoribereño, a menos que se disponga otra cosa en estasnormas, especialmente en lo que respecta:

a) A enarbolar la bandera nacional;b) A seguir las rutas de navegación internacional

establecidas ;e) A cumplir los reglamentos de orden público y

seguridad, así como los reglamentos de aduanas y desanidad."Los incisos a) a e) pasarán a ser incisos d) a h).Por las razones expuestas en las observaciones al artí-

culo 1, el Gobierno de Yugoeslavia opina que debensuprimirse las palabras " y con las demás normas delderecho internacional ". El Gobierno de Yugoeslavia creeademás que la primera obligación de un buque extranjeroque atraviesa el mar territorial de un Estado es respetarlas normas que regulan el uso de la bandera nacionalpara seguir las rutas de navegación internacional estable-cidas y para cumplir los reglamentos de orden público yde seguridad así como los reglamentos de aduana v desanidad. La obligación de enarbolar la bandera nacional,si está prevista en los reglamentos del Estado ribereñointeresado, y el de seguir las rutas de navegación inter-nacional establecidas, facilita la inspección ejercida porel Estado ribereño para defender sus derechos e intereses.Además siguiendo las rutas de navegación establecidas,el tráfico y la pesca en el mar territorial ganarán en segu-ridad.

Artículo 18


" 1. El Estado ribereño puede tomar, en su marterritorial, las medidas necesarias para prevenir todoatendo a su seguridad y a su orden público, a laseguridad de la navegación, y a sus intereses aduanerosy sanitarios y de otra índole ".

Las observaciones al artículo 16 son aplicables, engeneral, en este caso.

Artículo 19 (artículo 17 del Proyecto)

El Gobierno de Yugoeslavia propone que en el párrafo 1,las palabras " principio de la libertad de comunicaciones "se sustituyan por la expresión " paso inocente ".

Observaciones

Como se utiliza siempre la expresión " paso inocente ",el Gobierno de Yugoeslavia propone que se emplee tam-bién aquí en vez de la expresión " principio de la libertadde comunicaciones ". El Gobierno de Yugoeslavia proponeque, para aclarar más el texto, la Comisión explique, almenos en sus observaciones, lo que entiende por " dere-chos de otros Estados ".

Artículo 21

El Gobierno de Yugoeslavia se reserva el derecho deformular observaciones a este artículo más adelante.

Artículo 22

El Gobierno de Yugoeslavia no tiene nada que decirsobre el párrafo 1 de este artículo.

El Gobierno de Yugoeslavia opina que para codificarnormas internacionales es mucho mejor tomar deter-minadas disposiciones de las convenciones internacionalesque están consideradas como derecho internacional envez de referirse a las convenciones mismas. Ese métodosería más aceptable, en especial, para los Estados que nohan ratificado una convención a la que se hace referencia.

En opinión del Gobierno de Yugoeslavia, el defecto deestas disposiciones se refleja también en el hecho de quela Comisión no explica si acepta la definición de " deten-ción " que se da en el artículo 1 de la Convención inter-nacional sobre el embargo precautorio de buques en elmar. La Comisión tampoco ha declarado por qué haadoptado en el Proyecto las disposiciones del párrafo 4del artículo 3 de dicha Convención.

Por todas estas razones, el Gobierno de Yugoeslaviano puede aceptar las actuales disposiciones de los pá-rrafos 2 y 3.

Artículo 24

El Gobierno de Yugoeslavia formulará observacionescuando reciba el texto del nuevo Proyecto.

Artículo 25

El Gobierno de Yugoeslavia propone que este artículose modifique como sigue:

1. En vez de "artículos 18 y 19 " debe leerse " artí-culos 17 y 18 ".


DOCUMENTO A/CN.4/1G0Observaciones de las organizaciones intergubernamentales sobre los artículos concernientes a la pescacomprendidos en los artículos provisionales relativos al régimen de alta mar aprobados por la Comisión

de Derecho Internacional en su séptimo período de sesiones, celebrado en 1955.[Texto original en inglés]

[13 de marzo de 1956]

CARTA FECHADA EL 13 DE OCTUBRE DE 1955 DELSECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL

DE PESCA PARA EL NOROESTE DEL ATLÁNTICO

En su carta del 24 de agosto de 1955 (LEG 292/8/01)se me invitó a presentar las observaciones que estimaraoportunas a los artículos 24 a 33 del Informe de laComisión de Derecho Internacional sobre la labor reali-zada en su séptimo período de sesiones, celebrado del2 de mayo al 8 de julio de 1955. A este respecto me per-mito presentar los siguientes comentarios:

Artículo 24 " Sobre la conservación de los recursosvivos del mar ". En este caso, como en los demás artí-culos, se emplea el término " conservación " para definirel objeto de la reglamentación que podría establecerse.Sin embargo, hay ciertas razones para creer que la con-servación por sí sola no es ya la finalidad exclusiva dela reglamentación a que están sujetas las pesquerías entodo el mundo. Hemos dejado atrás el período en quesólo se tenía en cuenta la conservación de las especies yhemos entrado en un período en que se procura también,mediante la reglamentación, aumentar las reservas depeces útiles con respecto a la población actual o quepodríamos llamar natural. Por ejemplo, cuando se esta-blecen disposiciones para proteger a los lugares de desovey a los reproductores de ciertas especies, a menudo setrata de ofrecer a esa determinada especie ciertas con-diciones para su desarrollo que son excepcionalmentefavorables en comparación con otras especies de menosvalor. Esto significa que no nos limitamos a conservarla población de dicha especie útil, sino que tratamos dedesarrollarla y aumentarla. Hay otras reglamentacionesde este tipo y es de prever que se establecerán más en elfuturo, cuando haya que aumentar considerablemente elsuministro de alimentos procedentes del mar. Podríasuceder que más adelante, cuando haya que establecerreglamentaciones de esta naturaleza, el uso exclusivo yconstante de la palabra " conservación " que se hace endichos artículos suscite dificultades. Es posible que algún

país oponga la objeción de que las reglamentaciones queprocuramos establecer para desarrollar las pesquerías noestán previstas por el derecho internacional ya que no sólotratan de la conservación de los recursos sino de sudesarrollo más allá de su estado actual o natural. Así,pues, existe la posibilidad de que el empleo del término" conservación " en el derecho llegue a ser un obstáculo ala reglamentación que se precisa para el necesario desa-rrollo de las pesquerías. Me permito sugerir que se con-sidere la posibilidad de agregar, cuando se utilice estetérmino, una explicación en virtud de la cual puedanquedar previstas también con arreglo al derecho todas lasreglamentaciones cuyo fin sea promover el desarrollo delas especies.

En el comentario al artículo 24 se emplea el término" pesquerías fijas ". Debo reconocer que no comprendomuy bien qué quiere decirse exactamente con dicho tér-mino, y puede ser que otros se encuentren en la mismasituación. Creo que se trata de un tipo de pesca que seefectúa mediante aparejos fijos o desde lugares de pescafijos o incluso desde embarcaciones ancladas. (No dis-pongo del documento a que hace referencia la nota al piede la página.) Los resultados de los trabajos experimen-tales efectuados en muchos sitios durante los últimos añosdemuestran que en un futuro no lej ano podrá desarrollarseun tipo de pesquería fija basada en la circunstancia deque puede atraerse a los peces hacia ciertos aparejos fijospor distintos medios (electricidad, luz). Este tipo de pes-quería podría muy bien considerarse comprendida dentrodel término "pesquerías fijas". Ya se utiliza en escalacomercial en agua dulce y también se están efectuandoexperimentos en escala comercial en mar abierto. Dadoel desarrollo que han tenido en los años recientes losbuques factoría y las pesquerías flotantes, es fácil imagi-narse que las pesquerías de esta índole serán comunesen un futuro no muy lejano. Creo que debería ofrecersealguna explicación del término " pesquerías fijas " a finde que quede en claro si las pesquerías del tipo arribamencionado están comprendidas en dicho término.

DOCUMENTO A/CN.4/103Informe complementario por J. P. A. François sobre el derecho de las organizaciones internacionales de

hacer navegar buques bajo su bandera[Texto original en inglés]

[8 de mayo de 1956]

1. Durante el séptimo período de sesiones de la Comi-sión de Derecho Internacional, una vez aprobado elartículo 4 de los artículos provisionales relativos al ré-gimen de alta mar, el Relator Especial dio lectura, en la320a. sesión, celebrada el 27 de junio de 1955, a unacarta del Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor Jurídicode las Naciones Unidas, referente al abanderamiento y ala matrícula de diez embarcaciones de pesca de propiedad

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934), págs. 10—13.

de las Naciones Unidas (A/CN.4/SR. 320, párr. 68).Estas embarcaciones, que habían sido construidas hacíapoco en Hong Kong por encargo del Organismo de lasNaciones Unidas para la Reconstrucción de Corea(ONURC), fueron enviadas a Fusán (Corea), y entre-gadas a ciudadanos coreanos. En el trayecto de HongKong a Fusán navegaron bajo la bandera y la matrículade las Naciones Unidas porque debido a las condicionesde propiedad, no pudieron obtener la matrícula británicao la coreana y no se estimó conveniente matricularlas en


Liberia, por ejemplo, país en que hubiera sido fácil hacer-lo pero con el cual las embarcaciones no tenían la menorrelación. A este respecto, y estimando que en lo sucesivopueden presentarse casos análogos, el Sr. Stavropouloscreyó conveniente que los artículos provisionales relativosal régimen de alta mar, preparados por la Comisión, noexcluyesen al menos la posibilidad de que una organi-zación internacional matriculara sus buques. Al propiotiempo, señaló a la atención de la Comisión las cuestionesde la jurisdicción y del derecho aplicable a bordo de losbuques que navegan con una matrícula internacional.

2. Con este motivo, varios miembros de la Comisión ysu Secretario hicieron declaraciones, ante la Comisiónsobre esta cuestión (A/CN.4/SR. 320, párrs. 69 a 104).

3. Por último, por 10 votos contra 1 y una abstención,quedó aprobada la propuesta del Presidente de que en elinforme de la Comisión sobre la labor realizada en suséptimo período de sesiones, se insertase un párrafo enlos comentarios que dijera que la Comisión examinaríaen una fecha ulterior el problema planteado en la cartadel Sr. Stavropoulos. El comentario pertinente figura enla página 4 del informe de la Comisión *.

4. Las cuestiones que hay que resolver pueden dividirseen tres categorías: a) las que se refieren a la posibilidadde que las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-nacionales sean propietarias de buques; b) las relativas alabanderamiento, al registro, a la nacionalidad y a laprotección de los buques que sean propiedad de las Na-ciones Unidas o de otras organizaciones internacionales;c) las concernientes al derecho aplicable a dichos buquesy a las personas y bienes a bordo.

5. Al absolver estas cuestiones, puede ser útil que laComisión tenga en cuenta la opinión consultiva de la CorteInternacional de Justicia, del 11 de abril de 1949, sobre lareparación por daños sufridos al servicio de las NacionesUnidas; esa opinión consultiva (I.C.J. Reports, 1949, pág.179) dice así:

" Hay que reconocer que los Estados Miembros (delas Naciones Unidas), al asignar determinadas funcionesa la Organización, con los deberes y obligaciones co-rrespondientes, le han atribuido la competencia nece-saria para que pueda desempeñar eficazmente esasfunciones.

" En consecuencia, la Corte ha llegado a la conclusiónde que la Organización es una persona internacional.Esto no equivale a decir que sea un Estado — no cabeduda de que no lo es — o que su personalidad jurí-dica, sus derechos y sus deberes sean los mismos quelos de un Estado . . . Esto no significa que la Organi-zación es un sujeto de derecho internacional y quepuede tener derechos y deberes internacionales . . . " 2

6. La cuestión de si las Naciones Unidas tienen o noel derecho de poseer buques no puede dar lugar a duda.Tienen desde luego este derecho, ya que, de no ser así,no estaría en condiciones de " desempeñar eficazmentesus funciones ", como dice la Corte Internacional deJusticia. La situación descrita en la carta del Sr. Stavro-poulos lo demuestra claramente. La misma conclusión seaplica necesariamente a todas las organizaciones inter-nacionales que tengan una capacidad análoga.

7. Por otra parte, la cuestión de si las Naciones Unidas1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período

de sesiones, Suplemento No. 9, pág. 4.> I.C.J. Reports, 1949, pág. 179.

pueden matricular sus buques en determinado Estado yhacerlos navegar bajo la bandera de ese Estado tampocopuede plantear dificultades. Pero cuando no pueden ob-tener matrículas para sus buques, o es muy difícil lograr-la, ¿ tienen o han de tener las Naciones Unidas el derechode matricular ellas mismas sus buques y de hacerlosnavegar con la bandera de las Naciones Unidas ?

8. Es obvio que el problema no se resolverá creandouna " matrícula de las Naciones Unidas ". En efecto, lasituación jurídica de un buque de las Naciones Unidasque no estuviese matriculado en un Estado sería muydudosa, tanto en alta mar como en las aguas territorialeso en un puerto; lo mismo ocurriría con la tripulación ycon los pasajeros que pueda llevar. Los buques están re-gidos por la ley del Estado cuya banderan enarbolan y,a este respecto, la bandera de las Naciones Unidas o deotra organización internacional no puede ser asimiladaa la bandera de un Estado. El problema sería insoluble,sobre todo en lo que concierne al derecho civil y penalaplicable a bordo del buque.

9. Como las Naciones Unidas no pueden ofrecer lasmismas garantías que los Estados en lo que respecta ala utilización normal de los mares, el derecho internacio-nal no les da el derecho de matricular sus propios buques.De esto no se desprende necesariamente que los buquesmencionados en la carta del Sr. Stavropoulos hayan sidoilegalmente dirigidos de Hong Kong a Fusán. No cabeduda de que en aquel caso se podía invocar justificada-mente el carácter excepcional de la situación. De todosmodos, teniendo en cuenta esta experiencia reciente, lasNaciones Unidas han de tratar de resolver los problemasque se plantean. Podría tomarse en consideración la pro-puesta siguiente:

a) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas re-conocen una matrícula especial de las Naciones Unidasque dé al buque el derecho en enarbolar la bandera delas Naciones Unidas y de gozar de la protección especialde la Organización;

b) Se autoriza al Secretario General de las NacionesUnidas para concluir, cuando sea necesario, con uno ovarios Estados Miembros un acuerdo especial en que seestipule que estos Estados autorizan a los buques de quese trata a enarbolar su bandera junto con la de las Na-ciones Unidas;

c) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas secomprometen mediante un acuerdo general a declarar quesu legislación es aplicable a los buques respecto de loscuales hayan concluido un acuerdo especial con el Secre-tario General, como se prevé en el apartado b) y a asi-milar dichos buques a sus propios buques, siempre queello sea compatible con los intereses de las NacionesUnidas.

d) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas de-claran en el mismo acuerdo general que reconocen losacuerdos especiales concertados entre el Secretario Gene-ral y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas,previstos en el inciso 6), y extienden a las NacionesUnidas la aplicación de todos los acuerdos internacionalesen que son partes, referentes a la navegación.

10. Si la Comisión aprobase las propuestas formuladasen el presente informe, sería conveniente insertar en elcomentario al artículo 4 de los Artículos provisionalesrelativos al régimen de alta mar un párrafo en el que seexpusiera la opinión de la Comisión a este respecto.

EL DERECHO RELATIVO A LOS TRATADOS

DOCUMENTO A/CN.4/101

Informe preparado por G. G. Fitzmaurice, Relator Especial[Texto original en inglés]

[14 de marzo de 1956]

INDICE Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1—10 104A. Fundamentos y alcance del presente informe 1—6 104B. Objeto de los futuros informes 7—10 105

I. TEXTO DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ]06

Introducción: Alcance y principios generales 106A. Alcance y definiciones conexas 106

Artículo 1. Alcance 106Artículo 2. Definición de "tratado" 106Artículo 3. Algunas definiciones conexas 107

B. Algunos principios fundamentales del derecho relativo a los tratados . . . 107Artículo 4. Ex consensu advenit vincidum 107Artículo 5. Pacta sunt servando 107Artículo 6. Res inter olios acta 107Artículo 7. El derecho aplicable a los tratados 108Artículo 8. Clasificación de los tratados 108Artículo 9. Ejercicio de la capacidad para concertar tratados 108

Capítulo primero. La validez de los tratados 108Sección preliminar. Definición y condiciones de la validez 108

Artículo 10. Definición de la validez 108Artículo 11. Condiciones generales de la fuerza obligatoria del tratado en sí . 108Artículo 12. Condiciones generales de eficacia del tratado para un Estado

determinado 108

Parte I. Validez formal (preparación y conclusión de los tratados) 109

A. Condiciones generales de validez formal 109Artículo 13. Definiciones 109Artículo 14. El tratado considerado como texto y como negocio jurídico . . 109

B. Negociación, redacción y fijación (autenticación) del texto 109Artículo 15. Redacción del texto 109Artículo 16. Algunos requisitos esenciales del texto 110Artículo 17. Consecuencias jurídicas de la redacción de un texto . . . . H0Artículo 18. Fijación y autenticación del texto 110Artículo 19. Efectos jurídicos de la fijación y autenticación 110Artículo 20. La firma y la rúbrica: su valor jurídico 110Artículo 21. La rúbrica y firma ad referendum como actos de autenticación

del texto 111Artículo 22. Autoridad para firmar 111Artículo 23. Validación posterior de actos no autorizados 111Artículo 24. Estados que tienen derecho a firmar 111Artículo 25. Tiempo y lugar de la firma 111

C. Conclusión del tratado y participación en el mismo 111Artículo 26. Conclusión del tratado 111Artículo 27. Modos de participación en un tratado 112Artículo 28. Efectos de los actos de participación desde el punto de vista de

la conclusión y de la fuerza obligatoria ]12Artículo 29. Efectos jurídicos de la firma considerada como acto operativo . . 112Artículo 30. Efectos jurídicos de la firma considerada como acto conclusivo

únicamente 112Artículo 31. Ratificación: su naturaleza jurídica y sus modalidades . . . 112Artículo 32. Ratificación: circunstancias en que es necesaria 113Artículo 33. La ratificación: sus efectos jurídicos 113Artículo 34. Adhesión: su carácter jurídico y sus modalidades 113Artículo 35. La adhesión: sus efectos jurídicos 114Artículo 36. Aceptación: su carácter, modalidades y efectos jurídicos . . . 114Artículo 37. Reservas: regla fundamental 114Artículo 38. Reservas a los tratados bilaterales y a otros tratados de partici-

pación limitada 115

103


Párrafos Página

Artículo 39. Reservas a los tratados multilaterales 115Artículo 40. Reservas: sus efectos jurídicos en caso de ser admitidas . . . 115Artículo 41. Entrada en vigor: sus modalidades 115Artículo 42. Entrada en vigor: sus efectos jurídicos 116

II. COMENTAMOS A LOS ARTÍCULOS 1—109 116

Introducción: Alcance y principios generales 1—19 116A. Alcance y definiciones conexas 1—12 116

Artículo 1. Alcance 1—2 116Artículo 2. Definición de "tratado" 3—10 117Artículo 3. Algunas definiciones conexas 11—12 118

B. Algunos principios fundamentales del derecho relativo a los tratados . . . 13—19 118A r t í c u l o s 4 a 9 1 3 — 1 9 1 1 8

Capítulo primero. La validez de los tratados 20—109 119Comentario general 20 119

Sección perliminar: definición y condiciones de la validez 21 119Artículos 10 a 12 21 119

Parte I. Validez formal (preparación y conclusión de los tratados) 22—109 119

Comentario general 22 119A. Condiciones generales de validez formal 23—24 119

Artículo 13. Definiciones 23 119A r t í c u l o 1 4 . E l t r a t a d o c o n s i d e r a d o c o m o t e x t o y c o m o j u r í d i c o . . . . 2 4 1 1 9

B . N e g o c i a c i ó n , r e d a c c i ó n y f i j a c i ó n ( a u t e n t i c a c i ó n ) d e l t e x t o 2 5 — 4 6 1 1 9Artículo 15. Redacción del texto 25—27 119Artículo 16. Algunos elementos esenciales del texto 28—31 120Artículo 17. Consecuencias jur ídicas de la redacción del texto . . . . 32 120Artículo 18. Fijación y autenticación del texto 33 120Artículo 19. Efectos jurídicos de la fijación y autenticación 34 120Artículo 20. La firma y la rúbrica: su valor jurídico 35—36 120Artículo 21. La rúbrica y la firma ad referendum como actos de autenticación

del texto 37—39 120Artículo 22. Autoridad para firmar 40—43 120Artículo 23. Validación posterior de actos no autorizados 44 120Artículo 24. Estados que tienen derecho a firmar 45 120Artículo 25. Tiempo y lugar de la firma 46 120

C. Conclusión del tratado y participación en el mismo 47—109 120Comentario general 47—49 120Artículo 26. Conclusión del tratado 50—52 121Artículo 27. Modos de participación en un tratado 53 121Artículo 28. Efectos de los actos de participación desde el punto de vista de

la conclusión y de la fuerza obligatoria 54 121Artículo 29. Efectos jurídicos de la firma considerada como acto que confiere

fuerza obligatoria 55—57 121Artículo 30. Efectos jurídicos de la firma considerada como acto conclusivo

únicamente 58—59 122Artículo 31. Ratificación: su naturaleza jurídica y sus modalidades . . . 60—65 122Artículo 32. Ratificación: circunstancias en que es necesaria 66—75 123Artículo 33. La ratificación: sus efectos jurídicos 76—77 124Artículo 34. Adhesión: su carácter jurídico y sus modalidades 78—84 125Artículo 35. La adhesión: sus efectos jurídicos 85—87 125Artículo 36. Aceptación: su carácter, modalidades y efectos jurídicos . . . 88—91 126Artículo 37. Reservas (reglas fundamentales) 92—96 126Artículo 38. Reservas a los tratados bilaterales y a otros tratados de partici-

pación limitada 97 127Artículo 39. Reservas a los tratados multilaterales 98—100 127Artículo 40. Reservas: sus efectos jurídicos en caso de ser admitidas . . . 101 127Artículo 41. Entrada en vigor: sus modalidades 102—105 127Artículo 42. Entrada en vigor: sus efectos jurídicos 106—109 128

INTRODUCCIÓN tratadas en los trabajos anteriores, a los cuales, hay que_ , , , , J . , decirlo desde ahora, el actual Relator debe mucho. Los

A. Fundamentos y alcance del presente informe e s t u d i o g r e a l i z a d o s h a s t a actualRelatorahora, e n p a r t i c u l a r l o s d e Sir1. La primera tarea del actual Relator ha consistido Hersch Lauterpacht, se componen de tres partes tituladas

en decidir entre hacer suya toda la obra de sus distin- " Definición y naturaleza de los tratados ", " Conclusiónguidos predecesores en el estado en que se encontraba, de los tratados ", y " Requisitos para la validez de losreanudando el examen de la cuestión en el punto en que tratados ". La intención de Sir Hersch Lauterpacht fuéellos lo dejaron, o bien revisar nuevamente las materias preparar en su debida oportunidad nuevas secciones reía-

El derecho relativo a los tratados 105

tivas a los efectos y la ejecución, la interpretación, la ex-tinción, etc.

2. De ser posible, el actual Relator hubiera preferidollevar adelante estos nuevos trabajos inmediatamente. Nose le ocultaba, además, que podía parecer ocioso volver aocuparse de asuntos ya considerados dos veces en in-formes anteriores. Sin embargo, esto es lo que en realidadse ha visto movido a hacer, principalmente por dos razo-nes. En primer lugar, uno o dos miembros de la Comi-sión le sugirieron que, dadas las considerables diferenciasentre algunos artículos propuestos por Sir Hersch Lauter-pacht y los que la Comisión había aprobado durante susegundo y su tercer período de sesiones (A/CN.4,L.55)que a su vez diferían considerablemente de diversosartículos propuestos por el profesor Brierly, sería útilexaminar y sintetizar estas disposiciones.

3. En segundo lugar, al examinar en particular lacuestión de la elaboración y conclusión de los tratados,el actual Relator vio con sorpresa que si bien sus pre-decesores habían presentado un comentario, admirablepor lo completo e informativo, que contenía todo lonecesario para comprender el derecho relativo a la ma-teria, los artículos a que se refería dicho comentarioeran pocos y en cierta medida de carácter general; entodo caso, se advertía en sus autores el propósito evi-dente de no entrar en muchos detalles. Tal método tienesus ventajas, pero obliga a dejar a un lado una seriede cuestiones — y, sobre todo, situaciones — que en lapráctica tienden a presentarse a menudo en el procesode concertar tratados, con lo cual se provocan dificul-tades e incertidumbres.

4. Esto plantea la cuestión del grado de especializa-ción que debe tener un código, cuestión que no puedecontestarse con facilidad cuando se trata de una materiacomo la conclusión de tratados, donde con frecuencia nopuede trazarse una línea divisoria suficientemente claraentre las cuestiones estrictamente de derecho y las cues-tiones de práctica, costumbre o protocolo. Sin embargo,fundándose en su propia experiencia en la celebraciónde tratados, el actual Relator estima que la mayoría delas cancillerías están probablemente bastante familiari-zadas con los principios generales del derecho de lostratados, pero que precisamente con respecto a algunascuestiones más especializadas — aunque no menos impor-tantes — dichas cancillerías verían con agrado que sellegara a una mayor certidumbre y que se hiciera unaexposición más sistemática. El Relator estima, en con-secuencia, que un código sobre el derecho relativo a lostratados debe comprender necesariamente las más des-tacadas entre dichas cuestiones, sin extenderse demasiadoen lo que fundamentalmente son cuestiones de prácticaque no suscitan problemas estrictamente jurídicos.

5. Por las razones expuestas, el Relator se ha dedicadocasi por completo en el presente informe a la cuestión dela preparación y conclusión de los tratados, aparte de unasección dedicada a ciertos principios fundamentales delderecho relativo a los tratados, principios que, comocabe suponer, deben figurar al comienzo de todo códigosobre la materia. Con excepción de estos artículos y dealgunos otros de carácter preliminar y general, 30 delos 42 artículos que ahora se presentan se refieren ex-clusivamente a la concertación de tratados. En los in-formes anteriores, en cambio, había unos seis artículossobre la concertación o conclusión de tratados. Además,

dichos 30 artículos son también más amplios, de suerte,pues, que se dedica al estudio de esta cuestión muchomás espacio que hasta ahora. El Relator no lamentahaberse extendido en tal examen, cosa que estima nece-saria, pero opina que cuando la Comisión haya hechoun examen preliminar de la cuestión, quizá sea posiblereducir el texto de los mismos. El doble aspecto que seadvierte en muchas reglas del derecho relativo a lostratados, tiende evidentemente a originar repeticiones.Sin embargo, aun en el caso de que fuera posible resumirel derecho relativo a los tratados en una sola frase — lade que puede hacerse todo aquello que las partes con-vengan — sigue siendo conveniente precisar qué cuestio-nes exigen ordinariamente un acuerdo expreso y quécriterio debe adoptarse en el caso de que no lo haya.

6. Por otra parte, si bien el actual Relator se hacreído obligado a dar mayor amplitud a los artículos, lalabor realizada por sus predecesores y, en especial porSir Hersch Lauterpacht, le ha permitido hacer unoscomentarios mucho más breves de lo que de otro modohubiera tenido que hacer. En el presente trabajo se haprocurado evitar las repeticiones y el Relator se halimitado a comentar los puntos nuevos y aquellos quepueden juzgarse dudosos o particularmente discutibles.Ha tratado, además, de redactar los artículos propia-mente dichos de manera que se expliquen por sí mismosy aparezca con claridad su fundamento jurídico.

B. Objeto de los futuros informes

7. En el próximo informe se estudiará la validez(material o substancial) de los tratados y la extinciónde los mismos. En el mismo informe, o bien en otroposterior, se tratará de la interpretación, ejecución, ob-servancia y otras materias semejantes, con lo cual, sinembargo, todavía quedarán varias cuestiones por exa-minar.

8. Cabe ahora aludir al difícil problema del orden enque deben ir dispuestas las materias. El derecho relativoa los tratados se presta a diversos métodos de ordenación.Si se compara, por ejemplo, un texto sobre el derechorelativo a los tratados tan conocido como el Proyectode convención de Harvard sobre el derecho de los tratadoscon la distribución de materias adoptada por el ProfesorCharles Rousseau en el tomo I de sus Principes générauxdu droit international public 1, se echa de ver claramentecuan diferentes pueden ser dichos métodos. Así, el temade la concertación (conclusión) de tratados incluido en elinforme actual puede considerarse, bien como una serie deactos de procedimiento regidos por ciertas reglas de dere-cho, o bien como una cuestión de fondo relativa a la vali-dez de los tratados; es decir, para los efectos de ésta, rela-tiva a su validez formal. De la misma manera, la extinciónpuede considerarse, ora como un conjunto de actos deprocedimiento, ora como un aspecto de la materia dela validez (validez del tratado en cuanto al tiempo o laduración). Cronológicamente los temas de la conclusióny la extinción de los tratados se hallan en los extremosopuestos, pero desde el punto de vista del contenidopuede considerarse (junto con la cuestión de la validezesencial) como pertenecientes al capítulo general de la" validez ". Entre ambas, cronológicamente, están lainterpretación, la ejecución y observancia del tratado,

1 Charles Rousseau, Principes généraux du droit internationalpublic (París, Editions A. Pedone, 1944).


sus efectos en lo que respecta a terceros, etc., todo locual puede considerarse como constitutivo de un segundoe importante capítulo del derecho relativo a los tratados:los "efectos" de los tratados (la interpretación, porejemplo, está estrechamente ligada con la aplicación).Estas concepciones pueden combinarse hasta ciertopunto, pero no del todo. Provisionalmente, el presenteinforme sigue, en lo principal, la ordenación queapuntaba en los informes anteriores, puesto que lo mássencillo y lo que más en armonía está con la realidad, esconsiderar un tratado como un progreso que se desarrollaen el tiempo. Los tratados nacen, existen, producen susefectos y, quizá, por último, se extinguen. Pero puedeestimarse conveniente cambiar de lugar la cuestión de laextinción y hacer de ella la tercera parte de un primercapítulo sobre la " validez ", del cual la validez formalconstituiría la primera parte y la validez esencial lasegunda. Esta es la ordenación que proponemos provisio-nalmente. La mayor parte de las restantes cuestiones deltema podrían agruparse luego en un segundo capítulodedicado a los " efectos ". Sin embargo, probablementelo mejor sea aplazar la decisión sobre este punto hastaque se llegue a una etapa relativamente más avanzada dela totalidad del trabajo.

9. Cabe mencionar algunas otras cuestiones de formao método. Ya hemos aludido a la primera de ellas. Enlo que refiere al hecho de la preparación y conclusión detratados no podrán verse con claridad los problemas conél relacionados, a menos que, dentro de ciertos límites,se procure trazar en el código un cuadro de la realidad,esto es, a menos que contenga un elemento descriptivo. Ensegundo lugar, el Relator estima que una codificación delderecho relativo a los tratados como la que está llamadaa llevar a cabo la Comisión, debe adoptar la forma de uncódigo y no la de un proyecto de convención. Hay dosrazones' para ello: la primera es que parece inadecuadoque a un código sobre el derecho relativo a los tratadosse le dé también la forma de tratado, o mejor dicho,parece más adecuado que tenga un fundamento indepen-diente. En segundo lugar, gran parte del derecho relativoa los tratados es poco apropiado para su formulación enforma de convención. Este derecho se compone de decía-raciones de principios y normas abstractas que puedenenunciarse mucho más fácilmente en forma de código,forma aue tiene además la ventaia de hacer nosible cruese incluva en el texto del código cierto número decuestiones declaratorias y explicativas de un modo queno sería posible si hubiera que limitarse a una estrictaenunciación de obligaciones. Dicho material es de granutilidad para indicar claramente en el propio códigocuáles son los conceptos o las consideraciones jurídicas enque están fundadas las diversas disposiciones.

10. Por último, acaso convenga mencionar ciertas difi-cultades inherentes a la redacción de cualquier códigosobre el derecho relativo a los tratados, que nacen delempeño de tratar la materia con un criterio de uniformi-dad. Este es el sistema que evidentemente han preferidola Comisión y los Relatores anteriores y que el actualRelator ha procurado seguir. Pero, en cierto modo, lo quese pretende es excesivo. Por ejemplo, quizá sea posibleformular un artículo de manera que se aplique indistin-tamente a un tratado propiamente dicho y a un canje denotas. Pero hay en ello algo artificial. Ciertas expresionesson adecuadas para un caso y no lo son para el otro, y

viceversa. Una situación análoga se plantea en lo que res-pecta a los tratados bilaterales, por una parte, y a lostratados multilaterales, por la otra. Lo mismo ocurrecuando se establece una relación entre la concertaciónde tratados por los Estados o en nombre de ellos y cuandose efectúa por organizaciones internacionales o en nombrede éstas. Cabe reflexionar si, en último análisis, no serámejor rectificar el empeño de tratar con criterio comple-tamente uniforme todos los casos y añadir determinadonúmero de secciones especiales dedicadas a aspectos par-ticulares de la materia. Sin embargo, al examinar losartículos que siguen, no hay que perder de vista queestán destinados a comprender en cada cláusula todas lasdiferentes formas de instrumentos y variedades de casos.El lector que, por ejemplo, piense principalmente en lasconvenciones multilaterales generales, debe recordar quehay también acuerdos bilaterales y canjes de notas y,además, que el número de estos últimos es mucho mayorque el de los primeros.

I. TEXTO DE LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO

Introducción: Alcance y principios generales

A. ALCANCE Y DEFINICIONES CONEXAS

Artículo i. Alcance

1. El presente código se refiere a los tratados, y aotros acuerdos internacionales que tienen el carácter detratados, consignados en un instrumento único, conformese definen más adelante en el párrafo 1 del artículo 2; ya los acuerdos internacionales formulados de otra forma,conforme se definen en el párrafo 2 del artículo 2; a con-dición de que, en todos los casos, consten por escrito. Elpresente código no se aplica como tal a los acuerdos in-ternacionales que no estén por escrito, aunque ello nodebe entenderse en perjuicio de su validez.

2. Con sujeción a lo que más adelante se previene, enel párrafo 2 del artículo 2, el presente código se aplicaa los tratados y otros acuerdos internacionales sea cualfuere su forma o denominación e independientemente deque se consignen en un instrumento o en varios instru-mentos.

3. Las disposiciones del presente código acerca delos poderes, facultades, derechos y obligaciones de losEstados con respecto a los tratados, son aplicables, mutatismutandis, a las organizaciones internacionales y a lostratados concertados entre ellas o entre una de ellas y unEstado, a menos que el contexto indique, o de él resultenecesariamente, lo contrario.

Artículo 2. Definición de " tratado "

1. Para los efectos de la aplicación del presente código,se entiende por tratado un acuerdo consignado en uninstrumento formal único (sea cual fuere su nombre, títuloo denominación) concertado entre entidades que son todasellas sujetos de derecho internacional con personalidadinternacional y capacidad para concertar tratados, y des-tinado a crear derechos y obligaciones, o a establecer re-laciones, que se rigen por el derecho internacional.

2. Sin embargo, no habiendo ninguna regla general dederecho que exija que un determinado acuerdo internacio-nal tenga la forma de " tratado " propiamente dicho,cualquier acuerdo internacional que tenga los mismos


fines y que sea concertado entre cualesquiera de las en-tidades antes mencionadas, puede consignarse en formadistinta de la de tratado prevista en el párrafo anterior;en particular, puede figurar en más de un instrumento,como sucede con el canje de notas, cartas o memoran-dums. Tanto el término " tratado ", como las disposicionesdel presente código, se considerarán aplicables, mutatismutandis, a estas otras formas de acuerdo internacional,a menos que en el texto de la disposición de que se tratese estipule expresamente lo contrario o que de dichotexto o del carácter del propio acuerdo resulte necesaria-mente otra cosa.

3. Para los efectos del presente código, un tratadosupone un instrumento, o un conjunto de instrumentosque forman un todo, cuyas partes son dos o más de lasentidades mencionadas en el párrafo 1) del presente ar-tículo. Un instrumento, declaración, o afirmación unila-terales, puede ser internacionalmente obligatorio, pero noes un tratado, aunque en algunos casos pueda suponer oconstituir una adhesión a un tratado, o là aceptación deun tratado u otra obligación internacional.

4. El hecho de que, para los efectos de este código,un instrumento pueda, según los casos, ser o no serconsiderado como tratado, no altera en modo alguno elrégimen aplicable a dicho instrumento en lo que se refierea los requisitos constitucionales de los Estados acerca dela capacidad para concertar tratados.

Artículo 3. Algunas definiciones conexas

Para los efectos de este código:a) Además del caso de las entidades reconocidas como

Estados por razones especiales, el término " Estado " :i) Denota una entidad compuesta por una población

que habita en un territorio determinado, vive bajo unrégimen de gobierno organizado y tiene capacidad deconcertar, directamente o por medio de otro Estado, re-laciones internacionales que le imponen obligaciones ala entidad como tal; sin perjuicio, no obstante, de lacuestión relativa a los medios o vías por los cuales debenegociarse un tratado en nombre de un determinado Es-tado, los cuales dependen de la condición jurídica de talEstado y de sus vínculos internacionales;

ii) Comprende al gobierno del Estado;iii) Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3 del

artículo 1, comprende a las organizaciones internacionales ;b) El término " organización internacional " denota

una colectividad de Estados establecida por tratado, conuna constitución y órganos comunes, que tiene una per-sonalidad independiente de la de sus Estados miembros yes sujeto de derecho internacional con capacidad paraconcertar tratados;

c) El término "pa r t e" (en un tratado) denota princi-palmente un Estado sujeto efectivamente a las obligacionesde un tratado que se halla en vigor; a veces puede em-plearse para denotar Estados a los que se reputa obligadospor un tratado que todavía no está en vigor, por el hechode haber tomado todas las medidas necesarias para parti-cipar en él.

B. ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHORELATIVO A LOS TRATADOS

Artículo 4. Ex consensu advenit vinculum

consentimiento, unido al principio fundamental de de-recho de que el consentimiento crea la obligación.

2. Para que exista la obligación, el consentimientodebe ser real. Sin embargo, en determinadas circunstan-cias el consentimiento se infiere de los hechos, y unEstado no puede negar la realidad de su consentimientodado manifiestamente y de manera regular.

Artículo 5. Pacta sunt servanda

1. Con sujeción a las dispociones del presente código,los Estados están obligados a cumplir de buena fe lasobligaciones que han contraído en virtud de un tratado.

2. Todos los derechos y obligaciones nacidos de lostratados recaen en el Estado como entidad y como per-sonalidad internacional y sujeto de derecho internacional,tanto si el tratado ha sido concertado efectivamente ennombre del Estado, como si ha sido concertado en nombredel Jefe del Estado, del gobierno, de un departamento delgobierno o de un ministro.

3. Como el sujeto de las obligaciones nacidas de untratado es el Estado, tales obligaciones no varían conmotivo de los cambios de gobierno, administración, dinas-tía o régimen, dentro del Estado. Un nuevo gobierno,administración, dinastía o régimen, sea cual fuere suorigen o el proceso por el cual ha asumido el poder,tiene que cumplir las obligaciones impuestas al Estadopor los tratados, a menos que éstas puedan extinguirseconforme a los términos del tratado, o que se pueda ponerfin a ellas lícitamente de alguna otra manera.

4. Los cambios territoriales que se producen en unEstado, los cuales no influyen en su personalidad comoentidad internacional independiente, no modifican losderechos y obligaciones adquiridos por dicho Estado envirtud de los tratados, salvo cuando dichos derechos uobligaciones se refieren especialmente a un territorio queya no esté bajo el domino del Estado o cuando por otrascausas no sea posible su disfrute o cumplimiento.

5. El Estado que de manera lícita y regular ha con-traído obligaciones en virtud de un tratado, no está dis-pensado de cumplirlas fundándose en cualquier requisitode su legislación o constitución, en lagunas de éstas, o encualquier obstáculo que resulte de su régimen adminis-trativo o judicial.

6. La forma o denominación particular de un tratadonunca puede ser fundamento para no cumplirlo si éstecontiene un acuerdo y tiene validez formal, substancial ytemporal.

7. Tampoco el cambio de circunstancias puede servirde fundamento para negarse a ejecutar un tratado, aun-que en situaciones excepcionales ese cambio puede sercausa de que su extinción se determine por ministerio dela ley.

Artículo 6. Res inter alios acta

El tratado sólo crea derechos, obligaciones o relacionesentre los Estados que son partes en él. Sin embargo, enlos casos previstos en los artículos... del presentecódigo2, un Estado, indirectamente, puede adquirir de-rechos, contraer obligaciones, o quedar colocado en unasituación dada, en virtud de un tratado en el cual no seaparte.

1. El fundamento de la obligación convencional es el 2 Se trata de artículos que figurarán en un informe posterior.


Artículo 7. El derecho aplicable a los tratados

Salvo cuando el propio tratado disponga otra cosa ola intención de hacer esto último se desprenda claramentedel texto o de las circunstancias concomitantes, todas lascuestiones relativas a su conclusión, validez, vigor, efectos,aplicación, ejecución, interpretación y extinción se regiránpor el derecho internacional.

Artículo 8. Clasificación de los tratados

Por razones de conveniencia práctica y para ciertosfines de procedimiento, los tratados pueden clasificarsede diversas maneras según su forma, contenido u objetoy según sean bilaterales, plurilaterales, multilaterales con-tractuales (tratados-contratos) o legislativos o " norma-tivos " (tratados-leyes). Sin embargo, con sujeción a lasdisposiciones del presente código, no existe ninguna dife-rencia jurídica substancial entre cualquiera de estas clasesde tratados en lo que respecta a los requisitos legales querigen su validez, interpretación y efectos, dado que todosse basan en un acuerdo y derivan su fuerza legal de laexistencia de éste.

Artículo 9. Ejercicio de la capacidad para concertartratados

1. La concertación de tratados y todos los demás actosrelacionados con los tratados son, en el orden internacio-nal, actos y función del órgano ejecutivo. Sean cualesfueren los trámites legislativos que deban realizarse paraque dichos actos sean efectivos en el orden interno, en elinternacional son actos auténticos.

2. Por consiguiente, en el orden internacional, la capa-cidad para concertar tratados se ejerce:

a) Si se trata de un Estado, por la autoridad ejecutivacompetente (jefe del Estado, gobierno) : toca a cadaEstado decidir por sí mismo qué trámites constitucionalesson necesarios para que la autoridad del órgano ejecutivoesté en condiciones de ejercer esta facultad en el ordeninterno, pero en el orden internacional su ejercicio esun acto del órgano ejecutivo;

b) Si se trata de une organización internacional, porlos medios que se establezcan en su constitución o que,dentro de los límites de sus funciones, decidan sus órganoscompetentes y, si no se expresa o decide nada al respecto,por el Secretario General de la organización.

3. Ningún Estado está obligado o, propiamente hablan-do, autorizado a aceptar como internacionalmente autén-ticos los actos de otro Estado en relación con un tratado,más que cuando sean actos del órgano ejecutivo; pero,dado que un Estado tiene que aceptarlos si poseen estecarácter, dichos actos obligan necesariamente al Estadode donde dimanan, el cual habiéndolos realizado pormedio de su órgano ejecutivo, no puede luego negar suautenticidad internacional.

Capítulo primero. La validez de los tratados

SECCIÓN PRELIMINAR: DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAVALIDEZ

Artículo 10. Definición de la validez

1. Validez es la condición necesaria para dar a untratado fuerza obligatoria y hacer que surta efectos conarreglo al derecho, y consiste en el cumplimiento delconjunto de requisitos que establece el derecho a fin de

que un tratado pueda tener dicha fuerza y surtir dichosefectos.

2. A su vez, mutatis mutandis, la validez de un tratadorespecto de un Estado determinado, denota la existenciade todas las condiciones necesarias para dar a un tratado,válido en sí, fuerza obligatoria y hacer que surta efectosrespecto de dicho Estado.

3. La validez comprende la " validez formal ", la " va-lidez esencial ", y la " validez temporal ", y todas ellasdeben concurrir, tanto respecto del propio tratado, comorespecto de cualquier Estado determinado al cual se con-sidere obligado por dicho tratado.

4. El término " validez formal " denota la validez encuanto a la forma, esto es, en lo que toca a la negociación,la conclusión y la entrada en vigor ; la " validez esencial "denota la validez en cuanto al contenido, atendiendo a losrequisitos previstos por la jurisprudencia contractual; la" validez temporal " denota la validez en cuanto a laduración, habida cuenta de las consideraciones jurídicasque rigen la extinción de un tratado, ya sea en sí mismo,ya sea en relación con un Estado determinado.

Artículo 11. Condiciones generales de la fuerzaobligatoria del tratado en sí

1. Para que un tratado tenga fuerza obligatoria tieneque ser: a) válido y b) estar en vigor (tener valideztemporal).

2. Para que un tratado sea válido, debe tener: a)validez formal, y b) validez esencial, según se define enel párrafo 4 del artículo 10 y en conformidad con losrequisitos que se señalan más adelante.

3. Para estar en vigor (ser temporalmente válido),un tratado debe: a) haber entrado en vigor o haber sidopuesto en vigor, y b) permanecer en vigor, es decir, nodebe haberse extinguido o caducado en virtud de lostérminos en él contenidos ni por ministerio de la leyconforme a lo que se establece más adelante.

Artículo 12. Condiciones generales de eficacia deltratado para un Estado determinado

1. Un tratado sólo es obligatorio para un Estado de-terminado si concurren las siguientes condiciones: a) queel tratado en sí tenga fuerza obligatoria con arreglo alo previsto en el precedente artículo 11; b) que el Estadode que se trata tenga capacidad para participar en el tra-tado, y e) que haya una aceptación válida y continua deltratado por parte de ese Estado.

2. Un Estado tiene capacidad para participar en untratado dado si: a) su capacidad general para concertartratados no está limitada en forma que excluya la parti-cipación en ese tratado o en esa clase de tratados, y b)reúne las condiciones especiales que para la participaciónpuedan haberse establecido en el propio tratado.

3. Hay aceptación continua de un tratado por parte deun Estado cuando: a) se ha dado una aceptación defini-tiva por los medios que establezca el propio tratado o elpresente código; b) esa aceptación es i) válida conformea las disposiciones de este código, y ii) se halla todavíaen vigor y no ha cesado ni en virtud de los términos deltratado, ni por ministerio de la ley conforme a lo que seestablece más adelante.


Parte I. Validez formal(preparación y conclusión de tratados)

A. CONDICIONES GENERALES DE VALIDEZ FORMAL

Artículo 13. Definiciones

Para los efectos del presente Código:a) Se entiende por " negociación ", " redacción ", o

" preparación ", el proceso mediante el cual se fija eltexto de un tratado ; y por " conclusión " el acto por elcual dos o más Estados, con sujeción, si fuere necesario,a ratificación eventual, manifiestan su " consentimiento "respecto del texto como tal;

b) Se entiende por "plenos poderes" (plenipotencia)o " credenciales " el instrumento o documento solemneque autoriza a una persona determinada a representar aun Estado con el fin de negociar o concluir, o de negociary concluir, según el caso, un tratado;

c) Se entiende por fijación o " autenticación " el actopor el cual el texto del tratado queda ultimado ne varietur ;

d) La " participación " (en un tratado) consiste enhaber tomado todas las disposiciones finales necesariasen el caso de que se trata para quedar efectivamenteobligado por dicho tratado si éste ya estuviera en vigor,o para quedar efectivamente obligado por él en el mo-mento en que entre en vigor;

e) La " firma ", que (con sujeción a lo previsto en elartículo 21 del presente código), comprende también larúbrica, es el acto por el cual un representante debida-mente autorizado firma o rubrica el texto de un tratado ennombre de un Estado;

/) Se entiende por " firma ad referendum " la que ex-presamente se subordina a la condición de que se referiráal gobierno interesado. Por esta razón la firma ad refe-rendum no surte los mismos efectos que una firma plenasi falta la ratificación posterior de dicho gobierno;

g) " Signatario " o " Estado signatario " designa elEstado en cuyo nombre se ha firmado el tratado, cuandola firma no es ad referendum, o cuando, siéndolo, ha sidodebidamente ratificada. Pero algunas veces por " signa-tario " puede entenderse la persona que estampa la firma,si así lo exige el contexto;

h) " Ratificación " es el acto por el cual un Estadosignatario ratifica su firma;

i) " Adhesión " es el acto por el cual un Estado nosignatario de un tratado puede adherirse a tal tratado endeterminadas circunstancias ;

/') " Aceptación " es el acto por el cual un Estado, envez de firma y ratificación o de adhesión, o de uno deesos actos, " acepta " un tratado como obligatorio, siem-pre que en las disposiciones del tratado se prevea esteprocedimiento ;

k) Se entiende por " instrumento de ratificación ", de" adhesión " o de " aceptación ", según los casos, el ins-trumento formal que sirve para expresar la ratificación,adhesión o aceptación, y que se comunica al otro Estadou otros Estados signatarios, o partes en el tratado, o sedeposita en poder del gobierno o de la autoridad seña-lados en sus disposiciones;

1) La " reserva " es una declaración unilateral, con-signada a continuación de la firma, ratificación, adhesióno aceptación, mediante la cual el Estado que la hacemanifiesta que no está obligado por una o varias partes

sustantivas del tratado; o se reserva el derecho de noejecutar o de variar la aplicación de esa parte o partes;pero no comprende las simples declaraciones sobre lamanera como se propone cumplir el tratado el Estadointeresado, ni las declaraciones acerca de cómo se entiendeo interpreta éste, a menos que tales declaraciones supon-gan una alteración de las condiciones o los efectos subs-tanciales del tratado;

ni) Los términos " entrada [puesta] en vigor " y" fecha de la entrada [puesta] en vigor " denotan, enrelación con el propio tratado, el acto mediante el cual untratado se hace obligatorio y eficaz para los Estados quehan dado su aceptación final en la forma que se señalaen su texto, y la fecha en que comienzan esa obligatorie-dad y esa eficacia. En relación con cualquier otro Estado,significan el acto mediante el cual un tratado ya en vigorse hace obligatorio y eficaz para dicho Estado, así comola fecha en que comienzan para el mismo esa obligatorie-dad y esa eficacia.

Artículo 14. El tratado considerado como texto ycomo negocio jurídico

1. Un tratado es tanto un negocio jurídico (acuerdo)como un documento en que se da expresión a ese negociojurídico. En este último sentido el tratado es una pruebadel acuerdo, pero no el acuerdo mismo.

2. Para los fines de la prueba el texto solo es suficiente,siempre que haya sido redactado en debida forma, y sehaya fijado o autenticado su texto de la manera previstamás adelante en la sección B.

3. Para que el texto así redactado y fijado o auten-ticado sea o llegue a ser un negocio jurídico, es menesterque se asienta a él como texto convenido, que se participeen el mismo y que sea puesto en vigor como acto jurídicoen la forma prevista en la sección C del presente Código.

4. En consecuencia, el proceso de hacer un tratadopresenta cuatro etapas, si bien en algunos caso (por ejem-plo, en el canje de notas), estas etapas pueden ser simultá-neas: a) fijación y autenticación del texto como tal; ¿>)aprobación del texto como base potencial de un acuerdo(conclusión, por lo general mediante la firma) ; c) acep-tación del texto como obligatorio; algunas veces mediantela firma, más generalmente mediante la ratificación uotros medios, y d) entrada en vigor del tratado como tal.

B. NEGOCIACIÓN, REDACCIÓN Y FIJACIÓN (AUTENTICACIÓN)

DEL TEXTO

Artículo 15. Redacción del texto

1. Los tratados se redactan mediante una serie denegociaciones, que puedan efectuarse por la vía diplo-mática o por otras vías administrativas adecuadas, me-diante reuniones de delegados o en una conferencia inter-nacional. Con sujeción a las disposiciones de los artículos21 a 23 del presente Código, los delegados y representantesdeben estar debidamente autorizados para llevar a cabola negociación y, salvo cuando se trata de personas comolos Jefes de Estado, los Ministros o los Embajadores, quetienen facultades inherentes a la índole de sus funciones,es necesario que presenten o exhiban las credenciales queles autorizan a negociar; no obstante, para concluir eltratado, mediante la firma o de otro modo, no es necesarioposeer plenos poderes.

2. El acuerdo sobre un texto o parte de él debe ser


unánime a menos que, con anterioridad al comienzo delas negociaciones, la reunión o la conferencia, se hayadecidido, por común acuerdo de los participantes, que lostextos serán aprobados por mayoría de votos.

Artículo 16. Algunos requisitos esenciales del texto

1. Con sujeción a las disposiciones de los párrafossiguientes, no es jurídicamente indispensable que un tra-tado contenga algún párrafo especial, tal como preámbulo,conclusión u otras cláusulas especiales.

2. Es requisito esencial para la validez formal de untratado que éste indique los Estados en cuyo nombre se haredactado inicialmente. Los nombres de los Estados con-tratantes pueden aparecer en forma de preámbulo o juntocon las firmas, o pueden deducirse de éstas.

3. Cuando se concierta un tratado en nombre de unterritorio dependiente, o de un protectorado o de unEstado semisoberano, debe indicarse el nombre del Estadoque lo celebra, sobre el cual recae la responsabilidad in-ternacional de su debida ejecución.

4. Para la validez formal del tratado es procedente,pero no esencial, que señale la fecha y el modo de suentrada en vigor, la forma de participación en él, suduración y demás cuestiones de forma y procedimientoque se estimen necesarias.

5. No obstante, si en el tratado no aparece alguna in-dicación en contrario, o no se desprende necesariamenteotra cosa de las circunstancias que en él concurren, o nadase indica o expresa a este respecto, se presumirá que eltratado entrará en vigor en el momento de la firma, queserá obligatorio para los signatarios ipso facto, que estaráreservado, únicamante a la participación de éstos (amenos que en un momento determinado convengan enadmitir otro Estado u otros Estados), y que continuaráen vigor hasta su rescisión por mutuo consentimiento detodas las partes. En las mismas circunstancias, todas lasdemás cuestiones de forma o procedimiento se conside-rarán como materias que deben ser reglamentadas pormedio de arreglos ad hoc concertados de común acuerdoentre los Estados signatarios.

6. En aquellos casos en que en un tratado se indiqueexpresamente que permanecerá abierto a la firma o quese prevea la ratificación, la adhesión, la aceptación, laentrada en vigor, la extinción o la denuncia, o cualquierotra materia que afecte la eficacia del tratado, debe in-dicarse, a ser posible, cómo tienen que efectuarse estosactos y en qué forma deben hacerse las correspondientescomunicaciones a los Estados interesados, señalando ade-más el gobierno u órgano por cuyo conducto hayan deejecutarse o expedirse. No obstante, a falta de tal indica-ción, corresponderá a cada Estado interesado realizar losactos necesarios, así como proporcionar y solicitar lascomunicaciones e información necesarias.

Artículo 17. Consecuencias jurídicas de la redacciónde un texto

1. La participación en una negociación, aun en el casoen que se hayan tomado decisiones por unanimidad, nosupone la obligación de aceptar el texto tal como haquedado finalmente aprobado, ni la de ejecutar o abs-tenerse de ejecutar acto alguno en relación con lamateria a que el texto se refiere.

2. En principio, dicha participación no confiere tam-poco ningún derecho que no sea el de firmar, si se llega a

la firma. Pero, especialmente en el caso en que un tratadoquede abierto a la firma hasta una fecha posterior, o quequede abierto a la adhesión, el hecho de haber participadoen su negociación puede conferir ciertos derechos subor-dinados o incipientes como, por ejemplo, el derecho aser consultado sobre cualquier reserva que se proponga.

Artículo 18. Fijación y autenticación del texto

1. La fijación definitiva ne varietur del texto de untratado y su autenticación se efectúa por uno de los pro-cedimientos siguientes :

a) La firma o rúbrica ne varietur de los Estados quehan participado en su negociación, firma o rúbrica que,con sujeción a lo previsto en los artículos 21 a 23 delpresente Código, deberá ser estampada por persona de-bidamente autorizada al efecto;

b) La inclusión del texto en el Acta Final de la con-ferencia en que se haya negociado el mismo;

c) La incorporación del texto en una resolución deuno de los órganos de una organización internacional, conarreglo a la práctica constitucional de esa organización;

d) Los procedimientos solemnes que puedan preverseen el propio texto o que acuerden especialmente losEstados que lo hayan negociado.

,2. El acto de estampar el sello no es un elemento nece-sario de autenticación o validez formal, ni siquiera en loscasos en que se emplea una fórmula alusiva a ese acto.

Artículo 19. Efectos jurídicos de la fijación yautenticación

1. De conformidad con el artículo 18, la fijación yautenticación del texto de un tratado confieren a éstevalidez formal como texto, a menos que se demuestre queha existido algún vicio de procedimiento, y son una con-dición necesaria para toda nueva medida, ya sea inme-diata o futura, relacionada con el tratado y con suentrada en vigor.

2. Una vez fijado, el texto tiene carácter definitivo y yano puede ser alterado antes de su entrada en vigor, comono sea por los mismos procedimientos que se hayanempleado para redactarlo; y una vez que ha entrado envigor sólo podrá modificarse por los medios que elpropio tratado señale, o por mutuo consentimiento detodas las partes.

Artículo 20. La firma y la rúbrica: su valor jurídico1. El texto de un tratado puede ser firmado o puede

ser rubricado. En el caso de ser firmado, la firma puedeser lisa y llana (firma plena) o bien ad referendum delgobierno interesado, circunstancia que se señala agre-gando a la firma dichas palabras o una fórmula equiva-lente.

2. La firma ad referendum y la rúbrica, salvo lo dis-puesto en el párrafo 1 del artículo 21, tendrán en generallos mismos efectos. Son actos de autenticación, no deconsentimiento, aunque ambas puedan implicar la apro-bación personal del tratado por parte de la persona quelo firma o rubrica.

3. La firma plena, por otra parte, tiene un doblecarácter. Es tanto un acto de autenticación del texto,como un acto que expresa conformidad con el texto comotal, aunque no necesariamente consentimiento en quedarobligado por el mismo. Puede tener un tercer aspecto enaquellos casos en que constituye además una aceptación


de su fuerza obligatoria y hace pro tanto que el tratadoentre en vigor.

Artículo 21. La rúbrica y la firma ad referendum comoactos de autenticación del texto

1) La rúbrica únicamente equivale a la firma en elcaso de efectuarla personas cuyos carácter y funcionesharán que tenga ese efecto, como ocurre con los Jefes deEstado, los Jefes de Gobierno o los Ministros de Rela-ciones Exteriores, y a condición de que las circunstanciasque en ella concurran no indiquen otra cosa.

2) En todos los demás casos, la rúbrica equivale auna firma ad referendum y, se indique o no, es ipso facto,ad referendum). En tales casos, el uso de la rúbrica sejustifica únicamente en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el representante actúa por propia iniciativaen las negociaciones y sin autorización expresa de sugobierno ;

b) Cuando dificultades de transmisión han impedidoo retrasado la llegada de la autorización para firmar;

c) Cuando el gobierno interesado, aunque dispuestoa participar en la fijación de un texto, no está decididoa obligarse en toda la amplitud de una firma plena.

3) La firma ad referendum debe limitarse igualmentea los tres casos a), b) y c) señalados en el párrafo ante-rior.

4) En los casos indicados en los precedentes párrafos 2y 3 la rúbrica y la firma ad referendum no tienen másefecto que el de autenticar el texto. Algunas veces, puedenimplicar una recomendación personal del tratado porparte del representante interesado a su gobierno, pero noequivalen a una firma extendida en nombre de ese go-bierno, y para que su efecto sea completo será menesterla firma plena subsiguiente o la manifestación formalpor parte del gobierno de que dichos actos deben consi-derarse como firma.

Artículo 22. Autoridad para firmar

1. Excepto en los casos en que es ad referendum, lafirma de un tratado, que es un acto del Estado, sólo podráefectuarse: a) en virtud de plenos poderes conferidos alrepresentante que lo negocia, ya sea con carácter especialpara la ocasión de que se trate, ya sea con carácter gene-ral, en virtud de su cargo como Embajador, Ministro deRelaciones Exteriores, etc.; b) por la persona que tienecapacidad inherente para obligar al Estado en virtud desu condición o cargo como Jefe del Estado, Jefe delGobierno o Ministro de Relaciones Exteriores.

2. La autoridad para firmar puede conferirse al repre-sentante que lleva a cabo las negociaciones del tratado oa algún otro representante especialmente autorizado aese efecto, pero la autoridad para negociar no equivalea la autoridad para firmar y, para estos últimos efectos,hay que completar o adicionar los poderes.

3. Los plenos poderes deben ser comunicados o exhi-bidos, y su autenticidad será verificada por los mediosadecuados. Los plenos poderes deben estar extendidos endebida forma y pueden ser conferidos por el Jefe delEstado o el Jefe del Gobierno, según los casos. Cuando elenvío de los plenos poderes se retrase, podrá aceptarse unaautorización telegráfica o una carta del jefe de la misióndiplomática que representa al país interesado ante aqueldonde se llevan a cabo las negociaciones, sujeta a lapresentación posterior de los plenos poderes.

4. Salvo en el caso de canjes de notas o cartas, deminutas de acuerdos, de memorandums u otros casos enque la autoridad está implícita en el acto de la firma, oes atributo natural del cargo de la persona que la estampa,el tratado debe contener una expresión o declaración dondese indique que los representantes de los Estados signata-rios tienen autoridad para firmar, o cualquier otraindicación (tal como el uso del término " plenipotencia-rios ") de la que se desprenda que están investidos detal autoridad.

Artículo 23. Validación posterior de actos no autorizados

En todos los casos en que sea pertinente, las disposi-ciones de los precedentes artículos 15 a 22 deben inter-pretarse en el sentido de que los actos no autorizados de

4un agente pueden ser siempre objeto de validación porparte de su gobierno, mediante su confirmación expresao por un proceder que demuestre en forma inequívoca laintención de aceptar tales actos como propios.

Artículo 24. Estados que tienen derecho a firmar

1. En todos aquellos casos en que la firma es el medioque se ha adoptado como forma de autenticación, tienenderecho a firmar el tratado todos los Estados que hantomado parte en su negociación.

2. En principio, el derecho a firmar está limitado alos Estados que participan en la negociación; pero puedenser admitidos a la firma otros Estados si el mismo tratadolo prevé, o si así lo han acordado todos los signatariosoriginales o (cuando el tratado queda abierto a la firma)los Estados que lo hayan negociado.

Artículo 25. Tiempo y lugar de la firma

1. Si el texto del tratado no dispone otra cosa, lafirma tiene lugar con ocasión de concluirse la negocia-ción, reunión o conferencia en que se ha redactado eltexto. Sin embargo, en el tratado se puede disponer quesu firma se efectúe en ocasión posterior o que quedeabierto a la firma en algún lugar determinado, ya sea inde-finidamente o hasta cierta fecha.

2. Como se indica en el párrafo 1 supra, a menos queen el tratado se disponga otra cosa, el acto material dela firma sólo podrá efectuarse con ocasión de la nego-ciación, reunión o conferencia de que se trate, o en laocasión posterior que en su caso pueda señalarse. Poste-riormente no se podrán admitir nuevas firmas, como nosea mediante acuerdo de los Estados signatarios en el queexpresamente decidan admitirlas.

C. CONCLUSION DEL TRATADO Y PARTICIPACIÓN EN EL MISMO

Artículo 26. Conclusión del tratado

1. La conclusión de un tratado — que no es lo mismoque la puesta en vigor, aunque en el mismo acto puedenhacerse ambas cosas — es el acto de dar asentimientoefectivo al texto de un tratado como base de un acuerdo;sin embargo, no supone forzosamente que en aquellaoportunidad y lugar se convenga en quedar obligado envirtud del mismo.

2. La conclusión se efectúa usualmente mediante lafirma (a condición de que sea firma plena), pero hayotros actos que, conforme a lo señalado en el artículo 28infra, pueden servir para concluir el tratado.


Articulo 27. Modos de participación en un tratado

1. Los Estados toman parte en un tratado medianteun acto de participación. Según los términos del tratado,la participación puede efectuarse por alguno de los proce-dimientos siguientes:

o) Mediante la sola firma, siempre que ésta sea plenao que, si se ha puesto ad referendum o en forma derúbrica, se haya convertido posteriormente en firma plenamediante confirmación; y siempre que no esté sujeta aratificación o aceptación;

b) Mediante la firma, en la forma que señala el in-ciso a), seguida de ratificación o aceptación;

c) Mediante aceptación solamente;d) Mediante la adhesión.2. Las circunstancias en que cualquiera de estos actos

obliga al Estado, así como sus consecuencias jurídicas, seseñalan en las restantes disposiciones de la presentesección.

Articulo 28. Efectos de los actos de participación desde elpunto de vista de la conclusión y de la fuerza obligatoria

1. El mismo acto puede servir para concluir el tratadoo para darle fuerza obligatoria, o ambas cosas. Lo con-cluye cuando, en virtud del mismo, se presta consenti-miento al texto, sin que el Estado reconozca definitivamentesu fuerza obligatoria. Le confiere fuerza obligatoriacuando el Estado acepta quedar obligado por sus disposi-ciones. El mismo acto sirve al mismo tiempo para con-cluir el tratado y para darle fuerza obligatoria cuandoantes de aceptar el Estado su fuerza obligatoria no se haefectuado ningún acto conclusivo.

2. Así, la firma sujeta a ratificación o aceptación surteefectos en cuanto a la conclusión, pero no en cuanto a lafuerza obligatoria. La firma que no está sujeta a una ni aotra tiene efectos respecto a la conclusión a la vez querespecto a la fuerza obligatoria y no constituye, pues, enesas condiciones, un acto de participación propiamentedicho. La ratificación tiene fuerza obligatoria pero nosurte efectos sobre la conclusión, porque va precedidapor la conclusión en forma de firma; la aceptación pre-cedida por la firma se halla en el mismo caso que laratificación, y por último, la adhesión y la aceptación noprecedidas por la firma son simultáneamente actos quetienen efectos sobre la conclusión y sobre la fuerza obli-gatoria, o bien tienen esta última respecto de un tratadoconcluido ya aliunde.

Artículo 29. Efectos jurídicos de la firma consideradacomo acto operativo

1. La firma hace que el tratado entre en vigor:a) En los casos en que el propio tratado así lo prevé

expresamente ;b) Cuando, aun sin estar expresamente previsto, la

forma del tratado o las circunstancias concomitantes re-velan la intención de poner el tratado en vigor en el actode la firma.

2. En general, la ausencia de cualquier disposiciónexpresa al efecto, o la circunstancia de que no se señaleningún otro medio de entrada en vigor, creará la pre-sunción de que se ha tenido la intención de que el tratadoentre en vigor desde el momento de firmado.

3. En los casos en que el representante de un Estadosólo esté autorizado para la firma sujeta a ratificación,

y siempre que se cumplan las condiciones que se señalanen el párrafo 4 del artículo 32, la firma de ese represen-tante no puede hacer que el tratado entre en vigor paraese Estado. Sin embargo, dicha limitación por sí solano puede impedir que el tratado entre en vigor para losdemás Estados signatarios, excepto en los casos en que laejecución del tratado esté subordinada al hecho de quetodos los Estados queden obligados por él desde el mo-mento de la firma.

Artículo 30. Efectos jurídicos de la firma consideradacomo acto conclusivo únicamente

1. La firma, en los casos en que no hace per se que eltratado entre en vigor, no confiere directamente fuerzaobligatoria y tiene solamente efecto conclusivo. En estecaso, el tratado no es obligatorio para los Estados sig-natarios ni supone para ellos ninguna obligación, ya seala de ratificar el tratado o aceptarlo finalmente, ya sea lade actuar conforme a sus disposiciones. No obstante, lafirma:

a) Constituirá la base necesaria para cualquier rati-ficación o aceptación ulterior y entrañará la obligaciónde cumplir las disposiciones del tratado relativas a lasmodalidades de ratificación, aceptación y a otras cues-tiones de procedimiento.

b) En determinadas circunstancias puede significarque, con sujeción a un examen ulterior, el gobierno delEstado signatario, si no cambian las circunstancias nisobreviene ningún acontecimiento imprevisto, estará dis-puesto a proceder a su debido tiempo a la ratificación oaceptación del tratado, o bien a pedirlas o recomendarlasal órgano constitucional competente;

c) Puede suponer la obligación para el gobierno delEstado signatario, mientras se toma una decisión defini-tiva acerca de la ratificación o durante un período razo-nable, de no adoptar ninguna medida encaminada amenoscabar o perjudicar los fines del tratado.

2. La firma no hace que el tratado entre en vigor niconfiere tampoco a los Estados signatarios ningún derechosubstantivo previsto en el tratado. Pero les autoriza aejercer ciertos derechos inherentes a la calidad de signa-tarios, tales como — según las circunstancias y las dispo-siciones del tratado —- el derecho a oponerse a las reser-vas, el derecho a oponerse a que se admitan nuevos signa-tarios y el derecho a insistir acerca de la debida obser-vancia de las disposiciones del tratado relativas a la rati-ficación, la clase de Estados cuya adhesión se admite, yotras cuestiones de procedimiento.

Artículo 31. Ratificación: su naturaleza jurídica y susmodalidades

1. La ratificación es la confirmación del consenti-miento a un tratado ya prestado provisionalmente mediantela firma, y denota la intención definitiva de quedar obli-gado por él. Implica, pues, la firma previa del tratado ennombre del Estado que efectúa la ratificación, ya se tratede firma plena y sin condiciones, ya se trate de firma adreferendum debidamente confirmada. Sin firma no puedehaber ratificación propiamente dicha.

2. La ratificación en su acepción internacional, y paralos efectos del tratado, consiste en la comunicación, canjeo depósito, por autoridad competente del poder ejecutivodel Estado, de un instrumento formal que en la esferainternacional consigna y transmite la ratificación del


Estado. Los trámites internos de ratificación u otrasmedidas internas conducentes a ésta, no constituyen ensí mismas una ratificación del tratado y deben ir acom-pañadas de la redacción y transmisión de un instrumentointernacional en forma por un órgano del poder ejecutivo.

3. La ratificación debe ser incondicional. Su eficaciano puede subordinarse, por ejemplo, a la recepción odepósito de ratificaciones de otros Estados. Cualquiercondición que se desee acompañar a una ratificaciónequivale a una reserva, y su validez y efectos se regiránpor las mismas consideraciones aplicables a una reservahecha en el momento de la ratificación.

4. Por ser la confirmación de una firma ya otorgada,la ratificación debe referirse a aquello a que se refierela firma y, por consiguiente, debe referirse al tratadocomo tal en su conjunto, y no sólo a una parte de él, amenos que el propio tratado disponga que los Estadospueden optar por reconocer la fuerza obligatoria deltratado sólo en cuanto a una o varias partes determinadasdel mismo.

5. Una vez efectuada, la ratificación como tal no puedeser retirada.

6. Excepcionalmente, la ratificación puede efectuarsepor medio de los actos, es decir, mediante la ejecución deltratado; y cuando un Estado ejecute un tratado firmadopor él, se reputará que le ha dado su ratificación.

Artículo 32. Ratificación: circunstancias en que esnecesaria

1. En el orden internacional, la ratificación es. enprincipio, discrecional y su ejercicio es facultativo. Consujeción a lo dispuesto más adelante en el párrafo 5 delartículo 42, no puede obligarse a ningún Estado a rati-ficar un tratado, y su firma no implica el compromiso deratificarlo; ni siquiera en los casos en que el tratadoparezca hacer imperativa la ratificación, o en que losplenos poderes de un representante para firmar el tra-tado contengan expresiones que impliquen la promesa deratificarlo ulteriormente.

2. Los tratados están sujetos a ratificación en todoslos casos en que así lo estipulen: de lo contrario y porregla general, no lo están. No hay principio o norma dederecho que permita suponer tácitamente que los trata-dos, esté o no prevista la ratificación, estarán sujetos aella.

3. Dado que el tratado produce necesariamente susefectos a partir del momento de la firma, si no se dis-pone lo contrario, o si ello no se desprende claramentede las circunstancias que concurren en el caso, corres-ponde a los futuros Estados signatarios insertar unadisposición que establezca la necesidad de ratificaciónsi la quieren, ya sea por el carácter de las estipulacionesde fondo del tratado, ya sea porque los preceptos de suslegislaciones o constituciones internas les impiden parti-cipar de manera definitiva en un tratado si no es a con-dición de que deba ser ratificado.

4. Sin embargo, en los casos en que la autorizaciónque se haya conferido a un representante esté limitadaa la firma sujeta a ratificación, o se haya dado con lacondición de que su firma no constituirá una aceptacióndefinitiva por el Estado, y siempre que la existencia deesta limitación o condición se haya comunicado a losdemás presuntos signatarios mediante la exhibición delos plenos poderes del representante, o mediante otras

formalidades, el tratado no entrará en vigor desde elmomento de la firma. Lo propio sucede si la firma se ponecondicionándola expresamente a ratificación o a ulterioraceptación. El tratado, sin embargo, entrará en vigor paralos demás Estados sigantarios, a menos que éstos decidanlo contrario o que la ejecución del tratado esté subordi-nada al hecho de que todos los Estados signatarios quedeno hayan de quedar obligados por sus disposiciones. Entales circunstancias, si, con la aquiescencia, expresa otácita, de los demás signatarios, se estampa la firma delrepresentante que tiene una autorización limitada o con-dicional, ello supondrá para el Estado interesado la facul-tad de depositar ulteriormente su ratificación, y la admi-sión de ese Estado como parte en caso de que la deposite.

5. La firma incondicional puesta en nombre de unEstado a un tratado que entra en vigor desde el momentode la firma, hace el tratado obligatorio para dichoEstado.

Artículo 33. La ratificación: sus efectos jurídicos

1. La ratificación que, una vez dada, no puede reti-rarse como tal, tiene el efecto de hacer del Estado queefectúa la ratificación una parte presunta en el tratado siéste todavía no está en vigor, y una parte efectiva si loestá o tan pronto como entre en vigor. En virtud de laratificación, si el tratado está en vigor o entra en vigorulteriormente, el Estado contrae la obligación de ejecutarlas disposiciones del tratado y adquiere el derecho degozar de las ventajas del mismo, y de exigir su obser-vancia por las otras partes.

2. En el caso de ratificación efectuada antes de laentrada en vigor, el Estado que la efectúa aunque obli-gado por el tratado in posse, todavía no tiene ningún deberque cumplir ni puede exigir tampoco, correlativamente,los beneficios del tratado o su observancia por los demásEstados que lo hayan ratificado. Sin embargo, en esecaso, el Estado que efectúa la ratificación tiene la obli-gación general de buena fe, mientras llega el momento dela entrada en vigor del tratado — siempre que ésta no seaplace excesivamente — de no realizar ningún acto enca-minado a impedir que se ejecute eventualmente el tratadoo destinado a frustrar los fines que con él se persiguen.

3. Una ratificación efectuada antes de que el tratadoentre en vigor constituye una aceptación definitiva deltratado aunque con carácter suspensivo. Por lo tanto,siempre y cuando el tratado entre finalmente en vigor,la ratificación surtirá ipso facto y automáticamente elefecto de obligar a partir de ese momento al Estado queefectúa la ratificación, sin necesidad de ningún otro actoo asentimiento de su parte. Análogamente, desde esemomento la ratificación tendrá el efecto de permitir alEstado que ratifica el tratado gozar de las ventajas deéste y exigir su observancia por las otras partes. La rati-ficación dada al entrar en vigor un tratado, o posterior-mente, o que hace que el tratado entre en vigor, surte esosefectos desde el momento de su comunicación o depósito.

4. A menos que el tratado disponga otra cosa, la rati-ficación, auque sanciona la firma, no tiene efectos retro-activos en cuanto a la fuerza obligatoria.

Artículo 34. Adhesión: su carácter jurídico y susmodalidades

1. Los tratados pueden ser cerrados o abiertos, esdecir, pueden estar limitados a los Estados signatarios,


o, en su caso, a los Estados signatarios que efectúan laratificación, o pueden estar abiertos a la participación deotros Estados mediante adhesión.

2. La participación en un tratado mediante adhesiónno es un derecho inherente. Sólo puede haber adhesióncuando el tratado así lo dispone, a menos que: a) enciertos casos en que se ha prescindido por completo de lafirma del tratado, como por ejemplo, en los previstos enel párrafo 5 infra, se haya estipulado especialmente laparticipación por adhesión en un instrumento separado, ofe) excepcionalmente, estando en vigor un tratado, laspartes, después de consultar con los Estados que todavíatienen derecho a llegar a ser partes en el tratado mediantela ratificación, decidan permitir la adhesión de un Estadoque, por no haber firmado el tratado, o por cualquierlimitación contenida en el propio tratado (por ejemplo, laexpiración del plazo), no pueda en otro caso llegar a serparte en él.

3. En el tratado se puede limitar el derecho de adhe-sión a determinados Estados o a ciertas clases de Estados,o puede fijar un plazo, transcurrido el cual no puedanefectuarse otras adhesiones. En dichos casos y con suje-ción a lo establecido en el precendente párrafo 2, todaadhesión intentada sin ajustarse a las condiciones seña-ladas será nula e inadmisible.

4. A diferencia de la ratificación, que supone la previaexistencia de una firma, la adhesión sólo está abierta alos Estados que no han firmado originalmente el tratadoy que no pueden firmarlo ulteriormente porque no haquedado abierto a la firma. Un Estado signatario otorgasu aceptación definitiva de un tratado mediante la ratifi-cación, y un Estado no signatario, respecto del cual eltratado está todavía abierto a la firma, la otorga igual-mente por medio de la firma, seguida, cuando es nece-sario, de la ratificación. La adhesión sólo es admisiblecuando el Estado de que se trata no puede hacer uso deestos procedimientos.

5. En algunos casos puede ocurrir que un tratado nosea firmado ni quede abierto a la firma; por ejemplo, si,después de redactado, su texto se inserta en el acta finalde una conferencia, o en una resolución de una organi-zación internacional, sin que se haya previsto su firmacomo un instrumento separado; o cuando los Estadosinteresados, por cualquiera otra razón, han querido pres-cindir de la firma. En estos casos la adhesión, o su equiva-lente, constituye el único medio de participación en eltratado.

6. La adhesión, que es esencialmente la aceptación deun contrato ya celebrado y no una participación en laformulación del contrato, presupone la existencia de uninstrumento que tiene fuerza obligatoria, al cual adherirse.Propiamente, pues, sólo puede hacerse a un tratado ya envigor, y es un medio de participación al que se recurredespués de la entrada en vigor del tratado. En casosexcepcionales, sin embargo, un tratado puede estipularque la adhesión pueda efectuarse antes de la entrada envigor, por parte de los Estados no signatarios respecto delos cuales el tratado no está abierto a la firma, o cuandose ha prescindido por completo de la firma, como sucedeen los casos previstos en el párrafo 5, supra.

7. La adhesión se efectúa mediante la transmisión odepósito de un instrumento de adhesión formal expedidopor el órgano ejecutivo del Estado. De suscitarse algunacuestión respecto de la autorización previa de los órganos

internos competentes del Estado, se aplicarán a laadhesión, mutatis mutandis las disposiciones relativas ala ratificación del párrafo 2 del artículo 31, supra.

8. Las disposiciones de los párrafos 3 y 5 del artí-culo 31 se aplicarán igualmente, mutatis mutandis, a lasadhesiones.

Artículo 35. La adhesión (sus efectos jurídicos)

1. La adhesión supone por sí sola la aceptación defi-nitiva del tratado. No puede hacerse con sujeción a ratifi-cación ni a ninguna otra forma de confirmación.

2. Los efectos jurídicos de la adhesión son iguales portodos conceptos a los de la ratificación y, en principio,no hay diferencia de ninguna especie en cuanto a la situa-ción, los derechos y las obligaciones entre los Estados queparticipan mediante adhesión, y los Estados que participanmediante la firma seguida de ratificación. Sin embargo,el tratado puede reservar determinados derechos a losEstados signatarios o a los Estados que han firmado yratificado el tratado, tales como el derecho a efectuarmodificaciones en el texto.

3. Las disposiciones del artículo 33 se aplicarán mutatismutandis a las adhesiones cuando éstas se efectúen antesde la entrada en vigor del tratado.

Artículo 36. Aceptación (su carácter, modalidades yefectos jurídicos)

1. La aceptación es un medio de participación quepuede emplearse cuando está especialmente previsto en eltratado. Además de prever la participación mediante lafirma sola, sin reservas en cuanto a la aceptación, el tra-tado puede prever la participación: a) mediante la firmacon reservas en cuanto a la aceptación, seguida de acep-tación, o b) mediante la sola aceptación. En el primercaso la aceptación equivale a la ratificación y se rige,mutatis mutandis, por las mismas reglas que se aplican aésta; y, en el segundo caso, equivale a una adhesión, yse rige, mutatis mutandis, por las mismas reglas que seaplican a la adhesión, salvo que las disposiciones de laprimera frase del párrafo 6) del artículo 34 no seránnormalmente aplicables al procedimiento mediante acep-tación.

2. La aceptación se efectúa mediante la transmisión odepósito de un instrumento de aceptación en debidaforma, expedido por el órgano ejecutivo del Estado. Lasdisposiciones del párrafo 2 del artículo 31 serán aplicablesa todas las aceptaciones.

3. La aceptación es un acto definitivo y no puedeestar sujeta a confirmación ulterior.

4. Las consecuencias jurídicas de la aceptación sonlas mismas que las de la ratificación y la adhesión, y lasdisposiciones de los anteriores artículos 33 y 35, pá-rrafo 2), son aplicables a la aceptación, de la mismamanera que a la ratificación y a las adhesiones, según loscasos.

Artículo 37. Reservas (regla fundamental)

1. Sólo las reservas que implican apartarse, en una uotra forma, de las disposiciones de fondo del tratado debenconsiderarse en rigor como reservas, y en el presenteCódigo el término reserva deberá entenderse limitado enese sentido.

2. Las reservas se deben formular formalmente y pro-poner por escrito, o hacer constar de algún modo en las


actas de una reunión o conferencia; deben ponerse enconocimiento de los demás Estados interesados y, consujeción a lo que se señala en los artículos 38 y 39, infra,todos esos Estados deben dar su asentimiento expreso otácito a ellas.

3. En los casos en que el propio tratado permite quese hagan ciertas reservas específicas, o cierta clase dereservas, debe presumirse que cualesquiera otras reservasestán excluidas y no podrán aceptarse.

4. En ningún caso puede hacerse ni admitirse unareserva a un artículo de un tratado por el cual se dispongaque la solución de las diferencias o controversias relativasa la interpretación o aplicación de dicho tratado se harásometiendo el asunto a la Corte Internacional de Justiciau otro tribunal internacional, o bien mediante arbitraje,conciliación, o por otros medios que se señalen.

Artículo 38. Reservas a los tratados bilaterales y a otrostratados de participación limitada

En el caso de tratados bilaterales, o de tratados pluri-laterals concertados entre un número limitado de Estadospara fines que interesan particularmente a dichos Estados,no pueden hacerse reservas a menos que los términos deltratado lo permitan o que todos los demás Estados nego-ciadores convengan expresamente en ello.

Artículo 39. Reservas a los tratados multilaterales

1. En el caso de tratados multilaterales generales, unEstado, con sujeción a las disposiciones de los párrafos 3y 4 del artículo 37, supra, puede hacer una reserva alfirmar, ratificar, o aceptar el tratado, o al adherirse a él:

a) Si el tratado permite expresamente que se formulenreservas, ya sea en general, ya sea respecto de uno o variosartículos determinados, o una o varias clases de disposi-ciones determinadas, y a condición de que la reserva deque se trate esté comprendida en los términos del tra-tado;

b) Siempre que no haya ninguna disposición en con-trario en el tratado,

i) Si la intención de formular una o varias reservasdeterminadas se ha mencionado expresamente en el cursode la negociación y redacción del tratado y no ha sus-citado ninguna objeción (es decir, si se ha dado consenti-miento a ella expresa o tácitamente) ;

ii) Si la reserva se ha comunicado posteriormente atodos los Estados que han tomado parte en la negociacióny redacción del tratado o que, al firmar, ratificar oaceptar el tratado o adherirse a él, han manifestado suinterés en el tratado, y tal reserva no ha suscitado tam-poco objeciones. No obstante, si el tratado ha estado envigor por lo menos cinco años, sólo será necesario comu-nicar las reservas a los Estados que son efectivamentepartes en el tratado en el momento de hacerse la comuni-cación y que no susciten objeciones por parte de dichosEstados, siempre que el número de ellos represente porlo menos el 20% de los Estados que originalmente teníanderecho a llegar a ser partes.

2. Para los efectos de estas disposiciones, el asenti-miento tácito comprende también el asentimiento subsilentio, y podrá presumirse si no se presentan objecionesantes de la firma del tratado o, en el caso de reservaspropuestas después de la firma, dentro de los tres mesessiguientes a la fecha de la comunicación de las reservas.

3. Si una reserva suscita alguna objeción y ésta semantiene no obstante las explicaciones o seguridades dadaspor el Estado que formula la reserva, éste no podrá llegara ser parte en el tratado ni contarse entre las partes deéste, en menos que retire la reserva.

4. Mientras la reserva no haya sido comunicada yno se haya comprobado que no se opone a ella ningunaobjeción terminante, de suerte que haya quedado así acep-tada, el Estado que formula la reserva no podrá sertomado en consideración para calcular el número de laspartes en el tratado, por ejemplo, cuando el tratado ha deentrar en vigor al ser ratificado por cierto número deEstados, o cuando hay que determinar el número deEstados partes en el tratado en virtud de lo antes previstoen el párrafo 1 b) ii).

Artículo 40. Reservas: sus efectos jurídicos en caso deser admitidas

1. La admisión de una reserva, con arreglo a los artí-culos precedentes, tendrá los siguientes efectos:

a) Permitir al Estado que ha formulado la reservaapartarse de las disposiciones del tratado en la medida yen la forma que se indique en la reserva, pero no más;y, para estos efectos, los términos de la reserva se inter-pretarán estrictamente ;

b) Permitir una detracción semejante a las demáspartes en el tratado en cuanto a sus relaciones con elEstado que ha hecho reserva, el cual no podrá exigirlesque cumplan el tratado en mayor grado que él mismo.

2. La reserva admitida respecto de una parte en untratado, solamente repercute en las relaciones entre elEstado que ha hecho la reserva y cada una de las otraspartes, y no tiene efectos en las relaciones de las demáspartes inter se.

3. Toda reserva puede ser retirada en cualquier mo-mento, aun después de admitida, previa notificación endebida forma. En este caso, el Estado que anteriormentehubiese hecho la reserva quedará automáticamente obli-gado a cumplir íntegramente la disposición del tratadoa que se refiere la reserva y estará a su vez autorizadoa exigir el cumplimiento de dicha disposición por las otraspartes.

Artículo 41. Entrada en vigor (sus modalidades)

1. Un tratado entra en vigor en la fecha, en las con-diciones y en la forma que en él se disponga expresa-mente, siempre que sea obligatorio por los menos parados Estados. A falta de una disposición cualquiera sobrela materia, debe entenderse que el tratado entrará envigor desde el momento de la firma.

2. En los casos en que un tratado disponga la ratifi-cación, pero no contenga ninguna disposición expresaacerca de la entrada en vigor, se reputará que entra envigor en la fecha del canje de ratificaciones o del depósitode la última ratificación requerida.

3. En los casos en que un tratado disponga que laratificación se efectúe en una fecha determinada, pero nocontenga disposición alguna sobre la entrada en vigor,entrará en vigor en esa fecha si se han hecho todas lasratificaciones necesarias. De no ser así, entrará en vigoren esa fecha para los Estados que lo han ratificado,siempre que el número de éstos sea cuando menos equi-valente a las dos terceras partes de los Estados que tienenderecho a ratificarlo, o tan pronto como se llegue a ese


número, a menos que en tal caso los Estados signatariosacuerden expresamente otra cosa, o a menos que de lanaturaleza del tratado se desprenda claramente que esnecesaria la ratificación por todos los signatarios, encuyo caso se aplazará la entrada en vigor hasta que sedeposite la última de dichas ratificaciones.

4. Para un Estado determinado, el tratado sólo podráentrar en vigor (adquirir fuerza obligatoria) cuando, poruna parte, el propio tratado esté en vigor, conforme a sustérminos y conforme a las disposiciones de los párrafosanteriores, y por otra, dicho Estado haya manifestado suintención definitiva de obligarse por el tratado, mediantesu firma, ratificación, adhesión o aceptación, según co-rresponda al caso de que se trate.

5. Un tratado podrá entrar en vigor, sean cuales fuerensus términos, si los signatarios proceden a ejecutarlos, silos signatarios proceden a ejecutar el tratado, o, pro tanto,si se aplica entre un número limitado de ellos.

Artículo 42. Entrada en vigor (sus efectos jurídicos)

1. La entrada en vigor es definitiva, a menos que sehaya previsto que el tratado dejará de estar en vigor sino ocurre determinado hecho considerado indispensablepara su ejecución. Sin embargo, en un tratado se podrádisponer que el mismo entrará en vigor provisionalmenteen una fecha determinada, o cuando ocurra un hechodeterminado, tal como el depósito de cierto número deratificaciones. En esos casos, nacerá una obligación pro-visional de ejecutar el tratado, pero, con sujeción a cual-quier acuerdo expreso en contrario, dicha obligación seextinguirá si la entrada en vigor definitiva se prolongaen exceso o deja manifiestamente de ser probable.

2. Al entrar en vigor, el tratado es automáticamenteobligatorio para todos los Estados que lo han firmado (sila entrada en vigor tiene lugar desde el momento de lafirma), o para los que hasta esa fecha lo han ratificadoo aceptado o se han adherido a él, así como para todoslos demás Estados que ulteriormente lo ratifiquen oacepten o se adhieran a él.

3. Hasta la fecha de su entrada en vigor, el tratadono crea derechos, obligaciones, o relaciones para ningúnEstado, aunque los Estados que ya lo han ratificado oaceptado, o ya se han adherido a él, pueden estar sujetosa ciertas obligaciones de buena fe, conforme se señalaanteriormente en el párrafo 2 del artículo 33 y en losartículos 35 y 36, obligaciones que dimanan de la ratifi-cación, la aceptación o la adhesión.

4. No obstante, antes de su entrada en vigor, el tra-tado tiene fuerza obligatoria (que proviene de la fijaciónde su texto y del hecho de haber sido firmado) en cuantose refiere a aquellas de sus disposiciones que regulan losactos de ratificación, aceptación y materias análogas, asícomo la fecha o forma de la propia entrada en vigor, portratarse de cuestiones que preceden a dicha entrada envigor, a menos que, en un caso determinado, las disposi-ciones para regular tales materias se consignen en uninstrumento separado, y surtan efectos inmediatamente.

5. En los casos en que en un tratado se haya tenidola intención de obligar a los signatarios a ratificar antesde determinada fecha o de imponer a uno o más Estadosdeterminados la obligación de ratificar, pero al mismotiempo se disponga que entrará en vigor independiente-mente de dichas ratificaciones y sin consideración aéstas, deberá presumirse que la firma del tratado crea

por sí misma, para los Estado signatarios o para losEstados expresamente mencionados, la obligación decumplir dichos requisitos. Su incumplimiento por partede dichos Estado no impedirá que el tratado entre en vigoren virtud de sus disposiciones, pero esos Estados habránincurrido en una infracción del tratado.

6. Salvo disposición expresa en contrario, la entradaen vigor nunca podrá ser retroactiva, ya sea en general opara un Estado determinado.

II. COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS

[Nota. En el comentario no se repite el texto de losartículos, que el lector puede hallar fácilmente consultandoel índice que está al comienzo del informe.]

Observación general. Al preparar estos comentarios seha partido de la base de que el lector está familiarizadocon los informes del Professor Brierly y de Sir HerschLauterpacht3, lo mismo que con los principios fundamen-tales del derecho relativo a los tratados, y se han comen-tado solamente aquellos puntos que exigen especialmenteobservaciones en relación con los artículos que ahoraproponemos.

Introducción: Alcance y principios generales

A. ALCANCE Y DEFINICIONES CONEXAS

Artículo 1. Alcance

1. Este artículo tiene por objeto precisar que elproyecto de Código se refiere a todas las formas de acuer-dos internacionales, a condición de que sean escritos. Esposible, claro está, un acuerdo internacional válido queno se haya puesto por escrito, pero es raro en la actualidad.No es, sin embargo, un tratado 4. Por otra parte, no hayrazón alguna para limitar el presente Código a tratadoseo nomine, ni siquiera a instrumentos que son evidente-'mente tratados aunque no se llamen así, como las con-venciones. El nombre con que se les designe no tieneimportancia. Asimismo, el código debe tratar no sólo delos acuerdos que tienen la forma de un instrumentoúnico — sea cual fuere su forma o estilo — sino tambiénde los formados por diversos instrumentos, tales comolos canjes de notas, comunicaciones o memorandums.Esta forma de celebrar tratados se está utilizando cadavez más. La cuestión de si es conveniente en todos loscasos considerar en una disposición única de un códigoambos tipos de tratados, el constituido por un instru-mento único y el constituido por varios, ya ha sido exami-nada en la introducción al presente informe (párrafo 10).En general, pero no invariablemente, el primero se nego-cia y firma de manera mediata y entra en vigor por unproceso diferido de ratificación o su equivalente. Elsegundo es un acto directo de los agentes principales

3 El Profesor J. L. Brierly preparó tres informes, que estánconsignados en los documentos A/CN.4/23 del 14 de abril de 1950,A/CN.4/43 del 10 de abril de 1951, y A/CN.4/54 del 10 de abrilde 1952. Sir Hersch Lauterpacht preparó dos informes, que figuranen los documentos A/CN.4/63 del 24 de marzo de 1953, y A/CN.4/87del 8 de julio de 1954.

4 Véase documento A/CN.4/23 (primer informe Brierly), párrs.21 a 24.

¿ Equivaldría a un acuerdo escrito, un acuerdo verbal registradoen un disco o una cinta magnetofónica, a) con el conocimiento yla intención de ambas partes, o b) secretamente, sólo por una deellas ?


(Ministros, Embajadores), firmando como tal y de efectoinmediato, desde el momento de la firma. Sin embargo,también es posible que los instrumentos únicos sean nego-ciados y firmados directamente por Jefes de Estado,Primeros Ministros o Ministros de Relaciones Exerioresy que entren en vigor desde el momento de la firma.

2. El párrafo 3 se ha puesto entre corchetes, pues ladecisión de incluir tratados concertados por organizacionesinternacionales es provisional.

Artículo 2. Definición de " tratado "

3. " . . . concertado entre . . . sujetos de derecho inter-nacional con personalidad internacional y capacidad paraconcertar tratados. . ." (párrafo 1). Se estima que estafórmula incluye los Estados y los tipos de organizacionesinternacionales a los que se refería el fallo de la CorteInternacional de Justicia en el asunto de la reparaciónpor daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas 5,pero excluye a los individuos (aun en el caso de que seles repute sujetos de derecho internacional), y a todas lasentidades privadas o públicas (incluso, quizá determinadasclases de Estados 6) que no poseen capacidad para con-certar tratados, con lo cual se pueden resolver algunasdificultades mencionadas por Sir Hersch Lauterpacht7.En vista de que la Comisión, no ha desechado la idea deincluir en el presente Código la concertación de tratadospor organizaciones internacionales8, acaso sea aceptableesta fórmula general.

4. " . . . concertado entre entidades que son todas ellassujetos de derecho internacional..." (párrafo 1). Unacuerdo entre un Estado y un individuo extranjero o unasociedad extranjera, no es un tratado ni un acuerdo inter-nacional, aunque en determinadas circunstancias puedaregirse en todo o en parte -— o en determinados aspectos— por el derecho internacional.

5. " . . . entidades . . . " . Cuando conciertan un tratadolos jefes de Estado, no lo hacen en su calidad de personasparticulares, sino como agentes del Estado, que es laentidad participante.

6. " . . . destinado a . . . . establecer relaciones . . . "(párrafo 1). Volvemos a introducir ahora esta frase, con-signada por Brierly, pero eliminada por Lauterpacht9,porque parece difícil negarse a llamar tratado a un ins-trumento — como, por ejemplo, un tratado de paz yamistad, o de alianza — aunque se limite a establecer unamera relación y deje que las consecuencias en cuanto alos derechos y obligaciones que la relación entraña sedesprendan implícitamente, sin que dichos derechos y obli-gaciones se expresen en ningún artículo determinado.

7. " . . . que se rigen por el derecho internacional..."(párrafo 1). El actual Relator, aunque está de acuerdo conbuena parte de lo que se dice en el primer informe deLauterpacht,10 estima que si bien es posible que hayaciertos acuerdos entre Estados los cuales no se rigen por

5 Reparation for injuries suffered in the service of the UnitedNations, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1949, pág. 174.

6 Es conveniente relacionar esto con el texto de la definición de" Estado " (inciso a) del artículo 3) y con el párrafo 3 del artículo14, así como con el comentario respectivo.

7 Véase A/CN.4/63, comentario al artículo 1.8 Véase A/CN.4/L.55, párr. 6, y A/CN.4/SR.98, párrs. 1 y 2.9 Váase A/CN.4/23 (primer informe Brierly), párrs. 25 a. 30, y

A/CN.4/63 (primer informe Lauterpacht), comentario al artículo 1.10 Véase A/CN.4/63, notas sobre el artículo 1.

el derecho internacionaln, no es posible que exista, niresulta admisible, el caso de un tratado (ni siquieraempleando este término en su sentido más amplio) al queno le sea aplicable ese derecho. De ahí que ello debaseñalarse explícitamente. No todos los acuerdos inter-nacionales se rigen por el derecho internacional, perocuando eso ocurre, o en la medida en que eso ocurre,dichos acuerdos no son tratados en el sentido que se da altérmino en el presente Código.

8. Párrafo 3. Es obvio que en un tratado debe haberpor lo menos dos partes. Un tratado, tal como se entiendeen el presente Código, puede estar constituido por dos omás instrumentos, cada uno de ellos redactado o dadopor una de las partes solamente o en nombre de ella. Peroun instrumento puramente unilateral que no se refiera aotro ni esté relacionado con otro, no puede equivaler aun acuerdo internacional y menos todavía a un tratado.Puede dar origen a una obligación internacional12, perono será una obligación convencional.

9. Párrafo 4. El objeto de este párrafo es hacer queel tipo de instrumento que en el derecho interno de unEstado se considera como un " tratado " para los efectosde la aplicación de sus procedimientos constitucionales,no deje de serlo — ni se convierta en tal — para dichosefectos, en virtud de cualquier disposición del presenteCódigo.

10. Registro en las Naciones Unidas de conformidadcon el Arículo 102 de la Carta. Se observará que el actualRelator no ha adoptado la sugestión formulada en elsegundo informe de Lauterpacht13, en el sentido de queel registro en las Naciones Unidas constituye una pruebaparcial de que un instrumento es efectivamente un tra-tado o un acuerdo internacional. Hay para ello dos razones,una teórica y otra práctica. En virtud del Artículo 102de la Carta, solamente son registrables los instrumentosque son tratados, u otros acuerdos internacionales. Debenpues tener este carácter antes de que pueda surgir laobligación de registrarlos. Por consiguiente, el registropor sí mismo no puede conferirles este carácter, aunquepueda constituir en cierto grado una prueba de que lotienen. En segundo lugar, y desde un punto de vistapráctico, ese criterio tendría sus riesgos. Cualquiera delas partes en un instrumento puede registrarlo unilateral-mente y esto sucede constantemente. Sin embargo, seríainadmisible que se confiriera la calidad de tratado a uninstrumento por sólo un acto unilateral de cualquiera delos Estados interesados, aceptado por el Secretario Gene-ral de las Naciones Unidas, quien puede muy bien consi-derar que no tiene competencia pare rechazarlo.

11 Lauterpacht tiene razón cuando en su primer informe(A/CN.4/63) dice que, en última instancia, todos los acuerdosentrf Estados se rigen por el derecho internacional. Pero en unsentido menos amplio, el acuerdo o bien sus incidencias, puedenestar regidos por el derecho interno de una de las partes. Porejemplo, el Estado A concierta un acuerdo con el Estado B parala compra, a fin de usarla como Embajada, de una propiedad quepertenece al dominio público en el Estado B. Además, dichosacuerdos, aunque " internacionales ", pueden efectuarse, y se efec-túan con frecuencia, por conducto de un Embajador o de un banconacional y por su forma parecen un contrato corriente de derechoprivado.

12 Esto es discutible, naturalmente. Algunos tratadistas diríanque no puede engendrar tal obligación si no hay por lo menos unelemento cuasi-contractual.

13 A/CN.4/87, comentario al artículo 1.


Artículo 3. Algunas definiciones conexas

11. Aparte de las referencias a las organizaciones in-ternacionales y de una definición de las mismas — colo-cada entre corchetes por las razones ya indicadas — esteartículo tiene principalmente por objeto definir el tér-mino " Estado ", a fin de señalar indirectamente que losEstados semisoberanos o protegidos pueden ser partesen tratados (aunque en muchos casos sólo de maneramediata), bien que presentando al mismo tiempo las limi-taciones y modalidades de esta situación. Fuera de lasorganizaciones internacionales, sólo los Estados puedenser partes en los tratados; y sólo las entidades aue sonEstados pueden, a fuer de tales (y no solamente comoparte de una entidad mayor) contraer obligacionesmediante tratados. Por esta razón, un Estado constitu-tivo de una federación no puede nunca ser internacionalmente un Estado, ni, en esa calidad, ser parte en un tra-tado, pues el tratado obligará a la Federación, y obligaráal Estado constitutivo no como tal, sino sólo como parteinseparable (internacionalmente) de la federación 14. Peroun Estado internacionalmente completo, aun en el caso deaue sea un Estado nroteffido nuede contraer como taloblaciones aunaue para ello sea necesario el consenti-m i e L general o específico del Estado protector o porconducto de éste 15.

12. " . . . entidades reconocidas como Estados por razo-nes especiales . . . " : con ello quedaría incluido el Estadode la Ciudad del Vaticano.

B. ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHORELATIVO A LOS TRATADOS

Artículos 4 a 9

13. Comentario general: Hay que determinar si estosartículos, que quizás en algunos casos exijan mayor elabo-ración, deben figurar en este lugar o bien más adelante,es decir, principalmente en las secciones relativas a laejecución y efectos, que serán objeto de un informe ulte-rior y a las cuales en lógica y en rigor correspondenestos artículos. No obstante, acaso parezca inconvenienteque en un código internacional sobre el derecho relativoa los tratados, no se haga hasta una etapa relativamentetardía del trabajo ni siquiera una simple declaraciónsobre estos importantes principios generales, que son fun-damentales para esta materia en su totalidad. Sin embargo,en vista de la incertidumbre en cuanto al lugar dondedeben fieurar el comentario aue aauí se ofrece es muvbreve y se deja que los artículos hablen por sí mismos.

14. Artículo 4, párrafo 2. Un aspecto del punto aquí

14 Es muy difícil para el actual Relator aceptar la opinión pro-puesta en el primer informe Lauterpacht (A/CN.4/63, comentariossobre los artículos 1 y 10). Puede ser cierto que, en determinadoscasos, partes componentes de un Estado federal, tales como loscantones suizos, hayan o parezcan haber concertado tratados conEstados alemanes vecinos. Pero, en derecho, se trata realmentede casos en que la parte componente ha actuado simplemente comoagente para obligar a la Federación en general respecto de deter-minada parte de su territorio, pues (internacionalmente) una partecomponente de un Estado no puede ser por sí misma un Estadoni tener — salvo como agente — la capacidad de concertar tratados.Dicho sea de paso, Lauterpacht incurre en un error al decir quela Sultanía de Máscate y Omán es un Protectorado británico(A/CN.4/63, comentario al artículo 1). Se trata de un principadoplenamente independiente y soberano.

15 Esta cuestión se examina más a fondo en un artículo publi-cado por el actual Relator en el British Yearbook of InternationalLaw (1953), págs. 2 a 5.

tratado se vuelve a examinar más especialmente en rela-ción con el tema de la ratificación.

15. Artículo 5, párrafo 2. Esta es una condición evi-dente de la eficacia internacional de los tratados. Lospárrafos restantes son en realidad aplicaciones de esemismo principio.

16. Artículo 6. Los artículos cuyos números se dejanen blanco figurarán en el segundo capítulo del Código,relativo a la ejecución y los efectos. Para un comentariosobre la cuestión de fondo relacionada con esta materiavéase, en el primer informe Lauterpacht el último párrafode su comentario al artículo 1 (A/CN.4/63).

17. Artículo 7. Quizá sea redundante, si no algo in-consecuente, dada la definición de tratado como instru-mento que se rige por el derecho internacional (véasecomentario al párrafo 1 del artículo 2 en el párrafo 7,supra). Pero parece conveniente incluir algún texto eneste sentido.

18. Artículo 8. Aunque se reconoce la convenienciade dividir, por razones prácticas, los tratados en diferen-tes categorías y clases, este artículo constituye un intentode simplificar el examen de las mismas, desde el puntode vista jurídico, negando la existencia de cualquier dife-rencia jurídica fundamental entre estas categorías y clases,especialmente en vista de que el mismo tratado puedepertenecer en diferentes aspectos a más de una 16.

19. Artículo 9. Es importante saber por medio de quéórgano debe actuar en el orden internacional un Estadoo una organización internacional a fin de que sus actospuedan ser eficaces frente a otros Estados y, por decirloasí, admisibles por ellos. Los procesos internos puedenser necesarios, pero sólo en el orden interno, y sólo pro-ducen sus efectos directos en dicho orden. No puedenoperar por sí mismos en el plano internacional, a menosque formen parte de un acto del órgano ejecutivo o seancompletados por él17. Las consecuencias de esta situa-ción son (véase el párrafo 3 del artículo) que, si losEstados están obligados a aceptar como internacional-mente auténticos los actos del órgano ejecutivo de otroEstado, este Estado (si ha realizado dichos actos) no puedenegar posteriormente su autenticidad internacional, yestá obligado por ellos. " Aceptar como auténticos " quieredecir, por supuesto, su calidad de actos del Estado, no suvalidez jurídica en virtud de un tratado o del derechointernacional en general. Un acto puede ser auténtico ycarecer al mismo tiempo de validez18. Pero si no es

16 El Relator debe la idea de esta simplificación al ProfesorCharles Rousseau, op. cit., Vol. I, págs. 133 a 137 y 156 a 158.Pero el Profesor Rousseau destaca la distinción formal, en ciertosentido jurídico también, que existe entre lo que él llama a estosefectos " traites " stricto sensu y los accords en forme simplifiée(v.gr. un canje de notas). Esta es, en efecto, la misma distinciónque se establece en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del presenteCódigo.

17 Incluso en el caso de los Estados Unidos de América la rati-ficación por el Senado no tiene efectos per se en el orden inter-nacional. Falta aún que el instrumento internacional de ratificaciónsea formulado y comunicado por el Presidente, y es acto presiden-cial, a pesar de que se trata de una repetición del acto del Senado.

18 Por ejemplo, una denuncia de un tratado efectuada por elórgano ejecutivo de un Estado, que sea regular en lo tocante alas consideraciones constitucionales internas, pero contraria a lostérminos del tratado. A la inversa, una denuncia efectuada conarreglo al tratado sería " válida ", pero no tendría efecto si noemanara de una autoridad competente para actuar internacional-mente en nombre del Estado, puesto que no sería auténtica (inter-nacionalmente), sea cual fuere su valor en el orden interno.


auténtico, no es acto del Estado en absoluto y no seplantea la cuestión de su validez.

Capítulo primero. La validez de los tratados

Comentario general

20. Este capítulo abarcará, cuando esté completo, todoslos requisitos de la validez, a saber: la validez formal, lascondiciones de validez esencial o substancial, y la duración(validez temporal), es decir, las condiciones de extinción.En el presente informe sólo se trata la cuestión de lavalidez formal.

SECCIÓN PRELIMINAR: DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAVALIDEZ

Artículos 10 a 12

21. La finalidad de estos artículos es destacar los dospuntos esenciales relativos a la validez en general, a saber :

a) Que la validez se compone de tres factores: forma,fondo y existencia temporal;

¿>) Que tiene dos aspectos: la validez del tratado ensí y la validez del tratado para un Estado determinado,aspectos que no coinciden necesariamente.

Parte I. Validez formal(preparación y conclusión de los tratados)

Comentario general

22. En el resto del presente informa se trata de estetema, sobre el cual se presenta una serie completa de ar-tículos. Estos están distribuidos en dos secciones princi-pales: la negociación, redacción y fijación del texto; y laconclusión del tratado y participación en éste. Estas sec-ciones están precedidas de otra que contiene las defini-ciones técnicas pertinentes, y una disposición de caráctergeneral.

A. CONDICIONES GENERALES DE VALIDEZ FORMAL

Artículo 13. Definiciones

23. Las diversas definiciones se explican por sí mismasen su mayoría y no se comentan en este lugar porque lascuestiones de fondo que pueden encerrar volverán asuscitarse más adelante en relación con determinados ar-tículos. Se presenta la cuestión general de saber si con-viene incluir un artículo dedicado exclusivamente a defi-niciones, o si no sería preferible definir cada término,cuando sea necesario, en el artículo particular en relacióncon el cual dicho término se presente principalmente. Sinembargo, como cada uno de estos términos puede apa-recer en relación con diferentes cuestiones, el Relator haestimado que, por el momento, esos términos pueden seragrupados en un solo artículo para los efectos de sudefinición.

Artículo 14. El tratado considerado como texto ycomo acto jurídico

24. La validez formal se compone de dos elementos:el texto y los actos formales que dan al texto el carácterde negocio jurídico. Considerado puramente como texto,el tratado es un documento más bien que un acto onegocio jurídico. Siempre que se habla de tratados existeesta ambigüedad: un tratado es tanto el documento que

sirve de expresión al acuerdo como el acuerdo mismo 19.En el primer sentido puede haber un tratado aunque noesté en vigor o haya dejado de estar en vigor (es decir,aunque no haya un acuerdo que subsista como actojurídico). Sin embargo, es indispensable para la validezdel acuerdo final que el texto se haya redactado y fijadoo autenticado por los medios debidos y en la formadebida; pues si bien en derecho el texto no constituye porsí mismo el acuerdo, es, sin embargo, la prueba indispen-sable, y ordinariamente la única, de lo que dicho acuerdoes. El principal valor del texto de un tratado, consideradopuramente como texto es, pues, probatorio. De ahí quetenga que ser una prueba auténtica y deba ajustarse paraello a ciertos requisitos de forma y método. Este aspectose trata en la Sección B. La Sección C trata del procesoinmediato ulterior que consiste en convertir el texto enun acto jurídico mediante el acto inicial de la conclusión(ordinariamente la firma) 20 seguido, cuando es necesario,por actos definitivos de participación, tales como laratificación y la entrada en vigor del tratado.

B. NEGOCIACIÓN, REDACCIÓN Y FIJACIÓN (AUTENTICACIÓN)DEL TEXTO

Artículo 15. Redacción del texto

25. " . . . por la vía diplomática..." (Párrafo 1).Puede hacerse por correspondencia (canjes de notas, car-tas, etc.) no sólo el ajuste de obligaciones convencionales,sino también su negociación. Este procedimiento puedeseguirse también para la negociación de los instrumentosmás solemnes21. Conviene señalar esta circunstancia enun código, a título de correctivo, puesto que con frecuen-cia parece darse por supuesta la necesidad de que se hayacelebrado alguna reunión o conferencia.

26. " Los delegados deben estar debidamente autori-zados para llevar a cabo la negociación... no obstante,para concluir el tratado no es necesario poseer plenospoderes ..." (Párrafo 1). ha negociación y la conclusiónson dos cosas diferentes. Por supuesto, una misma personapuede estar autorizada para efectuar ambas cosas. Otambién, después de efectuada la negociación por unapersona, se puede facultar a otra para que concluya eltratado mediante firma o por otro procedimiento. Perola autorización para negociar no supone per se la autori-zación para firmar. Para negociar no se necesitan plenospoderes. Bastará cualquier forma de autorización, como,por ejemplo, una carta o una indicación por la vía diplo-mática al gobierno de que se trate en la que se dé elnombre del representante. En cambio, para la conclusión(por ejemplo, mediante la firma) se necesitan plenospoderes (véase el comentario al artículo 22).

27. Párrafo 2. Es necesario contar con una regla fun-

19 Véase A/CN.4/23 (primer informe Brierly), párr. 30.20 Las dificultades y ambigüedades que concurren en las nocio-

nes de firma y conclusión se examinan más adelante. Véanse párra-fos 47 a 52.

21 Un instrumento tan importante como el Tratado de Paz de1951 con el Japón fue negociado sin que se reuniera una confe-rencia, por un procedimiento mixto de comunicaciones y consultasdiplomáticas. El tratado fue concluido mediante la ceremonia dela firma, efectuada en San Francisco. Constantemente se negocia elajuste de obligaciones contractuales bilaterales, e incluso instrumen-tos solemnes de toda clase, sin que la delegación de un país tengaque ir a la capital de otro. Con frecuencia, lo único que se necesitaes recurrir a la misión diplomática acreditada en el país, comple-mentada por uno o dos expertos enviados al efecto.


damental aplicable al procedimiento de aprobación de lostextos. Esta parece ser la única regla posible en la práctica.

Artículo 16. Algunos elementos esenciales del texto

28. Párrafo 1. Hay que precisar que jurídicamente nohay ninguna necesidad, en general, de cláusulas de estiloo especiales. De este modo quedan comprendidos todoslos casos (por ejemplo, canjes de cartas) en que, ordina-riamente o a menudo, se prescinde de dichas cláusulas.

29. Párrafo 2. Sin embargo, en un tratado se debenindicar los países que lo conciertan, aunque puede bastarque esto se deduzca de las firmas que se hayan puesto enel documento, como en el caso del canje de notas ™.

30. Párrafo 3. En el caso de tratados concertados in-directamente o por medio de otro Estado, es necesariotambién indicar dónde reside la responsabilidad inter-nacional.

31. Párrafos 4, 5 y 6. Es necesario consignar dis-posiciones: o) para los casos en que las partes han dejadode prever, o han previsto en forma inadecuada, ciertascuestiones como la entrada en vigor y la extinción, o b)para los casos en que, debido a la forma del " tratado "(por ejemplo, un canje de notas) ; no es probable quequeden previstas en él tales cuestiones. El problema nose aprecia claramente porque la mayoría de los instru-mentos concluidos en debida forma contienen disposi-ciones que se refieren a estos aspectos. Pero no puedeconsiderarse que el tratado no es válido solamente porqueno contiene estas disposiciones, si legítimamente puedensacarse de él conclusiones de carácter jurídico; y seestima que, a falta de indicación en contrario, estas con-secuencias deben ser las que se declaran en estos párrafos,los cuales prevén, además, cierto número de cuestiones deprocedimiento.

Artículo 17. Consecuencias jurídicas de laredacción del texto

32. No es necesario comentar este artículo; que seexplica por sí mismo. Sin embargo, véanse los párrafos 59y 80 más adelante.

Artículo 18. Fijación y autenticación del texto

33. El texto de este artículo es igual (salvo ligeroscambios de redacción y la adición de un segundopárrafo) al aprobado por la Comisión en su tercer períodode sesiones 2S.

Artículo 19. Efectos jurídicos de la fijacióny autenticación

34. No hay necesidad de comentario, salvo en lo quese refiere a las palabras " . . . confiere a éste validez for-mal como texto..." (Párrafo I), que destacan el hechode que en esta etapa el tratado es todavía sólo un textoy no tiene validez de acuerdo.

Artículo 20. La firma y la rúbrica (su valor jurídico)

35. Párrafos 1 y 3. Con la firma, o bien con la rú-brica ; se llega a otra etapa del proceso de la concertaciónde tratados. Pero la firma, cuando es firma plena, tieneun aspecto doble, y a veces triple, según se dice en eltexto de estos párrafos. En la presente sección, sin em-

22 En el caso de los canjes de notas o cartas, el membrete dela carta constituirá ordinariamente otra indicación más.

13 Véanse A/CN.4/L.28 y A/CN.4/L.55.

bargo, se considera solamente como un acto de auten-ticación del texto.

36. Párrafo 2. Por otra parte, la rúbrica, salvo casosexcepcionales (para éstos véase el párrafo 1 del artículo21), y la firma ad referendum no pueden ser por símismas sino actos de autenticación del texto. Nunca pue-den constituir aceptación del texto en ninguna forma porel Estado interesado o en nombre de éste, a menos quese confirmen o completen ulteriormente. En los artículossiguientes se tratan en detalle estas cuestiones que hansido objeto de algunos errores y confusiones.

Artículo 21. La rúbrica y la firma ad referendum comoactos de autenticación del texto

37. Párrafo 1. Señala los casos en que la rúbricapuede equivaler a una firma.

38. Párrafos 2 y 3. Sin ser taxativos, enumeran loscasos a los cuales deben limitarse, por regla general, larúbrica y la firma ad referendum para que éstas tenganla función que les corresponde. Son casos en que noestaría justificada la firma y sería procedente, en cam-bio, la rúbrica (o la firma ad referendum que surte engeneral los mismos efectos).

39. Párrafo 3. Señala los efectos de la rúbrica y de lafirma ad referendum, y no exige comentario.

Artículo 22. Autoridad para firmar

40. Párrafo 1. No requiere comentario.41. Párrafo 2. Como comentario, véase el párrafo 26

supra, relativo al artículo 15. La negociación puede con-siderarse en cierto sentido como un acto del negociadorindividual lo mismo que la rúbrica y la firma ad referen-dum, pero la firma plena es acto del Estado.

42. Párrafo 3. La segunda frase consagra una prác-tica muy generalizada y conveniente.

43. Párrafo 4. No hay necesidad de comentario.

Artículo 23. Validación posterior de actos no autorizados

44. Se estima que es buena norma de derecho y nocabe duda de que es una práctica conveniente.

Artículo 24. Estados que tienen derecho a firmar

45. El derecho a firmar un tratado es necesariamentelimitado. Salvo disposición o acuerdo especial, ningúnEstado puede reclamar el derecho a firmar un tratado encuya negociación no ha participado.

Artículo 25. Tiempo y lugar de la firma

46. En principio tiene que haber asimismo límitesrespecto del tiempo dentro del cual o con ocasión delcual puede ponerse la firma. En ausencia de disposicióno acuerdo especial ningún Estado — ni siquiera unEstado que haya participado en la negociación — puedereclamar el derecho a firmar después de la fecha u oca-sión señalada al efecto.

C. CONCLUSION DEL TRATADO Y PARTICIPACIÓN EN EL MISMO

Comentario general

47. En esta sección se presume la existencia de un textofijado y debidamente autenticado. Pero aunque el textoha sido fijado, aún no ha sido objeto de asentimiento.Solamente se le ha autenticado como exacto, aunque po-dría haber sido autenticado mediante un acto, como la


firma plena, que también significa asentimiento (por tenerun doble aspecto, véase artículo 20). Es menester ahoraque se concluya el tratado, que se participe en él y quesea puesto en vigor, para que pueda pasar de la condiciónde texto o de documento al de acto o negocio jurídico(véase el comentario del párrafo 24 al artículo 14). Laconclusión de un tratado por un Estado y su participaciónen él pueden coincidir, pero son conceptos y actos jurí-dicamente separados. El Estado que firma un tratado consujeción a una ratificación o a una aceptación final con-cluye dicho tratado, pero todavía no participa en él24. UnEstado que ratifica un tratado participa en él puesto queya lo ha concluido mediante la firma. Un Estado que seadhiere a un tratado, o le da su aceptación no precedidade la firma, concluye el tratado y participa en él simul-táneamente (en cuanto a ese Estado se refiere). En esteúltimo caso, tal vez sería más exacto decir que como eltratado ya ha sido concluido independientemente de dichoEstado, éste procede a participar en él.

48. Por lo tanto, si bien la autenticación es el acto que,por decirlo así, certifica que el texto es el que se haredactado en el curso de ciertas negociaciones o en unaconferencia determinada, la conclusión es el acto medianteel cual se da un asentimiento efectivo a este texto, quees el texto cuyo carácter obligatorio el Estado está dis-puesto a reconocer si eventualmente decide obligarse enforma definitiva Esta decisión puede coincidir con laconclusión, como en el caso de que la firma ponga envigor el tratado (por ejemplo, un canje de notas). Cuandoello no ocurre, la conclusión significa asentimiento altexto como base del acuerdo, pero no constituye por símisma el acuerdo. Viene luego la aceptación de la fuerzaobligatoria, o sea la participación, que es siempre un actodefinitivo en lo que se refiere al Estado participante.Mediante ella, el Estado adopta todas las medidas posiblesy necesarias para obligarse. Pero el Estado puede no estartodavía obligado, si el tratado mismo no está todavía envigor. Falta, pues, la entrada en vigor, que es la etapafinal. Esta puede coincidir con los actos de participacióncorrespondientes, como en el caso de dos Estados queponen en vigor un tratado bilateral mediante un canje deratificaciones, o puede ser independiente de todo actoparticular de participación, como ocurre cuando un tra-tado multilateral entra en vigor al ocurrir ciertos hechosy no antes aunque cierto número de Estados hayan de-positado anteriormente sus ratificaciones.

49. Las observaciones anteriores servirán particular-mente de comentario general a los artículos 26 a 28.

Artículo 26. Conclusión del tratado

50. Véase el comentario general, supra. El término " con-clusión " es ambiguo y siempre ha suscitado dificultades.¿ Cuándo puede decirse que un tratado ha sido " con-cluido ": cuando se firma, por ejemplo, o cuando entra envigor ? En el primer caso, se presenta la dificultad de queel tratado puede no llegar nunca a entrar realmente envigor. ¿ Puede decirse que se ha concluido un tratado queno llega a entrar en vigor ? Por otra parte, no hay dudade que un tratado lleva siempre la fecha de su firma (esdecir, su conclusión) y nunca la de su entrada en vigor,a menos que ésta coincida con la de la firma.

24 Véase A/CN.4/43 (Asegundo informe Brierly), comentariosa los artículos 1 y 4.

51. La solución consiste en considerar la conclusióncomo el acto mediante el cual los Estados interesados dansu consentimiento definitivo al texto, aunque no lo reco-nocen forzosamente como obligatorio. Es más que unaautenticación que se limita a verificar que cierto instru-mento o documento expresa correctamente cierto texto,pero que no implica en modo alguno una conformidadfundamental con dicho texto. La conclusión implica ciertamedida de conformidad fundamental, aunque no un con-sentimiento definitivo. Con ella, los Estados no se limitana decir " éste es el texto que hemos fijado y cuya exacti-tud certificamos ", sino que dicen, además, " éste es eltexto que estamos dispuestos a reconocer como obligatoriosi es que llegamos a obligarnos ".

52. Una vez aceptado que la autenticación, la conclu-sión, la participación y la entrada en vigor son conceptosjurídicamente separados (véase el párrafo 48) no sepresenta ninguna otra dificultad, salvo la confusión quepuede nacer del hecho de que coincidan dos o más deestos actos. Por ejemplo, con la firma, en aquellos casosen que el tratado entra en vigor desde el momento de lafirma, se efectúan los cuatro actos simultáneamente. Enotras circunstancias, pueden coincidir dos o tres, o pue-den hacerse separadamente los cuatro, como ocurre cuan-do el tratado es primero firmado ad referendum oinsertado en el Acto Final de una conferencia (véaseartículo 18), luego firmado con firma plena o confirmado,ratificado después y por último puesto en vigor cuandose han depositado cierto número de ratificaciones. Peropor más que la práctica sea variable, jurídicamente esesencial distinguir estos conceptos a fin de determinar elcarácter y el efecto jurídico preciso de un acto dado.

Artículo 27. Modos de participación en un tratado

53. La participación mediante simple firma se produceen aquellos casos (y sólo en aquellos casos) en que eltratado no está sujeto a ratificación o, si se adopta elprocedimiento de aceptación (véase artículo 36), en aque-llos en que la firma se da sin reservas en cuanto a laaceptación. Según se ha observado ya, los actos de parti-cipación señalados en este artículo (27) pueden ser o noactos que produzcan la entrada en vigor del tratado mismoo coincidan con ella. Pero todos ellos son actos definitivosen cuanto al Estado que los ejecuta.

Artículo 28. Efectos de los actos de participación desde elpunto de vista de la conclusión y de la fuerza obligatoria

54. Véase el comentario en los párrafos 47 a 52 supra.Este artículo es principalmente formal, pero es conve-niente incluirlo a los efectos de la claridad. Un acto pura-mente conclusivo, tal como la firma sometida a la ratifi-cación o aceptación posteriores, no es, claro está, un actode participación en el sentido estricto de la palabra. Losactos de participación propiamente dichos presuponenla conclusión, o son ellos mismos conclusivos a la vezque confieren fuerza obligatoria.

Artículo 29. Efectos jurídicos de la firma consideradacomo acto que confiere fuerza obligatoria

55. Párrafo 1. El caso que aquí se contempla es aquelen que el tratado entra en vigor en el acto de la firma, o,en todo caso, cuando la firma no está sometida a ratifi-cación o aceptación ulteriores, de modo que basta para


obligar al Estado siempre que hayan acaecido todos losdemás hechos de los cuales dependa la entrada en vigor.Por las razones expuestas en el primer informe Lauter-pacht25 es necesario prever este caso. Hay una tendenciacasi inveterada, especialmente en las organizaciones in-ternacionales, a concebir los tratados en general como sisólo fueran convenciones multilaterales generales y con-venciones que, en cierto modo, tienen fuerza de ley, deltipo de las que están casi siempre sujetas a ratificación.En realidad, dichas convenciones constituyen una minoríaen comparación con los centenares de instrumentos decarácter bilateral, semimultilateral o plurilateral26 queentran en vigor desde el momento de la firma (canje denotas, protocolos, actas, declaraciones, memorandum deacuerdo, modus vivendi, etc.) 27.

56. Párrafo 2. Según se ha indicado también en elartículo 32, si las partes desean una ratificación u otroacto confirmatorio, están en absoluta libertad de preverlo.Si no lo hacen, debe presumirse, sobre todo atendiendo alas consideraciones mencionadas en el párrafo 55 supra,que no han querido hacerlo. En todo caso, debe haberuna regla fundamental aplicable al caso en que se hayatenido la intención de que el tratado comience aplicarse(es decir, de que entre en vigor) pero no se haya indicadoconcretamente el procedimiento que deba utilizarse paraque ello ocurra.

57. Párrafo 3. Del mismo modo, un Estado puedesiempre dejar a salvo su posición confiriendo solamentea su representante una autorización de firma sujeta aratificación ulterior o limitando así sus plenos poderes.En ese caso, la firma del representante no obliga al Esta-do, aunque el tratado puede entrar en vigor desde elmomento de su firma por los demás Estados.

Artículo 30. Efectos jurídicos de la firma consideradacomo acto conclusivo únicamente

58. Párrafo 1. En este párrafo se trata del caso enque la firma sólo concluye el tratado pero no constituyeuna aceptación definitiva del mismo. Pero aun en dichocaso puede tener ciertas consecuencias jurídicas y éstasson las que se exponen en los incisos a) a c). La cuestiónsuscitada en el inciso a) es preferible estudiarla al exa-minar el párrafo 4 del artículo 42. La razón de ser de losincisos b) ye) está expuesta en forma detallada y perti-nente en el primer informe Lauterpacht 28. El actual Rela-tor acepta esa opinión pero considera conveniente pre-sentar las proposiciones de que se trata con cierta cautelay ponderadamente.

59. Párrafo 2. Del mismo modo, si bien una firmameramente " conclusiva " no puede conferir derechosfundamentales en virtud del tratado, puede otorgar ciertos

25 A/CN.4/63, comentario y notas sobre el artículo 5.2 6 Se olvida también casi s iempre que no todo t ra tado multi-

la tera l es un t ra tado mult i la teral general. En muchos t ra tados deesa clase sólo intervienen tres, cuat ro , seis u ocho Estados, u otronúmero l imi tado de ellos, con un interés u objeto común, y sólo aellos concierne el tratado.

27 Véanse los datos estadísticos muy significativos incluidos enel primero y el segundo informes Lauterpacht (A/CN.4/63 yA/CN.4/87, comentarios al artículo 6), que indican el númeropreponderante de los acuerdos internacionales que entran en vigormediante la firma o su equivalente, y el número relativamentepequeño de los que están sujetos a ratificación.

28 A/CN.4/63, comentario y notas sobre el artículo 5.

derechos relacionados con ella. Este asunto también hasido mencionado en el primer informe Lauterpacht29. Lafirma confiere ciertamente una calidad y con ella losderechos inherentes a esa calidad. Todo el equilibrio deun tratado puede ser alterado después de su firma si seadmiten reservas, o se adhieren otros Estados, de modoque un Estado signatario puede encontrarse con que eltratado que ha firmado y que tiene el derecho de ratificarha dejado de ser, en la práctica, el mismo tratado.

Artículo 31. Ratificación (su naturaleza jurídicay sus modalidades)

60. Párrafo 1. Lo esencial en este texto es que laratificación implica una firma anterior (que debe serratificada) 30. Cuando no se ha firmado, no puede haberratificación, aunque puedan existir otros medios de par-ticipar (por ejemplo, la adhesión), o sea todavía tiempode firmarlo (si el tratado ha quedado abierto a la firma;véase artículo 25).

61. Párrafo 2. Es necesario insistir, a fin de evitargraves confusiones, que, en el orden internacional, laratificación es un acto del órgano ejecutivo, y se efectúamediante la transmisión o depósito de un instrumento deratificación, redactado por el órgano ejecutivo. La " rati-ficación " por el órgano legislativo es un procedimientopuramente interno. No siempre es necesario. En algunospaíses nunca lo es. Básicamente, una " ratificación " par-lamentaria no es más que un voto, cualquiera que sea laforma en que se dé, con el que se aprueba el tratado, y seautoriza al órgano ejecutivo a efectuar la ratificaciónefectiva. Sin este acto posterior, no hay ratificación en laesfera internacional.

62. Párrafo 3. Este párrafo no tiene por objeto ex-cluir las reservas que se hagan en el momento de la rati-ficación cuando, por lo demás, éstas sean permisibles(véanse artículos 37 a 39). Se refiere a un tipo distintode condición. A veces se ha sugerido 31 que la eficacia deuna ratificación puede subordinarse a la condición deque otro Estado u otros Estados ratifiquen también elinstrumento. Esto podría causar graves dificultades, porejemplo, en los casos en que la entrada en vigor de untratado se hace depender del depósito de un número de-terminado de ratificaciones. Además, si por azar todos losEstados ratificantes pusieran dicha condición, ningunaratificación tendría eficacia. La ratificación puede iracompañada de una reserva a una parte determinada deltratado, pero en sí misma, como acto, debe ser incondi-cional.

63. Párrafo 4. Esto es el corolario forzoso del hechode que lo que se ratifica es una firma del texto en suconjunto. Pero, a veces, un tratado (por ejemplo, elTratado Naval de Londres de 1930) permite a los Esta-dos suscribir una parte del mismo solamente o excluiralgunas de sus partes.

64. Párrafo 5. Por ejemplo, si transcurre un tiempoentre el depósito de la ratificación y la entrada en vigordel tratado, la ratificación no puede ser retirada durante

29 Ibid., comentario sobre el artículo 5.30 Por razones prácticas, se suele decir que el tratado es ratifi-

cado. En rigor, lo que se ratifica es la firma del tratado, o, enotras palabras, la ratificación es la confirmación definitiva de laconformidad provisional otorgada con la firma.

31 Es decir, el actual Relator lo ha oído sugerir.


ese intervalo. El Estado interesado tiene que esperar aque el tratado entre en vigor, y luego adoptar las medidasque el tratado le permita para poner término a su partici-pación o procurar que se consienta expresamente en re-levarle de la participación.

65. Párrafo 6. Véase también el párrafo 5 del artícu-lo 42. Sin duda, este caso es relativamente raro. Peropuede producirse, sobre todo cuando un Estado aprovechalas ventajas de un tratado, o cuando mediante sus actoscon respecto al mismo hace que otros Estados cambien suactitud o influye en tal actitud.

Artículo 32. Ratificación (circunstancias en quees necesaria)

66. Párrafo 1. Este párrafo da efectividad al prin-cipio del carácter facultativo de la ratificación como actointernacional. No se puede obligar a ningún Estado aque asuma las obligaciones de un tratado. Por lo tanto,aunque haya firmado un tratado, no se le puede obligara que lo ratifique. En el primer informe Lauterpacht seaducen excelentes argumentos en favor de la idea de que enmuchos casos los Estados pueden verse ante la imperiosaobligación moral de ratificar un tratado que han firma-do 32. Pero eso no puede ser nunca una obligación jurí-dica, ya que, de lo contrario, la ratificación perdería surazón de ser. La mención del caso previsto en el párrafo 5del artículo 42 lo demuestra, porque en esos casos elEstado interesado está efectivamente obligado por sufirma. Las últimas líneas del párrafo tienen por objetoprever el caso de muchas formas comunes de plenos po-deres que, por razones históricas y tradicionales, implicano parecen implicar una promesa de que oportunamentese ratificará el tratado 33.

67. Párrafos 2 y 3. Estos párrafos tratan de la im-portante cuestión teórica — cuestión que, por las razonesexpuestas en los informes Lauterpacht3*, tiene acaso unaimportancia práctica mucho más secundaria — de la reglaresidual que debe aplicarse en aquellos casos en que eltratado no menciona la ratificación o no indica en formapositiva que ésta es necesaria. La controversia es antigua,pero como los argumentos están expuestos en forma com-pleta en los informes Lauterpacht™, es innecesario re-petirlos. El Relator actual mantiene la opinión que ex-presó hace más de 20 años 3«, es decir, que la regla resi-dual debe ser la que se indica en el texto propuesto paralos párrafos 2 y 3 del artículo 32. En 1934, el autor delpresente informe señalaba 36 que, a su juicio, a pesar dela autoridad de los textos en que se sostenía la opinión deque la ratificación debe suponerse necesaria a menos quesea desechada expresamente, este criterio ya no corres-pondía (ni siquiera entonces) a la práctica moderna, ydaba ejemplos para probarlo. Tal criterio está todavíamenos de acuerdo con la práctica actual, como lo de-muestran claramente los datos mencionados en los in-formes Lauterpacht 37.

32 A/CN.4/63, comentario y notas sobre el artículo 5.33 Pa ra un estudio de esta cuestión, véase Harvard Law School,

Research in International Law, III, Law of Treaties, suplemento aThe American Journal of International Law, tomo 29 (1935), págs.770 a 775.

34 A /CN.4 /63 y A/CN.4/87 , comentarios al artículo 6.35 Ibid., comentarios y notas sobre el artículo 6.36 " D o Treaties Need Ratification?", The British Year Book of

International Law (1934), especialmente págs. 122 a 129.37 A /CN.4 /63 y A/CN.4/87 , comentario al artículo 6.

68. De hecho, esa opinión ha sido refutada categóri-camente por el hecho de que los Estados nunca se hanatenido a ella; no han contado, en efecto, con que existieseuna regla básica en favor de la necesidad de ratificación,sino que, por el contrario, han insistido en prever expresa-mente la ratificación siempre que la han querido; si bien,por otra parte, han preferido guardar silencio precisamenteen aquellos casos en que no la han querido. Este hechoes muy significativo. Casi no hay ningún tratado, si esque hay alguno, que señale con una disposición que noestará sujeto a ratificación, como sería de esperar siexistiera una regla básica según la cual, a falta de unadisposición en contrario 38, la ratificación hubiera de sernecesaria. En cambio, hay una infinidad de tratados queprevén expresamente la ratificación. Cierto es que cuandotiene que haber ratificación hay razones de orden materialpara mencionarlo especialmente, ya que hay que precisarcómo, dónde, en qué momento, etc., se efectuará la ratifi-cación. Pero este mismo hecho (véase párrafo 70) aumen-ta la dificultad de presumir la necesidad de una ratifica-ción en aquellos casos en que no se menciona 39.

69. Las consideraciones anteriores, junto con las quesuscita el uso cada vez mayor de instrumentos que entranen vigor desde el momento de la firma, la menor pro-porción de tratados y convenciones que quedan sujetos aratificación 40, el hecho de que la necesidad que puedahaber de ratificación sea principalmente un asunto internoy de que los Estados que la requieren siempre puedan in-sistir en que se establezca una disposición expresa relativaa dicha ratificación, o en reservarse el derecho especialde ratificación, todo lleva a la conclusión de que la reglaresidual debe consistir en que, cuando no haya unaestipulación de esa índole, debe presumirse que no se hatenido la intención de prever la ratificación. En efecto,Lauterpacht en sus informes llega a esta conclusión, encuanto a lo que podría llamarse la autoridad de la prác-tica, pero en última instancia se niega a aceptarla, fun-dándose en que la consecuencia que se deduce de la prác-tica no es absolutamente ineluctable, que aunque " en unnúmero de casos cada vez mayor, los gobiernos atribuyenimportancia a tratados que —- sea cual fuere el nombrecon que se les designe — entran en vigor sin ratifica-ción ", sin embargo, eso no quiere decir que considerenla no ratificación como " una regla presunta a la quese dé por sentado que deben sujetarse cuando no se hayadispuesto lo contrario " 41. Sin embargo, al actual Relatoresta consecuencia le parece legítima y necesaria, habidacuenta de que las partes tienen absoluta libertad paraprever la ratificación si creen necesitarla, o para insistiren una forma de tratado en la cual sea natural insertar

38 Claro está que en muchos casos dicha disposición se desprendeindirectamente de una cláusula que disponga, por ejemplo, que eltratado entrará en vigor desde el momento de la firma. Sin em-bargo, la ausencia de indicaciones en forma directa es significativa.

39 Con otras palabras, podríamos decir que con su conducta lospaíses han renunciado a la protección de toda regla general enapoyo de la necesidad de la ratificación, si la hubiera, y hanpreferido basarse en el sistema de preverla expresamente cada vezque la deseen; supuesto esto, ya no pueden invocar la existenciade una regla general en aquellos casos en que no han estipuladoexpresamente la ratificación.

40 Véase el segundo informe Lauterpacht (A/CN.4/87), comen-tario al artículo 6.

41 Ibid.

124 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. II

una disposición relativa a la ratificación42 ; el Relatorestima, también, que lo hacen con frecuencia, pero quecon mayor frecuencia aún omiten hacerlo; y que, hastadonde se ha podido determinar, nunca incurren en estaomisión en los casos en que realmente desean una rati-ficación. Como lo señala Lauterpacht en su segundo in-forme, si existiera una regla que supusiera la necesidadde la ratificación, las excepciones a ella serían tantas queprácticamente desaparecería 4*.

70. Además, no hay otro camino posible. Si el tratadono dice nada acerca de la ratificación, no habrá ex hypo-thesi ninguna disposición que establezca el canje o de-pósito de ratificaciones, ni que señale dónde o con quéautoridad deberá ello efectuarse. Algunos Estados ratifi-carán, otros no. Tampoco habrá ex hypothesi ninguna dis-posición acerca de la entrada en vigor 4 Algunos Estadosconsiderarán que el tratado no entra en vigor hasta quehaya recibido las ratificaciones necesarias (pero, ¿ cuálesy cuántas ? ) ; otros lo considerarán eficaz desde la fechade la firma. Hoy por hoy, debe presumirse que las can-cillerías y los ministerios de relaciones exteriores, perfec-tamente versados en el derecho y la práctica de los tra-tados, conocen los inconvenientes que forzosamente ha-brían de suscitarse con ello y que si ordenan o permitena sus representantes la firma de un acuerdo internacionalque no dispone la ratificación, ha de ser porque no tienenla intención de preverla.

71. A este respecto, es útil recordar los cambios quehan trado consigo los modernos medios de comunicación.En los tiempos en que un representante podía verse en laimposibilidad de comunicarse con su gobierno duranteperíodos prolongados, o de recibir instrucciones finalesantes de proceder a la firma, era comprensible y acasonecesaria 4* una regla fundamental que supusiera la ne-cesidad de la ratificación si no se indicaba lo contrario.Eso no ocurre ya.

72. Párrafo 4. Al igual que en otras disposiciones, eneste párrafo se prevé (véanse artículo 29 y párrafo 57supra) el caso de que, independientemente de lo que diceel tratado, la firma únicamente se dé, como tal, sujeta aratificación, o el caso de que los plenos poderes de unrepresentante estén limitados por una reserva en cuantoa la ratificación. He aquí, pues, otra " cláusula de excep-

42 Ta l vez ésta sea la esencia del problema. Sería lógico sostenerque cuando los gobiernos no quieren la ratificación, deberíanelegir una forma de acuerdo — tal como el canje de notas — quemanif ies tamente no lo requ ie ra ; pero, si optan por la forma det ra tado propiamente dicho, debe suponerse que desean su ratifi-cación. Sin embargo, precisamente en el caso del t ra tado propia-men te dicho es cuando se inserta casi s iempre una disposiciónexpresa sobre la ratificación. P o r otra par te , es frecuente que éstano figure en aquellos instrumentos donde puede suscitarse real-mente la duda, por ejemplo, un instrumento que no sea un t ra tadopropiamente dicho, pero tampoco un canje de notas .

43 A / C N . 4 / 8 7 , comentario al artículo 6.44 P o r q u e el hecho de prever la en t rada en vigor desde el

momento de la firma o en una fecha de terminada excluiría, pordeducción lógica, la idea de que es necesaria la rat i f icación; mien-tras que el hecho de estipularse en el t ra tado la ent rada en vigordesde el momento de la ratificación o después de ella, equivaldría,por deducción lógica, a prever la ratificación.

45 Ta l vez esto expl ique el hecho de que los ant iguos t ratadistasaf i rmaran la existencia de una presunción a favor de la ratifica-ción (véanse, supra, el párrafo 67 y la nota 36 ) . El objeto no eratanto proteger la posición constitucional de los Estados comoasegurar que los gobiernos no quedaran obligados por un textocuya versión definitiva acaso no hubieran l legado a ver. Esto ra ravez puede ocurrir en la actualidad.

ción " a la que pueden acogerse los gobiernos siempreque lo deseen, a condición de observar el procedimientoadecuado, circunstancia ésta que viene a dar mayor pesoa las consideraciones expuestas en los párrafos 67 a 71supra.

73. Párrafo 5. Este párrafo no es sino una conse-cuencia de los anteriores.

74. Limitaciones constitucionales. Todo el tema de lanecesidad de ratificación está, por supuesto, íntimamenteligado con el de las limitaciones constitucionales y otraslimitaciones internas de la capacidad de concertar tra-tados. Pero esta materia, aunque suele plantearse al tratarde la cuestión de la ratificación, no es privativa de ella.También puede suscitarse al tratar de la cuestión de lavalidez (con arreglo al derecho interno o a la constitución)de una adhesión o aceptación. Algunos autores46 trataneste asunto como si afectara a la validez formal del tra-tado, esto es, al examinar si la ratificación o la adhesiónes eficaz o es nula. De esto puede depender la cuestiónde que el tratado entre en vigor o no. En otros textos (porejemplo, el Harvard Research in International Law) seestima que el asunto debe ser tratado como si fuera devalidez substancial o esencial, es decir, al examinar lacuestión de si se ha otorgado un verdadero consenti-miento. En el primer informe Lauterpacht se adopta estemismo criterio y se estudia el problema en la parte quese refiere a las condiciones para la validez, y no al tratarde la formulación y conclusión de los tratados 47.

75. El Relator actual ha hecho suyo este criterio apesar de la íntima relación de este problema con el pro-ceso de la concertación del tratado como tal. Para ellotenía la siguiente razón: Internacionalmente el instru-mento de ratificación redactado en la forma prescrita porla autoridad competente del órgano ejecutivo y transmi-tido o depositado por las vías ordinarias en forma evi-dentemente normal, debe reputarse válido internacional-mente (como un instrumento o acto), y lo es, en efecto.Su invalidez, en caso de adolecer de ella, se produce enla espera interna. El problema es, pues, más hondo. Hayun acto válido (formal), como lo hay también en el casode un contrato firmado por error o engaño. Pero, ¿ setrata de un acto del Estado en su totalidad, o se le debetener por tal y, en ese caso, en qué circunstancias ?Estas cuestiones se refieren en parte a la capacidad y enparte a la naturaleza del consentimiento, y suscitan pro-blemas de validez esencial o substancial, más que de vali-dez meramente formal. Se deja, pues, esta cuestión paraun examen ulterior.

Artículo 33. La ratificación: sus efectos jurídicos

76. Párrafos 1-3. Estos párrafos tienen por objetoprecisar cinco puntos: a) que la ratificación coloca alEstado en la posición de haber aceptado definitivamenteel tratado, posición de la cual no puede retirarse; b) que,sin embargo, puede no estar efectivamente obligado porel tratado, si el tratado mismo aún no está en vigor; c)que en el momento en que el tratado entre en vigor,tendrá ipso facto fuerza obligatoria para el Estado, sinnecesidad de ningún acto y sin posibilidad de opción;d) que, mientras tanto, estará sujeto a ciertas obligacionesde buena fe (véanse también artículo 30 y el comentariodel párrafo 58 supra) ; y, por último, e) que si el tratado

46 Por ejemplo, Rousseau, op. cit., págs. 235 a 248." A/CN.4/63.


ya está en vigor en el momento de la ratificación, o entraen vigor en virtud de ese acto, la obligación del Estadoes inmediata.

77. Párrafo 4. La ratificación confirma la firma perono tiene efectos retroactivos en cuanto a la ejecución.Es el consentimiento dado a una obligación que se haaceptado antes provisionalmente. Pero sólo surte efectosa partir de la fecha misma en que se haga, y no de lafecha anterior.

Artículo 34. Adhesión (su carácter jurídico y susmodalidades)

78. Párrafo 1. Este párrafo indica que la adhesiónes el procedimiento por excelencia para permitir la par-ticipación de los Estados que no han tomado parte en lanegociación original o en la elaboración del tratado. Esaes su verdadera razón de ser. Otro sistema, por supuesto,es dejar el tratado abierto a la firma, en cuyo caso lossignatarios posteriores llegarán a ser partes en el mismopor ratificación, si el tratado está sujeto a ratificación.Pero aun en este caso, no suele ser conveniente dejar eltratado abierto indefinidamente a la firma, de modo queen cierto momento la adhesión se convierte en el únicomedio en virtud del cual puede participar un " nuevo "Estado.

79. Párrafo 2. La adhesión no es un derecho, salvocuando se ha previsto tal cosa. Los Estados que no hanintervenido en la elaboración del tratado y que no lo hanfirmado no pueden exigir jurídicamente que se les per-mita participar en él. Un Estado no puede depositar, excathedra, una supuesta adhesión a cualquier tratado quellegue a interesarle. La facultad para hacerlo debe estarprevista por el mismo tratado, o ser concedida por uno delos procedimientos indicados en el párrafo 2 de este ar-tículo.

80. " . . . después de consultar con los Estados quetodavía tienen derecho a llegar a ser partes en el tratadomediante la ratificación..." (párrafo 2). Véanse el pá-rrafo 2 del artículo 30 y el párrafo 59 supra. Un Estadosignatario que tiene derecho a ratificar, y puede en cual-quier momento llegar a ser parte en el tratado al ratifi-carlo, tiene por los menos el derecho de ser consultadosi se proyecta ampliar la clase o número de Estados quepodrían participar en el tratado, o si se trata concreta-mente de admitir a un Estado determinado. Dirán algunosque un Estado signatario debería tener un derecho deveto en ese caso 48, y probablemente sea éste el criterioacertado como cuestión de lex lata. Sin embargo, estopodría permitir a un Estado que en realidad tenga escasodeseo de ratificar, paralizar por tiempo indefinido unaadhesión conveniente v de lese lerenda la reda nronuesta— es decir, el derecho de consulta — posiblemente seaadecuada para proteger los derechos de los signatarios.

81. Párrafo 3. Este es el corolario, que se desprendedel párrafo 2, de la ausencia de todo derecho absoluto ala adhesión.

82. Párrafos 4 y 5. Estos párrafos tienen por objetoseñalar el que, aun cuando se haya previsto la adhesión,sólo pueden recurrir a ella propiamente los Estados que

no pueden participar en el tratado mediante la firma(seguida, de ser necesario, por la ratificación) ; pero tam-bién se puede hacer uso de la adhesión cuando el tratadono ha de ser firmado. Es incorrecto e inadmisible que unEstado que ha firmado el tratado " se adhiera " a él.Dicho Estado ratifica.

83. Párrafo 6. En rigor, la adhesión supone que hayun tratado que ya está en vigor y sólo debería hacerse enese caso. Esencialmente, es un medio de asociarse, valgala expresión, a una empresa que ya está en marcha. Yesto resulta de la circunstancia (que constituye la dife-rencia fundamental entre la adhesión y la firma) de quela adhesión es esencialmente la aceptación de algo yahecho, y no una participación en su formulación. Excep-cionalmente, sin embargo — y sobre todo en el caso deque no haya firma —, puede ocurrir que las adhesionesanteriores a la entrada en vigor sean y deban ser admi-tidas. Los casos citados en el primer informe Lauter-pacht 49 constituyen una práctica poco rigurosa (máscomún antes de la guerra) que no debería ser fomentada,no sólo por ser equivocada en principio, sino por sertotalmente innecesaria, salvo en aquellos casos en que lafirma del tratado no haya sido posible en ningún momento.

84. Los párrafos 7 y 8 se explican por sí mismos.

Artículo 35. La adhesión: sus efectos jurídicos

85. Párrafo 1. Esta es indudablemente la regla co-rrecta. La " adhesión ", llamada a veces " accesión ", im-plica un acto definitivo. El Estado adhérente se liga altratado. Una adhesión sujeta a ratificación no es unaadhesión y representa además un intento de obtener lacondición de signatario cuando ya ha pasado el momentode obtenerla50 (véase también el comentario del pá-rrafo 83 supra). Es conveniente que los diversos actos yconceptos relacionados con la celebración de tratadosmantengan sus usos especiales respectivos y sus caracte-rísticas jurídicas distintivas y que no pierdan su iden-tidad por recurrirse a ellos cuando no corresponde.

86. Párrafo 2. La adhesión es, por su naturalezajurídica, un acto muy distinto de la firma y de la ratifi-cación. Pero en términos generales sus resultados sonlos mismos. En virtud de ella el Estado que se adhierepasa a ser parte en el tratado, con todos los derechos yobligaciones propios de la condición de parte y sobreuna base de igualdad51. Cabe señalar, sin embargo, que

48 Para cualquier Estado signatario, el equilibrio esperado deun tratado, y posiblemente su utilidad, podría verse gravementecomprometido (por ejemplo, en cuanto se refiere a los efectos delas votaciones) por la admisión imprevista de uno o más Estadoscuya participación no se hubiera tenido en cuenta inicialmente.

49 A/CN.4/63, comentario al artículo 7.50 E l Profesor Rousseau (op cit., pág. 280) d i ce : " Rationelle-

ment, la règle de la ratification paraî t é t rangère aux a d h é s i o n s . . . :aucun accord de volontés du type contractuel n ' in tervenant en effetentre les Etats signataires et l'Etat adhérent, celui-ci n'a pas àconfirmer après coup un acte qui n'est en rien l'équivalent d'unesignature. Au point de vue pratique, ce serait là une procéduredéfectueuse entraînant des complications inutiles."

Sin embargo, señala que en la Sociedad de las Naciones seintrodujo la práctica de la adhesión sujeta a ratificación y que talpráctica fué admitida hasta cierto punto. No se conoce ningúncaso similar desde 1945 y parece conveniente que un código sobreel derecho relativo a tratados la excluya.

51 Pradier-Fodéré (Traité de droit international public européenet américain (Paris, G. Pedone-Lauriel, 1885), Vol. 2, pág. 829,dice: " L'accession place l'Etat qui la donne sur la même ligne queles parties principales qui ont conclu et signé le traité, elle luiconfère les mêmes droits comme elle lui impose les mêmes obliga-tions réciproques envers tous les Etats intéressés: la puissance quiaccède devient partie contractante directe, en obtenant par sonaccession tous les droits et en se chargeant de toutes les obligationsqui lui seraient échues ou qui auraient été mises à sa charge sielle eût signé immédiatement le document principal."


como un corolario del hecho de que el Estado adhérenteacepta, pero no hace un contrato, dicho Estado no puedetener voz en ninguna modificación ulterior de dicho con-trato, aunque, evidentemente, no está obligado a acep-tarla. Según esta opinión, el Estado adhérente no tendríaderecho a ser consultado para ninguna modificación deltratado, ni a participar en ella, pero tendría un derechoautomático a poner fin a su adhesión al tratado si estu-viera en desacuerdo con los resultados de tal modificación.No obstante, conforme a la práctica usual, el Estadoadhérente tiene derecho a participar en la discusión y enia votación de cualquier propuesta relativa a una modi-ficación, del mismo modo que las demás partes. Por lotanto, a menos que el propio tratado reserve ciertos privi-l e g e en esta materia a los Estados que lo han firmadoy ratificado (situación que el Estado adhérente habráaceptado mediante su propia adhesión), no puede exis-tir una diferencia de condición.

87. Párrafo 3. Este párrafo simplemente prevé elcaso, que debería ser excepcional (véase párrafo 83supra), en que la adhesión se produce antes de que eltratado entre en vigor.

Artículo 36. Aceptación (su carácter, modalidades yefectos jurídicos)

88. Párrafo 1. La aceptación, que es un modo departicipación admisible únicamente cuando el tratado loprevé, no supone sin embargo ningún principio nuevo 52.En efecto, o es una ratificación (cuando sigue a una firmadada con reserva en cuanto a la aceptación) o es unaadhesión (cuando no ha habido una firma anterior y eltratado prevé la participación mediante la sola acepta-ción). No obstante, la regla de que la adhesión implica,en general, un tratado va en vigor no se aplica a loscasos de participación mediante simple aceptación, yaque en esos casos suele ser evidente en virtud de lostérminos del tratado que la aceptación puede producirseen cualquier momento

89. El párrafo 2 se explica por sí mismo.90. Párrafo 3. Véase el párrafo 85 supra. El Estado

acepta o no acepta.91. Párrafo 4. No es menester ningún comentario.

Artículo 37. Reservas (reglas fundamentales)Comentario General

92. La cuestión de las reservas ha sido objeto de dis-cusión durante algún tiempo, y especialmente con res-pecto al caso de las reservas a los convenios generalesmultilaterales y al caso en que la reserva es totalmenteunilateral y no ha sido aceptada por ninguno de los otrosEstados interesados o ha sido objeto de objeciones porparte de algunos de ellos. En un artículo del actual Relatorpublicado en el International and Comparative LawQuarterly con el título de " Reservations to Multilateral

Conventions " 53, se exponen los antecedentes de la con-troversia y se hace un examen de toda esta materia. Seencontrará también una exposición muy completa en losinformes Lauterpacht54. El Relator cree que en todacodificación del derecho relativo a los tratados la Comi-sión debería hacer suyo el mismo criterio básico queinspiró el capítulo II de su informe sobre los trabajosdel tercer período de sesiones55. Es cierto que dichocapítulo se refería a las convenciones multilaterales, perolas consideraciones hechas en ese caso son aplicablesa fortiori a los acuerdos bilaterales y plurilaterales. ElRelator ha creído no obstante que aun como una cuestiónde lex lata, la regla tradicional estricta acerca de lasreservas podría considerarse como mitigada en la prác-tica por las siguientes consideraciones que, en conjunto,dejan a los Estados una considerable libertad en estamateria y debieran bastar para atender todas las necesi-dades razonables:

a) Por definición (véase el inciso 1) del artículo 13),las simples declaraciones explicativas o declaraciones deintención (y, dentro de ciertos límites, de interpretación)no se consideran como reservas y son admisibles;

b) La reserva sólo cuenta como tal si su objeto esderogar una estipulación substancial del tratado;

c) Todo Estado que negocie un tratado tiene la facultadde pedir que se inserte en él una disposición expresa quepermita reservas concretas o ciertas clases de reservas;

d) Todo Estado tiene el derecho de pedir el asenti-miento expreso a toda reserva que desee hacer, inclusoen los casos en que en el tratado no se han previsto lasreservas ;

e) Siempre que la reserva propuesta se haya puestoclaramente en conocimiento de otro Estado, durante lanegociación del tratado o después de éste, del silenciopodrá inferirse asentimiento tácito (o ausencia de obje-ción clara), por lo menos en el caso de tratados generalesmultilaterales, y eso bastará para constituir el consenti-miento ;

/) La experiencia muestra que los Estados normal-mente no niegan su consentimiento ni se oponen a lasreservas, a menos que éstas sean manifiestamente irra-zonables y de tal naturaleza que no deban ser admitidas.Todas las exigencias legítimas deberán quedar atendidas sia todas estas consideraciones, más o menos de lege lata, seagregan en el caso de tratados generales multilaterales 56

las siguientes consideraciones de lege ferenda:1) Que en el caso de reservas propuestas después de

la redacción del tratado, se presumirá que todo Estadoda su consentimiento si no se han formulado objecionesen el término de tres meses;

2) Que en las mismas circunstancias — y si biennormalmente se requiere el consentimiento de todos losEstados que han demostrado su interés en el tratadofirmándolo, aunque no hayan llegado realmente a serpartes en el mismo —, si el tratado ha estado en vigor

52 Las observaciones contenidas en el primer informe Brierly(A/CN.4/32, párrs. 66 a 75) son muy oportunas y deben ser tenidasdebidamente en cuenta. Son también acertados el comentario y lanota que figuran en el primer informe Lauterpacht (A/CN.4/63)sobre el artículo 8, al indicar que el procedimiento de " acepta-ción " no plantea un verdadero problema jurídico. Sin embargo,conviene reconocer que este método ofrece ventajas importantesde orden práctico. Ha sido adoptado sobre todo para los tratadosque se conciertan en el continente americano, aunque solamenteen un número limitado de casos.

53 The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 2(enero de 1953), págs . 1 a 26.

54 A / C N . 4 / 6 3 y A / C N . 4 / 8 7 , comentarios y notas sobre el ar-tículo 9.

55 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto períodode sesiones, Suplemento No. 9.

s í Porque en el caso de tratados bilaterales o plurilaterales esimposible admitir reservas no aceptadas explícitamente por losEstados participantes.


durante cierto tiempo y a fin de evitar que un Estadosignatario que probablemente no llegará a ser parteimpida una reserva a la que no oponen objeciones losdemás Estados, el derecho de objeción se limitaría aquienes son efectivamente partes en el tratado, siempreque representen una proporción razonable de los quetienen derecho a llegar a ser partes.

Estas ideas concretas han sido recogidas en el artícu-lo 39 del proyecto.

93. Párrafo 1. Ya ha sido explicado.94. Párrafo 2. Este párrafo plantea el requisito fun-

damental de la aceptación.95. Párrafo 3. Si un tratado permite expresamente

ciertas reservas, o cierta clase de reservas, hay que pre-sumir que ello no se aplica a ninguna otra reserva.

96. Párrafo 4. Se considera inadmisible que puedanexistir partes en un tratado que no estén sujetas a laobligación relativa al arreglo de las controversias sus-citadas por el mismo, si las demás partes están sujetas aella. Una cosa es formular reservas acerca de una obli-gación substancial del tratado, si tales reservas reciben elasentimiento necesario, y otra cosa es asumir las obliga-ciones substanciales del tratado y a pesar de ello negarsea reconocer el carácter obligatorio de la disposición quetiene precisamente por objeto ofrecer ciertas garantíasde que esas obligaciones serán ejecutadas o dar a lasdemás partes el derecho a un recurso si no se ejecutan.Dicha disposición es demasiado fundamental en el plany el orden del tratado que la contenga, para permitircualquier reserva, y un Estado que pretende formular unareserva de esa índole se reserva virtualmente el derechode no ejecutar el tratado sino a su discreción. Se ha dichoa veces que los Estados no pueden ser obligados a sometersus controversias al arbitraje o a un fallo judicial másque en el caso de que hayan consentido en obligarse.Esto es cierto, pero no es necesario que el consentimientosea dado ad hoc en cada caso particular. Puede darse concarácter general y por anticipado para una o variasclases de situaciones como lo demuestra el procedimientode cláusula facultativa previsto en el párrafo 2 del ar-tículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Jus-ticia. Un Estado que llega a ser parte en un tratado quecontiene una disposición sobre arbitraje o solución judi-cial consiente con ello ipso facto en resolver por dichosmedios toda controversia en que se vea envuelto en virtuddel tratado.

Artículo 38. Reservas a los tratados bilaterales y a otrostratados de participación limitada

97. Debe hacerse una distinción entre los tratadosmultilaterales generales y los tratados bilaterales o sim-plemente plurilaterales concertados entre un número limi-tado de Estados que tienen cierto interés u objetivocomún. Mientras que en el caso de los tratados multi-laterales generales puede haber razones, debidas alcarácter de dichos tratados y a las circunstancias en quese conciertan, que permitan una práctica relativamenteliberal en cuanto a las reservas, las consideraciones quese aplican a los tratados bilaterales y a otros tratados departicipación limitada son muy distintas. Dichos tratadoscasi siempre son ajustados mediante un procedimientoque supone el consentimiento unánime de los Estados quelo negocian a cada artículo y, en realidad, a cada frase;y cada palabra del tratado suele ser el resultado de un

examen cuidadoso y prolongado y constituye el nec plusultra de acuerdo a que pueda llegarse. El elemento con-tractual y de común acuerdo es tan fuerte que la admisiónde reservas (salvo cuando el tratado las prevé expresa-mente o se conviene especialmente en ellas) sería con-traria a todo el espíritu de la negociación y al funda-mento y equilibrio del propio tratado.

Artículo 39. Reservas a los tratados multilaterales

98. Puede admitirse aquí cierta libertad, dentro de losprincipios generales ya señalados (véase párrafo 92 su-pra). El período de cinco años, y la proporción del 20 %indicados en el párrafo 1 b) ii) y el período de tresmeses señalado en el párrafo 2 son, naturalmente, dis-cutibles.

99. Párrafo 3. Este párrafo establece la consecuencianecesaria en el caso de que una reserva suscite algunaobjeción y ésta se mantenga.

100. Párrafo 4. A pesar de ciertas dificultades deorden práctico, se cree que esta regla es la correcta, adiferencia de la que se propone en el párrafo número 1del proyecto alternativo A del artículo 9 que figura en elproyecto de Lauterpacht57. Un Estado que ha presentadouna reserva que aún no ha sido aceptada — o que nollega a ser aceptada — no puede ser considerado comoparte, y su ratificación o adhesión, etc., debe quedar ensuspenso hasta que la reserva sea aceptada o retirada.

Artículo 40. Reservas: sus efectos jurídicos en casode ser admitidas

101. Se considera útil indicar estas consecuencias, perono exigen explicación.

Artículo 41. Entrada en vigor: sus modalidades

102. Párrafo 1. Este párrafo se explica por sí solo.La regla residual mencionada es la única practicable.

103. Párrafo 2. Este no es un caso excepcional y debeestablecerse una regla para preverlo.

104. Párrafo 3. Parece necesario presentar a títulode ensayo una regla de lege ferenda para el caso no ex-cepcional de que un tratado disponga que las ratifica-ciones sean canjeadas o depositadas en cierta fecha, sinhacer más indicación, y llegada esa fecha las ratifica-ciones no hayan sido canjeadas o no hayan sido deposi-tadas en su totalidad. Si se reúnen todas en la fechaseñalada, puede considerarse a ésta como la fecha deentrada en vigor. De no ser así, se planteará el problemade si el tratado entra en vigor en esa fecha para losEstados que lo han ratificado, o si para su entrada envigor habrá que aguardar a las ratificaciones posteriores,que acaso no se reciban nunca. Se cree que en esas cir-cunstancias, a menos que de la naturaleza del tratado seinfiera claramente que se ha tenido la intención de quetal tratado sea ratificado por todas las partes interesadasantes de entrar en vigor, la mejor regla es la de poner eltratado en vigor en la fecha señalada para el canje odepósito de las ratificaciones, siempre que para entonceslo haya ratificado un número considerable de Estadosinteresados, o, de no ser así, tan pronto como haya sidoratificado por un número considerable de Estados.

57 Véase A/CN.4/63, comentario al artículo 9, sección II.


105. Párrafos 4 y 5. Estos párrafos se explican porsí mismos.

Artículo 42. Entrada en vigor: sus efectos jurídicos

106. Párrafo 1. Este párrafo prevé el caso de unaentrada en vigor provisional y expresa la regla aplicableen el caso de que esa situación se prolongue indebida-mente.

107. Párrafos 2 a 4. Estos párrafos se explican porsí solos y algunos de sus aspectos ya han sido tratadosbajo otros rubros. En rigor, para que un instrumentoseparado entre en vigor desde el momento de la firma,debería preverse en él la ratificación, la entrada en vigory todas las demás cuestiones análogas. Lógicamente, untratado que, ex hypothesi, no está aún en vigor no puededisponer su propia entrada en vigor, ya que, hasta queello ocurra, la cláusula en que se dispone tal cosacarece de eficacia. La verdad es que, por una presuncióntácita que se da invariablemente, se considera que lascláusulas del tratado en las que se prevén la ratificación,la adhesión, la entrada en vigor y algunas otras cues-tiones, entran en vigor, separada e inmediatamente, desdeel momento de la firma del instrumento — o, por lomenos, se las trata como si hubieran entrado en vigor —aunque la substancia del tratado no sea todavía obliga-toria.

108. Párrafo 5. Este caso no es común, pero ocurre.Por ejemplo, en los tratados de paz se dispone no pocasveces que el tratado debe ser ratificado por ciertos Esta-dos, pero que entrará en vigor siempre y cuando searatificado por algunos otros Estados. La ratificación hechapor los Estados del primer grupo no pondrá, pues, envigor el tratado. En cambio, la ratificación hecha porlos Estados del segundo grupo tendrá este efecto, y lotendrá además para el primer grupo de Estados, auncuando éstos no lo hayan ratificado todavía. En ese caso,este grupo en realidad infringe el tratado, y jurídica-mente lo correcto sería considerar que los Estados delprimer grupo están obligados desde un principio por sufirma: a) a ratificar58, y b) a dar cumplimiento a lasdisposiciones de fondo del tratado a partir de la fecha enque la ratificación hecha por el segundo grupo de Esta-dos pone en vigor el tratado.

109. Párrafo 6. Este párrafo se explica por sí solo.

58 Naturalmente, en estas circunstancias la ratificación pierdejurídicamente su razón de ser y en rigor es superflua. En realidad,este procedimiento tiene una finalidad política, a saber: obtenerel apoyo parlamentario para el tratado, con miras a impedir todointento ulterior de repudiarlo fundado, por ejemplo, en que losrepresentantes que han firmado el tratado se han excedido en suautoridad, o en que no tenían facultades para aceptar algunas desus cláusulas.

RELACIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

DOCUMENTO A/CN.4/98

Memoria presentada por la Secretaría

[Texto original en francés][21 de febrero de 1956]

INDICE Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1—16 130

A. Observaciones preliminares 1—4 130B. Propuesta de Yugoeslavia sobre inclusión del tema en el programa de la Asamblea

General en su séptimo período de sesiones 5—6 131

C. Proyecto de resolución de la delegación de Yugoeslavia y debate en la Sexta

Comisión 7—10 131

D. Resolución 685 (VII) de la Asamblea General 11—13 132

E. Objeto del presente estudio 14—16 132

Capítulo I. EXAMEN GLOBAL DE LAS TENTATIVAS PARA RESOLVER UNI-FORMEMENTE EL PROBLEMA DE LAS INMUNIDADES Y LOS PRIVI-LEGIOS DIPLOMÁTICOS 17—167 132

A. Relaciones e inmunidades diplomáticas hasta la reglamentación de Aquisgrán . . 17—26 1321. Las relaciones diplomáticas antes del Congreso de Viena 18—20 1322. Decisiones tomadas en el Congreso de Viena (1815) y en Aquisgrán (1818) . . 21—26 133

B. Esfuerzos encaminados a la codificación del derecho internacional en materia de

relaciones e inmunidades diplomáticas 27 134

1. Observaciones generales 27—28 134

2. Tratados internacionales relativos a las relaciones e inmunidades diplomáticas 29—41 134a) Tratados bilaterales 29—37 134b) Tratados multilaterales 38—41 135

3. La Sociedad de las Naciones 42—112 136a) Reseña histórica 42—46 136b) Análisis de los trabajos del Subcomité 47—112 137

i) La materia codificable 48 137ii) Método de trabajo adoptado 49—50 137

iii) La cuestión de la extraterritorialidad 51—53 137iv) La inviolabilidad 54—55 137v) Inmunidades en materia de impuestos 56—57 137

vi) Inmunidad de jurisdicción penal 58—59 138vii) Inmunidad de la jurisdicción civil 60—67 138

viii) Comienzo y fin de la misión 68—71 139ix) Condición jurídica de los agentes diplomáticos en el territorio de un tercer

Estado 72 140x) ¿Quiénes tienen derecho a los privilegios diplomáticos? 73—76 140

xi) El cuestionario dirigido a los Estados 77—78 140xii) Análisis de las respuestas de los gobiernos al cuestionario 79—98 141

xiii) Algunas conclusiones 99—104 144xiv) Clasificación de los agentes diplomáticos 105—112 145

4. Trabajos particulares relativos a la codificación de la cuestión de las relacionese inmunidades diplomáticas . 113—167 145

a) Observaciones preliminares 113 145b) Proyecto de código de Bluntschli, 1868 114—115 146c) El proyecto de Fiore, 1890 116—118 146d) Proyecto de código de Pessoa, 1911 119—123 147e) Proyecto de la Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos . . 124 147/ ) Proyecto de código de P h i l l i m o r e . 1 2 5 — 1 2 6 147g) Proyecto de código de Strupp, 1926 127—128 147h) Proyecto de código de la seccional japonesa de la Asociación de Derecho

Internacional y de la Kokusaiho Gakkwai, 1926 129 148i) Resolución del Instituto de Derecho Internacional, 1929 130—132 148j) Proyecto de la Harvard Research relativo a las inmunidades y los privilegios

diplomáticos 133—164 148k) Algunas conclusiones 165—167 151

129


Párrafos PáginaCapítulo II. RELACIONES DIPLOMÁTICAS Y FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS

INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS. EXAMEN DE ALGUNOS ASPECTOSPARTICULARES DEL PROBLEMA 168—310 151

A. Las relaciones diplomáticas 168—207 1511. Observaciones generales: el derecho de legación 168—175 1512. La consulta previa 176—177 1523. Caso del agente que sea nacional del país en que deberá ejercer sus funciones 178—184 1534. Deberes de los agentes diplomáticos 185—195 1535. Fin de la misión 196—206 1556. Algunas conclusiones 207 156

B. Fundamento teórico de las inmunidades diplomáticas 208—230 1561. Observaciones generales 208 1562. La teoría de la extraterritorialidad 209—217 1563. La teoría del " carácter representativo " y del " interés de la función " . . . 218—230 157

C. Cuestiones que plantea la existencia de inmunidades diplomáticas y análisis de

algunos fallos judiciales relativos a las mismas 231—310 159

1. Observaciones generales 231—232 159

2. La inviolabilidad 233—254 160a) Personas que gozan de inmunidades y en particular de la inviolabilidad . . 240—245 160b) El personal no oficial 246—254 161

3. Las inmunidades de jurisdicción 255—286 163a) Inmunidad de jurisdicción penal 255—259 163b) Inmunidad de jurisdicción civil 260—282 163c) Testimonio judicial 283—286 166

4. Renuncia a la inmunidad 287—291 166

5. Inmunidades tributarias 292—299 167a) Observaciones generales 292—293 167b) Exención del pago de impuestos personales 294 167c) Exención de la sede de la embajada 295—297 168d) Exoneración de derechos de aduana 298—299 168

6. La inviolabilidad de la sede de la misión 300—301 168

7. Situación del agente en un tercer Estado 302—307 169

8. Fin de la misión 308—310 169

Capítulo III. RESUMEN SUCINTO 311—314 170

Introducción cación. La cuestión de las inmunidades diplomáticas figura. _ en las páginas 59 y 60 de dicho memorándum. En el mismo

A . O B S E R V A C I O N E S PRELIMINARESENLASPÁGINAS59Y60DE d o c u m e n t o , l u e g o d e u n a expdichomemorándum.Enosición s u c i n t a d e los p r e c e -1. En el curso de su sexto período de sesiones, cele- dentes creados por la Sociedad de las Naciones, la Sexta

brado en París del 3 de junio al 28 de julio de 1954, la Conferencia Internacional Americana, reunida en LaComisión de Derecho Internacional examinó brevemente Habana en 1928, y el proyecto de Convención publicadola cuestión de la codificación de normas relativas a las e n 1 9 3 2 p o r l a Harvard Research in International Law,"Relaciones e Inmunidades Diplomáticas", y adoptó la figuran las conclusiones siguientes2:decisión cuyo texto se transcribe a continuación: "Los trabajos del Comité de Expertos de la Sociedad

"En cumplimiento de la resolución 685 (VII) apro- de las Naciones, de la Convención de La Habana debada por la Asamblea General el 5 de diciembre de 1928 y de la Harvard Research, la documentación que1952, y por la cual se pedía a la Comisión que, tan sirvió de base a esos trabaj os, lo mismo que las copiosaspronto como fuera posible, se sirviera proceder a la fuentes de la jurisprudencia, la correspondencia diplo-codificación en materia de " Relaciones e Inmunidades mática y las exposiciones doctrinales, aportan materialDiplomáticas " y dar prioridad a ese tema, la Comisión suficiente para una gran empresa de codificación dedecidió comenzar sus trabajos sobre este punto y esta parte del derecho internacional. El gran caudal dedesignó Relator Especial al Sr. A. E. F. Sandstróm " 1. antecedentes no significa necesariamente que esta codi-2. Ya en su primer período de sesiones, celebrado ficación haya de limitarse simplemente a la sistemati-

en Nueva York del 12 de abril al 9 de junio de 1949, la zación y elucidación de un conjunto de normas acep-Comisión había tratado de determinar, de acuerdo con t a d a s unánimemente en todos sus detalles. No es ésteel párrafo 1 del artículo 18 de su estatuto, cuáles son, en e l c a s o . L a práctica ha revelado discrepancias, algunasla " totalidad del campo del derecho internacional... las d e l a s c u a l e s persisten en lo que se refiere, por ejemplo,materias susceptibles de codificación " y, a fin de facili- a l a extensión de la inmunidad para los actos de dere-tarle esta tarea, la Secretaría le había sometido un memo- c h o privado, a las categorías del personal diplomáticorándum en el que se hacía un examen sistemático del c o n derecho a una inmunidad jurisdiccional absoluta,derecho internacional con vistas a esos trabajos de codifi- a l a s inmunidades del personal subalterno, a las inmuni-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno período 2 Véase documento A/CN.4/1/Rev. 1, pág. 60 de la versión fran-de Sesiones, Suplemento No. 9, párr. 73. cesa.

Relaciones e inmunidades diplomáticas 131

dades de los nacionales del Estado donde ejercen susfunciones, a la extensión de las inmunidades en materiade impuestos, a las condiciones para renunciar a ellasy a la naturaleza de los actos que suponen estarenuncia. Además, quizás convenga examinar las con-secuencias de la combinación parcial, en algunos países,de los servicios diplomáticos y consulares, porque latarea confiada a la Comisión de Derecho Internacionalen esta materia no concierne solamente a las inmuni-dades y privilegios diplomáticos, sino a los diversosaspectos de las relaciones diplomáticas en general."3. En la sexta sesión de su primer período de sesiones,

la Comisión de Derecho Internacional decidió que : " eltema de las relaciones e inmunidades diplomáticas figu-rará en la lista de los que deben ser retenidos " ».

4. El informe de la Comisión de Derecho Interna-cional sobre la labor realizada en su primer período desesiones menciona el problema en el número 21 de las" materias de derecho internacional examinadas por laComisión " 4, así como entre las 14 materias seleccionadasprovisionalmente con vistas a su codificación 5. La cues-tión no figura sin embargo entre los temas a los cuales laComisión había concedido prioridad6.

B. PROPUESTA DE YUGOESLAVIA SOBRE INCLUSION DEL TEMAEN EL PROGRAMA DE LA ASAMBLEA GENERAL EN SU

SÉPTIMO PERIODO DE SESIONES

5. Sin embargo, por nota dirigida al Secretario Gene-ral, el 7 de julio de 1952, el representante permanentesuplente de la República Popular Federal de Yugoeslaviaante las Naciones Unidas pidió que se incluyera en elprograma provisional de la Asamblea General en su sép-timo período ordinario de sesiones el tema siguiente:

" Atribución de prioridad a la codificación en materiade " Relaciones e Inmunidades Diplomáticas ", conarreglo al artículo 13 del Estatuto de la Comisión deDerecho Internacional " 7.6. En un " memorándum explicativo " que se acom-

pañaba a una carta de fecha 10 de octubre de 1952, diri-gida al Secretario General, el representante permanenteinterino de la República Popular Federal de Yugoeslaviadeclaraba, entre otras cosas, lo siguiente:

" Sin embargo, últimamente las violaciones de lasnormas que regulan las relaciones e inmunidades diplo-máticas se han hecho cada vez más frecuentes . . . Talsituación impone la necesidad de emprender, con todala urgencia necesaria, la tarea de codificar las normasde derecho internacional referentes a las rel einmunidades diplomáticas, confirmando así normasclaras y precisas de derecho internacional..." 8.Y concluía este memorándum explicativo indicando

que su solicitud de inclusión del tema en el programa seproponía permitir que el organismo internacional apro-piado iniciase con carácter urgente el estudio y la codi-ficación de las relaciones e inmunidades diplomáticas, a

fin de establecer claramente cuáles son los derechos y losprivilegios reconocidos a un representante diplomáticoen el cumplimiento de sus funciones y cuáles son lasobligaciones internacionales del Estado en cuyo territorioejerce esas funciones9.

C. PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEYUGOESLAVIA Y DEBATE EN LA SEXTA COMISIÓN

7. El 29 de octubre de 1952, el representante de laRepública Popular Federal de Yugoeslavia presentó unproyecto de resolución 10 encaminado a que la AsambleaGeneral recomendase a la Comisión de Derecho Inter-nacional ". . . se sirva proceder a la codificación de lamateria " Relaciones e Inmunidades Diplomáticas ", dán-dole prioridad," porque, como se expresa en los conside-randos, la codificación del derecho internacional en estamateria " es necesaria y conveniente, a fin de contribuiral mejoramiento de las relaciones entre los Estados ".

8. La Sexta Comisión procedió a estudiar esta cues-tión en sus sesiones 313a. a 317a., que se celebraron del29 de octubre al 3 de noviembre de 1952 n , y parece con-veniente proceder aquí a un rápido examen de las diversasenmiendas que sobre el fondo del asunto se propusieronen el curso de los debates, sin ser adoptadas por laComisión. Así, será posible determinar con exactitud elobjeto del presente estudio.

9. Cabe señalar en primer término que el delegado delos Estados Unidos de América manifestó en la 315a.sesión que sería útil ampliar el alcance del proyecto deresolución de Yugoeslavia . . . " a fin de que se refierano sólo a las prerrogativas e inmunidades diplomáticas,sino también a las consulares " 12.

Asimismo, el representante de los Estados Unidos yvarios otros desean añadir algunas cuestiones ". . . comolas prerrogativas y las inmunidades personales, el asilo,la protección de edificios y archivos, y el nombramientoy separación del personal " 13.

10. En un proyecto de enmienda presentado por ladelegación de Colombia 14, se expresó la conveniencia deincluir en los trabajos de la Comisión de Derecho Inter-nacional no solamente los privilegios e inmunidades diplo-máticas, sino el derecho de asilo 15. Esta enmienda fuérechazada por 24 votos contra 17 y 10 abstenciones 16,porque la mayoría de la Comisión consideró que se tra-taba de una cuestión distinta y que la Comisión de Dere-cho Internacional siempre lo había sostenido así ".

D. RESOLUCIÓN 685 (VII) DE LA ASAMBLEA GENERAL

11. La Sexta Comisión eliminó igualmente todas laspropuestas antes mencionadas 18, y sometió a la Asamblea

9 Véase documento A/CN.4/SR.6.4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período

de sesiones, Suplemento No. 10, párr. 15.5 Ibid., párr. 16, No. 11.» Ibid., párrs. 19 y 20.7 Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo período

de sesiones, Anexos, tema 58 del programa, documento A/2144.8 Ibid., documento A/2144/Add.l.

» Ibid.10 Ibid., documento A/C.L.248.11 Ibid., documento A/2252, párr. 3.12 Ibid., séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 315a.

sesión; párr. 8.13 Ibid., párr. 7.14 Ibid., séptimo período de sesiones, Anexos, tema 58 del pro-

grama, documento A/C.6/L.251." Ibid., documento A/C.6/L.250.16 Ibid., documento A/2252, párr. 32.17 Ibid., séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 315a.

sesión, párr. 32 y siguientes.18 Ibid., séptimo período de sesiones, Anexos, tema 58 del pro-

grama, documento A/2252, párrs. 32 y 33.


la resolución que ésta aprobó el 5 de diciembre de 1952en su 400a. sesión plenaria, cuyo texto es el siguiente:

" La Asamblea General,"Recordando los propósitos de las Naciones Unidas

y la declaración del Preámbulo de la Carta según lacual " los pueblos de las Naciones Unidas " están resuel-tos " a practicar la tolerancia y a convivir en paz comobuenos vecinos ",

"Expresando su deseo de que todos los gobiernosobserven uniformemente los principios y normas exis-tentes, así como la práctica reconocida en materia derelaciones e inmunidades diplomáticas, especialmenteen cuanto al trato que debe darse a los representantesdiplomáticos de Estados extranjeros,

" Considerando que, para contribuir al mej oramientode las relaciones entre los Estados, es necesario y con-veniente proceder en fecha próxima a codificar elderecho internacional acerca de las relaciones e inmu-nidades diplomáticas,

" Teniendo en cuenta que la Comisión de DerechoInternacional ha incluido las " Relaciones e Inmuni-dades Diplomáticas " en la lista provisional de materiasde derecho internacional seleccionadas para su codifi-cación,

"Pide a la Comisión de Derecho Internacional sesirva proceder, tan pronto como lo estime posible, a lacodificación en materia de " Relaciones e InmunidadesDiplomáticas ", incluvéndola entre los asuntos a queconceda prioridad."12. La Comisión de Derecho Internacional, teniendo

a la vista esta resolución en su quinto período de sesionesresolvió aplazar hasta el período siguiente la decisión encuanto a la fecha en que podría ocuparse en la codifi-cación de esta materia 19. En su sexto período de sesiones,la Comisión designó Relator Especial de esta cuestión alSr. A. E. F. Sandstrôm 20.

13. Según se desprende del preámbulo de la reso-lución 685 (VII), la Asamblea General pidió a la Comi-sión de Derecho Internacional que se sirva proceder a lacodificación en materia de " Relaciones e InmunidadesDiplomáticas ", porque desea que los principios y lasnormas existentes, así como la práctica reconocida enesta materia, sean observados por todos los gobiernos,especialmente en cuanto al trato que debe darse a los re-presentantes diplomáticos extranjeros.

E. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

14. El presente memorándum, destinado a la Comisiónde Derecho Internacional, ha sido preparado para res-ponder a la solicitud dirigida a la Secretaría por elSr. A. E. F. Sandstrôm, Relator Especial del tema.

15. El estudio se propone indicar en líneas generaleslos principios y reglas vigentes, así como la prácticaseguida por los Estados en relación a las inmunidades ylos privilegios reconocidos a los representantes diplo-máticos de Estados extranjeros.

16. Luego de un sucinto examen de las diferentestentativas hechas por los Estados con miras a una regla-mentación general del problema de las relaciones e inmu-nidades diplomáticas, de los trabajos de la Sociedad de

las Naciones en la materia y de las propuestas hechas pororganizaciones privadas, se resumen las principales teoríasrelativas al fundamento jurídico de esos privilegios e in-munidades. La última parte estará dedicada a un concisoestudio de algunos problemas que esta cuestión suscitay varias decisiones judiciales pertinentes.

CAPITULO I

Examen global de las tentativas para resolveruniformemente el problema de las inmunidades

y los privilegos diplomáticos

A. RELACIONES E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS HASTA LAREGLAMENTACIÓN DE AQUISGRÁN

17. " Dos máximas del derecho de gentes relacio-nadas con los embajadores son aceptadas generalmentecomo reglas de aplicación continua; una de ellas diceque a los embajadores hay que recibirlos; la otra, queno se les debe hacer ningún mal." 21

1. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ANTES DEL CONGRESO DEVIENA

18. El carácter sagrado de los embajadores ha sidoreconocido desde las épocas más remotas. Los fecialesromanos eran sacerdotes enviados por la República enmisión diplomática. Ella exigió y consiguió que se res-petara su inviolabilidad; del mismo modo, Roma seabstuvo en general de lesionar la persona o los interesesde los embajadores extranjeros encargados de misionesante ella. Como dice Oppenheim:

" La legación, en su carácter de institución creadapara servir a los Estados como instrumento de nego-ciación, es tan vieja como la historia, en cuyas páginasse encuentran muchos ejemplos de legaciones enviadasy recibidas por las naciones más antiguas. Es notableobservar que aun en la antigüedad, cuando no habíaleyes parecidas a las del moderno derecho internacional,los embajadores gozaban en todas partes de protecciónespecial y algunos privilegios, aunque por motivosreligiosos y no jurídicos, siendo considerados sacro-santos." 22

19. Sin embargo, el establecimiento de legaciones yembajadas permanentes es el resultado de una evoluciónhistórica reciente:

" La historia de la diplomacia se divide en dosperíodos claramente distintos. El primero comprendela época de las embajadas accidentales y no perma-nentes; abarca la antigüedad y toda la edad media,deteniéndose en el siglo XV. El segundo período es delas legaciones permanentes; nacidas en Italia y prin-cipalmente en Venecia, y que aparecen en el sigloXV . . . " 23.

Con posterioridad a la paz de Westfalia (1648), que creólo que se ha convenido en llamar el equilibrio europeo,los Estados se vieron obligados a vigilarse mutuamentey debido a ello tendió a generalizarse la costumbre de

19 Ibid., octavo período de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 170.20 Ibid., noveno período de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 73.

21 H. Grocio: Le droit de la guerre et de la paix, livre II, chap.XVIII.

22 L. O p p e n h e i m : International Law, Seventh Edition, Vol. I ,Peace, párr . 358.

23 P. Fauchille, Traité de droit international public, 8a. éd.,Vol. I, tercera parte, pág. 29.


establecer misiones diplomáticas permanentes; mas alcomienzo de esta evolución, algunos Estados, como laFrancia de Enrique IV y la Inglaterra de Enrique VII,opusieron una viva resistencia a la creación de tales emba-jadas o legaciones. En 1651, los Estados Generales de lasProvincias Unidas de los Países Bajos discutieron si con-venía mantener las embajadas 24, y en 1660, Polonia quisodespedir a todos los embajadores acreditados ante ella.

20. La Revolución Francesa y las guerras que fueronsu consecuencia, como los primeros síntomas que empe-zaron a sentirse entonces de un formidable desarrolloindustrial, acabaron con el aislamiento de los Estados.Se establecieron relaciones normales y se hizo necesariopensar en un reglamento válido para todos de los derechosy privilegios de los diplomáticos extranjeros.

2 . DECISIONES TOMADAS EN EL CONGRESO DE VIENA (1815)Y EN AQUISGRAN (1818)

21. Los primeros textos internacionales que merecenmencionarse a este propósito se ocupan en la clasificaciónde los agentes diplomáticos, cuestión que muchas veces,debido a las pretensiones a menudo irreconciliables delos soberanos en materia de jerarquía, dio lugar a contro-versias e incidentes a menudo bastante graves:

" La desigualdad de las potencias europeas, diceF. Deak, y en grado todavía mayor los celos y rivali-dades incesantes . . . fueron los principales animadoresde la política de la Edad Media. . . Los anales de esaépoca están llenos de relatos de querellas entre losagentes diplomáticos de diversas potencias, cada unode los cuales reivindicaba para sí la precedencia sobreeus colegas... A la luz de estos hechos y con plenoconocimiento de ello debe considerarse la elaboraciónpor el Congreso de Viena de una regla de clasificaciónde los agentes diplomáticos según sus títulos y jerar-quía . . . " 25.22. El reglamento aprobado el 19 de marzo de 1815

en Viena (Anexo XVII de las actas del Congreso) tratócon éxito de poner fin a estas querellas de precedencia. Acontinuación se reproduce su texto pro memoria:

" XVII. Reglamento de categorías entre los agentesdiplomáticos

" Para obviar las dificultades que frecuentementehan ocurrido y pueden ocurrir aún con respecto a laspretensiones de precedencia entre los diferentes agentesdiplomáticos, los plenipotenciarios de las potencias sig-natarias del tratado de París han convenido en los ar-tículos siguientes, y se creen en el caso de invitar a losplenipotenciarios de los demás príncipes reinantes aadoptar el mismo reglamento." Artículo I. Los agentes diplomáticos se dividen entres clases: embajadores, legados o nuncios;

" Enviados, ministros u otros acreditados ante losSoberanos ;

" Encargados de negocios, acreditados ante los mi-nistros de relaciones exteriores.

99Artículo IL Únicamente los embajadores, legadoso nuncios tienen carácter representativo.

" Artículo III. Los agentes diplomáticos en misiónextraordinaria no tienen en tal concepto alguna cate-goría superior.

" Artículo IV. Los agentes diplomáticos tendrán pre-cedencia dentro de cada clase conforme a la fecha denotificación oficial de su llegada.

" El presente reglamento no introduce innovaciónalguna con respecto a los representantes del Papa.

" Artículo V. En cada Estado se adoptará un sistemauniforme para la recepción de los agentes diplomáticosde cada clase." Artículo VI. Los lazos de parentesco o las alianzasde familia entre las Cortes no dan mayor jerarquía asus agentes diplomáticos. Tampoco la dan las alianzaspolíticas.

99Artículo VIL En los instrumentos concertadosentre muchas Potencias que admitan la alternación, elazar decidirá el orden en que los ministros pondránsu firma.

" El presente reglamento se insertará en el Protocolode los plenipotenciarios de las ocho Potencias signa-tarias del tratado de París en su sesión del 19 de marzode 1815 " 26.

23. Este acuerdo estableció pues, tres categorías deministros representantes: los embajadores y otros agentesasimilados a su categoría, los ministros propiamentedichos, y los encargados de negocios. Los artículos IV aVII pusieron fin eficazmente a toda querella de prece-dencia, al estipular por una parte (artículo IV) que losagentes diplomáticos tendrán entre sí precedencia dentrode cada clase conforme a la fecha de la notificación oficialde su llegada al país a que están acreditados y, además(artículo V), que cada Estado adoptará un sistema uni-forme para la recepción de los agentes diplomáticos, seacual fuere el país que representan. Finalmente, los artícu-los VI y VII, al establecer que los lazos de parentesco olas alianzas de familia no pueden constituir un pretextopara reconocer una jerarquía especial a los enviados dealgunos países (VI), y al fijar el orden para la firma detratados o actas internacionales (artículo VII), eliminaronotros tantos motivos de frecuentes querellas.

24. La reglamentación de Viena quedó completada porel " Protocolo de la Conferencia de 21 de noviembre de1818 (Aquisgrán) que instituyó una nueva clase de agentesdiplomáticos, la de " ministros residentes ". Estos agentesconstituirían, según dicho protocolo, " . . . una clase inter-media, en virtud de su rango, entre los ministros desegunda categoría y los encargados de negocios " 27.

25. Acaso convenga indicar muy brevemente aquí quela distinción establecida por la reglamentación de Vienaentre los embajadores y los agentes de segunda clasetiende gradualmente a desaparecer en la práctica, ya quehoy es frecuente que la mayoría de los Estados acreditenagentes diplomáticos con título de embajador. Algunosautores han pretendido que los embajadores tienen el

24 Sir Cecil Hurst: " Les immunités diplomatiques", Recueil desCours, Académie de droit international, 1926, II, pág. 119.

85 F. Deak, " Classification, immunités et privilèges des agentsdiplomatiques ", Revue de droit international et de législationcomparée, 1928, pág. 181, citado por R. Genet: Traité de diplo-matie et de droit diplomatique, Vol. I, págs. 266-267.

26 Geo. Fred, de Martens, Nouveau recueil de traités, t. II, págs.429-450.

27 El texto del protocolo se incluye, entre otros, en el libro deCarlos Calvo: Derecho Internacional teórico y práctico de Europay América, París, D'Amiot, 1868, pág. 184, nota de pie de páginaNo. 7.


derecho formal de tratar directamente con el soberanoante el cual están acreditados, derecho que no disfrutaríanlos ministros plenipotenciarios 28.

26. La clasificación de Viena continúa en vigor. Segúnella, la primera clase es la de los embajadores, la más altajerarquía en la representación diplomática de un país;junto con los embajadores deben clasificarse los legadosy nuncios, enviados del Soberano Pontífice y por lo comúnencargados de misiones de orden eclesiástico. En un prin-cipio, los ministros plenipotenciarios eran jefes de misionesextraordinarias y transitorias, y por esta razón seguíanen jerarquía a los embajadores; aún hoy conservan estesegundo lugar. Es objeto de consideración algo menor elministro residente, que, según Genet, " no representa lapersona del príncipe en su dignidad, sino únicamenteen sus intereses " 2 9 . Empero, Oppenheim tiene unaopinión algo distinta, pues dice:

" Los agentes diplomáticos de segunda clase, es decir,los ministros plenipotenciarios, enviados extraordi-narios, e internuncios apostólicos, no son consideradoscomo representantes personales del Jefe de Estado. Enconsecuencia no disfrutan de todos los honores especia-les reservados a los embajadores; no tienen el privi-legio de tratar directamente con el Jefe de Estado y nopueden solicitarle audiencia en cualquier momento.Pero aparte de eso, no hay diferencia entre las dos cate-gorías, salvo que los ministros plenipotenciarios notienen derecho al título de " Excelencia ", que se les daúnicamente por cortesía30.

Finalmente, conviene agregar las categorías de encargadosde negocios ordinarios, jefes de misiones regulares yencargados de negocios ad interim, que dirigen, por locomún provisionalmente, la misión diplomática durantela ausencia de su jefe o en caso de que éste sea retiradopor su gobierno, mientras no se designe un sucesor.

B. ESFUERZOS ENCAMINADOS A LA CODIFICACIÓN DELDERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE RELACIONES E

INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

1. OBSERVACIONES GENERALES

27. Las reglas relativas a las inmunidades diplomáticasson de naturaleza esencialmente consuetudinaria. Tienencomo fundamento la convicción de que la independenciaabsoluta del agente diplomático en relación con el sobe-rano ante el cual está acreditado es condición sine qua nondel cumplimiento de la misión que se le ha confiado. Deeste principio se deducen las diferentes inmunidades reco-nocidas a los representantes diplomáticos de los Estados.Algunas de ellas, como la inviolabilidad de la persona delagente y su residencia, son indiscutibles; otras han dadoy siguen a menudo dando origen a interpretaciones yaplicaciones diversas. Algunas leyes nacionales incorporantambién el principio de la immunidad y la inviolabilidadde los representantes diplomáticos extranjeros, como enel caso de la legislación francesa por el decreto del 13Ventoso, año II, relativo a los enviados de los gobiernosextranjeros31; de la legislación británica, la Act for pre-

serving the privileges of ambassadors and other publicministers of foreign princes and states, de 170832, y dela ley norteamericana del 30 de abril de 179033. Peroestas leyes, en cuanto interesan a los agentes diplomáticosextranjeros, no hacen más que incorporar a la legislaciónnacional algunas reglas generalmente aceptadas del dere-cho internacional.

28. No han faltado tentativas, tanto de carácter oficialcomo privado, de aclarar las reglas todavía contenciosasy codificar el conjunto del derecho internacional en lamateria. Se examinarán brevemente a continuación lostextos más importantes que son consecuencia de talesempeños.

2 . TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LAS RELACIONES

E INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS

a) Tratados bilaterales

29. Puede decirse en general que únicamente desde elsiglo pasado las inmunidades y privilegios diplomáticoshan sido objeto de disposiciones incluidas en los tratadosentre Estados. Dichas estipulaciones especiales se encuen-tran principalmente en los convenios concertados por lasnaciones latinoamericanas y los Estados del Cercano yExtremo Oriente con los Estados Unidos y los gobiernoseuropeos.

" Unos cien tratados, aproximadamente, contienenartículos relativos a los agentes diplomáticos los Esta-dos de la América Latina son partes en más o menosla mitad de ellos; los Estados del Cercano Oriente enuna cuarta parte y los Estados del Lejano Oriente enlos restantes. En casi todos los casos esos tratados hansido concertados ya sea con los Estados Unidos, ya seacon naciones europeas. Son pocos los convenios entrepaíses de Europa que contengan disposiciones relativasa los privilegios e inmunidades de los agentes diplo-máticos." 34

30. De estos tratados se deduce que los privilegios einmunidades de los diplomáticos extranjeros se concedensobre la base de la reciprocidad. Para citar sólo un ejem-plo, el tratado concertado en 1809 entre la Gran Bretañay Portugal contiene la disposición siguiente:

" Queda convenido entre Su Majestad Británica ySu Alteza Real el Príncipe Regente de Portugal que losembajadores, ministros y agentes acreditados de SuMajestad en la Corte de Su Alteza, y los embajadores,ministros y agentes acreditados de Su Alteza en la Cortede Su Majestad gozarán de los mismos favores, hono-res, inmunidades, privilegios y exoneraciones de im-puestos y derechos de aduana, comprometiéndose cadauno de ellos a extenderles en su Corte los mismosfavores que el otro les conceda en la suya." 35

31. La cláusula de la nación más favorecida figura ennumerosos convenios, como el tratado concertado en1809 entre Gran Bretaña y la Sublime Puerta; el tratadode amistad, comercio y navegación concertado en 1826entre la Gran Bretaña y México; los tratados negociadosen 1827 entre los Países Bajos y México; en 1828, entre

» Calvo, op. cit., pág. 187.18 Raoul Genet, op. cit., pág. 283.30 Oppenhe im, op. cit., pág. 696, párr . 366.31 A. H . Fe l le r a n d Manley O. Hudson, Eds. , Diplomatie and

Consular Regulations of Various Countries, Washington , D.C.,Carnegie Endowment for International Peace, 1933, pág. 536.

32 Ibid., págs . 211 y 212.33 Ibid., pág . 1340.34 Harvard Law School, Research in International Law, I. Di-

plomatic Privileges and Immunities, Cambridge, Mass., 1932, pág.26.

« Ibid., pág. 27.


los Países Bajos y el Brasil, y en 1829, entre los PaísesBajos y Colombia.

32. La Harvard Law School antes citada menciona enlas páginas 28 y 29 muchos de esos acuerdos, entre elloslos concertados en 1843 entre Francia y el Ecuador, cuyasestipulaciones sirvieron de modelo para varios tratadosconcertados entre Francia y otras repúblicas latinoameri-canas. El artículo XXVII de la convención francoecuato-riana dice:

" Queda formalmente convenido entre las dos altaspartes contratantes que, independientemente de las esti-pulaciones que anteceden, los agentes diplomáticos yconsulares . . . de uno de los dos Estados, gozarán depleno derecho en el otro, de las franquicias, privilegiose inmunidades cualesquiera que sean, concedidas o quese concedieren a favor de la nación más favorecida." 36

El tratado de comercio y amistad negociado entre Franciay Persia en 1855 contiene una cláusula por la cual se con-cedía a los diplomáticos de ambos países el tratamientode nación más favorecida, y se utilizó su texto cada vezque Persia concertó convenios de la misma naturaleza conlos Estados Unidos, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica,etc.37. Igualmente, el tratado concertado por China ySuecia contiene la siguiente disposición:

" Los representantes diplomáticos así acreditadosdisfrutarán de todos los provilegios, prerrogativas e in-munidades que les conceden los usos internacionales, yen todo respecto tendrán derecho al mismo tratamientoque los representantes de igual jerarquía de la naciónmás favorecida." 38

33. Otros tratados mencionan algunas ventajas espe-ciales, como en el caso del convenio concertado en 1858por los Estados Unidos y China, que autorizaba a losagentes diplomáticos norteamericanos a tratar en pie deigualdad con los funcionarios chinos, a visitar la capitalchina y a residir en ella 39.

34. Algunos convenios, por ejemplo el concertado en1858 por Francia y China, se limitan a enumerar de modogeneral las inmunidades de los agentes diplomáticos.

" Los agentes diplomáticos gozarán recíprocamenteen el lugar de su residencia de los privilegios e inmu-nidades que les concede el derecho de gentes; es decir,que su persona, su familia, su casa y su correspondenciaserán inviolables; que podrán tomar a su servicio losempleados, correos, intérpretes, servidores, etc., quenecesiten." 40

35. Mencionemos también, como ejemplo más reciente,el acuerdo provisional del 4 de julio de 1946 concertadopor los Estados Unidos y Filipinas relativo " a las rela-ciones amistosas entre ambos países y a su representacióndiplomática y consular." 41 El artículo III de este acuerdodispone que:

" Los representantes diplomáticos de cada una de laspartes contratantes gozarán en los territorios de laotra de los privilegios e inmunidades generalmenteaceptados por el derecho internacional..."

" Ibid., pág. 28, nota 2 al pie de la página." ¡bid., pág. 29.*> Ibid., pág. 31.39 Ibid., pág . 29.40 Ibid., pág . 30.41 Naciones Unidas , Recueil des traites, Vol. 6, 1947, pág. 86.

36. El examen de estos textos revela que muchos tra-tados, si bien mencionan las inmunidades diplomáticas,no las enumeran ni las definen; dan por supuesto quetodos conocen las reglas pertinentes y se limitan a refe-rirse a los principios generalmente aceptados del derechointernacional. También se desprende de las disposicionesque las inmunidades se conceden sobre una base de reci-procidad, lo que parece tener importancia capital en lamateria. La cláusula de la nación más favorecida apareceen ellas como una aplicación particular.

37. La cuestión de determinar cuáles son estas inmu-nidades y qué naturaleza jurídica tienen ha sido tratadamás a fondo en algunos acuerdos multilaterales vigentes,como la " Convención sobre Funcionarios Diplomáticos "aprobada en La Habana el 20 de febrero de 1928 y losproyectos de convenios propuestos por sociedades cientí-ficas, y en los estudios del Comité de Expertos de laSociedad de las Naciones. En las secciones siguientes seanalizarán algunos de estos proyectos y estudios.

b) Tratados multilaterales

38. La Research in International Lawi2 compruebaque la única reglamentación de carácter general referentea privilegios e inmunidades diplomáticas es la " Conven-ción sobre Funcionarios Diplomáticos " aprobada por laSexta Conferencia Internacional Americana y firmada enLa Habana el 20 de febrero de 1928 *3.

39. Las inmunidades diplomáticas propiamente dichasse mencionan en los artículos 14 a 24 de la Convención.Siguiendo este texto es posible establecer la lista de lasinmunidades en la siguiente forma:

a) Inviolabilidad de la persona6) Inviolabilidad de la residencia privada

u oficialInviolabilidad de los bienesLibertad de comunicación entre elagente diplomático y su gobierno

Artículo 16 e) Prohibición a los funcionarios o agentesjudiciales o administrativos del Estadodonde el funcionario o diplomático estáacreditado de entrar, sin su consenti-miento, en el domicilio de éste o en ellocal de la misión. (Esta es consecuenciadel principio de la " inviolabilidad " dela persona y del domicilio de los fun-cionarios diplomáticos.)

Artículo 18 /) Exención de impuestos personales, seannacionales o locales, de los impuestosterritoriales sobre el edificio de lamisión cuando pertenezca al gobiernorespectivo, de los derechos de aduanasobre los objetos destinados a uso oficialde la misión o al uso personal del fun-cionario, diplomático o de su familia

Artículo 19 g) Exención de toda jurisdicción civil ocriminal del Estado ante el cual seencuentran acreditados los agentes di-plomáticos. (Esta exención es tambiénconsecuencia de la " inviolabilidad " dela persona del diplomático.)

Artículo 14

Artículo 15c)d)

41 Harvard Law School, op. cit., pág. 26.43 Sociedad de las Naciones, Recueil des traites, Vol. CLV,

1934-1935, No. 3581.


40. Entre las inmunidades enumeradas en el párrafoanterior, todas aquellas que se refieren a la inviolabilidadde la persona del agente diplomático, de su residenciaoficial o privada, a la libertad de comunicarse con sugobierno, y entre las que se incluye también la exenciónde la jurisdicción civil y criminal del Estado ante el cualestá acreditado, son generalmente aceptadas por el dere-cho internacional y todos los gobiernos. Tampoco se dis-cute la exoneración de impuestos personales. En cambio,la exoneración de impuestos territoriales sobre el edificiode la misión, aun cuando dichos edificios pertenezcan algobierno representado, no ha dejado de suscitar contro-versias y dudas, y aunque se acostumbre a renunciar alcobro de derechos de aduana sobre los objetos destinadosal uso personal del funcionario o diplomático, o su fami-lia, este privilegio por lo general no se concede sino sobrela base de una reciprocidad estricta y a menudo portiempo limitado solamente.

41. El " Canje de notas que constituye un acuerdoentre los Estados Unidos de América y Polonia relativoa la concesión recíproca de privilegios aduaneros parael personal diplomático y consular " 4 4 , de octubre de1945, es bastante característico a este respecto. En élambos Gobiernos convienen, " conforme al principio dela reciprocidad ", en que su personal diplomático y con-sular se beneficie de la franquicia de aduanas para la im-portación de artículos destinados al uso personal.

3. LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

a) Reseña histórica

42. El 22 de septiembre de 1924, la quinta asambleade la Sociedad de las Naciones aprobó, sobre la base delinforme de su Primera Comisión, la siguiente resolu-ción: 45

' La Asamblea,

"Deseosa de aumentar la contribución de la Sociedadde las Naciones a la codificación progresiva del dere-cho internacional,

" Pide al Consejo:" Que convoque un comité de expertos que no sólo

reúnan personalmente las condiciones requeridas, sinoque en su totalidad representen las grandes formas decivilización y los principales sistemas jurídicos delmundo. Después de consultar eventualmente con lasinstituciones más autorizadas que se han dedicado alestudio del derecho internacional, y sin inmiscuirse enlas iniciativas oficiales tomadas por algunos Estadospor su cuenta, dicho Comité:

"1 ) Preparará una lista provisional de materias dederecho internacional cuya solución mediante acuerdointernacional parezca más conveniente y práctica;

" 2 ) Una vez que la Secretaría haya comunicadodicha lista a los gobiernos de los Estados Miembros yno miembros de la Sociedad de las Naciones para quecomuniquen sus observaciones, estudiará las respues-tas, y

" 3 ) Informará al Consejo acerca de las cuestionesque hayan alcanzado suficiente grado de madurez y del

procedimiento que podría seguirse en la organizaciónde conferencias eventuales para resolverlas."

El Comité previsto en esta resolución fue constituido pordecisión del 11 de diciembre de 1924 46. Dicho Comité sereunió en Ginebra en abril de 1925 y eligió provisional-mente 11 temas de derecho internacional cuya codificaciónpor vía de acuerdo internacional le parecía convenientey práctica a la vez. Nombró un subcomité encargado deestudiar cada una de esas materias. En su segundo períodode sesiones, celebrado en Ginebra en enero de 1926, ydespués de haber estudiado los informes presentados porel Subcomité, decidió enviar a los gobiernos un cuestio-nario sobre siete temas, uno de los cuales (cuestionarioNo. 3) se refería a las inmunidades y los privilegiosdiplomáticos. En su tercer período de sesiones, del 22 demarzo al 2 de abril de 1927, el Comité de Expertosestudió las respuestas a dichos cuestionarios y preparóuna lista de materias que habían alcanzado un grado demadurez suficiente para ser codificadas, entre las que figu-raban las inmunidades y los privilegios diplomáticos.

43. Sin embargo, la Asamblea, en su octavo período desesiones (sesión del 27 de septiembre de 1927), sóloretuvo tres de dichas materias: la nacionalidad, la res-ponsabilidad de los Estados y las aguas territoriales, conmiras a su codificación eventual en el curso de la primeraConferencia para codificación del derecho internacional47.En cuanto a las inmunidades y los privilegios diplomáticosla Asamblea decidió, conforme a las conclusiones del in-forme de su Primera Comisión, no retener este temaporque en opinión del Consejo, que la Primera Comisiónhabía adoptado, la concertación de un acuerdo universalen dicha materia le parecía difícil y no presentaba ajuicio suyo " suficiente interés para justificar su inclu-sión en el programa de la Conferencia prevista " 48.

44. En su tercer período de sesiones, del 22 de marzoal 2 de abril de 1927, el Comité de Expertos preparó,entre otras cosas, un cuestionario (No. 10) relativo a la" Revisión de la clasificación de los agentes diplomáticos ".

45. El Comité estudió las respuestas al cuestionario enel curso de su cuarto período de sesiones (junio de 1928).Su informe al Consejo de la Sociedad de las Nacionesdice:

" En cambio el Comité, si bien reconoce que en lapiayoría de las respuestas se recomienda incluir en elprograma la tercera cuestión antes mencionada49, haobservado que la opinión contraria es tan poderosacomo para que no pueda, por el momento, calificar depráctica la reglamentación internacional de esta mate-ria." 5 0

46. A pesar de esta postergación decidida por losórganos competentes de la Sociedad de las Naciones,parece útil estudiar más detenidamente los informes pre-parados por el Subcomité de Expertos en relación conlas prerrogativas e inmunidades diplomáticas y la clasifi-cación de los agentes diplomáticos.

44 Naciones Unidas, Recueil des traites, Vol. 15, 1948, No. 238.45 Soc iedad d e las Nac iones , V. Questions juridiques, 1927.V.1

(documento C.196.M.70.1927.V.), pág. 5.

48 Soc iedad de las Nac iones Journal officiel, 6 è m e a n n é e , No. 2,(febrero de 1925), pág. 143.

47 Id. , Supplément spécial n° 53 (octubre d e 1927), pág. 9.48 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.21

(documento A.105.1927.V), pág. 2.49 Esta cuestión se refiere a la " Revisión de la clasificación de

los agentes d ip lomát i cos" (cuestionario No. 10) .50 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1928.V.4

(documento A.15.1928.V), pág . 6.


b) Análisis de los trabajos del Subcomité

47. El Subcomité encargado de examinar la cuestiónde los privilegios e inmunidades diplomáticos estuvo inte-grado por el Sr. Diena, Relator, y el Sr. Mastny. Por laresolución aprobada por el Comité de Expertos el 8 deabril de 1925, se definió su misión de la siguiente manera :

" El Comité encarga a un subcomité que examinecuáles cuestiones relativas a las inmunidades y los pri-vilegios diplomáticos se prestarían a ser reglamentadasmediante una convención y qué disposiciones podríanrecomendarse en la materia." 51

i) La materia codificable

48. El Relator señala en su exposición, en primer lugar,que estaba de acuerdo con su colega " en reconocer quetoda la materia de las inmunidades y los privilegios diplo-máticos se presta a ser reglamentada mediante una con-vención " 58.Según el Sr. Diena, los principios fundamentales que serefieren a dicha materia son generalmente aceptados, y sibien respecto de algunos puntos particulares,

" . . . subsisten discrepancias a veces muy importantesen las legislaciones y en la jurisprudencia de un país yotro, esas discrepancias podrían desaparecer por com-pleto mediante un acuerdo internacional, ya sea colec-,tivo, ya resulte de una serie de convenios bilaterales ".53

ii) Método de trabajo adoptado

49. Los dos miembros del Subcomité reconocieron lanecesidad de:

" 1) Determinar lo más exactamente posible lasituación del derecho vigente.. . ;

" 2) Destacar las cuestiones contenciosas desde elpunto de vista tanto de la doctrina como de la práctica ;

"3) Indicar las soluciones dadas en los distintospaíses a estas cuestiones y cuál sería la solución másracional ;

" 4) Indicar, finalmente, las modificaciones y solu-ciones posibles que se podrían introducir en las reglasvigentes, teniendo siempre en cuenta incluso con espí-ritu de crítica, tanto el proyecto elaborado por el Insti-tuto de Derecho Internacional de Cambridge (1895),como las reglas incluidas en el proyecto de codificacióndel derecho internacional americano (2 de marzo de1925) del Instituto Americano de Derecho Interna-cional." 54

50. Al tratar de determinar la situación del derechovigente, se analizaron sucesivamente dos problemas: 1)¿Cuáles son las prerrogativas existentes?; 2) ¿Qué per-sonas se benefician de ellas ?

iii) La cuestión de la extraterritorialidad

51. El Sr. Diena no acepta la teoría según la cual losdiplomáticos gozan del derecho de extraterritorialidad queha sido incorporada en los artículos 7 a 10 de la reso-lución aprobada en 1895 por el Instituto de Derecho Inter-

nacional en su reunión de Cambridge 55, pero que rechazael artículo 23 del proyecto del Instituto Americano 56 aldecir :

" Ni la residencia particular del agente, ni la lega-ción, gozan del privilegio llamado de extraterritoria-lidad."52. En cambio, otro miembro del Subcomité, el Sr.

Mastny se muestra menos categórico. Prefiere atenerse a:" . . . la definición limitada de la extraterritorialidad

que da Strisower : " existe cuando algunas personas oalgunas partes de un territorio no se encuentran sujetas,a la jurisdicción territorial con respecto a determinadasrelaciones que, de conformidad con los principiosgenerales, deberían estar sujetas a esa jurisdicción,"

y conservar el término " extraterritorialidad " comosimple metáfora,

" . . . extraterritorialidad diplomática que sólo com-prenda algunas exenciones de la autoridad y el poderdel Estado en que se encuentra la residencia diplomá-tica . . . En cuanto a la extraterritorialidad en el sentidoestricto de la palabra, sólo se trata de exenciones deorden jurídico del Estado de que se trate, que siempredeben interpretarse de una manera limitada . . . " 57.53. Es sabido que casi toda la doctrina moderna sos-

tiene la misma opinión que el Sr, Diena y considera queel llamado principio de extraterritorialidad no puede ser-vir de fundamento teórico para las inmunidades quegozan los agentes diplomáticos.

iv) La inviolabilidad54. El segundo punto que retuvo la atención del Sub-

comité fue la inviolabilidad de los funcionarios diplomá-ticos en lo que atañe a su persona, su residencia oficial yprivada, su correspondencia y efectos personales, inviola-bilidad que los protege mientras dura su misión. Como setrata de un principio generalmente aceptado, el Sr. Dienaquiso determinar las excepciones a esta regla que serefieren (el Relator cita en este lugar la resolución delInstituto de Derecho Internacional aludida en el pá-rrafo 51) a los casos de legítima defensa, los peligros aque se expone voluntaria o innecesariamente un agentediplomático y los actos represibles cometidos por éste yque provocan, por parte del Estado ante el cual está acre-ditado el agente, medidas de defensa y precaución. El Rela-tor estima que las dos primeras excepciones se ajustan alos usos existentes, mientras que con respecto a la tercerapodrían surgir controversias, sobre todo en relación conlas medidas que las autoridades territoriales estaríanautorizadas a adoptar en casos de extrema urgencia.

55. El Sr. Mastny parece estar de acuerdo con el Rela-tor, pero considera " . . . difícil determinar satisfactoria-mente en qué casos no se podría invocar la inviolabili-dad . . . " 5 8 . Sea como fuere, pretende limitar todas lasinmunidades a los miembros del personal oficial de lamisión.

v) Inmunidades en materia de impuestos

56. El Relator opina que estas inmunidades no son

51 Ibid., V. Questions juridiques, 1927.V.1 (documento C.196.M.70.1927.V), pág. 78.

« Ibid.53 Ibid.64 Ibid.

55 Annuaire de l'Institut de droit international, Vol. XIV, 1895-1896, pág. 240. Tomo XIV, pág . 203.

56 H a r v a r d Law School, op. cit., pág . 170.57 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.I

(documento C.196.M.70.1927.V), págs . 86 y 87.58 Ibid., pág . 87.


estrictamente necesarias para el ejercicio de la funcióndiplomática y que se las admite sobre todo por razonesde cortesía internacional. Por ende, únicamente los acuer-dos bilaterales basados sobre la reciprocidad podránresolver satisfactoriamente las numerosas cuestiones quesuscita este privilegio. El Sr. Diena no excluye la posibi-lidad de un acuerdo colectivo, pero para ese caso le pareceque el texto de los artículos 9 y 11 de la resolución deCambridge del Instituto de Derecho Internacional ofrecenuna base suficiente 59, ya que esos artículos eximen a laresidencia del ministro del alojamiento de tropas y delpago de contribuciones que lo reemplacen; eximen a losagentes oficiales de la misión de todo impuesto personaldirecto, contribuciones suntuarias, impuesto generalsobre la fortuna (sea sobre el capital o sobre la renta),contribuciones extraordinarias de guerra y derechos deaduana sobre los efectos que sirvan para el uso personal,del funcionario o su familia.

57. El Sr. Mastny evoca las dificultades prácticas a quecontinuamente dan lugar las inmunidades fiscales. Esperaque se resolverán en conformidad con las " instruccionesinglesas ", descritas por Sir Ernest Satow, en su obraA Guide to Diplomatie Practice, que le parecen muyrazonables y pueden ser incluidas en un instrumento colec-tivo «o.

vi) Inmunidad de jurisdicción penal

58. El Relator insiste en el carácter absoluto que gene-ralmente se reconoce a esta inmunidad mientras dure lamisión. Considera que el principio está formulado adecua-damente en le artículo 25 del proyecto del InstitutoAmericano de Derecho Internacional « que dispone losiguiente:

"Los agentes diplomáticos están exentos de la juris-dicción civil o penal del Estado ante el cual están acre-ditados. Tanto en lo civil como en lo penal sólo puedenser llevados ante los tribunales de su propio país."59. En cambio, el Sr. Mastny e* opina que los artícu-

los 6, 12, 13, 15 y 16 del proyecto del Instituto deDerecho Internacional de Cambridge reflejan fielmente lacostumbre internacional en la materia. El artículo 6 definelos casos en que no se puede invocar la inviolabilidad:legítima defensa, peligros a que se expone el agente volun-taria o innecesariamente, y actos represibles cometidospor él; el artículo 12 consagra la exención absoluta dejurisdicción del ministro y su familia en el Estado anteel cual está acreditado y señala que sólo se les puededemandar ante los tribunales de su propio país; el ar-tículo 15 niega estas inmunidades a los agentes diplomá-ticos aue sean nacionales del país en que están acreditados,y el artículo 16 prohibe al Lente que invoque la inmu-nidad de jurisdicción cuando se trate de compromisoscontraídos con motivo de una profesión eiercida coniun-tamente con las funciones diplomáticas o de accionesreales o posesorias por bienes muebles o inmueblessituados en el país de residencia. Este artículo mantienela inmunidad de jurisdicción penal, inclusive cuando eldiplomático haya cometido actos contrarios al ordenmihlico o delito* contra la seguridad del Estado salvoel derecho de fate a tomar las medidas de protección

«» Ibid., pág. 80.o» Ibid., pág. 88.61 Véase supra, párr. 51 y nota 56.62 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág.

indicadas en el párrafo 3 del artículo 6 (poner al gobiernodel país del agente diplomático en conocimiento de loshechos, o pedirle que castigue o retire al funcionarioculpable y, en caso necesario, cercar la residencia de lamisión, a fin de impedir comunicaciones ilegales con elexterior o manifestaciones de la opinión pública).

vii) Inmunidad de la jurisdicción civil

60. En relación con este problema el Relator comparóel artículo 16, resumido en el párrafo anterior, delproyecto del Instituto de Derecho Internacional de Cam-bridge y el artículo 27 del proyecto del Instituto Ameri-cano de Derecho Internacional63 que niega la exenciónde la jurisdicción civil: 1) para las acciones reales o pose-sorias relativas contra los inmuebles de propiedad parti-cular del diplomático que se encuentre en el territoriodonde está acreditado el agente diplomático, siempre queno se trate del edificio de la misión o de la casa en quehabita el ministro; 2) para los contratos particulares queno se refieran a sus funciones cuando se convino expresa-mente en que su cumplimiento se efectuará en el país enque el diplomático ejerce sus funciones, o 3) cuandorenuncia con anuencia de su gobierno a esta prerrogativa.

61. El Sr. Diena señaló que los dos textos sólo seajustan a la práctica generalmente seguida en lo que serefiere a la exención en el caso de acciones reales y pose-sorias contra los inmuebles de propiedad particular. Ensu opinión, sin embargo:

" La solución más racional sería no distinguir entrelas acciones reales, según éstas tengan por objeto bienesmuebles o bienes inmuebles. La naturaleza del objetode la acción en nada cambia el carácter jurídico de laacción " 64.62. El Relator del Subcomité considera que conven-

dría negar la inmunidad en caso de obligaciones contraí-das en el ejercicio de una profesión ajena a la funcióndiplomática y en el caso citado No. 3 del artículo 27 delproyecto del Instituto Americano de Derecho Interna-cional, resumido en el párrafo 60, aunque indica que lajurisprudencia francesa no admite esta excepción. A esterespecto menciona una decisión de la Sala de lo civil delTribunal de Casación del 10 de enero de 1891, cuyos prin-cipios están resumidos en Clunet de la siguiente manera:

" 1. Los agentes diplomáticos de las Potenciasextranjeras no están sometidos, por regla general, a lajurisdicción de los tribunales franceses;

" 2. Como la incompetencia de los tribunales fran-ceses en esta materia se funda en la necesidad de inde-pendencia recíproca de los diferentes Estados y laspersonas encargadas de representarlos, cesa únicamenteen caso de que dichas personas acepten clara y regu-larmente la jurisdicción de esos mismos tribunales;

" 3. A falta de consentimiento de los agentes diplo-máticos, los tribunales franceses deben declararse in-competentes, inclusive en materia civil." 65

63. Clunet reproduce la exposición del abogado gene-ral Desjardins 66 que resume la teoría francesa en la mate-ria y cuyos puntos esenciales se examinarán en otra partedel presente documento.

63 Harvard Law School, op. cit., pág. 170.M Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 81.65 Edouard Clunet, Journal du droit international privé et de la

jurisprudence comparée, Vol. 18, 1891, pág. 137.68 Ibid., págs. 144 a 157.


64. En cuanto a la validez de la renuncia del agentediplomático a sus inmunidades de jurisdicción, el Relatordel Subcomité propone que se la acepte sine et simplici-ty tan pronto el interesado se haya sometido voluntaria-mente a la jurisdicción local, ya se trate del jefe de lamisión o de funcionarios subalternos. Asimismo, estimaque en los casos en que el agente diplomático se constituyeen demandante y se le responde con una reconvención,sería natural que no se hiciera excepción alguna en elderecho común, pues se presume que el agente diplomáticose ha sometido a la justicia del país.

65. Finalmente, el Sr. Diena comparte la opinión dela mayoría de los autores (doctrina también incluida enel artículo 17 del proyecto del Instituto de Derecho Inter-nacional de Cambridge y, en forma ligeramente diferente,en el artículo 28 del proyecto del Instituto Americano) deque los agentes diplomáticos no están obligados a com-parecer como testigos67.

66. El Sr. Mastny, aunque sin oponerse en principioa la limitación de la exención de la jurisdicción civil pro-puesta por el Relator del Subcomité, cree sin embargoque esa solución suscitaría algunas objeciones. Estas,debido a su importancia, se reproducen textualmente acontinuación :

" 1. La mayoría de las legislaciones nacionalesvigentes se muestran más favorables a la exención abso-luta (salvo, naturalmente, las excepciones generalmenteadmitidas, como las acciones reales, el comercio, etc.).Este es en particular el caso de la ley inglesa (7 Ana,capítulo 12, párrafos 3 a 6, del 21.I V. 1709), la legis-lación francesa (decreto del 13 ventoso, año II) y de laley de los Estados Unidos, que corresponde a la leyinglesa.

"2. El principio de la inmunidad total parece serhasta ahora la regla de la jurisprudencia francesa einglesa (fallos de la Corte de París del 12.VII.1867,21.1.1875, y de Lyon, II.XII.1883, Asunto MagdalenaSteam Navy Co. contra Martin, etc.).

" 3. La mayoría de los autores sostienen la doctrinafavorable a la inmunidad total; sin embargo, algunosde sus partidarios admiten que la interpretación y lapráctica liberal exageran a menudo el alcance de eseprivilegio y que se debería observar la reserva nece-saria.

" 4. Los proyectos de Cambridge (artículos 12-16)y de Washington (artículos 25-27) se han pronunciadoa favor de la inmunidad (sin embargo, véase el inciso 3del artículo 27).

" 5. Como esa inmunidad es una de las consecuen-cias inmediatas de la inviolabilidad, no cabe distinguirentre la persona oficial y la no oficial.

" El texto de esos artículos, tal como está reproducido en:Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 82, notas 1 y 2 al piede la página, es el siguiente: Artículo 17 del proyecto del Institutode Derecho Internacional : " Las personas que tienen inmunidad dejurisdicción pueden negarse a comparecer como testigos ante unajurisdicción territorial, pero deberán dar testimonio cuando leshaya sido solicitado por vía diplomática aunque sea en la propiaresidencia de la misión, ante el magistrado local que haya sidodesignado a ese efecto."

Artículo 28 del proyecto del Instituto Americano de DerechoInternacional : " El agente diplomático puede negarse a comparecercomo testigo ante los tribunales del país donde está acreditado.Cuando sea necesario que declare como testigo, el pedido se dili-genciará por escrito y por vía diplomática."

" 6. La analogía con la exención de la jurisdicciónpenal (que no se discute en su totalidad) exige unareglamentación uniforme (véase el proyecto de Cam-bridge).

" 7. Con frecuencia en la práctica es difícil discerniren qué calidad ha actuado la persona privilegiada y aveces hasta es imposible emitir una opinión sobre elcaso antes de conocer los detalles en el curso del pro-ceso.

" 8 . El principio del prestigio de los Estados exigeuna protección excepcional, sobre todo cuando se dis-cutieran ante los tribunales asuntos privados delicados(asuntos de familia, publicidad de los procedimientos,publicación en los diarios, etc.).

" 9. La doctrina opuesta a la inmunidad suponecondiciones ideales de civilización, un grado de pro-tección que aún en nuestra época no se ha logradouniversalmente, pues subsisten las discrepancias hastaen lo que atañe a las ideas fundamentales del ordensocial y los principios generales del derecho civil (dere-cho de propiedad). El Occidente, el Oriente.. . Es im-posible ignorar algunos acontecimientos muy recien-tes (China, Rusia).

" 10. El progreso técnico que permite las comuni-caciones inmediatas entre los Estados (por teléfono opor telégrafo) contribuye a que todo asunto puedaarreglarse rápidamente por vía diplomática " 68.

67. El Sr. Mastny considera posible obviar esas difi-cultades mediante la creación de una jurisdicción arbitraly un procedimiento de conciliación para los actos oficialesy privados de los agentes diplomáticos69. El tribunalarbitral estaría formado por el decano del cuerpo diplo-mático; dos especialistas, uno profesor de derecho inter-nacional y otro profesor de derecho civil; otro miembrodel cuerpo diplomático y un juez en lo civil. En primertérmino, el tribunal decidiría acerca del carácter oficial ono oficial del acto imputado; en la primera hipótesis, seenviaría el expediente al Ministerio de Relaciones Exte-riores para todos los efectos pertinentes; en caso con-trario, procedería el arbitraje, y si el agente interesado serehusase a aceptar el fallo arbitral, quedaría sometido a lajurisdicción interna del país de residencia. En cuanto ala comparecencia en juicio, el Sr. Mastny comparte laopinión sostenida por el Relator del Subcomité.

viii) Comienzo y fin de la misión

68. Ni el artículo 5 del proyecto del Instituto Ameri-cano de Derecho Internacional aprobado en Cambridge, niel artículo 29 del proyecto del Instituto Americano, ofre-cen, ajuicio del Sr. Diena, una solución satisfactoria alproblema. El artículo 5 afirma que la inviolabilidad delagente subsiste durante todo el tiempo que el funcionariodiplomático permanezca en el país a que ha sido enviadoy, en caso de guerra entre este país y el suyo, hasta queel agente haya podido retirarse de ese Estado junto conlos miembros de su personal y sus efectos. El artículo 29del proyecto del Instituto Americano dice:

" La inviolabilidad del agente diplomático, como suexención de la jurisdicción local, comienza en elmomento en que cruza la frontera del Estado en que

68 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 89.88 Ibid., págs. 89 y 90.


ejercerá sus funciones; termina cuando abandona eseterritorio."69. Contra esta fórmula el Sr. Diena formuló dos obje-

ciones: a) el carácter oficial del agente diplomático sólose establece mediante la presentación de las cartas cre-denciales; y b) no puede admitirse en forma absoluta ygeneral que la prerrogativa debe cesar con la partida delagente diplomático70.A ese respecto, el artículo 14 del proyecto de Cambridgedel Instituto de Derecho Internacional parecía expresaral Relator una verdadera norma de derecho positivo, puesdice:

" La inmunidad de jurisdicción continúa después delretiro de un agente diplomático, en cuanto a los actosrelacionados con el ejercicio de sus funciones. Conrespecto a otros actos, sólo puede ser invocada mien-tras duren sus funciones."70. ¿ Qué régimen legal se aplica a las obligaciones

contraídas por el agente antes de asumir sus funciones,si el acreedor exige su cumplimiento durante la misióndel deudor ? Del mismo modo que la Corte de Casaciónde París7 i , el Sr. Diena sostiene que el cumplimiento desemejante obligación no puede exigirse, en tales circuns-tancias, ante los tribunales del país en que está acredi-tado el diplomático.

71. El Sr. Mastny prefiere la fórmula del artículo 5del proyecto del Instituto Internacional de Cambridge ala del artículo 29 del proyecto del Instituto Americanode Derecho Internacional 72.

ix) Condición jurídica de los agentes diplomáticos en elterritorio de un tercer Estado

72. El Sr. Diena opina que en derecho positivo:" Los agentes diplomáticos sólo gozarán de sus pri-

vilegios en otros Estados mientras se dirijan al país desu misión o cuando regresen de éste." 73

mientras que el Sr. Mastny considera conveniente adoptarel sistema establecido en el párrafo 2 del artículo 29 delproyecto del Instituto Americano74, según el cual:

" El agente diplomático que al ir a tomar posesiónde su cargo o al regresar de su misión atraviese el terri-torio de una república americana o se encuentre acci-dentalmente en ella durante el ejercicio de sus funcio-nes, goza allí de la inmunidad de jurisdicción mencio-nada en los artículos precedentes."

El significado exacto de la frase " se encuentra acciden-talmente en ella durante el ejercicio de sus funciones "parece difícil de determinar, a juicio del Relator del Sub-comité.

x) i Quiénes tienen derecho a los privilegios diplomá-ticos ?

73. El Relator de la Subcomisión se declara a favorde la norma tradicional, según la cual " . . . los privilegiosdiplomáticos se extienden solamente a los jefes de misión,

•"> Ibid., pág. 82.71 Journal du Palais, París, Librairie du Recueil Sirey, 1921,

Bulletin des sommaires, première partie, pág. 121.72 El artículo 5 ha sido resumido y el artículo 29 reproducido

en el párrafo 68 supra.73 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 83 .74 Ha rva rd Law School, op. cit., pág. 171.

a los miembros de sus familias que vivan con ellos y atodo el personal oficial de la misión diplomática." 75

74. Recuerda las dificultades a que dieron lugar lasprerrogativas acordadas al personal no oficial y mencionótres doctrinas diferentes que se aplican en la práctica:

(a) La doctrina inglesa que se apoya en el estatuto de1708, tal como ha sido interpretada por la jurisprudenciabritánica, y conforme al cual toda persona al servicio deun agente diplomático, sin distinción de nacionalidad,goza de las inmunidades;

b) La doctrina sustentada en un fallo de la Corte deCasación de Roma, del 7 de noviembre de 1881, en virtudde la cual la inmunidad de jurisdicción sólo correspondea los agentes diplomáticos propiamente dichos, y

c) El sistema alemán que reconoce al personal nodiplomático agregado a la misión las inmunidades dejurisdicción, siempre que los interesados no tengan lanacionalidad alemana.

Esta última solución es la que se sigue más generalmenteen la práctica y ha sido incluida en la parte final delartículo 30 del proyecto del Instituto Americano quedice:

" La exención de la jurisdicción nacional se extiendea los empleados domésticos, pero si éstos son naturalesdel país de residencia, sólo gozarán de dicha exenciónmientras se encuentren en el edificio de la legación." 76

El Sr. Diena considera poco satisfactorio este texto, porlo demás análogo al del inciso 3 del artículo 2 del proyectodel Instituto de Derecho Internacional, porque el hechode que una persona se encuentre en la sede de la misiónno puede crearle una inmunidad particular; en efecto, sise adoptara esta solución, se establecería en favor de ellaun derecho de asilo disimulado. A lo sumo puede soste-nerse que esos empleados no diplomáticos se beneficiarán,como todo el mundo, de la inviolabilidad de la sede cuandose encuentren en su interior; pero esto no crea en favorde ellos ninguna inmunidad y entonces sería superfluo yerróneo dejarla entender en el texto de un acuerdo inter-nacional.

75. El Sr. Mastny se inclina a aceptar la proposicióndel Sr. Diena, reproducida al comienzo del párrafo 73supra, y destaca al propio tiempo su carácter innovadorporque, a su entender: " tanto las legislaciones nacionalescomo la práctica, aceptan generalmente que la inviolabili-dad se extienda también al personal no oficial." 77

76. La cuestión reviste actualmente gran importancia,tanto por el aumento del número de personas empleadasen las embajadas como por la asimilación del servicioconsular al servicio diplomático propiamente dicho, llevadaa efecto por algunos Estados.

xi) El cuestionario dirigido a los Estados

17. Después del informe del Subcomité, el Comité deExpertos dirigió el 29 de enero de 1926 a los Estadosmiembros de la Sociedad de las Naciones un cuestionario 78

cuyo texto se reproduce a continuación:

75 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 84.76 Harvard Law School, op. cit., pág. 171.77 Publ icaciones de la Sociedad de las Naciones, Société des

Nations, op. cit., pág. 8778 Ibid., págs. 76 y 77.


A. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS DIPLOMÁTICOSEN LA ACEPCIÓN TRADICIONAL DEL TERMINO Y DELAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE UNA LEGA-CIÓN

I. Alcance de esos privilegios e inmunidades, clasificadosen la forma siguiente:

1. Inviolabilidad adhérente:a) A las personas directamente interesadas;b) A los locales oficiales de la legación, comprendidos los

archivos;c) Al domicilio particular de los interesados;d) A la correspondencia;e) A los efectos de uso personal de los diplomáticos.2. Inmunidad de jurisdicción civil, administrativa o tributaria,

con todas las reservas y excepciones compatibles con el fin de lainmunidad.

3. Inmunidad de jurisdicción penal.4. Inmunidades en materia tributaria, incluso aduanera.Nota 1. La lista precedente consigna simplemente títulos para

facilitar su estudio. El Comité no propone que cada una de lascuestiones comprendidas en esos títulos debe necesariamente resol-verse mediante un convenio general. Esta reserva se aplica sobretodo a las exenciones tributarias, con respecto a las cuales parececonveniente dejar la solución de las cuestiones de detalle aacuerdos bilaterales; pero tal vez sea igualmente posible y conve-niente sentar algunos principios generales en un convenio multila-teral o universal.

Nota 2. A propósito de la "inviolabilidad", se podría debatir lacuestión de la existencia y, eventualmente, del alcance del derechoa otorgar asilo a las personas acusadas o procesadas penalmente.

Nota 3. En materia de inmunidad, sería conveniente estudiar silas inmunidades significan, y hasta qué punto, la exención enmateria de legislación social, especialmente en relación con losseguros sociales.

Nota 4. Con respecto a la inmunidad de jurisdicción, convendríaexaminar la situación de la persona privilegiada en cuanto estáeximida de la obligación de comparecer ante los tribunales comotestigo.

II. Personas que tienen derecho a los privilegios e inmunidades

Parece indiscutible que esta categoría de personas debe com-prender a los jefes de embajada y legación, como también alpersonal oficial exclusivamente dedicado a funciones diplomáticas,y que los privilegios e inmunidades se extienden a los miembrosde sus familias que vivan con ellos. Pero hay otras cuestionesconexas que convendría examinar y resolver.

1. En primer término se trata de saber si, a fin de evitar todoabuso o incertidumbre, el reconocimiento de los privilegios deberíasubordinarse a la condición de que los interesados figuren en unalista enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores del país deresidencia. Vinculada con esta última está la cuestión de saber siel gobierno tendría derecho a rechazar la lista o a aceptarla cono sin modificaciones, y los motivos en que ha de fundarse (porejemplo, debido al número manifiestamente exagerado de losfuncionarios incluidos en ella).

2. ¿En qué medida los agentes oficiales de un Estado extranjero,que estrictamente hablando no realizan funciones diplomáticas,pueden adquirir privilegios e inmunidades diplomáticos por estarincluidos en el personal de la legación? Se tiene aquí presente elcaso de categorías particulares de agregados, como algunos agrega-dos comerciales o encargados de cuestiones sociales o de otraíndole.

3. ¿Cuál es la situación del servicio doméstico de un- agentediplomático y del personal doméstico de una legación, es decir, losescribientes, porteros y otros empleados?

4. ¿En qué casos y hasta qué punto los privilegios e inmuni-dades diplomáticos pueden rehusarse a una persona que, en otras

circunstancias, tendría derecho a ellos: a) cuando es nacional delpaís interesado; o b) cuando teniendo ya domicilio en el país,ocupa una posición particular intermedia entre los extranjeros ylos nacionales?

5. En relación con algunas de las categorías antes mencionadas,será necesario estudiar los límites de los privilegios que, en cadacaso, corresponderían al interesado.

III. Duración de las inmunidades y los privilegios diplomáticos enrelación con: 1) La persona privilegiada; 2) Los locales yarchivos

Nota 1. El rubro 2 tiene presente el caso del destino que debedarse a los locales y archivos que ya no estén ocupados por unagente diplomático o confiados a su atención; esto puede ocurrir,por ejemplo, en caso de fallecimiento de un agente diplomático ocuando un Estado deja de reconocer y recibir representantes delgobierno de un Estado que ha instalado una legación en su terri-torio y cuyos locales y archivos no se dejan a cargo de una personacalificada que se haga responsable.

Nota 2. En caso de fallecimiento del agente diplomático, puedesuscitarse una cuestión análoga respecto de los miembros de sufamilia y del personal doméstico.

IV. Situación de un agente diplomático en el territorio de unEstado ante el cual no se encuentra acreditado y, particular-mente, durante un viaje en tránsito por dicho territorio

La parte B se refiere a los privilegios de los funcionarios de laSociedad de las Naciones.

78. Veintiocho gobiernos respondieron detalladamenteal cuestionario 79.

xii) Análisis de las respuestas de los gobiernos al cuestio-nario

79. El 26 de marzo de 1927, en la séptima sesión deltercer período de sesiones del Comité de Expertos, elSr. Diena analizó someramente las respuestas de losgobiernos al cuestionario reproducido en el párrafo 77supra80. Hizo presente que el Reino Unido no era parti-dario de la convocación a una conferencia internacional,pero añadió que de las 28 respuestas recibidas, 22 sepronunciaban a favor de ella.

80. Para conocer la opinión que tenían los gobiernosen esa época, se analizan brevemente a continuación lasobservaciones comunicadas al Comité de Expertos.

81. Dejemos constancia, en primer término, de que elReino Unido se limitaba a declarar que la cuestión, a sujuicio, " . . . no es de aquellas cuya solución mediante unacuerdo internacional sea actualmente práctica o conve-niente " 81, mientras que el Gobierno de Australia no seoponía a que se incluyera la cuestión en el programa deuna conferencia internacional 82.

82. Según el Gobierno de Alemania, " la exención detoda medida coercitiva que debe acordarse a los agentesdiplomáticos se extiende... a su persona y a todo lo queparezca necesario para el ejercicio de sus funciones . . . " 83.Entre las exenciones reconocidas a los diplomáticos men-ciona expresamente el " derecho de retención legal del

78 Ibid., pág . 127.80 Ibid., págs . 266 y 267.81 Ibid., pág . 145.82 Ibid., pág . 136.83 Ibid., pág . 132.

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arrendador " ; pero, en su opinión, el Estado deberíaquedar autorizado a adoptar las medidas de protecciónque considere indispensables en caso de legítima defensay para asegurar el orden público.

83. Estaba dispuesta a admitir excepciones a la inmu-nidad de jurisdicción civil en el caso de acciones " debidasa ocupaciones especiales, profesionales o comerciales ",inclusive las posesorias relativas a una propiedad in-mueble. La renuncia expresa o tácita del agente a lainmunidad de jurisdicción debería aceptarse, como tam-bién su derecho a negarse a declarar en juicio.

84. La cuestión de las exenciones tributarias deberíaresolverse mediante acuerdos bilaterales, del mismo modoque la exoneración de derechos de aduana concedida alos agentes diplomáticos.

85. Las inmunidades y los privilegios diplomáticoscorresponderían no sólo al jefe y a los miembros propia-mente dichos de la misión, sino al personal auxiliar deestos últimos, con excepción de los empleados domésticosde nacionalidad alemana.

86. La duración de las inmunidades debería resolverseen conformidad con los principios adoptados en los artícu-los 5 y 14 del Instituto de Derecho Internacional en sureunión de Cambridge 84 y en el artículo 29 del InstitutoAmericano de Derecho Internacional».

87. Por último, en lo que atañe a la situación de losagentes diplomáticos que cruzan un tercer Estado, elGobierno alemán se hallaba dispuesto a aceptar comoprincipio que deben respetarse los privilegios e inmuni-dades diplomáticos cuando el diplomático cruce el paísaludido para dirigirse al lugar de su misión o en viajede regreso.

88. El Brasilse formuló dos objeciones contra las pro-puestas del Sr. Diena:

a) Le era imposible aceptar el principio incorporadoen el párrafo 3 del artículo 27 del proyecto del InstitutoAmericano 87 [exclusión de la inmunidad con motivo decontratos concertados a título particular] porque, segúnel Gobierno del Brasil, en realidad se trataría de unarenuncia a las inmunidades que no puede depender de lavoluntad del agente;

b) El Gobierno del Brasil no consideraba necesarioextender la inmunidad de jurisdicción al servicio domés-tico, aunque debería aplicarse al personal auxiliar porqueconstituye el elemento administrativo de la representacióndiplomática.

89. El Gobierno de Dinamarca88 proponía la suspen-sión de los privilegios diplomáticos al agente que, ennombre propio o por cuenta de su gobierno, se ocupaseen asuntos comerciales; excluir de la exención tributarialos pagos correspondientes a prestaciones reales del Estadoo las municipalidades, y limitar el número de personaspara las que pueda solicitarse a los gobiernos que lasreconozcan en su calidad de diplomáticos.

90. Estonia89 comunicó observaciones detalladas, delas que conviene extraer los puntos siguientes:

84 Revue générale du droit international public, 1895, Vol. II,págs. 536 et seq., nota 1 al pie de la página.

85 Harvard Law School., op. cit., pág. 171.86 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 143.87 Harvard Law School, op. cit., pág. 170.88 P u b . de la Société des Nations, op. cit., pág. 151.89 Ibid., pág. 157.

a) Inviolabilidad: el Gobierno de Estonia hacía suya la solucióndada en el proyecto de Cambridge del Instituto de Derecho Inter-nacional, artículos 3 a 6 (protección de la persona del diplomáticocontra todo acto de violencia, etc., protección de todos los bienesindispensables para el desempeño de la function, continuación dela inviolabilidad durante toda la misión, casos en que la inviolabi-lidad no puede invocarse). Para definir los actos represibles quedeterminan la negación de la inmunidad (artículo 6 del proyectodel Instituto de Derecho Internacional), Estonia consideraba quelas normas de los artículos 5, 16 y 22 del proyecto del InstitutoAmericano los definía adecuadamente. (Artículo 5. Los diplomáti-cos deben ejercer su autoridad sin entrar en conflicto con las leyesdel país ante el cual están acreditados; el artículo 16 prohibe laintervención del diplomático extranjero en los asuntos internos oexternos del Estado en que ejerce sus funciones; el artículo 22señala la obligación de entregar a la autoridad local competenteque lo requiera al acusado o condenado por delito común).

b) Exención de la jurisdicción penal: Estonia aceptaba las pro-puestas del Relator del Subcomité.

c) Exención de la jurisdicción civil: misma actitud.

d) Renuncia de los privilegios: misma actitud.

e) Testimonio judicial: Estonia aceptaba la solución propuestaen el proyecto del Instituto de Derecho Internacional de Cam-bridge (obligación de dar testimonio en la sede de la Embajadaante un magistrado comisionado a ese efecto).

f) En cuanto a las personas a que deban reconocerse las inmu-nidades, Estonia opinaba como el Relator que sólo deberían serlos jefes de misión y los miembros del personal oficial.

g) El Gobierno de Estonia estimaba además que el número depersonas que gozan de exenciones tributarias podría legítimamenteser limitado por el gobierno interesado (respuesta a la parte II,pregunta 7 del cuestionario).

h) Asimismo, se inclinaba en favor de una definición precisa delas normas para determinar (parte II, pregunta 2 del cuestionario)hasta qué punto los agentes oficiales de un Estado extranjero queno están encargados en realidad de funciones diplomáticas puedentener privilegios diplomáticos por formar parte del personal de ladelegación.

i) En lo que atañe a la duración de los privilegios, Estoniaprefería que se la fijase de tal manera que los diplomáticos puedan,en tiempo de paz o de guerra, retirarse del país ante el cual estánacreditados. Además, ella adoptaría al respecto la fórmula delartículo 14 del proyecto del Instituto de Derecho Internacional deCambridge, que dice:

"La inmunidad de jurisdicción continúa después del retiro deun agente diplomático en cuanto a los actos relacionados conel ejercicio de sus funciones. Con respecto a otros actos, sólopuede ser invocada mientras duren esas funciones."

91. El Gobierno de Noruega 90 presentó algunas pro-puestas que se resumen a continuación:

Inviolabilidad de los domicilios y locales oficiales: lareglamentación prevista debería abarcar también todaslas cuestiones conexas, por ejemplo:

i) Servicios sanitarios;ii) Alquileres;

iii) Instalaciones eléctricas y radioeléctricas ;iv) Aplicación de las inmunidades a los diplomáticos

que habitan en la sede;v) Prohibiciones de importación establecidas por

razones sociales;vi) Inviolabilidad de los archivos;

vii) Exoneración de impuestos personales y reales.92. El Gobierno de Rumania 91 quería limitar en cierto

modo la totalidad de las inmunidades de jurisdicción90 Ibid., págs. 175 y 176.91 Ibid., pág. 200.


civil, particularmente en lo que se refiere al cumplimientode obligaciones contractuales independientes de los actosrealizados en ejercicio de la función diplomática. Asi-mismo, estimaba conveniente restringir el reconocimientode inmunidades al personal oficial de la misión y susfamilias. Las actas judiciales y extrajudiciales extendidaspor funcionarios ministeriales deberían poder notificarsea los diplomáticos por intermedio del Ministerio de Rela-ciones Exteriores del país ante el cual están acreditados.

,93. Si la ejecución de sentencias que hayan adquiridoautoridad de cosa juzgada no puede aceptarse en el inte-rior de la sede de la legación o de la residencia particulardel diplomático, el Gobierno rumano opinaba que debíaautorizarse en las estaciones, los muelles, almacenes ybancos del país en que el diplomático desempeña sumisión.

94. Del mismo modo, el Gobierno de Suecia estimaba 92

que convenía restringir la inmunidad de jurisdicción civilde los diplomáticos, pero no creía conveniente " limitara priori esas excepciones a las " acciones reales " y a las" acciones relativas al ejercicio de una profesión comer-cial "."

El Gobierno de Suecia también estaba dispuesto a estudiarla adopción de un procedimiento de conciliación o dearbitraje para los litigios de derecho privado en que inter-vengan diplomáticos. Por último, estaba de acuerdo conel informe del Subcomité en que las exoneraciones tribu-tarias, inclusive las franquicias aduaneras, no se prestana reglamentación detallada en un tratado colectivo.

95. Estimaba que las personas con derecho a inmuni-dades deberían figurar en una lista comunicada al Minis-terio de Relaciones Exteriores interesado y que éstedebería tener derecho de negarse " a aceptar un númeroevidentemente exagerado de funcionarios diplomáticos ",y a reconocer esa calidad a " . . . las personas cuya acti-vidad tenga un carácter esencialmente distinto del inhe-rente a la función diplomática ". Los privilegios diplomá-ticos deberían extenderse al personal administrativo, peroen cambio el Gobierno de Suecia quería excluir al "ser-vicio doméstico particular " de los diplomáticos.

96. Por último, respecto de los funcionarios auxiliaresque sean nacionales del país ante el cual está acreditadala misión, y que forman parte de ésta, Suecia sosteníaque se les debería reconocer inmunidad diplomática parasus actos oficiales y negársela para todo lo relacionadocon " su situación personal ".

97. Suiza 93 respondió muy detalladamente al cuestio-nario del Comité de Expertos. Tiene interés resumirsomeramente la opinión del Gobierno helvético:

a) Fundamento jurídico de las inmunidades diplomá-ticas: Suiza aceptaba la teoría " que fundamenta las in-munidades diplomáticas en la necesidad de asegurar laindependencia de los agentes diplomáticos y que, por lotanto, sólo las mantiene en la medida en que se justificancomo una necesidad de sus funciones ". Igualmente, pre-tende establecer una distinción entre los privilegios e in-munidades " derivados del derecho de gentes " y los " quesólo provienen de la comitas gentium ", normas de simplecortesía que no forman parte integrante del derecho.

b) Inviolabilidad de la persona: El Gobierno de Suiza

92 Ibid., págs. 234 y 235.93 Ibid., págs. 242 a 249.

reconoce que el agente diplomático debe ser respetado ensu persona física y moral, y que no debe oponerse obstácu-lo alguno a su libertad de movimiento. Menciona las dife-rencias existentes en las legislaciones nacionales en cuantoa la protección debida a los diplomáticos contra los actosde particulares. Criticaba el artículo 6 del reglamentoadoptado por el Instituto de Derecho Internacional en sureunión de Cambridge, que no distingue claramente entre" . . . los casos en que el agente diplomático no puede in-vocar las disposiciones que lo protegen contra los agravioso los malos tratos, y los casos, mucho más graves, en loscuales hasta sería posible privar de libertad al ministropúblico . . . "

c) Inviolabilidad de los locales de la misión: El Go-bierno helvético estaba dispuesto a inspirarse en el ar-tículo 9 del Reglamento del Instituto de Derecho Interna-cional que prohibe a los agentes del gobierno entrar enla sede de la misión sin el consentimiento del ministro;pero quería que se determinara en qué casos sería ad-misible ese ingreso sin autorización previa ; por otra parte,la inviolabilidad de la sede no debería afectar " la con-dición de las personas que en ella habitan o entran ".

d) Inviolabilidad de la correspondencia: El Gobiernode Suiza creía posible admitir que el gobierno interesadopueda proceder a abrir un sobre sospechoso en presenciade un miembro de la misión diplomática en caso de evi-dente abuso del correo diplomático.

e) Inviolabilidad de los bienes: Suiza estaba de acuer-do en que el país de residencia excluyera del procedi-miento de apremio los bienes indispensables al agentediplomático para el ejercicio de su misión. En todo caso,destacaba la importancia de " evitar la confusión . . . entrela inviolabilidad de los bienes y la inmunidad jurisdic-cional de su propietario."

/) Domicilio y legislación aplicable: El Gobierno deSuiza, sin contestar directamente la pregunta, señalabaque, a su juicio, sería muy importante resolver este pro-blema en una u otra forma debido a las consecuenciasque dimanan de los actos jurídicos del agente en relacióncon el derecho penal aplicable, la nacionalidad de losniños nacidos en el país de residencia del diplomático ola facultad de éste de invocar sus privilegios, etc.

g) Inmunidad de jurisdicción civil: Suiza quería ate-nerse estrictamente al principio según el cual el agentediplomático no responde personalmente por sus actos decarácter oficial, y opinaba que debería llegarse a unacuerdo sobre la cuestión de la renuncia a la inmunidadde jurisdicción civil y sus consecuencias.

h) Inmunidad de jurisdicción penal: Esta inmunidad,generalmente aceptada, no presentaba dificultades al Go-bierno de Suiza, salvo en lo que se refiere quizás a larenuncia, que debería estudiarse atentamente.

i) Declaración en juicio: Según el Gobierno helvético,sería conveniente estudiar más a fondo si es necesarioconceder al agente diplomático el derecho de negarse acomparecer como testigo en cualquiera circunstancia.

j) Exenciones tributarias: El Gobierno de la Confede-ración se preguntaba si éste es un privilegio de ordenjurídico o simplemente prerrogativas de cortesía. No creíaque la exoneración fuera indispensable para el ejerciciode la función, pero por estar vinculada con la comitasgentium, el uso general la consagra. En cualquier caso, leparecía conveniente precisar su alcance.


k) Personas que gozan de inmunidades diplomáticas:En opinión del Gobierno de Suiza, sería oportuno intro-ducir más uniformidad en las prácticas a este respecto.Ese Gobierno reconoce la plenitud de las inmunidades aljefe de la misión; la inviolabilidad personal, inclusive lainmunidad de jurisdicción y la exención tributaria, a laspersonas siguientes:

i) Los miembros de la familia del agente que vivancon él y no ejerzan una profesión;

ii) Los miembros del personal diplomático y susfamilias, y también el jefe de la cancillería;

iii) La servidumbre particular del jefe de la misión;iv) El resto del personal goza de inmunidad tributaria;v) Únicamente al jefe de la misión se reconoce la

franquicia propiamente dicha en materia de adu-ana para todos sus efectos de uso personal y losde su familia; a los demás miembros, para susefectos de primera instalación solamente.

1) Duración de la misión: Según el Gobierno deSuiza, las inmunidades se reconocen desde el momento enque el diplomático cruza la frontera del país ante elcual está acreditado y, una vez terminada la misión,subsisten hasta que pueda salir del territorio.

m) El diplomático que se encuentra en el territorio deun tercer Estado: El Gobierno helvético estimaba que elreconocimiento de las inmunidades diplomáticas al agenteen tránsito oficial está justificado por razones poderosas.

n) Otras personas con derecho a inmunidades diplo-máticas: El Gobierno de Suiza incluía en esta categoría alos " . . . agentes exteriores que . . . sin credenciales per-manentes, tienen sin embargo carácter diplomático . . . "Dicho Gobierno consideraba necesario determinar a quéagentes debería reconocerse el carácter diplomático.

98. Checoeslovaquia94 hizo las indicaciones que seresumen a continuación:

a) La inviolabilidad de la sede o de la residenciaprivada no comprende el derecho de asilo;

b) El inmueble de la legación está sujeto a los regla-mentos de policía;

c) La exención de la obligación de comparecer comotestigo debería limitarse a los asuntos inherentes al ejer-cicio de las funciones diplomáticas;

d) La inmunidad de jurisdicción penal no deberíaimpedir a los tribunales que adoptaran, en caso urgente,las medidas precautorias indispensables;

e) Las exenciones tributarias deberían reglamentarsemediante acuerdos bilaterales;

/) La situación de los agentes que no tienen funcionesdiplomáticas propiamente dichas debería ser objeto, encada caso, de un examen especial;

g) El personal de secretaría sólo gozaría de las in-munidades indispensables para el ejercicio de las fun-ciones del propio agente diplomático;

h) Las inmunidades y los privilegios diplomáticos de-berían reconocerse asimismo al agente que sea nacionaldel país ante el cual está acreditado;

i) En cuanto a la duración de las funciones diplomá-ticas, Checoeslovaquia hacía suyas las siguientes pro-puestas aprobadas por el Instituto de Derecho Interna-

94 Ibid., pág. 254.

cional en Cambridge (artículo 14): "La inmunidad dejudisdicción continuaría después del retiro de un agentediplomático en cuanto a los actos relacionados con elejercicio de sus funciones. Con respecto a otros actos, sólopuede ser invocada mientras duren esas funciones ".

xiii) Algunas conclusiones

99. El análisis de los trabajos de la Sociedad de lasNaciones en materia de codificación de las inmunidadesy los privilegios diplomáticos permite concluir que enton-ces la mayoría de los Estados consideraban posible y con-veniente codificar las normas que deben regir las rela-ciones e inmunidades diplomáticas. De las 28 respuestasrecibidas, únicamente las de los Gobiernos del ReinoUnido y de la India eran francamente desfavorables a laconclusión de un acuerdo e insistían en que no era opor-tuno someter el problema a una conferencia internacional.

100. El Subcomité y los gobiernos que respondieronal cuestionario estimaban que la teoría de la " extrate-rritorialidad " no podía considerarse como fundamentoteórico de las inmunidades diplomáticas. Aparentemente,la mayoría de las opiniones prefería la doctrina que lasexplica por las necesidades de la función y, particular-mente, la necesidad de asegurar al agente diplomático lalibertad requerida para el buen desempeño de su cometido.

101. También los pareceres fueron bastante unánimesen cuanto a las inmunidades que se consideran indispen-sables para el ejercicio de la función. Se relacionan conla inviolabilidad de la persona del agente, la inviolabilidadde sus residencias oficiales y privadas, la exención de lajurisdicción penal del país en que está acreditado, y laexención de la jurisdicción civil, que sólo se extiende alos actos del agente diplomático en ejercicio de sus fun-ciones y no a otros que tengan por objeto operaciones deíndole particular. Sin embargo, ni en el informe del Sub-comité, ni en las respuestas de los gobiernos, aparece uncriterio jurídico que permita distinguir entre los actosoficiales y los no oficiales, ni se designa la autoridad en-cargada de dirimir, en caso necesario, la controversiaentre el agente diplomático y los que quisieran impugnarel carácter oficial de algunos de sus actos. En realidad, elSr. Mastny propuso la constitución de un órgano de con-ciliación y arbitraje, pero cabe preguntarse si los parti-culares estarían dispuestos a acatar esa jurisdicción ex-cepcional, cuya creación, por otra parte, no parece entu-siasmar a los gobiernos.

102. No se formuló ninguna objeción seria contra elderecho del agente diplomático a negarse a comparecercomo testigo, pero algunos gobiernos parecían dispuestosa defender la solución contenida en el artículo 17 delproyecto del Instituto de Derecho Internacional, queimpone al funcionario interesado la obligación de dartestimonio, en la sede de la misión, ante el magistradolocal delegado a ese efecto.

103. Finalmente, por lo que se refiere a la exención deimpuestos directos y derechos de aduana, la mayoría delos Estados que analizaron en sus respuestas este asuntoconsideraban que no formaba parte de las inmunidadesimpuestas erga omnes por el derecho internacional, sinoque era más bien una de aquellas prerrogativas de cor-tesía extendidas por casi todos los Estados, que deberíanser objeto de acuerdos bilaterales y no de un conveniomultilateral.

104. Esta coincidencia general en cuanto a los prin-


cipios que rigen en la materia, pero que no resuelvealgunas discrepancias en cuestiones de detalle a vecesbastante importantes, se observará también en los proyec-tos de convención elaborados por sociedades científicaso autores eminentes, algunos de los cuales serán exami-nados en la sección siguiente del presente capítulo despuésde un análisis de los trabajos del Comité de Expertosreferentes a la clasificación de los agentes diplomáticos.

xiv) Clasificación de los agentes diplomáticos

105. En su tercer período de sesiones, celebrado enmarzo y abril de 1927, el Comité de Expertos decidióincluir en sus trabajos las cuestiones siguientes:

" ¿ Conviene revisar la clasificación de los agentesdiplomáticos establecida en los congresos de Viena yAquisgrán ? En caso afirmativo, ¿ en qué medida debenuniformarse las actuales categorías de agentes diplo-máticos y, mientras subsisten las diferencias actuales,cabe reconocer a todos los Estados el derecho de deter-minar a su arbitrio la categoría en que sus agentesserán colocados ? " 95

106. Se adoptó esta decisión después del informe pre-sentado al Comité de Expertos por un subcomité com-puesto del Sr. Guerrero, Relator, y el Sr. Mastny. Con-viene analizar las conclusiones de dicho informe.

107. En primer término, el documento señala que lasclasificaciones de Viena y Aquisgrán habían sido inspi-radas primordialmente por el deseo " de asegurar mayorjerarquía a los representantes de las grandes Potencias" 96

y que el supuesto carácter representativo que el artículo 2del reglamento de Viena atribuye solamente a los embaja-dores, legados o nuncios, ni siquiera existía entonces ni,con mayor razón, existe en el momento actual cuando" el soberano ya no es la testa coronada que se sitúa enel escalón más alto del poder supremo " . . .

" Hay igualdad y analogía absolutas entre las creden-ciales extendidas a los embajadores y las extendidas alos ministros plenipotenciarios . . . Por esto, ya no hayrazón alguna para clasificar a los embajadores en unacategoría superior a la de los ministros " 97.108. Dicha opinión, compartida por gran parte de la

doctrina citada en el informe del Subcomité, le indujo aproponer 4 que se :

" incluya en la misma categoría y con la misma de-signación tanto a los embajadores, legados o nuncios,como a los enviados o ministros plenipotenciarios, losministros residentes inclusive " »«.109. En cambio los encargados de negocios, a juicio

del Subcomité, deberían seguir formando una categoríaaparte " . . . porque se acreditan mediante una carta de suministro de Relaciones Exteriores al del país en que van aejercer sus funciones." 99

110. En resumen, el Subcomité, por las razones ex-puestas en su informe, prefería como título común paradesignar a los representantes diplomáticos de las tres pri-

meras categorías, el de embajador, " . . . porque el deministro público o ministro plenipotenciario podría inter-pretarse como una especie de descenso para los actualesembajadores . . . " 10°.

111. No parece oportuno analizar aquí en detalle lasrespuestas de los gobiernos relativas a la clasificación delos agentes diplomáticos101 y bastará con dejar cons-tancia de que el Comité de Expertos en su segundo in-forme al Consejo de la Sociedad de las Naciones, apro-bado en su cuarto período de sesiones (junio de 1928),informe que se ocupa en las cuestiones que parecíanmaduras para una reglamentación internacional, dice losiguiente :

" En cambio, aunque advirtiendo que la inclusiónen el programa de la tercera cuestión arriba mencionada[la revisión de la clasificación de los agentes diplo-máticos] ha sido recomendada en la mayoría de lasrespuestas recibidas, considera que la opinión contrariatiene tanta fuerza que el Comité no cree posible, porahora, una reglamentación internacional de esta ma-teria." 102

112. El Comité de Expertos había recibido 27 res-puestas 103 de las cuales sólo 12 eran francamente afir-mativas 104, mientras que cuatro Estados no respondieronni en uno ni en otro sentido. Once Estados, entre ellos elImperio británico, los Estados Unidos de América, Fran-cia, Alemania y Bélgica, dieron una respuesta negativa,lo que explica sin duda la recomendación antes citada delComité de Expertos. Tal vez convenga mencionar una delas razones invocadas por el Gobierno de Bélgica parafundar su actitud negativa:

" El Gobierno de Bélgica . . . estima que la clasifica-ción establecida en el artículo I° del Protocolo deViena debería subsistir. En efecto, la categoría deembajador responde a una necesidad en las principalescapitales; se justifica, además, por el deseo que tienenalgunos Estados de poner en evidencia, dando másbrillo a sus relaciones diplomáticas, los vínculos es-peciales que los unen . . ." 105.

4 . TRABAJOS PARTICULARES RELATIVOS A LA CODIFICACIÓN

DE LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES E INMUNIDADES

DIPLOMÁTICAS

a) Observaciones preliminares

113. Al examinarse los trabajos emprendidos bajo losauspicios de la Sociedad de las Naciones en un intento decodificación del derecho internacional en materia de re-laciones e inmunidades diplomáticas, se han mencionadofrecuentemente las principales disposiciones del proyectode convención adoptado en la reunión de Cambridge(1895) por el Instituto de Derecho Internacional, así comoel proyecto elaborado en 1925 por el Instituto Americanode Derecho Internacional, porque estos textos fueron uti-lizados en gran parte por los miembros del Subcomité dela Sociedad de las Naciones. Por consiguiente, no será

95 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.S(documento C.203.M.77.1927.V), pág. 1.

98 El texto de esos reglamentos se reproduce en los párrafos 22y 24 de la presente memoria.

97 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.8(documento C.203.M.77.1927.V), pág. 3.

98 Ibid., pág. 4.99 Ibid.

100 Ibid.101 Ibid., V. Questions juridiques, 1928.V.4 (documento A.15.

128.V), págs. 58 a 87.102 Ibid., pág. 6.103 Ibid., pág. 57.104 Ibid., pág. 9 1 .105 Ibid., pág. 6 1 .


necesario volver a resumirlos aquí. La presente sección selimitará, pues, a comentar otros proyectos de convenciónelaborados por tratadistas en organizaciones no guber-namentales.

b) Proyecto de código de Bluntschli, 1868 106

114. Este proyecto de código está dividido en capítulosque tratan respectivamente de " La extraterritorialidad ",el " Comienzo de la misión diplomática ", los " Derechosy obligaciones personales de los enviados " y el " Cesede la misión diplomática ".

115. Como lo indica el título del capítulo primero,Bluntschli considera la teoría de la extraterritorialidadcomo el fundamento jurídico de las inmunidades, perosólo como una ficción jurídica " para asegurar la inde-pendencia . . . de las personas que representan a un Estadoo país extranjero " (artículo 135). Deduce las consecuen-cias siguientes:

1) La persona que se beneficia de la extraterritorialidadno está sujeta a las leyes, inclusive los reglamentos depolicía, del Estado ante el cual está acreditada; peroestá obligada a respetar la independencia y la se-guridad de dicho Estado y a no violar los reglamen-tos de policía (arts. 136-137) ;

2) Está exenta de impuestos y demás tributos; pero encaso de usar un servicio público, está obligada asatisfacer los derechos que se exigen a los usuariosdel mismo (art. 138) ;

3) Goza de inmunidad judicial en materia civil, si bien,excepcionalmente, puede quedar sujeta a esta juris-dicción respecto de las acciones reales en caso deejercer una profesión ajena a sus funciones diplo-máticas, o cuando el propio interesado renuncia asu inmunidad. Sin embargo, la ejecución de las de-cisiones judiciales sólo podrá hacerse sobre losbienes personales del condenado (arts. 139-140);

4) El diplomático no está sujeto a la jurisdicción penal(art. 141);

5) Se admite contra el agente el derecho de legítimadefensa (art. 144) ;

6) La familia, los empleados y las personas que acom-pañan al agente diplomático gozan de las mismas in-munidades que éste (art. 145), quien puede, sinembargo, renunciar a esas inmunidades, poniendo aestas personas a disposición de las autoridades judi-ciales del país de residencia (art. 149) ;

7) Las inmunidades se extienden a la sede de la em-bajada, pero no a los inmuebles que son bienes pri-vados del agente (art. 150);

8) La misión comienza cuando se aceptan las cartascredenciales; pero aun antes de su presentación elenviado que demuestra su carácter de tal tiene de-recho a consideraciones especiales como representantede un Estado extranjero (art. 186) ;

9) Bajo el título " Derechos y obligaciones personales delos enviados ", Bluntschli menciona su inviolabilidad(art. 191), que no subsiste, sin embargo, cuando elagente se expone voluntariamente a peligros inútiles(art. 193), pero se extiende a sus archivos (art. 194).En cuanto a sus obligaciones, el enviado no debe" prestar su residencia para maniobras dirigidas

contra el Estado ante el cual está acreditado (art.202);

10) El Estado que lo ha recibido puede solicitar el retirodel agente si éste viola la ley penal; cuando laviolación sea cometida por una persona que formaparte de la misión diplomática, debe el agente hacerlas gestiones del caso para que el inculpado quedea disposición de los tribunales y reciba el castigo quecorresponda (arts. 210, 211 y 212);

11) El proyecto de código enumera bajo el título " Cesede la misión diplomática " las diversas causas reco-nocidas en esta materia, y prescribe en el artículo239 que:" Los Estados deben en todos los casos, aun en el

de declaración de guerra, procurar que el diplo-mático que se retira pueda abandonar el territoriodel país con toda seguridad."

c) El proyecto de Fiore, 1890 lm

116. Este proyecto, aún más detallado que el anterior,admite igualmente el principio de la extraterritorialidadcomo fundamento teórico de las inmunidades diplomá-ticas. Se menciona en la parte que trata de las personasy cosas comprendidas en dicho principio. Un capítuloespecial está dedicado a las causas que pueden motivar lapérdida de la extraterritorialidad. Según los artículos 363y 366 del proyecto, están incluidos en este privilegio lasoficinas y los archivos de las misiones diplomáticas yconsulares, así como las residencias particulares de losagentes diplomáticos; esto significa que las autoridadesdel país de residencia no pueden penetrar en ellos. Laspersonas comprendidas en la extraterritorialidad son losagentes diplomáticos y (art. 471) "las personas agre-gadas a la legación, que ejercen funciones públicas y hansido oficialmente reconocidas en ese carácter por el go-bierno del territorio en que se encuentra la legación . . ."En cambio, el código (art. 474) sólo reconoce a la fami-lia del agente diplomático los derechos y prerrogativasque se le deben en virtud de la alta dignidad de que estáinvestido el ministro, jefe de la familia.

117. ¿ Cuáles son estos derechos y privilegios que sederivan de la " extraterritorialidad " y la inviolabilidaddel agente diplomático ? En primer lugar (art. 343), elagente está exento de la jurisdicción territorial, salvorespecto de los actos que no guardan relación alguna consus funciones oficiales. Está exento de toda inspección desus equipajes y cajones que lleven el sello de su go-bierno; no tiene la obligación de pagar derechos deaduana, impuestos personales o empréstitos obligatorios(art. 453). Asimismo, aunque sobre una base de recipro-cidad, debe quedar exento del pago de impuestos deguerra, de las requisiciones y en general de las cargasimpuestas a los extranjeros (art. 454). Su correspondenciaes inviolable (art. 463) y no se le puede hacer responsablede actos cumplidos en el ejercicio de sus funciones (art.465). Sin embargo, el agente puede ser privado de estosderechos y privilegios si abusa de ellos o infringe lasleyes territoriales (art. 376).

118. Cuando el agente se dirige a la sede de su misióndiplomática o regresa de ella pasando a través del terri-torio de un tercer Estado, éste, si ha autorizado el trán-sito, deberá respetar el carácter diplomático del interesado,

106 Harvard Law School, op. cit., págs. 144 a 153.107 Harvard Law School, op. cit., págs. 153 a 162.


reconociéndole los privilegios correspondientes (art.476). Por último, el agente está obligado a abstenerse detoda intervención ante las autoridades administrativas yjudiciales, aunque sea para defender los intereses de losnacionales de su país (art. 482). En caso de cesar en sumisión, se le deberá conceder un plazo razonable pararegresar a su país, durante el cual seguirá gozando detodos sus privilegios.

d) Proyecto de código de Pessoa, 1911 108

119. Este proyecto, dividido en tres secciones que res-pectivamente se refieren a los "agentes diplomáticos "las " inmunidades de los agentes diplomáticos " y la" suspensión y fin de la misión diplomática ", propone,además de las normas usuales, varias soluciones para pro-blemas todavía no resueltos definitivamente por el de-recho internacional.

120. El artículo 125 proclama el principio de la " in-violabilidad " del agente diplomático ; inviolabilidad quecubre, según el artículo 126, todas " las clases de agentesdiplomáticos " y todo el personal de la legación, así comosus efectos, papeles y archivos. Esta solución parece quedebe aplicarse también a los empleados encargados ex-clusivamente de funciones administrativas. Esto se des-prende, por interpretación a contrario sensu, del últimopárrafo del artículo 126, que sólo confiere inviolabilidaddentro del edificio de la legación a los funcionarios quesean nacionales del Estado ante el cual la misión estáacreditada si ellos no forman parte del personal oficial.

121. La inviolabilidad debe cubrir igualmente a losmiembros de una misión diplomática en tránsito por elterritorio de un tercer Estado (art. 129). Ella no puedeinvocarse en caso de legítima defensa de un individuocontra un miembro de la misión, cuando éste se exponevoluntariamente y sin necesidad a ciertos riesgos; ocuando comete actos de tal gravedad que el Estado deresidencia deba adoptar medidas de defensa o de precau-ción (art. 128).

122. Otros artículos precisan detalladamente lo quedebe entenderse por " inviolabilidad ". Esta se extiende ala residencia del ministro, a la que ningún agente de lasautoridades administrativas y judiciales puede entras,estando asimismo exenta de requisiciones militares e im-puestos conexos (arts. 132 y 133). Además, todos losagentes diplomáticos están exentos de impuestos persona-les, impuestos sobre los muebles, contribuciones de guerray del pago de derechos de aduana por sus efectos de usopersonal (arts. 135 y 136). Estas personas gozan igual-mente de inmunidad de jurisdicción civil y penal sin poderrenunciar (art. 142) a esta última, y esta inmunidad sub-siste, inclusive después del cese de sus funciones, respectode los actos ejecutados en el ejercicio de las mismas (arts.136 y 137). No se extiende sin embargo a los miembrosde la misión que sean nacionales del Estado ante el cualestá acreditada (art. 138), y no se la puede invocar(art. 139) : 1) respecto de las obligaciones contraídaspor el agente en el ejercicio de una profesión ajena a sufunción diplomática en el Estado de residencia, o de unaactividad industrial y comercial ejercida en el mismo te-rritorio; 2) respecto de las acciones reales o posesoriasrelativas a bienes muebles o inmuebles situadas en elterritorio, pero que no se refieren a la residencia del

ministro, sus dependencias y accesorios; 3) en caso derenuncia a la inmunidad; 4) con motivo de acciones re-sultantes de su calidad de heredero o legatario de unnacional del Estado de residencia; 5) respecto de lasacciones fundadas en contratos concertados en un tercerEstado cuando, ya sea por estipulación expresa, ya sea porla naturaleza de la acción, la ejecución del contrato puedeser demandada en dicho Estado; 6) respecto de las ac-ciones de daños y perjuicios por delitos o cuasi delitos.El agente no está obligado a comparecer en justicia comotestigo, pero cuando se solicite su testimonio por víadiplomática, podrá darlo en la sede de la legación (art.141).

123. Las inmunidades rigen desde el momento en queel agente cruza la frontera (art. 144) y continúan despuésde terminada la misión por un tiempo suficiente quepermita al funcionario diplomático abandonar el territoriodel Estado en que ejercía sus funciones (art. 146).

e) Proyecto de la Comisión Internacionalde Jurisconsultos Americanos 109

124. Este proyecto, luego de resumir en sus seccionesI, II, III y IV lo que debe entenderse por " jefe demisión ", "personal de la legación ", " agentes especia-les " y " deberes y obligaciones de los agentes diplomá-ticos ", contiene en su sección V una descripción de lasinmunidades que corresponde con lo dicho en d) supra.El artículo 27 del proyecto contiene una enumeración delos casos en que la inmunidad no puede invocarse, y ellaes idéntica a la que figura en el proyecto de Pessoa.

f ) Proyecto de código de Phillimore 110

125. Este proyecto de código, presentado por LordPhillimore al Instituto de Derecho Internacional en oca-sión de su 34a. Conferencia m , enumera a partir de suartículo 20 las inmunidades generalmente reconocidas.Son ellas la inviolabilidad de la correspondencia del mi-nistro, la exención de los derechos de aduana, la in-munidad de jurisdicción, el derecho de no comparecer enjusticia como testigo, la inviolabilidad de la residencia,la inmunidad relativa al personal oficial, a la familia y alos miembros de la servidumbre, etc.; pero conviene men-cionar que, según este proyecto, el diplomático no puedeinvocar la inmunidad ante los tribunales cuando actúa encalidad de demandante y tampoco respecto de los bienesinmuebles que posea a título privado en el Estado de resi-dencia, ni respecto de las obligaciones que resulten de unaprobable actividad comercial.

126. Los artículos 29 y 30 confieren inmunidad diplo-mática a los " miembros del séquito personal del agentediplomático y del séquito personal de los integrantes de lacomitiva oficial que sean nacionales del Estado donde lamisión está acreditada ", en tanto que tal privilegio no sereconoce a la misma categoría de personas si no sonnacionales del Estado aludido.

g) Proyecto de código de Strupp, 1926 112

127. El proyecto trata de las inmunidades diplomáticas

108 Harvard Law School, op. cit., apéndice 4, págs. 164 a 168.

109 Harvard Law School, op. cit., págs. 171 a 174.110 Ibid., op. cit., págs. 177-180.111 International Law Association, Report of the Thirty-Fourth

Conference, Londres, Sweet and Maxwell, Ltd., 1927, pág. 399.112 Harvard Law School, op. cit., págs. 181 a 184.


propiamente dichas en los artículos X a XIX. El artículoX las explica " por la necesidad de facilitar a los enviadosextranjeros el cumplimiento de sus funciones..." y deeste fundamento teórico el autor extrae en el artículo XIIcomo consecuencia que " por ser toda inmunidad unaderogación de la independencia del Estado contra el cualse invoca, debe interpretarse restrictivamente, sin admitirninguna analogía ", regla que corresponde con la tenden-cia claramente expresada por el Relator del Subcomité delComité de Expertos de la Sociedad de las Naciones, yaprobada en principio por su colega el Sr. Mastny.

128. Por lo demás, este proyecto de código abarca losmismos temas que los anteriormente analizados. Convienesin embargo mencionar que, según el artículo XVIII," los miembros de una misión diplomática extranjera notienen prerrogativas judiciales en un tercer Estado ".

h) Proyecto de código de la seccional japonesa de laAsociación de Derecho Internacional y de la Kokusaiho

Gakkwai, 1926 " »

129. El proyecto enumera las inmunidades que habi-tualmente se reconocen a los diplomáticos, sus familiasrespectivas y los miembros de su séquito. Conviene hacerhincapié en el inciso 2 del párrafo 6 del artículo 1, segúnel cual la exención de los impuestos y derechos de aduana,así como la tributación sobre los inmuebles utilizados porel agente a título personal, deberán regirse por las prác-ticas vigentes o bien por las normas dictadas por la cor-tesía internacional.

i) Resolución del Instituto de DerechoInternacional, 1929 114

130. El Instituto de Derecho Internacional adoptó ensu reunión de Nueva York (1929) una resolución por laque se modificaba el reglamento de Cambridge de 1895,considerando que éste no correspondía " enteramente conla evolución reciente del derecho internacional en estamateria ". Conviene resumir sus disposiciones más im-portantes.

131. Contrariamente al reglamento de Cambridge, quefundaba las inmunidades diplomáticas en la ficción de laextraterritorialidad (arts. 7 a 10), la mencionada resolu-ción las acepta para los agentes diplomáticos " en interésde sus funciones " (art. 1). Las inmunidades se reconocenal jefe de la misión, a los miembros de ésta oficialmentereconocidos como tales y a las personas oficialmente alservicio de esos funcionarios, siempre que no sean nacio-nales del Estado ante el cual la misión está acreditada "(art. 2). El artículo 6 enumera cuatro inmunidades quepor derecho corresponden a las personas mencionadas enel artículo 2: inviolabilidad personal; inviolabilidad deledificio de la legación; inmunidad de jurisdicción; exen-ción de impuestos. La inviolabilidad personal comprendela de la residencia del jefe de la misión (art. 8) y de todootro lugar en que se aloje, aunque sea momentáneamente.

132. La inmunidad de jurisdicción no puede ser in-vocada en los casos previstos anteriormente al considerarlos otros proyectos de código (acciones reales, reconven-ción, actividad profesional ejercida aparte de las funcionesdiplomáticas (arts. 12 y 13) ) ; no se reconoce tal inmu-

nidad a los agentes que son nacionales del país en el cualestán acreditados (art. 15); pero sí rige respecto de losactos ejecutados en cumplimiento de las funciones diplo-máticas (art. 16). El agente, en caso de haber sido re-querido por vía diplomática, podrá dar su testimonio enla sede la misión (art. 17) ; la exención de impuestossólo se aplica a los impuestos directos, " con excepción delos que le correspondería pagar en razón de sus propieda-des inmuebles o sus actividades personales " ; pero debepagar derechos de aduana, salvo respecto de los efectos deuso personal del interesado (art. 18). Por último, el ar-tículo 9 establece que los miembros oficiales de las mi-siones y los miembros de sus familias que vivan con ellosconservan su domicilio anterior y, según el artículo 10,queda prohibido imponer a los hijos de agentes diplo-máticos nacidos en el país donde éstos ejercen sus fun-ciones la nacionalidad que la ley del lugar les atribuiríajure soli.

j) Proyecto de la Harvard Research relativo a lasinmunidades y los privilegios diplomáticos 115

133. Queda por examinar el importante proyecto pu-blicado en 1932 por la Harvard Research in InternationalLaw, con comentarios de cada artículo y tomando en con-sideración los trabajos que ya se han resumido en el cursodel presente estudio, inclusive los del Comité de Expertosde la Sociedad de las Naciones.

134. El proyecto se divide en seis secciones que se re-fieren, respectivamente, a la definición de los términosempleados, los problemas relativos a los locales y archivos,la selección y el relevo de los miembros de la misión, lascomunicaciones y el tránsito, los privilegios personales ylas inmunidades y, por último, a la interpretación deltratado.

135. En los párrafos siguientes se resumen especial-mente aquellas disposiciones que contienen, en relacióncon los proyectos ya examinados, soluciones no previstaso diferentes de las ya propuestas.

136. Merecen retener la atención las definiciones quese citan a continuación:

"1 ) Es "miembro de una misión" toda personaautorizada por el Estado que la envía a participar en elcumplimiento de las funciones diplomáticas de la mi-sion.

"2 ) Es " Jefe de misión " el miembro de ésta queestá facultado por el Estado que la envía a actuar encalidad de tal."

"3) El "personal administrativo" se compone depersonas empleadas por el Estado que envía la misiónpara el servicio administrativo de ésta."

" 4) El " personal doméstico " se compone de laspersonas que trabajan en el servicio doméstico de lamisión o de alguno de sus miembros.""5 ) Una " misión " consiste en una persona o enun grupo de personas enviadas oficialmente (publicly)por un Estado a otro Estado con vistas al cumplimientode funciones diplomáticas."137. En el comentario 116 se explica el carácter pura-

mente formal de esta última definición porque no existealgún criterio objetivo que permita distinguir claramente

113 Ibid., op. cit., págs. 185 y 186, e International Law Associ-ation, op. cit., pág. 378.

114 Harvard Law School, op. cit., págs. 186 y 187." s Ibid., op cit., págs. 19-143.119 Ibid., pág. 43.


una misión diplomática de otras misiones oficiales, enrazón de la amplitud cada vez mayor de las actividadesque se confían a las misiones diplomáticas y a organismosque antes no existían, a los cuales los Estados confíanciertas tareas en territorio extranjero.

138. Los artículos 2 a 8 del proyecto se refieren a lacuestión de los locales y archivos. Conviene señalar queel artículo 2 impone al Estado en el cual la misión estáacreditada la obligación de permitir al Estado represen-tado la adquisición de los inmuebles necesarios para elcumplimiento de las funciones de que la misión está en-cargada, así como la disposición de ellos de acuerdo conlas leyes vigentes. En el comentario m se justifica estaregla afirmándose que actualmente el funcionamiento nor-mal de los servicios diplomáticos requiere disponer demedios materiales apropiados. Sin embargo, el Estadointeresado no adquiere la soberanía imperium sobreel inmueble aludido, sino solamente la propiedad domi-nium 118.

139. El artículo 3 del proyecto, que garantiza la in-violabilidad de los locales diplomáticos, está redactado ental forma que resulta superfluo recurrir a la ficción de laextraterritorialidad, e inclusive a conceptos como el de la" inviolabilidad ", que los autores del proyecto estimanpoco feliz y, en todo caso, de tal naturaleza como parainducir en error 119.

140. El artículo 4 establece que los bienes muebles einmuebles de propiedad del Estado que envía la misiónestán exentos de impuestos nacionales y municipales. Tam-bién prohibe toda medida de ejecución contra tales pro-piedades. En el comentario se señala ™ que el Estado deresidencia no tiene ninguna obligación jurídica de otorgartambién la exención respecto de los impuestos percibidospor servicios prestados; sin embargo, como el Estadoextranjero tiene inmunidad de jurisdicción con respectoa las propiedades afectadas a las misiones diplomáticas,resulta de hecho imposible recaudar tales impuestos.Parece improbable que pueda imponerse válidamente so-bre tales inmuebles un derecho de retención o embargo(Ken).

141. Los artículos 5 a 7 se refieren, respectivamente,a la protección de los locales y archivos, al asilo y a laprotección de los locales y archivos de una misión diplo-mática que ha cesado.

142. El artículo 8, que figura en el capítulo relativo ala designación y al retiro de los miembros de una misióndiplomática y su personal, prohibe en su parte final elenvío, en calidad de agente diplomático, de un nacionaldel Estado ante el cual la misión está acreditada, sin elconsentimiento de éste. Los autores opinan que estanorma, que concuerda con el artículo 7 de la Convenciónde La Habana, está en consonancia con el derecho inter-nacional vigente « * .

143. Los artículos 9 a 13, que se refieren a la designa-ción del jefe de misión, del personal administrativo y delservicio doméstico, a la lista diplomática, al relevo de losmiembros de la misión y a las personas no gratas, norequieren comentario.

117 Ibid., op. cit., pág. 49.118 Ibid., pág. 50.119 Ibid., pág. 52.120 Ibid., pág. 58.121 Ibid., pág. 70.

144. Asimismo, el artículo 14 (Sección IV. Comuni-caciones y tránsito), que se ocupa en la libertad decomunicaciones, no hace sino dar expresión al derechovigente. El artículo 15, en cambio, parece menos pre-ciso que los proyectos analizados anteriormente. Esta-blece, como una obligación del tercer Estado, que debanatravesar los miembros de una misión diplomática aldirigirse a su lugar de destino o al regresar a éste, queconceda a esos agentes los privilegios e inmunidadesnecesarios para facilitarles el tránsito " siempre que esetercer Estado haya reconocido el gobierno de que dependeel agente y haya sido informado de su calidad de tal ".El artículo no define ni enumera esos " privilegios e in-munidades necesarios ", y en vez de resolver la incerti-dumbre que subsiste al respecto, más bien la acentúa.Los autores del proyecto mencionan las discrepancias quese advierten en la doctrina con respecto a este problema,y citan en los comentarios algunas de las opiniones ex-presadas 122. Las decisiones judiciales que también sereproducen brevemente, parecen ser igualmente vaci-lantes en cuanto a la solución que debe darse a este pro-blema. Los autores del proyecto consideran sin em-bargo 123 que la redacción por ellos propuesta basta paragarantizar la "libertad de mantener relaciones internacio-nales por medio de agentes diplomáticos ", lo que inte-resa a todos los miembros de la colectividad internacional.Los aludidos derechos sólo se reconocen, por otra parte,a los agentes de tránsito y no a los que prolongan por unau otra razón su estada más tiempo que el necesario paraatravesar el país.

145. Los privilegios e inmunidades personales pro-piamente dichos se exponen en la sección V del proyecto.El artículo 16 fija la fecha a partir de la cual el agentegoza de esas inmunidades, estipulando que éstas entranen vigor en el momento en que el interesado llega alrespecto a esta última categoría de funcionarios elel agente ya se encuentra en dicho territorio, a partir deldía en que llega a ser miembro de una misión diplomá-tica acreditada en dicho territorio. Sin embargo, conrespecto a esta última categoría de functionarios elproyecto no resuelve la dificultad, como tampoco lohacen, por otra parte, los proyectos examinados ante-riormente. En efecto, éste no precisa en que momento elfuncionario aludido se convierte jurídicamente en miem-bro de la misión, si en el de su nombramiento, en el de lanotificación de dicho nombramiento al Estado en queejercerá sus funciones, o en la fecha en que este Estadoconsidera que es persona grata.

146. El artículo 17 protege " al miembro de unamisión y su familia de todo atentado contra su seguridad,tranquilidad y dignidad". Bajo esta fórmula general, laobligación no parece mayor que la que incumbe al Estadorespecto de todos los extranjeros que se encuentran legal-mente en su territorio. En efecto, en el comentario124

se insiste en que no parece, ni con arreglo a las legisla-ciones nacionales ni a los diversos proyectos ya estu-diados, que la obligación de los Estados de concederprotección especial a los agentes diplomáticos en misiónoficial sea una norma generalmente adoptada en derechointernacional. Pero en caso de necesidad esa protecciónespecial puede ser indispensable para evitar que las rela-

122 Ibid., págs . 85 a 87.123 Ibid., pág . 88.124 Ibid., págs. 89 a 97.


ciones entre los dos gobiernos interesados se enturbieninútilmente.

147. El artículo 18 refleja el estado actual del derecho.Deja constancia de que el agente no puede ser consideradoresponsable por el Estado ante el cual está acreditado delos actos ejecutados en el ejercicio de sus funcionesoficiales. Asimismo, el artículo 19, referente a la inmu-nidad y jurisdicción de los miembros de la misión y susfamilias, refleja el estado actual del derecho. En elcomentario ™, donde se exponen detalladamente las dis-posiciones de muchas legislaciones nacionales, así comolas reglas que derivan de ciertas decisiones judicialessobre la inmunidad de jurisdicción, se mencionan sinembargo dos fallos de la Corte de Casación de Roma queno reconocen la inmunidad en materia civil, salvo res-pecto de los actos ejecutados por el agente diplomáticoen el ejercicio de sus funciones oficiales. En el mismocomentario se destaca que dichas decisiones judicialesdieron luear a una protesta del cuerpo diplomático acre-ditado ante el Gobierno de Roma. Por intermedio de sudecano el Embalador de Francia presentó al Ministro deRelaciones Exteriores una nota que establece el derechointernacional vigente:

" En este fallo — dice el Embajador de Francia —la Corte Suprema de Roma ha sentado el principio deq u e . . . la inmunidad diplomática queda limitada sola-mente a los casos en que los agentes diplomáticosactúan en su carácter oficial, como representantes desus respectivos gobiernos. Esta decisión es contrariaa la norma comúnmente admitida Jiasta _ei presente,y seguida en la práctica por todos los Estados. Segúnella, los agentes diplomáticos están exentos, en prin-cipio, de la jurisdicción no solamente penal, sino tam-bién civil, en los países en que están acreditados . . . " ™

Según el mismo comentario, el Tribunal de Roma, en unfallo pronunciado en 1927' rectificó esta jurisprudenciaateniéndose a la norma citada « 7 . En el comentario sereproduce asimismo un fallo de la Corte de Lvon 128 auereconoce que:

" . . . la inmunidad absoluta de jurisdicción en mate-ria civil existe en favor de toda persona que, en unau otra forma, esté investida de carácter oficial comorepresentante de un gobierno extranjero ".148. El artículo 20, contrariamente a una opinión muy

generalizada, hace obligatoria la exención de los diplo-máticos del pago de derechos de aduana establecidos yasea sobre la importación, ya sea sobre la exportación, delos efectos destinados a uso oficial de la misión o al usopersonal de sus miembros o de las familias de éstos.

149. En el comentario129 se señala que un examende las legislaciones nacionales no revela que exista enderecho internacional " un mínimo irreductible " de talesexenciones. Se trataría más bien de un privilegio decortesía concedido a menudo sobre una base de recipro-cidad, que de una obligación impuesta a los Estados porel derecho internacional.

150. El artículo 21 establece el derecho de los Estadosde impedir a los miembros de una misión diplomática la

importación de objetos prohibidos por las leyes generales,así como la exportación de algunos artículos en las mis-mas condiciones.

151. El artículo 22 enumera los impuestos y contri-buciones nacionales o municipales cuyo pago no se puedeexigir al funcionario diplomático. Son ellos:

a) Las contribuciones personales;b) El impuesto sobre el sueldo;c) El impuesto sobre la renta recibida de fuentes

situadas fuera del país en que el agente está acreditado;d) El impuesto sobre los bienes muebles, salvo que

éstos estén afectados a un negocio o profesión particular;e) El impuesto sobre los inmuebles utilizados ya sea

como residencia del diplomático, ya sea para los fines dela misión.

152. En el comentario 130 se considera que estas exen-ciones son dictadas por la cortesía internacional y no poruna regla de derecho positivo. Se admite que la redacciónpropuesta no impide la constitución de un derecho deretención o embargo (lien) 131 pero este derecho, en razónde la inmunidad de jurisdicción del diplomático, nopuede adquirir fuerza ejecutoria mientras el agente sigasiendo propietario del inmueble.

153. El artículo 23 tiende a limitar la inmunidad dejurisdicción del personal administrativo de la misión; elEstado ante el cual la misión está acreditada conserva suautoridad sobre estas personas, pero debe ejercerla de talforma que evite toda ingerencia injustificada (undueinterference) en los asuntos de la misión.

154. En el comentario 132 se insiste en que el artículono refleja el estado actual del derecho internacional, sinoque es más bien de lege ferenda conforme a los usosmodernos y la opinión de los gobiernos, la mayoría delos cuales parecen inclinarse a interpretar restrictivamentelos privilegios concedidos a los miembros de dicho per-sonal administrativo.

155. El artículo 24 trata de resolver la cuestión delas actividades no oficiales del agente diplomático, esti-pulando que el Estado ante el cual el diplomático ejercesus funciones oficiales puede prohibirle el ejercicio detales actividades particulares (párr. 1). El Estado puede,por otra parte, negarse a conceder al interesado las in-munidades y los privilegios diplomáticos con respecto deactos ejecutados en el ejercicio de una profesión parti-cular.

156. En el comentario se indica que el párrafo 2, quese acaba de resumir, no está de acuerdo con el derechoexistente, el cual garantiza la inmunidad de jurisdiccióncon respecto de todos los actos, ya sean particulares uoficiales. Pero los autores del proyecto estiman que existendudas en cuanto a la inmunidad de jurisdicción del agenteen los casos en que éste ejerza una profesión particularo una actividad comercial, dudas que serían suficientes,

125 Ibid., p á g s . 104-105.126 Ibid., pág. 105.127 Ibid., pág. 105.128 Ibid., pág. 106.129 Ibid., pág. 108.

130 Ibid., pág. 115.131 En el derecho común inglés lien es el derecho de una persona

en posesión de una cosa cuya propiedad corresponde a otra, pararetener dicha cosa hasta que sea satisfecha alguna deuda o reivin-dicación relacionada con la misma. El droit de rétention en derechofrancés equivale al lien inglés y constituye un privilegio o underecho de prioridad. En algunos países el lien del derecho comúninglés se ha hecho extensivo por ley a los casos de falta de pagode impuestos.

w í Harvard Law School, op. cit., pág. 119.


según dichos autores, para justificar la disposición delpárrafo 2 del artículo 24.

157. El artículo 25 se ocupa en la inmunidad de juris-dicción cuando el agente diplomático se constituye endemandante y prescribe que, en este caso, el Estadoretiene jurisdicción en todo lo referente al proceso alu-dido; sin embargo, salvo que el agente renuncie expresa-mente a sus privilegios, no podrá tomarse ninguna medidade ejecución contra su persona o sus bienes. Esta dis-posición concuerda, según los autores del proyecto, conel derecho internacional vigente.

158. La cuestión de la renuncia a las inmunidades estáresuelta en el artículo 26 del proyecto. En el caso deljefe de la misión, se requiere que la renuncia sea confir-mada por una declaración del gobierno interesado; paralos demás miembros de la misión, basta el consentimientode su jefe.

159. En el comentario se expresa que la disposiciónasí formulada corresponde a las exigencias del derechointernacional en la materia. Cabe preguntarse sin embargosi una renuncia expresa o tácita del jefe de la misión nodebe ser considerada necesaria y suficiente en todoslos casos, puesto que puede suponerse que un funcionariode tan alta categoría sólo actuará después de estar segurodel consentimiento del gobierno que representa oficial-mente.

160. La doctrina parece unánime, por otra parte, enlo que respecta a la prohibición de toda medida deejecución contra el agente diplomático.

161. Los artículos 27 y 28, que respectivamente serefieren a la extradición y a la nacionalidad de los hijosnacidos en el territorio del país en que la misión estáacreditada (nacionalidad que ni siquiera se les podráimponer en los países en que se adquiere jure soli) ; norequieren ningún comentario.

162. En cuanto al cese de las inmunidades y los pri-vilegios diplomáticos, el artículo 29 declara el derechoexistente al establecer que el Estado ante el cual el agenteestá acreditado debe conceder a éste un plazo suficienteque le permita abandonar el territorio con su familia, yque durante ese plazo dichas personas gozarán de todossus privilegios e inmunidades.

163. En el comentario « » se resume la teoría jurídicaque ha servido de base a los autores del proyecto pararedactar el artículo 29, indicándose lo siguiente:1) Los agentes diplomáticos gozan de inmunidad de juris-

dicción en el Estado en que están acreditados, respectode sus actos oficiales;

2) En cuanto a los actos de carácter privado, la inmu-nidad de jurisdicción solamente se concede para ase-gurar el cumplimiento sin trabas de la misión diplo-mática, pero con respecto a los mismos el agente quedasujeto, en cuanto al fondo, a la ley del país;

3) Por consiguiente, la inmunidad relativa a los actosde carácter privado cesa cuando el agente abandonael país en que está acreditado;

4) En lo que respecta a los actos oficiales, la inmunidades tanto de fondo como de jurisdicción, no pudiendoaplicarse la ley del país en que la misión está acredi-tada a los actos cumplidos por otro Estado en sucalidad de persona pública. Se trata, pues, de una in-competencia ralione materiae;

133 Ibid., pág. 137.

5) En consecuencia, la inmunidad relativa a esos actosoficiales subsiste una vez terminadas las funcionesdiplomáticas del agente, porque dicha inmunidad noes personal, sino del Estado que aquél representa.

164. Los artículos 30 y 31 del proyecto, que respec-tivamente se refieren al fallecimiento de un agente diplo-mático y a un procedimiento de arbitraje en caso de con-flictos sobre la interpretación de la convención, no re-quieren comentarios en esta parte del estudio.

k) Algunas conclusiones

165. Conviene poner fin a este examen sucinto de lostrabajos emprendidos en materia de privilegios e inmu-nidades diplomáticos, señalando que existe una notableunidad de criterio en cuanto a la necesidad de derogar,en favor de los agentes diplomáticos, el derecho comúnde los Estados ante los cuales dichos agentes están acre-ditados. Ya se trate de la " inviolabilidad " de su personao sus bienes; de las inmunidades jurisdiccionales de quegozan; de su derecho a mantener libremente correspon-dencia con su gobierno; de la necesidad de proteger elsecreto de esta correspondencia y los archivos; de losprivilegios de cortesía que, aparte de las inmunidades,les reconoce la práctica internacional; de las inmunidadesque deben concederse a su familia, el acuerdo de la doc-trina sobre todos esos puntos parece unánime y está, porlo demás, ratificado por varios fallos judiciales impor-tantes.

166. Las discrepancias no se refieren tanto al prin-cipio de la inmunidad como a su extensión. Para sólomencionar algunas, se refieren por ejemplo a la cuestiónde saber si el agente diplomático está cubierto en materiacivil por la inmunidad de jurisdicción respecto de losactos ejecutados a título particular y no en ejercicio desus funciones; si las exenciones fiscales deben compren-der el edificio de la embajada, y, sobre todo, los in-muebles de propiedad particular del agente en el paísdonde está acreditado ; y, por último, a los privilegios queun tercer Estado debe reconocer al agente al pasar por suterritorio, ya sea para dirigirse a ocupar su cargo, o pararegresar a su país de origen.

167. En otro capítulo del presente estudio, luego deun breve resumen de las teorías jurídicas más frecuente-mente invocadas para justificar las inmunidades que sereconocen a los diplomáticos, se examinarán las discre-pancias más importantes y las soluciones dadas en algunosfallos judiciales.

CAPITULO II

Relaciones diplomáticas y fundamento teórico delas inmunidades diplomáticas. Examen de algunos

aspectos particulares del problema

A. LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

1 . OBSERVACIONES GENERALES: EL DERECHO DE LEGACIÓN

168. La resolución 685 (VII) de la Asamblea Generalde las Naciones Unidas, cuyo texto se reproduce en elpárrafo 11 de esta memoria, pide a la Comisión deDerecho Internacional que dé prioridad a la codificacióndel tema " Relaciones e inmunidades diplomáticas ".Parece útil, pues, dedicar algunos instantes a aclarar quédebe entenderse por " relaciones diplomáticas ".

169. Calvo dice:


" Uno de los atributos esenciales de la soberanía yde la independencia de las naciones es el derecho delegación, que consiste en la facultad de hacerse repre-sentar en el extranjero por agentes diplomáticos y con-sulares. Se considera que el derecho de legación esperfecto en principio, pero imperfecto en la práctica,puesto que ningún Estado está obligado a mantenermisiones políticas en el extranjero ni a recibir en suterritorio a los representantes de otras naciones . . . " » «

Supuesto el carácter imperfecto de la práctica de estederecho " cualquier Estado puede. . . negarse a recibiragentes diplomáticos . . . " " »

170. Los extractos de la obra de Calvo que acabamosde citar resumen, en su esencia, la teoría de las relacionesdiplomáticas tal como la definen la mayoría de losautores.

171. Fauchille, en su tratado de derecho internacionalpúblico, dice lo siguiente:

" El derecho de legislación activo, o sea, la capacidadde acreditar agentes diplomáticos ante otros Estados,y el derecho de legación pasivo, o sea, la capacidad derecibir los enviados de otros Estados, son atributos delas Potencias soberanas... Los Estados soberanosposeen el derecho de legación tanto activa como pasiva-mente . . . Ningún Estado está obligado (en un sentidoestricto) a recibir a los representantes diplomáticos deotro Estado. Es un problema de buenas relaciones y node derecho estricto . . . " «6172. Bustamante i" expone en detalle una opinión

análoga, y también Hackworth, que cita una nota delDepartamento de Estado del 6 de abril de 1920, en la quese dice:

" Todo miembro plenamente soberano e indepen-diente de la familia de naciones posee el derecho delegación, o sea, el derecho que tiene un Estado deacreditar y recibir enviados diplomáticos . . . " ™

Concluiremos nuestras citas con un breve fragmento delcurso dictado por Sir Cecil Hurst en La Haya:

" El derecho de legación es uno de los atributos deun Estado soberano e independiente. El derecho delegación comprende el derecho de enviar representantesdiplomáticos ante otros Estado y la obligación derecibir a los representantes diplomáticos acreditadospor ellos." i»»

173. Como se deduce de las citas anteriores, el fun-damento de las relaciones diplomáticas es el derecho quetienen los Estados de enviar y recibir agentes extranjerosinvestidos de carácter diplomático. ¿ Incluye esto el dere-cho de negarse a mantener relaciones diplomáticas conuno o varios Estados ? La doctrina lo admite con bastanteunanimidad, aunque todos los autores opinan que elEstado que se negara a mantener relaciones diplomáticascon los otros Estados se excluiría a sí mismo de la familia

134 Carlos Calvo, Le droit international théorique et pratique,París, Arthur Rousseau, edit., 1896, 5a. éd., Vol. III, pág. 177.

185 Ibid., pág. 180.136 P. Fauchille, Traité de droit international public, Paris, Ar-

thur Rousseau, edit., 1926, 8a. ed. Vol. I, tercera parte, págs. 32y 37.

137 Bus t aman te , Derecho internacional público, Vol. I , págs . 287et seq.

138 Hackworth, Digest of International Law, Vol. IV, párr. 370.ls* Sir Cecil Hurst, " Les immunités diplomatiques ", Académie

de droit international, Recueil des cours, 1926, tomo TI, pág. 121.

de naciones y violaría una de las obligaciones moralesque le incumbe respetar.

174. Oppenheim expone esta tesis del modo siguiente:" Es evidente que ningún Estado está obligado a

enviar o recibir agentes diplomáticos permanentes. Porotra parte, la misma existencia de la comunidad denaciones hace necesario que sus miembros . . . entablenocasionalmente negociaciones acerca de determinadosasuntos.. . En circunstancias normales, cada miembrotiene la obligación de escuchar el mensaje que otromiembro le transmite por su enviado diplomático; peroesa obligación es concomitante con el derecho de cadamiembro a enviar representantes." 140

175. El derecho de legación sólo corresponde, enprincipio, a los Estados completamente soberanos, esdecir, a los Estados independientes. No obstante, se hanadmitido algunas excepciones a este principio. Según eltratado de paz de Kainardji, concertado en 1774 entreTurquía y Rusia, se autorizó a los principados de Mol-davia y de Valaquia para que acreditaran encargados denegocios ante las Potencias extranjeras141. Los Estadosmiembros de un Estado federal carecen por lo común delderecho de legación, pero los dominios británicos hanadquirido después de la primera guerra mundial la capa-cidad de mantener relaciones diplomáticas cuando lojuzguen necesario. Ingualmente algunos Estados (Baviera,por ejemplo) que integraban el Reich alemán en 1914conservaron la facultad de enviar representantes diplo-máticos al extranjero y recibir agentes extranjeros.

2 . LA CONSULTA PREVIA

176. Sin embargo, ningún Estado está obligado arecibir funcionarios diplomáticos extranjeros si no losha aceptado previamente. Su consentimiento es indis-pensable y puede negarlo. Oppenheim dice al respecto:

" El derecho internacional no autoriza a ningúnEstado a exigir que se acepte a una persona como suenviado diplomático. Todo Estado puede negarse arecibir como agente a una persona no grata " 142.

Y Fauchille expresa la misma idea al decir:" Si la participación en la comunidad internacional

supone, en principio, la necesidad de recibir recíproca-mente a los enviados diplomáticos, ningún Estado estáobligado sin embargo a aceptar a cualquiera comoagente de otro Estado . . . Más aún, la independenciarecíproca de los Estados se opone a que uno de ellospretenda imponer a otro relaciones desagradables oantipáticas..." 143.177. A ello se debe la consulta previa a que recurren

todas las naciones en sus relaciones mutuas. Este requi-sito significa que la autoridad competente del Estado quequiere confiar a uno de sus agentes una misión diplomá-tica debe informarse si éste es persona grata para elEstado ante el cual ha de ser acreditado. Rara vez estacostumbre ha suscitado dificultades. Su principio jamásha sido puesto en tela de juicio. Hackworth declara alrespecto :

"Como el establecimiento y el mantenimiento derelaciones diplomáticas entre dos Estados deben nece-

140 Oppenheim, International Law, la. ,ed., Vol. I, pág. 691.141 Ibid., pág. 692.142 Ibid., pág. 901.143 Fauchille, op. cit., págs. 37 y 38.


sanamente ser aceptables paraaceptación puede depender, y alas características personales delsu actitud, conocida o supuesta,ha de recibirlo . . . es prácticaque lo envía averiguar... si elgrata para el Estado ante el cual

ambos, y como estamenudo depende, dejefe de la misión, defrente al Estado que

invariable del Estadodesignado es personase lo acredita . . . " 144.

3 . CASO DEL AGENTE QUE SEA NACIONAL DEL PAIS EN QUEDEBERÁ EJERCER SUS FUNCIONES

178. Cabe preguntarse si un país está obligado a reci-bir como agente diplomático a uno de sus propios nacio-nales y qué inmunidades se le reconocerían en caso deser considerado persona grata. Oppenheim es categórico.A su juicio, la mayoría de los Estados se negarán rotunda-mente a recibir como agente extranjero a uno de susnacionales; pero añade que si le acuerdan el placet,tendrán que reconocerle todos los privilegios diplomá-ticos, el de la extraterritorialidad inclusive.145

179. Así lo decidió el más alto tribunal del ReinoUnido el 24 de febrero de 1890 en el caso Macartneycontra Garbutt y otros, declarando:

" El agente diplomático acreditado por un Estadoextranjero ante el gobierno de su propio país de origengoza de todas las inmunidades diplomáticas si ha sidoaceptado por el gobierno de su país de origen sinninguna reserva." 146

180. En el caso que nos ocupa, Sir Haliday Macartney,ciudadano británico, había sido designado por el Go-bierno de China secretario inglés de la Embajada enLondres, y esta situación aceptada sin reservas por elForeign Office. Reclamaba la suma de 118 libras quehabía pagado bajo protesto para conseguir que se levan-tara el embargo impuesto sobre sus muebles por falta depago de un impuesto parroquial. La Corte, al aceptar lademanda, se fundó en la situación de hecho del interesado,e invocó en apoyo de su decisión el principio formuladopor Cornelis van Bynkershoek en el capítulo VIII de sulibro De Foro Legatorum, según el cual:

"Los Estados tienen el derecho de no aceptar a losmiembros de una embajada extranjera a menos quereúnan ciertas condiciones; pero si los reciben sinreservas, gozarán de la plenitud del jus legationis 147.181. Calvo"* y Oppenheim149 señalan que muchos

países, entre ellos los Estados Unidos, se niegan a recibircomo agentes diplomáticos extranjeros a sus nacionales;mientras que otras potencias los reciben, pero impo-niéndoles la obligación de someterse a las leyes territo-riales en lo que atañe a sus personas y bienes. Calvoconsidera que si tales condiciones no se imponen antesde conceder el placet, esta omisión supondría la " renun-cia, por parte de ese país, de toda jurisdicción perso-nal "1 5 0 . En apoyo de sus tesis cita a tratadistas comoWheaton, Sir Robert Phillimore y Vattel.

182. Fauchille se expresa en el mismo sentido y

144 Hackworth, op. cit., pág. 446.145 Oppenheim, op. cit., pág. 301, y nota 1 de pie de página.146 E. Clunet, Journal du droit international, Vol. 17, 1890,

pág. 341.147 Ibid., pág. 343.148 Op. cit., pág. 181.149 Ver el párrafo 178 supra.150 Calvo, op cit., pág. 182.

recuerda el caso de Pozzo di Borgo, ciudadano francés,que en 1815 fué recibido como Embajador de Rusia enParís con todas las prerrogativas debidas a su jerar-quía 151.

183. Sin embargo, se señala a la atención el artículo 15del reglamento aprobado por el Instituto de DerechoInternacional en su reunión de Cambridge, que dice:

" No pueden invocar los beneficios de la inmunidadlos nacionales del país ante cuyo gobierno hayan sidoacreditados "1 5 2 ,

en tanto que el artículo 8 del proyecto de la HarvardLaw School153 admite que un nacional del Estado ante elcual la misión está acreditada puede ser designadomiembro de ella, siempre que dicho Estado lo consientaexpresamente, y esta posición corresponde con la adoptadaen el artículo 7 de la Convención de La Habana y pornumerosos autores citados por la Harvard Law Schoolpara justificar su propia redacción. (Westlake, Jatow, DeHeyking, Weiss y otros.)

184. Este rápido análisis permite resumir el estadoactual de la doctrina en la materia, así como la prácticaseguida por los Estados. Puede decirse que los gobiernosestán en libertad de negar el placet a sus nacionalescuando se presentan como agentes diplomáticos extran-jeros; que si los aceptan, pueden estipular las inmuni-dades que no les reconocerán; pero si dan el placet sincondiciones previas o sin limitar las inmunidades que vana reconocer, el agente interesado gozará de la plenitudde las inmunidades diplomáticas correspondientes a sujerarquía.

4. DEBERES DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS

185. Es evidente que los privilegios exorbitantes dederecho común que se acuerdan a los diplomáticos porser representantes de un Estado extranjero, soberano eindependiente, tienen deberes correlativos. Los enviadosdiplomáticos deben respetar la independencia del paísante el cual están acreditados, someterse a sus leyes yconducirse en una forma que esté en consonancia con sudignidad y posición. Si infringen estas normas, se exponena sanciones que pueden llegar hasta la solicitud de retiroo la expulsión.

186. Varios de los proyectos de reglamentación inter-nacional del problema de las inmunidades diplomáticashan tratado de definir esas obligaciones y las sancionesque son una consecuencia de su incumplimiento.

187. Así el proyecto de código de Bluntschli154 en suartículo 142 acuerda al gobierno el derecho de tratar comoenemigo y, en caso necesario, de tomar prisionero alagente diplomático que " cometa actos de hostilidad enel país de residencia ". Del mismo modo ese gobiernopuede, de conformidad con el artículo 141, exigir que elagente respete la legislación penal y, si éste comete unainfracción, puede pedir satisfacción al Estado que loenvió; el inciso 3 del artículo 6 del reglamento de Cam-bridge del Instituto de Derecho Internacional dice:

" La inviolabilidad no puede invocarse . . ." 3. En caso de actos represibles que hayan come-

tido, [las personas que gozan de inviolabilidad] y que

151 Fauchille, op. cit., pág. 40.152 Harvard Law School, op. cit., pág. 69.153 Ibid., págs. 67 a 7 1 .154 Ibid., pág . 145.


determinan, por parte del Estado ante el cual esté acre-ditado el Ministro, la adopción de medidas de defensay precaución . . . " 155

188. El proyecto de código de Fiore156 establece en elartículo 376 que las personas que gozan del privilegio deextraterritorialidad para ciertos actos pueden perderlo siabusan de él, y (art. 377) si se aprovecha la sede dela legación para otros fines que los habituales; el artícu-lo 482 dice que el agente debe abstenerse de toda inter-vención directa en los asuntos de la administración localo la justicia. Debe respetar las instituciones nacionales yno inmiscuirse en la política interna del país de resi-dencia; tampoco puede ofrecer la sede de la legación aconspiradores o revolucionarios que pretendan derrocaral gobierno legalmente constituido (arts. 483 a 485).

189. El proyecto de la Comisión Internacional deJurisconsultos Americanos dispone en el artículo 16 quelos funcionarios diplomáticos extranjeros no podrán in-miscuirse en la política interna o externa del Estado enque ejercen sus funciones157, y el artículo 12 de laConvención de La Habana 158 no es menos terminante alrespecto.

190. No hay duda que la gran mayoría de los autorescomparten esta opinión. Calvo dice:

" . . . La primera obligación de un representante diplo-mático es no inmiscuirse en forma alguna en los asun-tos interiores del país donde está acreditado." 159

y recuerda el caso de Lord Sackville West, Ministro deGran Bretaña en Washington, quien al pretender inmis-cuirse en las elecciones presidenciales de 1888 medianteuna carta privada dirigida a un ciudadano de los EstadosUnidos, fue retirado a solicitud del Gobierno de estepaís. Igualmente, el Encargado de Negocios de Bélgicaen Venezuela fue retirado en 1892 a solicitud del Gobiernode este país porque en una nota personal dirigida alMinistro de Italia, que llegó a conocimiento del Gobierno,le comunicaba una deliberación colectiva del cuerpodiplomático acerca de la redacción de una nota que sedirigiría a los gobiernos interesados debido a la imposi-bilidad en que se encontraban estos agentes de conseguirla protección de sus connacionales.

191. Fauchille dice que:" . . . . el Ministro público debe evitar inmiscuirse en

los asuntos de la administración interna... debe abste-nerse de todo agravio al gobierno o las institucionesdel país extranjero . . . asociarse a los sucesos felices . . .El Ministro público debe abstenerse de fomentar per-turbaciones, suscitar revueltas, tratar de corromper ailos funcionarios... y evitar toda intriga con la oposi-ción parlamentaria . . . etc." 160

Cita también varias tentativas de intervención de losagentes diplomáticos en los asuntos internos del país anteel cual están acreditados y que culminaron en una solicitudde retiro y el fin de su misión.

192. Oppenheim dice que:" El reconocimiento de privilegios al enviado diplo-

155 Ibid., pág . 97.156 Ibid., págs. 153 a 162.»«' Ibid., pág. 173.158 Ibid., pág. 176.158 Op. cit., Vol. VI, pág. 232.160 Fauchille, op. cit., pág. 54.

mático presupone que éste actuará y se conducirá enconformidad con el orden interno del Estado que lorecibe. En consecuencia, se espera que cumplirá espon-táneamente todas las disposiciones del derecho nacionalque no le impidan el ejercicio efectivo de sus fun-ciones ".161

193. Al referirse a la inviolabilidad de la persona delagente, destaca que este privilegio no puede invocarsecuando el enviado:

" . . . comete un acto de violencia que perturbe elorden interno del Estado ante el cual está acreditado,a tal punto que sea necesario asegurarse de su personapara impedir la repetición de esos actos, o conspirecontra dicho Estado y sea preciso asegurarse de supersona para desbaratar la conspiración; en este caso,el enviado puede ser detenido momentáneamente ".162

A este respecto, recuerda el célebre caso de Byllenburg,Embajador de Suecia en Londres, que fue detenido y seconfiscaron sus papeles, cuando quedó demostrada sucomplicidad en una conspiración contra el Rey Jorge I.

194. Igualmente en 1718 el Príncipe de Cellamare,Embajador de España en París, que había organizado conel Duque de Maine una conspiración contra el gobiernodel Regente, fue detenido y luego conducido bajo escoltahasta la frontera española. Saint-Simon cuenta en susmemorias 16S este episodio :

" Cellamare, Embajador de España, hombre de muchoingenio y sagacidad, se ocupaba desde hacía muchotiempo en la preparación de muchas intrigas... Elproyecto consistía nada menos que en levantar a todoel reino contra el Duque de Orleans y, sin una claraidea de lo que pensaban hacer con la persona de éste,pretendían colocar al Rey de España al frente de losasuntos de Francia.. . con un lugarteniente a susórdenes y encargado de la regencia, que no era otroque el Duque de Maine . . . "

El Gobierno francés, que, por su parte, no respetaba dema-siado el secreto de la correspondencia, estaba perfecta-mente al tanto de las intenciones del Embajador y de sujefe, el Cardenal Alberoni, y de todos los detalles ypormenores en Francia. Supo que un joven eclesiástico,que se hacía llamar el Abate de Portocarrero, debía llevara España importantes documentos por encargo de Cella-mare:

" Ya sea que la llegada del abate Portocarrero y lospocos días que permaneció en París despertaran lassospechas del abate du Bois [Ministro francés de Rela-ciones Exteriores] y sus emisarios, ya sea que elMinistro haya podido sobornar a alguno de los ayudan-tes principales del Embajador de España . . . "

Lo cierto es que el abate du Bois hizo detener al emisarioespañol en Poitiers; todos sus papeles le fueron confis-cados y llevados a París. Notificado el Embajador deEspaña, " supo ocultar su inquietud tras una aparienciade gran tranquilidad y a la una de la tarde visitó alSr. le Blanc para pedir la devolución de un paquete decartas. . . " En ese momento fue detenido. Efectivamente,

"El Sr. le Blanc respondió que se conocía el conte-nido del paquete; que en él figuraban cosas importan-

161 Oppenheim, op. cit., págs. 708 y 709.162 Ibid., pág. 709.163 Mémoires du Duc de Saint-Simon, Edición Chéruel, Vol. XVI,

págs. 230 et seq.


tes y que, lejos de serle entregado, tenía orden dereconducirlo personalmente a su residencia con elabate du Bois, quien, advertido inmediatamente de lallegada de Cellamare a casa de le Blanc, había acudidosin pérdida de tiempo . . . "

El Embajador " . . . no perdió ni por un momento la sangrefría ni la tranquilidad durante las tres horas, por lomenos, que pasaron en su casa escudriñando sus cofres ycajones . . . Cuando toda la casa fué registrada, se colo-caron los sellos del Rey y el Embajador en todos loscajones y cofres que contenían documentos . . . "Cellamare permaneció en el edificio de su legación custo-diado por mosqueteros y por el Sr. du Libáis, " . . . unode los gentíleshombres de servicio del rey, como ocurresiempre en las situaciones enfadosas ". Du Libáis loconduj o después a la frontera de España, d o n d e . . . " in-mediatamente fué nombrado Virrey de Navarra . . . "

195. Así transcurrió, pues, este famoso episodio, na-rrado por un contemporáneo que los siguió muy de cerca.De él resulta que los enviados diplomáticos y sus comi-tentes no siempre cumplen con el deber de no interveniren los asuntos del Estado en que ejercen sus funciones;que los Estados violan a veces el secreto de la correspon-dencia, y llegan hasta detener, si lo estiman necesario paradefenderse contra intrigas peligrosas, a los correos de unEstado extranjero; pero que, sean cuales fueren los deli-tos contra la seguridad del Estado que se reprochen a unpersonaje de tanta categoría, se le trata, aunque privadode la libertad de movimiento, con todo el respeto debidoa su jerarquía; su misión termina y. en el caso de unconspirador tan peligroso como el Príncipe Cellamare, elgobierno ante el cual está acreditado lo devuelve a lafrontera baio escolta armada. No es raro, por lo demás,que su gobierno, lejos de castigarlo, le recompense por loshechos que se le habían reprochado más allá de la fron-tera. " La verdad cambia al cruzar los Pirineos."

5 . FIN DE LA MISIÓN

196. Es evidente que episodios como éste puedenprovocar y a menudo provocan la interrupción de rela-ciones diplomáticas entre dos Estados. Sin embargo, esfrecuente que éstos se limiten a exigir el retiro del agenteculpable y su reemplazo por una persona más prudentey respetuosa de los usos diplomáticos.

197. Los otros motivos que determinan el fin de lamisión son los siguientes:

1) Haber llenado su objeto;2) Expiración de las credenciales;3) Relevo;4) Ascenso del agente a un grado de superior jerarquía;5) Entrega de los pasaportes al agente por el gobierno

ante el cual está acreditado;6) Petición de sus pasaportes hecha por el agente;7) Guerra entre los dos Estados;8) Fallecimiento del jefe monárquico del Estado ante

el cual el agente está acreditado;9) Revolución que haya culminado en constitución de

un nuevo gobierno;10) Desaparición de uno de los Estados interesados;11) Fallecimiento del enviado.

198. Tales son las causas, según Oppenheim164, que

pueden poner fin a la misión diplomática. No requierenaquí mayor comentario. Baste con indicar que, sean cualesfueren las razones por las cuales el diplomático abandonael país extranjero de residencia, éste debe acordarle unplazo suficiente y razonable para prepararse a abandonarel territorio con su familia y para alejarse definitivamente,por ejemplo en caso de guerra, con todos los miembrosdel personal oficial. El Estado ante el cual el diplomáticoestaba acreditado le debe toda su protección hasta quehaya cruzado la frontera, y las inmunidades continúanaún después de haber cesado el ejercicio de la función.Tendremos oportunidad de volver a tratar este punto alocuparnos en las inmunidades que protegen indefinida-mente al agente y en las que sólo le amparan por ciertotiempo, cuestión que presenta muchas dificultades, re-sueltas por la justicia con fallos a menudo contradicto-rios. Recordemos aquí pro memoria que la interrupciónde las relaciones diplomáticas motivó en 1936 un debateen la Sociedad de las Naciones.

199. Por nota del 30 de diciembre de 1935 ™ elComisario del Pueblo para las Relaciones Exteriores de laUnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sr. Litvinov,comunicó al Secretario General que como consecuenciade una notificación del Gobierno del Uruguay:

" los representantes diplomáticos de la Unión deRepúblicas Socialistas Soviéticas en Montevideo y losdel Uruguay en Moscú acaban de ser retirados de susrespectivos puestos ".200. El Gobierno soviético sostenía, fundándose en

el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto de la Sociedad delas Naciones 166, que el hecho de haber recurrido a laruptura de relaciones diplomáticas constituía a su juicio:" una falta grave contra uno de los principios esencialesdel Pacto de la Sociedad de las Naciones ".Invocaba además el párrafo 2 del artículo 11 del Pacto,que daba a todo miembro el derecho de señalar a " laatención... del Consejo acerca de cualquier circunstan-cia que por su naturaleza pueda afectar a las relacionesinternacionales y amenace, por consiguiente, turbar la pazo la buena inteligencia entre las naciones de que la pazdepende ".

201. El 23 de enero de 1936, en la cuarta sesión del89° período de sesiones del Consejo, los representantesde los dos Gobiernos expusieron sus puntos de vista res-pectivos.

202. Según el representante de la URSS, todos losEstados tendrían el derecho de mantener o no mantenerrelaciones diplomáticas y hasta de convenir amistosamenteen suprimir el intercambio de misiones diplomáticas entreellos; pero una ruptura unilateral debería ser consideradasiempre como un acto inamistoso por el que se debe unaexplicación a la opinión pública. El procedimiento esta-blecido en el párrafo 1 del artículo 12 tendría por objetoresolver casos de esta índole y ofrecer a los Estados inte-resados la oportunidad de dar las explicaciones nece-sarias 167. La Sociedad de las Naciones estaba obligada

164 O p p e n h e i m , op. cit., págs . 727 a 733.

165 Société des Nations, Journal officiel, 1936, Nos. 2 a 6, anexo1586, pág. 232.

166 El párrafo 1 del artículo 12 del Pacto de la Sociedad de lasNaciones dispone entre otras cosas : " Todos los Miembros de laSociedad convienen en que si surge entre ellos algún desacuerdocapaz de ocasionar una ruptura, lo someterán al procedimiento dearbitraje... o al examen del Consejo..."

167 La discusión relativa a este asunto aparece en el Journalofficiel de la Sociedad de las Naciones, págs. 90 a 98 y 100 a 106.


a hacer todo lo posible por evitar que las inevitablescontroversias entre las naciones se transformen en conflic-tos armados.

203. En cambio, el representante de Uruguay sostuvoque cuando los intereses de una nación están en peligro,los gobiernos pueden tomar todas las medidas que estimennecesarias para proteger la seguridad pública amenazaday que, en un caso semejante, " . . . el único juez que debenconsultar previamente es su conciencia ". Afirmó tambiénque los motivos de la ruptura figuran entre " . . . losasuntos que son esencialmente de la jurisdicción exclusivade los Estados ", y que " una cuestión pertenece al campode las controversias internacionales o bien depende de lacompetencia interior de un Estado, en virtud de sus carac-teres intrínsecos propios " 168.

204. La validez de este argumento fue puesta en dudapor el representante de la URSS en la quinta sesión delConsejo; afirmó entonces que

" . . . la soberanía absoluta y el derecho a una liber-tad sin limitaciones sólo pertenecen a los Estados queno han asumido obligaciones internacionales. Desdeque un Estado acepta obligaciones internacionales,limita la amplitud de su soberanía . . . " 169.

En opinión de la URSS, el artículo 12 del Pacto conteníauna de esas limitaciones y los miembros, antes de romperrelaciones diplomáticas, deberían ceñirse al procedimientoestablecido en el Pacto.

205. Como el representante del Uruguay no aceptó eserazonamiento, se constituyó un Comité de Tres bajo lapresidencia del Sr. Titulesco 17°. Dicho Comité propusoun proyecto de resolución, que el Consejo aprobó, ex-presando la esperanza de que la interrupción de las rela-ciones sólo fuera temporaria m .

206. En los considerandos se explica que los dos Esta-dos se habían declarado dispuestos a " . . . dejar el fallode esta cuestión a la opinión pública internacional " 172,por haberse negado el Uruguay, tratándose de una cues-tión de jurisdicción interna, a proporcionar las pruebassolicitadas por la URSS acerca de la veracidad de loshechos que le habían sido inculpados.

6 . ALGUNAS CONCLUSIONES

207. El breve resumen precedente permite concluir quelas " relaciones diplomáticas " consisten principalmenteen el derecho de legación activo y pasivo que tienenipso facto todos los Estados soberanos y, a veces, dadasciertas condiciones históricas particulares, los Estadossemiindependientes ; que este derecho es imperfecto yaque ningún Estado está obligado de modo absoluto porel derecho internacional a mantener relaciones con otrosEstados; que a este respecto no existe regla precisa, comono sea la que deja a los Estados soberanos el cuidado demantener como juzguen prudente las relaciones que esti-men útiles y necesarias con los otros Estados de la colec-tividad internacional; que estas relaciones se generalizaronhacia fines del siglo XVIII; que se establecen y man-tienen por intermedio de funcionarios llamados diplomá-ticos; que a estos agentes se les deben consideraciones

168 Sociedad de las Naciones, op. cit., pág. 97.160 Ibid., pág. 101.170 Ibid., pág. 106.171 ¡bid., págs. 137 y 138.172 lbid., pág. 138.

particulares y protección especial; que el Estado que losenvía está en libertad de elegirlos como mejor le parezcay el Estado llamado a recibirlos, en libertad de aceptarloso de indicar que no son personas gratas ; que nada impideacreditar ante un gobierno a un agente que sea nacionaldel mismo Estado, siempre que su gobierno lo acepte;que, en tal caso, el interesado disfruta de las inmunidadesy los privilegios diplomáticos, con excepción de las ex-cluidas previa y expresamente por el Estado ante el cualhaya sido acreditado; que los funcionarios diplomáticosy los Estados de los cuales éstos dependen tienen, frenteal Estado que los recibe, obligaciones generalmente acep-tadas, siendo una de las principales la de no intervenir enlos asuntos internos y externos de dicho Estado; que aveces esta obligación no ha sido cumplida y no se cumple;que corresponde al Estado ofendido el derecho de adoptarlas sanciones que considere oportunas en caso de produ-cirse esa infracción, pudiendo llegar hasta la ruptura derelaciones diplomáticas; que la misión diplomática puedeterminar por muchas razones; que, sean cuales fuerenesas razones, el agente tiene derecho a todas las inmuni-dades diplomáticas hasta que haya cruzado la fronteradel Estado ante el cual estaba acreditado; que las normasaquí resumidas corresponden con la costumbre interna-cional reconocida y aceptada firmemente por la colecti-vidad de los Estados y que, por consiguiente, se puedeestimar que representan el derecho internacional positivo,aunque no escrito, en la materia.

B. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS INMUNIDADES

DIPLOMÁTICAS

1 . OBSERVACIONES GENERALES

208. Juristas eminentes han elaborado en el curso delos siglos tres teorías principales para justificar en lapráctica, desde el punto de vista jurídico, las inmunidadesdiplomáticas que, en interés mutuo de los Estados, esindispensable reconocer a los agentes acreditados por ellospara tratar asuntos de interés común ; son ellas la " extra-territorialidad ", el " carácter representativo del agente "y la " necesidad de proteger las relaciones entre los Esta-dos o las necesidades inherentes a la función ". A conti-nuación se examinan estas teorías.

2. LA TEORÍA DE LA EXTRATERRITORIALIDAD

209. Bynkershoekt explica el régimen especial de losagentes diplomáticos del modo siguiente:

" Legatus non est civis noster, non incola, non venit,ut ad nos domicilium, hoc est rerum ac fortunarumsuarum sedem transférât: peregrinus est, qui apud nosmoratur, ut agat rem principis su " 17S,

y la explicación del ilustre autor se asemeja, en general,a la teoría de Grocio, que, entre otras cosas, dice:

" Así como por una especie de ficción se los consideracomo la persona misma de los soberanos que repre-sentan, del mismo modo; por una ficción parecida, losdiplomáticos se reputan hallarse fuera del territorio enque ejercen sus funciones . . . " 174

210. Esta teoría, que fue sostenida hasta una época

173 Bynkershoekt, De foro legatorum, cap. XVIII.174 Grocio, op. cit., libro II, tomo II, cap. VIII, citado por Char-

les Morton en " Les privileges et immunités diplomatiques ", Lau-sana, 1927, pág. 29.


relativamente reciente por numerosos autores y citadacon frecuencia en las decisiones judiciales, permite que elembajador y las personas que se le asimilan escapen a laacción de los poderes públicos del país en que ejercen susfunciones: derecho de jurisdicción civil y criminal, dere-cho de policía, impuestos y gravámenes, etc.

211. La ficción de la extraterritorialidad es objeto hoyde vivas críticas. En efecto, resulta insuficiente parainterpretar satisfactoriamente los hechos, o cuando menostodos los hechos, y la solución a que conduce no corres-ponde con la realidad. El ministro extranjero, por ejem-plo, debe someterse a los reglamentos de policía, debepagar determinados gravámenes municipales que corres-ponden a servicios efectivamente prestados; si ejerceactividades comerciales por cuenta propia, debe some-terse a las leyes del domicilio de la empresa, y si poseea título privado bienes inmuebles en el país en que ejercesus funciones, estos bienes se sujetan a la ley de dichopaís.

212. Sería demasiado extenso citar en detalle todas lasopiniones y decisiones judiciales que ahora rechazan lateoría de la extraterritorialidad; nos bastará con resumirmás adelante las principales objeciones que se han for-mulado contra ella.

213. Los autores que rechazan esta teoría le reprochan,en primer término, la falta de una base teórica para lainmunidad diplomática. Moore, por ejemplo, declara quecuando los tratadistas hablan de la extraterritorialidad dela residencia del ministro, emplean el término en un sen-tido figurado y rechazan, implícita o explícitamente, lateoría según la cual dicha residencia se encuentra situadafuera del territorio, o pertenece al país que el ministrorepresenta175. Igualmente Mastny, miembro del Sub-comité del Comité de Expertos de la Sociedad de lasNaciones, considera que debe conservarse el uso del tér-mino como una simple metáfora, debido a la significaciónlimitada pero precisa que ha adquirido 176.

214. Este autor señala también que si se lleva la fic-ción hasta sus consecuencias extremas, los resultadospodrían ser desastrosos, y un país independiente vacilaríaen autorizar la presencia de un soberano extranjero dentrode su territorio, aunque se tratase solamente de la per-sona de su representante debidamente acreditado. Aunlos partidarios de la teoría de la extraterritorialidad, comoSlatin, por ejemplo, que declara que es necesario precisarla extraterritorialidad cuando dice que " el embajador,a pesar de la residencia que tiene en el Estado ante elcual ha sido acreditado, no tiene allí su domicilio en elsentido jurídico " m , expresan la opinión de que esta ideano debe llevarse a los extremos, porque si así se hiciese,se llegaría a concluir qui un " embajador no podría, porejemplo, invocar la regla locus regit actum..."178, quele sería difícil entrar en relaciones de negocios con losciudadanos del Estado en que ejerce sus funciones y queun delito cometido en el interior de la embajada deberíaser juzgado según las leyes extranjeras.

215. Se ha observado también que el término " extra-territorialidad " no corresponde a la realidad que se

175 Moore, A Digest of International Law, Vol. II, pág. 775(Washington, 1906).

176 Véase el párrafo 52, supra.177 Véase, por ejemplo, Slatin, " De la jurisdiction sur les agents

diplomatiques, en Clunet, Journal du droit international privé etde la jurisprudence comparée, Paris, Vol. II, 1884, pág. 335.

178 Ibid.

trata de indicar, lo cual en buena doctrina constituye unerror, y, en fin, que esta teoría no tiene utilidad paradeterminar los derechos y deberes de las personas aquienes está llamada a beneficiar. En efecto, si se adoptala ficción en el sentido literal de la palabra, puede con-ducir, como se ha visto, a resultados inadmisibles; si, porotra parte, se utiliza en forma limitada, hay que recurrira los usos, costumbres y otras pruebas de la existenciadel derecho internacional en esta materia, para deter-minar la ley aplicable, en cuyo caso la ficción resultainútil ™.

216. Sir Cecil Hurst declara que la teoría" . . . puede tener alguna utilidad, pero no corresponde

a los hechos. Conduce a resultados absurdos y ha sidorepudiada en forma definitiva por los autores modernosy las decisiones de los tribunales " 18°,

y propone que se use la expresión, no para decir" . . . que la persona que disfruta de los privilegios sea

considerada como si estuviera en su propio país, sinosencillamente que no está sujeta a la autoridad, a lajurisdicción ni a la legislación del Estado ante el cualse encuentra acreditada." 181

En el mismo sentido emplea la palabra J. P. A. Françoisen su curso de la Academia de Derecho Internacional:

" Sin embargo, el empleo de la palabra no suscitamayores objeciones si se tiene en cuenta que debe inter-pretarse como que el interesado puede valerse de cier-tos privilegios que, de una manera general, le sustraena la autoridad del Estado en que se encuentra, sin queello implique una ficción en cuanto a su presenciafuera de dicho Estado " 182.

217. Oppenheim, después de haber declarado que laextraterritorialidad no es una ficción, afirma que el tér-mino tiene sin embargo cierto valor práctico,

" . . . puesto que indica claramente que los agentesdiplomáticos deben ser tratados, casi en todo respecto,como si no se encontrasen en el interior de los Estadosque les reciben " 183,

y Strisower incluye las inmunidades diplomáticas en sudefinición de la extraterritorialidad 184, que es

" . . . un fenómeno jurídico especial caracterizado porsu oposición directa a la idea de la subordinación delas personas y de las cosas a la ley del Estado terri-torial . . . "

3 . LA TEORÍA DEL " CARÁCTER REPRESENTATIVO " Y DEL

" INTERÉS DE LA FUNCIÓN "

218. Montesquieu formula así esta teoría en su obraDe Vesprit des lois: 185

179 Un resumen muy completo de toda la teoría jurídica de lasinmunidades diplomáticas se encuentra, entre otros, en MontellOgdon, Juridical Bases of Diplomatic Immunity, Washington, 1936,obra en que se citan numerosas decisiones judiciales.

180 Sir Cecil Hurs t , op. cit., pág . 145.181 Ibid., pág . 149.182 J . P . A. François , " Règles générales du droit de la paix ",

Recueil des cours, 1938, IV, pág. 146.183 Oppenheim, op. cit., 7a. éd., pág. 711.184 Leo Strisower, " La extraterr i tor ia l idad y sus principales

ap l i cac iones" , Recueil des cours, 1923, págs. 233 et seq.185 Obra s comple tas de M o n t e s q u i e u : De Vesprit des lois, l ibro

X X V I , cap . X X I , Qu'il ne faut pas décider par les lois politiquesles choses qui appartiennent au droit des gens.

11


" Las leyes políticas exigen que toda persona sesometa a los tribunales penales y civiles del país en quese encuentra y a la animadversión del soberano. Elderecho de gentes ha querido que los príncipes seenviasen embajadores: y la razón derivada de la natu-raleza misma de las cosas no permite que éstos depen-dan del soberano ante el cual con acreditados, ni desus tribunales. Ellos son la palabra del príncipe quelos envía, y esa palabra debe ser libre ; ningún obstáculodebe impedirles la acción. Por hablar como personasindependientes, pueden a menudo desagradar; podríanimputárseles delitos, si fuese posible castigarlos pordelitos; podría suponérseles deudas, si fuese permitidoarrestarlos por deudas. Un príncipe naturalmente altivohablaría así por boca de un hombre acosado de temo-res. Es necesario entonces recurrir, con respecto a losembajadores, a razones emanadas del derecho de gentesy no a las reglas del derecho político. Si abusan de sucarácter representativo, se debe dar por terminada sumisión v despedirlos: también se los puede acusarante su amo, que se convertirá así en juez o en cóm-plice de ellos."219. Bajo este rubro pueden agruparse diferentes

teorías 186 entre las cuales las más antiguas se fundan enla dignidad, la majestas del Estado o del príncipe que elagente representa. Se considera todo agravio hecho alembajador como un ultraje a la dignidad personal delsoberano que aquél representa. A esta concepción general-mente aceptada se debe el famoso estatuto de Ana deInglaterra, promulgado después de haberse detenido pordeudas al embajador del Zar en Londres.

220. Otra teoría, de análogos efectos, explica las in-munidades diplomáticas por ser el embajador represen-tante de un Estado soberano cuya independencia debe res-petarse totalmente. (Véase la cita de Montesquieu en elpárrafo 218.) Esta teoría fué aceptada, por ejemplo, porel Magistrado Marshall en el caso de The Schooner Ex-change v. Mr. Faddon and others, en el que dice, entreotras cosas:

" Un soberano no es en ningún concepto responsableante otro; y como tiene la obligación suprema de noafectar la dignidad de su país colocándose personal-mente, o colocando sus derechos soberanos bajo la juris-dicción de otro, debe aceptarse que sólo penetra enterritorio extranjero en virtud de una dispensa espe-cial . . . Esta perfecta igualdad, esta independenciaabsoluta de los soberanos... han dado origen a supo-ner en algunos casos que cada soberano renuncia alejercicio de una parte de esa completa y exclusivajurisdicción territorial que se reconoce como patri-monio de toda nación . . . " " 7

221. Puede citarse aquí la memoria enviada por elDuque de Aiguillon al cuerpo diplomático acreditado enParís con motivo de la protesta que-provocó la negativadel Rey a dar permiso de abandonar el país al Barón deWrech, atendiendo a la solicitud de los acreedores deéste. El Ministro definió en la siguiente forma el funda-mento de las inmunidades diplomáticas:

"La inmunidad de los embajadores y otros ministrosse funda en dos principios: primero, en la dignidad desu carácter representativo; segundo, en el acuerdo

tácito que resulta de que al aceptar un ministro extran-jero, se le reconocen los derechos que consagra la cos-tumbre, o si se quiere, el derecho de gentes." 188

222. Otra teoría que pertenece a este grupo justificalas inmunidades diplomáticas sosteniendo que únicamentelos Estados totalmente independientes, que gozan de laplenitud del derecho de legación, pueden hacerse repre-sentar por medio de agentes diplomáticos, y que al res-petar la total independencia de los agentes se respeta ladel Estado que los acredita.

223. Una cuarta teoría acepta las inmunidades porqueun agravio contra la dignidad y la independencia del repre-sentante diplomático puede acarrear complicaciones inter-nacionales y aun la guerra, y en apoyo de esta tesis puedeinvocarse la reacción enérgica de la Reina Ana contra laspersonas que habían atentado contra la libertad del emba-jador ruso.

224. Es innecesario decir que ninguna de estas teoríasexplica el fenómeno en forma totalmente satisfactoria. Seles puede reprochar cierta falta de lógica. En efecto, si elEstado cuyo representante diplomático goza de inmunidaddiplomática es soberano, también lo es el Estado querecibe al agente, y no es fácil comprender por qué unou otro tendrían que renunciar a una parte de sus dere-chos soberanos. Si se contesta que las relaciones diplomá-ticas constituyen una necesidad de la vida internacionaly que por ello son indispensables las inmunidades y laslimitaciones consiguientes, no se puede afirmar que laigualdad soberana de los Estados sea la justificación jurí-dica de esas inmunidades. No ha de extrañar, pues, quecada día se invoque menos la teoría representativa. Asíse deduce, por ejemplo, de lo dicho por Sir Cecil Hursten Diplomatie Immunities, Modem Developments189

al sostener que la finalidad de la misión del agente diplo-mático es el mantenimiento de relaciones entre el paísque lo acredita y el que lo recibe, y que sus privilegiosdiplomáticos están condicionados y limitados por esafinalidad. En consecuencia, si el gobierno que acreditaal agente le solicita que ejerza en el país que está acredi-tado funciones diferentes a las que tienen por objeto elmantenimiento de las relaciones entre ambos Estados,

" . . . desaparece la razón por la cual el país que estáacreditado consiente en reconocerle inmunidad de juris-dicción. En otras palabras, el privilegio de la extrate-rritorialidad, la inmunidad de jurisdicción, de que gozael miembro de una misión diplomática extranjera no sefunda, pues, en que él actúa por cuenta de un gobiernoextranjero, sino en que forma parte del mecanismodestinado a mantener las relaciones entre los dosgobiernos." 190

225. El Sr. Diena, Relator del Subcomité de Expertosde la Sociedad de las Naciones, considera 191 suficiente —para proteger al representante— que se prohiba hacerrequerimientos en el recinto de la legación, o al agenteen persona, y se impida toda acción ejecutiva contra elmismo; aunque los proyectos de convención que se hanexaminado anteriormente en el curso de esta memoria,

186 Véase Monte l l Ogdon, Juridical Bases of Diplomatic Immu-nity, Wash ing ton , D.C., J o h n Byrne and Co., 1936, cap . V.

187 M. Ogdon , op. cit., pág . 108, nota 12 de pie de página .

188 D e Mar t ens , Causes célèbres du droit des gens, 2a. éd.,pág. 284.

189 I n t e rna t iona l Law, The Collected Papers of Sir Cecil Hurst,Londres , 1950, pág . 111.

190 Ibid., pág. 115.191 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1926.V.2.

(documento C.45.N.22.1926.V.), págs. 4 et seq.


como el del Instituto Americano de Derecho Interna-cional de 1925, el del Instituto de Derecho Internacionalde 1929, el de la Research in International Law, de laHarvard Law School, rechazan la teoría de la extraterri-torialidad, tampoco aceptan la del " carácter represen-tativo del agente ".

226. La práctica seguida por los Estados — y nosreferimos aquí a los numerosos ejemplos citados en lostratados y especialmente en la obra del Sr. Ogdon 192 —no siempre está de acuerdo con la teoría. Por ejemplo, elproblema relativo al grado de inmunidad que debe con-ceder un tercer país al agente en tránsito que se dirige allugar de sus funciones no ha recibido una soluciónunánime; el Estado puede obligar al agente a sometersea sus leyes, y prohibirle, en interés general de la nación,la importación de determinados bienes; el hecho de quela exención concedida a los diplomáticos en materia dederechos de aduana sobre sus objetos de uso personal seconsidere como un privilegio de cortesía, fundado en lareciprocidad; el principio de que los bienes inmuebles depropiedad privada de un diplomático queden sometidosa la ley territorial del país en que se encuentran y muchosnumerosos otros ejemplos demuestran que ha perdidomucho terreno la teoría del " carácter representativo " delos agentes diplomáticos.

227. Las respuestas de los gobiernos al cuestionariodel Comité de Expertos de la Sociedad de las Naciones 193

también indican que los Estados parecen cada vez másdispuestos a interpretar restrictivamente los privilegiosdiplomáticos. Sólo citaremos algunos ejemplos: ElGobierno alemán propugnaba " . . . un acuerdo sobre elprincipio de que los agentes diplomáticos también estánsometidos a las leyes y ordenanzas del Estado en queresiden.. ."1 9 4 y que " la exención de toda medidacoercitiva se extiende . . . a su persona y a todo lo queparezca necesario para el ejercicio de sus funciones..." 195.

El Brasil quería rehusar privilegios al servicio domésticodel personal diplomático 196; Dinamarca sostenía que eldiplomático debería perder las inmunidades cuando seocupara en cuestiones comerciales 197, y Suecia estimabaque sería " justo establecer en un convenio internacionallimitaciones a la inmunidad absoluta de jurisdicción civilde los diplomáticos." 198

228. Si parece evidente, pues, que la teoría del " carác-ter representativo " del agente no siempre permite con-testar adecuadamente las cuestiones que pueden plantearseen la práctica, tampoco parece más satisfactoria la quejustifica las inmunidades por "las necesidades o el interésde la función ". Ogdon formula la esencia de esta teoríadel modo siguiente:

" En otras palabras, cuando se trata de saber si unacto jurisdiccional determinado del país de residenciaes contrario al derecho de gentes porque lesiona la in-munidad que éste reconoce al interesado, correspondeaveriguar si ese acto compromete la seguridad que

192 M . Ogdon , op. cit., págs . 154 et seq.193 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.1

(documento C.196.M.70.1927.V.), págs. 129 a 155 del texto francés.194 Ibid., pág . 129.193 Ibid., pág . 132.198 Ibid., pág . 143.197 Ibid., pág. 151.198 Ibid., pág. 234.

necesita el agente para el ejercicio de sus funcionesoficiales como representante diplomático extranjero.La protección adecuada de la función diplomática cons-tituye, pues, la esencia del derecho, el criterio en quese fundan sus disposiciones . . . " 19fl.

Y esta opinión parece compartida también por LawrencePreuss, por ejemplo, que dice:

" La escrupulosidad con que se respeta en nuestrosdías la función diplomática y la estabilidad cada vezmayor del orden jurídico en la mayoría de los Estadospermiten disminuir las prerrogativas de los diplomá-ticos sin comprometer el cumplimiento independientey satisfactorio de su misión . . . El enviado diplomáticonecesita hoy la misma independencia que antes, peroya no requiere en el país de residencia esa inmunidadtotal de jurisdicción que había encontrado expresiónen la ficción de la extraterritorialidad . . . " 200

229. Afirmar que el Estado debe determinar, porejemplo, si la acción judicial iniciada contra un agentediplomático puede atentar contra la seguridad necesariaa éste para el ejercicio de sus funciones oficiales, es enrealidad una petición de principio, porque habría queestablecer y definir en qué consiste esa " seguridad nece-saria " de un modo aceptable para la colectividad deEstados. " Es indudable ", dice Sir Cecil Hurst,

" que para ejecutar bien la misión no es necesarioque un agente diplomático posea inmuebles o ejerza elcomercio en el país en que está acreditado; pero losprincipios, la conveniencia y la práctica de los gobiernosnos inducen a considerar inaceptable una limitaciónartificial de las inmunidades diplomáticas a lo que esnecesario, según los autores, para el buen cumplimientode las funciones diplomáticas . . . " 201

230. Pero la teoría de las " necesidades de la función "podría servir de base para un convenio internacional quetuviera por objeto estipular las inmunidades mínimas quecon carácter irreductible deben reconocerse a los agentesdiplomáticos en todos los lugares en que ejerzan sus deli-cadas funciones; porque parece que, como dice el Pro-fesor Preuss, y también el Comité de Expertos de laSociedad de las Naciones y muchos de los gobiernos quecontestaron el cuestionario:

" Como en nada afecta a los factores políticos quehasta el presente han resultado obstáculos insuperablespara la codificación, el derecho a las inmunidades y losprivilegios diplomáticos se presta perfectamente a serconfirmado y modificado en un convenio gene-ral . . ." 202.

C. CUESTIONES QUE PLANTEA LA EXISTENCIA DEINMUNIDADES DIPLOMÁTICAS Y ANÁLISIS DE ALGUNOS FALLOS

JUDICIALES RELATIVOS A LAS MISMAS

1 . OBSERVACIONES GENERALES

231. La doctrina divide con frecuencia las inmuni-dades en esenciales y no esenciales. La primera de estascategorías comprende la inviolabilidad y la inmunidad de

199 M . Ogdon, op. cit., pág . 175.200 Lawrence Preuss, " Diplomatie privileges and immunities of

agents invested with functions of an international interest ", TheAmerican Journal of International Law, Vol. 25, 1931, pág. 694.

201 Sir Cecil Hurst , op. cit., pág. 150.202 Preuss , op. cit., pág. 694.


jurisdicción que de ella se desprende; la segunda serefiere a las medidas de cortesía 203, es decir, a los pri-vilegios que es costumbre acordar a los agentes diplo-máticos sobre la base de la reciprocidad y sin que elderecho internacional imponga a los Estados obligacionesa este respecto. Para citar un solo ejemplo, tenemos pre-sente que el equipaje de los diplomáticos no se inspec-ciona y está exento de derechos de aduana.

232. En las secciones siguientes se examinarán esasinmunidades, se definirá en lo posible su contenido y seanalizarán brevemente algunos fallos judiciales relativosa ellas.

2 . LA INVIOLABILIDAD

233. " La inviolabilidad " — dice Calvo — es unacualidad, un carácter que coloca por sobre todo ataque ytoda persecución a la persona investida de ella. El dere-cho de los ministros extranjeros a este privilegio es in-discutible y no se funda en una simple conveniencia sinoen la necesidad ".204

Y Fauchille opina que " el principio de la inviolabilidaddomina toda la materia. . . Es el principio fundamen-tal . . . " 205

234. Oppenheim206 no es menos categórico a esterespecto, y parece innecesario citar otros autores: la in-violabilidad es un principio jurídico admitido por lamayoría de la doctrina y la práctica de los Estados. Perofalta determinar su alcance, es decir su contenido exacto.

235. Interpretada en su sentido más estricto, la in-violabilidad significa que las autoridades o los habitantesde un Estado ante el cual está acreditado un funcionariodiplomático de ningún modo pueden atentar contra supersona o contra su libertad. El Estado le debe ayuda yprotección; pero los proyectos de convenio y las opinionesde los autores citados en el curso de esa memoria demues-tran que el diplomático, por su parte, no debe exponersea riesgos innecesarios.

236. Fauchille resume las " seis proposiciones " rela-tivas a la inviolabilidad del modo siguiente:

" a) El privilegio de inviolabilidad se extiende atodas las categorías de ministros que representan regu-larmente a su soberano o su pa í s . . . ;

" b) Se extiende a todos los miembros del personaloficial de la misión, la familia del ministro inclusive . . . ;

" c) El privilegio se aplica a todas las cosas y atodos los actos necesarios para el cumplimiento de lamisión del ministro;

" d) El privilegio comienza el día en que el ministrollega al territorio del país a que ha sido enviado, si sumisión ha sido anunciada previamente;

" e) El privilegio dura todo el tiempo de la misióny mientras se prolongue la estada del ministro hastaque haya vuelto a cruzar la frontera del Estado o, porlo menos, hasta la expiración de un plazo suficientepara permitirle llegar a ella;

" /) La inviolabilidad de los ministros subsiste aunen caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre elEstado que el ministro representa y el Estado ante el

cual está acreditado y en caso de declaración de guerrao de iniciadas las hostilidades, mientras no haya aban-donado el territorio." 207

237. Este principio está ahora incorporado en todaslas legislaciones nacionales. En Francia la materia estáregida por el decreto del 13 de Ventoso del año II :

" La Convención nacional prohibe a toda autoridadconstituida atentar en modo alguno contra la personade los enviados de los gobiernos extranjeros; las recla-maciones que pudieran hacerse contra ellos se llevaránante el Comité de Salud Pública, única autoridadcompetente para entender en ellas."

En el Reino Unido rige la cuestión de Diplomatie Privi-leges Act, cuya sección 3 declara nulos y sin valor alguno

" . . . todos los mandamientos y procesos . . . por loscuales se pretenda detener o arrestar a los embajadoresu otros agentes diplomáticos... aceptados y recibidoscomo tales por Su Majestad... o a los miembros desu personal oficial o de su servicio doméstico, o aaprehender o embargar sus bienes o efectos..." 208.

Las secciones 252 a 254 del título 22 del United StatesCode209 contienen disposiciones análogas a las de lacitada ley inglesa.

238. Estas leyes y estos reglamentos no crean el dere-cho sino que se limitan a declararlo, como lo señala SirCecil Hurst, quien recuerda que Lord Mansfield habíadicho en el caso Triquet contra Bath:

" Los privilegios de los ministros extranjeros y suservicio doméstico dependen del derecho de gentes. Laley del Parlamento es simplemente declaratoria." 210

En Francia, la Corte declaró en el caso Dientz contrade la Jare que " esta inmunidad se impone a los tri-bunales como norma de orden político superior que estánobligados a respetar y que domina todas las disposicionesdel derecho privado ",211

Por último en los Estados Unidos, en el caso Repúblicacontra de Longchamps, que consagra el principio de lainviolabilidad de la persona del agente diplomático, elPresidente de la Corte Suprema, Magistrado McKean,observó que:

" La persona de un agente diplomático es sagrada einviolable. Quienquiera cometa contra ella un acto deviolencia no sólo afrenta al soberano que el diplomáticorepresenta, sino que compromete la seguridad y elbienestar de las naciones, haciéndose culpable de undelito contra el mundo entero." (I Dalí. III [1784])212

239. Como el principio de la inviolabilidad está reco-nocido universalmente, corresponde determinar a quié-nes y a qué cosas se aplica, y cuáles son sus excepciones.

a) Personas que gozan de inmunidades y en particularde la inviolabilidad

240. La mayoría de la doctrina y la práctica de los

203 Fauchille, op. cit., pág. 60.204 Calvo, op. cit., t. I l l , p á g . 296.205 Fauchille, op. cit., pág. 63.206 Oppenhe im, op. cit., pág . 707.

207 P. Fauchille, op. cit., págs. 65 a 68.208 7 Anne, Chap. 12, Feller and Hudson, op. cit., pág. 211.209 Hackworth, op cit., pág. 514, reproduce las disposiciones per-

tinentes.210 Sir Cecil Hurs t , op. cit., pág . 140.211 Ibid., pág . 141.212 Francis Deak, " Classification, Immunities and Privileges of

Diplomatic Agents ", Revue de droit international et de législationcomparée (1928), pág. 199.


Estados parecen concordar en que deben reconocerse in-munidades diplomáticas a los miembros del personaloficial de una misión y a sus respectivas esposas y fami-lias. Una tercera categoría, que comprende el personalno oficial y el servicio doméstico, ha suscitado algunosproblemas que examinaremos a continuación.

241. Sir Cecil Hurst delimita así el personal que sebeneficia con esas inmunidades:

" 1. El personal oficial, es decir, el jefe de misióny los encargados de las funciones diplomáticas de lamisma: el consejero, los secretarios y agregados. Enesta categoría figurarían asimismo el médico y el cape-llán . . . Están incluidos en ella el personal de oficinadependiente de la misión, los archiveros, estenógrafas,dactilógrafas y porteros.

" 2. La esposa y los hijos de los funcionarios com-prendidos en la primera categoría.

" 3. El personal no oficial. Esta categoría com-prende a los empleados de los miembros del personaloficial, los secretarios personales . . . "

y Sir Cecil Hurst señala que:

" Hay una diferencia entre la primera y la tercerade estas categorías porque el tratamiento de favor acor-dado a los miembros de la primera se funda en lanaturaleza de sus funciones y el tratamiento acordadoa los miembros de la tercera se funda únicamente en lapersonalidad de sus empleadores . . . " 21*

242. En cuanto a las dos primeras categorías (perso-nal oficial y sus familias respectivas) bastará con citaralgunos casos célebres que confirman lo dicho anterior-mente: El Lord Canciller decidió en 1737 en el casoBarbuit21*, agente comercial del Rey de Prusia contraquien se había dirigido un requerimiento por deudas,que como la misión de Barbuit no consistía en asistir alos subditos prusianos en su comercio, no tenía derechoa la inmunidad diplomática, de donde se desprende —según Sir Cecil Hurst — que esta inmunidad diplomá-tica corresponde esencialmente a los functionarios encar-gados de mantener relaciones diplomáticas. En el casoParkinson contra Potter215 la Corte Superior, divisióndel Banco de la Reina, decidió que un agregado de emba-jada o legación tiene derecho en Inglaterra a todas lasinmunidades acordadas al Embajador o al jefe de la lega-ción y personal. El Juez Mathew sostuvo que:

" El derecho internacional protege no sólo al emba-jador sino a todos los que le están asociados en elejercicio de sus funciones." 2™

En los Estados Unidos, en el caso Girardon vs. Angelone,la Corte Suprema del Estado de Nueva York opinaba queel demandante, agregado comercial a la Real Embajadade Italia, tenía inmunidad diplomática. Esta opinión sefundaba en una comunicación del Departamento deEstado, que había declarado:

" Como por nuestras leyes se reconoce a estos agre-gados la inmunidad de jurisdicción, opinamos que

deben desestimarse los procedimientos legales iniciadoscontra el Sr. Romolo Angelone." 217

En Francia, la Sala Civil de la Corte de Casación expresóen sun fallo del 10 de enero de 1891:

" Considerando que del principio mencionado en elsusodicho decreto [el decreto del 13 de Ventoso delaño II] se desprende que los agentes diplomáticos delas Potencias extranjeras no están sometidos, en gene-ral, a la jurisdicción de los tribunales franceses; con-siderando que esta inmunidad debe extenderse a todaslas personas que oficialmente forman parte de la lega-ción .

" 218

243. Tal vez convendría mencionar aquí el célebre casoEngelke vs. Musmann219, en el cual la Cámara de LosLores reconoció el beneficio de la inmunidad diplomáticaal demandante, que ejercía en la Embajada de Alemanialas funciones de " secretario consular ", es decir, que for-maba parte del personal del agregado comercial. La Cortese inclinó ante una comunicación del Foreign Office,según la cual el demandante:

". . . responde de todos sus actos ante el Embajadorde Alemania ".244. En cuanto a la familia del diplomático, recorda-

remos que el tribunal civil del Sena reconoció en una sen-tencia del 18 de noviembre de 1907, recaída en el casoCottenet y Cía. vs. Raffalovich220, la inmunidad de laesposa de un diplomático, separada de éste. El tribunalcomprobó que el principio de la inmunidad se extiendea las personas que forman la comitiva oficial del agentey que la esposa separada conserva este beneficio adqui-rido, ya que la separación de cuerpos es una medida esen-cialmente provisional que no rompe el lazo conyugal.

245. Pero observemos que la Comisión de Reformasal Código Civil, creada en Francia por decreto del 7 dejunio de 1945, parece querer aplicar mucho más restric-tivamente el principio de la inmunidad diplomática. Elartículo 101 del proyecto estipula:

" Art. 101. El agente diplomático gozará de inmu-nidad total de jurisdicción mientras dure su misión.Dicha inmunidad cesa cuando termina en sus funciones,aun en relación con las obligaciones contraídas por elagente diplomático durante su misión.

" La inmunidad del agente diplomático no se ex-tiende a su familia ni a su servicio doméstico.

" La inmunidad de jurisdicción a que se refieren lospárrafos anteriores sólo se reconoce al jefe de misióny a los consejeros y secretarios de embajadas o lega-ción, con exclusión de toda otra persona agregada auna misión diplomática." 221

b) El personal no oficial

246. Las inmunidades que deben reconocerse a laspersonas que no tienen categoría oficial (el caso Engelke

213 Sir Cecil Hurst , op. cit., págs. 152 y 153.214 Ibid., pág. 154.215 E. Clunet , Journal de droit international privé et de la juris-

prudence comparée, Pa r i s , t. 14, 1887, págs . 203 et seq.216 Ibid., pág . 207.

217 H. Lauterpacht (ed.), Annual Digest and Reports of PublicInternational Law Cases Years 1919-1942, caso No. 110, págs.204 y 205 .

218 E. Clunet, Journal du droit international, t. 18, 1891, pág.157.

219 Enge lke vs. M u s m a n n , Cámara de los Lores de Gran Bre taña[1928] A.C. 433, q u e se r e p r o d u c e en Herber t W. Briggs, The Law

of Nations, Cases, Documents and Notes, págs. 373-379.220 F .Deak, op. cit., pág. 532, nota 153 de pie de página.221 Travaux de la Commission de réforme du Code civil, 1949—

1950, Paris, 1951, pág. 744.


vs. Musmann parece un caso extremo) han dado lugar amuchas dificultades, algunas de las cuales han sido zan-jadas por los tribunales. Últimamente han sido estudiadascon todo detalle en la monografía del Sr. Michel Mousk-hély, catedrático auxiliar de las facultades de derecho 222.

247. El autor señala en primer lugar que se trata deuna cuestión difícil, a la que en general no se refierenlos convenios relativos a las inmunidades, excepciónhecha del artículo 14 del Convenio de La Habana. Estambién una cuestión harto delicada, porque plantea unconflicto de competencia entre el Estado en que el agenteejerce sus funciones y el Estado que representa. Puedeninvocarse argumentos muy convincentes en favor de lacompetencia territorial :

"1 ) Una razón jurídica de alcance general.. . lacompetencia territorial predomina sobre cualquiero t r a ; . . . "

La inmunidad es, pues, la excepción y ha de aplicarserestrictivamente.

" 2 ) Una razón jurídica de alcance más limitadocomo: la competencia de la autoridad nacional es dederecho público, debe prevalecer necesariamente sobreuna relación de servicio de índole privada."

En lo que atañe a los empleados que sean nacionales delpaís de residencia del ministro, se impondría la compe-tencia local " por la sencilla razón de ser la única juris-dicción posible ".

248. Muchas legislaciones reconocen el beneficio de lainmunidad a los miembros del personal que no sean na-cionales del Estado ante el cual está acreditada la misión.En Inglaterra, el estatuto de Ana; en los Estados Unidos,los artículos 252 a 264 del Código citado anteriormente(párr. 237) ; en Dinamarca, una ordenanza de 1708 y losproyectos de convención elaborados por sociedades cien-tíficas acuerdan el privilegio a los miembros del personaladministrativo de nacionalidad extranjera. Pero el Pro-fesor Mouskhély estima que ni esas legislaciones ni lajurisprudencia de los tribunales anglosajones ofrecen unaprueba que permita afirmar que dicha inmunidad debareconocerse al personal mencionado. El Profesor Mousk-hély se refiere, por ejemplo, al caso Novello contraToogood, en el cual el tribunal británico se negó a reco-nocer a estas personas: "el privilegio de la inmunidadno de modo general, sino únicamente para los actos rela-cionados con el servicio diplomático ".223

249. Las respuestas de los Estados al cuestionario delComité de Expertos de la Sociedad de las Naciones revelantambién la tendencia a restringir la concesión de privi-legios a esos empleados. Entre los Estados que se mos-traron poco dispuestos a extender esos privilegios a losmiembros del personal no oficiales pueden citarse lossiguientes: Alemania. Brasil, Grecia, Rumania, Suiza ySuecia. Se recordará además que el Relator del Sub-comité de Expertos, Sr. Diena, era partidario de esarestricción. Fundándose en todo esto, el Sr. Mouskhélydeduce como conclusión " que está formándose una

nueva opinio necessitatis, atestiguada por precedentescada vez más abundantes " 224.

250. En cuanto a los miembros del personal no oficialque sean nacionales del país ante el cual está acreditadala misión extranjera, el autor, a pesar de reconocer elvalor de los precedentes británicos y norteamericanos(casos Novella vs. Toogood, Engelke vs. Musmann yDistrict of Columbia vs. París para los Estados Uni-dos) 225, concluye que:

" En el caso del personal que sea nacional del Estadocuya competencia territorial se discute . . . nos encon-tramos frente a una norma positiva de derecho inter-nacional consuetudinario. Dicha norma autoriza a losEstados a iniciar procedimientos . . . " 226.

Pero reconoce que la soberanía territorial, a pesar depermanecer intacta en relación con el personal no oficial,podrá sufrir algunas limitaciones en interés de la funcióndiplomática y sólo podrá ejercerse teniendo en cuentalas exigencias de la representación diplomática227.

251. Otros autores son menos categóricos que Mousk-hély. Oppenheim, por ejemplo, dice:

" Es una norma de derecho internacional consuetu-dinario que el Estado ante el cual está acreditada unamisión diplomática debe reconocer a todas las personasque forman parte del servicio personal del enviado,sean o no sean nacionales de dicho Estado, la inmu-nidad de jurisdicción civil y penal " 228,

y Sir Cecil Hurst indica 229 que la inmunidad se extiendeal servicio doméstico, siempre que su empleo sea real yde bona fide; pero añade 230 que ni la práctica de losEstados ni la opinión de los autores se muestran unánimesa este respecto. Cita el artículo 19 de la ley alemana de1928, que sólo reconoce la inmunidad a las personas queno sean nacionales alemanes; pero expresa la opinión deque el dictum* de Lord Mansfield, conforme al cual elprivilegio del ministro extranjero se extiende a su familiay servicio doméstico, sigue siendo la norma general delderecho internacional 231.

252. En cuanto a las dificultades que podrían surgirpor falta de una jurisdicción competente para los miem-bros del servicio doméstico que sean nacionales del paísen que está acreditada la misión, el autor opina que enrealidad no existen porque la inmunidad de ese personaltermina al cesar el empleo 232. Se trata en suma de unainmunidad derivada y, como se dijo en el caso Novellocontra Toogood, el privilegio del servidor sólo tiene razónde ser en beneficio del representante extranjero 233.

253. Para demostrar que la opinión de Sir Cecil Hurstno es una opinión aislada, bastará tal vez con citar aquí

222 M. Mouskhély, " L'immunité diplomatique s'étend-elle auxpersonnes faisant partie de la suite du ministre? ", Revue généralede droit international public, París, 3a. serie, t. XXI (tomo LIV,1950), págs. 43-64.

223 Ibid., op. cit., pág. 51 y nota 26 al pie de página.

224 Ibid., pág. 54. Véase también el art ículo 101 del proyecto dereforma del Código Civil, ci tado en el párrafo 245 de la presentememoria .

225 Ibid., págs. 56-58.226 Ibid., págs. 59 y 60.227 Ibid., pág. 60.228 Oppenheim, op. cit., pág. 725 y notas 3 y 4 de pie de página.

Véase también : Joyce Luther idge : " Immuni t ies of the SubordinateDiplomatic Staff " ; en The British Yearbook of International Law,1947, Tomo XXIV, págs. 147 et seq.

229 Sir Cecil Hurs t , op. cit., pág . 159.230 Ibid., págs . 201 a 207.231 Ibid., págs . 201 y 202.232 Ibid., pág . 203.233 Ibid., pág . 206.


el caso District of Columbia vs. París » « . El demandado,ciudadano norteamericano empleado en la Embajada delJapón, había sido acusado de no cumplir las ordenanzaspoliciales relativas a la circulación de vehículos. En elfallo se deja constancia de que las prerrogativas e inmu-nidades reconocidas al acusado durante el empleo ter-minan con éste y que los diplomáticos, que pueden renun-ciar a los privilegios reconocidos a su servicio domésticoen beneficio de ellos mismos, no los protegerían en elcaso de que cometieran intencionalmente infracciones delas leyes locales.

254. Por otra parte, en el asunto Reinhardt™, el tri-bunal de primera instancia de Roma, al considerar el casode una sirvienta del segundo secretario de la legación deSuiza ante la Santa Sede, acusada de infanticidio, sedeclaró incompetente alegando que las inmunidades diplo-máticas reconocidas a los agentes diplomáticos se extien-den a su personal doméstico extranjero (25 de marzo de1938).

3 . LAS INMUNIDADES DE JURISDICCIÓN

a) Inmunidad de jurisdicción penal

255. La consecuencia más importante que dimana de" la inviolabilidad " de la persona del agente diplomáticoes la inmunidad de jurisdicción que se le reconoce tantoen lo penal como en materia civil y comercial. Pero si lainmunidad es absoluta ante las instancias penales, estásujeta a restricciones en los casos civiles. Casi todos losproyectos elaborados por sociedades científicas que seexaminan en el capítulo I de la presente Memoria, plan-tean como principio que el agente diplomático que sededica a operaciones comerciales por su propia cuenta,o posee inmuebles a título personal en el país en que estáacreditado, no puede alegar su inmunidad diplomáticacomo excepción cuando se trate de acciones judicialesrelacionadas con sus asuntos privados. La jurisprudenciano es unánime a este respecto y, por lo tanto, se exami-nará la cuestión con más detalle en la sección siguiente.

256. La inmunidad absoluta de jurisdicción penallocal del agente diplomático se justifica perfectamente porlas necesidades de su función; recordamos a este respectoel dicho célebre de Montesquieu que se reproduce en elpárrafo 218 de esta memoria:

" Podríamos imputarles crímenes si fuera posiblecastigarlos por crímenes; podría suponérseles deudassi fuese permitido arrestarlos por deudas . . . "

/Mas auiere esto decir aue el asrente diplomático rmedecometer delitos y crímenes sin contraer por ello respon-sabilidad alguna ? La doctrina rechaza unánimementeesta consecuencia y señala la distinción que correspondeestablecer entre la inmunidad de jurisdicción, medida deprocedimiento aue no toca el fondo del asunto v la res-ponsabilidad penal del culpable, que sigue siendo totalEl gobierno ante el cual está acreditado no carece demedios de acción a su respecto. Puede pedir su retiro;puede, como hemos visto en el caso del Príncipe Cella-mare, confinar al culpable a su residencia privada vhacerlo conducir hasta la frontera con la deferencia debidaa su jerarquía. Puede finalmente pedir al gobierno del

agente que inicie las acciones pertinentes ante sus tribu-nales nacionales.

257. Oppenheim resume la situación del modo si-guiente:

" En cuanto se refiere a la inmunidad de jurisdic-ción penal del enviado diplomático, la teoría y la prác-tica del derecho internacional concuerdan en que el paísde residencia no tiene derecho, sean cuales fueren lascircunstancias, a procesar y castigar a un enviadodiplomático . . . Pero esto no significa que dicho enviadoesté en libertad de proceder a su antojo " 236.258. Fauchille expresa la misma opinión:

" Los agentes diplomáticos de cualquiera jerarquía—dice — de toda jurisdicción civil y penal del Estadoante el cual están acreditados " 237,

y Sir Cecil Hurst concluye su exposición detallada de lacuestión manifestando:

" En resumen, puede declararse con toda seguridadque el principio según el cual un agente diplomático ylos miembros de su personal están exentos de la juris-dicción penal del país en que residen, no solamente esválido en sí mismo, sino que concuerda con la prácticade los Estados civilizados . . . " 238.259. Mencionemos, para terminar, la opinión de

Francis Deak; quien, después de citar algunos casos con-tenciosos resueltos en favor de la inmunidad absolutade jurisdicción de los agentes diplomáticos, deduce que:

" Se puede concluir que, en general, la inmunidad dejurisdicción de los agentes diplomáticos es una normauniversalmente aceptada del derecho internacio-nal . . . " 23»

b) Inmunidad de jurisdicción civil

260. Como ya se ha indicado en el párrafo 255, lainmunidad civil plantea algunos problemas a pesar deque el principio sea universalmente admitido.

261. Mas esto no quiere decir que la regla de la in-munidad de jurisdicción civil haya sido reconocidasiempre y sin dificultad por los Estados. En Holanda,por ejemplo, los tribunales pretendieron someter a losdiplomáticos extranjeros a su jurisdicción hasta la inter-dicción pronunciada en 1679 por un edicto de los Estadosgenerales, que disponía que los embajadores extranjerosy su séquito no podrían ser llevados ante los tribunales nial llegar a su país, ni durante su estada en el mismo, nien el momento de su partida 240. Esta norma, que en GranBretaña parece haber sido aplicada desde 1657, fuéanalizada cuidadosamente en el caso In Re the Republicof Bolivia Exploration Syndicate Ltd. 241, llegándose a laconclusión siguiente : " Un agente diplomático acreditadoante el Soberano por un Estado extranjero de ningúnmodo puede ser procesado ante los tribunales ingleses."

262. En el caso Magdalena Steam Navigation Com-pany vs. Martin, en el que se demandaba al Ministro deGuatemala en Londres por la devolución de una sumadebida sobre las acciones de una sociedad anónima en

2 3 4 H . Lau te rpach t (ed . ) , Annual Digest of Public InternationalLaw Cases, 1938-1940, caso No. 169, págs. 432 et seq.

235 Ibid., caso No . 171 , pág . 435.

236 L. Oppenheim, op. cit., pág. 708.237 P. Fauchille, op. cit., pág. 85.238 Sir Cecil Hurst, op. cit., pág. 171.239 F . Deak , op. cit., pág . 522.240 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 174 y siguientes; de donde se

toman los ejemplos aquí citados.241 Ibid., pág . 176.


liquidación, la Corte estableció que el representante diplo-mático debidamente acreditado ante la Reina no podíaen absoluto ser procesado ante la justicia civil. El ChiefJustice, Lord Campbell, dice:

" Debe estar en libertad de dedicarse en cuerpo yalma a los asuntos de su Embaj a d a . . . Es cierto quehasta ahora no se ha decidido formalmente que undiplomático debidamente acreditado ante la Reina porun país extranjero está exento de toda acción civil;pero creemos que tal es la conclusión que se desprendede principios bien establecidos " 242.263. El principio fué establecido en Francia en 1891

por la Corte de Casación en el caso Errembault de Deed-zeeleW después del célebre alegato del procurador gene-ral Desjardins, quien, tras de haber analizado el problemaen todos sus aspectos, llegó a la conclusión siguiente:

" Pero me parece que la Corte deberá resolver defi-nitivamente si corresponde distinguir, en cuanto a lainmunidad de jurisdicción, entre los actos ejecutadospor el agente diplomático como representante de sugobierno y los actos que ejecuta como particular. Leproponemos que no insista en esta distinción. Si cadavez que el agente diplomático actúa como persona pri-vada cae bajo la jurisdicción de los tribunales fran-ceses, sus acreedores, por pocos que sean, le perse-guirán sin misericordia y podrán entorpecer, ya seacon demandas legítimas, ya sea con malas artes, elejercicio de sus funciones; se volvería así al inconve-niente que el derecho de gentes quería evitar: ne impe-diatur kgatio." 2**

264. Sabido es que la Corte de Casación aceptó lasconclusiones del procurador general y revocó en interéslegal el fallo dictado por el tribunal del Sena contra eldemandado, consejero de la legación de Bélgica en París,por el que se le condenaba en rebeldía a abonar al Sr.Foureau de la Tour la suma de 377,05 francos por con-tribuciones pagadas en nombre del demandado en rela-ción con un departamento que éste ocupaba.

265. En cambio, la jurisprudencia italiana ha sidola más reticente en la materia. En un fallo del 12 dediciembre de 1937, el tribunal de primera instancia deRoma decidió que sólo se puede invocar la inmunidad enmateria civil para los actos relativos a las funciones diplo-máticas propiamente dichas245. Pero como es sabido, estajurisprudencia, que parecía generalizarse en Italia, fuérevocada por la Corte de Casación de Roma en el casoMeeus vs. Forzano, al decir en su fallo, entre otras cosas:

" Se discute si la inmunidad relativa a la exención dejurisdicción civil debe ser total y, por consiguiente,extenderse a las transacciones de carácter privado queel agente realice en el país en que está acreditado. Sise reconoce que la exención dimana de la calidad in-herente a la persona investida de funciones diplomá-ticas, no parece posible aceptar la exención en parte yrechazarla en parte . . . " 24<

%

y la Corte llegaba a la siguiente conclusión:" Por esos motivos, y a falta de disposiciones con-

trarias de la ley interna.. . ha de admitirse que el242 F. Deak, op. cit., pág. 524.243 E. Clunet, op. cit., t. 18, 1891, págs. 137 et seq.244 Ibid., pág. 156.24s H. Lauterpacht (ed.), Annual Digest of Public International

Law Cases, años 1935-1937, pág. 393.24« Ibid., años 1938-1940, caso No. 164, pág. 423.

principio conforme al cual los agentes diplomáticosacreditados en nuestro país están exentos de la juris-dicción civil italiana se aplica también en Italia en elcaso de actos relativos a sus asuntos privados." 247

266. En un fallo del 6 de mayo de 1940 248, la Cortede Roma va aún más lejos y admite que la exención deinmunidad diplomática puede invocarse en los casos enque el agente sea el demandante y se le oponga una recon-vención. " Es indudable, observa la Corte,

" que el demandante en la acción principal, que pasaa ser el demandado a los efectos de la reconvención,tiene indiscutiblemente el derecho de exponer todos susargumentos . . . y que el tribunal que entiende en lacuestión principal debe examinar la cuestión previa desu competencia para entender en la nueva acción . . . " 249

y la Corte dictaminó que el diplomático puede invocar suinmunidad de jurisdicción aun en el caso de una recon-vención; que dicha excepción estaba bien fundada y que,por consiguiente, debía desestimarse la reconvención 25°.

267. Pero esta jurisprudencia no ha sido generalmenteaceptada. Sir Cecil Hurst, por ejemplo, cita una sen-tencia de la Corte de París por la cual se rechazaba laexcepción del primer secretario de una legación extran-jera que, en un pleito por el que reclamaba la posesión dela herencia de su esposa, quiso invocar su inmunidaddiplomática para sustraerse a la reconvención que leoponían los tutores de los hijos menores:

" Los agentes diplomáticos — dijo la Corte — nopueden valerse de esta exención para negarse a discutirante los tribunales locales a que ellos mismos se hansometido los fundamentos de las decisiones por ellosobtenidas." 251

Conforme al mismo autor, la jurisprudencia inglesaestima que el diplomático que se ha sometido a los tribu-nales británicos en calidad de demandante está sujeto asu jurisdicción en saco de set off (contrademanda poruna suma líquida) y de " reconvención " relativa a losmismos hechos y entre las mismas partes.

268. Sir Cecil Hurst concluye252 que en este casono se trata de una excepción al principio general de lainmunidad de jurisdicción, sino de una consecuencia" . . . de la regla que establece que si un agente diplo-mático reconoce la competencia del tribunal por el hechode entablar un proceso, debe aceptar todas las normasdel procedimiento . . . "

269. Según Hackworth 253, la práctica de los EstadosUnidos parece orientarse en el mismo sentido. Cuando elEmbajador de Gran Bretaña comunicó el 15 de enero de1916 al Secretario de Estado que se le había notificadoque debía comparecer ante la Corte de Distrito de Maineen un proceso civil iniciado en su contra, el Secretario deEstado, después de hacer las averiguaciones del caso,informó al Embajador que la Corte había rechazado lademanda a solicitud del Fiscal.

270. Muchos otros ejemplos citados por Hackworthconfirman esta jurisprudencia.

247 Ibid., p á g . 426.248 Ibid., años 1941-1942, caso No . 111.249 Ibid., pág . 372250 Ibid., pág. 373.251 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 189 y 190.252 Ibid., pág . 191.253 Hackwor th , op. cit., págs . 533 et seq.


271. En la doctrina y la jurisprudencia se discute amenudo si el agente diplomático o las personas que de éldependen y gozan de inmunidades pueden ser demandadosante los tribunales locales por deudas contraídas antes odespués de asumir aquél sus funciones. Parece que larespuesta ha de ser negativa, como se desprende por otraparte de algunos de los fallos arriba citados.

272. En el caso del Procurador General contra NazareAga, la Corte de Casación de Francia dijo:

" Pero considerando que poco importa que la obli-gación contraída por el agente diplomático lo hayasido antes o después de su entrada en funciones; quebasta con que esté investido de su carácter oficial en elmomento en que se le entabla una acción judicial..." 254

273. La Corte Suprema de Checoeslovaquia, por sen-tencia del 9 de diciembre de 1936 en el caso del secretariode una legación extranjera acreditado en Praga, quehabía adquirido por sucesión un inmueble que anterior-mente perteneciera a un ciudadano checoeslovaco y habíasido citado ante los tribunales locales y condenado a de-volver un depósito en efectivo hecho por un tercero conmiras a la adquisición de dicha propiedad, decidió que:

" . . . el demandado, que goza en territorio checoeslo-vaco de los privilegios correspondientes a las personasextraterritoriales conforme al artículo 9 del Código deProcedimientos Civiles, no está sujeto en este caso a lajurisdicción de los tribunales checos. La acción iniciadacontra él como sucesor legal de un nacional del país,de quien ha heredado un inmueble situado en territoriochecoeslovaco, en nada influye para decidir si soncompetentes, con arreglo al artículo 9, los tribunaleslocales . . . " * *

274. Pero debemos citar una sentencia reciente de laSala Primera de la Corte de Apelaciones de París 2*6 queparece anunciar, en cuanto a Francia se refiere, una ten-dencia más restrictiva en la materia. Dice la Corte:

" Considerando que si bien la idea esencial de lainmunidad de jurisdicción, que es dejar a los represen-tantes de Estados extranjeros toda la independencianecesaria para el ejercicio de su misión diplomática,permite extender ese privilegio a las esposas de dichosrepresentantes, sería sin embargo un abuso que lacondición de esposa de un agente diplomático tuviera elefecto de permitirle rechazar toda reclamación relativaa deudas personales contraídas antes del matrimonioy sin relación alguna con las funciones de su mari-do . . . "

El comentador añade que con esta sentencia la Corte deParís ha manifestado . . . "la voluntad de poner límitesa una inmunidad que, en muchos casos, puede parecerexcesiva en sí misma, teniendo en cuenta que aumentaconsiderablemente el número de personas a quienes sereconoce ".

275. Parece innecesario detenernos en este aspectoparticular de la cuestión de la inmunidad de jurisdicción.Mas tal vez convenga recordar que la cuestión de lasdeudas contraídas por los agentes diplomáticos con ante-rioridad a su misión o en el curso de las misma fué

causa de que se promulgara el Estatuto de Ana de Ingla-terra, a consecuencia de la detención por deudas delEmbajador ruso en Londres y de las complicaciones diplo-máticas a que ello diera lugar; y que en 1772 el Duquede Aiguillon, Ministro de Relaciones Exteriores de Fran-cia, negó sus pasaportes al Barón de Wrech, MinistroPlenipotenciario del Landgrave de Hesse Cassel, quequería partir sin pagar sus deudas. En la memoria quedirigió al cuerpo diplomático acreditado en París257, elDuque de Aiguillon quiso demostrar que, como la inmu-nidad se funda en un convenio tácito entre los soberanos,sólo puede tener el efecto de " . . . eliminar todo lo quepudiese impedir al ministro público el ejercicio de susfunciones...", y teniendo en cuenta el carácter de reci-procidad de todo convenio, que " . . . el ministro pierde suprivilegio cuando abusa de él en contra de la intenciónestable de ambos soberanos". El Duque de Aiguillondeducía de dicho principio " . . . que un ministro públicono puede valerse de su privilegio para negarse a pagarlas deudas que hubiese contraído en el país de residen-cia . . . " , porque esa negativa violaría " . . . la primera leyde justicia natural, que es anterior a los privilegios delderecho de gentes . . . " El ministro plenipotenciario sólopudo obtener su pasaporte y abandonar París cuando elLandgrave hizo suyas las obligaciones de su representante.

276. Sea como fuere, la mayoría de la doctrina y lajurisprudencia están de acuerdo en reconocer que lasdeudas contraídas por el agente diplomático antes deentrar en funciones en el país a que ha sido enviado nopueden cobrarse en éste por acción judicial mientras eldiplomático esté amparado por su inmunidad.

277. Los autores y la jurisprudencia parecen admitirtambién que la inmunidad de jurisdicción deberá respe-tarse, aunque el agente se dedique a operaciones comer-ciales en el país de residencia.

278. Sir Cecil Hurst se muestra categórico al res-pecto 258. Pero Charles Dupuis, en la segunda parte desu curso sobre las relaciones internacionales, opina quela inmunidad de jurisdicción no protege al diplomáticoen relación con los inmuebles que posea en el país deresidencia, ni tampoco al que se dedique a operacionescomerciales. Sin embargo, añade que, "en los casosdudosos no corresponde a los tribunales locales trazarla línea de demarcación, sino al Estado de que dependeel agente." 259

279. Raoul Genet260 comparte la opinión de Sir CecilHurst. Estos dos autores citan en apoyo de su tesis unfallo de 1867 de la Corte de Apelaciones de París en elcaso Tchitcherine y el alegato del abogado general Des-coutures que, invocando la incompetencia de los tribunalesfranceses para entender en asuntos civiles en que fueranparte agentes diplomáticos, concluía que el mismo prin-cipio debía aplicarse en materia comercial:

" . . . porque las consecuencias son las mismas, losinconvenientes los mismos y porque, al fin y al cabo,el que trata comercialmente con un embajador u otro

254 Sir Cecil Hurst, op. cit., pág. 177, nota 1. Véase tambiénJournal du Palais, Bulletin des Sommaires, parte I, pág. 121.

255 H. Lauterpacht, Annual Digest, años 1938-1940, pág. 429.Caso 167.

256 Journal du droit international, 1955, pág. 391.

257 La correspondencia relativa a este célebre caso se reproduceen De Mar tens : " Causes célèbres du droit des gens ", 2a. éd.,Vol. I I , págs. 282 et seq.

258 S i r Cecil Hurs t , op. cit., págs. 184 et seq.259 Charles Dupuis , " Liber té des voies de communicat ion, Rela-

tions internat ionales ", Recueil des cours 1924 I, pág. 303.260 Raoul Genet , op. cit., pág. 579.


agente diplomático no puede ignorar su función, sucalidad y sus privilegios ".

Pero puede citarse también en sentido contrario, en cuantoa las deudas contraídas con el fisco como consecuenciade operaciones comerciales, un fallo del 27 de junio de1930 261 en el caso Thams, Consejero de la Legación deMonaco en París. El Sr. Thams administraba en París losintereses de varias sociedades comerciales y la alta asam-blea llegó a la conclusión:

" que el agente diplomático ejercía, pues, la profesiónde agente de negocios; que, por consiguiente, con tododerecho se le ha obligado y mantenido en calidad de tala pagar para 1918 y 1919 la contribución de patentesy el impuesto municipal a los locales comerciales "280. Pero la Corte de Apelaciones de París, en el caso

Breilh vs. Mora, ha dejado constancia de que no corres-ponde averiguar " . . . la naturaleza de las deudas cuyoreembolso se trata de obtener del agente diplomático "y que " existe inmunidad de jurisdicción, especialmenteen el caso de acciones tendientes a exigir el pago de deu-das comerciales contraídas por el agente antes de sunombramiento ".262

281. Puede citarse respecto del Reino Unido el casoTaylor vs. Best*'3. Drouet, segundo secretario al prin-cipio y luego ministro residente de Bélgica en Londres,era uno de los directores de una sociedad comercial.Llevado ante los tribunales británicos con sus codirectores,pretendió eximirse invocando sus inmunidades diplomá-ticas. La Corte hizo constar que:

" . . . es igualmente claro que si el privilegio existe,no se pierde cuando se trata de un embajador u otroagente diplomático, porque el interesado se haya dedi-cado a operaciones comerciales, como ocurriría, envirtud de la disposición del artículo 5 del capítulo 12de la ley de Ana, en el caso del servicio doméstico deun embajador . . . "282. También se hace referencia a los casos Magdalena

Steam Navigation Company vs. Martin, ya citado con losconsiderandos pertinentes264, y Republic of Bolivia Ex-ploration Company 265, en los cuales la Corte declaró per-tinente la excepción de inmunidad diplomática.

c) Testimonio judicial

283. Para terminar con las inmunidades personales,mencionaremos de paso que no se puede obligar a unagente diplomático a comparecer como testigo ante las ju-risdicciones locales ; pero que muchos autores admiten quesi se solicita su testimonio por vía diplomática, deberádarlo en la sede de la embajada ante el magistrado que seenvíe especialmente. Nos limitaremos a citar algunos ejem-plos de la actitud adoptada por algunos gobiernos y deter-minados autores respecto de esta cuestión. Hackworth, porejemplo, cita un despacho enviado el 21 de octubre de1922 por el Subsecretario de Estado al Ministro de losEstados Unidos en Polonia, instándole a que señalara a la

atención del Ministro de Relaciones Exteriores de Poloniaque:

" conforme a los principios generalmente aceptadosdel derecho internacional, el personal oficial de unamisión extranjera no puede ser citado a comparecer enjusticia y que, en opinión del Gobierno de los EstadosUnidos, el Gobierno de Polonia.. . al citar como tes-tigos a los miembros del personal de la Legación, seha apartado de esos principios ".266

284. Fauchille declara que un agente diplomático nopuede " ser citado a comparecer como testigo ante unajurisdicción de represión; sólo es posible solicitarle queenvíe su testimonio por escrito . . . " 287, y Sir Ernest Satowseñala que un agente diplomático ".. . no puede ser obli-gado a comparecer ante los tribunales para declarar conrespecto a hechos que son de su conocimiento; lo mismose aplica a los miembros de su famlia o su perso-nal . . . " 268 Calvo relata el caso de un ministro de losPaíses Bajos en Washington, a quien se le pidió en 1856que compareciera como testigo en un caso de homicidiocometido en su presencia. El ministro se negó y el Go-bierno neerlandés no hizo lugar a una solicitud del Secre-tario de Estado que le pedía que autorizara esa compari-ción en justicia. El Gabinete norteamericano exigióentonces el retiro del ministro.269

285. Oppenheim dice 27° que un enviado diplomáticono puede ser obligado a comparecer como testigo anteuna jurisdicción penal o administrativa.

286. Sin embargo, la doctrina en general, según seinfiere de los proyectos analizados en el capítulo I delpresente estudio, estima que si se solicita por vía diplomá-tica el testimonio del agente su gobierno debería autori-zarlo a declarar en la sede de la Embajada ante el magis-trado que se designe con ese fin. Sea como fuere, pareceque no hay al respecto una norma universalmente acep-tada, de suerte que los gobiernos interesados deberándecidir por sí mismos los casos que se les presenten.

4 . RENUNCIA A LA INMUNIDAD

287. ¿ Puede el agente renunciar a sus inmunidades ?Esta cuestión ha dado origen a opiniones diversas. Segúnalgunos, en todos los casos la renuncia debe ser autori-zada por el gobierno que aquél representa. Otros autoressólo exigen esta condición en el caso del propio jefe de lamisión que, por su parte, tendría el derecho de renunciara las inmunidades en nombre del personal subalterno. Estose explica afirmando que las inmunidades no se concedendirectamente al beneficiario, sino al Estado que repre-senta, el único que tiene competencia para renunciar aellas. Sir Cecil Hurst dedica a este problema el capítulo VIde su curso 271. En su opinión, se necasita ". . . un actoque exprese el consentimiento del soberano del país repre-sentado por el agente diplomático y al cual pueda remi-tirse el tribunal", y que la renuncia debe ser definitiva yhecha en forma regular. Asimismo, el diplomático inte-resado no puede discutir ante el tribunal la decisión

261 Reproducido en el Journal du droit international, Vol. 58,año 1931, pág. 363.

262 E . Clunet , Journal du droit international, Vol. 27, año 1900,págs . 953 y 954.

263 F. Deak, op. cit., pág. 523, donde se reproducen los princi-pales considerandos de dicha sentencia.

264 Véase el párrafo 267, supra.265 F . Deak, op. cit., pág. 524.

266 Hackworth, op. cit., pág. 553.267 Fauchille, op. cit., pág. 93.148 Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Londres,

1932, pág. 187, párr. 349.2«» Calvo, op. cit., págs. 318 y 319.270 O p p e n h e i m , op. cit., pág . 717.271 Sir Cecil Hurs t , op. cit., págs . 193 et seq. Véanse asimismo las

decisiones de la jurisprudencia allí citadas.


adoptada por su gobierno de renunciar a estas inmuni-dades en lo que a él respecta; pero, por otra parte, es". . . bastante difícil reconocer al tribunal, o siquiera algobierno de un país, el derecho de solicitar a un gobiernoextranjero otra prueba de su consentimiento que la some-tida por el propio representante. . . " En lo que se refiereal personal subalterno, Hurst está dispuesto a admitir quebasta la renuncia hecha por el jefe de la misión en nombrede sus subordinados, y con respecto al personal doméstico" inmunidad derivada ", reconoce sin ambages la compe-tencia de aquél. Insiste en que la inmunidad puede invo-carse en cualquier momento, aun cuando el agente no lohaya hecho al iniciarse el proceso.

288. Sir Ernest Satow es del mismo parecer272. Enapoyo de su tesis, cita una serie de decisiones judiciales:1) El caso M. C. Waddington, hijo del encargado de nego-

cios de Chile en Bruselas, acusado de homicidio yrefugiado en la Embajada de su país. Las autoridadesbelgas esperaron la autorización del Gobierno chilenoantes de detener al inculpado (año 1906).

2) En 1917, en el caso Suárez vs. Suárez, el Ministro deBolivia en Londres se negó a abonar al Tribunal lasuma de dinero que le había condenado a pagar ensu calidad de administrador de la sucesión Suárez,para cuyos efectos él había renunciado a la inmu-nidad. La Corte resolvió que aun en ese caso el diplo-mático podía legítimamente invocar la excepción deinmunidad diplomática.

3) Sin embargo, en 1925, la Corte de Apelaciones deParís, en el caso Drtilek vs. Barbier, declaró que elcanciller de la legación checoeslovaca, después dehaber invocado la jurisdicción de los tribunales fran-ceses en un juicio por cobro de alquileres, no podíaoponer más adelante la excepción de inmunidad diplo-mática contra la reconvención 273.

289. La Corte de París en el fallo Grey 274 se plegó ala opinión de los que sostenían que los beneficiarios deinmunidades diplomáticas pueden renunciar a ellas sinautorización, y que esa renuncia, que puede inferirse delas circunstancias inequívocas del proceso, restituye lacompetencia de los tribunales franceses. En este casoconcreto, un agregado a la Embajada de los EstadosUnidos en París había comparecido sin formular reservaalguna a un intento de conciliación y hecho alegacionesante el Tribunal civil al cual su mujer había presentadouna demanda de divorcio. En consecuencia, " . . . habíamanifestado muy claramente su voluntad de renunciar ala inmunidad diplomática como estaba capacitado parahacerlo, y de aceptar la jurisdicción de los tribunales fran-ceses en el proceso entablado contra él y para todas lasinstancias del mismo ". La Corte concluyó que podíalegítimamente declararlo en rebeldía y dictaminar sobrela apelación interpuesta por su esposa.

290. Por último, tal vez conviene recordar que elartículo 26 del proyecto de Harvard275 sólo exige elconsentimiento expreso del gobierno interesado en el casodel jefe de la misión, mientras que con respecto a losdemás miembros del personal, dicho texto considera sufi-

ciente una declaración de este último. Los autoresdel proyecto opinan que " la norma establecida . . . satis-face las exigencias del derecho internacional ". No obstante,al parecer se reconoce umversalmente que, aun en elcaso de una renuncia válida a la que haya seguido unfallo condenatorio, no se pueden tomar medidas de ejecu-ción contra la persona o los bienes del diplomático inte-resado. Fauchille es muy categórico sobre este punto:

" Aunque la autorización del soberano haya sidoexpresa o tácita en ningún caso podrá ponerse enejecución alguna medida contra la persona inviolabledel ministro público, o contra sus bienes . . . " 276,

opinión apoyada por Genet277 y la casi totalidad de losautores.

291. En el caso Rex contra Kent278 la Court of Crim-inal Appeal de Inglaterra, en un fallo de fecha 4 defebrero de 1941 relativo a un funcionario subalternoacusado de diversos delitos y crímenes, comprobó queéste había sido destituido el 20 de mayo de 1940 y queese mismo día, o la víspera, el embajador había renun-ciado a las inmunidades de jurisdicción con respecto adicho empleado, que no obstante pretendía invocarlas.La Corte rechazó la excepción alegada, sosteniendo quela inmunidad del subalterno había sido concedida alembajador en interés de su misión, y que éste podríarenunciar a ella con efecto inmediato tratándose de fun-cionarios de la categoría del acusado.

5. INMUNIDADES TRIBUTARIAS

a) Observaciones generales

292. Entre las inmunidades que todavía no hemosexaminado, conviene mencionar en primer término laexención del pago de impuestos directos y derechos deaduana. Aunque Fauchille 279 los clasifica entre las pre-rrogativas de cortesía, tienen ya tanto arraigo que se laspuede considerar como prácticas generalmente aceptadas.

293. En los párrafos siguientes examinaremos rápida-mente el alcance de estas exenciones y a qué impuestos ycontribuciones se aplican por regla general.

b) Exención del pago de impuestos personales

294. Es indudable que los agentes diplomáticos y losmiembros de sus respectivas familias que vivan bajo elmismo techo están exentos de todos los impuestos directosdel país en que ejercen sus funciones y que pudieranrecaudarse sobre su persona, sus ingresos y, en general,sobre sus efectos personales. Esta exención comprende,desde luego, los efectos de uso personal, el mobiliario,etc. Pero ¿ cuál es la situación con respecto a los ingresosprocedentes de los negocios particulares del agente en elpaís en que ejerce sus funciones ? Según la Harvard LawSchool en su Research in International Law 280 los auto-res que procuran establecer una distinción entre los actosoficiales y no oficiales de los diplomáticos parecen reaciosa admitir que sus ingresos, cuando menos en la medidaen que se obtienen de actividades privadas en el país deresidencia, deban aprovechar de esta inmunidad:

272 Sir Ernest Satow, op. cit., págs. 183 et seq.113 Véanse asimismo los otros casos citados por Sir Ernest Satow,

ibid.274 Journal du droit international, Paris, 1953, págs. 886 y 888.*75 Harvard Law School, op. cit., págs. 125 et seq.

276 Fauchille, op. cit., pág. 97.277 Genet , op. cit., págs . 592 y 593.278 Annual Digest, año 1941-1942, caso No. 110, pág. 365.279 Op. cit., pág. 99.280 Harvard Law School, op. cit., págs. 115 et seq.


" En este caso, como en muchos otros, se confundela obligación del diplomático de pagar los impuestosque gravan sus bienes, con la inmunidad que se lereconoce frente a toda medida de coacción por partedel Estado ante el cual está acreditado y que tenga porobjeto constituir un derecho de retención o embargo(lien), u obligar al interesado a pagar los impuestos."

Sin embareo la Research admite aue el diplomático estáobligado a pagar las contribuciones recaudadas por ser-vicios efectivamente prestados, y que los inmuebles depropiedad particular de los agentes diplomáticos estánsuietos al naso de impuestos locales. El principio de lainmunidad está reconocido, sin embargo, por muchaslegislaciones nacionales. Pero Sir Cecil Hurst281 opinaque es difícil distinguir claramente entre los inmueblesde propiedad particular del diplomático v los aue ésteocupa en relación con sus funciones.

c) Exención de la sede de la embajada

295. ¿ En qué situación se encuentran los inmueblesde propiedad del Estado extranjero o del agente en nombrede dicho Estado, que se utilizan con fines oficiales, in-clusive la residencia del jefe de la misión ? La cuestiónha sido analizada a fondo en un fallo de la Corte Supremadel Canadá del 2 de abril de 1943 282 titulado:

" Facultades de la Municipalidad de la ciudad deOttawa y de la aldea de Rockeliffe Park para imponercontribuciones a las legaciones extranjeras y las resi-dencias de los altos comisionados."

Como la ciudad de Ottawa cobraba le contribución te-rritorial corresnondiente nor los inmuebles de nrooiedadde legaciones extranjeras, se trataba de determinar sitenía el derecho de hacerlo. La Corte decidió por mayoríaque no podía imponerse contribución local alguna a estosbienes de nrooiedad de Estados extranjeros Desoués derechazar la llamada teoría de la extraterritorialidad, enel fallo se estudia minuciosamente si dichas propiedadesestán sujetas a pagar impuestos. Se establece una dis-tinción entre las contribuciones percibidas en pago deservicios efectivamente prestados v los impuestos propia-mente dichos, y con respecto a estos últimos se indicaaue la imposición supone la existencia de una persona ode una cosa imponible y cuyo pago se puede exigir" . . . en virtud de una autoridad política superior. Secomprenderá fácilmente que un soberano no puede exigirese pago a otro soberano que es su igual, ni al agentediplomático de este último ". La Corte exarnina luego sila contribución territorial, exigida en virtud de levesgenerales puede reclamara en el caso de ' propiedadesdiplomáticas: tras de citar una serie de fallos v autores,concluye que en Inglaterra es imposible cobrar dichosimpuestos sobre inmuebles ocupados por agentes diplo-máticos, o de propiedad de ellos o de los Estados querepresentan. Define a continuación estos impuestos comoun derecho de retención o de prenda, o como un privi-legio (lien) sobre el inmueble, en virtud del cual la auto-ridad competente puede vender esta propiedad, destinán-dose el producto de la venta al pago de los impuestosatrasados. Esa venta, según la Corte, implica una coactio(en el sentido que le da Lord Campbell en el caso de laMagdalena Steam Navigation Company vs. Martin, quepodría forzar al Estado extranjero a comparecer ante

las autoridades locales para defender sus derechos quejuzgase lesionados. La Corte examina a continuación elargumento a menudo invocado para sostener que un im-puesto cobrado sobre un inmueble no se exige directa-mente del soberano extranjero; la Corte rechaza su vali-dez en relación con los inmuebles diplomáticos, al decirentre cosas que "la creación de semejante impuesto equi-vale a establecer un jus in re aliena, en virtud del cualse despoja de parte de su patrimonio a un soberanoextranjero " (véase asimismo el Parlamento Belga (1886)5.P.D. 197.), lo que se opone al principio par in paremnon habet imperium. La Corte comprueba además la im-posibilidad de recaudar tales impuestos en contra de lavoluntad del soberano extranjero o su representante auto-rizado, de lo que deduce que tales propiedades no puedenser tratadas como inmuebles sujetos a gravamen.

296. Este fallo merece ser estudiado atentamente.Arroja luz sobre el tan discutido problema de si el Estadodel territorio puede imponer a la sede de la misión, o laresidencia particular del ministro, las contribucionesaplicadas en general a los inmuebles, con el pretexto deque tales gravámenes en nada lesionan la independenciadel gobierno representado. En el fallo, después de unanálisis del problema en todos sus detalles, se le da unanegativa categórica.

297. Se encontrará una confirmación de esta tesis enel artículo 4 del proyecto de la Harvard School283 encuyo comentario se citan muchas legislaciones nacionalesque la consagran (véase asimismo el párr. 294 infra).

d) Exoneración de derechos de aduana

298. La doctrina y la jurisprudencia reconocen gene-ralmente que la exoneración de derechos de aduana paralos efectos personales de los agentes diplomáticos y susrespectivas familias, así como para los objetos destinadosal uso de la misión, es una prerrogativa de cortesía inter-nacional, y no una norma imperativa del derecho degentes. Recordemos a este propósito la opinión del Sr.Mastny 284. Frecuentemente, los tratados concertados paraestablecimiento de misiones diplomáticas incluyen estaexoneración sobre una base de reciprocidad.

299. Fauchille285 señala que se trata de una " con-cesión de cortesía exclusivamente " y Oppenheim dice 286

que en la práctica, y por cortesía, la legislación de muchospaíses autoriza a los enviados diplomáticos la impor-tación libre de derechos de los efectos destinados a su usopersonal. Sir Ernest Satow analiza287 las disposicionesrelativas a esta franquicia que figuran en diversas legis-laciones nacionales. Por último, Hackworth señala 288 quelos Estados Unidos conceden esta exoneración sobre unabase de reciprocidad.

6. LA INVIOLABILIDAD DE LA SEDE DE LA MISIÓN

300. La franchise de Vhotel, o inviolabilidad de la sedede la misión, tiene aceptación tan general que sólo con-sideramos necesario aludir a ella brevemente. Consiste enque ninguna autoridad policial, administrativa ni judi-

281 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 180 et seq.282 H. Lauterpacht (éd.), op. cit., págs. 337 et seq.

283 Harvard Law School, op. cit., págs. 57 et seq.284 Sociedad de las Naciones, V. Questions juridiques, 1927.V.l

(documento C.196.M.70.1927.V.), pág. 88.285 Fauchille, op. cit., pág. 100.286 Oppenhe im, op. cit., pág . 718.287 Sir Ernes t Satow, op. cit., págs . 214 et seq.288 Hackwor th , op. cit., p á g . 586.


cial puede penetrar en un local ocupado por una misióndiplomática, o utilizado como residencia por los miem-bros de ésta, sin autorización expresa del jefe de lamisión. Esta prerrogativa plantea el problema del asilodiplomático, que no será tratado en la presente memoria.Baste con indicar aquí que el ministro no debe convertira la sede de la misión en refugio para delincuentes comu-nes ni, siquiera, en principio, para personas perseguidaspor delitos políticos.

301. Sir Cecil Hurst resume la cuestión diciendo que" todos están de acuerdo " en que la residencia oficialdel ministro y la sede de la legación escapan a la juris-dicción local289, y Oppenheim, por su parte, expresaque la inviolabilidad de la sede " significa, entre otrascosas, que los funcionarios judiciales, administrativos,policiales, etc., del Estado ante el cual está acreditada lamisión no pueden penetrar en esas residencias sin laautorización expresa de los enviados diplomáticos "2 9 0 .

7. SITUACIÓN DEL AGENTE EN UN TERCER ESTADO

302. Este problema suele tener actualidad cuando unagente atraviesa un tercer Estado para dirigirse al paísante el cual ha sido acreditado, o cuando regresa de él.También puede plantearse en el caso de los correos diplo-máticos.

303. Se admite por regla general que los agentes diplo-máticos en viaje no están sujetos a la jurisdicción de lostribunales de los Estados que atraviesan, pero todavíano se ha resuelto si corresponde reconocerles todas lasinmunidades diplomáticas. No hay una regla general alrespecto; sin embargo, según Sir Cecil Hurst, que citauna serie de fallos judiciales en apoyo de su tesis 291, lajurisprudencia parece aceptar que un agente diplomáticoque cruza un tercer Estado para dirigirse al país en queejerce sus funciones, o que regresa de él, no está sujetoa la jurisdicción de los tribunales locales. En todo caso,es necesario que el gobierno del tercer Estado haya sidonotificado oficialmente del paso del agente por su terri-torio, y que no haya formulado objeciones.

304. Mencionemos pro memoria que el artículo 15 delproyecto de la Harvard Law School292 sólo pide que sele reconozcan las inmunidades necesarias para facilitarleel tránsito, las que deberán concederse siempre que eltercer Estado haya reconocido al gobierno del agente yhaya sido notificado de su paso. Este artículo se basasobre el principio de que a todos los Estados les interesafacilitar el mantenimiento de relaciones entre ellos porintermedio de agentes diplomáticos debidamente acredi-tados.

305. Sir Ernest Satow señala293 que actualmente seacostumbra ofrecer a los diplomáticos de paso " . . . todaslas facilidades y consideraciones que puedan necesitar ".Sin embargo, insiste en que no hay una regla general ycita varios autores, como Heyking y Deak, que ponen enduda el derecho absoluto del agente diplomático en trán-sito a exigir que se le concedan inmunidades diplomáticas.Deak, por ejemplo, dice que en general se acostumbraconceder a los diplomáticos en tránsito una protección

especial. " Pero — agrega — no hay una norma definidani muchos menos una opinión unánime sobre esta cues-tión . . . " 29*.

306. En apoyo de la tesis que reconoce al agente entránsito el derecho a las inmunidades diplomáticas, puedecitarse la respuesta del Ministro francés de RelacionesExteriores en el caso Veragua, en la que sostuvo que elagente diplomático de paso en Francia, aunque sólo se lehaya encomendado una misión temporaria en el Estado alque se dirige, " . . . debe ser asimilado al agente diplomá-tico acreditado y, por lo tanto, eximido de la jurisdicciónlocal " 295.En cambio, en el caso Sickles vs. Sickles el tribunal civildel Departamento del Sena no quiso admitir en un juiciode divorcio que los diplomáticos en tránsito " . . . puedanreclamar las mismas inmunidades cuando se encuentran enun territorio extranjero, al que no los haya llevado ningúnasunto vinculado con sus funciones . . . " 296.

307. Por último, es evidente que el agente no puedepretender que se le reconozcan inmunidades diplomáticasen un tercer Estado, cuando permanece en él mucho mástiempo que el necesario para atravesarlo.

8. FIN DE LA MISIÓN

308. Sir Cecil Hurst sostiene que las inmunidadesdeben subsistir hasta la partida del agente, o hasta quehaya vencido un plazo suficiente par permitirle abondonarel país 297. Con todo, cabe determinar si las inmunidadessubsisten en su totalidad; si no sería posible, por ejemplo,procesar penalmente al agente cuando haya terminado sumisión, o si éste podrá seguir invocando la exención delas jurisdicciones civiles y por cuánto tiempo.

309. El erudito autor concluye su exposición sobreeste punto del modo siguiente:

" Según la nosma auténtica, las inmunidades delagente diplomático subsisten después de terminadas sus¿unciones, durante un plazo que debe ser suficiente parapermitirle liquidar sus asuntos y regresar a supatria . . . " 298.

Esta opinión, confirmada tanto por una serie de falloscitados por Sir Cecil Hurst como por la Harvard LawSchool, es la que comparte la mayoría de la doctrina.

310. Por ejemplo, se puede mencionar en apoyo deesta tesis un fallo de la Corte de Apelaciones de Rouendel 12 de julio de 1933 2 " . El demandado, ex comisionadode los Estados Unidos en Austria, había arrendado eneste país un inmueble para él y su familia, y los tribu-nales austríacos, al término de su misión, lo habían con-denado a pagar cierta suma. Se solicitó de los tribunalesfranceses el exequatur para este fallo, ya que el deman-dado se encontraba en Francia en ese momento. La Cortede Rouen se negó a concederlo, señalando, entre otrascosas, que la decisión de los tribunales austríacos se rela-cionaba con asuntos tratados por el demandado duranteel ejercicio de sus funciones y que la inmunidad inherentea su misión y a los actos con ella relacionados subsisteaún después de terminada la misma.

289 Sir Cecil Hurst, op. cit., págs. 161 eí seq.290 Oppenhe im, op. cit., págs . 713 et seq.291 S i r Cecil Hurs t , op. cit., Recueil des cours, págs . 222 a 227.292 H a r v a r d Law School , op. cit., págs . 85 eí seq.293 Sir Ernes t Satow, op. cit., págs . 226 et seq.

294 F . Deak, op. cit., pág . 558.293 E . Clunet , Journal du droit international, año 1901, pág . 343.296 Ibid., 1910, pág . 530.297 S i r Cecil Hurs t , op. cit., págs . 237 et seq.298 Ibid., pág . 240.299 H. Lauterpacht (éd.), Annual Digest, caso No. 161, pág. 379.


CAPITULO III

Resumen sucinto

311. En la presente Memoria se han expuesto en suslíneas generales los problemas suscitados por las inmuni-dades diplomáticas y otras cuestiones conexas.

312. Con un examen de conjunto de las tentativasanteriores de codificación y el análisis de algunos tratadospertinentes y de los textos de proyectos de convenio pre-parados por sociedades científicas o determinados autores ;con el resumen de los trabajos del Comité de Expertos dela Sociedad de las Naciones y las respuestas dadas por losgobiernos al cuestionario enviado; con una breve indi-cación del sentido que se atribuye en general a la expre-sión " relaciones diplomáticas " y la enumeración de loselementos que la componen; con la mención de las prin-cipales teorías que tratan de explicar racionalmente elhecho jurídico de la existencia de estas inmunidades y,por último, con el estudio de cada inmunidad y de losproblemas aún no resueltos a su respecto, y con la citade algunas decisiones judiciales pertinentes, la presenteMemoria parece demostrar ampliamente la existencia deuna gran armonía de opiniones, que confirman tanto laslegislaciones nacionales como el derecho de gentes.

313. Las opiniones concuerdan en que es necesario yútil, porque interesa a la colectividad de naciones, quelos gobiernos mantengan relaciones entre ellos por inter-medio de agentes especialmente habilitados a ese fin, yen que dichos agentes deben gozar, en beneficio de sumisión, de total independencia para que puedan ocuparseeficazmente en los asuntos que les han sido encomendados.Además, de esto se deduce que su persona y su residencia,su correspondencia y el personal a sus órdenes deben serinviolables; siendo el corolario principal de esta inviola-bilidad la inmunidad de jurisdicción en materia civil ypenal que se reconoce a estas personas mientras dure sumisión, y durante un plazo que les permita, cuando hayaterminado, retirarse del país en que han ejercido susfunciones. También, en que las autoridades locales no

pueden penetrar en la sede de la misión o en la residenciapersonal de los diplomáticos sin autorización expresa deljefe de la misión. Asimismo, se desprende que ni losingresos personales ni los inmuebles de propiedad delEstado que representan, o de los que sean propietariospor cuenta de ese Estado, no están sujetos a impuestos nicontribuciones, con excepción de las recaudadas por ser-vicios efectivamente prestados, y que no se puede tomarninguna medida de ejecución contra la persona del agente,sus efectos de uso personal o los de su familia, o losbienes muebles o inmuebles utilizados para la misión.Subsisten algunas dudas sobre el alcance de las inmuni-dades cuando el agente se dedica por su propia cuenta aoperaciones de carácter comercial o industrial, o al ejer-cicio de una profesión, en el país de residencia ; aunque unsector importante de la doctrina prefiere una interpre-tación muy liberal de las inmunidades aun en esta últimahipótesis, sosteniendo que corresponde al Estado intere-sado tomar medidas, ya sea previamente, ya sea solici-tando el retiro del agente, con el objeto de impedir quetales situaciones se produzcan. El alcance de las inmuni-dades no está claramente determinado cuando el agenteatraviesa un tercer país para dirigirse al Estado en queejercerá sus funciones; pero se admite que si su viaje hasido notificado oficialmente, debe quedar exento de todamedida vejatoria. Hay concordancia en que las inmuni-dades continúan después de terminada la misión, por lomenos en cuanto a los actos que con ella se relacionan;y, aun tratándose de operaciones privadas realizadas porel agente durante el ejercicio de sus funciones, en que lainmunidad subsiste hasta que haya abandonado el Estadoante el cual estaba acreditado.

314. Por consiguiente, se puede dar por sentado queen materia de relaciones e inmunidades diplomáticasexisten, salvo en lo referente a algunas cuestiones dedetalle, normas generales aceptadas y aplicadas por losEstados que con todo acierto podrían codificarse 30°.

soo Véase también E. Lauterpacht, The Codification of the Lawof Diplomatic Immunity, en Problems of Public and Private Inter-national Law, t. 40, Parte II, pág. 65.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADODOCUMENTO A/CN.4/96

Responsabilidad internacional: Informe preparado por F. V. García-Amador, Relator Especial

[Texto original en español]I N D I C E {2° de enero de 1956]

Capítulo Párrafos Página

I. LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL Y EL DESARROLLO DEL DERECHO INTER-NACIONAL 1—14 1721. La resolución 799 (VIII) de la Asamblea General 2—5 1722. Método de trabajo 6—14 173

II. RESEÑA HISTÓRICA DE ESTA CODIFICACIÓN 15—34 1743. La codificación bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones . . . . 16—23 1754. La codificación interamericana 24—29 1765. La codificación privada 30—34 177

III. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD INTER-NACIONAL 35—57 1786. La responsabilidad como " deber de reparar " 37—40 1787. Actos u omisiones que originan la responsabilidad 41—45 1798. La responsabilidad civil y la responsabilidad penal 46—53 1809. Función de los principios que rigen la responsabilidad internacional . . . 54—57 181

IV. EL SUJETO ACTIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y EL PROBLEMA DE LAIMPUTABILIDAD 58—9510. La imputabilidad como requisito esencial de la responsabilidad . . . . 60—6711. La responsabilidad imputable al Estado 68—7512. La responsabilidad imputable a los individuos 76—8213. La responsabilidad imputable a las organizaciones internacionales . . . 83—8814. La imputabilidad de la responsabilidad y la excepción del " derecho interno " 89—95

V. EL SUJETO PASIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA CAPACIDAD INTER-NACIONAL PARA RECLAMAR 96—13315. El Estado como titular del interés lesionado 98—10516. Los demás sujetos del derecho internacional como titulares de ese interés . . 106—11617. La capacidad del Estado para reclamar 117—12218. La capacidad de los individuos o particulares 123—12819. La capacidad de las organizaciones internacionales 129—133

VI. LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA Y EL RECONOCI-MIENTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ESENCIALES DEL HOMBRE 134—15920. La " norma internacional de justicia " (international standard of justice) . . 136—14421. El principio de la igualdad de nacionales y extranjeros 145—15022. La síntesis de los dos principios: el reconocimiento internacional de los derechos

esenciales del hombre 151—159

VIL CAUSAS DE EXENCIÓN Y CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVAN-TES DE RESPONSABILIDAD 160—19123. La omisión de los recursos internos 162—17324. La renuncia a la protección diplomática; la Cláusula Calvo 174—18225. Otras circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes de responsabilidad . . 183—191

VIII. LA REPARACIÓN: SU NATURALEZA, FUNCIÓN Y EXTENSION . . . . 192—21826. Las formas de reparación . . . . 195—20027. Función de las medidas de reparación: la reparación de carácter penal . . . 201—20928. Criterios para determinar la naturaleza y extensión de la reparación . . . 210—218

IX. LAS RECLAMACIONES INTERNACIONALES; MÉTODOS Y PROCEDIMIEN-TOS DE ARREGLO 219—24029. El " carácter público " de las reclamaciones internacionales 221—22630. El ejercicio directo de la protección diplomática; la "Doctrina Drago" y las

demás expresiones del principio de no intervención 227—23131. La obligación de recurrir a los métodos y procedimientos de arreglo pacífico 232—-240

X. BASES DE DISCUSIÓN 241

182182184185187188

189189191193194195

196196198

199

200201203204

206206207209

211211

213214

216

171


APÉNDICESApéndice Pagina

A. La codificación bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones

1. Cuestionario No. 4 sobre " Responsabilidad de los Estados por daños causados ensus territiorios a la persona o bienes de los extranjeros ", adoptado por el Comitéde Expertos para la codificación progresiva del derecho internacional (Ginebra, 1926) 217

2. Bases de dicusión elaboradas en 1929 por el Comité Preparatorio de la Conferenciade Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930) 219

3. Textos de artículos adoptados en primera lectura por el Comité III de la Conferenciade Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930) 221

B. La codificación por entidades interamericanas

4. Recomendación sobre " Reclamaciones e intervención diplomática ", adoptada por laPrimera Conferencia Internacional Americana (Washington, 1889-1890) . . . . 222

5. Convención relativa a los derechos de extranjería, firmada en la Segunda Conferen-cia Internacional Americana (México, 1902) 222

6. Resolución sobre " Responsabilidad internacional del Estado ", aprobada en laSéptima Conferencia Internacional Americana, (Montevideo, 1933) 222

C. La codificación por entidades privadas

7. Proyectos sobre " Responsabilidad de los gobiernos " y " Protección diplomática ",preparados por el Instituto Americano de Derecho Internacional (1925) . . . . 223

8. Proyecto sobre " Responsabilidad internacional del Estado por daños causados en suterritorio a la persona o bienes de los extranjeros ", preparado por el Institut dedroit international (1927) 223

9. Proyecto de convención sobre " Responsabilidad de los Estados por daños causadosen su territorio a la persona o bienes de los extranjeros", preparado por la HarvardLaw School (1929) 225

10. Declaración sobre las bases fundamentales y los grandes principios del derechointernacional moderno, aprobada por la International Law Association, la Académiediplomatique internationale y la Union juridique internationale 226

BIBLIOGRAFÍA 226

CAPITULO I

La conception tradicional y el desarrollo delderecho internacional

1. La Comisión de Derecho Internacional en su sép-timo período de sesiones (1955) acordó emprender lacodificación de los "principios de derecho internacionalque rigen la responsabilidad del Estado ", y designó Rela-tor Especial para este tema al autor del presente Informe 1.La inclusión de dicho tema en el programa de trabajode la Comisión, según se indicó en un memorándum ante-rior del autor (A/CN.4/80), plantea necesariamente y deinmediato una cuestión de método: esto es, la de exami-nar los principios que tradicionalmente han regido laresponsabilidad del Estado a la luz del derecho interna-cional en la etapa actual de su desarrollo. Pero antes devolver de nuevo sobre esta cuestión de método, veamosprimeramente la resolución 799 (VIII) de la AsambleaGeneral y sus antecedentes más cercanos.

1. LA RESOLUCIÓN 799 (VIII) DE LA ASAMBLEA GENERAL

2. En su octavo período de sesiones la AsambleaGeneral aprobó el 7 de diciembre de 1953 una resoluciónpor la cual pidió a la Comisión de Derecho Internacionalse sirviera proceder, tan pronto lo considerase oportuno,a la codificación de los principios de derecho interna-cional que rigen la responsibilidad del Estado. El textocompleto de la resolución 799 (VIII) es el siguiente:

" Petición de codificación de los principios de dere-

cho internacional que rigen la responsabilidad delEstado :

" La Asamblea General," Considerando que es conveniente, para mantener y

desarrollar las relaciones pacíficas entre los Estados,que se codifiquen los principios del derecho interna-cional que rigen la responsabilidad del Estado,

" Teniendo en cuenta que la Comisión de DerechoInternacional en su primer período de sesiones incluyóla " Responsabilidad del Estado " en la lista provisionalde materias de derecho internacional seleccionadas parasu codificación,

" Pide a la Comisión de Derecho Internacional sesirva proceder, tan pronto como lo considere oportuno,a la codificación de los principios del derecho interna-cional que rigen la responsabilidad del Estado."3. Como puede advertirse, el texto que antecede no

arroja luz alguna sobre el contenido exacto de esta codi-ficación, salvo la expresión " responsabilidad del Estado ",a la que tampoco puede darse, en el estado actual deldesarrollo del derecho internacional, una interpretaciónliteral y restrictiva. Y lo mismo ocurre si se examinanlas deliberaciones de la Sexta Comisión de la Asamblea,en las cuales solamente se trató de precisar el mandatoque se daba a la Comisión de Derecho Internacional encuanto a la oportunidad en que ella procedería a la codi-ficación de esta materia 2.

4. Pero la resolución de la Asamblea tiene otros ante-cedentes que sí arrojan alguna luz sobre el verdadero

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9, párr. 33.

a Ibid., octavo período de sesiones, Sexta Comisión, 393a. y 394a.sesiones.

La responsabffidad del Estado 173

contenido o alcance de esta codificación, al menos encuanto a ciertos aspectos, sobre la cuestión de método aque se aludía al comienzo del capítulo. Dichos antece-dentes se refieren a la oportunidad en que la Comisión,conforme al artículo 18 de su Estatuto, examinó en sutotalidad el derecho internacional a fin de seleccionar lasmaterias susceptibles de codificación. En el memorándumque le había presentado la Secretaría a ese efecto seobservaba que la codificación del tema de la responsabi-lidad del Estado " debe tener en cuenta los problemas quehan surgido en relación con los desarrollos recientes, talescomo la responsabilidad penal de los Estados al igual quela de los individuos que actúan en nombre del Estado " ».Aunque el examen por parte de la Comisión se concentró,naturalmente, en la cuestión de saber si la materia era o nosusceptible de codificación, se hizo referencia incidental-mente a algunos de los nuevos aspectos que presenta eltema de la responsabilidad con motivo del desarrolloreciente del derecho internacional (A/CN.4/SR.6).

5. Si al examinar la cuestión de si el tema era o nosusceptible de codificación, o la relativa a la oportunidaden que ésta debía emprenderse, se han contemplado deun modo incidental sus nuevos aspectos, cuando seemprende el estudio del tema en sí con miras a su codifi-cación futura, la existencia de esos nuevos aspectos senos revela como el problema básico de dicha codificación.Considerada desde este punto de vista, ya no se trataexactamente del contenido o alcance que tiene conformea los términos de la resolución 799 (VIII). En realidad, aligual que la Comisión de Derecho Internacional cuandoincluyó el tema en la lista provisional de materias sus-ceptibles de codificación, la Asamblea General empleó laexpresión con que tradicionalmente se había identificadola responsabilidad internacional. En este sentido, enningún caso se prejuzgó sobre los nuevos aspectos quepudiera presentar la institución en el estado actual deldesarrollo del derecho internacional. Esto no sólo permitesino también justifica el método de trabajo que hemosadoptado en el presente Informe.

2. MÉTODO DE TRABAJO

6. Ante todo, a la Comisión no se le ocultará el hechode que la responsabilidad ha sido siempre uno de lostemas más vastos y complejos del derecho internacional.Sería difícil hallar mayor confusión y más incertidumbreen cualquier otro tema de esta disciplina. Y esto no obe-dece tanto al papel predominante que ha desempeñado elfactor político en la concepción y desarrollo de esta ramadel derecho internacional, como a las ostensibles incon-secuencias de la teoría y la práctica tradicionales. Ambas,en efecto, tal vez por la presencia e influencia de un factoraieno v no siempre compatible con el derecho, han elabo-rado artificialmente nociones y principios jurídicos querevelan a menudo marcadas incongruencias.

7. Pero no es este aspecto específico lo que mayor-mente origina en la actualidad la necesidad de adoptarun nuevo método de investigación y construcción jurídicapara la codificación del tema. No obstante las inconse-cuencias e incongruencias a que se acaba de aludir, en lateoría y la práctica tradicionales se llegó a la formulaciónde cierto número de nociones y principios fundamentales

que hasta el presente han constituido el derecho inter-nacional generalmente aceptado en la materia. Las dudasy las divergencias de opinión, salvo en algunos casos, sehan suscitado más bien en relación con aspectos particu-lares o de detalles, no con motivo de la validez misma dedichas nociones y principios. El problema actual es otro,y se plantea precisamente respecto de la validez que seles puede seguir atribuyendo a algunas de esas nocionesy principios en el derecho internacional contemporáneo.

8. Varias autoridades en la materia ya han señaladoel problema y destacado las diferentes formas en que sepresenta. El Profesor Jessup ha sido uno de los primerosen hacerlo de un modo general, explorando el derechointernacional relativo a la responsabilidad del Estado pordaños causados a los extranjeros a la luz de estas dosconsideraciones: la del individuo como sujeto de derechosy de obligaciones internacionales y la de la comunidad deintereses en la violación del derecho internacional4.Igualmente el Profesor H. Rolin ha indicado que la cues-tión de la responsabilidad de derecho internacional, másque ninguna otra, debe ser reconsiderada y reconstruidasobre bases nuevas, porque la naturaleza de esta respon-sabilidad, sus deudores y acreedores, sus efectos y sumecanismo o procedimiento han evolucionado 5. Otros sehan referido a situaciones concretas o a determinadosaspectos de la responsabilidad internacional. Este es elcaso de Bustamante, quien previo el desarrollo del temaen cuanto a la responsabilidad en que podían incurrirciertas organizaciones internacionales por actos u omi-siones que les fueren imputables6; y el de Eagleton,quien recientemente ha profesado un curso sobre estashipótesis de responsabilidad y aquellas en que dichasorganizaciones aparecen como el sujeto titular del interéso derecho lesionado 7. El Profesor Eustathiades a su vezha destacado las profundas transformaciones provocadasen la Segunda Guerra Mundial en las concepciones tradi-cionales, particularmente en lo que se refiere a la respon-sabilidad penal8.

9. Se comprende fácilmente por qué resulta* necesarioadoptar un método especial para cumplir de un modosatisfactorio el mandato de la Asamblea General. Al igualque ocurre respecto de otros temas e instituciones delderecho internacional, la codificación de " los principiosque rigen la responsabilidad del Estado " no es una tareaque pueda reducirse hoy a la mera enumeración y siste-matización de las distintas normas jurídicas que han con-sagrado la práctica y la doctrina en esta materia. LaComisión no puede limitarse a realizar una labor de estaclase porque no se trata de una codificación pura y simple.Dichas normas surgieron y se desarrollaron consecuentes

8 Survey of International Law in Relation to the Work of Codi-fication of the International Law Commission (Publicación delas Naciones Unidas, No. de venta 1948.V.K1), pág. 57.

4 Philip C. Jessup, " Responsibility of States for Injuries toIndividuals", Columbia Law Review, Vol. XLVI (noviembre, 1946),pág. 904.

5 Henry Rolin, " Les principes de droit international public ",Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1950, II(Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951), pág. 441.

6 Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, Derecho interna-cional público (La Habana, Carasa & Cía., 1936), Vol. Ill, pág. 483.

7 Clyde Eagleton, " International Organization and the Law ofResponsibility", Recueil des cours de l'Académie de droit inter-national, 1950, I (Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951), págs.335-423.

8 Constantin Th. Eustathiades, " Les sujets du droit internationalet la responsabilité internationale, nouvelles tendances", Recueildes cours de l'Académie de droit international, 1953, III (Leyden,A. W. Sijthoff, 1955), págs. 401 a 404.

12


con ciertas nociones y principios que en el derecho inter-nacional contemporáneo han sufrido una profunda trans-formación. Esta transformación, en primer término, haafectado de una manera substancial la naturaleza jurídicamisma de la responsabilidad internacional, en cuyo con-cepto tradicional aparecen, como nociones o elementosindiferenciados, la responsabilidad civil y la respon-sabilidad penal. Los cambios que se han operado encuanto a la personalidad internacional también tienennecesariamente que afectar las ideas tradicionales relativasal sujeto activo y pasivo de la responsabilidad. La apari-ción y el reconocimiento de nuevos sujetos capaces detener o de contraer obligaciones internacionales y de tenero de adquirir derechos de la misma índole, seguramenteafectará la idea que se ha tenido sobre la inmutabilidadde la responsabilidad, así como las que se han sostenidosobre el titular del interés o derecho lesionado como con-secuencia del incumplimiento de una obligación inter-nacional. Por las mismas razones o por la presencia deotras nociones y principios jurídicos, pueden haber resul-tado afectados las nociones y principios tradicionalesrelativos al ejercicio de la protección diplomática de losnacionales en el exterior, las causas de exención de res-ponsabilidad, la naturaleza, función v extención de lareparación, y los métodos y procedimientos para el arreglode las reclamaciones internacionales.

10. La resolución 799 (VIII) de la Asamblea Generalse refiere específicamente a la codificación de los prin-cipios de derecho internacional que rigen la responsabili-dad del Estado. Sin perjuicio de las diferencias que actual-mente se observan en cuanto al procedimiento o métodode trabajo según se trata del "desarrollo " o de la " codi-ficación " de una materia, los organismos internacionalesencargados de ambas funciones, en particular la Comi-sión, generalmente han realizado las labores de codifica-ción de acuerdo con una interpretación bastante liberalde este término. La codificación del derecho relativo a la" responsabilidad del Estado " seguramente constituyeuna de las que más requieren y justifican tal interpreta-ción. Proceder a la codificación pura y simple de lasnormas jurídicas que tradicionalmente se han aplicado alas diversas hipótesis de responsabilidad no llenaría deun modo satisfactorio los fines que siempre se procurancuando se solicitan o se emprenden estas tareas. Es nece-sario, valga la expresión, "codificar" algo más: es decir,habrá que introducir en el derecho tradicional los cam-bios v adaptaciones aue pueda haber determinado la pro-funda transformación que se ha operado en el derechointernacional. O, dicho de otro modo, habrá que confor-mar los " principios que rigen la responsabilidad delEstado " al derecho internacional en la etapa actual desu desarrollo 9.

11. Las observaciones que anteceden explican tanto elcontenido del informe que presentamos a la Comisióncomo el carácter de las conclusiones que sometemos a suconsideración. El tema es considerablemente vasto porquelas hipótesis de responsabilidad internacional son prácti-camente ilimitadas, pero las cuestiones y principios fun-damentales son comunes en todas. Este informe se con-trae al examen de estas cuestiones y principios, querequieren una solución previa a la codificación propia-

9 F. V. García-Amador, " State Responsibility in the Light ofthe New Trends of International Law ", The American Journal ofInternational Law, Vol. 49, (1955), págs. 339 a 346.

mente dicha de las hipótesis de responsabilidad que laComisión decida emprender en su próximo período desesiones. A fin de facilitar nuestras deliberaciones, enlugar de seguir la práctica anual de presentar un ante-proyecto, presentamos el resumen de nuestra investiga-ción y las conclusiones a que hemos llegado en algunoscasos, en forma de " bases de discusión ". De esta manerala Comisión podrá discutir las distintas cuestiones y prin-cipios fundamentales y resolverlos sin las dificultadesinherentes al sistema más rígido de un anteproyecto.

12. En el capítulo que sigue se hace un bosquejo his-tórico de la codificación de esta materia. Tanto para losfines del presente informe, como para el trabajo futurode la Comisión, la relación sistemática de los anteceden-tes de esta codificación facilitará la tarea que se le haencomendado. Al mismo propósito responden los apén-dices y la Bibliografía que figuran al final. Los primeroscontienen el texto de los principales proyectos elaboradospor conferencias u organismos oficiales y por institucionescientíficas, y la segunda, sin ser tampoco completa, con-tiene un material bibliográfico suficiente para la laborinmediata de la Comisión.

13. Como es del conocimiento de la Comisión, elDirector de la División de Codificación de la Oficina deAsuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidassugirió a la Facultad de Derecho de la Universidad deHarvard que emprendiera la revisión del proyecto deConvención sobre Responsabilidad del Estado que habíapreparado y publicado en 1929 la Investigación Harvardy lo pusiera al día 10. En opinión del Director, la revisiónde este proyecto sería de una considerable utilidad a laComisión de Derecho Internacional cuando ésta comen-zara el examen del tema. La Facultad de Derecho aceptóla sugestión y confió al Director del Programa de " Estu-dios Jurídicos Internacionales " (International LegalStudies) la organización del trabajo.

14. Durante la preparación de su informe el RelatorEspecial visitó la Facultad de Derecho de Harvard a finde establecer relaciones de colaboración que estimó degran utilidad para el trabajo futuro de la Comisión. Aeste respecto desea dejar constancia, además, de lo pro-vechoso que resultó para él el cambio de impresiones quetuvo durante varios días con el Director, Profesor MiltonKatz, y con los Profesores Louis Sohn y R. R. Baxter,sobre los diferentes aspectos y problemas de la materia.Desea asimismo dejar constancia de la cooperación queha recibido del Departamento Jurídico de la Unión Pan-americana, con cuyo Director, el doctor Charles G. Fen-wick, también estimó de gran utilidad cambiar impre-siones, dadas las relaciones de colaboración que mantienela Comisión con los organismos interamericanos encar-gados del desarrollo y la codificación del derecho inter-nacional.

CAPITULO II

Reseña histórica de esta codificación

15. La resolución 799 (VIH) de la Asamblea Generalno inicia una nueva codificación. Más bien reanuda losmúltiples esfuerzos que se han hecho en el pasado paracodificar los " principios de derecho internacional querigen la responsabilidad del Estado ". Algunos de estosesfuerzos lograron materializarse en resultados positivos,

10 Véase Apéndice 9.

La responsabilidad del Estado 175

pero nunca pudo llegarse a la codificación integral deltema. En este sentido, la decisión de la Asamblea pareceestar animada del propósito de que las Naciones Unidascontinúen y completen la obra de las organizaciones quelas precedieron. En otro orden de ideas, la codificacióndel tema relativo a la responsabilidad del Estado cons-tituye históricamente una parte integrante e inseparablede la codificación general del derecho internacional. Deesta manera ha atravesado por todas las vicisitudes, peroal propio tiempo muchos de sus progresos los debe a lasiniciativas tomadas y al mecanismo establecido con mirasa la codificación de otras materias de ese derecho. En lareseña que se hace a continuación podrá apreciarse estefenómeno y, al propio tiempo, hasta qué punto la obraya realizada facilitará la codificación futura.

3. LA CODIFICACIÓN BAJO LOS AUSPICIOS DE LASOCIEDAD DE LAS NACIONES

16. Por su resolución de 22 de septiembre de 1924,con el deseo de aumentar la contribución de la Sociedadde las Naciones a la codificación progresiva del derechointernacional, la Asamblea de la Sociedad pidió al Con-sejo que reuniera a un comité de expertos con el mandatode que preparara una lista provisional de temas de dere-cho internacional " cuya reglamentación mediante unacuerdo internacional parezca más conveniente y reali-zable en la actualidad ". La Secretaría debía enviar dichalista a los gobiernos y el comité, después de examinar lasrespuestas que se recibieran, debía informar al Consejosobre las cuestiones que parecieran haber alcanzado ungrado de madurez suficiente para ser resueltas en confe-rencias « .

17. El Comité de Expertos para la Codificación Pro-gresiva del Derecho Internacional se reunió en Ginebradel I o al 8 de abril de 1925 y designó varias subcomi-siones para examinar las diferentes materias que habíaseleccionado con carácter preliminar. Entre ellas figurabael tema de la responsabilidad del Estado y estaba redac-tado en los términos siguientes:

" / ) El Comité nombra una subcomisión para queexamine:

" i ) Si el Estado es responsable, y en qué casos, porlos daños causados en su territorio a las personas obienes de los extranjeros;

" ii) Si sería posible contemplar, y en caso afirma-tivo en qué condiciones, la conclusión de una conven-ción internacional que regule la determinación de loshechos que pueden originar la responsabilidad delEstado y prohibir en tales casos el recurso a medidascoercitivas antes de que se hayan agotado los mediosde arreglo pacífico " «

18. El Comité celebró su segunda sesión en enero de1926 y adoptó los cuestionarios que serían sometidos ala consideración de los gobiernos. El cuestionario No. 4se refería a la " Responsabilidad de los Estados por dañoscausados en sus territorios a la persona o bienes de losextranjeros ". Se acompañaba como anexo al cuestionario

el informe de la Subcomisión, que habían integrado losseñores Guerrero, en calidad de Relator, y Wang ChungHUÍ 1 S .

19. En su tercera sesión, celebrada en marzo y abrilde 1927, el Comité de Expertos examinó las respuestasrecibidas de los gobiernos e informó al Consejo que dichasrespuestas confirmaban el criterio de que los temas quehabía seleccionado habían alcanzado " el grado de madu-rez suficiente " para su codificación. Respecto del cues-tionario No. 4, 24 gobiernos contestaron afirmativamentey sin reservas; cinco afirmativamente pero con ciertasreservas; y cuatro expresaron que la conclusión de unaconvención en materia de responsabilidad del Estado nosería realizable o no sería oportuna. En un informe sobreprocedimiento el Comité recomendó al Consejo que con-vocara a una conferencia, o, llegado el caso, a dos o más,para que considerara y decidiera sobre la formulacióny presentación a los gobiernos de tratados generales sobrelas cuestiones indicadas 14.

20. El Consejo de la Sociedad examinó en junio losinformes del Comité y decidió incluirlos en el programade la Asamblea15. En septiembre del mismo año laAsamblea resolvió que se convocara a una primera Con-ferencia de Codificación para que examinara, entre otras,la cuestión relativa a la " Responsabilidad de los Estadospor daños causados en su territorio a la persona o bienesde los extranjeros ". Por la misma resolución encargóal Consejo que nombrara un comité preparatorio con elmandato de que redactara un informe que contuviera" bases de discusión suficientemente detalladas sobrecada cuestión " 1 6 .

21. El Comité Preparatorio de la Conferencia de Codi-ficación se reunió en Ginebra en enero y mayo de 1929.En su primera reunión examinó las respuestas que habíanenviado los gobiernos sobre la información que se leshabía solicitado sobre los tres temas que figuraban en elprograma de la Conferencia, y redactó las bases de dis-cusión. En su segunda reunión revisó estas bases de dis-cusión y redactó su texto final. Según expresó el Comitéen su último informe, las bases de discusión no tenían elcarácter de propuestas, sino que eran sólo el resultado delexamen que había hecho de las respuestas de los gobier-nos y la clasificación de los puntos de vista contenidos enellas. Las bases de discusión relativas al tema de la res-ponsabilidad del Estado abarcaban un considerablenúmero de hipótesis de actos u omisiones de los cualespodía originarse esa responsabilidad, además de algunascuestiones o aspectos de carácter general. Conjuntamentecon el texto de las bases de discusión, aparecían los pun-tos que habían sido sometidos a la consideración de losgobiernos y sus comentarios y observaciones 17.

22. La Conferencia de Codificación se reunió en LaHaya del 13 de marzo al 12 de abril de 1930. El tema dela responsabilidad fué confiado a la Comisión III, la que,según informó a la Conferencia, " no pudo terminar el

11 Para el texto completo de la resolución, véanse Publicacionesde la Sociedad de las Naciones, V. Legal, 1927.V.1 (documentoC.196.M.70.1927.V) ; también aparece reproducida en The Ameri-can Journal of International Law, Special Supplement, Vol. 20(1926), págs. 2 y 3.

12 Documento C.275.1925.V de la Sociedad de las Naciones;véase también The American Journal of International Law, SpecialSupplement, Vol. 20 (1926), pág. 14.

13 Véase League of Nations Publications, V. Legal, 1926.V.3(documento C.46.M.23.1926.V). (El texto del cuestionario y lasconclusiones del informe anexo se reproducen en el Apéndice 1).

14 Ibid., V. Legal, 1927.V.1 y V. Legal, 1927.V.2 (documentosC.196.M.70.1927.V, págs. 7 y 267 a 271, y C.197.M.71.1927.V).

15 Ibid., V. Legal, 1927.V.15 (documento A.18.1927.V).16 Ibid., Official Journal, Special Supplement No. 53 (octubre

de 1927), pág. 9, párr. 5." Ibid., V. Legal, 1929.VJ (documento C.75.M.69.1929.V). El

texto de las Bases de Discusión se reproduce en el Apéndice 2.


estudio de la cuestión " " Sin embargo, la Comisión dis-cutió el tema in extenso e incluso llegó a aprobar en pri-mera lectura el texto de 10 artículos » . Conforme expresóel Relator en un proyecto de informe, " en el curso de susdeliberaciones la Comisión tuvo que reconocer que eltiempo que se le había asignado para su trabajo no resul-taba suficiente para concluir la tarea. En realidad, debidoa la naturaleza amplia y a la complejidad extrema de lascuestiones que se suscitaron, la Comisión pudo discutirsólo 10 de las 31 bases de discusión que se le sometieron.Además, el hecho de aue entre varias cuestiones existierauna estrecha interdependencia, cada cual subordinada alas otras, impidió todo intento de llegar a un arregloparcial. Consiguientemente, aunque estuvo de acuerdorespecto a ciertos principios fundamentales, el Comiténo pudo debido a la falta de tiempo, determinar loslímites exactos de su aplicación, y acordó, por tanto,abstenerse de realizar cualquier intento de incorporarlosen una fórmula definitiva " 20.

23. Con posterioridad a la Conferencia de La Haya,la Sociedad de las Naciones no abandonó el propósito depromover la codificación progresiva del derecho interna-cional, pero no tomó ninguna otra iniciativa para conti-nuar estas labores en materia de responsabilidad delEstado21. Aunque de otra naturaleza, cabe mencionar,sin embargo, el estudio realizado por un comité de laSociedad sobre el problema de los empréstitos interna-cionales, particularmente en relación con el estableci-miento de un tribunal internacional competente para cono-cer de las controversias que surgieran sobre los derechosy obligaciones que emanaran de aquéllos 22.

4. LA CODIFICACIÓN INTERAMERICANA

24. El tema de la responsabilidad constituye uno delos capítulos más sobresalientes en la historia de la codi-ficación interamericana. Aunque hasta una fecha posteriorno se tomó la iniciativa de proceder a la codificaciónintegral del tema, desde la Primera Conferencia Inter-nacional Americana y en casi todas las subsiguientes, setrató el problema de la responsabilidad del Estado y enalgunas se aprobaron resoluciones o adoptaron convenios.En ocasiones la labor se realizó en colaboración con losorganismos técnicos encargados de la codificación delderecho internacional, pero en otras, particularmente enlas primeras, la Conferencia formuló de un modo directoprincipios y normas que reflejaban la posición políticay jurídica del Continente.

25. La Primera Conferencia (Washington, 1889-1890)adoptó una recomendación sobre " Reclamaciones e Inter-vención Diplomática ", que contempla la condición enque se encuentra el extranjero respecto del nacional encuanto al goce de los derechos civiles y los recursos inter-

18 Ibid., V. Legal, 1930.V.7 (documento C.228.M.115.1930.V),pág. 17.

19 El texto de estos artículos se reproduce en el Apéndice 3.20 League of Nations Publications, V. Legal, 1930.V.17 (docu-

mento C.351(c)M.145(c).1930.V).21 Véase a este respecto " Historical Survey of Development of

International Law and its Codification by International Confer-ences", documento A/AC.10/5, Parte III, D.

22 Véase Report of the Committee for the Study of InternationalLoan Contracts, League of Nations Publications, II. Economic andFinancial, 1939, II, A.10 (documento C.145.M.93.1939.II.A).

nos, y las obligaciones y responsabilidades del Estado 23.Para regular la misma materia la Segunda Conferencia(México, 1902) adoptó la " Convención relativa a losderechos de extranjería " 24. En la misma Conferencia sesuscribió un " Tratado sobre Reclamaciones por Dañosy Perjuicios Pecuniarios ", que se contrae a la obligaciónde someter a arbitraje las reclamaciones de esta índole 25.En la Tercera Conferencia (Río de Janeiro, 1906), poruna nueva convención, se amplió el período de duracióndel Tratado de 1902 26. En la misma Conferencia se resol-vió " Recomendar a los gobiernos representados en ella,que consideren el punto de invitar a la Segunda Conferen-cia de la Paz, de La Haya, para que examine el casodel cobro compulsivo de las deudas públicas y, en general,los medios tendientes a discriminar entre las naciones losconflictos de origen exclusivamente pecuniario " 2 7 . Enla Cuarta Conferencia (Buenos Aires, 1910) se concluyóuna convención sobre la materia, que entraría en vigoren la fecha que debía expirar el Tratado prorrogado de1902 28.

26. La codificación interamericana del derecho rela-tivo a la responsabilidad del Estado aparece estrechamentevinculada al desarrollo y la codificación de una materiaafín: la condición jurídica del extranjero. Aparte de losinstrumentos a que se ha hecho referencia en el párrafoanterior que tratan la cuestión más bien desde el ánguloestricto del tema de la responsabilidad propiamente dicha,existen otros instrumentos que se contraen a dicha mate-ria y que en tal sentido forman parte de la codificacióninteramericana que se reseña. A solicitud de la QuintaConferencia (Santiago de Chile, 1923), la Comisión Inter-nacional de Jurisconsultos 29, que se reunió por segundavez en Río de Janeiro en 1927, preparó un proyecto detratado sobre " Condición de los Extranjeros " 30, cuyasdisposiciones recoge substancialmente la Convención quese suscribió en la Sexta Conferencia (La Habana,1928) 31. Se refieren al mismo asunto los tres primerosartículos del " Código Bustamante " (anexo a la Conven-ción sobre Derecho Internacional Privado, también sus-crita en la propia Conferencia) 32.

23 Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936(Washington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1938),pág. 44. El texto de la recomendación se reproduce en el Apén-dice 4.

24 Ibid., págs . 78-79. (E l tex to d e l a Convención se reproduce enel Apéndice 5.)

25 Ibid., págs . 83 y 84.26 Ibid., pág. 124.27 Ibid., pág. 140. (En la Conferencia de la Paz de La Haya

(1907) se suscribió una " Convención relativa a la limitación delempleo de la fuerza para el cobro de las deudas contractuales ".Véanse los artículos pertinentes en el capítulo IX, sección 30,infra.)

28 Ibid., págs. 165-166.29 La Comisión fué creada por la Tercera Conferencia (ibid.,

pág. 129) y había celebrado su primera reunión en Río de Janeiroen 1912.

80 Véase Bustamante, La Comisión de Jurisconsultos de Río deJaneiro y el Derecho Internacional (La Habana, 1927), págs. 206-207.

M Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936(Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Washington, 1938,págs. 366 a 368.

82 Ibid., págs. 304 y 305. Bajo los auspicios de la Sociedad delas Naciones se celebró en París en 1929 una Conferencia Inter-nacional sobre Tratamiento de los Extranjeros, pero no se llegó enella a ningún acuerdo. Cf. Publications of the League of Nations,/ / Economic and Financial, 1930.11.5 (documento C.97.M.23.1930.II). Véase el proyecto de convención preparado por el Comité Eco-nómico de la Sociedad de las Naciones, capítulo VI, sección 21,infra.


27. En la Séptima Conferencia (Montevideo, 1933)se planteó formalmente " el estudio del problema integralde la responsabilidad internacional del Estado ". En estesentido, además de reafirmar varios principios enunciadosen conferencias anteriores, se recomendó que dicho estu-dio fuera entregado a los organismos de codificación," coordinando sus estudios con la obra de codificaciónque se realiza bajo los auspicios de la Sociedad de lasNaciones " 33. La Conferencia Interamericana de Conso-lidación de la Paz (Buenos Aires, 1936) se ocupó denuevo del problema de las reclamaciones pecuniarias, yadoptó una resolución encargando a la Comisión de Ex-pertos que había creado la Séptima Conferencia, lacoordinación y estudio de los principios sobre la mate-ria 34. Esta Comisión se reunió en Washington en 1937para organizar su trabajo, y volvió a reunirse en Lima envísperas de la Octava Conferencia. En esta segundareunión elaboró un informe, que contenía anexos losproyectos y memorándum que habían presentado susmiembros35. La Octava Conferencia (Lima, 1938) selimitó a tomar una decisión de procedimiento, al efectode que se remitiera a la Comisión de Expertos toda ladocumentación que se había presentado para un nuevoestudio y dictamen, y para que fueran sometidos a laComisión Internacional de Jurisconsultos Americanoscuando se reuniera en una fecha próxima y a la NovenaConferencia 36.

28. La Novena Conferencia no llegó a celebrarsehasta 1948 (Bogotá). Salvo las declaraciones y disposi-ciones convencionales aisladas que se aprobaron sobrepuntos o aspectos específicos, no se trató el problema dela responsabilidad. Sin embargo, en la Décima Conferen-cia (Caracas, 1954) se adoptó la siguiente resoluciónsobre " Principios del Derecho Internacional que rigenla Responsabilidad del Estado ".

La Décima Conferencia Interamericana,Considerando:Que la Asamblea General de las Naciones Unidas,

durante su VIII período de sesiones, pidió a la Comisiónde Derecho Internacional que procediera a la codificaciónde los principios del derecho internacional que rigen laresponsabilidad del Estado,

Que conforme a lo dispuesto por los instrumentos per-tinentes se deben promover las relaciones y la coopera-ción entre la Comisión de Derecho Internacional de lasNaciones Unidas y los organismos interamericanos encar-gados del desarrollo y la codificación del derecho inter-nacional, y

33 Ibid., págs. 546-547. El texto de la resolución se reproduce enel Apéndice 6. Entre las recomendaciones adoptadas por la Con-ferencia de Codificación de La Haya figuraba la de "Que la laborque se emprenda con este objeto [coordinar los esfuerzos realizadosen pro de la codificación del derecho internacional] bajo los aus-picios de la Sociedad de las Naciones y la que han emprendidolas Conferencias de Estados Americanos, se realicen dentro de lamás completa armonía ". Véase Publications of the League ofNations, V. Legal, 1930.V.7 (documento C.228.M.115.1930.V),pág. 18.

34 Op. cit., págs. 651-652. El Comité de Expertos fue creado alreorganizarse los métodos de codificación en la Séptima Conferen-cia. Véase ibid., págs. 539-542.

35 Véase Informes y Proyectos Sometidos por la Comisión deExpertos (Unión Panamericana, Washington, U.C.), pág. 41.

36 Véase Conferencias Internacionales Americanas, Primer Su-plemento, 1938-1942 (Washington, Dotación Carnegie, 1943), págs.36-37.

Que el continente americano ha contribuido notable-mente al desarrollo y la codificación de los principios delderecho internacional que rigen la responsabilidad delEstado,

Resuelve:Encomendar al Consejo ínter americano de Juriscon-

sultos y a su comisión permanente, el Comité JurídicoInteramericano de Río de Janeiro, la preparación de unestudio o informe sobre la contribución que ha hecho elcontinente americano al desarrollo y la codificación delos principios del derecho internacional que rigen la res-ponsabilidad del Estado."37

29. En su tercera reunión, que se celebrará enMéxico a partir del 17 de enero de este año, el ConsejoInteramericano de Jurisconsultos tendrá conocimiento dela anterior resolución y acordará el plan de trabajo quepermita la más pronta y eficaz preparación del estudio oinforme previsto en ella.

5. LA CODIFICACIÓN PRIVADA

30. La codificación privada ha desempeñado un papelde significativa importancia en la historia de la codifi-cación oficial, especialmente en materia de responsabili-dad. Aludimos tanto a los proyectos individuales de losjuristas que han ensayado una codificación general, comoa los que han elaborado las asociaciones o institucionescientíficas sobre esta materia en particular. Por razonesde espacio nos limitaremos a mencionar, siguiendo unorden cronológico, los proyectos pertenecientes al segundogrupo. Dichos proyectos tienen, además, la significaciónespecial de haber sido elaborados con miras a las laboresde codificación llevadas a cabo bajo los auspicios de laSociedad de las Naciones o por las Conferencias y orga-nismos inter americanos.

31. En 1925 el Instituto Americano de Derecho Inter-nacional, a solicitud del entonces Consejo Directivo de laUnión Panamericana, preparó 30 proyectos sobre distintasmaterias de derecho internacional (público). Dos de estosproyectos se refieren a cuestiones relativas a la respon-sabilidad del Estado. Uno de ellos, titulado " Respon-sabilidades de los Gobiernos ", señala brevemente las con-diciones fundamentales de que depende la responsabilidad.El segundo, titulado " Protección Diplomática ", en cam-bio, es una formulación sistemática mucho más elaboradade los principios que rigen la responsabilidad del Estadoen las distintas hipótesis, y de los medios de arreglo pací-fico de las reclamaciones internacionales que surjan deaquéllas 38.

32. El Institut de droit international se ha ocupadodel problema de la responsabilidad en repetidas ocasiones,según se verá oportunamente. Sin embargo, en su sesiónde Lausana de 1927 aprobó un proyecto completo sobrela " Responsabilidad de los Estados por Daños en su Te-rritorio a la Persona o Bienes de los Extranjeros ", desti-nado a la Conferencia de Codificación que había de cele-brarse en La Haya. El proyecto contempla numerosashipótesis de responsabilidad, por actos u omisiones delos distintos órganos del Estado o en caso de actos ohechos de los particulares y de disturbios internos, dis-posiciones sobre las formas y extensión de la reparación,

37 Véase Décima Conferencia Interamericana, Acta Final (UniónPanamer icana , Washington, D.C., 1954), pág. 111.

38 El texto de ambos proyectos se reproduce e n el Apéndice 7.


y formula un deseo sobre el arreglo pacífico de las contro-versias internacionales que surjan con motivo de cual-quier hipótesis de responsabilidad 39.

33. El proyecto de la Investigación Harvard (1929), aligual que el del Institut respondió al propósito de aportaruna contribución científica a la codificación que se habíaconfiado a la Conferencia de La Haya. Por esta razónel proyecto comprende en general las mismas materias ycoincide con él en muchas de las soluciones. Por su pre-sentación en forma de restatement, cada artículo estáacompañado de un extenso comentario en el que se rela-cionan los antecedentes convencionales, judiciales y doc-trinales en que se funda 40.

34. Finalmente, auque se trata de una declaracióngeneral, tiene igual interés mencionar los títulos relativosal tema de la responsabilidad de la Déclaration sur lesdonnées fondamentales et les grands principes du droitinternational moderne presentada por Alejandro Alvarezy aprobada por la International Law Association, laAcadémie diplomatique internationale y la Unión juri-dique internationale. En particular, el Título VII enun-cia los derechos y deberes de los extranjeros, señala lamedida en que el Estado es responsable por sus actos uomisiones y determina cuándo debe acudirse a los recursosinternos y cuándo a la justicia internacional para resolverlas reclamaciones diplomáticas41.

CAPITULO III

Naturaleza jurídica y función de la responsabilidadinternacional

35. En la teoría y la práctica tradicionales la natura-leza jurídica de la responsabilidad internacional no ofre-cía mayores dificultades. Se la consideraba como la con-secuencia de la violación o inobservancia de una obliga-ción internacional que supone para el Estado un " deberde reparar " los daños ocasionados. En este sentido, eltérmino " responsabilidad " se identificaba con la insti-tución de la responsabilidad civil {liability, en inglés;responsabilité civile, en francés) del derecho interno. Peroal igual que en el derecho interno, en el derecho inter-nacional contemporáneo la noción de la responsabilidadno se contrae al deber de reparar un daño o lesión, sinoque comprende también las demás consecuencias jurídicasque puede tener la violación o inobservancia de ciertasobligaciones internacionales, esto es, las obligaciones decarácter penal. Cuando se trata de obligaciones de estaclase, la consecuencia inmediata es la responsabilidad dela misma índole con la consiguiente sanción o castigo deldelincuente; una vez establecida esta responsabilidad, enlos casos y en la forma que proceda, aquella consecuenciaconsiste en la reparación del daño causado a la víctima osus causahabientes. En una palabra, en el estado actualdel desarrollo del derecho internacional, el concepto dela responsabilidad puede comprender sus dos clases, segúnla naturaleza de la obligación cuya violación o inobser-vancia la haya originado.

36. Es cierto que tanto la resolución 799 (VIII) de laAsamblea General como la resolución de la Conferenciade Caracas contemplan solamente los principios de dere-

cho internacional que rigen la responsabilidad civil y que,en consecuencia, la responsabilidad penal como tal caefuera del propósito de ambas resoluciones. Pero no esmenos cierto que la existencia en el derecho internacionalcontemporáneo de la institución de la responsabilidadpenal, perfectamente definida en ciertos casos, tiene porfuerza que afectar de algún modo las nociones y prin-cipios tradicionales en materia de responsabilidad civil.Y, abundando en esta consideración, máxime si se tieneen cuenta que en la propia noción tradicional de estaúltima hallamos a menudo, involucrados en el " deber dereparar ", ciertos elementos de carácter penal. Consi-guientemente, lejos de exceder los límites de nuestro man-dato, no lo cumpliríamos a cabalidad si no examináramosla naturaleza jurídica de la institución a la luz del des-arrollo reciente del derecho internacional en materia penal.

6. LA RESPONSABILIDAD COMO " DEBER DE REPARAR "

37. La teoría y la práctica tradicionales, en efecto,concibieron la responsabilidad internacional como eldeber de reparar el daño que surge para el Estado queviola o incumple una obligación de esa índole. Esta con-cepción domina la abundante jurisprudencia que existeen materia de responsabilidad. Haciéndose eco de ella, enel caso de la Fábrica Chorzow, el antiguo Tribunal Per-manente de Justicia Internacional declaró que " es unprincipio de derecho internacional que la violación de uncompromiso supone la obligación de reparar en una formaadecuada ". Y en otra sentencia dictada posteriormenteen el mismo caso, reiteró esta opinión expresándola entérminos parecidos : " Es un principio de derecho inter-nacional y aun una concepción general del derecho, quetoda violación de un compromiso comporta una obliga-ción de reparar "42. Conforme a la opinión del Tribunal,la noción de la responsabilidad por la violación de uncompromiso y la del deber de reparar en forma adecuadael daño causado son dos nociones jurídicas que se iden-tifican.

38. La misma idea fundamental se refleja en las codi-ficaciones de esta materia. El proyecto de la InvestigaciónHarvard (1929) la expresa de un modo simple e inequí-voco : " Un Estado es responsable ", dice su artículo 1," cuando tiene el deber de reparar a otro Estado losdaños sufridos por este último a consecuencia de un dañocausado a uno de sus nacionales " is. Esta concepción dela responsabilidad la hallamos de nuevo en los artículosadoptados en primera lectura por la Comisión III de laConferencia de Codificación de La Haya (1930) : " Laresponsabilidad internacional del Estado supone el deberde reparar el daño causado en la medida en que ellaresulta del incumplimiento de sus obligaciones interna-cionales " 44. Para los autores de ambos proyectos, por lotanto, la noción de la responsabilidad y la del deber dereparar el daño causado son nociones idénticas o al menosinseparables. Cuando hay responsabilidad hay deber dereparar, y ésta es la única consecuencia que puede deri-varse del incumplimiento de una obligación internacional.

39. La opinión general de los autores coincide coneste concepto de la responsabilidad. Eagleton, por ejemplo,comienza su conocida obra diciendo que " El estudio de

39 El texto del proyecto se reproduce en el Apéndice 8.40 El texto del proyecto se reproduce en el Apéndice 9.41 El texto del proyecto se reproduce en el Apéndice 10.

42 Véase Publications des arrêts de la C.P.J.I., Ser ie A, No. 9,pág. 21 , y Serie A, No. 17, pág. 29, respect ivamente.

43 Véase Apéndice 9.44 Véase art ículo 3 en Apéndice 3.


la responsabilidad en el derecho internacional comprendeel examen de la teoría conforme a la cual un Estadopuede exigir a otro una reparación, y el proceso medianteel cual se puede obtener ésta ". Y más adelante exponeesta idea en forma más explícita : " La responsabilidad essimplemente el principio que establece una obligación dereparar (to make good) cualquier violación del derechointernacional que se traduzca en un daño cometido porel Estado demandado (respondent) " 4 5 . Anzilotti, otrode los principales expositores de la teoría tradicional,abundó más en este concepto de la responsabilidad. Sos-tenía a este respecto que:

" Al hecho ilícito, es decir, en general, a la violaciónde un derecho internacional, va unido de este modo elnacimiento de una nueva relación jurídica entre elEstado al que es imputable el hecho de que se trata, queviene obligado a la reparación, y el Estado con respectoal cual existe el deber no cumplido, que puede exigirla reparación. Este es el único efecto que las normasinternacionales, establecidas por las promesas recí-procas de los Estados, pueden atribuir al hecho ilí-cito . . . " « .Para Anzilotti, por lo tanto, fuera del deber de reparar

los daños y perjuicios, la violación o inobservancia deuna obligación no tiene ninguna otra consecuencia en elderecho internacional.

40. Ahora bien, ¿ es efectivamente cierto que la viola-ción o inobservancia de una obligación internacional notiene más consecuencias jurídicas que el puro y simpledeber de reparar los daños causados ? Para plantearnosy resolver adecuadamente esta cuestión no podemos limi-tarnos a los criterios y consideraciones con que tradicio-nalmente se ha planteado y resuelto en la práctica y enla teoría. Es necesario acudir a otros elementos de juicio,y examinarla conforme a ciertas nociones y principiosque condicionan el sistema actual del derecho internacio-nal. Las nociones y principios a que aludimos se refieren,precisamente, a las consecuencias que puede originar laviolación o inobservancia de algunas obligaciones inter-nacionales. En este sentido, es ineludible su examen a laluz de estas nuevas nociones y principios, toda vez que deotro modo no podría determinarse hasta qué punto laconcepción tradicional de la responsabilidad se conformaal derecho internacional en el estado actual de su des-arrollo. Pero a ese objeto se debe primeramente estudiar lanaturaleza de los actos u omisiones que originan la res-ponsabilidad.

7. ACTOS U OMISIONES QUE ORIGINAN LA RESPONSABILIDAD

41. Cuando se estudian la teoría y la práctica tradi-cionales, se advierte que los actos u omisiones que origi-nan responsabilidad internacional se reducen a estas doscategorías de hechos ilícitos: a) los que afectan a unEstado en su condición de tal, es decir, los que lesionansus intereses o derechos como persona jurídica; y b) losque se traducen en daños a la persona o bienes de susnacionales. El primer grupo comprende actos u omisionesde índole muy variada, y en algunos casos tienen uncarácter impreciso e imprecisable. Figuran entre ellos el

45 Véase Eagleton, The Responsibility of States in InternationalLaw (New York, 1928), págs. 3 y 22.

46 Véase Anzilotti, Corso di Diritto Internationale (Curso deDerecho Internacional. Traducción de la 3ra. ed. italiana porJulio López Olivan, Madrid, 1935), pág. 408.

incumplimiento de un tratado, cualesquiera que sean sunaturaleza u objeto, la inobservancia de las inmunidadesdiplomáticas y, en general, la violación de cualquiera delos derechos esenciales a la personalidad del Estado, talescomo su soberanía política o su integridad territorial, ola de sus derechos patrimoniales. El segundo grupo secontrae a los actos u omisiones que originan la " respon-sabilidad del Estado por daños ocasionados en su terri-torio a la persona o bienes de los extranjeros ". A estacategoría se refieren mayormente los autores, las codifi-caciones privadas y oficiales y la jurisprudencia existenteen esta materia.

42. Como se verá oportunamente, desde el punto devista tradicional, en realidad la clasificación es más deforma que de fondo, puesto que tanto en una como enotra categoría se ha considerado que se trata siempre deactos u omisiones que lesionan intereses cuyo titular, enúltimo análisis, es únicamente el Estado. Pero aparte deeste aspecto de la cuestión, que no nos corresponde exami-nar hasta un capítulo próximo (capítulo V), la clasifica-ción puede tener en ciertas hipótesis puntos de coinci-dencia que le hacen perder su fundamento. Por ejemplo,cuando como consecuencia del incumplimiento de untratado se lesionan los intereses de los nacionales de unode los Estados contratantes, y la reclamación se hace poreste último concepto. En todo caso, a los fines específicosdel presente capítulo, veamos cuáles son los actos u omi-siones más generalmente considerados como hechos queoriginan la responsabilidad internacional del Estado.

43. En lo que respecta al segundo grupo se ha con-sagrado una nueva clasificación, según se trate de actosu omisiones de los órganos del Estado o de actos de losparticulares, incluyendo en estos últimos los disturbiosinternos. Dentro de la primera categoría se distingue, asu vez, por razón del órgano que haya cometido el hechoilegal. Los órganos legislativos pueden originar la res-ponsabilidad internacional del Estado por la adopciónde una medida que discrimine entre nacionales y extran-jeros, o dictando una ley de nacionalización y expropia-ción forzosa que afecte propiedades de los segundos enforma contraria a las normas establecidas por el derechointernacional. La actuación del poder judicial tendría lamisma consecuencia si consistiera en algún acto u omisiónque pudiera calificarse de "denegación de justicia " a unextranjero, tal como un retardo injustificado en el proce-dimiento a una sentencia manifiestamente injusta o arbi-traria desde el punto de vista de derecho internacional.Los actos u omisiones ilegales del órgano ejecutivo sontal vez los más variados y frecuentes en la práctica. Den-tro de ellos cabe mencionar los abusos de los agentes depolicía, que en ocasiones revisten una marcada gravedad,como es el caso de maltratos físicos y la privación de lavida sin mediar sentencia judicial; y el cobro indebido demultas o de contribuciones contrarias a la ley, o la con-fiscación ilegal de bienes. Finalmente, dentro de estegrupo figura el incumplimiento por parte del Estado,independientemente del órgano que hubiere intervenido,de los contratos que tenga suscritos con los extranjeros,y del cual puede originarse la responsabilidad del primero.

44. Dentro de la segunda categoría, los hechos ilegalesque pueden originar la responsabilidad del Estado tam-poco tienen la misma naturaleza. Aun cuando en estashipótesis la responsabilidad internacional no surge delhecho en sí, sino de la conducta que ha observado elEstado en relación con el mismo (negligencia, connivencia,


complicidad manifiesta, etc.), es evidente que la natura-leza que tenga el acto de un particular o los que se come-tan durante disturbios internos tendrá que influir en lacalificación de la conducta del Estado que origina suresponsabilidad internacional. Entre los actos que puedencometer los particulares figuran los ataques e insultoscontra un Estado extranjero, a través de la persona delJefe del Estado, sus órganos o representantes diplomáticos,o del emblema nacional, así como los actos delictuosos decualquier gravedad, que se traduzcan en un daño a la per-sona o bienes de los nacionales de dicho Estado. Cuandose producen disturbios en un Estado, estos actos suelenrevestir mayor gravedad y, en algunos casos, respondenal propósito específico de causar un daño a la propiedado las personas extranjeras.

45. Sin ser cabal y completa, la enumeración queantecede nos da una idea bastante aproximada de los actosy omisiones que la teoría y la práctica tradicionales hanconsiderado como hechos originarios de la responsabilidadinternacional del Estado. En todo caso, nos permite definirla naturaleza de estos hechos y determinar, sobre estabase, la clase o clases de responsabilidad que pueden ori-ginar.

8. LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA RESPONSABILIDADPENAL

46. Conforme a la idea dominante en la concepcióntradicional, cualquiera de los actos u omisiones que sehan mencionado en la sección precedente no tiene otraconsecuencia que la de originar un " deber de reparar "los daños ocasionados; es decir, no origina más que laresponsabilidad civil del Estado. Esta concepción limi-tativa de la responsabilidad internacional ha obedecidoprimordialmente a la noción que se tenía sobre la natura-leza jurídica de los hechos que originan la responsabili-dad. A dichos actos y omisiones, en efecto, se les con-sideraba como hechos " ilícitos " o " ilegales ", pura ysimplemente; como hechos contrarios al derecho interna-cional, o incompatibles con las normas de conducta estatalque prescribe este ordenamiento jurídico. Independiente-mente de la naturaleza intrínseca y específica del acto ola omisión, a todos se les enjuiciaba y calificaba delmismo modo y, consecuentemente, se les atribuían igualesefectos jurídicos.

47. Anzilotti, uno de los pocos expositores de la teoríatradicional que examinaron este aspecto de la cuestión,fundaba la opinión que citamos más arriba en lassiguientes consideraciones :

" Este es el único efecto que las normas internacio-nales, establecidas por las promesas recíprocas de losEstados, pueden atribuir al hecho ilícito, mientras queen las organizaciones estatales, en las que las relacionesentre los asociados y la colectividad son igualmenteobjeto de normas jurídicas, la ilicitud puede determinardos relaciones distintas: entre el autor del acto, omejor dicho, entre aquel a quien la norma imputa elacto, y el sujeto que ha sufrido la lesión; entre el autordel acto y la colectividad personificada en el Estado.De ahí la distinción entre la responsabilidad civil y laresponsabilidad penal, entre los daños y perjuicios y lapena; distinción desconocida y que hasta ahora repugnaal Derecho Internacional, el cual reproduce, más bien,igualmente sobre este extremo, los caracteres de unafase social ya superada, en la cual el Estado, sin fuerza

todavía suficiente para arrogarse la protección del de-recho, éste se manifestaba en una reacción del individuoo del grupo que había sufrido la lesión contra el autorde ella; la reparación era al mismo tiempo una pena,y ésta consistía principalmente en la reparación deldaño causado " 47.48. El estado del desarrollo del derecho internacional

de la época explica, y aun justifica hasta cierto punto, quepudiera reflexionarse de este modo48. En efecto, en elderecho internacional tradicional, la responsabilidad civily la responsabilidad penal (la idea de la reparación pro-piamente dicha y la del castigo o sanción) eran nocionesindiferenciadas, porque en rigor constituían elementosintegrantes de un solo y único concepto : el " deber dereparar " los daños ocasionados.

49. Pero es de indudable interés destacar que, aundentro del propio concepto tradicional de la responsabili-dad, aparezca no sólo el elemento de reparación strictosensu, sino también el elemento de sanción o castigo.Cuando se examinen en un capítulo próximo la naturalezajurídica y la función de la reparación, se advertirá quealgunas de las formas que ésta adopta en la práctica hanrespondido a un propósito francamente punitivo, hastael punto de que a partir de una fecha reciente se vienegeneralizando una corriente de opinión en el sentido deque en la práctica tradicional la reparación ha revestido aveces el carácter de verdaderas " sanciones penales "(punitive damages). En otras palabras, que en ocasioneslas medidas de reparación se han exigido o impuesto atítulo de un castigo o una pena por la violación o inobser-vancia de una obligación internacional (capítulo VIII,sección 27, infra). Si esta apreciación es fundada, enla medida en que la reparación ha respondido a semejantepropósito, parece lógico pensar que la práctica tradicionalconoció la noción de la responsabilidad penal. ¿ Qué otrabase puede tener la aplicación de sanciones penales ? Laexistencia de una " reparación de carácter penal " pareceefectivamente llevar implícita la imputación de una res-ponsabilidad de la misma naturaleza. El grado en que sediferenció e individualizó esta última es otra cosa, queno afecta necesariamente en lo esencial a la noción mismade esta responsabilidad.

50. Si esto ocurrió aun en el propio derecho interna-cional tradicional, en la actualidad la situación no ofrecedudas de ningún género. Principalmente a partir de lasegunda guerra mundial, la noción de la responsabilidadinternacional de carácter penal se ha definido y consa-grado lo suficiente para que tengamos que admitirla comouna de las consecuencias de la violación o inobservanciade ciertas obligaciones internacionales. Ahora bien,aunque la responsabilidad internacional penal como insti-tución independiente está fuera del marco de esta codifi-cación, hay razones fundamentales que no permitenignorarla totalmente cuando se examinen algunas de lashipótesis de responsabilidad propias de dicha codificación.Si cuando solamente existía como un elemento indiferen-ciado del " deber de reparar " llegó a desempeñar unafunción en la institución de la responsabilidad (civil),ahora que se ha individualizado, necesariamente tendrá

47 Ibid.48 Véanse, e n el mismo sent ido, Reitzer, La réparation comme

conséquence de Facte illicite en droit international (Par i s , 1938),pág . 209, y Berlia, "De la responsabil i té in ternat ionale de l 'Eta t"e n La technique et les principes du droit public. E tudes en l'hon-neur de Georges Scelle (Par i s , 1950), Vol. I I , pág. 886.


que afectar de una nueva forma las nociones y los prin-cipios en que aquélla tradicionalmente ha descansado.No resulta difícil comprender esto cuando se mira alfenómeno jurídico de donde arranca la noción misma dela responsabilidad penal: esto es, a la proscripción penalde ciertos hechos o a la transformación en hechos puni-bles de otros que hasta entonces se habían consideradocomo simplemente ilegales. En una palabra, cuando semira a la naturaleza penal que revisten en la actualidadciertas obligaciones internacionales.

51. De esta manera, si se reexaminan los actos y omi-siones que en el derecho internacional tradicional origi-naban la responsabilidad (civil), según la enumeraciónque se hizo en la sección anterior, se verá que ya nopuede atribuirse a todos la misma naturaleza. Aunque escierto que el derecho internacional, en el estado actual desu desarrollo, no siempre permite distinguir los hechospunibles propiamente dichos de los actos u omisionessimplemente ilegales, en la generalidad de los casos ladistinción puede hacerse sin dificultad. Por ejemplo, ladenegación de justicia en general o el incumplimiento decontratos celebrados entre el Estado y un particularextranjero no constituyen más que actos u omisionesilegales; es decir, contrarios al derecho internacional,pero que no envuelven responsabilidad penal alguna. Encambio, ciertas violaciones de derechos humanos esen-ciales de los extranjeros (de una gravedad igual o análogaa las que en la nueva terminología se denominan " delitoscontra la humanidad"), además de ser actos ilegales hoysuponen también una responsabilidad internacional decarácter penal. De otra parte, los Estados han contraídocierto tipo de obligaciones cuyo incumplimiento pudieratener también nuevas implicaciones. Por ejemplo, por losartículos I y V de la Convención para la Prevención y laSanción del Delito de Genocidio 49 los Estados partes seobligan expresamente a " prevenir y a sancionar " losactos de genocidio, en los cuales pueden ser autores insti-gadores o cómplices, conforme a la Convención, tanto losparticulares como los gobernantes y funcionarios delpropio Estado. Sin que se agoten las distintas categoríasde situaciones nuevas, cabe mencionar el carácter de" agresión " que la Asamblea General de las NacionesUnidas atribuyó a la intervención de un Estado " fomen-tando la guerra civil en beneficio de una Potencia extran-jera" (resolución 380 (V)), lo cual es un acto simple-mente ilegal en la Convención de La Habana sobre Dere-chos y Deberes de los Estados en caso de Luchas Civiles(1928). Y lo mismo ha ocurrido con algunos de los actosque la Comisión de Derecho Internacional ha definido ensu Proyecto de Código como " delitos contra la paz y laseguridad de la humanidad ".

52. De lo que antecede se desprenden ciertas conclu-siones que pueden resultar de interés fundamental paraesta codificación, y que, por el momento, sería útil for-mular en términos generales. En primer lugar, la viola-ción o inobservancia de una obligación internacionalpuede tener como consecuencia tanto la responsabilidadpenal como la responsabilidad civil, o ambas conjunta-mente, según la naturaleza de la obligación. La natura-leza de la obligación de que se trate dependerá, a su vez,del carácter penal o simplemente ilegal que el derechointernacional atribuya a los actos u omisiones que pros-cribe dicha obligación. Finalmente, en las hipótesis en que

existan ambas clases de responsabilidad, la primera suponeun castigo o sanción y la segunda la reparación propia-mente dicha del daño ocasionado. Sin embargo, ningunade estas conclusiones en torno al carácter penal que puedetener la responsabilidad en el derecho internacional con-temporáneo implica que nos apartemos indebidamentedel verdadero y único objetó de esta codificación. Lo quesí implican, naturalmente, es la necesidad de tomarlas enconsideración en la medida en que afecten las nociones yprincipios tradicionales de la responsabilidad (civil).

53. Por lo demás, se comprende fácilmente que el reco-nocimiento de estas dos clases de responsabilidad inter-nacional puede afectar a la institución en general, perode un modo especial: al problema de la imputabilidad,en el sentido de determinar a qué sujeto o sujetos delderecho internacional cabe considerar internacionalmenteresponsables ; y a la naturaleza y función de la reparación,en el sentido de saber si se determinarán de igual modo,independientemente de que se trate de una u otra clasede responsabilidad. De lo segundo nos ocuparemos enuna etapa más avanzada de este informe (capítulo VIII).Del problema relativo a la imputabilidad, en el capítuloque sigue. Pero antes será útil tratar brevemente otroproblema que interesa en igual grado cuando se exami-nan las cuestiones básicas en que descansa la instituciónde la responsabilidad internacional.

9. FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LARESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

54. Consecuente con una de las tendencias más carac-terísticas de la doctrina tradicional, el estudio de la insti-tución de la responsabilidad internacional se ha referidoprimordialmente a su naturaleza y a las cuestiones quese relacionan con ella, descuidando los propósitos o finesa que la institución responde, o tratando la cuestión deuna manera indirecta y accesoria a lo primero. Sinembargo, como ocurre con cualquier otra institución delderecho internacional, el examen de la función que elladesempeña es igualmente fundamental y, en cierto sen-tido, de una importancia mayor que el de todas las cues-tiones que se plantean en relación con su naturaleza pro-piamente dicha.

55. Dunn posiblemente haya sido el primero en sen-tir esta preocupación. Considerando que el estudio de lainstitución tradicionalmente había consistido en un aná-lisis " jurídico " de las normas y principios del derecho,indicó la necesidad de examinar " la práctica de la pro-tección diplomática como una institución concebida porel hombre para fines sociales particulares ". En su opi-nión, el simple estudio de dichas normas y principios nonos proporciona más que una idea incompleta y a menudoinexacta del proceso a través del cual se deciden real-mente las cuestiones relativas a la protección diplomá-tica. A este respecto agrega que el " problema en últimoanálisis se refiere a la posibilidad de mantener un ordeneconómico y social uniforme para el desenvolvimiento delcomercio y el intercambio internacional entre entidadespolíticas independientes de cultura y grados de civilizacióndiversos, sistemas jurídicos y económicos diferentes, ygrados distintos de poder y prestigio " 50. También Jessupha observado que la historia de esta rama del derechointernacional durante el siglo pasado y el presente de-

4* Resolución 260 A (III) de la Asamblea General, anexo.

50 Frederick Sherwood Dunn, The Protection of Nationals (Bal-timore, 1932), págs. 1-3.

182 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, VoL II

muestra cómo puede desarrollarse un derecho consuetu-dinario para atender a la necesidad de ajustar intereses enconflicto; y destaca sobre este particular que la fuerzapropulsora de este fenómeno jurídico ha radicado en eldeseo de los gobiernos de adquirir influencia política enciertos países, en la lucha por los mercados y las fuentesde materias primas. " La historia del desarrollo del dere-cho internacional en materia de responsabilidad del Estadopor daños a los extranjeros ", agrega, " constituye de esemodo un aspecto de la historia del " imperialismo " o" diplomacia del dólar " ". Conviniendo con Dunn, señalaque " La función del derecho relativo a la responsabilidadde los Estados por daños a los extranjeros, concebida entérminos de un derecho internacional modernizado, con-siste en proveer, con miras al interés general, una pro-tección adecuada al extranjero con el fin de facilitar losviajes, el comercio y el intercambio"51.

56. Examinando la misma cuestión desde otro puntode vista, Eagleton indica cómo la responsabilidad delEstado ha sido reconocida solamente en relación con otroEstado; que "el derecho relativo a la responsabilidad nofué concebido en términos de deberes hacia la comunidadinternacional; no se pensó que el daño hecho a un Estadopodía ser un daño a toda la comunidad... La respon-sabilidad de Estado (persona jurídica) a Estado (personajurídica) no desaparecerá, pero espero que se delimitemás claramente y que surjan procedimientos que con-duzcan a un ordenamiento jurídico en que pueda casti-garse la desobediencia en nombre de la comunidad inter-nacional organizada " 5 2 . En el mismo orden de ideasEustathiades ha insistido en que los efectos del hechoilegal (delict) internacional ya no se limitan a la reaccióndel Estado directamente lesionado, sino que interesan tam-bién a toda la comunidad. En su opinión, los aconteci-mientos recientes demuestran que las infracciones inter-nacionales va no pueden seguirse considerando como unasimple cuestión de la reparación debida al Estado lesio-nado, " sino más bien como una cuestión general " 53.

57. Como puede advertirse, el estudio funcional deltema revela aspectos nuevos, capaces de influir de unamanera decisiva en la apreciación de las nociones y prin-cipios tradicionales en materia de responsabilidad. Segúnindicamos en el capítulo I al referirnos a la cuestión demétodo, estas nociones y principios surgieron y se des-arrollaron consecuentes con otras nociones y principiosque en el derecho internacional contemporáneo han sufri-do una profunda transformación. Y esta transformación,si a algo ha afectado de un modo substancial, es precisa-mente a los fines que ha servido ese derecho. Ya no setrata de un ordenamiento jurídico meramente interestatal,puesto que sus normas también tienen por objeto la pro-tección de intereses y derechos cuyo verdadero titular noes el Estado. Por lo tanto, ya el derecho internacional noexiste ni se justifica solamente, como ocurrió durante unlargo período de su historia, por la protección que ofrezcaa los intereses y derechos del Estado, sino por la que ex-tienda a los que legítimamente puedan invocar sus demássujetos. De igual modo, tampoco son los Estados los únicosdestinatarios de las obligaciones que impone. No es difícil

51 Jessup, A Modern Law of Nations (Nueva York, 1948), págs.95-96 y 105.

52 Eagleton, " International Organization and the Law of Re-sponsibilty ", Recueil des cours de l'Académie de droit internatio-nal (1950-1), Vol. 76, pág. 423.

53 Eustathiades, op. cit., pág. 433.

comprender, en consecuencia, en qué medida esta nuevasituación es capaz de influir en la función que le tocadesempeñar a la institución de la responsabilidad inter-nacional. En los capítulos que siguen, esta concepción deltema será la idea básica con que se examinarán sus dife-rentes aspectos y problemas.

CAPITULO IV

El sujeto activo de la responsabilidad y el problemade la imputabilidad

58. En el capítulo anterior hemos visto que la respon-sabilidad internacional, independientemente de su natu-raleza específica, es siempre la consecuencia de la viola-ción o inobservancia de una obligación de la mismaíndole. Pero este concepto se contrae al acto u omisiónque origina la responsabilidad, sin contemplar otra con-dición sine qua non que se requiere para que de dichoacto u omisión surjan todos los efectos jurídicos de lainstitución. En efecto, para que exista responsabilidadinternacional es necesario, además, que el acto u omisiónilegal sea imputable al sujeto de la obligación. En estesentido, la imputabilidad es un requisito esencial de laresponsabilidad, cualesquiera que sean el acto o la omisióny el sujeto de la obligación. Existen, desde luego, otrosrequisitos, según las diferentes hipótesis de responsabili-dad, pero el de la imputabilidad es común a todas. Deahí que se comprenda fácilmente por qué el problemade la imputabilidad haya constituido una de las cues-tiones más importantes de la teoría y la práctica de laresponsabilidad.

59. Ahora bien: en la teoría y en la práctica tradi-cionales, el problema se planteaba solamente con mirasa determinar la responsabilidad imputable al Estado y,por lo tanto, se le examinaba sólo a través de los aspectosque pudieran interesar a esa finalidad, única y exclusiva-mente. En la actualidad, naturalmente, sigue siendo nece-sario resolver las hipótesis en que está involucrada laresponsabilidad del Estado, y que, en realidad, son toda-vía las más numerosas y generalmente las de mayor im-portancia. Pero al mismo tiempo es necesario plantear elproblema en relación con otras hipótesis de responsabili-dad, y aun en aquéllas ver hasta qué punto las nocionesy principios tradicionales se conforman al derecho inter-nacional en el estado actual de su desarrollo. Aunque laresolución 799 (VIII) de la Asamblea General y laresolución de la Décima Conferencia Interamericanasolamente se refieren a los principios que rigen la respon-sabilidad del Estado, la aparición y el reconocimiento denuevos sujetos de derecho internacional, capaces de tenero de contraer obligaciones internacionales, algunas de lascuales, incluso, se le atribuían anteriormente al Estado,indica la necesidad de una consideración integral delproblema. A los fines del presente informe esto último esfundamental, puesto que solamente de esa manera sepodrá determinar, conforme al derecho internacionalcontemporáneo, quién es el verdadero sujeto activo dela responsabilidad en la hipótesis de que se trate.

10. LA IMPUTABILIDAD COMO REQUISITO ESENCIALDE LA RESPONSABILIDAD

60. Veamos primeramente qué se entiende por " im-putabilidad ". Anzilotti la definía relacionándola con elconcepto de la personalidad jurídica. En su opinión,


" Dado que imputar un hecho a un sujeto significa la pre-sunción de deberes y derechos propios a dicho sujeto, laimputación presupone la personalidad o, más bien, seconfunde con ella: sujeto de imputación jurídica y per-sona son expresiones sinónimas " 54. Kelsen lo hace dis-tinguiéndola del concepto de obligación jurídica, y dicea este respecto que " la responsabilidad jurídica del hechoilegal (delict) recae sobre aquel que, por su propia con-ducta, puede cometer o dejar de cometer el hecho ilegal,esto es, sobre el delincuente actual o potencial. La obliga-ción jurídica y la responsabilidad jurídica son dos con-ceptos diferentes, pero el sujeto de la obligación y elsujeto de la responsabilidad pueden coincidir aun cuandoesto no tenga necesariamente que ocurrir " 55.

61. Al igual que la generalidad de los autores que sehan planteado esta cuestión, Anzilotti y Kelsen convienenen que la imputabilidad es la condición que determinala responsabilidad de una persona jurídica, independien-temente del hecho de que sea un tercero el autor deldaño que eventualmente origina esa responsabilidad. Enderecho internacional el " sujeto de la imputación jurí-dica ", el " sujeto de la responsabilidad ", es el Estado,a quien directamente ese derecho impone obligaciones y,consecuentemente, por cuyos actos u omisiones sólo cabeconsiderársele internacionalmente responsable56.

62. Esta concepción de la imputabilidad de la respon-sabilidad internacional explica el contenido limitado quetuvo el problema para la teoría tradicional. Al admitirsolamente la responsabilidad imputable al Estado, no seplanteaban más que algunos de los aspectos del problemageneral de la imputabilidad: los relativos a la respon-sabilidad indirecta (vicarious) del Estado por actos delos particulares y por daños causados durante disturbiosinternos; y el de su responsabilidad, también indirecta,cuando se tratara de actos u omisiones de los Estadosfederados o de sus colonias y dependencias, o de actos uomisiones de otro Estado cometidos en su territorio. Fuerade estas hipótesis, la responsabilidad del Estado es directay como tal no ha suscitado más cuestiones que las rela-cionadas con la ilegalidad de los actos u omisiones desus órganos.

63. Es cierto, como se indicó, que la resolución dela Asamblea General y la de la Conferencia de Caracasse refieren a " los principios de derecho internacional querigen la responsabilidad del Estado ". Si se interpretaraesta expresión con arreglo a la teoría y la práctica tradi-cionales, no habría que preocuparse más que de la codi-ficación de los principios que rigen la responsabilidadque directa o indirectamente sea imputable al Estado. Enefecto, no importa quiénes sean los autores del hechoilegal que ocasione el daño que directa o indirectamenteorigina la responsabilidad, porque conforme a lateoría y la práctica tradicionales, solamente el Estadoes capaz de incurrir en responsabilidad internacional, asícomo en el deber, también internacional, de reparar losdaños.

64. Sin embargo, en el estado actual del desarrollo

64 Anzilotti, op. cit., págs. 230 et seq.55 Hans Kelsen, " Collective and Individual Responsibility for

Acts of State in Internat ional Law ", The Jewish Yearbook ofInternational Law (1948), pág. 226.

56 Véanse también Bustamante , Derecho Internacional Público(La Habana , 1936). Vol. I l l , pág. 481, y Starke, " Imputabi l i ty inInternat ional De l inquenc ies" , en The British Yearbook of Inter-national Law (1938), págs. 104 et seq.

del derecho internacional la situación no es tan sencilla.La responsabilidad es la consecuencia de la violación oinobservancia de una obligación - internacional. Por lotanto, su imputabilidad depende necesariamente del sujetoo sujetos de esa obligación. La doctrina y la prácticainternacionales se han desarrollado consecuentes con unsistema de derecho internacional dentro del cual el Estadoaparece como el único sujeto capaz de tener o de con-traer obligaciones de esa índole. Pero en el sistema con-temporáneo ya el Estado no es el único sujeto a quiendirectamente impone obligaciones el derecho interna-cional. También lo es el individuo, quien definitivamentese ha convertido en un sujeto directo — a veces el único— de ciertas obligaciones internacionales. Este hecho,naturalmente, debe tener alguna significación aun encuanto a la imputabilidad de la responsabilidad que hastael presente se ha atribuido en su totalidad al Estado.

65. En circunstancias parecidas se encuentran lateoría y la práctica tradicionales respecto de la imputa-bilidad de la responsabilidad internacional por actos uomisiones de ciertas entidades políticas que disfrutan deautonomía interna pero cuyas relaciones internacionalescontinúan a cargo de un Estado soberano. La respon-sabilidad parcial que se viene reconociendo a algunas deestas entidades tal vez puede requerir también una revi-sión de la idea tradicional de que en esta hipótesis la res-ponsabilidad es sólo imputable a dicho Estado.

66. En un orden distinto de ideas, el problema de laimputabilidad de la responsabilidad tampoco puede limi-tarse en la vida internacional contemporánea a los casosen que solamente cabe exigir a un Estado, directa o in-directamente, el deber emergente de esa responsabilidad.Es cierto que el derecho internacional tradicional noconoció ni resolvió más que estas hipótesis de respon-sabilidad, y que la resolución 779 (VIII) de la AsambleaGeneral tampoco contempla ninguna otra. Sin embargo,en cierto sentido y en cierta medida, algunas organiza-ciones internacionales, por su naturaleza o por la índolede las actividades que realizan, pueden hallarse en unasituación análoga y aun similar a la del Estado, en cuantoa la omisión de actos u omisiones que originan respon-sabilidad internacional. Refiriéndose a esta hipótesis,Bustamante observaba con razón que " si en lo político,por obra de sus grandes representaciones colectivas, o enlo administrativo, por causa de la dirección o de la acciónde algunas de las oficinas de unión internacional, se pro-duce daño voluntario y consciente, no es posible que susvíctimas estén desprovistas de toda acción y de todoremedio, y que eso goce de una absoluta impunidad " 57.Esta nueva hipótesis de responsabilidad internacional,como se verá oportunamente, no carece tampoco de ante-cedentes en la práctica, al menos en cuanto a algunos desus aspectos específicos.

67. Todo lo que antecede pone en evidencia la nece-sidad de abandonar la noción tradicional relativa a laimputabilidad de la responsabilidad internacional y deexaminar la institución con la amplitud que requiere elderecho internacional en el estado actual de su desarrollo,aun cuando la Asamblea General y la Décima Conferen-cia Interamericana no hayan contemplado explícitamentelas nuevas situaciones e hipótesis a que se ha hecho refe-rencia. Negar esta necesidad implicaría ignorar el hecho

57 Bustamante, Derecho Internacional Público (La Habana, 1936),Vol. I l l , pág. 483.


de que, en el derecho internacional contemporáneo, elEstado no es el único sujeto a quien puede imputárselela responsabilidad que resulte de la violación o inobser-vancia de una obligación internacional, ni el deber, tam-bién internacional, de reparar en ciertas hipótesis losdaños ocasionados.

11. LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL ESTADO

68. Cuando se examina la responsabilidad interna-cional con miras a determinar las hipótesis y situacionesen que es imputable al Estado, es necesario agrupar losactos u omisiones enumerados en el capítulo anterior encuatro grandes categorías: a) Actos u omisiones de losórganos (legislativos, judicial y ejecutivo del Estado;b) Actos u omisiones de las subdivisiones políticas delEstado o de sus colonias y otras dependencias; c) Actoso hechos de los particulares, inclusive los ocurridosdurante disturbios internos; y d) Actos de un tercerEstado (o de una organización internacional) cometidosen su territorio. Esta clasificación, que es la usualmenteseguida, permite distinguir las condiciones v circunstan-cias en que cabe imputarle al Estado la responsabilidaden las diferentes hipótesis y situaciones que se presentanen la práctica.

69. Las del primer grupo son las que originan la res-ponsabilidad directa del Estado, pero tampoco respectode ellas existe un criterio único que permita resolver elproblema de la imputabilidad. Es necesario de nuevo dis-tinguir los actos u omisiones según el poder u órgano delEstado de que provengan. Cuando se trate del poder legis-lativo (y, en su caso, del poder constituyente), la imputa-bilidad de la responsabilidad dependerá, en términosgenerales, del hecho de que se adopten medidas legis-lativas (o constitucionales) contrarias a las obligacionesinternacionales (convencionales o de otra índole) delEstado o incompatibles con ellas, o de que dejen deadoptarse o aplicarse las que se requieren para hacerefectivas dichas obligaciones. Independientemente de lalegitimidad v validez que puedan tener estos actos uomisiones desde el punto de vista interno, la responsabili-dad puede surgir v ser imputable al Estado cuando, comoconsecuencia de cualquiera de estos actos u omisiones,se viole o incumpla una obligación internacional.

70. El problema de la imputabilidad deviene muchomás complejo cuando se trata de actos u omisiones delpoder judicial. También en estas hipótesis de respon-sabilidad hay que comenzar por distinguir las diferentessituaciones que principalmente se presentan en la prác-tica, y que caen bajo la expresión genérica de " denega-ción de justicia ". Si ésta consiste en la negativa de unjuez o tribunal a intervenir en el asunto o conocer deél, habrá que determinar si su actuación obedece a quecarece de competencia al efecto o a que se niega a actuara pesar de estar investido de esa autoridad. En el primersupuesto lo que habría que determinar realmente es siesta falta de competencia es contraria al derecho inter-nacional, es decir, si importa o no una omisión del poderconstituiente o del legislativo, por estar el Estado obli-gado a establecerla. En el segundo supuesto, al cual puedeasimilarse por analogía la demora indebida o el retardoinjustificado de la tramitación o de la decisión de losrecursos, la situación es más sencilla: en la generalidadde los casos habrá " denegación de justicia ". Pero talvez la situación más difícil de resolver, a los fines de laimputación de la responsabilidad, es la que crean las

sentencias injustas. No se trata, desde luego, de enjuiciarlos méritos intrínsecos de la sentencia, ni si ha sido dic-tada conforme al derecho interno del Estado, sino dedeterminar si es o no compatible con el derecho interna-cional. Y para ello habrá que recurrir al criterio generalde si la sentencia, independiente de toda otra considera-ción, constituye o no un hecho que importa la violacióno inobservancia de una obligación internacional de Estado.

71. Cuando se trata de actos u omisiones del poderejecutivo o de los funcionarios públicos, el problema dela imputabilidad es igualmente complejo y tiene que resol-verse conforme a otras consideraciones. En primer tér-mino, habrá que distinguir las tres situaciones posibles:esto es, la del funcionario que actúa en el ejercicio de lafunción pública y dentro de los límites de su competen-cia; la del funcionario que, en el ejercicio de esa función,excede la autoridad que se le ha conferido, y la del fun-cionario que actúa como simple individuo o particular.La primera situación, naturalmente, no ofrecerá ningunadificultad si el acto u omisión es contrario a una obliga-ción internacional del Estado. Tampoco la tercera, puestoque si la condición de funcionario no ha jugado papelalguno, cae más bien dentro de la categoría de actos ohechos de los particulares, donde ya no habrá lugar a laresponsabilidad directa del Estado. Las dificultades surgenrealmente respecto de la segunda situación, siendo asíque la imputabilidad podría depender de la pura y simplecondición del funcionario y el carácter con que ha actuado(responsabilidad objetiva), o de alguna otra circunstan-cia o consideración adicional, tales como las que la prác-tica ha admitido en ciertas ocasiones.

72. En las hipótesis de actos u omisiones de las sub-divisiones políticas del Estado o de sus colonias y otrasdependencias, el problema de la imputabilidad se planteanaturalmente de un modo distinto. Fundamentalmenteson dos los factores o criterios que se han tomado en con-sideración: el grado de control o autoridad que tenga elEstado sobre los asuntos internos de la subdivisión polí-tica o la colonia o dependencia, y la medida en que esténa su cargo las relaciones y representaciones internacio-nales de la entidad de que se trate. No se nos debe ocultar,sin embargo, que la simple aplicación de estos criteriosno es suficiente para resolver todos los casos posibles,como lo demuestran las soluciones contradictorias a quese ha llegado en la práctica y las opiniones divergentesque se sostienen sobre el particular. En realidad, hay queexaminar y resolver cada caso conforme a sus caracte-rísticas propias. Esto no obstante, cuando se trate deciertos protectorados y otras entidades, que son los únicoscasos que verdaderamente pueden plantear serias dificul-tades, habrá que ver si, además de disfrutar de una plenaautonomía interna, tienen cierta personalidad interna-cional y si ésta comprende la capacidad para contraerdirectamente con otros Estados obligaciones de esa índole.Este fenómeno jurídico, que advertimos en la prácticacontemporánea con frecuencia creciente, tendrá una in-discutible significación cuando haya que determinar aquién es imputable la responsabilidad por los actos uomisiones de estas entidades semisoberanas.

73. La situación que se plantea con motivo de losactos y hechos de los particulares, actuando individual-mente o como miembros de un grupo (disturbios inter-nos), constituye en cierto sentido el aspecto más complejodel problema de la imputabilidad. Conforme a la doctrinamás generalizada en la práctica, la responsabilidad del


Estado no surge directamente de esos actos o hechosilegales, sino como consecuencia de la conducta que susórganos hayan observado en relación con los mismos. Enuna palabra, al Estado no puede considerársele respon-sable más que de " sus propios actos ". Concebida enestos términos, la imputabilidad de la responsabilidaddependerá necesariamente de la presencia de condicionesy elementos ajenos al hecho mismo que ha ocasionado eldaño. De ahí que se haya discutido tan intensamente yse hayan sostenido opiniones tan divergentes, lo mismo enla teoría que en la práctica, en cuanto a qué condicioneso elementos se requieren para que surja la responsabili-dad del Estado, propiamente dicha. De nuevo aquí seplantea el problema de si el Estado es objetivamente res-ponsable o si para que lo sea es necesario que la con-ducta observada por él respecto del acto del particular(negligencia para prevenirlo, omisión en cuanto al cas-tigo, etc.) implique una actitud determinada de la volun-tad del órgano (culpa, dolo, etc.). Es fácil advertir aue,al determinar la imputabilidad por este proceso indirectolo que en definitiva se imputa al Estado no es exacta-mente el acto o hecho que ocasiona el daño, sino el in-cumplimiento de un deber en ocasiones muy difícil deprecisar y a veces absolutamente imprecisable. Esta cons-trucción jurídica peculiar puede tener, entre otras laconsecuencia de que se impute la responsabilidad por unconcepto y se determine la reparación por uno ajeno a él.

74. Veamos finalmente la hipótesis de responsabilidaddel Estado por actos de otro Estado cometidos en su te-rritorio. Esta hipótesis, menos frecuente en la práctica quelas anteriores, presenta cierta analogía con la que se haexaminado en el párrafo que antecede, en el sentido deque se trata de actos o hechos cuya comisión no puedeimputarse directamente al Estado. Por lo tanto habrá querecurrir de nuevo a otros factores y criterios que permitandeterminar si hay responsabilidad por la conducta obser-vada por él en relación con el acto o hecho ilegal de quese trate. Naturalmente también habrá que tener en cuentael grado de jurisdicción y autoridad que tenía el Estadoen su territorio y, si ése llegare a ser el caso, si el Estadocarecía en lo absoluto de ambas y la ejercía el Estadoautor del acto o un tercero. La situación puede presen-tarse, aunque no necesariamente en los mismos términos,con motivo de las actividades que desarrollan las organi-zaciones internacionales en el territorio de un Estado.Ni la doctrina ni la práctica tradicionales conocieronesta hipótesis, de manera que habrá que examinarla a laluz de la naturaleza de los actos aue nueden cometerdichas organizaciones v de los cuales oueda derivarse unaresponsabilidad indirecta para el Estado.

75. Lo que antecede permite tener una idea general delas dificultades que se han afrontado para determinarcuándo el Estado es responsable. En la actualidad estasdificultades subsisten, pero no son las únicas. Conjunta-mente con ellas debemos plantearnos y resolver las queha creado el desarrollo reciente del derecho internacionalen cuanto a la naturaleza y a los sujetos de ciertas obli-gaciones internacionales. Ni la teoría ni la práctica tra-dicionales distinguieron los actos u omisiones simplementeilegales de los que además revisten el carácter de hechospunibles, o no atribuyeron ninguna consecuencia especiala esta distinción: como tampoco admitieron que la res-ponsabilidad internacional pudiera ser imputable a otrosujeto que no fuera el Estado. En este sentido, se con-cibió la responsabilidad como una unidad indisoluble, y

al Estado como el único sujeto responsable. Pero ya sevio en el capítulo anterior que en el derecho internacionalcontemporáneo cabe distinguir en ciertas hipótesis entrela responsabilidad civil stricto sensu y la responsabilidadpenal. Si es así, entonces habrá que determinar cuál esel verdadero sujeto de la obligación internacional en lahipótesis de que se trate.

12. LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LOS INDIVIDUOS

76. La idea de que el Estado es el único sujeto capazde tener o de contraer obligaciones internacionales, enlo que se refiere al individuo, figuraba como una de laspremisas fundamentales del Informe aprobado por laSubcomisión del Comité de Expertos para la CodificaciónProgresiva del Derecho Internacional de la Sociedad delas Naciones (Informe Guerrero) :

" Como se ha demostrado, el conjunto de normasjurídicas establecidas por la voluntad de la sociedadinternacional son las únicas que pueden regir las rela-ciones mutuas de los Estados; en otras palabras, losderechos y los deberes que éstos se han reconocido oimpuesto en sus relaciones inter se. La violación decualquiera de estos derechos supone la responsabilidadinternacional del Estado.. . Dentro de este sistemasolamente los Estados poseen derechos y deberes inter-nacionales.

" Por consiguiente, conforme a los conceptos queanteceden, el individuo no es un sujeto del derechointernacional y la violación de una norma del derechointernacional no supone para él ninguna responsabili-dad internacional.

" Del mismo modo, como el derecho internacionalimpone los deberes al Estado, el individuo es incapazde cometer un delito contra ese derecho " 58.

77. No es difícil advertir que la premisa de que partíael Informe carece de fundamento en cuanto al sujetoactivo de ciertas obligaciones internacionales. Aun en elderecho internacional tradicional, la piratería y los demásdelicia juris gentium, así como los llamados " delitos deguerra ", constituyen actos punibles que solamente puedenperpetrar los individuos. Y en el derecho contemporáneo,como se indicó en el capítulo anterior, la situación ya noofrece dudas de ningún género: las obligaciones de carác-ter penal pueden tener por sujeto al individuo, y segúnuna orientación reciente, es el único sujeto o destina-tario de las normas que las imponen.

78. Pero a los fines de esta codificación éste no essolamente el problema que interesa resolver. Una vezadmitido que el individuo es capaz de tener o de contraerobligaciones internacionales, la primera cuestión quedebemos plantearnos es la de saber si la responsabilidadcivil que surge de la violación o inobservancia de unaobligación de esta clase, o de una obligación de carácterpenal cuando se trata de un hecho internacionalmentepunible, es o no imputable al individuo que cometió elacto o la omisión. Reconociendo que, en puridad, todaobligación y toda responsabilidad por su incumplimientoson imputables a los seres e instituciones humanos, Lau-

58 Véase League of Nations Publications, V. Legal, 1926.V.3?pág. 93.


terpacht admite que cuando se trata de obligaciones con-tractuales o de las emanadas de la costumbre en materiasmercantiles, financieras o de administración internacio-nal, " es justo y propio que, en derecho, la responsabili-dad se impute al Estado en su conjunto, y que éste apa-rezca exclusivamente como el sujeto del derecho inter-nacional para ese propósito ". Sin embargo, a su modode ver, la situación no es idéntica en los demás casos deresponsabilidad civil (tortious responsibility), como la de-negación de justicia. En la práctica el sujeto internacional-mente responsable en estos casos ha sido el Estado, dandolugar en ocasiones la responsabilidad a una reparaciónde carácter penal (venal damages). A este respecto observaque " Sin embargo, intrínsecamente nada impide — salvola doctrina tradicional relativa a los sujetos del derechointernacional — que, en la esfera internacional, a la res-ponsabilidad del Estado se una la del órgano directamenteresponsable del acto o la omisión ". Al desarrollar estasideas Lauterpacht sostiene aue se debe admitir la res-ponsabilidad conjunta del Estado y del funcionario, peroal efecto de que se impute al segundo solamente la decarácter penal59.

79. Esta parece ser la opinión dominante entre losautores que se han planteado la cuestión. Berlia, porejemplo, se declara en favor de la idea de imputarle alEstado la responsabilidad civil, y al individuo la penalcuando proceda, fundándose en que la imputación de estaúltima al Estado ha probado ser ineficaz y que del otromodo se garantizaría la prevención del delito interna-cional 60. Rolin, por su parte, estima que la concepciónde la responsabilidad penal de los órganos del Estado noes enteramente aplicable en derecho a su responsabilidadcivil, y cree que, por el contrario, como responsabilidadde derecho internacional debe ser descartada al menos enel estado actual de su desarrollo 61.

80. Sin embargo, esta corriente de opinión no es elúnico punto de vista que existe sobre el particular. En lasdos Comisiones de Jurisdicción Penal Internacional quese reunieron en Ginebra (1951) y Nueva York (1953),respectivamente, se suscitó la cuestión de si la proyectadaCorte debía tener competencia para pronunciarse sobreindemnizaciones por daños y perjuicios. En la de Ginebraalgunos miembros propusieron que la Corte tambiéntuviera competencia sobre la responsabilidad civil de unacusado como consecuencia de los delitos de los cuales sele declarara culpable, para obligarle a indemnizar pordaños y perjuicios. Se propuso, además, que la Corte fueracompetente para declarar a un Estado o a cualquier otrapersona moral solidariamente responsables del pago delas indemnizaciones que la Corte imponga a una personafísica declarada culpable que hubiera actuado en nombredel Estado o de otra persona moral. En la Comisión deNueva York se insistió en las mismas propuestas, y enambos casos se convino en no hacer referencia en elEstatuto a estas acciones civiles porque su propósito secontraía exclusivamente a la responsabilidad penal de las

personas naturales 62. En el mismo orden de ideas cabecitar como antecedente de la práctica reciente el que ofrecela Mancomunidad Europea del Carbón y del Acero(MECA) creada por el Tratado de 18 de abril de 1951.Conforme a su artículo 40, la Corte que crea el Tratadopara decidir conforme a derecho sobre la interpretacióny aplicación de sus disposiciones o de sus regulacionescomplementarias, tiene competencia para determinar laresponsabilidad civil de un funcionario o empleado dela Mancomunidad, que resulte del incumplimiento de susdeberes; y también para determinar la indemnizaciónequitativa que debe hacer la Mancomunidad en caso deque la persona lesionada no pueda obtener la reparacióndel funcionario o empleado 63.

81. Como puede apreciarse, aunque la concepción tra-dicional resulte ya inadmisible, tampoco se ha formadouna opinión definitiva sobre qué tipo de responsabilidadse le ha de imputar al individuo. Y es que el problema,cuando se le examina con mayor detenimiento, presentaotros aspectos además de esta primera cuestión. No bastadeterminar, efectivamente, a quién se imputa la respon-sabilidad civil, y a quién la responsabilidad penal cuandoexista esta última. Naturalmente que parece más lógico ypráctico que la primera se impute al Estado, y que si seinsistiera en considerar al individuo como sujeto de esaresponsabilidad, debería ser a base de establecer, además,la responsabilidad subsidiaria del Estado, a fin de evitarque por la insolvencia de aquél quedaran sin reparaciónlos daños o no fueran reparados adecuadamente. Peroaun admitiendo que el sujeto de la responsabilidad civildeba ser solamente el Estado, el problema no queda ente-ramente resuelto. El " deber de reparar " en que esta res-ponsabilidad consiste varía según la naturaleza y la fun-ción de la reparación que proceda en la hipótesis de res-ponsabilidad de que se trate.

82. Según se verá oportunamente, la " reparación "no siempre adopta las mismas formas ni en todos los casosresponde a un solo propósito. Cuando se trate de unareparación stricto sensu (restitución, daños y perjuicios,o de ambos casos), no se suscitará ninguna cuestión aeste respecto. Pero cuando tenga un carácter y un pro-pósito punitivos, según se indicó en el capítulo anterior,la reparación presupone al menos un elemento de respon-sabilidad penal. De esta manera, dentro de la propia ins-titución de la responsabilidad civil, se plantea de nuevoel problema de la imputabilidad, en el sentido de que habráque determinar a quién se debe hacer objeto ahora delas sanciones o medidas penales que comprenda la repa-ración. Planteado en esta forma, el problema de la impu-tabilidad presenta aspectos cuyo examen no puede hacersesino cuando se estudien la naturaleza y función de lareparación (capítulo VIII, infra). Pero de todos modoscabe adelantar la observación, que han hecho algunos, enel sentido de que las dos responsabilidades no son ex-cluyentes, y que puede imputarse una sin que necesaria-mente desaparezca la otra o se prejuzgue sobre imputa-

59 Sir Hersch Lauterpacht , International Law and Human Rights(New York, 1950), págs. 40-43. Véase también capítulo VIII ,sección 27, infra.

60 Berlia, op. cit., Vol. I I , págs. 889 y 891.61 Rolin, op. cit., pág. 450. Par t i c ipan de la misma opinión

Dautr icour t (A /CN.4 /39 , pág. 101) y Glaser, Introduction à l'étudedu droit international pénal (Bruselas-París , 1954), pág. 70.

62 Véanse Informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Inter-nacional sobre el período de sesiones celebrado entre el I° y el31 de agosto de 1951, Documentos Oficiales de la Asamblea Ge-neral, séptimo período de sesiones, Suplemento No. 11, párr. 95, yel Informe de la Comisión de Jurisdicción Penal Internacional(1953), Documentos Oficiales de la Asamblea General, novenoperíodo de sesiones, Suplemento No. 12, párr. 88.

63 The American Journal of International Law, Supplement(1952), Vol. 46, pág. 120.


bilidad64. Así ocurrió en el Estatuto y en las Sentenciasdel Tribunal de Nuremberg, y así lo reconocieron lasdos Comisiones de Jurisdicción Penal Internacional a quese ha hecho referencia y la propia Comisión de DerechoInternacional durante la elaboración de su Proyecto deCódigo de Delitos contra la Paz y la Seguridad de laHumanidad.

13. LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A LASORGANIZACIONES INTERNACIONALES

83. Veamos brevemente los casos de responsabilidadimputable a las organizaciones internacionales, que encierto sentido no presentan las complicaciones y dificul-tades cuando se trata de los demás sujetos del derechointernacional. En primer término, la personalidad inter-nacional de estas organizaciones, especialmente algunasde ellas, no ofrece hoy duda alguna, sobre todo en lo quese refiere a sus derechos v a su capacidad para eiercitar-los, según se verá en el próximo capítulo. Tampocopueden ponerse en duda sus deberes, algunos de los cualesestán consignados de modo expresó en sus instrumentosconstitucionales o en sus estatutos y reglamentos internos.Siendo esto así, no puede negarse que el incumplimientode estas obligaciones, al igual que la violación o inobser-vancia de cualquier otra obligación internacional, nece-sariamente supone la responsabilidad. Es más: desdevarios puntos de vista, hasta cabe trazar marcadas analo-gías con la responsabilidad imputable al Estado.

84. Para facilitar el examen de estos casos de respon-sabilidad conviene distinguir estas tres hipótesis: a) res-ponsabilidad respecto de sus funcionarios o empleados ode las personas naturales o jurídicas con quienes tengarelaciones contractuales la organización; 6) responsa-bilidad por los actos u omisiones de sus órganos adminis-trativos, o por los daños que resulten de sus actividadespolíticas o militares; y c) responsabilidad por daños deterceros (responsabilidad indirecta). La clasificaciónseguramente podrá perfeccionarse cuando se haga el estu-dio cabal de la práctica, aunque ésta tampoco está losuficientemente desarrollada para permitir una sistemati-zación completa de las normas v principios aue rigen lamateria. Pero en todo caso, la distinción entre estas treshipótesis de responsabilidad puede constituir un punto departida para un estudio futuro más elaborado.

85. La primera hipótesis es la más frecuente y de lacual la práctica ofrece mayor número de antecedentes.Al iniciar sus labores la Asamblea de la Sociedad de lasNaciones adoptó una recomendación en el sentido de reco-nocer a todos los miembros de la Secretaría y de la OficinaInternacional del Trabajo nombrados para un período decinco años o más el derecho a apelar en caso de resci-sión del contrato ante el Consejo de la Sociedad o anteel Consejo Ejecutivo de la Oficina Internacional del Tra-bajo 65. En 1927 la Asamblea adoptó el Estatuto queestablecería un Tribunal Administrativo competente paraconocer y decidir, entre otros asuntos, cualquier contro-versia entre los funcionarios y la Secretaría de la Sociedado de la Oficina Internacional del Trabajo, relativa a lascompensaciones que debían abonarse a los primeros con-

forme al Reglamento del Personal. El Tribunal decidió21 casos y quedaron pendientes otros 20 66.

86. En las Naciones Unidas se creó desde 1947 unaJunta de Apelación para asesorar al Secretario General,a quien correspondía la decisión definitiva, con respectoa las apelaciones entabladas por funcionarios 67. Pero porsu resolución 351 (IV), de 9 de diciembre de 1949, laAsamblea General creó un Tribunal Administrativo concompetencia para conocer y fallar las demandas en quese alegue incumplimiento de los contratos de empleo o delas condiciones de empleo de los funcionarios de la Secre-taría de las Naciones Unidas. En ocasión de ciertos fallosdictados por el Tribunal en 1953, ordenando al Secre-tario General el pago de las costas y de una fuerte indem-nización a funcionarios a quienes se había rescindido elnombramiento, se suscitó en el seno de la Asamblea lacuestión de si ésta tenía derecho a negarse a la ejecuciónde un fallo del Tribunal que fije una indemnización y lade si, en caso afirmativo, cuáles eran los principalesmotivos en que podía fundarse para ejercer legítimamenteese derecho. Sobre ambas cuestiones se solicitó la opiniónconsultiva de la Corte Internacional de Justicia (resolu-ción 785 (VIII) ). La opinión de la Corte se refirió mayor-mente a los distintos aspectos que presentaban estas doscuestiones, pero en uno de sus razonamientos declaró quelos contratos de empleo se celebran entre el funcionariointeresado y el Secretario General, actuando este últimoen su calidad de más alto funcionario administrativo dela Organización y en nombre y representación de ésta. Yagregó que " El Secretario General hace adquirir unaresponsabilidad jurídica a la Organización, que es lapersona jurídica por cuya cuenta actúa " 68.

87. Este tipo de responsabilidad sólo afecta el ordeninterno de la organización. Es internacional por la natu-raleza de la relación jurídica que supone, pero no arrancade las obligaciones que dicha organización tenga o ad-quiera con particulares ajenos a ella o con otras entidadespolíticas. Esta situación es la que se presenta en las otrasdos hipótesis a que se ha hecho referencia. En efecto, lasorganizaciones internacionales pueden incurrir en respon-sabilidad respecto de terceros por daños resultantes deactos u omisiones de sus funcionarios. Por ejemplo, conmotivo de la aplicación del Programa de Asistencia Téc-nica, el Secretario General de las Naciones Unidas noasume responsabilidad alguna por recomendaciones e in-formes que den sus expertos en el desempeño de susfunciones, pero sí cuando los revisa y hace suyos. Asi-mismo, en los convenios que se han suscrito sobre lamateria, asume responsabilidad sólo en el caso de que eldaño pueda ser directamente atribuido a un agente delas Naciones Unidas que actúe en el desempeño de susfunciones y dentro de los límites de su competencia. Comolas actividades de las Naciones Unidas o de cualquieraotra organización internacional se llevan a cabo mayor-mente en el territorio de un Estado, estos y los demáscasos que pueden presentarse dentro de esta hipótesis de

64 Véase Eustathiades, op. cit., pág. 493.65 Véase L e a g u e of Nat ions , Records of the First Assembly,

Plenary Meetings (1920), págs . 663-664.

66 Véanse a este respecto Manley O. Hudson, International Tri-bunals, Past and Future (Washington, 1944), capítulo XIX, yRanshofen-Wertheimer, The International Secretariat (Washington,1945), págs. 259-262.

67 Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo períodode sesiones, Suplemento No. 1, pág. 85.

68 Véase Effect of awards of compensation made by the U.N.Administrative Tribunal, Advisory Opinion of July 13th, 1954:I.C.J. Reports 1954, pág. 53.


responsabilidad suscitan problemas que requieren unexamen y solución consecuentes con la situación peculiara que dan origen dichas actividades6». Esta necesidad sepuso de relieve especialmente durante la acción de lasNaciones Unidas en Corea, con motivo de ciertas reclama-ciones formuladas por violaciones de derechos neutralesde parte de las fuerzas del Comando Unificado 70.

88. La tercera hipótesis prevista en la clasificación quese hizo más arriba suscita dificultades de parecida índole.No hay duda de que, por muy pequeño o limitado quesea el grado de jurisdicción territorial que ejerzan lasorganizaciones internacionales, el carácter inviolable delos lugares en que tienen su sede permite que se realicenactos que no pueden prevenir las autoridades locales. Eneste sentido, si el hecho que ha originado un daño pudoproducirse por la falta de intervención del cuerpo de segu-ridad de la organización, a ésta cabría imputarle la res-ponsabilidad por no haber actuado con la diligenciadebida. Con mucho más motivo, si la organización tuvieraa su cargo la administración de un territorio, como enefecto hubiera ocurrido si Trieste y Jerusalén hubieranllegado a estar bajo el régimen internacional que seacordó para ellos, la situación sería prácticamente la deun Estado. La Organización tendría substancialmente losmismos deberes que éste en cuanto a la conducta queobservaran sus órganos o funcionarios en relación con loshechos ilegales cometidos por terceros 71.

14. LA IMPUTABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD Y LAEXCEPCIÓN DEL " DERECHO INTERNO "

89. El problema relativo a la imputabilidad no quedaenteramente resuelto cuando se determina el sujeto osujetos de la obligación internacional y, por tanto, de laresponsabilidad o responsabilidades que puede originarsu violación o inobservancia. Particularmente en cuantoa la responsabilidad imputable al Estado, se plantea lacuestión de saber si éste puede eludirla invocando dis-posiciones de su derecho interno, conforme a las cualesno es ilegal el acto u omisión al que internacionalmentese atribuye este carácter. La cuestión es de importanciageneral, pero especialmente cuando se relaciona con lavalidez y aplicación de tres principios fundamentales: la" norma internacional de justicia " (international standardof justice), el principio de la igualdad de nacionales vextranjeros y el principio relativo a los recursos internos(capítulos VI y VII, infra).

90. En el punto I de las Bases de Discusión elaboradaspor el Comité Preparatorio de la Conferencia de La Hayase contemplaba específicamente el problema refiriéndolo ala distinción entre la responsabilidad del Estado conformeal derecho interno y a su responsabilidad conforme alderecho internacional. En él se dice textualmente:

" La responsabilidad de un Estado en el derecho in-ternacional por daños causados en su territorio a lapersona o bienes de los extranjeros debe distinguirse dela responsabilidad en que dicho Estado pueda incurrirrespecto de sus nacionales o los habitantes de su terri-

torio conforme a sus leyes o a su constitución. Enparticular, un Estado no puede eludir su responsabili-dad conforme al derecho internacional, si tal respon-sabilidad existe, invocando disposiciones de su derechointerno " 72.91. La primera parte del párrafo transcrito no suscitó

dificultad alguna en la Conferencia, como tampoco laha suscitado en la teoría y la práctica tradicionales. Enlas conclusiones de la Subcomisión del Comité de Exper-tos para la Codificación Progresiva del Derecho Interna-cional (Informe Guerrero) ya se había adelantado que:

" Puesto que la responsabilidad internacional sólopuede nacer de un acto ilícito contrario al derecho inter-nacional, realizado por un Estado contra otro Estado,el daño causado a un extranjero sólo puede dar origena responsabilidad internacional si el Estado en quereside ha infringido un deber contraído en virtud deun tratado con el Estado del que el extranjero seanacional, o un deber reconocido por el derecho con-suetudinario en forma clara y precisa " 73.La opinión de los gobiernos contenida en sus comen-

tarios a este punto de las Bases de Discusión tambiéncoincidía con la del Comité Preparatorio74.

92. Admitiendo por el momento la distinción entreambos tipos de responsabilidad y, naturalmente, la afir-mación de que la única que interesa al derecho interna-cional es la que se origina de la violación o inobservan-cia de las obligaciones que él impone al Estado, veamoscuál es la situación en cuanto a la segunda parte deltexto elaborado por el Comité Preparatorio. Allí se diceque "un Estado no puede eludir su responsabilidad con-forme al derecho internacional, si tal responsabilidadexiste, invocando disposiciones de su derecho interno ".Esta idea, formulada en estos o en parecidos términos,ha sido ampliamente aceptada por la teoría, las codifica-ciones y la jurisprudencia arbitral, y consagrada porreiteradas decisiones del antiguo Tribunal Permanente deJusticia Internacional75. Pero también ha sido y siguesiendo objeto de frecuentes reservas, y en ocasiones con-siderada inadmisible como cuestión de principio76. Enuno y otro caso, la oposición al principio obedece mayor-mente a la negativa a aceptar su implicación jurídica fun-damental: esto es, el reconocimiento de que el derechointernacional prima sobre el derecho interno, con todaslas consecuencias que necesariamente se derivan de estarelación jerárquica entre ambos ordenamientos.

93. Pero lo curioso es que, cuando se examina a fondoesa oposición al principio, se advierte que, desde ciertopunto de vista, no carece totalmente de fundamento. Enefecto, si se admite formalmente la distinción entre las dos

69 Véase Eagleton, " In te rna t iona l Organization and the Law ofResponsibi l i ty", Recueil des cours de l 'Académie de droit inter-national, 1950-1, Vol. 76, págs. 385 et seq.

70 Véase R. R. Baxter, " Constitutional Forms and some LegalProblems of International Military Command ", British Yearbookof International Law (1952), pág. 336.

71 Sobre otros aspectos de esta hipótesis de responsabilidad,véase Eagleton, op. cit., págs. 393-401.

72 League of Nations Publications, V. Legal, 1929.V.S (docu-mento C.75.M.69.1929.V), pág. 16.

73 Véase Apéndice 1.74 League of Na t ions Pub l i ca t ions , V. Legal, 1929.V.3 (docu-

men to C.75.M.69.1929.V), págs . 16 et seq.75 Véase Georg Schwarzenberger, International Law, Vol. I,

International Law as Applied by International Courts and Tribu-nals (1949, 2nd. éd . ) , págs. 27-29.

76 Véanse por ejemplo las observaciones de Polonia y Rumaniaal texto del Comité Preparatorio, League of Nations Publications,V. Legal, 1929.V.3 (documento C.75.M.69.1929.V), pág. 18; y lasformuladas al Artículo 13 del Proyecto de Declaración de Derechosy Deberes de los Estados celebrado por la Comisión de DerechoInternacional, en las Actas Resumidas de la Sexta Comisión, Docu-mentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de sesio-nes, Sexta Comisión, págs. 192 et seq.


clases de responsabilidades, entre dos tipos de obliga-ciones, se está implícitamente admitiendo la distinciónentre los dos ordenamientos jurídicos (el interno y elinternacional), con lo cual se está permitiendo que se dis-cuta y se discrepe sobre la cuestión de jerarquía entreambos ordenamientos. No debe pasar inadvertido que éstaes precisamente la llamada posición " dualista ", y quepor ella se llegaría a sostener que no cabe imputar laresponsabilidad internacional si no hay responsabilidadconforme al derecho interno. Por lo tanto, para que elprincipio tenga fundamento, habrá que rechazar todadistinción que conduzca o implique un " dualismo " entreel derecho interno y el internacional.

94. Ahora bien, ¿ cabría abandonar la distinción queformuló el Comité Preparatorio y que expresa o tácita-mente admiten tanto la teoría como la práctica tradicio-nales ? En puridad jurídica parece que sí. ¿ Las obliga-ciones y responsabilidades internacionalmente exigiblesno son también obligaciones y responsabilidades inter-nas ? ¿O es que el Estado puede estar obligado interna-cionalmente a hacer o a dejar de hacer algo, y tenervalidez una disposición interna contraria o incompatiblecon esa obligación ? Tal disposición estaría viciada denulidad, y por tal virtud no podría siquiera ser invocadainternamente si contra ella se invoca la obligación inter-nacional. Desde el punto de vista internacional, no haydos sistemas de obligaciones (el interno y el internacio-nal), porque las internacionales obligan al Estado inter-namente tanto como en el plano internacional, y las que notienen ese carácter no interesan más que al orden exclu-sivamente interior del Estado.

95. De este modo no sólo queda resuelta la cuestiónrelativa a las dos supuestas clases de responsabilidad enfavor de la posición " monista ", sino también el problemade "jerarquía " en caso de conflicto entre una obligacióninternacional y una interna; es decir, entre la respon-sabilidad que se pueda internacionalmente imputar alEstado y la que quepa imputarle conforme a su derechointerno. En rigor, ya no se trataría de si el Estado puedeo no eludir su responsabilidad recurriendo a esta excep-ción, porque no habría obligaciones internas y obliga-ciones internacionales que prescriban normas diferentesde conducta. Es más, esta concepción " monista " de lasobligaciones del Estado es la única consecuente con elprincipio que establece la primacía de las que tienencarácter internacional, de tal suerte que puede conside-rarse como una concepción implícita en él, no obstante suvinculación formal con la tesis " dualista " 77.

CAPITULO V

£1 sujeto pasivo de la responsabilidad y la capacidadinternacional para reclamar

96. En los dos capítulos anteriores se han estudiado lanaturaleza jurídica y la función de la responsabilidad in-ternacional y el problema relativo a su imputabilidad en

las diferentes hipótesis que pueden presentarse. Ahoracorresponde examinar la institución desde el punto devista del titular del interés o derecho que resulta lesionadocomo consecuencia de la violación o inobservancia de unaobligación internacional; es decir, desde el punto devista del sujeto pasivo de la responsabilidad. Para lateoría y la práctica tradicionales esta cuestión tampocopresentaba aspectos y dificultades más allá de ciertolímite. El Estado era también la única entidad a la quepodía atribuirse esa condición jurídica, tanto cuando eraél, como persona jurídica, el objeto directo del daño,como cuando lo fuera uno de sus nacionales. Este otroprincipio arranca igualmente de la concepción tradicio-nal de los sujetos del derecho internacional. Solamente elEstado puede tener o adquirir derechos internacionales.Consecuentemente, sólo respecto de él puede surgir laresponsabilidad internacional.

97. No es difícil comprender hasta qué punto estanoción del sujeto de los derechos internacionales y losprincipios que se han derivado de ella resultan incompa-tibles con el sistema actual de derecho internacional. Aligual que ocurre con ciertas obligaciones internacionales,ese ordenamiento jurídico hoy reconoce directamentederechos al individuo y a otros sujetos. Por consiguiente,este otro aspecto del desarrollo del derecho internacionaltambién exige una consideración integral de los conceptosy principios tradicionales concernientes al sujeto pasivode la responsabilidad. La determinación de quién es eltitular del interés o derecho lesionado en una determinadahipótesis de responsabilidad tiene naturalmente impor-tantes implicaciones de fondo, pero de un modo especialen lo que se refiere a la capacidad internacional parareclamar la reparación de los daños. Esta otra cuestióntambién la examinaremos en el presente capítulo.

15. EL ESTADO COMO TITULAR DEL ÍNTERES LESIONADO

98. La jurisprudencia internacional ha consagrado elprincipio de que, en todas las hipótesis de responsabili-dad, el interés o derecho lesionado como resultado delacto u omisión ilegal es siempre un interés o derecho delEstado. A menudo se ha declarado el principio en formaexplícita. En una de sus primeras sentencias el antiguoTribunal Permanente de Justicia Internacional declaróque

" . . . Al hacerse cargo del caso de uno de sus nacio-nales y recurrir a la acción diplomática o a un proce-dimiento judicial internacional en su nombre, el Estadoen realidad hace valer un derecho propio: el derechoa asegurar, en la persona de sus nacionales, el respetopor las normas del derecho internacional.

" Por lo tanto, la cuestión de si la presente contro-versia se origina de un daño a un interés privado, quees lo que realmente ocurre en muchas controversiasinternacionales, carece de importancia desde este puntode vista " 78.99. Las codificaciones se han inspirado en este prin-

77 Refiriéndose a la distinción tradicional, Maúrtua, observabaque " No hay dos conceptos de responsabilidad, según que se tratede los individuos o de los Estados... El concepto de responsabili-dad jurídica es único. Su base es la misma en el derecho internoy en el internacional. Esta unidad del derecho está ya reconocidaen la doctrina..." Véase V. M. Maúrtua, " La Responsabilidadde los Estados por Daños Causados en su Territorio a la Personao Bienes de los Extranjeros ", en Páginas Diplomáticas (Lima,Librería e Imprenta Gil, S.A., 1940), Vol. I, pág. 523.

78 Véase Publications of the Permanent Court of InternationalJustice, Collection of Judgments, Serie A, No. 2 (The MavrommatisPalestine Concessions) (Leyden, A. W. Sijthoff, 1924), pág. 12. ElTribunal reiteró este principio en sentencias posteriores: véanseibid., Serie A, Nos. 20/21 (asunto relativo al pago de varios em-préstitos de Servia flotantizados en Francia) (Leyden, A. W. Sijt-hoff, 1929), pág. 17, y Judgments, Orders and Advisory Opinions,Serie A/B, No. 76 (asunto del Panevezys-Saldutiskis Railway)(Leyden, A. W. Sijthoff, 1939), pág. 16.

13


cipio y a veces lo establecen de un modo expreso. En elInforme aprobado por la Subcomisión del Comité deExpertos para la Codificación Progresiva del DerechoInternacional de la Sociedad de las Naciones (InformeGuerrero), tampoco se admitía que, fuera del Estado,ningún otro sujeto pudiera tener o adquirir derechosinternacionales. Los individuos " . . . se desenvuelven enun plano inferior, en el cual su vida se regula por normasestablecidas por una sola voluntad —- la voluntad delEstado. En esta esfera los individuos poseen derechos ydeberes y pueden por lo tanto incurrir en responsabilidado, correlativamente, invocar la responsabilidad del Estadoal que pertenecen " 7 9 . Consecuentemente, en sus Con-clusiones el Informe se refería sólo a los " . . . actos lesi-vos, contrarios al derecho internacional, cometidos porun Estado contra otro Estado..." 80. El artículo 1 delproyecto de la Investigación Harvard ofrece otro ejem-plo. En él se habla, en efecto, del deber de reparar alEstado " los daños sufridos por este último a conse-cuencia de los daños causados a sus nacionales " 81. En elComentario al artículo se expresa a este respecto:

" El daño por el cual un Estado es responsable con-siste siempre en un daño a otro Estado. Este daño pro-viene de lo que originalmente constituyó una pérdidao lesión a su nacional " 82.100. La teoría científica se ha hecho eco de esta idea

sobre el sujeto pasivo de la responsabilidad internacio-nal. Borchard fue uno de los primeros en exponerla.Según él, cualquier incumplimiento de los deberes res-pecto de los extranjeros supone la responsabilidad delEstado delincuente no sólo hacia el individuo directa-mente, si así lo establece el derecho interno, sino tambiénhacia el Estado de su nacionalidad, " a quien la teoríainternacional considera lesionado en la persona de sunacional". Y luego agrega:

" El Estado de la nacionalidad, por lo tanto, ejercesu propio derecho al presentar una reclamación inter-nacional, aun cuando los beneficios pecuniarios de laindemnización pueda eventualmente recibirlos el indi-viduo que ha sufrido el daño " 83.Anzilotti es igualmente categórico sobre este particular.

Cuando el Estado incumple un deber de tratar a losextranjeros en determinada forma, decía, " . . . no hayviolación de un derecho del individuo, sino más bienviolación del derecho del Estado a que el individuo seatratado de conformidad con el Derecho Internacional " 84.

101. Algunos expositores de la teoría tradicional,aceptando el principio, han tratado de explicarlo y fun-damentarlo sobre otras bases. Este es el caso de Brierly.En su opinión, aunque rechacemos como fundamento delprincipio el dogma de que los individuos no pueden tenerderechos ni deberes internacionales, el principio en sírefleja los elementos esenciales de la situación en que seoriginan las reclamaciones internacionales. Esta doctrina,

76 Véase L e a g u e of Na t ions Pub l i ca t ions , V. Legal, 1927.V.I(documen to C.196.M.70.1927.V), pág . 93 .

80 Apéndice 1.81 Apéndice 9.82 Harvard Law School, Research in International Law, I I . Re-

sponsibility of States (Cambridge, Mass. , Harvard Law School,1929), pág. 141.

83 Edwin M. Borchard, The Diplomatic Protection of CitizensAbroad (New York, 1915), pág. 178.

84 Anzilotti , op. cit., pág. 452.

sostiene Brierly, no crea una ficción jurídica, ni se fundaen algo tan intangible como la idea de que se ha lesio-nado el honor nacional, sino que expresa meramente lasimple verdad de que los resultados lesivos de una dene-gación de justicia no se limitan o no tienen necesaria-mente que limitarse al individuo que ha sufrido el dañoo a su familia, " . . . sino que incluye consecuencias talescomo la desconfianza y falta de seguridad que sentirán losdemás extranjeros que se encuentren en la misma situa-ción ". Concretando su opinión observa que en una recla-mación internacional " el Estado tiene un interés mayorque el mero cobro de los daños " 8S.

102. Este razonamiento de Brierly puede estar justifi-cado y lo está efectivamente en un buen número de casosprácticos, pero deja las cosas en la misma situación: elEstado sigue siendo el único titular del interés lesionado,a pesar de admitir él mismo implícitamente la dualidadde intereses involucrados en tales casos. Sin embargo,como se verá próximamente, esta nueva idea facilitaindirectamente el reconocimiento del individuo, conjun-tamente con el Estado, como sujetos pasivos de la res-ponsabilidad internacional en las hipótesis de dañoscausados a la persona o bienes de los extranjeros.

103. No es difícil percatarse de los inconvenientesque necesariamente trae consigo la concepción tradicionaldel sujeto pasivo de la responsabilidad internacional.Según veremos en el número próximo, el derecho (delEstado) a reclamar por daños causados a los extranjerosestá subordinado al principio de la " nacionalidad de lareclamación ". Como consecuencia de este principio, laspersonas carentes de nacionalidad se han visto privadasde la protección de las normas del " derecho internacionalcomún de los extranjeros ", conforme a la expresiónempleada por el Tribunal Permanente de Justicia Inter-nacional86, a pesar de encontrarse dichas personas anteel derecho nacional en la situación del extranjero prácti-camente para todos los efectos de la institución de laresponsabilidad. Lo que ocurre con esta especie de" extranjeros sin nacionalidad " es jurídicamente absurdo.Una Comisión de Reclamaciones llegó a declarar a esterespecto :

" El Estado . . . no comete un acto delictuoso inter-nacional al lesionar a un individuo que carece de nacio-nalidad y, consecuentemente, ningún Estado tiene dere-cho a intervenir o a quejarse en su nombre antes odespués de ocasionado el daño " 87.104. Los problemas y las dificultades que surgen en los

casos de doble o múltiple nacionalidad también obedecena esta concepción artificial del sujeto pasivo de la res-ponsabilidad internacional. Las reglas que se han elabo-rado para aplicar el principio de la " nacionalidad de lareclamación " conducen a veces a situaciones similaresa la descrita en el párrafo anterior. Aparte de las dificul-tades que se originan con motivo del criterio que ha deaplicarse para determinar la prioridad de una nacionali-dad, el principio mismo resulta inaplicable cuando unade las nacionalidades que se atribuyen a la persona que

85 J. L. Brierly, " The Theory of Implied State Complicity inInternational Claims", British Yearbook of International Law(1928) , pág. 48.

86 Véase capítulo VI, sección 20, infra.87 Véase Opinions of Commissioners under the Convention con-

cluded September 8, 1923, as extended by subsequent Conventions,between the United States and Mexico, Vol. 3 (octubre de 1930a julio de 1931) (Washington, 1931), pág. 188.


ha recibido el daño es la del Estado demandado. La apli-cación del principio, como se verá oportunamente, pre-senta otras deficiencias, en particular cuando se exige,como uno de sus requisitos, la " continuidad de la nacio-nalidad ".

105. Pero no terminan aquí los inconvenientes quetrae consigo la concepción tradicional. Cuando se exami-nen los criterios aplicables para determinar la naturalezay extensión de la reparación (capítulo VIII, sección 28),se verá que, como se trata de un " derecho propio " delEstado, a aquélla también se la concibe como una " repa-ración debida al Estado ", por lo cual el daño sufridopor el particular no servirá más que para " proporcionaruna medida apropiada " de esta reparación. Consecuentecon este punto de partida, es de nuevo al Estado, y no alparticular perjudicado o a sus causahabientes, a quien sereconoce el derecho a fijar la reparación del daño. Laconcepción tradicional tiene todavía otros inconvenientesdesde el punto de vista del particular extranjero, quepodrán apreciarse cuando se examine la doctrina de laprotección diplomática (capítulo VI) así como desde elpunto de vista de los derechos del Estado de la residencia(capítulo IX).

16. LOS DEMÁS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONALCOMO TITULARES DE ESE INTERÉS

106. Es indiscutible que el Estado puede ser en algunashipótesis el verdadero y único titular del interés o dere-cho lesionado. Cuando se trata de actos u omisiones queafectan al Estado en su condición de tal, es decir, quelesionan sus intereses o derechos como persona jurídicay de los cuales se dieron ejemplos en el capítulo III, nadiemás que el propio Estado puede ser considerado comosujeto pasivo de la responsabilidad internacional que esoshechos originan. Pero fuera de estas hipótesis, la con-cepción tradicional, aparte de ser incompatible con cier-tas nociones y realidades jurídicas contemporáneas, esostensiblemente inconsistente consigo misma.

107. En efecto, sostener que en la hipótesis de respon-sabilidad por daños a la persona o bienes de los extran-jeros no haya violación del derecho de un individuo oparticular sino de un derecho del Estado de su nacionali-dad, es sostener una idea que no se conforma a otrosprincipios fundamentales que la teoría y la práctica inter-nacionales han consagrado. A este respecto Podestá Costaseñala que en tales hipótesis " el derecho violado es, antetodo, el derecho del individuo lesionado " y lo demuestra,según él, " la regla universalmente reconocida de que lasacciones correspondientes deben ser ejercidas, en primerlugar y dentro de la jurisdicción del Estado local, por elpropio individuo lesionado " 88. Cuando se examine másadelante la naturaleza jurídica de las reclamaciones inter-nacionales se podrá comprobar, efectivamente, que laexistencia de la regla mencionada por Podestá Costa revelauna manifiesta inconsistencia en cuanto al sujeto queaparece como titular del derecho lesionado una vez ago-tados los recursos internos y presentada la reclamacióninternacional (capítulo IX, sección 29). Refiriéndose aeste aspecto de la cuestión, y al requisito de la " conti-nuidad de la nacionalidad de la reclamación ", Politis,

Dumas y otros miembros del Institut de droit interna-tional consideraron fuera de moda la idea de que elEstado " es lesionado en la persona de sus nacionales ",por cuanto desconocía el hecho de que, al presentar unareclamación, el Estado actuaba como abogado de estosúltimos, " cuyo interés era primordial ". El Institut,aunque sin llegar a aprobar ninguna resolución sobre elparticular, votó contra el principio tradicional89.

108. En los casos de responsabilidad por violación dederechos contractuales, sólo mediante una pura ficción,concebida para atender más bien al prestigio político ya otros intereses del Estado reclamante, puede negarseque el titular de esos derechos es el particular extranjeroque ha contratado con el Estado de la residencia. Al acep-tar la validez de la renuncia a la protección diplomáticaa través de la Cláusula Calvo, una Comisión de Reclama-ciones declaró que :

" . . . Admitir que de acuerdo con las leyes existentesde una civilización progresista e ilustrada, una personapuede emigrar pero fuera de ello no puede por un con-trato romper en ninguna forma los vínculos que launen a su país, en lo que ella considera su propio inte-rés, ni es consistente con la realidad del intercambiointernacional moderno ni con el desarrollo correspon-diente del derecho internacional, y tampoco tiende apromover la buena voluntad entre las naciones " 90.109. No es difícil comprender, ciertamente, que los

derechos que un particular extranjero adquiera por uncontrato con el Estado de la residencia no pueden con-vertirse, por el simple hecho de su violación, en derechosdel Estado de la nacionalidad. Independientemente de lacuestión relativa a la validez de la Cláusula Calvo, quese examinará en otro lugar (capítulo VII, sección 24),cuando en efecto haya violación de esos derechos y surjala responsabilidad internacional, el titular no puede cam-biar porque el Estado de la nacionalidad se haga cargode la reclamación; particularmente si esta reclamaciónno tiene otro objeto, como es lógico y usual que no lotenga, que hacer que el Estado de la residencia cumpla elcontrato o en su defecto indemnice por daños y perjuicios.

110. En las demás hipótesis de responsabilidad pordaños a la persona o bienes de los extranjeros, incluso enla que se acaba de hacer referencia, sostener que el titulardel interés o derecho lesionado es el Estado y no su nacio-nal, tampoco se conforma a otras concepciones y prin-cipios del derecho internacional tradicional. Aludimos denuevo a la concepción del " derecho internacional comúnde los extranjeros ", que aplicó reiteradamente bajo estaexpresión el antiguo Tribunal Permanente de JusticiaInternacional, y a la " norma internacional de justicia "(international standard of justice), principio que tambiénse ha invocado y aplicado para demostrar, precisamente,que el extranjero tiene ciertos derechos fundamentales queel Estado de la residencia no puede violar sin incurrir enresponsabilidad internacional. Sin perjuicio de las obser-vaciones que se harán oportunamente al respecto (capí-tulo VI, sección 20), no hay duda de que en ambos casosse trata del reconocimiento internacional a los extranjerosde determinados derechos. ¿ Cómo ha sido posible, enton-ces, sostener que, en caso de violación, no es el particular

88 Véase Podestá Costa, " La Responsabilidad Internacional delEstado", en Cursos Monográficos de la Academia Interamericanade Derecho Comparado e Internacional (La Habana, 1952), Vol. II,pág. 206.

89 Véase Annuaire de l'Institut de droit international (1931),Vol . I I , págs . 201-212, y (1932) págs . 479-529.

90 Véase The American Journal of International Law (1926),Vol. 20, pág. 802.


sino el Estado de la nacionalidad el sujeto titular de estosderechos ?

111. Con mucho mayor motivo la concepción tradi-cional resulta incompatible con el actual reconocimientointernacional de los derechos y libertades fundamentalesdel hombre. El hecho de que, para que el individuo oparticular pueda disfrutar de derechos internacionales serequiera que en él concurra la condición de extranjero,podía dar lugar a que se les concibiera como derechosidénticos o en todo caso inseparables de los derechos delEstado de la nacionalidad. En rigor, era el vínculo de lanacionalidad lo que los originaba, a la par que su únicarazón de ser. Pero en el derecho internacional contem-poráneo la situación es enteramente distinta. El extranjero,al igual que el nacional, así como las personas que carecende nacionalidad, disfruta de esos derechos, no en su con-dición de tal, sino a título de individuo, pura y simple-mente. En el nuevo reconocimiento internacional de susderechos la nacionalidad no juega ningún papel. Con-siguientemente, el extranjero ha adquirido una persona-lidad jurídica independiente de su Estado: es un verda-dero sujeto de derechos internacionales91.

112. Ahora bien, nada de lo que antecede impide queen ciertos casos se admita que simultáneamente el Estadode la nacionalidad tenga un interés en la violación de losderechos de sus nacionales. En el caso de las Reclama-ciones Británicas en la Zona Española de Marruecos(1925), al indicar que la función de todo derecho esasegurar la coexistencia de intereses que merecen protec-ción jurídica, el Arbitro Huber se refirió al " . . . interésdel Estado en ver que los derechos de sus nacionales enun país extranjero sean respetados y protegidos en formaefectiva " 92. En relación con la aplicación de la CláusulaCalvo una Comisión de Reclamaciones sostuvo asimismoque el Estado de la nacionalidad " . . . frecuentementetiene un interés mayor en mantener los principios delderecho internacional que en obtener la reparación delos daños ocasionados a sus ciudadanos " 93. Estas deci-siones revelan la situación real y jurídica que puede pre-sentarse en ciertas hipótesis de responsabilidad por dañosa la persona o bienes de los extranjeros. En todas elderecho lesionado es un derecho del particular, pero enalgunas el Estado de la nacionalidad puede invocar un" interés general ", distinto y adicional al del particular.Naturalmente que no siempre será fácil determinar si haylugar o no a admitir esta dualidad y simultaneidad deintereses y derechos, porque ello depende de las circuns-tancias que intervengan en cada caso particular. Lagravedad del acto u omisión, la habitualidad con que sepresente o el hecho de que ponga de manifiesto una acti-tud hostil al extranjero pueden servir, entre otros, decriterios de orientación al tribunal que conozca del caso.Esta concepción no sólo se conforma a la realidad jurídicaque se presenta en estos casos, sino que facilita conside-rablemente la solución del aspecto procesal de la cuestión,según se verá en la próxima sección.

113. El reconocimiento del individuo o particular comosujeto pasivo de la responsabilidad internacional noresuelve, sin embargo, la totalidad del problema que se

viene examinando. Existen otras hipótesis de respon-sabilidad en las que esa condición jurídica concurre enotros sujetos del derecho internacional. Aludimos a lasorganizaciones internacionales, y en particular a laopinión consultiva de la Corte Internacional de Justiciasobre la " Reparación por Daños Sufridos al Servicio delas Naciones Unidas ". Esta opinión, que pidió la Asam-blea General por su resolución 258 (III), se refiere a lascuestiones siguientes:

" I. En el caso de que un agente de las NacionesUnidas, en el desempeño de sus funciones, sufra undaño en circunstancias tales que impliquen la respon-sabilidad de un Estado, ¿ tienen las Naciones Unidascompetencia para entablar una reclamación interna-cional contra el gobierno de jure o de facto respon-sable, a fin de obtener la reparación por los dañoscausados: o) a las Naciones Unidas, 6) a la víctima o asus causahabientes ?

" II. En caso de respuesta afirmativa sobre el in-ciso b) del punto I, ¿ cómo debe conciliarse la acciónde las Naciones Unidas con los derechos a que seaacreedor el Estado de donde procede la víctima ?"

114. A reserva de examinar las demás cuestiones plan-teadas a la Corte en el lugar correspondiente, limitémonospor el momento a la cuestión concreta que venimos con-siderando: esto es, la condición de titular del interés oderecho lesionado que cabe atribuir en esta hipótesis deresponsabilidad a las organizaciones internacionales.

115. Sobre este particular la Corte admitió la posi-bilidad de " daños causados a los intereses de la Organi-zación misma, a su estructura administrativa, a su pro-piedad y sus haberes, y a los intereses a su cargo " 94.Refiriéndose a la extensión de la reparación expresó que" dependería de la cuantía del daño sufrido por la Orga-nización como resultado del acto u omisión lesivo delEstado demandado, y que se calcularía conforme a lasreglas del derecho internacional " 95. En este sentido, laCorte admitió que la Organización, como entidad colec-tiva, poseía intereses y derechos propios, y que su viola-ción originaba un deber de reparar. Trazando otra ana-logía con la concepción tradicional de la responsabilidadde Estado a Estado, formuló la siguiente declaración:

" Las obligaciones contraídas por los Estados parapermitir que los agentes de la Organización desem-peñen sus deberes, no se han contraído en interés delos agentes sino en el de la Organización. Cuando éstademanda una reparación por el incumplimiento de estasobligaciones, la Organización invoca su propio derecho,el derecho a que las obligaciones que se han contraídorespecto de ella sean respetadas... Al reclamar unareparación fundada en el daño sufrido por su agente,la Organización no representa al agente, sino que hacevaler un derecho propio, el derecho a asegurar el res-peto de los compromisos contraídos con la Organiza-ción

1 96

Nótese que, desde luego, la analogía se refiere a lahipótesis en que un Estado reclama por daños ocasiona-dos a sus funcionarios o agentes, es decir, no por dañosque reciban individuos o particulares de su nacionalidad,

91 Véase capítulo VI.92 Véase Lauterpacht, The Function of Law in the International

Community (Oxford, 1933), pág. 121.93 Véase Schwarzenberger, op. cit., pág. 74.

94 Véase I.C.J. Reports 1949, p á g . 180.95 Ibid., pág. 181.96 Ibid., pág. 184.


a los cuales el antiguo Tribunal Permanente también losconcibió como daños al Estado mismo 97.

17. LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA RECLAMAR

117. Cuando se trata de actos u omisiones que afectandirecta y únicamente al Estado como persona jurídica, nose plantea naturalmente el problema relativo a la capa-cidad internacional para reclamar por los daños ocasio-nados. El Estado es el único titular del interés o derecholesionado y, por lo tanto, el único sujeto a quien puedeatribuirse esa capacidad; sin perjuicio, naturalmente, delos casos de semisoberanía, en los que una entidad polí-tica de esta clase puede haber adquirido personalidadinternacional suficiente a ese efecto. Las dificultadessurgen cuando se trata de hipótesis por daños causadosa los extranjeros o particulares. En la actualidad estasdificultades han aumentado por la circunstancia de queese extranjero o particular puede haber sufrido el dañomientras se hallaba al servicio de una organización inter-nacional, en cuyo caso habrá que conciliar la acción deesta última con los " derechos de que sea acreedor elEstado de donde procede la víctima ". A reserva de trataresta situación específica cuando se examine la capacidadpara reclamar de las organizaciones internacionales,veamos ahora las dificultades que se suscitan en las demássituaciones.

118. En el derecho internacional tradicional se ha tra-tado de resolver esas dificultades confiriendo la capacidadinternacional para reclamar al Estado de la nacionalidaddel particular que ha recibido el daño; es decir, conformeal conocido principio de la " nacionalidad de la reclama-ción ", al que nos hemos referido con anterioridad. Lacuestión también constituye en este sentido un aspecto dela llamada doctrina de la protección diplomática de losnacionales en el exterior, que se examinará en el próximocapítulo. El Comité Preparatorio de la Conferencia de LaHaya (1930), fundándose en las respuestas recibidas de losgobiernos y en la abundante jurisprudencia internacionalque ya existía sobre la materia, recogió el principio en laBase de Discusión No. 28, cuyo texto es el siguiente:

" El Estado no puede reclamar una indemnizaciónpecuniaria respecto del daño sufrido por un particularen el territorio de un Estado extranjero, a menos quedicho particular tenga la nacionalidad del Estadodemandante en el momento en que se haya causadoel daño y la conserve hasta tanto se decida la reclama-ción.

" Las personas a quienes el Estado demandante tienederecho a extender protección diplomática se asimilanpara estos efectos a los nacionales.

" En el caso de fallecimiento de la persona lesionada,la reclamación de una indemnización pecuniaria queya haya sido presentada por el Estado de la nacionali-dad de dicha persona, solamente puede mantenerse enbeneficio de aquellos causahabientes que sean nacio-nales del Estado y en la medida de su interés " 98.

119. En una de sus últimas sentencias el TribunalPermanente de Justicia Internacional vinculó el prin-cipio de la " nacionalidad de la reclamación " al derechodel Estado a la protección diplomática y declaró:

" . . . Este derecho está necesariamente limitado a laintervención en nombre de sus propios nacionales, por-que, en defecto de un convenio especial, el vínculo dela nacionalidad entre el Estado y el individuo es loúnico que confiere al primero el derecho a la protec-ción diplomática, y el derecho a hacerse cargo de unareclamación y a asegurar el respeto de las normas delderecho internacional debe contemplarse como unaparte de la función de la protección diplomática.Cuando el daño lo ha recibido el nacional de algún otroEstado, ninguna reclamación a que pueda dar lugarcae bajo la esfera de la protección diplomática quetiene derecho a extender el Estado, ni constituir unareclamación que dicho Estado pueda presentar " " .

120. Como lo demuestra el segundo párrafo de la Basede Discusión del Comité Preparatorio, el principio de la" nacionalidad de la reclamación " no es una regla abso-luta, y en la opinión consultiva que se mencionó en elnúmero anterior la actual Corte Internacional de Justiciareconoció expresamente que " . . . hay casos en que elEstado puede ejercer la protección en favor de personasque no tienen su nacionalidad " 10°. Pero de todos modoses la regla general y debe tomarse como el fundamentode la capacidad del Estado para reclamar en las hipótesisde responsabilidad que venimos examinando. La primeradificultad que se confronta radica en el requisito adicio-nal de la " continuidad de la nacionalidad ", dado que,tanto en la teoría como en la práctica, se ha entendidoeste requisito en dos sentidos diferentes: esto es, si lanacionalidad debe mantenerse hasta tanto se decida lareclamación, o si basta que se mantenga hasta el momentoen que la reclamación se presenta 101. Naturalmente, lasmayores dificultades las origina el requisito que con-templa el tercer párrafo de la Base de Discusión. Porejemplo, en el caso Stevenson (1903) la Comisión deReclamaciones británico-venezolana, a pesar de que lareclamación había surgido en vida de Stevenson, sola-mente admitió la responsabilidad a los efectos de sus doshijos que eran subditos del Estado demandante 102.

121. En otro orden de ideas, el principio de la " nacio-nalidad de la reclamación " presenta ciertos aspectos querevelan serios inconvenientes, tanto desde el punto devista de la protección del particular extranjero, como delos intereses generales del Estado de la nacionalidad.Como se indicó, el Estado no actúa en nombre y represen-tación del particular cuando ejerce la protección diplo-mática y entabla una reclamación internacional, sino ensu propio nombre y representación, porque reclama un" derecho propio ". Este " carácter público " de las recla-maciones internacionales no solamente priva al verdadero

97 En relación con otros aspectos de la cuestión, véanse Repara-tion for injuries suffered in the service of the United Nations:Oral Statements by Dr. Ivan S. Kerno, Agent, and A. H. Feller,Counsel, on behalf of the Secretary-General of the United Nations,7-8 March 1949, págs. 19 y 30, y Eagleton, " International Organi-zation and the Law Responsibility", Recueil des cours de l'Aca-démie de droit international, 1950, I, págs. 352 et seq.

88 Véase Apéndice 2.

99 Véase Publications of the Permanent Court of InternationalJustice, Judgments, Orders and Advisory Opinions, Serie A/B,No. 76 (The Panevezys-Saldutiskis Railway Case) (Leyden, A. W.Sijthoff, 1933), pág. 16.

100 I.C.J. Reports 1949, p á g . 181 .101 Véase Borchard, " The Protection of Citizens Abroad and

Change of Original National i ty", Yale Law Journal, Vol. 43 (1934),págs. 359 a 392.

102 Herbert W. Briggs (Ed.) , The Law of Nations: Cases, Docu-ments and Notes, 2nd. ed. (New York, Appleton-Century-Crofts,1952), pág. 735.


interesado de toda participación en el asunto, sino queimpone una carga injustificada e innecesaria a la naciónde origen. Además, la aparición del Estado de la nacio-nalidad en una reclamación imprime a ésta un carácterpolítico, que a menudo trae consigo situaciones de fric-ción internacional con el Estado de la residencia. Comose verá oportunamente (capítulo IX), estos inconvenientesdel principio revisten a veces una gravedad tal que nodebiera pasar inadvertida.

122. Sin embargo, la crítica que antecede no tienepor objeto demostrar la necesidad ni la conveniencia deabandonar el principio mismo. A reserva de que se lereformule en términos que superen sus deficiencias e in-convenientes actuales, el principio en sí continúa siendonecesario y aun conveniente en el estado actual de lasrelaciones internacionales. Para lograr esta superaciónhabrá que plantearse estas dos consideraciones fundamen-tales: que el interés o derecho lesionado en las hipótesisde responsabilidad a que se aplica es primordialmente delindividuo o particular y no del Estado; y que cuando elEstado de la nacionalidad no pueda invocar un " interésgeneral " en el daño que resulte del acto o la omisiónilegal, el individuo o particular tenga los medios proce-sales a su disposición para presentar la reclamación inter-nacional una vez agotados los recursos internos. Estasegunda consideración envuelve, naturalmente, el recono-cimiento de una capacidad internacional para reclamar,pero como se verá en seguida, esto no implicaría intro-ducir ninguna innovación en la práctica de las reclama-ciones internacionales.

18. LA CAPACIDAD DE LOS INDIVIDUOS O PARTICULARES

123. El problema relativo al acceso directo de los in-dividuos a la jurisdicción internacional se planteó y dis-cutió con cierto detenimiento cuando se elaboraba el Esta-tuto del antiguo Tribunal Permanente de Justicia Inter-nacional. En el curso de las deliberaciones del Comitéde Juristas dos de sus miembros, Loder y de la Pradelle,sugirieron que se confiriera competencia al Tribunal paraconocer de controversias entre Estados y particulares, yque se permitiera a éstos el acceso directo a dicho Tri-bunal. Uno de los argumentos que se opusieron a la idease refería al aspecto general de la cuestión: las contro-versias internacionales son litigios entre Estados porquelos particulares no son sujetos de derecho internacio-nal 103. Independientemente del fundamento que podíatener entonces esta afirmación, en la actualidad el argu-mento carece totalmente de validez. Podrá discutirse sobrela naturaleza y extensión de los derechos internacionalesque se han reconocido al individuo; es decir, en qué sen-tido o en qué medida es un sujeto de derecho internacio-nal, pero no sobre el hecho de que el reconocimiento deesos derechos implica cierto grado de personalidad inter-nacional.

124. Conforme a otro de los argumentos que se invo-caron en el Comité de Juristas, las negociaciones diplo-máticas entre gobiernos y particulares no eran concebi-bles, y ningún Estado toleraría ser atacado ante el Tri-bunal por un particular104. El examen de la validez

103 Véanse observaciones de Arturo Ricci-Busatti, del Barón Des-camps y de Raúl Fernández, Procès-verbaux des séances duComité des juristes (La Haya, 1920), págs. 208, 209 y 215, respec-tivamente.

104 Véanse observaciones de Lord Phillimore y de Elihu Root,ibid., págs. 206 y 207, respectivamente.

teórica de este argumento también ha perdido su impor-tancia en la medida en que la práctica internacional hademostrado una realidad diferente. En la proyectadaCorte Internacional de Presas (1907) se permitía el accesodirecto a los particulares dentro de los casos y condicionesprevistos en la Convención 105. En la Corte de JusticiaCentroamericana, que funcionó en Cartago, Costa Rica(1907-1917), los particulares de cualquiera de los cincopaíses podían " . . . iniciar cuestiones contra el gobiernode otro por violación de tratados o convenciones y en losdemás casos de carácter internacional, sea que su propiogobierno apoyara o no dicha reclamación y con tal quese hubieren agotado los recursos que las leyes del res-pectivo país concediera o se demostrare denegación dejusticia " 106. Pero la expresión más significativa de estapráctica la constituye el locus standi que se confirió a losparticulares ante los tribunales arbitrales que se crearonde conformidad con los Artículos 297 y 304 del Tratadode Versalles (1919-1920), y especialmente la situación,mucho más independiente, en que se hallaron ante elTribunal de Arbitraje para la Alta Silesia, creado por laConvención germanopolaca de 15 de mayo de 1922 107.Constituye también una manifestación de la misma prác-tica, aunque relativa a controversias entre particulares yorganizaciones internacionales, la capacidad procesal delos funcionarios y de otras personas ante los TribunalesAdministrativos de la antigua Sociedad de las Naciones 108

y de las Naciones Unidas 109.

125. En la práctica de la postguerra no se advierte uncriterio único y excluyente respecto de la cuestión quevenimos examinando. Los primeros tratados de paz noreanudaron el sistema establecido por el Tratado de Ver-salles, sino que contemplan el problema de las reclama-ciones y los medios y procedimientos de arreglo en unplano estrictamente interestatal110. Sin embargo, no ocu-rrió lo mismo en la Convención para el Arreglo de lasCuestiones Originadas de la Guerra y de la Ocupación,suscrita el 26 de mayo de 1952 con la República Federalde Alemania. La Carta anexa a la Convención crea unaComisión Arbitral a la cual tienen acceso directo laspersonas naturales nacionales o residentes de los Estadoso entidades territoriales a que se refiere la Carta y las

ios v é a s e el ar t ículo 4 de la Convención en Las Convenciones yDeclaraciones de La Haya de 1899 y 1907 (Dotación Carnegie ,Nueva York , 1915) , págs . 189 a 190.

106 Ar t ículo 2 de la Convención suscr i ta en Washington el 20 dedic iembre de 1907. Véase Treaties, Conventions, International Acts,Protocols and Agreements between the United States of Americaand other Powers, 1776-1909, compi lado por Wil l iam M . Malloy(Washington, U.S. Government Printing Office, 1910), Vol. II,pág. 2400.

107 Cf. Georges Kaeckenbeeck, The International Experiment ofUpper Silesia (Londres, 1942), pág. 811.

108 Cf. Ranshofen-Wertheimer, op. cit., págs. 259 et seq.ios véase resolución 351 (IV) de la Asamblea General. Por re-

solución aprobada el 8 de noviembre de 1955, estableció un proce-dimiento de revisión de los fallos del Tribunal Administrativo, yenmendó el Estatuto del Tribunal en el sentido de autorizar a losEstados Miembros, al Secretario General " . . . o a la persona quehaya sido objeto del fallo dictado por el Tribunal (inclusive cual-quiera persona que le haya sucedido en sus derechos a su falleci-miento) . . . " a impugnar el fallo y a pedir al Comité creado porla propia resolución que solicite una opinión consultiva de laCorte Internacional de Justicia sobre el asunto.

110 Véanse, por ejemplo, el Tratado de Paz entre las PotenciasAliadas y Asociadas e Italia (10 de febrero de 1947), UnitedNations Treaty Series, Vol. 49, y los Tratados con Hungría yRumania, de la misma fecha, United Nations Treaty Series, Vol. 41,pág. 135, y Vol. 42, pág. 3, respectivamente.


personas jurídicas constituidas conforme a las leyes dedichos Estados y entidades n l . Aunque de diferente natu-raleza y objeto, también debe mencionarse el Tratado quecreó la Mancomunidad Europa del Carbón y del Acero,suscrito el 18 de abril de 1951, que ya se ha citado enrelación con el problema de la imputabilidad de la res-ponsabilidad. A la Corte que instituye el Tratado tam-bién tienen acceso directo las personas naturales o jurí-dicas para los distintos efectos previstos en el capítulo IVde dicho instrumento 112.

126. Como habrá podido advertirse, la práctica inter-nacional ofrece suficientes antecedentes sobre el recono-cimiento a los particulares interesados del derecho a com-parecer en calidad de demandantes ante una jurisdiccióninternacional. En principio, por lo tanto, la idea en sí esperfectamente factible. En su sesión de Nueva York(1929), el Institut de droit international expresó laopinión de que " . . . hay casos en los cuales puede serconveniente reconocer a los particulares el derecho aacudir directamente, en las condiciones que se determinen,a una instancia de justicia internacional en sus diferen-cias con los Estados113 ". Numerosos autores que hanestudiado el problema en sus múltiples aspectos parti-cipan también de la misma opinión 114.

127. De esta manera solamente quedaría por resolveren qué casos y conforme a qué condiciones se reconoceríaa los individuos o particulares esa capacidad procesalinternacional. En cuanto a lo primero, por ejemplo, si entodos los casos o si solamente en aquellos en que el Estadode la nacionalidad no tenga un " interés general " en eldaño que ha resultado del acto u omisión ilegal; y desdeotro punto de vista, si en todos los casos de responsabili-dad por daños a la persona o bienes del extranjero osolamente en algunos 115. En cuanto a las condiciones, sehan de requerir, entre otras, las siguientes: a) que elEstado de la nacionalidad haya rehusado o se niegue apresentar la reclamación; b) que dicho Estado autoriceexpresamente o no se oponga al reconocimiento de estederecho por parte del Estado de la residencia; c) que elprimero apoye la reclamación o participe en alguna formaen el procedimiento ; d) que solamente pueda presentar lareclamación la víctima directa del daño o también, en sucaso, sus herederos o beneficiarios; e) que el extranjerotenga una nacionalidad y, en los casos de doble o múl-tiple nacionalidad, qué requisitos especiales deberállenar ««.

111 Véanse los Artículos 6 y 11 de la Carta, The American Jour-nal of International Law, Supplement, Vol. 46 (1952), págs. 116 a118.

112 Ibid., Supplement, Vol. 46 (1952), págs. 117 et seq.113 Véase Annuaire de l'Institut de droit international (1929),

Vol. II, pág. 267.114 Véanse particularmente L. Fleury, L'accès des particuliers

aux tribunaux internationaux (1932) ; Schule, Le droit d'accès desparticuliers aux juridictions internationales (1934) ; Kaecken-beeck, op. cit.

115 El Comité de la Sociedad de las Naciones que recomendó lacreación de un Tribunal de Empréstitos Internacionales contemplóla posibilidad de que grupos de accionistas tuvieran acceso directoa él. Cf. Report of the Committee for the Study of InternationalLoan Contracts, League of Nations Publications, //. Economic andFinancial. 1939.II.A.10 (documento C.145.M.93.1939.II.A), pág. 26.

116 En cuanto a los apatridas (y a los refugiados que careciendode la protección de su Estado se encuentren en la misma situa-ción), estas condiciones deberían examinarse con miras a la ideade conferir a un organismo internacional, que pudiera ser el AltoComisionado de las Naciones Unidas, el derecho de proteccióndiplomática que hasta ahora solamente ha ejercido el Estado.

128. En suma, cualesquiera que sean el caso o los casosque se acepten y las condiciones que se exijan, el recono-cimiento de esta acción procesal no implicaría negar elprincipio general que faculta al Estado a proteger a susnacionales en el exterior. Ahora bien, de igual mododebía admitirse como otro principio el de que la protec-ción diplomática no pueda ejercitarse en favor de unextranjero sin el consentimiento de éste, para evitar que,como ha ocurrido en el pasado, el Estado ejerza ese dere-cho con fines distintos a los de la protección.

19. LA CAPACIDAD DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

129. Como se recordará, la opinión consultiva que laAsamblea General pidió a la Corte Internacional de Jus-ticia tenía por objeto saber si " . . . tienen las NacionesUnidas competencia para entablar una reclamación...a fin de obtener la reparación por los daños causados:a) a las Naciones Unidas, b) a la víctima o a sus causaha-bientes ". Naturalmente, la cuestión básica que había queresolver era la de si las organizaciones internacionales, enparticular las Naciones Unidas, tenían personalidad inter-nacional. A este respecto la Corte declaró que " . . . laOrganización respondía al propósito de ejercer y disfrutarfunciones y derechos que de hecho ejerce y disfruta, loscuales solamente pueden explicarse cuando se tiene ungrado considerable de personalidad internacional y decapacidad para desenvolverse en un plano internacional ".Inmediatamente la Corte se preguntó si " la suma de losderechos internacionales de la Organización comprendeel derecho a entablar el tipo de reclamación internacio-nal " a que se refería la petición de la Asamblea. Sobreeste aspecto concreto de la misma cuestión, la Corte con-cluyó que los Estados Miembros ". . . habían dotado a laOrganización de la capacidad para entablar reclama-ciones internacionales cuando fuere necesario para eldesempeño de sus funciones " 117.

130. La siguiente cuestión que debía resolver la Corteconsistía en saber si las Naciones Unidas, en el caso deque uno de sus agentes, en el desempeño de sus funciones,sufriera un daño en circunstancias tales que impliquenla responsabilidad de un Estado, podía entablar unareclamación internacional para obtener la reparación porlos daños causados a la Organización. En opinión de laCorte, " no podía dudarse que la Organización tiene com-petencia para entablar una reclamación internacionalcontra uno de sus Miembros que le ha ocasionado undaño por haber violado una de sus obligaciones inter-nacionales hacia ella ". Y observó en este sentido quesería imposible obtener la reparación salvo que ella poseaesa capacidad 118. En la declaración oral de los represen-tantes del Secretario General se relacionaba esta cues-tión con el derecho internacional de la Organización aproteger sus agentes, en el sentido de que la violación deeste derecho daba lugar a una reparación que la Orga-nización podía reclamar en el plano internacional119.

117 Véanse Reparation for injuries suffered in the service of theUnited Nations, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1949, págs. 179y 180, y Reparation for injuries suffered in the service of theUnited Nations: Oral Statements by Dr. Ivan S. Kerno, Agent, andA. H. Feller, Counsel, on behalf of the Secretary-General of theUnited Nations, 7-8 March 1949, págs. 22 a 27.

118 Véase I.CJ. Reports 1949, pág. 180.119 Véase Reparation for injuries suffered in the service of the

United Nations: Oral Statements by Dr. Ivan S. Kerno, Agent, andA. H. Feller, Counsel, on behalf of the Secretary-General of theUnited Nations, 7-8 March 1949, págs. 32 a 36.


131. La Corte, en cambio, relacionaba el derecho a laprotección de los agentes de la Organización con la cues-tión relativa a la reparación de los daños causados a lavíctima o a sus causahabientes. En su opinión, el prin-cipio tradicional de que la protección diplomática seejerce por el Estado de la nacionalidad no implicaba unarespuesta negativa a dicha cuestión. Este principio,según ella, " . . . descansa en dos bases. La primera es queel Estado demandado ha violado una obligación hacia elEstado de la nacionalidad respecto de sus nacionales. Lasegunda es que solamente la parte respecto de quien setiene una obligación puede entablar una reclamación porsu incumplimiento. Esto es precisamente lo que sucedecuando la Organización, al entablar una reclamación pordaños causados a sus agentes, lo hace invocando el in-cumplimiento de una obligación hacia ella misma. Así,el principio de la nacionalidad de la reclamación no seopone en modo alguno a que se reconozca que la Orga-nización tiene el derecho a entablar una reclamación porlos daños a que se refiere la Cuestión I b) ". Este razona-miento llevó a la Corte a la conclusión de que la Organi-zación también tenía capacidad, al reclamar una repara-ción adecuada, para incluir en ella los daños sufridospor la víctima o sus causahabientes120.

132. Veamos finalmente la opinión de la Corte sobrela Cuestión II planteada por la Asamblea General; estoes, cómo debía conciliarse la acción de las Naciones Uni-das con los derechos a que sea acreedor el Estado dedonde procede la víctima. Según la Corte, la respuestaafirmativa que había dado a la Cuestión I b) podía darlugar, cuando la víctima tuviera una nacionalidad y eldaño envolviera el interés del Estado de la nacionalidady el de la Organización, a una oposición entre el derechodel primero a la protección diplomática y el derecho dela segunda a la protección funcional. Sin embargo, en suopinión, no existía ninguna regla de derecho que con-firiera prioridad al uno o al otro, o que obligara alEstado o a la Organización a que se abstuvieran de enta-blar la reclamación internacional. Para que la posibilidadde esa oposición se redujera o desapareciera, la Corte novio otra solución que la de que se concertara una conven-ción general o se concluyeran convenios especiales encada caso particular. La Corte previo también la hipó-tesis específica de que el agente tuviera la nacionalidaddel Estado demandado. Pero en su opinión, como laacción de la Organización no se fundaba en la nacionali-dad de la víctima sino en su condición de agente deaquélla, el principio tradicional no era aplicable 121.

133. Lo que antecede no permite obtener más que unaidea general de los problemas que pueden plantearse conmotivo del ejercicio de la acción procesal de que estáninvestidas las Naciones Unidas y otras organizacionesinternacionales. Un examen más detenido no solamenterevelaría otros aspectos, sino también el grado de desa-rrollo que ha alcanzado en la práctica de la postguerrala capacidad de estos sujetos del derecho internacionalpara entablar reclamaciones en los diferentes casos deresponsabilidad en que se lesionan sus intereses o susderechos. Cuando se estudie este capítulo del tema segura-mente surgirá la necesidad de elaborar fórmulas y reglaspara perfeccionar la práctica actual, pero por el momentodebiera reflexionarse, en particular, sobre una sugestiónque se viene haciendo cada día con mayor frecuencia.

120 Véase I.CJ. Reports 1949, págs. 181 a 184.121 Ibid., págs. 185 y 186.

Aludimos a la idea de conferir a las Naciones Unidascapacidad para comparecer ante la jurisdicción conten-ciosa de la Corte Internacional de Justicia 122. Esta idea,que pudiera igualmente resultar necesaria y útil paraotras organizaciones internacionales, se apoyaría en estastres razones fundamentales: la capacidad que tienen casitodas estas organizaciones para comparecer ante tribu-nales nacionales; la capacidad de las Naciones Unidas yde los organismos especializados que han sido autorizadosal efecto, para pedir opiniones consultivas a la Corte; yla amplitud con que la propia Corte reconoció la perso-nalidad internacional de las Naciones Unidas en la opiniónque se ha venido examinando.

CAPITULO VI

La doctrina de la protección diplomática y elreconocimiento internacional de los derechos

esenciales del hombre

134. En el derecho internacional tradicional la " res-ponsabilidad del Estado por daños causados en su terri-torio a la persona o bienes de los extranjeros " aparecea menudo vinculada a dos grandes nociones o principios:la llamada " norma internacional de justicia " (inter-national standard of justice) y el principio de la igual-dad de nacionales y extranjeros. La primera se ha invo-cado como fundamento para el ejercicio del derecho delEstado a proteger a sus nacionales en el exterior, y elsegundo para declinar la responsabilidad del Estado dela residencia cuando dichos nacionales disfrutan delmismo trato y protección legal o judicial que se concedeal nacional de este Estado. En tal sentido, a pesar dehaber tenido fundamentalmente como objeto común laprotección de la persona y de sus bienes, los dos prin-cipios han aparecido en la teoría y la práctica tradicio-nales, como principios opuestos e irreconciliables.

135. Sin embargo, cuando se examina la situación ala luz del derecho internacional en el estado actual de sudesarrollo, la impresión que obtenemos es muy diferente.Si en efecto, ambos principios han tenido por objetola protección de la persona y sus bienes, en la actualidadésta es la función y el propósito del reconocimiento inter-nacional de los derechos esenciales del hombre. Comodentro de la nueva noción jurídica la distinción entrenacionales y extranjeros pierde toda su razón de ser, laaplicación teórica y práctica de los dos principios tradi-cionales tampoco parece ya justificarse. En una palabra,ambos principios parecen haber sido superados en elderecho internacional contemporáneo.

20. LA " NORMA INTERNACIONAL DE JUSTICIA "(INTERNATIONAL STANDARD OF JUSTICE)

136. Según hemos visto en el capítulo V, el derechointernacional tradicional ha reconocido al Estado lafacultad de reclamar ante un tercero por los daños cau-sados a la persona o bienes de sus nacionales. La doc-trina de la " protección diplomática ", que es la expre-sión comúnmente empleada para designar esta facultad,arranca consiguientemente de este derecho del Estadoa proteger a sus nacionales en el exterior. Como lo ex-presó en una de sus primeras sentencias el antiguo Tri-bunal Permanente de Justicia Internacional:

122 Véase Eagleton, " International Organization and the Law ofResponsibility", Recueil des Cours, 1950, I, pág. 421.


" Es un principio elemental de derecho internacionalque el Estado tiene derecho a proteger a sus subditoscuando se les ocasione daños por actos contrarios alderecho internacional cometidos por otro Estado, delcual no haya sido posible obtener reparación por loscanales regulares " 123.137. Y en una de sus últimas sentencias, que ya se

ha citado en el párr. 119, al referirse al " derecho de pro-tección diplomática ", lo identificó con el " derecho [delEstado] a hacerse cargo de una reclamación y asegurarel respeto por las normas del derecho internacional " 124.

138. Los expositores de la teoría tradicional se hanhecho eco de la doctrina de la protección diplomática y laconsideran como una especie de garantía contra el eventualincumplimiento de las obligaciones internacionales quetiene el Estado respecto de los extranjeros. Borchard, porejemplo, dice en este sentido:

" Aunque se reconoce el derecho de todo Estado aejercer su soberanía y jurisdicción sobre todas las per-sonas que se encuentren en su territorio, las nacionesextranjeras conservan sobre sus ciudadanos en el exte-rior una vigilancia protectora para velar por que susderechos como individuos y como nacionales recibanla justa medida de reconocimiento que establecen losprincipios del derecho interno y el derecho interna-cional ". Y agrega inmediatamente : " La no inter-posición es la regla mientras los Estados observen susobligaciones internacionales. Por consiguiente, la pro-tección diplomática es un derecho complementario oreservado que se invoca sólo cuando el Estado de laresidencia no conforma su conducta a esta norma(standard) internacional " 125.139. Para Borchard, al igual que para todos los exposi-

tores de la teoría tradicional, la protección diplomáticaes, en efecto, un derecho de todo Estado a exigir de otroel respeto a la persona y bienes de los extranjeros en laforma que lo dispone el derecho internacional.

140. Esta vinculación de la doctrina de la proteccióndiplomática con la noción de la " norma internacional dejusticia" (international standard of justice), ha sidoampliamente reconocida en la práctica, incluso en lajurisprudencia internacional. En el caso Neer (1926), laComisión General de Reclamaciones entre Estados Unidosy México declaró expresamente que " la legalidad de losactos gubernamentales deben examinarse a la luz de nor-mas (standards) internacionales ". Y en el caso Hopkinsla misma Comisión desarrolló esta noción en el sentidode que

" . . . conforme al derecho internacional relativo a lascontroversias que tienen este carácter, ocurre frecuen-temente que a la nación se le exige dar a los extran-jeros un tratamiento más amplio y liberal que el quele da a sus ciudadanos de acuerdo con el derecho in-terno . . . No es una cuestión de discriminación sinode diferentes derechos y recursos. Los ciudadanos deuna nación pueden disfrutar de muchos derechos que notienen los extranjeros y, viceversa, conforme al derecho

123 Publ ica t ions of the Pe rmanen t Court of In ternat ional Just ice ,Collection of Judgments, Serie A, No. 2 (The Mavrommatis Pale-s t ine Concessions) (Leyden, A. W. Sijthoff, 1924), pág. 12.

124 Ibid., Judgments, Orders and Advisory Opinions, Ser ie A / B ,No. 76 (The Panevezys-Saldutiskis Railway Case) (Leyden, A. W.Sijthoff, 1939), pág. 16.

125 Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad,(New York, T h e Banks Law Publ i sh ing Co., 1915), pág. 28.

internacional éstos pueden disfrutar de derechos y re-cursos que la nación no concede a sus ciudadanos " 126.141. En varias decisiones el Tribunal Permanente de

Arbitraje ha recurrido a esta noción para determinar lamedida de protección de que disfrutan los extranjeros encuanto a sus bienes, y en algunas de las suyas el TribunalPermanente de Justicia Internacional ha hecho lo mismoen relación con los " derechos adquiridos ", cuya pro-tección estaba garantizada por " un principio que, segúnel Tribunal ha tenido ya ocasión de observar, forma partedel derecho internacional generalmente aceptado " 1 2 7 . Sinembargo, en ninguno de los casos se concibió la " normainternacional de justicia " con la amplitud que a vecesse le atribuye. Verdross, por ejemplo, considera que dichanoción está contenida en la expresión " derecho interna-cional generalmente aceptado " [droit international com-mun) 128.

142. En algunas codificaciones también aparece lanoción jurídica a que nos venimos refiriendo. El artículo 5del proyecto de la Investigación Harvard dice a esterespecto que " El Estado tiene el deber de proporcionaral extranjero recursos para obtener una reparación quesean tan eficaces como los recursos que ofrece a susnacionales ". Pero en el Comentario agrega que "EsteArtículo tiene por objeto indicar la medida mínima dela obligación del Estado . . . Los recursos que se propor-cionen al nacional pueden ser tan inadecuados que nosatisfagan la obligación internacional del Estado . . . Lasujeción del extranjero al derecho y los recursos localesse basan necesariamente en la presunción de que ambosestén a la altura de la norma (standard) que impone elderecho internacional " 129. El artículo así como el Comen-tario se contraen a la aplicación de la " norma a unasituación concreta, más bien que a su aplicación general:es decir, en cuanto afecta al principio relativo al agota-miento de los recursos internos, que se examinará en elcapítulo próximo. Donde sí aparece formulada con uncarácter general es en el artículo 2 del proyecto aprobadoen primera lectura por el Comité III de la Conferenciade La Haya, según el cual,

" En la presente Convención se entiende por " obliga-ciones internacionales " (las que, en virtud de un tra-tado, de la costumbre o de los principios generales delderecho) tienen por objeto garantizar a las personas ylos bienes de los extranjeros un trato conforme a lasnormas aceptadas por la comunidad internacional " 13°.143. Como parece revelar la discusión habida en el

seno del Comité, la expresión " normas aceptadas por lacomunidad internacional " se proponía recoger la nociónen su forma amplia y genérica 131.

144. En el mundo americano también se ha aceptadoel derecho del Estado a proteger a sus nacionales en elexterior, pero más bien subordinándolo a otro principio:

126 Véase Eagleton, The Responsibility of States in InternationalLaw (New York, 1928), págs. 84 y 85.

127 Véase Schwarzenberger, op. cit., págs. 99 a 103.128 Véase Alfred Verchos. " Les règles internacionales concernant

le traitement des é t rangers" Recueil des cours de l'Académie dedroit international, 1931, III , Vol. 37, págs. 330 et seq.

129 Véase H a r v a r d Law School, op. cit., págs . 147 y 148, y TheAmerican Journal of International Law Sup . , Vol. 23 , (1929) , pág .147.

130 Véase Apéndice No. 3.131 League of Nations Publications, V. Legal, 1930.V.17 (docu-

mento C.351(c).M.145(c).1930.V), págs. 159 a 161.


el principio de la igualdad entre nacionales y extranjeros.Mas, como se verá en seguida, este otro principio, ni ensu formulación ni en su aplicación práctica, implica nece-sariamente un rechazo absoluto de las normas tradicio-nales del derecho internacional que se proponen la protec-ción del extranjero.

21. EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD DE NACIONALES YEXTRANJEROS

145. Los abusos a que se había prestado el ejerciciode la protección diplomática por parte de algunos paísesprovocaron la natural reacción contra el principio mismoque se invocaba como fundamento de la responsabilidaddel Estado. El jurista argentino Carlos Calvo, refiriéndosea este estado de cosas, enunció el principio que desdeentonces se ha opuesto a las reclamaciones internacio-nales fundadas en violaciones de la " norma internacionalde justicia ". En su opinión, " Es cierto que los extran-jeros que se establecen en un país tienen el mismo dere-cho a la protección que los nacionales, pero no debenreclamar una mayor protección " « 2 . El nuevo principiolo hizo suyo la Primera Conferencia Internacional Ame-ricana (Washington, 1889-1890), al recomendar que se" reconozcan como principios de Derecho InternacionalAmericano los siguientes:

" 1 . Los extranjeros gozan de todos los derechos civi-les de que gozan los nacionales, y pueden hacer uso deellos, en el fondo, la forma o procedimiento y en losrecursos a que den lugar, absolutamente en los mismostérminos que dichos nacionales.

" 2. La Nación no tiene ni reconoce a favor de losextranjeros ningunas otras obligaciones o responsabi-lidades que las que a favor de los nacionales se hallenestablecidas en igual caso por la Constitución y lasleyes » 133.146. Concebido en estos términos, el principio fué

reiterado en ocasiones posteriores e incorporado en dosinstrumentos convencionales. La Convención sobre Dere-chos y Deberes de los Estados, suscrita en la SéptimaConferencia Internacional Americana (Montevideo, 1933),establece en su Artículo 9 que

" La jurisdicción de los Estados en los límites delterritorio nacional se aplica a todos los habitantes. Losnacionales y los extranjeros se hallan bajo la mismaprotección de la legislación y de las autoridades nacio-nales y los extranjeros no podrán pretender derechosdiferentes, ni más extensos que los de los nacio-nales " 134.147. Como puede apreciarse, la idea substancial en

que se inspira el principio es la de la " igualdad de laprotección " a que tienen derecho los extranjeros. Estaidea arranca del régimen jurídico interno que se les haaplicado en su condición de simples transeúntes o de resi-dentes. A este respecto, las Constituciones y las leyes delos países americanos y asimismo las Convenciones inter-americanas existentes en esta materia, han equiparado al

extranjero y al nacional en cuanto al disfrute de los dere-chos civiles y de las garantías individuales135. Es elmismo régimen de igualdad de protección legal y judicialque establece el proyecto de convención que preparó comobase de discusión el Comité Económico de la Sociedadde la Naciones para la Conferencia Internacional sobreTratamiento de los Extranjeros, que se celebró en Parisen 1929 bajo los auspicios de la Sociedad 136. En estesentido, el principio de la " igualdad de nacionales yextranjeros" constituye el aspecto internacional de lacondición jurídica interna con que se ha procurado garan-tizar a los segundos la misma protección que disfrutanlos primeros.

148. Sobre esto último, naturalmente, puede observarseque la cuestión fundamental radica precisamente en lamedida o extensión a que alcanza esa protección. Segúnla interpretación que se le dio al principio en el Informede la Subcomisión del Comité de Expertos de la Sociedadde las Naciones (Informe Guerrero) :

" El máximo que puede reclamarse para el extran-jero es la igualdad civil con los nacionales. Esto nosignifica que el Estado esté obligado a dar ese trata-miento a los extranjeros, salvo que esa obligación sehalle estipulada en un tratado. Inferimos por consi-guiente que el Estado se excede en su deber cuandoofrece a los extranjeros un tratamiento similar al queda a los nacionales " 137.

149. Las interpretaciones de esta naturaleza, y lasaplicaciones prácticas que han respondido a esta con-cepción, han sido el origen y el motivo de la críticaadversa que a menudo se le hace al principio. Por ejem-plo, no es exacto, como se ha sostenido, que " Estricta-mente, esta doctrina impediría a los extranjeros lesiona-dos todo recurso a la protección de su Estado, toda vezque ningún nacional puede recurrir por un daño que harecibido en su propio país a una autoridad fuera delmismo " ; ni tampoco es cierto que " La norma de laigualdad implica que, para obtener la reparación del dañorecibido por uno de sus nacionales en el exterior, elEstado debe probar que ha habido discriminación contraél como extranjero " 138.

150. La igualdad de nacionales y extranjeros, comoprincipio de derecho internacional, no debe conducir aninguna de esas situaciones ni a otras similares que sele han atribuido, si se le interpreta y aplica conforme alpropósito y alcance con que se le concibió. Así, por ejem-plo, en la Convención sobre Derechos de Extranjería,suscrita en la Segunda Conferencia Internacional Ameri-cana (México, 1902), se reconoce expresamente que pro-cede la reclamación diplomática " en los casos en quehaya habido, de parte de ese tribunal, manifiesta denega-ción de justicia, o retardo anormal, o violación evidente

132 Véase Charles Calvo, Le droit international (París, 1885, 5a.ed.), Vol. VI, pág. 231.

us Véase Recomendación sobre " Reclamaciones e IntervenciónDiplomática ", Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936(Washington, Dotación Carnegie, 1938), pág. 44.

134 Ibid., pág. 469. Véase también artículos 1 y 2 de la Conven-ción suscrita en la Segunda Conferencia (México, 1902), en elApéndice 5.

135 Véase a este respecto el art ículo 5 de la Convención sobreCondiciones de los Extranjeros (La H a b a n a , 1928), y los artículos1 y 2 del " Código Bus tamante ", ibid., págs. 367 y 304, respectiva-mente .

136 Véase League of Nations Publ icat ions , / / . Economic andFinancial, 1928.11.14 (Doc.C.174.M.53.1928.II), pág . 11. La Con-ferencia de Pa r í s no llegó a elaborar n inguna convención. VéaseIbid., II. Economic and Financial, 1930.II.5 (Doc.C.97.M.23.1930.I I ) , passim.

137 Ibid., V. Legal, 1927.V.1, (Doc.C.196.M.70.1927.V), pág. 94.138 Véase P . E. Corbett , Law and Society in the Relations of

States (New York, 1951), págs. 179 y 181.


de los principios del Derecho Internacional " 1 3 9 . En suproyecto sobre " Protección Diplomática " el InstitutoAmericano de Derecho Internacional reiteró posterior-mente la misma idea 140. Esta concepción del principio lahallamos en la " Declaration sur les Données Fondamen-tales et les Grands Principes du Droit International Mo-derne ", aprobada por la Académie Diplomatique Inter-nationale, FUnion Juridique Internationale y la Interna-tional Law Association. En su artículo 30, al reconocerque " En ningún caso pueden los extranjeros pretendermayores derechos que los nac ionales . . . " , hace la salve-dad en cuanto al " mínimum de derechos " que todo paíscivilizado debe garantizar 141. De esta manera, el princi-pio de la igualdad de nacionales y extranjeros, ni excluyeel derecho del Estado a proteger a sus nacionales en elexterior, ni supone tampoco el desconocimiento de losderecho¡ humanos esenciales i « . Si es a este " mínimum "de derechos al aue se procura asegurar mediante la"norma internacional de just icia", entonces el prin-cipio de igualdad no es incompatible con el derechointernacional. Pero en todo caso, continuemos exami-nando la cuestión, porque en el estado actual del desa-rrollo del derecho' internacional puede plantearse en tér-minos diferentes.

22. LA SÍNTESIS DE LOS DOS PRINCIPIOS; EL RECONO-

CIMIENTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ESENCIALESDEL HOMBRE

151. Según lo hemos destacado ya, el reconocimientointernacional de los derechos esenciales del hombre cons-tituye uno de los acontecimientos más sobresalientes denuestra época. Este fenómeno político y jurídico tambiéntiene necesariamente que afectar de un modo substancialel aspecto de la responsabilidad internacional que seexamina en este capítulo. La Conferencia Interamericanasobre Problemas de la Guerra y de la Paz (México,1945), formuló a este respecto la siguiente declaración:

" Que la protección internacional de los derechosesenciales del hombre eliminaría el uso indebido dela protección diplomática de los ciudadanos en el exte-rior, cuyo ejercicio ha determinado más de una vez laviolación del principio de no intervención, y tambiénel de igualdad entre nacionales y extranjeros, en cuantoa los derechos esenciales del hombre." 143.152. En primer término, la declaración revela clara-

mente el propósito de evitar que el ejercicio de la pro-tección diplomática se traduzca en una violación del prin-cipio de no intervención o del de la igualdad de nacionalesy extranjeros en cuanto a los derechos esenciales delhombre. Pero nada más: la intención de la Conferenciafué simplemente la de evitar el uso indebido de la protec-ción diplomática, sin suprimir la institución misma, ninegarle al Estado el derecho a proteger a sus nacionalesen el exterior. El medio para lograr tal objetivo sería la" protección internacional " de los derechos esenciales

139 Véase Apéndice 5, Art. 3.140 Véase Apénd ice 7, Ar t . 3 .141 Véase A p é n d i c e 10.142 Véase M a ú r t u a , loe. cit., pág . 557 ; Accioly, Derecho Inter-

nacional Público, (Río de Jane i ro , 1945), Vol. I , págs . 370 y 3 7 1 ;Podes tá Costa, loe. cit., págs . 207 et seq.

143 Véase Conferencia Interamericana sobre problemas de laguerra y de la Paz, Mexico-Chapul tepec , 21 de febrero — 8 demarzo de 1945, Acta F ina l , Resolución X L (Montevideo, 1946),pág . 102.

del hombre. A reserva de examinar en otro lugar losmedios a que se ha recurrido para contrarrestar el peligrodel abuso de derecho inherente al ejercicio directo de laprotección diplomática (capítulo IX), examinemos ahorala idea desde el punto de vista que interesa mayormentea este capítulo.

153. En este sentido, no parece que la institución dela protección diplomática, como tampoco el principio quele ha servido de fundamento, constituyan la forma máseficaz para garantizar los intereses y derechos de extran-jeros. En cuanto a la primera, aunque como función inte-rior del Estado de la nacionalidad debería constituir undeber de éste, ni histórica ni prácticamente lo ha sido.Salvo alguno que otro autor, la generalidad jamás haconsiderado la protección diplomática como un deber deese Estado. Aun Borchard reconoce que, a lo más, es undeber moral, es decir, que no es exigible144. Tampocoen la práctica interna o internacional, se le ha admitidocon ese carácter. Es pura y simplemente un derecho y,como tal, el Estado lo puede ejercer o abstenerse deejercerlo a su entera discreción. A tal punto es esto cierto,que a veces ha rehusado extender la protección no obs-tante la solicitud del interesado y la legitimidad de lareclamación; en otras ocasiones, en cambio, sin mediaresta solicitud y aun contra la voluntad del interesado, loha hecho por razones políticas totalmente ajenas a losfines de la institución. Si se trata de pequeños Estados,a menudo se abstienen de ejercer este derecho por eltemor de crearse una situación difícil con el Estadopoderoso contra quien se reclama 145.

154. Por su parte, la " norma internacional de justi-cia ", considerada intrínsecamente, tanto como institu-ción complementaria a la protección diplomática, haadolecido siempre de un defecto fundamental: su vague-dad e imprecisión ostensibles. Jamás ninguno de los orga-nismos internacionales que la han aceptado y aplicadohan podido definirla, o al menos no han intentadohacerlo, o cuando lo han ensayado han tenido poco éxito.Simplemente se han limitado a mencionarla para fundaren ella su decisión, o a aplicar situaciones concretas quehan querido generalizar por vía de la inducción. Cuandola ha invocado directamente el Estado, presenta mayoresinconvenientes. Uno de sus más fervorosos defensoresreconoce que " los Estados poderosos han exigido a vecesde los débiles un mayor grado de responsabilidad que alos Estados igualmente poderosos "1 4 6 . En este sentido,la " norma " parece inspirarse en la misma idea o en unamuy análoga a la que inspiró el régimen de las capitu-laciones o de la extraterritorialidad a que se sometiódurante largo tiempo a los pueblos de Asia y Africa. Aeste respecto, por la discriminación que supone en favorde la clase extranjera de la población y por lo que afectaal principio de igualdad de las naciones, la norma harepugnado a la opinión pública y a la conciencia jurídicaen los países interesados. En todos estos aspectos, por lotanto, se revela como una institución marcadamenteimperfecta y de una utilidad muy relativa. Salvo el casode violaciones de derechos humanos esenciales, del mini-

144 Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad,(New York, The Banks Law Publishing Co., 1915), págs. 29 y 30.

145 Sobre estas situaciones prácticas véase Dunn, "The Inter-national Rights of Individuals", Proceedings of the AmericanSociety of International Law (1941), págs. 14, 16 y 17.

146 Borchard , The Diplomatic Protection of Citizens Abroad,pág. 178.


mum de derechos que reconocen todos los países, suaplicabilidad es francamente difícil y absolutamenteimposible en la mayor parte de las hipótesis de respon-sabilidad.

155. El principio de la igualdad de nacionales y extran-jeros tampoco es admisible si su interpretación o su apli-cación práctica resultan contrarias al derecho interna-cional. No hay duda de que no lo es cuando se llega alextremo de sostener que es un principio absoluto y queno está sujeto a limitaciones de ningún género. Y por lamisma razón tampoco lo será cuando la conducta de losórganos del Estado no se conforme a las normas y garan-tías que en todos los países sirven de protección a lapersona y bienes del individuo. El hecho de que losnacionales sufran también y por igual las consecuenciasde una situación de tal naturaleza, no puede constituiruna excusa válida para eludir la responsabilidad inter-nacional. Pero como hemos visto, fuera de estas hipótesisresulta muy difícil, tanto jurídica como políticamente,aceptar un tratamiento que dé preferencia y supongaprivilegios en favor del extranjero. Este no puede racio-nalmente esperar esa condición privilegiada respecto delnacional, máxime cuando tampoco se le exigen mayoresobligaciones y responsabilidades, y sí, por el contrario,menos que al nacional.

156. Ahora bien, tanto la " norma internacional dejusticia " como el principio de la igualdad, hasta el pre-sente considerados como antagónicos e irreconciliables,son perfectamente susceptibles de una nueva formulación,y de integrarse en una nueva noción jurídica que recojalos elementos y finalidades esenciales de ambos 147. Estanueva noción arrancaría del " reconocimiento interna-cional de los derechos humanos y las libertades funda-mentales ", reconocimiento que han consagrado la Cartade las Naciones Unidas y otros instrumentos generales,regionales y bilaterales. La " internacionalización ". porasí decirlo, de estos derechos y libertades tiene por objetola protección de los intereses legítimos de la personahumana, independientemente de su nacionalidad. En estesentido, la condición de ciudadano ni la de extranjerojuegan papel alguno. La persona humana, como tal, esel objeto de la protección directa del derecho internacio-nal 148.

157. No es difícil advertir cómo, en puridad jurídica,los dos principios tradicionales han sido superados por eldesarrollo del derecho internacional. La " norma inter-nacional de justicia " se originó y aceptó en una épocaen que imperaban concepciones distintas a las que domi-nan en la actualidad: el derecho internacional reconocíay protegía los derechos esenciales del hombre mientrasfuera extranjero; es decir, por virtud de su condición denacional de un Estado. El principio de la igualdad, a su vez,fué concebido para contrarrestar las consecuencias que sederivaban de esta diferente condición jurídica que seatribuía a nacionales y extranjeros. Ambos principios, porlo tanto, partían de una misma base: la distinción, que enel primer caso se admitía y en el segundo se negaba, entredos categorías de derechos y entre dos clases de protec-

147 Véase a este respecto Jessup, A Modern Law of Nations(New York, Macmillan 1948), pág. 102; y Survey of InternationalLaw in Relation to the Work of Codification of the InternationalLaw Commission (Memorandum submitted by Secretary-General),Publicaciones de las Naciones Unidas, Número de venta, 1948.V.KD), pág. 47.

148 Véase Maúrtua, loe. cit., pág. 558.

ción. Tal distinción ha desaparecido en el derecho inter-nacional contemporáneo, al reconocerse los derechoshumanos y las libertades fundamentales sin hacer dis-tingo de ningún género entre nacionales y extranjeros.

158. Sin embargo, el hecho de que los dos principiostradicionales hayan perdido su razón de ser, no quieredecir exactamente que en la nueva noción jurídica sedesconozcan los elementos y la finalidad esenciales deambos. Por el contrario, el "reconocimiento internacionalde los derechos humanos y las libertades fundamentales "constituye precisamente la síntesis de esos dos principios.En efecto, cuando se leen los instrumentos que han con-sagrado ese reconocimiento internacional, así como lasdos grandes Declaraciones, y demás instrumentos quedefinen esos derechos y libertades, se advierte que entodos se garantiza una protección que sobrepasa en buengrado el mínimum de protección que se proponía aseguraral extranjero la "norma internacional de justicia". Asi-mismo, cualquiera de ellos revela que en ninguna hipó-tesis o situación los extranjeros disfrutan de una condi-ción jurídica más favorable que la que se confiere alnacional. En realidad, la idea de la igualdad de derechosy libertades constituye la esencia misma de todos esosinstrumentos.

159. De esta manera, carecería de sentido jurídico ypráctico insistir en mantener cualquiera de los dos prin-cipios tradicionales en la codificación de este aspecto dela responsabilidad internacional. Ambos han sido supe-rados, e insistir en cualquiera de ellos supondría des-conocer una de las realidades políticas y jurídicas másdefinidas del mundo contemporáneo.

CAPITULO VII

Causas de exención y circunstancias atenuantes yagravantes de responsabilidad

160. En la teoría y la práctica tradicionales no sereconoció, al menos de un modo definitivo y formal, ladistinción entre las causas de exención de responsabilidadpropiamente dichas y las circunstancias atenuantes yagravantes que pudieran concurrir en la violación o in-observancia de una obligación internacional. Schwarzen-berger observa con razón que la jurisprudencia interna-cional no tiene un solo criterio sobre la cuestión de si enlos actos u omisiones ilegales " se requiere responsabili-dad absoluta o culpabilidad "1 4 9 . El problema, natural-mente, no es nada sencillo, pero no hay duda de que enla futura codificación de los principios del derecho inter-nacional que rigen la responsabilidad no se puede pres-cindir de su solución. Por ejemplo, según pudo adver-tirse cuando se examinó la cuestión relativa a la impu-tabilidad de ciertos actos u omisiones del Estado (capí-tulo IV), ésta depende a veces de la presencia de algúnelemento adicional al hecho que originalmente dio origena la responsabilidad. Cualquiera de estos elementos queconcurra en la conducta del Estado, determinándola ocondicionándola, pudiera tener el carácter de una circuns-tancia que permita hablar del grado de la responsabili-dad realmente imputable al Estado.

161. El presente capítulo tiene, entre otros, ese pro-pósito; es decir, el de ver si en todas las hipótesis sólocabe distinguir entre responsabilidad absoluta y no res-

149 Schwarzenberger, op. cit., pág. 243.


ponsabilidad, que es la única distinción posible dentro delconcepto de responsabilidad objetiva, o si cabe tambiéndistinguir entre circunstancias eximentes, atenuantes yagravantes de responsabilidad.

23. LA OMISIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS

162. Uno de los principios más sólidamente consa-grados por el derecho internacional es el de que no existela obligación (internacional) de reparar ni, por consi-guiente, el derecho a presentar una reclamación de esaíndole, mientras no se hayan agotado los recursos inter-nos. Ahora bien, aunque como principio jamás ha sidonegado, su aplicación en la práctica ha revelado ciertasdivergencias de opinión en cuanto a su verdadero con-tenido y alcance. En primer término, se plantea el pro-blema relativo a la " eficacia " de dichos recursos desdeel punto de vista de la reparación del daño que se reclamaa través de ellos o a los fines de determinar el momentoen que surge la responsabilidad internacional para elEstado. Una segunda cuestión, estrechamente relacionadacon la anterior, es la de cuándo o en qué circunstanciasdeben considerarse " agotados " los recursos internos.Finalmente, existe un tercer problema que consiste ensaber si el requisito de que se agoten estos recursos cons-tituye un simple trámite procesal o tiene, por el cos-trario, el carácter de una condición substantiva a la cualse subordina la existencia misma de la responsabilidadinternacional del Estado. Tal vez se trate de un problemamás académico que práctico, pero también debe exami-narse por las implicaciones que puede tener en cuantoa otros aspectos de la institución.

163. En cuanto a la " eficacia " de los recursos inter-nos, la cuestión se ha considerado mayormente desde elpunto de vista de si los que concede el Estado, son losuficientemente adecuados para asegurar una reparaciónsatisfactoria del daño y, en consecuencia, para eximirlode responsabilidad internacional. En la jurisprudencia delos tribunales y comisiones arbitrales jamás se ha llegadoa definir con precisión lo que debe entenderse por recur-sos " adecuados " o " eficaces ", porque el problema quemás bien se ha planteado es el segundo que hemos men-cionado; esto es, cuándo o en qué circunstancias habráde considerarse que dichos recursos han sido " agotados ".La situación es prácticamente la misma en las codifica-ciones. En su proyecto sobre " Responsabilidad de losGobiernos ", el Instituto Americano de Derecho Interna-cional sostuvo que aquéllos están obligados " a manteneren su propio territorio el orden interno y la estabilidadgubernamental indispensables para el cumplimiento desus deberes internacionales " 150. En el proyecto aprobadoen su sesión de Lausana (1927), el Institut de Droit In-ternational fue tal vez un poco más preciso al hablar de" recursos eficaces y suficientes para que se le otorgueel trato debido ", y de un " procedimiento eficaz paraobtener la indemnización correspondiente " 151. Para citarotra fuente más, conforme al proyecto de la InvestigaciónHarvard, " El Estado tiene el deber de proporcionar alextranjero recursos para obtener una reparación que sean" tan eficaces como los recursos que ofrece a sus nacio-nales "1 5 2 . Como puede advertirse, estos ensayos de defi-nición requieren a su vez que se definan con mayor pre-

cisión los términos y condiciones que ellos contienen. Yes que la solución radica en hallar un criterio que per-mita juzgar en todas las hipótesis si los recursos de quese dispone, nominal y efectivamente, son lo suficiente-mente adecuados o eficaces para que haya lugar a unaexención de la responsabilidad internacional del Estado.En este sentido, la cuestión que se plantea no es más queun aspecto del problema general que examinamos en elcapítulo anterior: es decir, si juzgamos la eficacia de estosrecursos conforme a una "norma internacional de jus-ticia " o de acuerdo con el principio de la igualdad denacionales y extranjeros 153. Si así es en efecto, entoncesbastará recurrir a la noción jurídica que sugerimosentonces.

164. Sin perjuicio de esta última consideración, nodebe pasar inadvertido el hecho de que la cuestión de la" eficacia " de los recursos internos está estrechamenterelacionada con la de saber cuándo o en qué circunstan-cias han de considerarse " agotados ", y que a veces puedeincluso aparecer identificada con ella. Pero veamoscómo se plantea este otro problema, que en la prácticaha tenido naturalmente una significación mucho mayor.A este respecto, fundamentalmente pueden presentarsedos siuaciones distintas, aunque en realidad sólo una deellas suscita la verdadera cuestión que examinamos. Porejemplo, ¿ puede invocarse el principio cuando los Esta-dos interesados han convenido en someter al arbitraje o acualquier otro método de arreglo las controversias quesurjan entre ellos ? En varias decisiones la respuesta hasido negativa, pero en otras, como en la del caso Salem(1932), el Tribunal se negó a aceptar que la mera exis-tencia de un tratado de esa clase constituyera una pre-sunción de que se haya renunciado al principio 154. Enpuridad no parece que pueda darse una respuesta categó-rica que sea correcta en todos los casos. Habría que versi dentro del objeto del tratado está comprendida la con-troversia de que se trate y aun en caso afirmativo, si supropósito expreso o tácito ha sido el de exceptuar la apli-cación del principio en las controversias de ese tipo. Enotras palabras, la aplicación del principio dependeránecesariamente, no sólo del objeto o alcance del convenio,sino de las circunstancias que concurran en cada casoconcreto.

165. Pero la situación que suscita el problema es otra.En el caso del Ferrocarril Panevezys-Saldutískis (1939),el Tribunal Permanente de Justicia Internacional declaró:

" Puede no ser necesario recurrir a los tribunalesinternos si éstos no tienen jurisdicción para dar repa-ración; ni tampoco es necesario recurrir de nuevo aesos tribunales si el resultado será una repetición de ladecisión que ya se ha dictado " 155.166. El el mismo orden de ideas, el proyecto de la

Investigación Harvard admite que el Estado es respon-sable por incumplimiento de sus obligaciones contrac-tuales con un extranjero " . . . cuando se han agotado losrecursos locales sin que se dé la debida reparación "1 5 8 .En franco contraste con esta concepción del principio, enel proyecto de la Subcomisión del Comité de Expertos para

150 Véase Apéndice 7, artículo 1.151 Véase Apéndice 8, artículo 12.162 Véase Apéndice 9, artículo 5.

153 Véase a este respecto el Comentario de la Investigación Har-vard al artículo 5 de su proyecto, que se transcribió en la sección20 del capítulo anterior.

154 Briggs, op. cit., pág. 636.155 Publications de la C.P.J.I., Serie AlB, No. 76, pág. 18.158 Véase Apéndice 9, artículo 8.


la Codificación Progresiva del Derecho Internacional dela Sociedad de las Naciones (Informe Guerrero), se dicelo siguiente:

" 6. El deber del Estado respecto de la protecciónjudicial debe considerarse cumplido si ha permitido alos extranjeros acudir a los tribunales nacionales yejercitar las acciones necesarias cada vez que han nece-sitado defender sus derechos " ™.

167. En los instrumentos interamericanos se ha adop-tado una posición distinta, y en cierto sentido intermedia.En su resolución sobre " Responsabilidad internacionaldel Estado", la Conferencia de Montevideo (1933),reafirmó

" . . . que el amparo diplomático no debe promoverseen favor de los extranjeros, sino que deben éstos agotartodos los recursos jurisdiccionales establecidos por lasleyes del país ante el cual se instaura la acción. Seexceptúan los casos de manifiesta denegación o deretardo inmotivado de justicia, los cuales serán siempreinterpretados restrictivamente, esto es, en favor de lasoberanía del Estado donde se haya suscitado la disi-dencia " 158.

168. Coincidiendo substancialmente con esta posición,aunque formulándola en términos diferentes, en el Tra-tado Americano de Soluciones Pacíficas (" Pacto deBogotá ", 1948) se establece lo siguiente:

" Artículo VII. Las Altas Partes Contratantes seobligan a no intentar reclamación diplomática paraproteger a sus nacionales, ni a iniciar al efecto unacontroversia ante la jurisdicción internacional, cuandodichos nacionales hayan tenido expeditos los mediospara acudir a los tribunales domésticos competentesdel Estado respectivo " 159.

169. Ante estas diversas y diferentes interpretacionesdel principio, ¿ cuándo o en qué circunstancias puedeno deben considerarse verdaderamente " agotados " losrecursos internos ? El criterio de que sólo cuando la repa-ración del daño sea suficiente, o el de que cuando seainútil insistir en el empleo de dichos recursos, tiene elinconveniente de dejar a la discreción del Estado recla-mante la apreciación de los hechos. Es cierto que el pro-pósito y la justificación del principio radican en que porla vía interna se reparen satisfactoriamente los dañoscausados. Pero no es menos cierto que ninguna de laspartes interesadas debe poder decidir por sí sola sobreese particular. Por razones análogas, si no idénticas, tam-bién es objetable considerar que se ha llenado el requisitocuando se ha permitido el libre ecceso del extranjero alos tribunales y éstos han dictado su decisión, indepen-dientemente de que en ella o en la tramitación del procesohaya habido un acto u omisión evidente de denegación deiusticia. La tercera posición parece al menos la máspráctica y viable. Obligar al extranjero a agotar todoslos recursos internos, sin perjuicio de los casos de cual-auier clase de denegación de iusticia o al Estado a aueno ejerza la protección diplomática por ningún conductocuando sus nacionales perjudicados havan tenido expe-ditos los medios para acudir a la jurisdicción internano parecen ser interpretaciones incompatibles con el pro-

pósito esencial del principio que examinamos. De cual-quier modo, no lo es respecto a la interpretación que pre-fiere subordinar el principio a la idea de que la repa-ración sea satisfactoria. Si ésta no llena tal condición, obien envolverá una denegación de justicia de cualquierclase, en cuya hipótesis habrá lugar a la reclamación inter-nacional, o bien se tratará simplemente de una situaciónrelativamente frecuente, contra la cual tampoco el dere-cho interno de cualquier país ha sido capaz de ofreceruna protección más eficaz que la que se pretende obtener" internacionalizando " la reclamación. En todo caso,como en último análisis se trata de una cuestión de apre-ciación, el Estado demandado podría invocar el principiocomo una excepción de previo pronunciamiento ante eltribunal u organismo que conociera del asunto, y ésteresolverla con ese carácter. De esta manera se aseguraríala eficacia del principio, y se evitaría al propio tiempo queninguno de los Estados decidiera unilateralmente sobrela procedencia de una reclamación internacional.

170. Veamos finalmente el tercero y último de losproblemas que se mencionaron al comienzo de esta sec-ción. Según se indicó, se trata de saber si el requisito deque se agoten los recursos internos constituye un simpletrámite que se ha de llenar para poder reclamar inter-nacionalmente, o si se trata en cambio de una condiciónsine qua non de la responsabilidad internacional. En unapalabra, si el requisito tiene un carácter meramente pro-cesal o si, por el contrario, es una condición esencial a laexistencia misma de la responsabilidad. Examinemosprimeramente las fuentes judiciales.

171. En una decisión en que trató de un modo másbien indirecto la cuestión, el Tribunal Permanente deJusticia Internacional declaró que la responsabilidad deEstado a Estado surge tan pronto pueda atribuirse a unola violación de un derecho del otro; y que en estas cir-cunstancias, la denegación de justicia que resulte de unadeficiencia en la organización judicial o de la negativa areparar por medio de recursos administrativos destinadosa superar esa deficiencia, no influye en la responsabili-dad que origina el acto ilegal160. Sin embargo, en la sen-tencia que se citó más arriba (párr. 165), el Tribunalreconoció expresamente que el principio subordina " lapresentación de una reclamación internacional " a que seagoten los recursos que concede al nacional el derechointerno 161. En el caso del arbitraje de los Barcos Finlan-deses (1934), se sostuvieron substancialmente estos dosconceptos: a) la responsabilidad surge directamente delacto ilegal siempre que se trate de un acto del Estado;b) pero aun cuando este acto sea el que origina su res-ponsabilidad internacional, no habrá lugar a una recla-mación de la misma índole hasta tanto se hayan agotadolos recursos internos 162.

172. Los autores convienen casi unánimemente conestos conceptos. Eagleton, por ejemplo, dice que este prin-cipio constituye la línea divisoria entre el aspecto subs-tantivo y el aspecto procesal de la responsabilidad; queésta existe desde el momento en que se produce el actoilegal, como responsabilidad de Estado a Estado. Perocuando se trata de determinar el modo de hacer efectiva

157 Véase Apéndice 1.158 Véase Apéndice 6.isa Véase Anales de la Organización de los Estados Americanos,

Vol. I, No. 1 (1949), pág. 91.

160 Véase Publications de la C.P.J.I., Serie A/B, No. 74, pág. 28.161 Ibid., No. 76, pág. 18.162 Véase Fachiri, " The local remedies rule in the light of the

Finnish Ships Arbitration ", The British Yearbook of InternationalLaw, (1936), pág. 33.


esa responsabilidad, sólo se justifica la interposicióndiplomática cuando se haya acudido a los recursos inter-nos 163. Starke plantea el problema relacionándolo con elde la imputabilidad de la responsabilidad, y dice tambiénque el principio es una combinación de derecho, substan-tivo y procesal, cuando se le contempla desde cada ángulode la situación en que se funde la reclamación «4.

173. El problema, efectivamente, está íntimamenterelacionado con el de la imputabilidad de la responsabili-dad, pero lo que en realidad importa es determinar quéconsecuencias (internacionales) tiene admitir que laresponsabilidad de Estado a Estado existe si no puedehacerse efectiva; es decir, si no es exigible mientras no sehayan agotado los recursos internos. Y respecto de estoúltimo la opinión es unánime. El principio, por lo tanto,envuelve una condición suspensiva, procesal o substan-tiva, pero a cuyo cumplimiento está subordinado el dere-cho a reclamar internacionalmente. La responsabilidadpodrá existir o no, según los casos, pero mientras tantono supone para el Estado que la invoca más que un dere-cho expectante. La responsabilidad, pura y simple, será ono imputable, pero el deber de reparar no será exigible.Consecuentemente, en puridad jurídica la omisión de losrecursos internos podrá ser o no, según los casos, unacausa de exención de responsabilidad internacional, perosí será siempre una excepción contra el derecho a lareclamación internacional.

24. LA RENUNCIA A LA PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA:LA CLAUSULA CALVO

174. La " renuncia a la protección diplomática " tam-bién puede constituir una causa de exención de respon-sabilidad internacional, o en todo caso, una condiciónsine qua non del derecho del Estado a presentar unareclamación de esa índole. Sin embargo, aunque la abun-dante literatura que existe sobre la materia puede daruna impresión distinta, los problemas que se suscitan alrespecto no son tantos ni tan complejos como los que seplantean con motivo de la omisión de los recursos inter-nos. Para facilitar su examen, conviene tratar separada-mente las dos hipótesis posibles: a) la renuncia por elpropio Estado al derecho a la protección diplomática,cuando la haya convenido con el Estado de la residencia;y b) la renuncia por el particular extranjero de esa protec-ción, según los términos estipulados con dicho Estado(Cláusula Calvo propiamente dicha).

175. La primera hipótesis no debe lógicamente suscitarserias dificultades. Desde el siglo pasado se generalizóbastante la práctica de tratados bilaterales en que se esti-pulaba la renuncia a la protección diplomática. El pro-pósito común en todos ha sido el de limitar el ejerciciode este derecho a un número reducido de situaciones espe-cíficamente señaladas. Por lo general, los casos de dene-gación de justicia quedaban exceptuados, aunque en losdistintos tratados pueden apreciarse marcadas diferenciasen cuanto al alcance que había de atribuirse a esta expre-sión. Pero en ningún caso la renuncia llegó a ser absolutaen el sentido de afectar el derecho mismo a la protec-ción 165. En cierto sentido pudiera considerarse como una

163 Eagleton, The Responsibility of States in International Law,págs. 23 a 24, 77 y 98.

164 Starke, loe. cit., págs. 107 y 108.165 Véanse ejemplos de estos tratados en Alwyn V. Freeman,

The International Responsibility of States for Denial of Justice(New York, Longmans, 1938), págs. 490-496.

estipulación de esta índole, y en efecto lo sería si tal essu propósito, la contenida en el Artículo VII del " Pactode Bogotá " que se citó en el párr. 168. Según su texto,los Estados contratantes " se obligan " a no ejercitar enninguna forma el derecho de protección diplomática enfavor de sus nacionales, " cuando dichos nacionales hayantenido expeditos los medios para acudir " a la jurisdiccióninterna.

176. Esta práctica ha sido objeto ocasionalmente deciertas censuras. Por ejemplo, en su sesión de Neuchatel( 1900), el Institut de Droit International adoptó una reso-lución en la que recomendaba a los Estados que se abstu-vieran de insertar en los tratados " cláusulas de irrespon-sabilidad ". En su opinión, " . . . estas cláusulas son unerror en cuanto eximen a los Estados del cumplimientode su deber de proteger sus nacionales en el exterior, yde su deber de proteger a los extranjeros en su terri-torio "1 6 6 . Aparte de la cuestión relativa al supuesto" deber de protección ", realmente no hay ninguna basesólida, jurídica ni de otra índole, para negar la legiti-midad y la validez de renunciar lo que por su naturalezaes perfectamente renunciable, siempre que esta renunciano afecte el principio mismo en que descansa la protec-ción diplomática. Y ésta no es en modo alguno la situa-ción, como puede comprobarse cuando se examinan elcontenido y el alcance de las estipulaciones a que se hahecho referencia. Se trata simplemente de limitar el ejer-cicio de un derecho, no de suprimirlo. Y lo mismo ocurreen cuanto al deber del Estado de proteger a los extran-jeros en su territorio: no se le exime de este deber cuandose limita su responsabilidad internacional, sino que másbien se le define y precisa, y no tan sólo en su propiobeneficio sino también en beneficio del extranjero per-judicado por el hecho ilegal que se le impute a dichoEstado.

177. La cuestión se plantea en términos muy pareci-dos cuando la renuncia a la protección diplomática lahace el particular extranjero y también pudiera resolversecon criterios análogos, aunque en esta segunda hipótesisla resistencia a admitirla como causa de exención de res-ponsabilidad es mucho mayor. Esta oposición a la Cláu-sula Calvo, como habitualmente se le llama a esta renun-cia, obedece mayormente a la naturaleza y alcance que amenudo se atribuye a las estipulaciones de esta clase, yen general a la idea de que el extranjero no puede renun-ciar a un derecho que pertenece al Estado de su naciona-lidad. Como se verá en seguida, ninguna de estas con-sideraciones ha impedido que la práctica, inclusive en lajurisprudencia arbitral, haya reconocido validez y efica-cia a la Cláusula Calvo.

178. La Cláusula puede adoptar, y en efecto adopta enla práctica, diversas formas o modalidades. A veces con-siste simplemente en la estipulación de que el particularextranjero se dará por satisfecho con la acción de lostribunales locales. Otras, en el compromiso recíproco con-traído por aquél y el Gobierno local, para someter lascontroversias que surjan entre ambos por arbitros desig-nados por ambas partes. En ocasiones, la Cláusula con-tiene una renuncia más directa de la protección diplomá-tica, como cuando se estipula que la controversia jamásdará lugar a una demanda o reclamación internacional,o como cuando se conviene en considerar como nacionalesa las personas naturales o jurídicas extranjeras para los

166 Annuaire de l'Institut de droit international, Vol. 18, pág. 253.


efectos del contrato. En varios países se exige por dispo-sición constitucional o legislativa que los contratos cele-brados con extranjeros la contengan para que sean váli-dos. En este caso la renuncia por parte del particularextranjero a la protección diplomática reviste el carácterde una cláusula tácita, es decir, que se estima implícita entodo contrato lfl7. Pero lo que importa destacar es que,independientemente de la forma o modalidad que adopte,la Cláusula siempre se refiere a una relación jurídicacontractual, y solamente surte efecto respecto de las con-troversias que surjan con motivo de la interpretación,aplicación o ejecución del contrato 168.

179. Pese a este contenido y alcance limitados de laCláusula, en ciertas codificaciones y en la opinión de algu-nos autores, su inclusión en los contratos es, o puedellegar a ser en determinadas circunstancias, contraria alderecho internacional. En el artículo 17 del proyecto dela Investigación Harvard se dice que

" La responsabilidad del Estado no desaparece porconsecuencia... o de un convenio con un extranjero,que tienda a excluir toda responsabilidad, declarandosin recurso las decisiones de sus tribunales. La respon-sabilidad del Estado no desaparece tampoco por larenuncia de un extranjero a la protección del Estado deque sea nacional " 169.180. Freeman estima también que la Cláusula es nula

ad initio en tanto que envuelva una completa renuncia delderecho de protección diplomática, es decir, en tanto quese oponga al principio de la responsabilidad por activi-dades judiciales que importen una denegación de justi-cia 170. Recientemente se ha dicho que si el propósito essimplemente exigir que se acuda a los recursos internos,entonces la Cláusula no es más que una mera confirma-ción del principio que obliga a agotar dichos recursosantes de presentar la reclamación internacional; pero queen la medida en que se pretenda una renuncia de losderechos que tiene el Estado extranjero conforme alderecho internacional, o evadir la jurisdicción de un tri-bunal de esta clase, la Cláusula jurídicamente careceráde eficacia m .

181. Esta corriente de opinión no ha influido en lajurisprudencia internacional, la que ha admitido que laCláusula Calvo es compatible con los principios del dere-cho internacional que rigen la responsabilidad del Estado.Los ejemplos más significativos los ofrecen las decisionesdel caso North American Dredging Company (1926) yel del Mexican Union Railway, Ltd. (1930). En amboscasos la Comisión de Reclamaciones reconoció que unnacional no puede privar al Gobierno de su país de su in-discutible derecho a procurar la reparación internacionalde los daños que se le infieran. Frecuentemente el interésque tiene ese Gobierno en mantener los principios delderecho internacional es mayor que el que tiene en quese reparen los daños que ha sufrido uno de sus nacionales

167 Véanse ejemplos de estas diferentes formas o modalidades enEagleton, The Responsibility of States in International Law, págs.168-169, y en el comentario al artículo 17 de la Investigación Har-vard, en The American Journal of International Law (1929), Sup.Vol. 23, págs. 203 et seq.

168 Véase Podestá Costa, loe. cit., pág. 216.168 Véase Apéndice 9.170 Freeman, op. cit., págs. 487-490.171 Véase Lipstein, K., " The Place of the Calvo Clause in Inter-

national Law", The British Yearbook of International Law (1945),págs. 130 et seq.

en un momento dado, y evidentemente ese nacional nopuede por un contrato atar las manos de su Gobierno.Sin embargo, en ambos se admitió como válida y eficazla Cláusula, y es interesante observar el razonamiento enque se fundó mayormente la decisión. A este respecto laComisión que decidió el primero de los casos mencio-nados destacó el hecho de que

" En la medida en que la civilización ha progresado,ha aumentado el individualismo; y así el derecho delos ciudadanos a decidir sobre sus vínculos con el paísde origen.. . Admitir que, de acuerdo con las leyesexistentes de una civilización progresista e ilustrada,una persona puede emigrar, pero que fuera de ello nopuede por un contrato romper en ninguna forma losvínculos que la unen a su país, en lo que ella considerasu propio interés, ni es consistente con la realidad delintercambio internacional moderno ni con el desarrollocorrespondiente en el campo del derecho internacional,y tampoco tiende a promover la buena voluntad entrelas naciones " 172.La propia Comisión destacó asimismo que la Cláusula

Calvo puede " impedir abusos del derecho de protección,sin destruirlo; abusos que son intolerables para todanación que se respete a sí misma y que son fuentes pro-líficas de fricción internacional " 173.

182. El peso de estos razonamientos no debe subesti-marse, particularmente si los derechos que se renuncianson por su naturaleza renunciables ; esto es, en tanto noimpliquen un interés o derecho del cual el Estado puedeconsiderarse titular conforme a lo expresado a este res-pecto por las dos Comisiones de Reclamaciones. Pero fuerade estas hipótesis no hay fundamento alguno, salvo laconcepción tradicional relativa a los sujetos del derechointernacional, para negar validez a la Cláusula Calvo. Yano es posible continuar sosteniendo, como lo hacía elproyecto de la Investigación Harvard, que la respon-sabilidad se determina por " el derecho internacional opor los tratados " y excluir expresamente los " convenioscon los extranjeros " 174. Si el individuo o particular essujeto directo de ciertas obligaciones internacionales yse le reconocen derechos de la misma índole sin tener encuenta para nada su nacionalidad, es lógico que se leconsidere capaz de obligarse con un Estado extranjero enmaterias que no afectan intereses de terceros, y que loque estipule tenga validez y eficacia internacionales. Poresta razón y dentro de los límites que se han indicado,la Cláusula Calvo debe continuar surtiendo el efecto deuna excepción de incompetencia ante los organismos in-ternacionales a que recurra el Estado de la nacionalidad,o de exención de responsabilidad (internacional) frentea cualquier forma en que aquél pretenda ejercitar la pro-tección diplomática.

25. OTRAS CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES, ATENUANTES OAGRAVANTES DE REPONSABILIDAD

183. El examen pormenorizado de otras causas deexención de responsabilidad internacional o de las cir-cunstancias que pueden atenuarla o agravarla, sería de-masiado extenso y complejo, además de innecesario paralos fines primordiales del presente capítulo. Por estemotivo nos limitaremos a enumerar más bien que analizar

172 Véase Schwarzenberger, op. cit., págs. 74-75.173 Ibid., pág . 75.174 Véase Apéndice 9, articulo 2.


las que con mayor frecuencia estudia la doctrina cientí-fica o se presentan en la práctica. Esto permitirá al menoscomprobar desde ahora hasta qué punto también sejustifica en el derecho internacional la distinción entreestas causas o circunstancias que establece y regula elderecho interno.

184. Entre las "circunstancias en las cuales el Estadopuede declinar su responsabilidad " que enumeró el cues-tionario elaborado por el Comité Preparatorio de la Con-ferencia de la Haya figuraba la legítima defensa 175. Sinperjuicio de sus características propias, la fuerza mayory el estado de necesidad suscitan una situación análogacuando se trata de determinar el grado de responsabilidadque cabe imputar al Estado que invoca una de estas cir-cunstancias.

185. En la Base de Discusión que el Comité elaboróposteriormente, al admitir la no responsabilidad cuandoel Estado hubiera actuado ante una " necesidad inmediatade legítima defensa ", reconoció asimismo que " si lascircunstancias no justifican plenamente los actos que hancausado el daño, el Estado podrá ser responsable en lamedida que se determine " 1™. Por su analogía con lalegítima defensa, se puede pensar que el grado de respon-sabilidad también es susceptible de variar en los casos defuerza mayor o de estado de necesidad.

186. La hipótesis de daños causados a un Estadoextranjero o a sus nacionales durante disturbios internosocurridos en el Estado al que ha de imputarse o no laresponsabilidad, constituye tal vez la circunstancia másimportante de todas las que se mencionan en esta sección,a la par que la más compleja y discutida. En primer tér-mino, presenta características comunes con las hipótesismencionadas en el párrafo anterior, especialmente con elcaso de force majeure. En segundo lugar, al igual que enlas hipótesis de responsabilidad por actos de los simplesparticulares, el hecho únicamente imputable es la con-ducta que pueda haber observado el Estado en relacióncon el acto original (negligencia, connivencia, etc.). Eneste sentido, no hav duda de que el problema no radicasólo en la presencia de esta circunstancia, sino también enla naturaleza de ese elemento adicional aue se reauierepara que realmente surja la responsabilidad internacionaldel Estado. La situación puede presentarse todavía en otraforma: cuando los insurgentes o fuerzas revolucionariascausantes del daño loaran ocupar el poder v se conviertenen gobierno del Estado. Estos diferentes aspectos v situa-ciones posibles así como otros con aue puede presentarseel problema de los disturbios internos, indican claramenteque no puede haber un criterio único para determinar elffrado de responsabilidad imputable al Estado en estashipótesis.

187. En el cuestionario del Comité Preparatorio deConferencia de La Haya figuraban también las represa-lias, en el sentido de

" cuáles eran las condiciones que debía llenar elEstado que alegaba haber actuado en circunstanciasque justifican una política de represalias " ™.

El propio Comité, aunque reconociendo las dificultades

que se presentaban a este respecto, formuló una Base deDiscusión en los siguientes términos:

" El Estado no es responsable por daños causados aun extranjero si prueba que ha actuado en circunstan-cias que justifican el ejercicio de las represalias contrael Estado al cual pertenece ese extranjero " 1 7 8 .

Se comprende que hoy resultaría difícil admitir, comoaquí se hace, que las represalias pueden llegar a cons-tituir una causa de exención de responsabilidad. Talcomo generalmente se las concibe en la teoría y en lapráctica, importan una conducta estatal contraria a lasnormas del derecho internacional contemporáneo, espe-cialmente a ciertas disposiciones de la Carta de las Na-ciones Unidas y de otros instrumentos regionales. En elordenamiento jurídico internacional, en efecto, no seríafácil hallar " circunstancias que justifican el ejercicio delas represalias ", y sí principios y normas que condenantoda medidad de esta naturaleza.

188. El proyecto del Instituto Americano de DerechoInternacional sobre " Protección Diplomática " contemplaesta otra circunstancia:

" La República americana a la cual se dirija la recla-mación diplomática puede declinarla cuando la personapor la cual se ha hecho se ha mezclado en los asuntosde política interior o exterior, en contra del Gobiernoal cual se haga la reclamación. Puede declinarla igual-mente si el reclamante ha cometido actos de hostilidadcontra la República "1 7 9 .

La " culpa grave por parte del perjudicado ", que men-ciona Bustamante, es el género del cual aquélla es una desus especies. Según él, cuando de ella surge la respon-sabilidad, hay una compensación que se produce comoun acto de justicia y la verdadera responsabilidad estáde parte del culpable que por consecuencia de su falta haproducido un daño 180.

189. La prescripción, en su aspecto extintivo, tambiénha sido considerada como causa de exención de respon-sabilidad tanto en la teoría como en la práctica judicial.En 1925 el Institut de Droit International expresó quelas consideraciones prácticas de orden, de estabilidad yde paz, tenidas en cuenta hace tiempo por la jurispru-dencia arbitral, favorecen la aceptación del principio dela prescripción de las acciones en derecho internacio-nal 181. En el caso Sarropoulos v. Bulgaria (1927), el Tri-bunal Arbitral Mixto consideró que " la prescripción, queconstituye una parte esencial y necesaria del derechointerno, merece ser admitida en el derecho internacio-nal " 182. Si hay razones que justifiquen el reconocimientode la prescripción en general como institución del derechointernacional, no hay duda de que la que tiene efectosliberatorios desempeñaría en las relaciones internacio-nales una función de la misma importancia que en elderecho interno. Al igual que los particulares no puedenestar sujetos a obligaciones y bajo la amenaza de accionesque nunca se extinguen, tampoco el Estado puede ser in-

175 League of Nations Publications, V. Legal, 1929.V.3 (docu-mento C.75.M.69.1929.V), pág. 125.

176 Véase Apéndice 2, Base de Discusión No. 24.177 League of Nations Publications, V. Legal, 1929.V.3 (docu-

mento C.75.M.69.1929.V), pág. 128.

178 Véase Apéndice 2, infra, Base de Discusión No. 25.179 Véase Apéndice 7, artículo 6.180 Bus t aman te , Derecho Internacional Público, Vol. Ill, pág . 504.181 Véase Annuaire de l'Institut de droit international, Vol. 32,

págs . 559-560.182 Véase Schwarzenberger, op. cit., págs. 246-247. Véase tam-

bién artículo 9 del proyecto aprobado en primera lectura por laComisión III de la Conferencia de La Haya, Apéndice 3, infra.

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definidamente responsable ni amenazado por una recla-mación internacional que jamás prescriba.

190. Finalmente, el no reconocimiento de Estados ode Gobiernos, y por analogía la ruptura y la suspensiónde las relaciones diplomáticas, también se mencionanentre las causas que pueden eximir de responsabilidad 183.En general, en cualquiera de estas situaciones lo quedomina es el factor político. Consiguientemente, cualquiersolución jurídica que se ensaye corre el riesgo de carecerde eficacia práctica. De todos modos, objetivamente noparece que pueda eximirse de responsabilidad a un Estadopor el simple hecho de que él o su Gobierno no hayan sidoreconocidos por el Estado reclamante, o que tenga conéste rotas o interrumpidas sus relaciones diplomáticas.Si el reconocimiento tiene un carácter o efecto declara-tivo, la exención de responsabilidad no puede fundarse enla falta de personalidad internacional y, por tanto, en lacapacidad para ser sujeto de las obligaciones que elderecho internacional impone al Estado o al Gobierno.Y en el caso de ruptura o suspensión de relaciones diplo-máticas, por razones obvias, ni siauiera se presenta esteproblema Lo que sí puede presentarse, naturalmente, sondificultades para hacer efectiva la responsabilidad, puestoque para ello pudiera resultar necesario el reconocimientoprevio, o ser éste la consecuencia de la reclamación. Peroen todo caso éstos no son más que aspectos formales de lacuestión, que no afectarán la asencia misma de la res-üonsabilidad si el hecho inmutable constituve en sí unaviolación o inobservancia de una obligación internacional.

191. De todo lo anterior se desprende que en el dere-cho internacional es posible distinguir las causas deexención de responsabilidad propiamente dichas, de otrasa las que puede reconocerse el carácter de circunstanciasatenuantes o agravantes. En la jurisprudencia arbitralexisten numerosos elementos que indican que la distinciónes efectivamente posible. El simple hecho de que se exijaen ciertas hipótesis de responsabilidad, negligencia, con-nivencia o cualquier otra forma de expresión de la volun-tad para que se la pueda imputar al Estado, presuponenecesariamente la determinación de si ha habido culpao dolo. Consiguientemente, la llamada " responsabilidadobjetiva" sólo cabría en las hipótesis donde no se acusala presencia de estos elementos, de suerte que en ellas noprocedería hacer la distinción: esto es, en estas hipótesisla responsabilidad existe o no existe, es absoluta o nohay responsabilidad. Pero aun dentro de dichas hipótesistodavía la situación no parece enteramente definida.Supóngase, por ejemplo, que la actuación de un órganodel Estado, por la cual se imputa a éste la responsabili-dad, haya sido la consecuencia de la presión de factoresexternos, v que havan sido éstos los que realmente havandeterminado o condicionado su conducta. ¿ La responsa-bilidad sería la misma que si hubiera tenido la oportuni-dad de actuar conforme a su libre voluntad ?

CAPITULO VIII

La reparación : su naturaleza, función y extensión

192. Al examinar la naturaleza jurídica de la respon-sabilidad internacional vimos que en la teoría y la prác-tica internacionales se la identificaba con el " deber dereparar " los daños causados : que la responsabilidad erael deber de reparar emergente de la violación o inobser-

vancia de una obligación internacional. Ahora bien,cuando se examina el contenido de este deber, es decir,la naturaleza y extensión de la reparación, se tropiezacon problemas y dificultades de una complejidad excep-cional. En efecto, tal vez en ningún otro aspecto de lainstitución de la responsabilidad haya mayor incerti-dumbre, y ello obedece a la diversidad de situaciones quese han presentado en la práctica, a la falta de uniformi-dad en las soluciones que se le han dado y a las diferentesinterpretaciones de que han sido objeto las segundas.

193. En primer término, la reparación adopta dosformas distintas: la reparación propiamente dicha y la" satisfacción ". La primera puede a su vez revestir elcarácter de una pura y simple restitución o el de unaindemnización de daños y perjuicios, o presentar simul-táneamente ambos caracteres. La satisfacción, por suparte, puede tener un contenido propio e independientede la reparación stricto sensu, pero puede también apa- ipa-recer vinculada a ella o efectuarse mediante alguna de susdos modalidades características. Además, independiente-mente de la forma específica que adopte la reparación, seplantea siempre un problema de fondo, relativo a la fina-lidad o propósito a que responde, en general o en unahipótesis concreta de responsabilidad. En este sentido,por consiguiente, aparte de la naturaleza formal de lareparación, habrá que examinar la función que a travésde ella desempeña el derecho internacional.

194. Finalmente, en relación con lo anterior habráque examinar los criterios aplicables para determinar lanaturaleza y extensión de la reparación. A este respecto,los problemas y dificultades se derivan mayormente delas nociones y principios tradicionales de que arrancanlos criterios prevalecientes. En puridad jurídica, la natu-raleza y extensión de la reparación debieran determinarseconforme a los daños ocasionados y a la gravedad delhecho que ha originado la responsabilidad, así como alpropósito o finalidad a que responde, y el monto de lareclamación debería ser fijado por el verdadero titulardel interés o derecho lesionado o, en todo caso, de con-formidad con el daño causado a la víctima o a sus cau-sahabientes. Como se verá oportunamente, en la teoría y lapráctica tradicionales han prevalecido otros criterios.

26. LAS FORMAS DE REPARACIÓN

195. En el cuestionario que elaboró el Comité Prepa-ratorio de la Conferencia de La Haya, figuraba la " repa-ración por el daño causado " 184. Teniendo en cuenta quelas respuestas de los gobiernos diferían mucho al res-pecto, el Comité estimó que el mejor método de conciliarlas distintas opiniones era el de formular simplementeciertos principios generales. Con este criterio redactó laBase de Discusión No. 29, que se transcribe a continua-ción:

" La responsabilidad supone para el Estado la obli-gación de reparar (to make good) los daños sufridos ridosen cuanto se presenten como la consecuencia de la in-observancia de una obligación internacional. Puedesuponer, además, si procediere según las circunstanciasy conforme a los principios generales del derecho inter-nacional, la obligación de dar satisfacción al Estadoque ha sido lesionado en la persona de sus nacionales,bajo la forma de una excusa presentada con la solem-

183 Véase Bustamante, op. cit., Vol. I l l , págs. 503-504.

184 League of Nations Publications, V. Legal, 1929.V.3 (docu-mento C.75.M.69.1929.V), pág. 146.


nidad apropiada y, en los casos que corresponda, porel castigo de los culpables.

" La reparación puede comprender, si hay lugar aello, una indemnización a las personas lesionadas porlos sufrimientos morales que se les ha ocasionado.

" Cuando la responsabilidad del Estado resulte sola-mente del hecho de no haber tomado las medidas nece-sarias después del acto lesivo, sólo está obligado areparar el daño que se deba a la omisión, total o par-cial, de esas medidas.

" En principio, la indemnización que se conceda debeponerse a la disposición del Estado lesionado "1 8 5 .196. Como puede advertirse, la Base de discusión del

Comité Preparatorio contemplaba las dos formas de repa-ración a que se ha hecho referencia: la "obligación dereparar los daños sufridos ", esto es, la reparación pro-piamente dicha; y la satisfacción, es decir, la " obligaciónde dar satisfacción al Estado que ha sido lesionado . . . " .Tanto la práctica diplomática como la jurisprudencia in-ternacional permiten distinguir, en efecto, estas dos formasde la reparación.

197. En cuanto a la primera (reparación stricto sen-su), la práctica internacional permite también distinguirentre "restitución" {restitutio in integrum) y "dañosy perjuicios" (dommages et intérêts, en francés; pecu-niary damages, en inglés). En ambos casos la reparaciónse hace fundamentalmente con miras al daño materialque se ha producido, de suerte que la procedencia de cadauna de estas modalidades dependerá necesariamente deelementos y consideraciones de diferente carácter. Entérminos generales, la restitución consiste en el restable-cimiento del estado de cosas existente en el momento enque se produjo el hecho que ocasionó el daño. Asimismo,los daños y perjuicios proceden cuando la restitución noes posible, o cuando no es suficiente para reparar el dañoadecuadamente.

198. Estas dos modalidades de la reparación strictosensu han sido formalmente reconocidas en la jurispru-dencia. En la decisión del caso de la Fábrica Chorzow,el Tribunal Permanente de Justicia Internacional declaró:

" El principio esencial contenido en la noción actualde un hecho ilegal — principio que parecen haberloestablecido la práctica internacional y, en particular,las decisiones de los tribunales arbitrales — es el deque la reparación debe borrar, en la medida de loposible, todas las consecuencias del acto ilegal, y res-tablecer la situación que con toda probabilidad hubieraexistido si no se hubiere cometido el acto. La restitu-ción en especie o, si esto no fuera posible, el pago deuna suma correspondiente al valor que tendría la res-titución en especie; de ser necesario, el pago de dañosy perjuicios por las pérdidas sufridas que no quedarancubiertas por la restitución en especie o, en su defecto,por el pago; tales son los principios que debían servirpara determinar la cuantía de la compensación queprocede por un acto contrario al derecho internacio-nal "1 8 6 .

A veces los instrumentos que crean los tribunales ycomisiones de reclamaciones prevén estas modalidadesde la reparación, como ocurre en el Artículo IX de laConvención de 8 de septiembre de 1923, que creó laComisión General de Reclamaciones entre los EstadosUnidos y México 187.

199. La satisfacción, en cambio, se hace más biencon miras al daño moral o inmaterial, o a las consecuen-cias de esta índole que haya podido producir que el hechoorigina la responsabilidad. Por esta razón, generalmentese efectúa mediante excusas y satisfacciones de carácterdiplomático, la destitución o el castigo del funcionarioautor del daño, la anulación del acto que lo haya ocasio-nado, etc. Pero a veces consiste en el pago de una indem-nización pecuniaria, que se impone, no a título de repa-ración del daño material, sino como satisfacción o excusaadicional por el hecho ilegal que se ha cometido. Lasatisfacción por lo tanto, puede presentarse como unaforma especial o independiente de la reparación strictosensu, pero también vinculada a ella o efectuarse mediantealguna de sus modalidades características. La prácticainternacional, especialmente la práctica diplomática,ofrecen numerosos ejemplos de cualquiera de estas espe-cies de satisfacción 188.

200. Ahora bien, independientemente de la forma queadopta la reparación, ¿ cuál es el propósito o finalidad aque responde la institución ? Cuando se trata de un casode reparación stricto sensu, ya sea de restitución o dedaños y perjuicios, no hay lugar, verdaderamente, a seriasdudas: la reparación parece obedecer, pura y simple-mente, a una idea de reintegración o de compensaciónpor el daño material que se ha causado. Pero, en cambio,cuando se trata de un caso de satisfacción, cualquieraque sea la forma específica en que se efectúe, el problemano es tan sencillo. En efecto, cuando la reparación revistela forma de " satisfacción ", y se impone a este título unaexcusa diplomática, la destitución o el castigo de un fun-cionario o el pago de una indemnización pecuniaria, lamedida no obedece, ni siquiera en esta última hipótesis,al propósito de reparar el daño material, o al menos noobedece a esta sola finalidad. Como se señaló más arriba,el fundamento de la reparación en estos casos radica másbien en el daño moral o inmaterial, o en las consecuenciasde esta índole que haya traído consigo el hecho que ori-ginó la responsabilidad. Las medidas de reparación queimpuso a Grecia la Conferencia de Embajadores en elAffaire de Janina y a los Estados Unidos la Comisiónque decidió el caso del I'm Alone y, en general, los demásejemplos a que se aludió en el párrafo anterior, indicanclaramente un propósito o finalidad distinto al que tieneuna reparación propiamente dicha.

27. FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN:LA REPARACIÓN DE CARÁCTER PENAL

201. La posibilidad de que la reparación no siempreresponda a la idea pura y simple de reintegrar las cosasal statu quo ante o de compensar por los daños y per-

185 Véase Apéndice 2. El texto reproduce substancialmente laparte correspondiente del proyecto del Institut de droit interna-tional, véase Apéndice 8, artículos 10 y 11.

188 Publications de la C.P.J.I., Series A., No. 17, pág. 47. ElTribunal Permanente de Arbitraje en el Caso de las ReclamacionesNavieras Noruegas (1922), declaró que la "compensación justaimplica una completa restitución del statu quo ante". VéaseSchwarzenberger, op. cit., pág. 248.

187 " En cualquier caso la Comisión puede decidir que el DerechoInternacional, la justicia y la equidad requieren que una propiedado un derecho sea restituido al reclamante, además de la cantidadque se le adjudique en cualquiera de tales casos por toda la pér-dida o daño sufrido antes de la restitución."

188 Véase Jean Personnaz, La Réparation du Préjudice en DroitInternational Public (Paris, 1938), págs. 293 y 306; y Reitzer,op. cit., págs. 210 et seq.


juicios ocasionados, ha dado lugar a que se piense que enla práctica internacional se ha introducido la noción delas " sanciones penales " (punitive, vindictive o exem-plary damages, en el derecho angloamericano). A esterespecto es interesante advertir que el propio Anzilottiadmitía que en todas las formas de la reparación " seencuentra un elemento de satisfacción y un elemento dereparación: la idea del castigo del acto y la de la repa-ración del daño sufrido, lo que varía es más bien laproporción entre ambos elementos "1 8 9 . Pero con poste-rioridad, algunos autores han concebido las " sancionespenales ", esto es, la reparación de carácter penal, comouna noción distinta e independiente de la reparaciónentendida en su sentido lato. Para Eagleton,

" Aunque es cierto que han sido pocos los tribunalesarbitrales que han impuesto sanciones penales (punitivedamages), debe observarse que, de otra parte, ningunoha llegado a negar que el derecho internacional no per-mite hacerlo. Cuando explícitamente han rehusado im-poner daños de esta clase, ha sido por razones distintasde su ilegalidad, tal como la de que la comisión estabaimpedida de hacerlo por el tratado que la creó " 1 9 0 .

202. Recientemente, se ha generalizado una corriente,de opinión en el mismo sentido. Personnaz, compartiendouna opinión de Basdevant, destaca la naturaleza penal devarios casos de satisfacción y el carácter de verdaderasamendés pecaniarias que reviste la reparación en algunasdecisiones. Reitzer observa que en las relaciones diplomá-ticas las reparaciones de este tipo son muy frecuentes, yque en la jurisprudencia esporádicamente también se haproducido el mismo fenómeno en forma de indemniza-ciones de carácter punitivo. Y en opinión de Briggs, esinnegable que muchas decisiones contienen un marcadoelemento penal, y que esto es particularmente cierto enlos casos de responsabilidad por falta del arresto, procesoo castigo del culpable del daño inferido a un extran-jero 191.

203. Es indudable que esta corriente de opinión con-trasta con ciertas declaraciones de algunos tribunales ycomisiones arbitrales. Una muy conocida es la que for-muló la Comisión Mixta de Reclamaciones que decidiólos casos del Lusitania. Después de examinar específica-mente la cuestión, el Umpire Parker declaró que ningunode los antecedentes que se habían invocado demostrabanque los tribunales arbitrales internacionales en materiade reparaciones pecuniarias " habían impuesto daños decarácter exemplary, vindictive o punitive a una naciónsoberana en favor de otra que había presentado una re-clamación en favor de sus nacionales " 192. Y agregó que," En nuestra opinión, los términos exemplary, vindictivey punitive aplicados a la reparación {damages) son in-apropiados. El concepto fundamental de damages es satis-facción, reparación por una pérdida sufrida; la compen-

189 Anzilot t i , op. cit., pág . 464.190 Véase Eagleton, " Measure of Damages in International Law ",

Yale Law Journal (1929-1930), Vol. 39, págs. 61-62.191 Véase Personnaz, op. cit., págs. 312 y 327-329; Reitzer, op.

cit., págs. 210-212 ; Briggs, op. cit., pág. 745 ; véase del mismo autor," The Punit ive Nature of Damages in International Law and StateResponsability for Fai lure to Apprenhend, Prosecute or P u n i s h " ,en Essays in Political Science in Honor of W. W. Willoughby(1937), págs. 339-353.

192 Véase Mixed Claims Commission, United States and Ger-many, Consolidated Edition of Decisions and Opinions to June 30,1925, pág. 27.

sación judicialmente determinable por un daño " 193.204. Whiteman interpreta la jurisprudencia arbitral

en el mismo sentido. Para ella," . . . no hay duda de que los tribunales internacio-

nales han rehusado, eo nomine, tomar decisiones contralos Estados en forma de castigo. Cuando a un Estadose le declara responsable por un tribunal internacionalo por procedimientos diplomáticos, al hecho ilegal nose le denomina delito, sino meramente una delincuen-cia internacional que da lugar al pago de una compen-sación (compensatory damages) " 194.205. Ciertamente, el problema que se plantea con

motivo de la naturaleza jurídica de la reparación en loscasos de referencia, es bastante complejo y muy difícil deresolver conforme a la concepción tradicional de la res-ponsabilidad y, en particular, de la función que desem-peñan las medidas de reparación. En efecto, no bastadeterminar simplemente si la práctica internacional, ladiplomática, la judicial o ambas, ha admitido la nociónde las " sanciones penales " ; es decir, la de una repara-ción que tiene ese carácter y que obedece a un propó-sito de la misma índole. Esto es sólo un aspecto del pro-blema y no es siguiera el que mayores dificultades pre-senta, pues realmente los elementos que ofrece la prác-tica parecen ser suficientes para demostrar la existenciade una reparación que tiene una función punitiva y queconsecuentemente reviste este carácter. Es más bien otroaspecto el que realmente se nos plantea en la actualidad:esto es, el de si se debe o no continuar concibiendo estaclase de reparación en el sentido de una sanción o castigodirecta o indirectamente aplicable al Estado.

206. Este es, en efecto, el aspecto del problema queverdaderamente debe preocuparnos en el estado actualdel desarrollo del derecho internacional. Según vimos alexaminar la naturaleza jurídica de la responsabilidadinternacional, en la actualidad la responsabilidad decarácter penal constituye ya una noción lo suficientementedefinida para que pueda distinguírsela de la responsabili-dad que sólo importa un deber de reparar puro y simple(capítulo III). Hemos visto asimismo, al examinar elproblema de su imputabilidad, que ésta dependía delsujeto de la obligación internacional cuya violación o in-observancia originaba la responsabilidad (capítulo IV).A reserva de tratar en la sección siguiente el aspecto rela-tivo al sujeto pasivo de la responsabilidad, que hoy puedeafectar igualmente la naturaleza y función de la repara-ción, limitémonos por el momento a distinguir las san-ciones penales aplicables directamente al individuo, con-forme a la doctrina dominante en cuanto a la imputabili-dad de la responsabilidad internacional.

207. La nueva corriente de opinión que expusimos másarriba interpreta los antecedentes que ofrece la prác-tica en el sentido de " sanciones penales " (punitivedamages) impuestas al Estado como tal, y efectivamenteasí ha ocurrido en la realidad, aunque a veces la sanciónse haya materializado a través del castigo del individuoautor del daño. Ahora bien, ésta ha sido precisamente larazón por la cual se han expresado serias dudas en elpasado para admitir el carácter y propósitos " punitivos "de una reparación que se impone directamente al Estado.Maúrtua, por ejemplo, reconocía que en " la práctica los

193 Ibid., pág. 25.194 Véase Marjorie M. Whiteman, Damages in International Law

(U.S. Government Printing Office, 1937), Vol. I, pág. 717.


Estados han exigido satisfacciones o reparaciones puni-tivas a las que otros Estados se han visto en la necesidadde inclinarse ", y que " no faltan casos, también, en quetribunales arbitrales han impuesto indemnizaciones quepor su desproporción con los daños materiales llevaninvívita la idea de una represión ". Y concluía observandoque "Mas lo cierto es que no hay en el Derecho Inter-nacional la posibilidad de infligir castigos o penas en elsentido en que se entendían estas medidas en el DerechoPenal antiguo " 1 9 5 . Whiteman expresa la misma opiniónen forma más explícita. Para ella, en los casos en que " elacto ilegal original fué cometido por un funcionario delgobierno demandado, los que han tenido que decidir lareclamación pueden pensar que al pueblo de un Estadoen su conjunto no debe imponérsele la reparación adicio-nal por un acto de uno o varios funcionarios, del cualno tuvo conocimiento ni intención delictuosa " 196.

208. Sin embargo, la situación que ha motivado lasdudas que se han tenido en el pasado variaría notable-mente si, fundándonos en la noción de la responsabilidadinternacional penal del individuo, concebimos la repara-ción de este carácter y propósito en términos de una penao castigo impuesto directamente al culpable del hecho.A este respecto Lauterpacht ha dicho que hay casos enque mientras para el Estado puede no haber más que unaresponsabilidad civil (tortious), para la persona o elórgano puede existir una responsabilidad internacionalpenal. Y agrega:

" Un juez con una mentalidad corrompida o cri-minal, que ha dictado contra un extranjero, medianteuna deliberada o negligente mala administración dejusticia, una sentencia injusta de muerte o de encarce-lamiento; un funcionario que ha permitido la fugadel asesino de un extranjero; o un militar quien alser llamado a dar protección a un extranjero contrala furia de una turba se une al asesinato; son personasque, conforme al principio enunciado, pueden ser con-sideradas como transgresores no sólo de la ley de supaís, sino también de una norma de derecho interna-cional aplicable a ellas " 197.Naturalmente, la cuestión general de si el Estado, como

tal, puede o debe ser objeto de sanciones penales que-daría reservada ™.

209. En cuanto a las hipótesis de responsabilidad in-ternacional a que se contrae esta codificación, medianteesta nueva concepción se atendería ante todo a la repug-nancia, sobradamente justificada, con que se ha visto laidea de hacer aparecer como objeto de medidas punitivasa toda una colectividad nacional enteramente ajena alhecho punible. Pero desde otro punto de vista, la impo-sición del castigo del individuo culpable no sería en símisma incompatible ni contraria a la concepción tradi-cional, que la ha admitido como uno de los elementosde la " satisfacción ". En este sentido, la innovación seríamás de forma que de fondo. Además, y este aspecto pareceser decisivo, se conformaría perfectamente a la prácticade los convenios internacionales que definen y regulan larepresión de los llamados delicia juris gentium, en loscuales el Estado se compromete a castigar a sus propios

195 Véase M a ú r t u a , loe. cit., pág . 574.196 W h i t e m a n , op. cit., pág. 717.197 Lauterpacht , International Law and Human Rights (New

York, 1950), pág. 42.198 Véase capítulo IV, sección 12.

nacionales; así como a la que ha inaugurado la Conven-ción para la Prevención y la Sanción del Delito de Geno-cidio, en relación con los " delitos contra la paz y la segu-ridad de la humanidad ". Consecuentemente, en rigorsólo una objeción cabría oponer a la sugestión de Lauter-pacht; la de que supone una invasión en asuntos quecaen bajo la jurisdicción interna y exclusiva del Estado.Para atender a esta nueva objeción, tan justificada comola que se ha venido oponiendo a la idea de aplicarlemedidas punitivas al Estado, pudiera señalarse comocondición la de que el hecho " punible " tuviera tambiéneste carácter de acuerdo con el derecho internacional.En realidad, una vez admitida la noción de la responsa-bilidad internacional penal del individuo, no cabría negarla procedencia de exigir o de imponer el castigo de losculpables de hechos ilegales que originan la responsabili-dad civil del Estado, si dichos hechos revisten el carácterde verdaderos delitos internacionales.

28. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA NATURALEZA YEXTENSION DE LA REPARACIÓN

210. En las dos secciones anteriores se han examinadolas diferentes formas que puede adoptar la reparación enla práctica internacional, así como la función que desem-peña en las distintas hipótesis de responsabilidad. Ahoracorresponde examinar la institución desde el punto devista de los criterios conforme a los cuales se determinala naturaleza y extensión de la reparación que procedecuando sea imputable la responsabilidad internacional.

211. Veamos primeramente cómo se determina, engeneral, la forma o tipo de reparación que ha de exigirseo imponerse a un Estado cuando le sea imputable dicharesponsabilidad. Lógicamente, la reparación debía con-formarse a la naturaleza de la obligación de que se trate;esto es, a la gravedad del hecho ilegal, y en su caso a lade los daños que haya ocasionado su violación o inobser-vancia. La práctica, sin embargo, no parece estar siempreinspirada en estos criterios. En las relaciones internacio-nales, los factores políticos y morales tienen una impor-tancia especial, y generalmente pesan más que las con-sideraciones e intereses económicos o de cualquiera otraíndole. Se observa a menudo, en efecto, que estos últimosjuegan un papel secundario, en cierto sentido subordinadoal elemento político y moral, representado por el " honory la dignidad del Estado " que " ha sufrido el daño ",directamente o a través de uno de sus nacionales. Enocasiones la importancia de este factor es tal, que sinexistir siquiera daños materiales, se considera procedentela reclamación. A veces, como ocurrió en el caso del VmAlone, se impone una satisfacción de índole pecuniaria,aparte de la indemnización propiamente dicha por eldaño (wrong) inferido al Estado 199.

212. Cuando se trata de daños sufridos por los parti-culares también se ha enunciado un criterio un tantopeculiar. Expresando la opinión dominante en la prác-tica internacional, el antiguo Tribunal Permanente deJusticia Internacional declaró que

" . . . La reparación que deba un Estado a otro nocambia de naturaleza por el hecho de que adopte laforma de una indemnización cuya cuantía se fija enproporción al daño sufrido por un particular. Las

loo Véase Informe Final Conjunto sobre el caso del Vm Alone,en Whiteman, op. cit., págs. 150-151; véanse también Anzilotti,op. cit., pág. 457, y Personnaz, op. cit., pág. 276.


reglas jurídicas que rigen la reparación, son las reglasdel derecho internacional vigentes entre los dos Estadosen cuestión, y no el derecho que regula las relacionesentre el Estado que hubiere cometido el hecho ilegaly el particular que hubiese sufrido el daño. Los dere-chos o intereses cuya violación causa un daño a unparticular, se hallan siempre en diferente plano que losderechos del Estado que pueden igualmente ser lesio-nados por el mismo acto. Por consiguiente, el dañosufrido por un particular no será nunca idéntico ensubstancia al que se acosione al Estado, pero puedeproporcionar una medida apropiada de la reparacióndebida al Estado " 200.

Como puede advertirse, este sistema o criterio para cal-cular y fijar la reparación, concibe siempre a esta últimacomo una " reparación debida al Estado ", no al indivi-duo o particular que realmente ha sufrido el daño; estocoincide con la idea, expresada por el propio Tribunal,en el sentido de que, al hacerse cargo del caso de uno desus nacionales, "el Estado en realidad hace valer supropio derecho ". La artificialidad de este criterio es evi-dente.

213. Otra inconsecuencia que también se observa enla práctica tradicional, y que ha sido severamente criti-cada por la doctrina científica, radica en calcular y fijarla reparación, no por el hecho que directamente causó eldaño o por su naturaleza o gravedad, sino por el acto uomisión que pueda imputarse al Estado, es decir, por elhecho ilegal que directamente origina la responsabilidadinternacional. Aunque en la realidad generalmente no sesigue este criterio, es el que en rigor procedería aplicarsi se tiene en cuenta que, conforme a la concepción tradi-cional, al Estado sólo le son internacionalmente imputablessus propios actos u omisiones. En este razonamiento sefundó precisamente la Comisión que decidió el casoJanes, en el que se consideró que la " delincuencia inter-nacional ", por la cual se impuso como reparación el pagode una indemnización de 12.000 dólares, no radicaba enel hecho delictuoso original, sino en el incumplimientopor parte del gobierno " de su deber de procesar con ladebida diligencia al delincuente y de imponerle el castigoadecuado " 2M.

214. Al comentar esta decisión, Eagleton ha observadoque, aparte de la dificultad de calcular la reparación coneste criterio, se le reduciría a una cuantía irrisoria. Des-pués de indicar que en la práctica a la responsabilidad sele determina por el acto u omisión del Estado, mientrasque a la reparación se le fija por el daño causado por elindividuo u órgano, propone que se admita la idea deconsiderar al Estado responsable por daños a los extran-jeros, quienquiera que sea el que los ocasione y desde elmomento en que se produzcan202. Brierly, por su parte,al criticar esta incongruencia de la concepción tradicional,sostiene que el propósito que realmente inspira a esasdecisiones es el de imponer una reparación a título desanción penal, y que si no conviniera admitirlo explícita-mente, tampoco sería justo ni práctico excluirlo 203. Dunn,sin embargo, que no es partidario de " sancionar penal-mente la conducta ilegal del Estado ", prefiere examinar

*»» V é a s e Publications de la C.P.J.I., Se r i e A , N o . 17, p á g . 28 .201 Véase United States-Mexican Claims Commission of 1923,

Opinions of Commissioners (1927) ; Vol. I , pág . 108.202 Véase Eagle ton , loe. cit., pág . 57.203 Véase Brierly, loe. cit., pág . 49.

el problema como una cuestión de risk-allocation, es decir,si el incumplimiento del deber del Estado de castigar aldelincuente es de tal carácter que, de generalizarse,crearía condiciones desfavorables al desenvolvimientonormal de las relaciones internacionales, se admitiría laresponsabilidad para los efectos de determinar la repa-ración 204.

215. Tal como la examinan los autores a que se acabade hacer referencia, la cuestión presenta estos dos aspec-tos: el carácter punitivo que puede atribuirse a la repa-ración impuesta en el caso aludido o en otros similares, yel criterio que ha de observarse para calcular y fijar losdaños ocasionados a un particular extranjero o a suscausahabientes, independientemente del carácter con quese impone la reparación. El primer aspecto de la cues-tión ya lo examinamos en el número anterior, y no esnecesario volver sobre las observaciones que se hicieronentonces. En cuanto al segundo, es cierto que en la prác-tica general el criterio que en realidad se sigue es el decalcular y fijar la reparación (stricto sensu) de acuerdocon el daño sufrido, más bien que por el acto u omisióndel Estado que directamente originó su responsabilidadinternacional. Ahora bien, por otra parte, es igualmentecierto que esta práctica no es consecuente con la idea deque al Estado sólo le son imputables sus propios actos uomisiones. Por consiguiente, parece ser un corolario in-eludible de esta idea — que es fundamental dentro delconcepto de la responsabilidad internacional —- el de quela reparación, cualquiera que sea su índole, sólo puedaexigirse por concepto de los daños que hubiesen resultadode tales actos u omisiones. Naturalmente que, partiendode esta base, sería muy difícil calcular y fijar la repara-ción en las hipótesis en que, como a la que se viene alu-diendo, el daño ha resultado de un hecho y la respon-sabilidad del Estado de otro, cuya vinculación con elprimero no implica necesariamente que ha habido negli-gencia culpable, connivencia o complicidad manifiestas,de parte de los órganos del Estado. Y si no ha habidoni una ni otra cosa, ¿ como concebir el deber del Estadode reparar daños resultantes de un hecho que no ha come-tido ? Por tanto, habrá que empezar por determinar sila conducta del Estado (el acto u omisión que le searealmente imputable), importa una verdadera y genuinacomplicidad con el hecho punible. Solamente en el casoafirmativo cabrá considerarla para los efectos de la res-ponsabilidad internacional. Como se ve, en realidad setrata más bien del problema que se plantea en la hipótesisde responsabilidad por actos de los particulares (y de losfuncionarios que actúen con este carácter), que de unproblema de reparación.

216. Veamos finalmente otra cuestión que sí caedentro de la materia objeto de este capítulo. Como coro-lario de las nociones y principios que se vienen exami-nando, particularmente el de que la reparación se refierea un interés o derecho lesionado cuyo titular es siempreel Estado, en la concepción tradicional es también a esteúltimo a quien se reconoce el derecho a determinarla ofijarla, y no al particular que ha sufrido directamente eldaño o a sus causahabientes. Como declaró el TribunalPermanente en la sentencia citada más arriba, el dañosufrido por un particular sólo " puede proporcionar unamedida apropiada de la reparación debida al Estado ".

204 Dunn, The Protection of Nationals (Baltimore, 1932), pág.187.


De este modo, el Estado responsable podrá indemnizar alas personas perjudicadas o hacerlo mediante el Estadode la nacionalidad, según lo convenga o lo decida el Tri-bunal u organismo internacional que conozca de la recla-mación, pero en ambos casos " el individuo no adquierederecho alguno sobre la suma que se le destina, sino envirtud de la asignación que se le haga en su beneficio " 205.

217. No es difícil advertir la situación precaria en quequedan los particulares como resultado de este otro cri-terio. Por analogía con la protección diplomática, que sela concibe como un simple derecho del Estado, este cri-terio o sistema para determinar y fijar la reparación laconvierte, desde el punto de vista de las víctimas reales deldaño o de sus verdaderos beneficiarios, en una mera con-cesión. En este sentido, el sistema es incompatible con lanoción de que, en las hipótesis de „ responsabilidad pordaños causados a la persona o bienes de los extranjeros",el particular y no el Estado (excepto cuando exista ade-más una lesión a su "interés general"), es el verdaderosujeto titular del interés o derecho lesionado. Si estanoción pudo tomarse como fundamento para reconocerlecapacidad procesal internacional en los casos que se indi-caron en el capítulo V, con mayor razón nos per-mitirá ahora reconocerle el derecho' a determinar y fijarla reparación de los daños que haya sufrido. En realidad,se trata de un derecho implícito en su capacidad parapresentar en su propio nombre la reclamación de que setrate. Por lo demás, debe observarse que tampoco ahorase estaría haciendo una innovación radical en la prácticainternacional. En el Tribunal Arbitral para la Alta Silesia,aue creó la Convención ffermano-nolaca de 15 de mavo de1922, ésta ere efectivamente la situación. Los particularesdemandantes estaban autorizados a determinar la natura-leza o extensión de la reparación que consideraban ade-cuada a los daños que alegaban haber sufrido 206.

218. Pero aparte de la artificialidad e injusticia intrín-secas del sistema, y de su manifiesta incompatibilidad conla noción de que en las hipótesis indicadas el particulares el verdadero titular del interés o derecho lesionado,el sistema en sí es inconsecuente aun dentro de la propiaconcepción tradicional. En efecto, ¿ cómo se conforma alprincipio de que la reclamación internacional (y, consi-guientemente, la reparación de la misma índole), no pro-cede mientras no se hayan acotado los recursos internos,en los cuales el particular interesado es el único que inter-viene ? A esto pudiera contestarse diciendo que entre lareclamación interna y la internacional no hay identidadalguna, porgue el derecho aue tiene v ejerce el particularen la primera no es el mismo que tiene y ejerce el Estadoen la segunda. En una palabra, que la reclamación inter-nacional es una reclamación enteramente nueva y diferentede la que pudo haberse entablado por vía de los recursosinternos. Sin embargo en el canítulo aue sieue se veráhasta crué punto es ésta la verdadera naturaleza iurídicade las reclamaciones internacionales.

CAPITULO IX

Las reclamaciones internacionales; métodos yprocedimientos de arreglo

219. La responsabilidad y la reparación que proceda

205 Véase Anzilotti , op. cit., pág. 461. Según la Base de Discusióndel Comité Prepara to r io de la Conferencia de La Haya que setranscr ib ió en el párr . 195, " En principio, la indemnización que seconceda debe ponerse a la disposición del Estado l e s ionado" .

206 Véase Kaeckenbeeck, op. cit., págs. 55-56 y 503-504.

por el daño causado con motivo de un acto u omisiónilegal se hacen efectivas mediante las " reclamaciones in-ternacionales ". Conforme a la concepción tradicional,aun cuando se trate de reclamaciones que tienen su origenen otra anterior de carácter interno y, en este sentido,sean en realidad una continuación de ella, se las consi-dera como reclamaciones enteramente nuevas y diferen-tes. La artificialidad de esta concepción ha creado nece-sariamente dificultades técnicas y políticas que convendríasuperar en la futura codificación de esta parte tan impor-tante del tema de la responsabilidad.

220. De estas dificultades, las mayores son las que serelacionan con el ejercicio directo de la protección diplo-mática. Las reclamaciones que se han presentado por estemedio, se han traducido a menudo en intervenciones dedistinta índole en los asuntos internos o externos delEstado demandado. Para contrarrestar el peligro inhe-rente al ejercicio directo de la protección diplomática seha recurrido a dos principios fundamentales del derechointernacional contemporáneo: el que condena toda ame-naza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales,y el que obliga a los Estados a someter todas las contro-versias que surjan entre ellos a los métodos y procedi-mientos de arreglo pacífico. Consiguientemente, el objetoprimordial de este capítulo será el examen de estos mediosde arreglo en cuanto han sido aplicados o son aplicablesa las controversias que versen sobre hipótesis de respon-sabilidad. Pero antes es necesario examinar la naturalezajurídica de las reclamaciones internacionales y los dosprincipios a que se acaba de hacer referencia, también encuanto han sido aplicados o son aplicables a este respecto.

29 . EL " CARÁCTER PUBLICO " DE LAS RECLAMACIONESINTERNACIONALES

221. En la teoría y la práctica tradicionales, todareclamación internacional, cualquiera que sea su origen osu objeto, tiene un " carácter público "; es decir, envuelveuna relación jurídica entre entidades políticas soberanas.No importa que originalmente hayan sido un particularextranjero la parte demandante y el Estado de la resi-dencia la parte demandada, ni que la reparación del dañocausado a la persona o bienen del primero continúesiendo el objeto de la reclamación (internacional). Segúnlo expresó el Tribunal Permanente de Justicia Interna-cional en una Sentencia que hemos citado repetidas veces,

" . . . Al hacerse cargo del caso de uno de sus nacio-nales, y recurrir a la acción diplomática o a un proce-dimiento judicial internacional en su nombre, el Estadohace valer un derecho propio : . . . Por lo tanto, lacuestión de si la presente controversia se orginina enun daño a un interés privado, que es lo que realmenteocurre en muchas controversias internacionales, carecede importancia desde este punto de vista. Una vez queel Estado se hace cargo del caso en nombre de uno desus nacionales ante un tribunal internacional, desdeel punto de vista de este último el Estado es el únicodemandante."

Como se recordará, el caso Mavrommatis fué original-mente una reclamación de un particular a la Gran Bre-taña, pero al hacerse cargo de ella Grecia, el Estado dela nacionalidad del primero, " La controversia entróentonces en una nueva fase: entró en el dominio del dere-cho internacional, y devino una controversia entre dos


Estados " 207. En la Decisión Administrativa No. II de laComisión Mixta de Reclamaciones Germano-Americana,el Umpire Parker declaró que " Aunque actúen en nombrede sus propios ciudadanos, los Gobiernos son las verda-deras partes en los arbitrajes internacionales " 2°8.

222. Como consecuencia de esta concepción, las recla-maciones internacionales presentan una naturaleza jurídicapeculiar. Aunque se haya originado de una reclamacióninterna, y pese al hecho de que se proponga la reparacióndel mismo daño, constituyen reclamaciones enteramentenuevas y diferentes. Como en puridad el Estado no actúaen nombre y representación del nacional que ha recibidoel daño sino que más bien se coloca en su lugar y gradopara todos los efectos de la reclamación, lógicamente esla única y verdadera parte demandante. Ahora bien, aundentro de la propia concepción tradicional esta construc-ción jurídica no es completamente lógica, porque tratán-dose de reclamaciones enteramente nuevas y diferentes aotras que pueden tener (o haber tenido) el mismo con-tenido u objeto, no debiera proceder la excepción delitis vendentia. Sin embargo, en realidad ocurre lo con-trario, como podrá comprobarse en seguida.

223. Conforme al principio relativo a la omisión delos recursos internos, no procede la presentación de unareclamación internacional mientras no se hayan agotadodichos recursos (capítulo VIII, sección 23). En tal sen-tido, el derecho del Estado a presentar una reclamaciónde esta índole, a " hacerse cargo del caso de uno de susnacionales ", está subordinado al culplimiento de estacondición. Consiguientemente, la reclamación internacio-nal no sólo puede ser idéntica en cuanto al contenido uobjeto de la reclamación original, sino que está vinculadaa ella en tal forma que su procedencia depende substan-cialmente de que esta primera reclamación haya sidodecidida; esto es, de que los recursos internos hayan sidoagotados. En este sentido, la circunstancia de que estépendiente de decisión la reclamación original impide queel Estado de la nacionalidad del extranjero "recurra a laacción diplomática o a un procedimiento judicial inter-nacional en su nombre ", y así, efectivamente, ocurre con-forme al principio a aue aludimos. En una palabra, si seadmitiera que las reclamaciones internacionales consti-tuyen reclamaciones enteramente nuevas y diferentes,sería técnicamente posible prescindir del requisito de losrecursos internos.

224. Pero aparte de esta incongruencia técnica, enotro orden de ideas, en cierto sentido sin duda más im-portante que ella, la concepción tradicional de las recla-maciones internacionales refleja el predominio que hantenido, especialmente en este aspecto procesal de la in-stitución, los factores de orden político. Pese a la natura-leza estrictamente jurídica de estas reclamaciones, y alhecho de que por lo general carecen de implicaciones deotra índole, la presencia del Estado demandante les hadado un matiz político cuyas consecuencias pueden adver-tirse sin dificultad. En el comentario al artículo 18 de suproyecto, la Investigación Harvard hace las siguientesobservaciones a este respecto:

" La mayor dificultad en materia de responsabilidaddel Estado no ha sido la inhabilidad para convenir

207 Véase Publications de la C.P.J.I., Ser ie A, No. 2, pág . 12.208 M i x e d Claims Commission, Un i t ed Sta tes and Germany ,

Consolidated Edition of Decisions and Opinions to June 30, 1925(Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1925), pág. 8.

sobre las reglas substantivas generales que rigen lamateria, sino el hecho de que los Estados demandantesno están obligados a recurrir al proceso judicial, y enocasiones se han constituido en demandantes, jueces ysheriff de su propia causa. Este es uno de los princi-pales y más justificados motivos de queja de ciertosEstados. La mayor objeción a la práctica actual, espe-cialmente desde este punto de vista, es la ausencia deun método jurídico obligatorio para decidir las cues-tiones de derecho. El sistema actual contempla el usofrecuente de la coerción política de todo tipo comomedio de hacer efectivas reclamaciones que son denaturaleza esencialmente jurídica. Toda la materiarelativa a las reclamaciones pecuniarias, que tiene unearácter más estrictamente jurídico que muchas otrasdel derecho internacional, debiera ser aislada en loposible de lo político y encerrada dentro de una estruc-tura jurídica, no sólo en su aspecto substantivo sinotambién en su aspecto procesal. Ninguna reclamaciónpecuniaria, que no suponga una amenaza inmediata ala vida humana, debiera ser fuente de una acción polí-tica de carácter coercitivo. Las reclamaciones que nofueran susceptibles de fácil arreglo diplomático, de-bieran ser sometidas por convención, de manera tanautomática como fuere posible, a un tribunal interna-cional. El derecho internacional extendería así su bene-ficioso poder regulador a un campo en el cual la polí-tica infortunadamente hoy domina a menudo. La nacióndemandada no debiera hallarse en la posición de tenerque ceder un caso jurídico ante argumentos políticos,ni poder aprovecharse de su fuerza política para recha-zar una reclamación legal. La causa de la paz y de lasrelaciones internacionales normales no debiera ser afec-tada ni dañada por la fácil conversión actual de unacuestión jurídica en una cuestión política. El compro-miso de someter reclamaciones pecuniarias de carácterjurídico a procedimientos de arreglo judiciales o aotros de naturaleza jurídica, constituiría una de lasmayores contribuciones imaginables, no sólo en bene-ficio de las partes y de los pueblos interesados, sino ala causa de la paz. En materia de responsabilidad delEstado por daños causados a los extranjeros se encuen-tra una oportunidad práctica para contrarrestar loselementos fuerza y coerción, llevando a uno de los másimportantes aspectos de las relaciones internacionalesdel campo político al dominio del derecho "2 0 9 .

Las observaciones que anteceden contemplan la cuestiónfundamentalmente desde el doble punto de vista delEstado demandado y de los intereses generales en la pazy en el desenvolvimiento de las relaciones internacionales,para destacar las repercusiones que ha tenido en estesentido la concepción tradicional. Pero éste aspecto seexaminará con más detenimiento en el próximo número.

225. Lo que se puede destacar por el momento son lasconsecuencias o repercusiones que tiene la concepcióntradicional desde el punto de vista del interés del extran-jero, así como de su propio país de origen. A este res-pecto en el mismo comentario la Investigación Harvardobserva lo siguiente:

" . . . El demandante que tenga una reclamación legalen orden, a menudo depende para su satisfacción delpoder político o influencia de su país, de sus relacionespolíticas con el Estado demandado, o de la disposición

m Harvard Law School, op. cit., págs. 217 y 218.


y voluntad que tenga la Oficina de Asuntos Extran-jeros para realizar gestiones diplomáticas en su nombre.Su reclamación está supeditada a las exigencias de lapolítica. El Estado del extranjero lesionado está sujetoa las presiones políticas en cuanto a hacerse cargode lo que pudiera ser una reclamación insignificante,a menudo actúa sin pruebas suficientes, y all llevaradelante una reclamación ha de invocar el apoyo detodo un pueblo en favor de un simple ciudadano o unacompañía; lo cual es una forma primitiva de accióncolectiva que ha desaparecido prácticamente en todaslas demás ramas del derecho público. Un pueblo nodebe ser mezclado, si es posible evitarlo, en las com-plicaciones políticas que surgen del daño que alegahaber recibido un ciudadano." 210

226. En el capítulo V se señalaron los inconvenientesque tiene estimar que es siempre y únicamente el Estadoel titular del interés o derecho lesionado, a pesar de queel daño que origina la responsabilidad haya sido causadoa la persona o bienes de un particular, y en el capítuloVIH los que tiene esta idea cuando se va a determinarla naturaleza y extensión de la reparación de este daño.Tales son los inconvenientes, desde el punto de vista delparticular extranjero, que en efecto se derivan de con-siderar las reclamaciones internacionales como reclama-ciones nuevas y diferentes a la que haya establecido aquélpor medio de los recursos internos. Y de no menor grave-dad son los que tiene esta concepción cuando se vuelvela mirada hacia el país de origen del extranjero. Esa" forma primitiva de acción colectiva " que reviste lareclamación internacional por el carácter público aue sele atribuye, supone ciertamente la imposición a todo unpueblo de una carga injustificada e innecesaria.

30. EL EJERCICIO DIRECTO DE LA PROTECCIÓNDIPLOMÁTICA ; LA DOCTRINA DRAGO Y LAS DEMÁSEXPRESIONES DEL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN

227. Mientras en el derecho internacional no quedóconsagrado el principio de que las controversias entreEstados deben resolverse por los métodos y procedimien-tos pacíficos de arreglo, y el que condenó toda amenazao uso de la fuerza en las relaciones internionales, lanaturaleza que se atribuyó a las reclamaciones de estaíndole constituyó la causa principal de los abusos delejercicio directo de la protección diplomática. Especial-mente en el continente americano, la experiencia históricapone de relieve que esta forma de ejercer la proteccióndiplomática puede conducir a la amenaza y aun al recursoefectivo de la fuerza contra el Estado demandado, y afectarasimismo los intereses generales en la paz y en el normaldesenvolvimiento de la vida internacional. Sin negar lalegitimidad en sí del derecho del Estado demandante aeiercer directamente la protección diplomática, se hanvenido condenando progresivamente las diferentes formasque constituían abusos de ese derecho.

228. La acción tomada en 1902 por tres Potenciaseuropeas respecto de Venezuela para el cobro de ciertasdeudas contractuales, fué el incidente que provocó una delas primeras protestas formales contra los abusos delderecho de protección diplmática. En una nota que dirigióel entonces Ministro de Relaciones Exteriores de la Repú-blica Argentina, Luis M. Drago, al Secretario de Estadode los Estados Unidos, aquél consignó que el capitalista

que suministra recursos a un Estado extranjero tienesiempre en cuenta cuáles son los medios económicos delpaís en que va a actuar y la mayor o menor probabilidadde que los compromisos contraídos se cumplan sin tro-piezo. Todos los gobiernos, agregaba, además, gozan porello de diferente crédito según su grado de civilización yde cultura y su conducta en los negocios, y estas circuns-tancias se miden y se pesan antes de conceder ningúnempréstito, haciendo más o menos onerosas sus condicio-nes con arreglo a los datos precisos que en ese sentidotienen perfectamente registrados los banqueros. Además,el acreedor sabe que contrata con una entidad soberana,y es condición inherente de toda soberanía que no puedeniniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contraella, ya que ese modo de cobro comprometería su exis-tencia misma, haciendo desaparecer la independencia yla acción del respectivo gobierno. Estas consideracionesllevaron a Drago a formular los siguientes párrafos de lanota a que nos venimos refiriendo:

" Entre los principios fundamentales del DerechoPúblico Internacional que la humanidad ha consagrado,es uno de los más preciosos el que determina que todoslos Estados, cualesquiera que sea la fuerza de que dis-pongan, son entidades de derecho perfectamente igualesentre sí y recíprocamente acreedoras por ello a las mis-mas consideraciones y respeto. El reconocimiento dela deuda, la liquidación de su importe, pueden y debenser hechos por la nación, sin menoscabo de sus derechosprimordiales como entidad soberana; pero el cobrocompulsivo e inmediato, en un momento dado, pormedio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruinade las naciones más débiles y la absorción de su go-bierno, con todas las facultades que le son inherentes,por los fuertes de la tierra.

" No pretendemos de ninguna manera que las na-ciones sudamericanas pueden, por ningún concepto,estar exentas de las responsabilidades de todo ordenque las violaciones del Derecho Internacional comportanpara los pueblos civilizados. No pretendemos, ni pode-mos pretender, que estos países ocupen una situaciónexcepcional en sus relaciones con las Potencias euro-peas, que tienen el derecho indudable de proteger a sussubditos tan ampliamente como en cualquier otra partedel globo, contra las persecuciones o injusticias de quepudieran ser víctimas. Lo único que la RepúblicaArgentina sostiene, y lo que vería con satisfacción con-sagrado, con motivo de los sucesos de Venezuela, poruna nación que, como los Estados Unidos, goza de tangrande autoridad y poderío, es el principio ya acep-tado de que no puede haber expansión territorialeuropea en América, ni opresión de los pueblos de estecontinente, porque una desgraciada situación finan-ciera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cum-plimiento de sus compromisos. En una palabra, el pen-samiento que quisiera ver reconocido, es el de que ladeuda pública no puede dar lugar a la intervenciónarmada, ni menos a la ocupación material del suelo delas naciones americanas por una Potencia extran-jera " «i.

229. Como se indicó en otro lugar, la Tercera Confe-rencia Internacional Americana (Río de Janeiro, 1906)

»» Ibid., pág. 218.

211 Véase L. M. Drago, La República Argentina y el Caso deVenezuela (Buenos Aires, 1903), y Cobro Coercitivo de DeudasPúblicas (Buenos Aires, 1906).


recomendó a los gobiernos representados en ella " queconsideren el punto de invitar a la Segunda Conferenciade la Paz, de La Haya, para que se examine el caso delcobro compulsivo de deudas públicas, y, en general, losmedios tendientes a disminuir entre las naciones los con-flictos de origen exclusivamente pecuniario " 212.

230. La Convención II de la Conferencia de la Paz deLa Haya (1907), "Relativa a la Limitación del Empleode la Fuerza para el Cobro de Deudas Contractuales ",adoptó parcialmente la Doctrina Drago. En efecto, elartículo 1 de la llamada Porter Convención, como se lesuele denominar, acepta una importante excepción a laobligación de " no recurrir a la fuerza armada pararecobrar deudas contractuales reclamadas al gobierno deun país por el gobierno de otro país como debidas a nacio-nales suyos ". Conforme al segundo párrafo del artículo," esta estipulación no podrá aplicarse cuando el Estadodeudor rehuse o deje sin respuesta una proposición dearbitraje, o en caso de aceptación, haga imposible lacelebración del compromiso of desqués del arbitraje, dejede conformarse con la sentencia dictada » ™. Semejanteexcepción permitía, en efecto, el recurso de la fuerzaarmada en determinadas circunstancias, algunas de lascuales, como la relativa a la celebración del compromisoarbitral, quedaban a la discreción del Estado reclamante.

231. Sin embargo, el desarrollo posterior del derechointernacional consagró en forma absoluta la obligaciónde no recurrir a la amenaza o al uso efectivo de la fuerzapara el cobro compulsivo de las deudas públicas o lasatisfacción de cualquier otra reclamación internacional.En el mundo americano este desarrollo se advierte en lasdemás expresiones del principio de intervención. La pri-mera consagración positiva del principio fué la Conven-ción sobre Derechos y Deberes de los Estados (Monte-video, 1933), por cuyo artículo 8 se establece que "Nin-gún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntosinternos ni en los externos de otro " 214. La Conferenciade Bogotá (1948) fué más explícita e insertó en la Cartade la Organización de los Estados Americanos una dis-posición en los siguientes términos:

" Artículo 15

" Ningún Estado o grupo de Estados tiene derechode intervenir, directa o indirectamente, y sea cualfuere el motivo, en los asuntos internos o externos decualquier otro. El principio anterior excluye no sola-mente la fuerza armada, sino también cualquier otraforma de ingerencia o de tendencia atentatoria de la per-sonalidad del Estado, de los elementos políticos econó-micos y culturales que lo constituyen " 215.

Por su parte, la Carta de las Naciones Unidas establece ensu Artículo 2:

" Los Miembros de la Organización, en sus relacio-nes internacionales, se abstendrán de recurrir a la

218 Conferencias Internacionales Americanas, 1899-1936 (DotaciónCarnegie, Washington, D.C., 1938), pág. 140.

213 V é a s e The Hague Conventions and Declarations of 1899 and1907 (New York , Oxford Universi ty Press , 1915) , pág . 89.

214 Véase Conferencias Internacionales Americanas 1889-1936,pág . 469. Véase t amb ién Protocolo Adic ional Relativo a No Inter-vención a la Convención de Montevideo, suscri to en la ConferenciaIn te ramer icana de Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936),ibid., pág . 605.

215 Véase Anales de la Organización de los Estados Americanos,Vol. I, No. 1 (1949), págs. 77-78.

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad te-rritorial o la independencia política de cualquier Estado,o en cualquier otra forma incompatible con los pro-pósitos de las Naciones Unidas."Como puede apreciarse, el texto y la finalidad de ambos

instrumentos son lo suficientemente amplios para quequede comprendida dentro de la prohibición cualquierforma de acción que implique la amenaza o el uso efec-tivo de la fuerza como medio para hacer efectivas lasreclamaciones internacionales.

31. LA OBLIGACIÓN DE RECURRIR A LOS MÉTODOS YPROCEDIMIENTOS DE ARREGLO PACIFICO

232. Paralelamente al principio que condena el uso ola amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales,se ha desarrollado y consagrado la obligación de recurrira los métodos y procedimientos pacíficos para el arreglode las controversias de esa índole. En materia de recla-maciones internacionales, se trata de una obligación com-plementaria, destinada a perfeccionar ese principio y acontrarrestar de ese modo el peligro de abusos inherenteal ejercicio directo de la protección diplomática. Apartede los instrumentos constitucionales actuales, generalesy regionales, que imponen esta obligación para el arreglode toda controversia internacional, y de los bilaterales ymultilaterales que también la establecen con el mismocarácter, existen numerosos instrumentos que la estipulanespecíficamente para el arreglo de las reclamaciones in-ternacionales.

233. El sistema se inauguró en el mundo americanoa principios de siglo. En el Tratado sobre Reclamacionespor Daños y Perjuicios Pecuniarios, suscrito en laSegunda Conferencia Internacional Americana (México,1902),

" Las Altas Partes Contratantes se obligan a sometera arbitraje todas las reclamaciones por daños y per-juicios pecuniarios, que sean presentadas por sus ciu-dadanos respectivos y que no puedan resolverse amis-tosamente por la vía diplomática, siempre que dichasreclamaciones sean de suficiente importancia paraameritar los gastos del arbitraje " 216.234. Concebida en los mismos términos, esta obliga-

ción es el objeto de dos convenciones que se concluyeron,respectivamente, en la Tercera (Río de Janeiro) 217 yCuarta (Buenos Aires) 218 Conferencias. En el artículo 1del Tratado General de Arbitraje Interamericano. suscritoen Washington en 1929, se adopta una forma más elabo-rada, en el sentido de que

" Las Altas Partes Contratantes se obligan a sometera arbitraje todas las diferencias de carácter interna-cional que hayan surgido o que surgieren entre ellascon motivo de la reclamación de un derecho . . . queno haya sido posible ajustar por la vía diplomática yque sea de naturaleza jurídica por ser susceptible dedecisión mediante la aplicación de los principios delderecho. Se consideran incluidas entre las cuestionesde orden jurídico:

" d) La naturaleza y extensión de la reparación

216 Véase Conferencias Internacionales Americanas 1889-1936,(Dotación Carnegie, 1938), pág. 84.

217 Ibid., pág . 123.218 Ibid., pág . 165.


que debe darse por el quebrantamiento de una obliga-ción internacional.

" Lo dispuesto en este tratado no impedirá a cual-quiera de las Partes, antes de ir al arbitraje, recurrir aprocedimientos de investigación y de conciliación esta-blecidos en convenciones que estén vigentes entreellas " 219.235. Los demás instrumentos que estipulan la obli-

gación de someter al arbitraje o cualquier otro método oprocedimiento pacífico de arreglo de las reclamacionesinternacionales, revelan la medida en que se ha generali-zado el sistema 22<>. Desde cierto punto de vista, la expre-sión más importante del sistema es, naturalmente, laaceptación de la jurisdicción obligatoria del antiguoTribunal Permanente de Justicia Internacional y, desde1946, la de la Corte Internacional de Justicia, cuya com-petencia alcanza a las controversias internacionales queversen, entre otras cosas, sobre " La naturaleza y exten-sión que debe darse por el quebrantamiento de una obli-gación internacional ". (Art. 36 del Estatuto de la Corte.)Esta aceptación ha adoptado la forma, bien de un con-venio especial entre las partes, bien de una disposiciónde un Tratado, o bien de una declaración unilateral reco-nociendo como obligatoria ipso facto la jurisdicción deese organismo.

236. Pero todavía es más interesante advertir la fre-cuencia y la eficacia con que ha funcionado el sistema enla práctica. Por vía de ilustración basta recordar lossiguientes datos. La mayoría de los 19 casos resueltos porel Tribunal Permanente de Arbitraje se refieren a recla-maciones internacionales. Lo mismo ocurre con las con-troversias que fueron sometidas al antiguo Tribunal Per-manente de Justicia Internacional. Los tribunales y comi-siones mixtas de reclamaciones han sido numerosísimos.Antes de la segunda guerra mundial, sin contar los quese crearon de conformidad con el Tratado de Versalles,llegaban a 60. Algunos, como las Comisiones de Recla-maciones entre Estados Unidos y México y en particularel Tribunal germano-polaco creado por la Convención del1922 conocieron de miles de reclamaciones 221.

237. El estudio de los abundantes antecedentes queofrece la práctica internacional en esta materia revela laexistencia de ciertos problemas y aspectos fundamentales.El primero se refiere a la naturaleza misma del método odel organismo que se ha de emplear para el arreglo de lacontroversia. En primer término, como el sistema noexcluye el ejercicio directo de la protección diplomática,las negociaciones entre las partes interesadas no sola-mente son procedentes, sino que es el primer medio a quese recurre para resolver la reclamación. Pero cuando nose logre resolverla por esta vía, el método que ha resul-tado más apropiado en la práctica ha sido el abritraje.El carácter específico del organismo arbitral lo deter-minará el tipo de reclamación de que se trate o circuns-

219 Ibid., págs. 84, 124, 165 y 573. Véase también la ResoluciónXXXV, sobre " Reclamaciones Pecuniarias ", aprobada por la Con-ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz (Buenos Aires,1936), ibid., pág. 651.

220 Véase en particular, Systematic Survey of Treaties for thePacific Settlemnt of International Disputes, 1928-1948 (Publica-ciones de las Naciones Unidas, No. de venta 1949.V.3) y el anteriorestudio del Secretariado de la Sociedad de las Naciones, Arbitra-tion and Security Systematic Survey of the Arbitration Conventionsand Treaties of Mutual Security Deposited with the League ofNations (Geneve, 1927).

221 Véase Hudson, op. cit., capítulo XVI.

tancias de otro orden, pero lo que importa es que, tra-tándose de controversias substancialmente jurídicas sesometan a una comisión o tribunal que la decida conformea derecho. Por razones obvias, el recurso a este métodode arreglo comprende la sumisión de la controversia a laCorte Internacional de Justicia, cuando su importancia osignificación lo justifique.

238. La cuestión jurisdiccional o de competencia plan-tea un problema fundamental. En efecto, la obligación,pura y simple, de recurrir al arbitraje puede resultarinoperante si no se confiere jurisdicción compulsiva a undeterminado organismo. En otras palabras, el arbitrajeobligatorio, por sí sólo, no envuelve más que el compro-miso de someter la controversia a este método de arreglo.Es un mero pactum de contrahendo y, en tal sentido, sueficacia depende de que las partes convengan en la insti-tución del organismo y en los demás particulares querequiere su funcionamiento. El problema no existe, natu-ralmente, cuando la obligación arbitral se refiere a untribunal preexistente, como la Corte Internacional deJusticia. Ni tampoco cuando conjuntamente con la obli-gación arbitral básica se conviene en la forma en que seorganizará y funcionará el organismo, como ocurre en elsistema previsto en el Acta General para el Arreglo Pací-fico de las Controversias Internacionales (1928) y el delTratado Americano de Soluciones Pacíficas o " Pacto deBogotá" (1948). El proyecto sobre "ProcedimientoArbitral " elaborado por la Comisión de Derecho Inter-nacional en su quinto período de sesiones (1953), en tér-minos generales, puede desempeñar esta función, indis-pensable para perfeccionar el sistema tradicional delarbitraje obligatorio.

239. Otro de los problemas o aspectos del arreglo delas reclamaciones internacionales es el relativo al " dere-cho aplicable ", esto es, la naturaleza de las normas oprincipios conforme a los cuales se deberá resolver estetipo de controversias. Que las normas y principios delderecho internacional serán aplicables no hay natural-mente duda alguna, hasta el punto de que, salvo que laspartes acuerden otra cosa, lo serán aun cuando no estéexpresamente previsto en el instrumento que rige el orga-nismo arbitral. Fuera de esto, la práctica ha sido muydiversa. Los instrumentos se refieren a veces al derechointernacional, y en otras a la equidad, a las decisionesex aequo et bono, a los " principios generales de la jus-ticia y de la equidad ", al " libre juicio " del tribunal, ala jurisprudencia internacional, etc.; y en ocasiones esti-pulan dos o más de cualquiera de estos principios o nor-mas como " derecho aplicable ". Indudablemente, la natu-raleza de la reclamación, así como otras circunstanciasque puedan concurrir con ella, constituye el factor demayor peso en la solución de este problema. Ahora bien,sin perjuicio de esta consideración, el mejor sistemaparece ser el de que las reclamaciones se decidan con-forme al Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacio-nal de Justicia; esto es, conforme a los principios y nor-mas que emanen de las fuentes del derecho internacional,salvo que las partes acuerden que la reclamación se decidaex aequo et bono.

240. Existen otros problemas y aspectos de no menorimportancia, pero no es éste ni el lugar ni la oportunidadpara examinarlos. Tal vez de todos ellos el de mayoractualidad es el que se refiere al acceso o comparecenciaante el organismo encargado de conocer y resolver lareclamación. Pero esta cuestión ya fué tratada, al menos


en lo referente al fondo, al examinar la capacidad inter-nacional para reclamar (capítulo V, sección 18).

CAPITULO X

Bases de discusión

241. Como se indicó en la Introducción, dada la natu-raleza y finalidad del presente Informe, en lugar de seguirla práctica usual de someter un anteproyecto sobre lamateria, presentamos el resumen de nuestra investigacióny algunas de las conclusiones a que hemos llegado, enforma de "bases de discusión" (capítulo I, sec. 2). Porconsiguiente, los textos que siguen no abarcan todos losaspectos de las cuestiones tratadas ni constituyen pro-puestas en el sentido estricto de este término. Se limitanmás bien a recoger ideas y conceptos generales respectode los cuales la Comisión debía pronunciarse, a fin deestablecer los criterios y principios fundamentales con quese procederá a la labor de codificación propiamentedicha.

BASE DE DISCUSIÓN NO. I

Naturaleza jurídica y función de la responsabilidad

1) Considerando que en el derecho internacional con-temporáneo los actos y omisiones que originan respon-sabilidad pueden, o bien consistir en hechos pura y sim-plemente ilegales, o bien revestir el carácter de hechospunibles, la violación o inobservancia de una obligacióninternacional puede consecuentemente originar tanto laresponsabilidad civil como la responsabilidad penal, oambas.

2) En el primer supuesto la responsabilidad no importamás que el deber de reparar stricto sensu, pero en elsegundo la responsabilidad comporta la sanción o castigodel culpable del hecho punible, sin perjuicio de la repa-ración del daño cuando proceda.

3) Considerando, de otra parte, que la validez de lasnormas del derecho internacional depende de la protecciónque den a los intereses y derechos reconocidos por eseordenamiento jurídico, los principios que rigen la res-ponsabilidad internacional deben formularse con mirasa proteger los intereses y derechos que reconoce dichoordenamiento en el estado actual de su desarrollo.

BASE DE DISCUSIÓN NO. II

El sujeto activo de la responsabilidad

1) Considerando que la responsabilidad internacionales la consecuencia de la violación o inobservancia de unaobligación de la misma índole, su imputabilidad dependedel sujeto directo de la obligación.

2) En este sentido, el sujeto activo de la responsabili-dad internacional puede ser:

a) El Estado, por los actos u omisiones de sus órga-nos, en cuanto al deber de reparar el daño causado; y, ensu caso, las subdivisiones políticas y las entidades semi-soberanas, en la medida en que sean capaces de contraerdirectamente obligaciones internacionales;

b) Los individuos, ya sean gobernantes, funcionarioso particulares, en cuanto a la responsabilidad penal queorigine un acto u omisión al que el derecho internacionalatribuya el carácter de hecho punible;

c) Las organizaciones internacionales, por los actosu omisiones de sus órganos, en cuanto al deber de repararel daño causado.

3) El Estado no puede invocar disposiciones de suderecho interno para declinar la responsabilidad que ori-gina la violación o inobservancia de una obligación inter-nacional.

BASE DE DISCUSIÓN NO. III

El sujeto pasivo de la responsabilidad

1) Considerando que la violación o incumplimientode una obligación internacional puede traducirse en undaño a cualquier interés o derecho internacionalmentereconocido, la condición de su sujeto pasivo de la res-ponsabilidad depende de quién sea el titular del interés oderecho lesionado.

2) En este sentido, el sujeto pasivo de la responsabili-dad internacional puede ser:

a) Los particulares extranjeros, siempre que se tratede daños a su persona o bienes;

b) El Estado, tanto cuando sea él, como persona jurí-dica, el objeto directo del daño, como cuando tenga un" interés general " en el daño que se ha ocasionado a lapersona o bienes de sus nacionales;

c) Las organizaciones internacionales, cuando se tratade daños causados a los intereses de la organizaciónmisma, a su estructura administrativa, a sus derechospatrimoniales o a los intereses a su cargo.

3) En consecuencia, la capacidad internacional parareclamar por los daños ocasionados se debe reconocer,en principio, al sujeto titular del interés o derecho lesio-nado. En los casos de responsabilidad por daños causadosa la persona o bienes de los particulares extranjeros, sedebe tener en cuenta, especialmente, la circunstancia deque el Estado de la nacionalidad tenga un " interés gene-ral " en el daño ocasionado.

BASE DE DISCUSIÓN NO. IV

La responsabilidad por la violación de los derechosesenciales del hombre

1) El Estado tiene la obligación de asegurar al extran-jero el goce de los mismos derechos civiles y el disfrutede las mismas garantías individuales de que gozan y dis-frutan los nacionales. Sin embargo, en ningún caso estosderechos y garantías podrán ser menores que los " dere-chos esenciales del hombre " que reconocen y definen losinstrumentos internacionales contemporáneos.

2) En consecuencia, en los casos de violación de dere-chos civiles o de inobservancia de garantías individualesrespecto de extranjeros, solamente habrá responsabilidadinternacional cuando se trate de " derechos humanos esen-ciales " reconocidos internacionalmente.

BASE DE DISCUSIÓN NO. V

Causas de exención y circunstancias atenuantes yagravantes de responsabilidad

1) Al igual que en el derecho interno, en el derechointernacional cabe distinguir entre las causas y circuns-tancias que eximen, atenúan o agravan la responsabili-dad. En general, la distinción depende de la diversidadde factores y elementos de diferente clase que pueden


concurrir con el hecho que origina la responsabilidad.2) Pueden considerarse causas de exención, entre

otras, las siguientes:a) La omisión de los recursos internos, en el sentido

de que mientras no se hayan agotado dichos recursos noprocederá entablar la reclamación internacional ni seráexigible el deber de reparar;

b) La renuncia a la protección diplomática, por partedel Estado o de los particulares extranjeros. En la segundahipótesis, en tanto la Cláusula Calvo no se refiera a dere-chos que por su naturaleza sean irrenunciables o a cues-tiones en las cuales el particular no sea el único interesado.

3) La validez de las demás causas eximentes, atenuan-tes o agravantes de responsabilidad, dependerá de la con-ducta que haya observado el Estado, o que haya podidoo tenido que observar, respecto del hecho que ha ocasio-nado el daño.

BASE DE DISCUSIÓN NO. VI

Naturaleza, función y extensión de la reparación

1) En cuanto a su naturaleza, la reparación puedeadoptar la forma de restitución (restitutio in integrum)o la de daños y perjuicios, cuando la restitución no seaposible o cuando no resulte suficiente para reparar eldaño adecuadamente.

2) El propósito de la reparación no tiene necesaria-mente que limitarse a la restitución o a la indemnizaciónde los daños materiales. Las medidas de " reparación "pueden tener también una función punitiva. En estoscasos, dichas medidas deben entenderse y aplicarse comouna pena o castigo del individuo culpable del hecho queorigina la responsabilidad.

3) La naturaleza y extensión de la reparación debedeterminarse de conformidad con los daños ocasionados yla gravedad del hecho que origina la responsabilidad,así como con el propósito a que responde; y debe fijarla

el verdadero titular del interés o derecho lesionado o, entodo caso, de acuerdo con el daño causado a la víctima oa sus causahabientes.

BASE DE DISCUSIÓN NO. VII

La reclamación internacional y los medios de arreglo

1) En las hipótesis de responsabilidad por dañoscausados a la persona o bienes de los particulares extran-jeros, la "reclamación internacional" no debe conside-rarse como una reclamación nueva y diferente de la quese haya presentado ante la jurisdicción interna, salvo quese trate de una reclamación en la que el Estado de lanacionalidad invoque un " interés general " en el daño.

2) Cuando la reclamación sea de Estado a Estado, unavez agotadas sin resultado las negociaciones diplomáticasentre las partes, dicha reclamación se someterá al arbitrajepara su solución definitiva; salvo que las partes conven-gan en cualquier otro medio o procedimiento de arreglomás adecuado a la naturaleza específica de la reclama-ción.

3) En ningún caso el ejercicio directo de la proteccióndiplomática implicará la amenaza o el uso efectivo dela fuerza o cualquier otra forma de intervención en losasuntos internos o externos del Estado demandado.

Plan de trabajo

La amplitud y diversidad del tema de la responsabilidadinternacional no permite proceder de inmediato a su codi-ficación integral. La Comisión, como lo ha hecho respectode otros temas, debiera realizar esta tarea en forma gra-dual, emprendiendo primero la codificación de aquellaparte del tema que presente el mayor grado de madurezy que, al propio tiempo, requiera una más pronta solu-ción conforme a lo expresado por la resolución 799 (VIII)de la Asamblea General. La " Responsabilidad del Estadopor Daños Causados a la Persona o Bienes de los Extran-jeros" parece reunir estas dos condiciones.

APÉNDICES

A. La codificación bajo los auspicios de la Sociedad de lasNaciones

Apéndice 1

CUESTIONARIO NO. 4 SOBRE "RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOSPOR DANOS CAUSADOS EN SUS TERRITORIOS A LA PERSONA O BIENESDE LOS EXTRANJEROS " 2 2 2 ADOPTADO POR EL COMITE D EEXPERTOS PARA LA CODIFICACIÓN PROGRESIVA DEL DERECHOINTERNACIONAL D E LA SOCIEDAD D E LAS NACIONES (GINEBRA,1926)

El Comité tiene el siguiente mandato:

1) Preparar una lista provisional de los temas de derecho inter-nacional cuya reglamentación mediante un acuerdo internacionalparezca más conveniente y realizable en la actualidad;

2) Después de la comunicación de dicha lista por la Secretaríaa los Gobiernos de los Estados Miembros o no miembros de laSociedad para que emitan su opinión, estudiar las respuestas; y

3) Informar al Consejo acerca de las cuestiones que hayanalcanzado el grado de madurez suficiente y del procedimiento quepodría seguirse con miras a la oportuna preparación de conferen-cias para la solución de tales cuestiones.

El Comité decidió incluir en su lista el tema siguiente:

" Si un Estado puede ser responsable, y de ser así en quécasos, de los daños causados en su territorio a la persona o alos bienes de los extranjeros."

Sobre esta materia, el Comité tiene el honor de dar a conocer alos Gobiernos un informe presentado por un Subcomité223 com-puesto del Sr. Guerrero, Relator, y del Sr. Wang Chung-Hui.224

En ese informe se pone de relieve la índole de la cuestión generaly de los problemas especiales que entraña. Se hace en él la exposi-ción de una teoría relativa a los principios que regulan la respon-sabilidad del Estado en las materias examinadas así como lassoluciones particulares que se desprenden de tales principios. ElComité opina que esta exposición señala las cuestiones que hayque resolver con miras a reglamentar la materia mediante unacuerdo internacional, cuestiones todas ellas subordinadas a laprincipal, que es la siguiente:

222 League of Nations Publications, V. Legal, 1926.V.3 (docu-mento C.46.M.23.1926.V).

223 El Sr. De Visseher fue también designado para integrar esteSubcomité, pero desgraciadamente no pudo participar en la pre-paración del informe.

224 El Sr. Wang Chung-Hui había firmado el texto original delinforme del Subcomité. Como por desgracia no pudo concurrir a lareunión del Comité de Expertos, no es responsable del texto talcomo aparece anexo al presente documento, pues contiene algunas,modificaciones introducidas por el Relator como resultado de lasdeliberaciones del Comité.


" Si un Estado es responsable, y en qué casos, de los dañossufridos por extranjeros en territorios bajo su jurisdicción, y enqué medida las conclusiones del Subcomité deben ser aceptadase incorporadas a una convención entre Estados."Queda entendido que al proponer el presente tema a los Go-

biernos, el Comité no se pronuncia a favor ni en contra de losprincipios generales de responsabilidad consignados en el informeo de las soluciones a los problemas particulares que se sugierensobre la base de tales principios. En la etapa actual de sus trabajosno incumbe al Comité adelantar conclusiones de esta naturaleza.En este momento su única tarea o, por lo menos, la principal esponer de relieve ciertos temas de derecho internacional cuya regu-lación mediante un acuerdo internacional puede reputarse conve-niente y factible.

Con tal fin, es indudable que el Comité no debe limitarse ageneralidades, sino que debe enunciar las cuestiones propuestascon los detalles suficientes para permitir una decisión acerca de laconveniencia y posibilidad de la solución. Los detalles indispen-sables se encuentran en las conclusiones del informe del Sr. Gue-rrero.

Animado por este mismo espíritu, el Comité se remite para lospormenores al informe del Sr. Guerrero al presentar a los Gobier-nos, en relación con la cuestión principal señalada a su atenciónprecedentemente, la cuestión siguiente:

" Si sería posible, y en qué condiciones, preparar una conven-ción internacional en la que se determinen los hechos que puedendar origen a la responsabilidad de los Estados y en la que seprohiba, en tales casos, que se recurra a medidas coercitivasantes de haber agotado todas las vías posibles de arreglo pací-fico."A fin de poder proseguir sus trabajos sin demora, el Comité

quisiera contar con las respuestas de los Gobiernos antes del 15 deoctubre de 1926.

Se acompaña al presente el informe del Subcomité.Ginebra, 29 de enero de 1926.

(Firmado) Hj. L. HAMMARSKJOLD,Presidente del Comité de Expertos

VAN HAMEL,Director de la Sección Jurídica de la Secretaría

Anexo al cuestionario No. 4

Informe del Subcomité

Sr. GUERRERO, RelatorSr. WANG CHUNG-Hui

VI

Conclusiones 225

Las conclusiones que formularemos a continuación se desprendenlógicamente de los principios en que invariablemente nos hemosinspirado al preparar este informe y que, opinamos, constituyen elúnico fundamento posible para la elaboración de normas capacesde obtener la aprobación de todos los Estados.

Si nos apartásemos de estos principios rectores, si procurásemoscodificar los principios respecto de los cuales la voluntad colectivaes incierta o está efectivamente dividida, nuestros esfuerzos seríanestériles; ciertamente, fomentaríamos el establecimiento de unaserie de sistemas continentales y de codificaciones de leyes — queya comienzan a apuntar — que no serían sino motivo constante deconflictos.

No debemos olvidar que el objeto de nuestra tarea es formularnormas que puedan incorporarse en convenciones internacionales,ni que dichas convenciones, para ser eficaces, han de tener laaceptación de todos o casi todos los países del mundo.

Nuestras conclusiones son las siguientes:

í25 En el texto que aquí se reproduce, las conclusiones del in-forme contienen las enmiendas introducidas por el Sr. Guerrerodespués de las deliberaciones en el Comité de Expertos.

1. Puesto que la responsabilidad internacional sólo puede nacerde un acto ilícito contrario al derecho internacional, realizado porun Estado contra otro Estado, el daño causado a un extranjerosólo puede dar origen a responsabilidad internacional si el Estadoen que reside ha infringido un deber contraído en virtud de untratado con el Estado del que el extranjero sea nacional, o undeber reconocido por el derecho consuetudinario en forma clara yprecisa.

2. La comisión de un delito político contra la persona de losextranjeros en el territorio de un Estado sólo da origen a responsa-bilidad de tal Estado si el mismo ha omitido la adopción de todaslas medidas apropiadas para prevenir el delito y para la persecu-ción, aprehensión y enjuiciamiento del delincuente.

El carácter público reconocido que revista un extranjero y lascircunstancias en que se encuentra en el territorio del Estado,imponen a éste el correspondiente deber de ejercer vigilanciaespecial en favor de aquél.

3. Un Estado es responsable de los daños sufridos por un ex-tranjero a consecuencia de un acto contrario al derecho interna-cional o de la omisión de un acto que debía ejecutar el Estado conarreglo al derecho internacional, que hayan sido infligidos por unfuncionario dentro de los límites de su competencia, siempre queconcurran las condiciones siguientes:

a) Si el derecho infringido, reconocido al Estado del que esnacional el extranjero lesionado, es un derecho positivo establecidopor un tratado entre ambos Estados o por el derecho consuetudi-nario ;

b) Si los daños sufridos no nacen de un acto ejecutado por elfuncionario en defensa de los derechos del Estado, salvo estipula-ciones contrarias contenidas en los tratados;

El Estado en cuya representación ha actuado el funcionario nopuede eludir su responsabilidad alegando la insuficiencia de sulegislación.

4. El Estado no es responsable de los daños sufridos por unextranjero a consecuencia de actos contrarios al derecho interna-cional, si esos daños han sido infligidos por un funcionario que seha excedido en las atribuciones previstas en el derecho nacional,excepto en los casos siguientes:

a) Si el Gobierno, informado de que un funcionario se disponea cometer un acto ilícito contra un extranjero, no adopta oportuna-mente medidas para impedirlo;

b) Si, cometido el acto, el Gobierno no aplica a dicho funcio-nario con la debida prontitud, las medidas disciplinarias y sancionesprevistas por las leyes del país;

c) Si el extranjero carece de recursos legales contra el funcio-nario culpable o si los tribunales nacionales rehusan tramitar laacción deducida conforme a las leyes nacionales por el extranjerolesionado.

5. Los perjuicios ocasionados a extranjeros por actos de parti-culares, sean nacionales o extranjeros, no entrañan responsabilidaddel Estado.

6. El deber del Estado respecto de la protección judicial debeconsiderarse cumplido si ha permitido a los extranjeros acudir alos tribunales nacionales y ejercitar las acciones necesarias cadavez que han necesitado defender sus derechos.

De donde resulta:a) Que un Estado ha cumplido su deber internacional desde el

momento que la autoridad judicial ha pronunciado su decisión,aunque ésta se limite a declarar inadmisible la petición, demandao recurso interpuestos por el extranjero;

b) Que una resolución judicial, sea cual fuere su índole,aunque esté viciada por un error o una injusticia, no entrañaresponsabilidad internacional del Estado;

7. En cambio, el Estado es responsable del daño causado a losextranjeros cuando es culpable de una denegación de justicia.

La denegación de justicia consiste en rehusar a los extranjerosla posibilidad de acudir libremente a los tribunales para defenderlos derechos que les reconocen las leyes nacionales. Hay también


denegación de justicia cuando el juez competente se niega a ejercersu jurisdicción.

8. Los daños sufridos por los extranjeros en caso de motín,revolución o guerra civil no entrañan la responsabilidad interna-cional del Estado. Sin embargo, en caso de motín, el Estado seráresponsable si el motín ha ido dirigido contra los extranjeros ensu calidad de tales y el Estado no ha cumplido sus deberes devigilancia y represión.

9. En la categoría de daños a que se refiere el párrafo anteriorno están comprendidos los bienes pertenecientes a extranjeros quehan sido decomisados o confiscados en tiempo de guerra o revolu-ción, ya sea por el gobierno legítimo, ya sea por los revoluciona-rios. En el primer caso, el Estado es responsable y, en el segundo,el Estado debe poner a disposición de los extranjeros todos losrecursos legales necesarios para obtener reparación efectiva de losdaños sufridos y poder perseguir a los culpables.

El Estado sería directamente responsable de esos daños si, conmotivo de una amnistía general o particular, privase a los extran-jeros de la posibilidad de obtener reparación.

10. Todo lo dicho respecto de los Estados unitarios se aplicaasimismo a los Estados federales. Por consiguiente, la responsabili-dad internacional en que pueda incurrir uno de los Estados de lafederación recae en el gobierno federal, que representa a la fede-ración desde el punto de vista internacional; el gobierno federalno podrá prevalerse de la independencia o autonomía que, conarreglo a la constitución, posean los Estados particulares de lafederación.

11. Toda controversia que pueda suscitarse entre dos Estadosconcerniente a los daños sufridos por extranjeros dentro del terri-torio de uno de ellos, deberá ser sometida a una comisión inter-nacional de encuesta que estará encargada de dilucidar los hechos.

Si el informe de los comisionados, aprobado por mayoría devotos, no da por resultado la solución del incidente, las partesinteresadas deberán someter la controversia al arbitraje o a otromedio de arreglo pacífico.

12. Los Estados deben obligarse solemnemente a no recurrir enlo sucesivo a ninguna medida coercitiva antes de haber agotadotodos los medios arriba mencionados.

(Firmado) Gustavo GUERRERO,Relator

Apéndice 2

BASES DE DISCUSIÓN ELABORADAS EN 1929 POR EL COMITÉ PREPA-RATORIO DE LA CONFERENCIA DE CODIFICACIÓN DEL DERECHOINTERNACIONAL (LA HAYA 1930) 2 2 6 (DISPUESTAS EN EL ORDENQUE EL COMITÉ HA ESTIMADO PREFERIBLE PARA LAS DELIBERA-CIONES DE LA CONFERENCIA)

PRINCIPIOS GENERALES

Base de discusión No. 2

El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjero siese daño resulta del hecho de haber aprobado tal Estado medidaslegislativas incompatibles con sus obligaciones internacionales,contraídas en virtud de los tratados o a otro título, o del hechode no haber aprobado las medidas legislativas necesarias para laejecución de tales obligaciones.


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjerocomo resultado de un acto u omisión del poder ejecutivo incompa-tible con las obligaciones dimanantes de los tratados o con otrasobligaciones internacionales del Estado.


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjerocomo resultado de actos u omisiones de sus funcionarios, que hanactuado dentro de los limites de sus atribuciones, cuando esos actos

226 League of Nations Publications, V. Legal, 1929.V.3 (docu-mento C.75.M.69.1929.V), págs. 19 a 159.

u omisiones son contrarios a las obligaciones internacionales delEstado.


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjerocomo resultado de actos de sus funcionarios, aun cuando éstos noestén facultados para ejecutarlos, si los funcionarios alegan queobran dentro de los límites de sus atribuciones y los actos soncontrarios a las obligaciones internacionales del Estado.


Los actos ejecutados en un país extranjero por funcionarios deun Estado (tales como los agentes diplomáticos o los cónsules)actuando dentro de los límites aparentes de sus atribuciones, sereputan actos del Estado y, por lo mismo, pueden llevar aparejadala responsabilidad de éste.


Si el Estado, en virtud de una medida legislativa o administra-tiva especial, pone fin al derecho a reparación que tenía unextranjero contra el funcionario autor del daño, o no permite elejercicio de tal derecho, se hace, por ese mismo hecho, responsabledel daño en la medida en que lo fuera el funcionario.


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjeroa consecuencia de actos u omisiones de entidades corporativas(municipios, provincias, etc.) o de instituciones autónomas queejercen funciones públicas de carácter legislativo o administrativo,si tales actos u omisiones son contrarios a las obligaciones inter-nacionales del Estado.


Cuando un Estado está encargado de la dirección de las rela-ciones exteriores de otra entidad política, incumbe a dicho Estadola responsabilidad del daño sufrido por el extranjero en el terri-torio de esa entidad política.

Cuando un gobierno está encargado de la dirección de las rela-ciones exteriores de varios Estados, incumbe a dicho gobiernocomún o central la responsabilidad por los daños sufridos porextranjeros en los territorios de tales Estados.


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjeropor el hecho de que:

1. Se le rehuse el acceso a los tribunales para defender susderechos ;

2. Una decisión judicial definitiva e inapelable sea incompatiblecon las obligaciones dimanantes de los tratados o con otras obli-gaciones internacionales del Estado;

3. Haya habido demoras injustificables por parte de los tribu-nales ;

4. El contenido de la decisión judicial esté manifiestamenteinspirado por la mala voluntad hacia los extranjeros como tales ocomo nacionales de un determinado Estado.


El Estado es responsable por el daño sufrido por un extranjeroa consecuencia del hecho de que el procedimiento y la sentenciaadolecen de vicios tan graves que revelan que los tribunales noofrecen las garantías indispensables para una acertada administra-ción de justicia.

APLICACIÓN A CUESTIONES PARTICULARES

A. Concesiones o contratos


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjeroa consecuencia de la aprobación de una disposición legislativa queinfringe directamente derechos adquiridos por el extranjero en


virtud de una concesión otorgada por el Estado o de un contratocelebrado con éste.

Según las circunstancias, el Estado podrá incurrir en responsa-bilidad cuando haya adoptado disposiciones legislativas generalesincompatibles con la ejecución de una concesión otorgada o conel cumplimiento de un contrato celebrado por él.


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjerocomo resultado de un acto u omisión del poder ejecutivo queinfrinja derechos adquiridos por ese extranjero en virtud de unaconcesión otorgada por el Estado o de un contrato celebrado conéste.

Según las circunstancias, el Estado podrá incurrir en responsa-bilidad cuando el poder ejecutivo haya adoptado medidas generalesincompatibles con la ejecución de una concesión otorgada por elEstado o con la aplicación de un contrato celebrado por éste.

B. Deudas


El Estado incurre en responsabilidad si, mediante una disposi-ción legislativa, desconoce o pretende dar por anuladas deudasque le obligan.

El Estado incurre en responsabilidad si, aun sin desconocer unadeuda, mediante una disposición legislativa suspende o modificasu servicio en todo o parte, salvo que se vea forzado a ello pornecesidades financieras.


El Estado incurre en responsabilidad si el poder ejecutivo des-conoce o pretende dar por anuladas deudas que obligan al Estado.

El Estado incurre en responsabilidad si el poder ejecutivo, sindesconocer una deuda del Estado, deja de cumplir las obligacionesque de ella nacen, a menos que se vea forzado a ello por necesi-dades financieras.

C. Privación de libertad


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjerocomo resultado del hecho de que el poder ejecutivo haya privadoinjustificamente a dicho extranjero de su libertad. En particular,se consideran injustificados los actos siguientes: el mantenimientode una detención ilegal, la detención preventiva, si es manifiesta-mente innecesaria e indebidamente prolongada; el encarcela-miento sin motivos suficientes o en condiciones que causen sufri-mientos innecesarios.

D. Insuficiencia de protección otorgada a los extranjeros


El Estado es responsable del daño sufrido por un extranjerocomo resultado del hecho de que el poder ejecutivo no hayamostrado en la protección de los extranjeros la diligencia que,atendidas las circunstancias y la condición de los interesados, erade esperar de un Estado civilizado. El hecho de que un extranjeroesté investido de un carácter público reconocido impone al Estadoun deber especial de vigilancia.


El Estado es responsable del daño causado por un particular ala persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido, parala protección de la persona o los bienes de dicho extranjero, ladiligencia que, atendidas las circunstancias y la calidad de lapersona, era de esperar de un Estado civilizado.


El Estado es responsable del daño causado por un particular ala persona o los bienes de un extranjero si no ha tenido, paradescubrir y castigar al autor del daño, la diligencia que, atendidaslas circunstancias, era de esperar de un Estado civilizado.


El grado de responsabilidad del Estado depende de todas lascircunstancias y, en especial, de si el acto del particular fuédirigido contra el extranjero como tal o de si la víctima habíaadoptado una actitud provocadora.


Si mediante una ley de exención, una amnistía u otra medidaanáloga, el Estado pone fin al derecho de reparación que tenía unextranjero contra el particular que le ha causado el daño, elEstado automáticamente se hace responsable del daño en la medidaen que lo era el autor del mismo.

E. Daños resultantes de insurrecciones,motines y otros disturbios


Un Estado no es responsable del daño causado a la persona obienes de un extranjero por las fuerzas armadas o autoridades delEstado al reprimir una insurrección, un motín u otro disturbio.

Sin embargo, el Estado debe:1) Reparar los daños causados a los extranjeros con motivo de

la requisición u ocupación de sus bienes por las fuerzas armadas oautoridades del Estado;

2) Reparar el daño causado a los extranjeros con motivo de ladestrucción de sus bienes por las fuerzas armadas o autoridadesdel Estado, o en virtud de órdenes de éstas, a menos que dichadestrucción sea la consecuencia directa de actos de combate;

3) Reparar el daño causado a los extranjeros mediante actos delas fuerzas armadas o autoridades del Estado, cuando, dichos actoshayan rebasado manifiestamente los límites de lo exigido por lasituación, o cuando sus fuerzas armadas o autoridades se hayanconducido en una forma manifiestamente incompatible con lasreglas generalmente observadas por los Estados civilizados;

4) Conceder a los extranjeros a quienes las fuerzas armadas oautoridades del Estado hayan causado daños al reprimir una in-surrección, un motín u otros disturbios, las mismas indemnizacionesque las que concede a sus propios nacionales en circunstanciasanálogas.


En principio, el Estado no es responsable de los daños causadosa la persona o los bienes de un extranjero por las personas queparticipan en una insurrección o motín o por la violencia de lasturbas.

Base de discusión No. 22 &)

Sin embargo, el Estado es responsable de los daños causados a lapersona o bienes de un extranjero por individuos que participanen una insurrección o motín, o por la violencia de las turbas, sino ha puesto la diligencia adecuada en tales circunstancias paraprevenir los daños y castigar a sus autores.

Base de discusión No. 22 h)

El Estado debe conceder a los extranjeros que han sufrido dañoscausados por personas que participan en una insurrección, motín,o por la violencia de las turbas las mismas indemnizaciones queconcede a sus propios nacionales en circunstancias análogas.

Base de discusión No. 22 c)El Estado es responsable del daño causado a los extranjeros por

un partido insurrecto que ha triunfado y ha pasado a ser el go-bierno, en las mismas condiciones en que respondería del dañocausado por los actos del gobierno de jure, de sus funcionarios ode sus tropas.

Base de discusión No. 22 á)El Estado es responsable del daño causado a la persona o los

bienes de un extranjero por personas que participan en un motíno por la violencia de las turbas, si el movimiento ha ido dirigidocontra extranjeros como tales, o contra personas de una nacionali-


dad determinada, salvo que el gobierno demuestre que no ha habidonegligencia por su parte o por parte de sus funcionarios.

CIRCUNSTANCIAS EN QUE EL ESTADO PUEDEDECLINAR SU RESPONSABILIDAD

Base de discusión No. 1El Estado no puede eludir su responsabilidad conforme al de-

recho internacional invocando las disposiciones de su derechointerno.

Base de discusión No. 24El Estado no es responsable del daño causado a un extranjero si

acredita que su acto ha sido determinado por la necesidad inme-diata de legítima defensa contra un peligro con el que el ex-tranjero amenazaba al Estado o a otras personas. Si las circuns-tancias no justifican plenamente los actos que han causado eldaño, el Estado podrá ser responsable en la medida que se deter-mine.


El Estado no es responsable por daños causados a un extranjerosi prueba que ha actuado en circunstancias que justifican el ejer-cicio de las represalias contra el Estado al cual pertenece eseextranjero.


La renuncia de una de las partes de un contrato al recurso a lavía diplomática no obliga al Estado del cual es nacional elinteresado y no exonera al Estado contratante de su responsabilidadinternacional.

Si un extranjero ha aceptado válidamente en un contrato lacompetencia exclusiva de los tribunales locales, esta disposiciónes obligatoria para todo tribunal internacional al que se presenteuna demanda en virtud de ese contrato; en consecuencia, el Estadono podrá ser responsable del daño sufrido por el extranjero másque en los casos previstos en las bases de discusión Nos. 5 y 6.


En aquellos casos en que el extranjero puede ejercitar unaacción ante los tribunales del Estado (entre los que se incluye alos tribunales administrativos), dicho Estado puede exigir que sedeje en suspenso toda cuestión relativa a la responsabilidad inter-nacional hasta que sus tribunales hayan pronunciado su decisióndefinitiva. Esta norma no excluye la aplicación de las disposicionesformuladas en las bases de discusión Nos. 5 y 6.

CARÁCTER NACIONAL DE LA RECLAMACIÓN


El Estado no puede reclamar una indemnización pecuniariarespecto del daño sufrido por un particular en el territorio de unEstado extranjero, a menos que dicho particular tenga la naciona-lidad del Estado demandante en el momento en que se hayacausado el daño y la conserve hasta tanto se decida la reclamación.

Las personas a quienes el Estado demandante tiene derecho aextender la protección diplomática se asimilan para estos efectosa los nacionales.

En caso de fallecimiento de la persona lesionada, la reclamaciónde una indemnización pecuniaria que ya haya sido presentada porel Estado de la nacionalidad de dicha persona, solamente puedemantenerse en beneficio de aquellos causahabientes que sean nacio-nales de ese Estado y en la medida de su interés.

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS


La responsabilidad supone para el Estado la obligación de re-parar los daños sufridos en cuanto se presenten como la conse-cuencia de la inobservancia de una obligación internacional. Puedesuponer, además, si procediere según las circunstancias y conformea los principios generales del derecho internacional, la obligación

de dar satisfacción al Estado que ha sido lesionado en la personade sus nacionales, bajo la forma de una excusa presentada con lasolemnidad apropiada y, en los casos que corresponda por elcastigo de los culpables.

La reparación puede comprender, si hay lugar a ello, una indem-nización a las personas lesionadas por los sufrimientos morales quese les ha ocasionado.

Cuando la responsabilidad del Estado resulte solamente delhecho de no haber tomado las medidas necesarias después del actolesivo, sólo está obligado a reparar el daño que se deba a laomisión, total o parcial, de esas medidas.

El Estado responsable de la acción de otros Estados está obligadoa hacer que éstos ejecuten las prestaciones nacidas de esa responsa-bilidad y que dependan de ellos; si no puede hacerlo, debeconceder una compensación equivalente.

En principio, la indemnización que se conceda debe ponerse ala disposición del Estado lesionado.

CARÁCTER DEL ACUERDO QUE HA DE CELEBRARSE


Las Altas Partes Contratantes reconocen que las disposicionesconsignadas más adelante están en armonía con los principios delderecho internacionales actualmente en vigor, reconocen su carácterobligatorio y declaran su intención de cumplirlas.

JURISDICCIÓN


Protocolo especialLa reclamación formulada por un Estado con respecto al daño

sufrido por uno de sus nacionales y fundada en las disposicionesde la Convención a la que va anexo el presente protocolo, a faltade un arreglo amistoso y sin perjuicio de cualquier otro procedi-miento de arreglo vigente entre los Estados interesados, serásometida a la decisión del Tribunal Permanente de Justicia Inter-nacional.

Apéndice 3

TEXTOS DE ARTÍCULOS ADOPTADOS EN PRIMERA LECTURA POR ELCOMITÉ III DE LA CONFERENCIA DE CODIFICACIÓN DEL DERE-CHO INTERNACIONAL (LA HAYA 1930)227

Artículo 1

Todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de unEstado por parte de sus órganos que cause un daño a la personao los bienes de un extranjero dentro del territorio de ese Estado,entraña la responsabilidad internacional de éste.

Artículo 2

En la presente Convención se entiende por " obligaciones inter-nacionales " (las que, en virtud de un tratado, de la costumbre ode los principios generales del derecho) tienen por objeto garan-tizar a las personas y los bienes de los extranjeros un trato con-forme a las normas aceptadas por la comunidad internacional.

[El Comité de Redacción propuso que se reemplazaran la»palabras entre paréntesis por las siguientes:

" . . . las obligaciones que nacen de los tratados así como lasque, fundadas en la costumbre o en los principios generales delderecho,..." ]

Artículo 3

La responsabilidad internacional del Estado supone el deber dereparar el daño causado en la medida en que ella resulta delincumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Artículo 4

1. No puede invocarse la responsabilidad internacional del

227 League of Nations Publications, V. Legal, 1930.17 (documentoC.351(c)M.145(c).1930.V.)

15


Estado para la reparación del daño sufrido por un extranjeromientras no se hayan agotado los recursos que la legislación internadel Estado ofrece al individuo lesionado.

2. Esta regla no se aplica en los casos previstos en el párrafo 2del artículo 9.

Artículo 5Un Estado no puede eludir la responsabilidad internacional in-

vocando (el estado de) su derecho interno.[El Comité de Redacción propone que se supriman las palabras

entre paréntesis.]Artículo 6

El Estado incurre en responsabilidad internacional si el dañosufrido por un extranjero resulta del hecho de haber aprobadodisposiciones legislativas incompatibles con sus obligaciones inter-nacionales o del hecho de no haber aprobado las disposicioneslegislativas necesarias para la ejecución de tales obligaciones.

Artículo 7El Estado incurre en responsabilidad internacional si el daño

sufrido por un extranjero es la consecuencia de un acto u omisióndel poder ejecutivo incompatible con las obligaciones internacio-nales del Estado.

Artículo 81. El Estado incurre en responsabilidad internacional si el daño

sufrido por un extranjero resulta de actos u omisiones de funcio-narios del mismo que han actuado dentro de los límites de susatribuciones, cuando tales actos u omisiones son contrarios a lasobligaciones internacionales del Estado.

2. El Estado incurre igualmente en responsabilidad internacionalsi el daño sufrido por un extranjero resulta de actos contrarios alas obligaciones internacionales del Estado ejecutados por susfuncionarios excediéndose en sus atribuciones pero al amparo desu carácter oficial.

Sin embargo, un Estado no incurre en responsabilidad inter-nacional si la falta de atribuciones del funcionario es tan mani-fiesta que el extranjero debía advertirla y podía, por consiguiente,evitar el daño.

Artículo 9El Estado incurre en responsabilidad internacional si el daño

sufrido por un extranjero resulta de:1) Que una decisión judicial sobre la que no cabe recurso es

manifiestamente incompatible con las obligaciones internacionalesdel Estado;

2) Que, en forma incompatible con dichas obligaciones, lasautoridades judiciales han impedido al extranjero el ejercicio desu derecho a intentar los recursos judiciales o el extranjero hatropezado en el procedimiento con obstáculos o demoras injustifi-cables que implican una denegación de justicia.

La reclamación contra el Estado debe presentarse dentro de losdos años siguientes a la fecha en que se haya pronunciado ladecisión judicial, a menos que se demuestre que existen razonesespeciales que justifican la prolongación de este plazo.

Artículo 10Por lo que respecta al daño causado por particulares a extran-

jeros o a sus bienes, el Estado sólo es responsable cuando el dañosufrido por los extranjeros resulta del hecho de que el Estado haomitido la adopción de las medidas que deben adoptarse normal-mente, atendidas las circunstancias, para prevenir, reparar oreprimir los actos lesivos.

B. La codificación por entidades interamericanas

Apéndice 4

RECOMENDACIÓN SOBRE "RECLAMACIONES E INTERVENCIÓN DI-PLOMÁTICA" 228 ADOPTADA POR LA PRIMERA CONFERENCIA

INTERNACIONAL AMERICANA (WASHINGTON, 1889-1890)

La Conferencia Internacional Americana recomienda a los Go-

biernos de las naciones en ella representadas reconozcan comoprincipios de derecho internacional americano los siguientes:

1) Los extranjeros gozan de todos los derechos civiles de quegozan los nacionales, y pueden hacer uso de ellos, en el fondo, laforma o procedimiento, y en los recursos a que den lugar, absolu-tamente en los mismos términos que dichos nacionales.

2) La nación no tiene ni reconoce a favor de los extranjerosningunas otras obligaciones o responsabilidades que las que afavor de los nacionales se hallen establecidas en igual caso por laConstitución y las leyes.

Apéndice 5

CONVENCIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS DE EXTRANJERÍA 2 2 9 FIR-MADA EN LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA

(MEXICO, 1902)

Artículo 1. Los extranjeros gozan de todos los derechos civilesde que gozan los nacionales, y deben hacer uso de ellos en elfondo, en la forma o procedimiento y en los recursos a que denlugar, absolutamente en los mismos términos que dichos nacionales,salvo lo que disponga la Constitución de cada país.

Artículo 2. Los Estados no tienen ni reconocen a favor de losextranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las que afavor de los nacionales se hallen establecidas por su Constitucióno por sus leyes.

En consecuencia, los Estados no son responsables de los dañossufridos por los extranjeros por causa de actos de facciosos o deindividuos particulares, y en general de los daños originados porcasos fortuitos de cualquier especie, considerándose tales, los actosde guerra, ya sea civil o nacional, sino en el caso de que laautoridad constituida haya sido remisa en el cumplimiento de susdeberes.

Artículo 3. En todos los casos en que un extranjero tengareclamaciones o quejas de orden civil, criminal o administrativocontra un Estado, o sus nacionales, deberá interponer su demandaante el tribunal competente del país; y no podrá reclamarse porla vía diplomática, sino en los casos en que haya habido, de partede ese tribunal, manifiesta denegación de justicia, o retardo anor-mal, o violación evidente de los principios del derecho interna-cional.

Apéndice 6

RESOLUCIÓN SOBRE " RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTA-DO " 230 APROBADA EN LA SÉPTIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL

AMERICANA (MONTEVIDEO, 1933)

La Séptima Conferencia Internacional Americana,Resuelve :1. Recomendar que sea entregado a los organismos de codifica-

ción instituidos por las Conferencias Internacionales Americanasel estudio del problema integral relativo a la responsabilidad inter-nacional del Estado y con referencia especial a la responsabilidadpor manifiesta denegación o retardo inmotivado de justicia; coor-dinando sus estudios con la obra de codificación que se realiza bajolos auspicios de la Sociedad de las Naciones.

2. Que, ello no obstante, reafirma una vez más como principiode derecho internacional, la igualdad civil del extranjero con elnacional como límite máximo de protección a que puede aspiraraquél en las legislaciones positivas de los Estados.

3. Reafirma, igualmente, que el amparo diplomático no debepromoverse en favor de los extranjeros, sino que deben éstos agotartodos los recursos jurisdiccionales establecidos por las leyes del

228 Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936 (Dota-ción Carnegie, 1938), pág. 44.

229 Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936 (Dota-ción Carnegie , 1938) , pág . 78.

230 Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936 (Dota-ción Carneg ie , 1938) , págs . 546 y 547.


país ante el cual se instaura la acción. Se exceptúan los casos demanifiesta denegación o de retardo inmotivado de justicia, loscuales serán siempre interpretados restrictivamente, esto es, enfavor de la soberanía del Estado donde se haya suscitado ladisidencia. Si dentro de un plazo razonable no se lograre acuerdosobre la disidencia, por la vía diplomática, se acudirá entonces alarbitraje.

4. La Conferencia reconoce al mismo tiempo, que estos prin-cipios generales pueden ser materia de definición y limitacionesy que los organismos encargados de proyectar la codificacióntomarán en cuenta esa necesidad de definición y limitaciones alformular las reglas aplicables a los diversos casos que puedanpreverse.

C. La codificación por entidades privadas

Apéndice 7

PROYECTOS SOBRE " RESPONSABILIDADES DE LOS GOBIERNOS " Y

" PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA " PREPARADOS POR EL INSTITUTOAMERICANO D E DERECHO INTERNACIONAL (1925)

PROYECTO No. 15: RESPONSABILIDADES DE LOSGOBIERNOS

Considerando que conviene determinar la responsabilidad de lasRepúblicas Americanas respecto a los extranjeros por los dañosque aquéllos sufrieren en el territorio de esas Repúblicas,

Estas últimas han acordado en celebrar el siguiente convenio:

Artículo 1

El Gobierno de cada República Americana se obliga a manteneren su territorio el orden interior y la estabilidad gubernamentalindispensables para el cumplimiento de los deberes internacionales.

Artículo II

Como consecuencia de la regla formulada en el artículo prece-dente, los Gobiernos de las Repúblicas Americanas no son respon-sables de los daños sufridos por los extranjeros en sus personas oen sus bienes cualquiera que sea el motivo, sino cuando dichosGobiernos no han asegurado el orden en el interior, si han sidonegligentes en la represión de los actos que han turbado dichoorden o finalmente si no han concedido, en la medida de susfuerzas, las garantías necesarias para prevenir dichos daños operjuicios.

PROYECTO No. 16: PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

Considerando que los casos en los cuales puede procederse areclamaciones diplomáticas son materias que les interesan especial-mente,

Las Repúblicas Americanas han celebiado el siguiente Convenio:

Articulo I

Las Repúblicas Americanas no reconocen en favor de los extran-jeros otras obligaciones o responsabilidades que aquellas estable-cidas para sus propios nacionales en sus Constituciones, en susleyes respectivas, y en los tratados en vigor.

Artículo II

Toda República Americana tiene el derecho de proteger diplomá-ticamente a sus nacionales o naturalizados, de acuerdo con elpresente convenio.

Las condiciones en las cuales una República Americana puedeconceder su protección diplomática, dependen exclusivamente desu legislación interior.

Artículo III

Todo Estado tiene el derecho de proteger diplomáticamente asus nacionales en relación con una República Americana, en elcaso en que aquéllos no puedan legalmente recurrir a las autori-dades del país, o si se puede demonstrar que ha existido por parte

de dichas autoridades denegación de justicia, retardo anormal oviolación de los principios del derecho internacional.

Artículo IV

Existe denegación de justicia:a) Cuando las autoridades de un país donde la reclamación ha

sido hecha ponen obstáculos no autorizados por la ley al ejerciciopor el extranjero de los derechos que alega.

b) Cuando las autoridades del país al que ha recurrido elextranjero no han tomado en cuenta sus derechos, sin razón legal,o por motivo contrario a los principios del derecho.

c) Cuando las reglas fundamentales del procedimiento en vigoren el país han sido violadas y sin ulterior recurso posible.

Artículo V

Toda República Americana puede proteger, además de susnacionales, los de otros países cuando éstos le han conferido surepresentación diplomática o el cuidado de sus intereses en elpaís donde la reclamación se haga.

Artículo VI

La República Americana a la cual se dirija la reclamacióndiplomática puede declinarla cuando la persona por la cual seha hecho se ha mezclado en los asuntos de política interior oexterior, en contra del Gobierno al cual se haga la reclamación.Puede declinarla igualmente si el reclamante ha cometido actos dehostilidad contra la República.

Artículo VII

La reclamación diplomática no es aceptable cuando el individuopor el cual se presenta se considera al mismo tiempo como nacionalpor la ley del país objeto de la reclamación, a virtud de cir-cunstancias que no sea la simple residencia en el territorio.

Artículo VIII

Para que una reclamación diplomática sea aceptable es precisoque el individuo por el cual ha sido presentada haya sido nacionaldel país reclamante en la época en que se produjo el acto o hechoque da lugar a la reclamación y que lo sea también en la época enque la reclamación se presente.

Artículo IX

Toda República Americana tiene el derecho de proteger diplo-máticamente no sólo a sus nacionales sino también a las compañías,corporaciones u otras personas jurídicas que de acuerdo con susleyes tienen la nacionalidad del país.

Artículo X

Queda especialmente prohibido a las Repúblicas Americanasproteger diplomáticamente a sus nacionales cuando se trate dederechos adquiridos por medio de una cesión voluntaria o forzosarealizada posteriormente al acto que da lugar a la reclamación.

Artículo XI

Todas las controversias que surjan entre las Repúblicas Ameri-canas sobre la cuestión de saber si procede o no una reclamacióndiplomática de acuerdo con esta Convención, serán obligatoria-mente resueltas por arbitraje o por la justicia internacional, si lasnegociaciones directas no dieren resultado.

Apéndice 8

PROYECTO SOBRE "RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADOPOR DANOS CAUSADOS EN SU TERRITORIO A LA PERSONA O BIENESDE LOS EXTRANJEROS " 231 PREPARADO POR EL INSTITUT DEDROIT INTERNATIONAL (1927)

El Institut de droit international expresa el deseo de que sesancione en la práctica del derecho de gentes el conjunto de reglas

231 Harvard Law School, op. cit., págs. 228-230.


siguientes, relativas a la responsabilidad internacional de losEstados por daños causados en su territorio, cuando hay paz entreellos, a la persona o a los bienes de los extranjeros.

Artículo 1

El Estado es responsable de los daños que cause a los extranjerospor toda acción u omisión contraria a sus obligaciones interna-cionales, sea cual fuere la autoridad del Estado — constituyente,legislativa, gubernamental o judicial — de que proceda tal acciónu omisión.

Esta responsabilidad del Estado existe tanto si sus órganos hanactuado conforme a la ley o a la orden de una autoridad superiorcomo si han actuado en contravención de ellas232.

Existe igualmente esa responsabilidad cuando tales órganos seexceden en su competencia, al amparo de su carácter de órganosdel Estado y valiéndose de los medios que, con ese título, tienen asu disposición.

Esta responsabilidad del Estado no existe si la inobservancia dela obligación no se debe a culpa de sus órganos, a menos que, enel caso de que se trate, una regla convencional o consuetudinaria,especial para la materia, admita la responsabilidad sin culpa.

Artículo 2

El Estado es responsable de los actos de las corporaciones queejercen funciones públicas en su territorio.

Artículo 3

Si se trata de actos lesivos cometidos por particulares, el Estadosólo es responsable cuando el daño resulta de la omisión de lasmedidas que deben adoptarse normalmente, atendidas las circuns-tancias, para prevenir o reprimir tales actos.

Artículo 4

Exceptuados los casos en que el derecho internacional preveaque se dé al extranjero un trato preferente al del nacional, elEstado debe otorgar a los extranjeros, contra los daños causadospor particulares, idénticas medidas de protección que a sus nacio-nales. Los extranjeros deben tener, pues, igual derecho por lomenos que los nacionales a obtener indemnizaciones.

Artículo 5

El Estado es responsable del cargo de denegación de justicia:1. Cuando no existen o no funcionan los tribunales indispen-

sables para asegurar la protección de los extranjeros.2. Cuando los tribunales no son accesibles a los extranjeros.3. Cuando los tribunales no ofrecen las garantías indispensables

para asegurar una buena administración de justicia.

Artículo 6

El Estado es asimismo responsable si el procedimiento o lasentencia constituyen una injusticia notoria, especialmente si sehan inspirado en la mala voluntad hacia los extranjeros, comotales o como nacionales de un Estado determinado.

Artículo 7

El Estado sólo es responsable de los daños ocasionados en casode desorden, motín, insurrección o guerra civil si no ha procuradoprevenir los actos lesivos con la diligencia que se debe tenernormalmente en iguales circunstancias, si no ha reaccionado conidéntica diligencia contra dichos actos, o si no aplica a los extran-jeros las mismas medidas de protección que a los nacionales. Enparticular, está obligado a conceder a los extranjeros las mismasindemnizaciones que a sus nacionales respecto de los municipios

232 El texto del segundo párrafo debe entenderse en el sentidode que la responsabilidad del Estado subsiste aun cuando sus ór-ganos hayan actuado ajustándose a la ley o en contra de ella oaun contra la orden de una autoridad superior. (Extracto del actade Io de septiembre de 1927).

u otras entidades. La responsabilidad del Estado con motivo de losactos cometidos por insurrectos cesa una vez reconocidos éstoscomo parte beligerante y, en todo caso, respecto de los Estadosque los han reconocido como tales.

Queda pendiente la cuestión de saber hasta qué punto es respon-sable el Estado de los actos de los insurrectos, aun reconocidoscomo parte beligerante, en el caso de que se conviertan en gobiernodel país.

Artículo 8

Los principios expuestos en los artículos 3 y 4 rigen asimismola obligación internacional que incumbe al Estado de garantizarlos derechos que los extranjeros tienen con respecto a ese Estadoen virtud del derecho interno del mismo.

Artículo 9

El Estado federal es responsable de la actuación de los Estadosparticulares, no sólo si ésta es contraria a las obligaciones inter-nacionales del propio Estado federal, sino también cuando es con-traria a las obligaciones internacionales que incumbirían a dichosEstados. No puede invocar, para sustraerse a esa responsabilidad,el hecho de que su constitución no le faculte para intervenir enlos Estados particulares ni para exigirles que cumplan sus obliga-ciones.

Igualmente, el Estado protector es responsable de la conductadel Estado protegido, en cuanto este último está obligado a cumplirlas obligaciones internacionales del Estado protector, o en cuantoéste representa al Estado protegido ante otros Estados lesionadospor él y que hacen uso del derecho de presentar sus reclamaciones.

Artículo 10

La responsabilidad del Estado comprende la reparación de losdaños sufridos en cuanto se presenten como consecuencia de lainobservancia de la obligación internacional. Comprende, además,si hay lugar a ello, según las circunstancias y de conformidad conlos principios generales del derecho de gentes, una satisfacción alEstado lesionado en la persona de sus nacionales, en forma deexcusas más o menos solemnes y, en los casos apropiados, elcastigo, disciplinario o de otra índole, de los culpables.

Artículo 11

La indemnización comprende, si hay lugar a ello, una compen-sación a las personas lesionadas, a título de reparación por lossufrimientos morales que han experimentado.

Cuando la responsabilidad del Estado proviene únicamente delhecho de no haber adoptado el mismo las medidas adecuadasdespués de ejecutado el acto lesivo, sólo está obligado a la repa-ración del daño que resulte de la omisión, total o parcial, de esasmedidas.

El Estado responsable de la conducta de otros Estados estáobligado a hacer que éstos ejecuten las prestaciones que entrañaesa responsabilidad y que dependan de ellos; si no puede hacerlo,debe conceder una compensación equivalente.

En principio, la indemnización que se conceda debe ponerse ala disposición del Estado lesionado.

Quedan pendientes las cuestiones relativas a la evaluación delas daños y perjuicios y a las relaciones entre las personas lesiona-das y su Estado y el Estado contra el cual se ha formulado lareclamación.

Artículo 12

El Estado no puede presentar ninguna demanda de reparaciónmientras la persona lesionada disponga de recursos eficaces ysuficientes para que se le otorgue el trato debido.

Tampoco procede una demanda de reparación si el Estadoresponsable pone a disposición de la persona lesionada un procedi-miento eficaz para obtener la indemnización correspondiente.

Voeu final

El Institut expresa el deseo de que mediante convenciones


internacionales, en los casos en que todavía no existan, los Estadosse comprometan de antemano a someter todas las controversiasrelativas a la responsabilidad internacional del Estado por dañoscausados en su territorio a la persona y a los bienes de los extran-jeros, primero a una comisión internacional de encuesta, si esmenester para el examen de los hechos; luego, a un procedimientode conciliación; por último, si con el anterior no se logra resolverla cuestión, a un procedimiento judicial ante la Corte Permanentede Arbitraje, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional ocualquier otra jurisdicción internacional para que se obtenga unasolución definitiva.

Asimismo, el Institut expresa el deseo de que los Estados seabstengan de toda medida coercitiva antes de recurrir a los mediosque se acaban de señalar.

Apéndice 9

PROYECTO DE CONVENCIÓN SOBRE "RESPONSABILIDAD DE LOS

ESTADOS POR DANOS CAUSADOS EN SU TERRITORIO A LA PER-

SONA O BIENES DE LOS EXTRANJEROS " 2 3 3 PREPARADO POR LAHARVARD LAW SCHOOL (1929)

Articulo 1

Un Estado es responsable, en el sentido en que se emplea estaexpresión en la presente Convención, cuando tiene el deber dereparar a otro Estado los daños sufridos por éste último a con-secuencia de los daños causados a uno de sus nacionales.

Artículo 2

La responsabilidad del Estado está determinada por el derechointernacional o por los tratados, no obstante cualquier disposiciónen contrario de su derecho interno, de las decisiones de sus tri-bunales nacionales o de sus convenios con extranjeros.

Artículo 3

La responsabilidad del Estado no desaparece por el hecho deque el daño causado a un extranjero sea imputable a una de sussubdivisiones políticas, sea cual fuere el grado de autoridad queel gobierno nacional ejerza sobre esa subdivisión política conarreglo a su constitución. A los efectos de este artículo, el dominio,la colonia, la dependencia, el protectorado o la comunidad bajomandato, que no dirige sus relaciones exteriores de modo indepen-diente, ha de ser asimilado a una subdivisión política.

Artículo 4

En circunstancias normales, el Estado tiene el deber de manteneruna organización administrativa adecuada para el cumplimientode las obligaciones que le imponen el derecho internacional y lostratados. En caso de situaciones excepcionales que perturbentransitoriamente su organización administrativa, el Estado tiene eldeber de hacer uso de los medios que estén a su alcance para elcumplimiento de esas obligaciones.

Artículo 5

El Estado tiene el deber de proporcionar al extranjero recursospara obtener reparación, que sean tan eficaces como los recursosque ofrece a sus nacionales.

Artículo 6

Normalmente un Estado no es responsable (cuando se trate deldeber de dar reparación a otro Estado) mientras no se hayanagotado los recursos locales que tiene a su disposición el extranjerolesionado.

Artículo 7

a) El Estado es responsable del daño causado a un extranjeropor un acto o una omisión ilícitos de una de sus autoridadessuperiores cometido en ejercicio de las atribuciones o funciones

235 Harvard Law School, op. cit.9 págs. 140 et seq.

propias de tal autoridad, cuando se han agotado todos los recursoslocales sin que se obtenga reparación.

b) El Estado es responsable del daño causado a un extranjeropor un acto u omisión ilícitos de uno de sus funcionarios o emplea-dos subalternos en ejercicio de sus atribuciones o funciones,cuando se ha denegado justicia al extranjero lesionado o cuando,no habiéndose dado la debida reparación al extranjero lesionado,el Estado ha dejado de sancionar disciplinariamente al funcionarioo empleado.

Artículo 8

a) El Estado es responsable del daño causado a un extranjeropor el incumplimiento de sus obligaciones contractuales para conese extranjero, cuando se han agotado los recursos locales sin quese dé la debida reparación.

b) El Estado no es responsable del daño causado a un extranjeropor el incumplimiento de obligaciones contractuales a favor de eseextranjero contraídas por una subdivisión política de ese Estado,salvo la responsabilidad a que pueda dar lugar una denegación dejusticia.

Artículo 9

El Estado es responsable si el daño causado a un extranjeroproviene de una denegación de justicia. Hay denegación de justiciaen caso de que se niegue el acceso a los tribunales, de que eseacceso esté sujeto a demoras u obstrucción injustificadas, de gravesdefectos en la substanciación de los procedimientos judiciales o delos recursos, de ausencia de las garantías que generalmente seconsideran indispensables para una buena administración dejusticia, o de sentencia notoriamente injusta. El error de un tri-bunal nacional que no ocasiona una injusticia manifiesta no esdenegación de justicia.

Artículo 10

Un Estado es responsable si el daño causado a un extranjeroresulta del hecho de no haber empleado la diligencia debida paraimpedirlo y se han agotado los recursos locales sin que se dé unaadecuada reparación. La diligencia indispensable puede variarsegún el carácter público o privado de la persona del extranjeroy las circunstancias del caso.

Artículo 11

El Estado es responsable del daño causado a un extranjero aconsecuencia del acto de un particular o de la violencia de lasturbas, cuando ha dejado de emplear la diligencia necesaria paraimpedir ese daño y se han agotado los recursos locales sin que seobtenga una reparación adecuada, o cuando ha habido denegaciónde justicia.

Artículo 12

El Estado es responsable del daño causado a un extranjero aconsecuencia de un acto de insurrectos, cuando no ha empleadola diligencia debida para impedir el daño y se han agotado losrecursos locales sin que se obtenga una reparación adecuada.

Artículo 13

a) En caso de una revolución frustrada, el Estado no es responsa-ble si el daño causado a un extranjero resulta de un acto de losrevolucionarios cometido después de su reconocimiento como beli-gerantes, bien por el propio extranjero, bien por el Estado delcual ese extranjero es nacional.

b) En caso de una revolución triunfante, el Estado cuyo go-bierno se establece a consecuencia de ella es responsable, conarreglo al artículo 7, en el caso de que se haya ocasionado dañoa un extranjero a consecuencia de un acto ilícito u omisión ilícitade los revolucionarios cometidos en cualquier momento despuésdel comienzo de la revolución.

Artículo 14

El Estado es responsable del daño causado a un extranjero aconsecuencia de un acto cometido dentro del territorio del mismo


Estado, pero imputable a otro Estado, sólo en el caso de no haberempleado la debida diligencia para prevenir el daño.

Artículo 15

a) Un Estado no es responsable respecto de otro Estado queinterpone una reclamación a favor de uno de sus nacionales, másque cuando la reclamación ha entrañado permanentemente uninterés para uno de dichos nacionales hasta el momento de serpresentada.

b) Un Estado sólo es responsable ante otro Estado que deduceuna reclamación a favor de una persona que no es nacional suyo:

1) Si el beneficiario ha perdido su nacionalidad por ministeriode la ley, o

2) Si el interés en la reclamación se ha transmitido de unnacional al beneficiario por ministerio de la ley.

Artículo 16

a) Un Estado no es responsable si la persona lesionada o lapersona en cuyo nombre se ha interpuesto la reclamación es o hasido nacional suyo.

b) En caso de daños sufridos por una sociedad de capitalextranjero o de una reclamación formulada a favor de una sociedadde capital extranjero, la responsabilidad del Estado no desaparecepor el hecho de que uno o más accionistas de dicha sociedadposean o hayan poseído su nacionalidad.

c) La responsabilidad del Estado no desaparece por el hecho deque una disposición de su propio derecho establezca que paradeterminados efectos el extranjero se reputará nacional.

Artículo 17

La responsabilidad del Estado no desaparece a consecuencia deuna disposición de su legislación o de un convenio con un extran-jero que tienda a excluir toda responsabilidad declarando sinrecurso las decisiones de sus tribunales. La responsabilidad delEstado no desaparece tampoco por la renuncia de un extranjeroa la protección del Estado de que sea nacional.

Artículo 18

Toda controversia que se suscite entre los Estados partes deesta Convención con respecto a la interpretación o la aplicaciónde las disposiciones de la misma, cuando no se resuelva mediantenegociaciones o no se someta a arbitraje con arreglo a un tratadogeneral o especial de arbitraje, será remitida al Tribunal Perma-nente de Justicia Internacional, y podrá ser llevada a dicho Tribu-nal por cualquiera de las partes en la controversia.

Apéndice No. 10

" DECLARACIÓN SOBRE LAS BASES FUNDAMENTALES Y LOS GRANDESPRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL MODERNO " APROBADAPOR LA INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, LA ACADÉMIEDIPLOMATIQUE INTERNATIONALE Y LA UNION JURIDIQUE INTER-NATIONALE 234

TITULO V

Deberes de los Estados

Artículo 25. Los Estados deben:

b) Mantener una organización política y jurídica que permitaa todas las personas que residen en su territorio ejercer losderechos y gozar de las ventajas que la conciencia de la justiciainternacional impone en la actualidad a todo pueblo civilizado.

234 Alejandro Alvarez, Exposé de motifs et déclaration des grandsprincipes du droit international moderne, 2a. ed. (Paris, Les Edi-tions internationales, 1938), págs. 49 et seq.

TITULO VI

Derechos internacionales del invididuo

Artículo 28. Todo Estado debe garantizar a cualquier individuoque resida en su territorio la plena y cabal protección del derechoa la vida, a la libertad y a la propiedad, sin distinción de nacio-nalidad, sexo, raza, idioma o religión.

Artículo 29. Todo Estado debe reconocer también a cualquierindividuo que resida en su territorio el derecho al libre ejercicio,tanto público como privado, de toda fe, religión o creencia cuyapráctica no sea incompatible con el orden público y las buenascostumbres.

TITULO VII

Derechos y deberes de los extranjeros, responsabilidadesde los Estados. Reclamaciones diplomáticas

Artículo 30. Los extranjeros tienen derecho al mismo trato quelos nacionales por lo que respecta a los derechos privados y a lasgarantías del derecho penal.

En ningún caso pueden los extranjeros pretender mayoresderechos que los nacionales, salvo en el caso de que el país en queresidan no garantice a los habitantes, en forma permanente, elmínimo de derechos a que se refieren el inciso b) del artículo 25y los artículos 28 y 29.

Artículo 31. Todo extranjero queda sometido a la ley y a lasautoridades del país del territorio en que reside.

Artículo 32. Todo Estado es responsable de los daños que, poracción u omisión, causan sus autoridades a los nacionales de otroEstado.

Sin embargo, esta responsabilidad no será menor ni mayor quela que tenga respecto de sus propios nacionales, salvo el casoprevisto en al inciso b) del artículo 25 y en los artículos 28 y 29,o cuando haya habido violación o desconocimiento de los derechosque tiene el extranjero en virtud del derecho internacional.

Artículo 33. Los Estados pueden ampliar o restringir entre sí,mediante una convención, la responsabilidad establecida en losartículos precedentes.

Artículo 34. Los extranjeros que han sufrido, por parte de lasautoridades o de los particulares del país en que residen, un dañoque, a su juicio, entraña la responsabilidad de éste, deben recurrira las autoridades de dicho país. El Estado del que dependen nopodrá concederles su protección diplomática sino en caso de dene-gación de justicia.

Si se suscita una controversia sobre denegación de justicia, seráresuelta por la justicia internacional.

Artículo 35. Todo Estado que cause injustamente un daño aotro Estado tiene el deber de repararlo.

La cuestión de determinar si el daño ha sido causado injusta-mente corresponde a la justicia internacional.

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PROCEDIMIENTO ARBITRAL

DOCUMENTO A/CN.4/L.64

Nota de la Secretaría

1. La Comisión de Derecho Internacional, en el in-forme sobre su quinto período de sesiones 1, sometió a laAsamblea General en su octavo período de sesiones unProyecto de Convención sobre Procedimiento Arbitral ypropuso que la Asamblea recomendara el proyecto a losEstados Miembros de las Naciones Unidas con miras aconcertar una convención.

2. Después de examinada la cuestión por la SextaComisión2, la Asamblea General, por su resolución 797(VIII) del 7 de diciembre de 1953, decidió remitir a losEstados Miembros el proyecto de convención, así comolas observaciones formuladas al mismo en la Sexta Comi-sión, pedir a los Estados Miembros que enviaran susobservaciones sobre el proyecto e inscribir la cuestiónen el programa de su décimo período de sesiones.

3. La cuestión fue examinada nuevamente por laSexta Comisión en el décimo período de sesiones de laAsamblea General, a la luz de las observaciones enviadaspor los gobiernos 3. Las diversas opiniones expuestas figu-ran en las actas resumidas de las sesiones 461a. a 464a.y 466a. a 472a., de la Comisión y en el informe de éstaa la Asamblea General sobre dicho tema 4.

4. A recomendación de la Sexta Comisión, la Asam-blea General aprobó el 14 de diciembre de 1955 la si-guiente resolución (989 (X) ) :

" La Asamblea General," Habiendo examinado el proyecto sobre procedi-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9.

2 Ibid., Sexta Comisión, sesiones 382a. a. 389a. y Anexos, tema53 del programa.

3 Ibid., décimo período de sesiones, Anexos, tema 52 del pro-grama, documento A/2899 y Add.l y 2.

4 Ibid., Sexta Comisión, sesiones 461a. a 464a. y 466a. a. 472a.y Anexos, tema 52 del programa, documento A/3083.

[Texto original en inglés][30 de marzo de 1956]

miento arbitral preparado por la Comisión de DerechoInternacional en su quinto período de sesiones, y lasobservaciones presentadas al respecto por los gobiernos,

"Recordando la resolución 797 (VIII) de 7 de di-ciembre de 1953, en la que la Asamblea General mani-fiesta que dicho proyecto contiene algunos elementosimportantes para el desarrollo progresivo del derechointernacional en materia de procedimiento arbitral,

" Tomando nota de que, en las observaciones formu-ladas por los gobiernos y en las declaraciones hechasante la Sexta Comisión durante el octavo y el décimoperíodo de sesiones de la Asamblea General, se hanhecho varias sugestiones con miras a mejorar elproyecto,

" Confiando en que los Estados, al redactar las dis-posiciones que hayan de incluirse en tratados inter-nacionales y en acuerdos especiales de arbitraje, se hande guiar por un conjunto de normas en materia deprocedimiento arbitral,

" 1. Expresa su reconocimiento a la Comisión deDerecho Internacional y al Secretario General por lalabor que han realizado en materia de procedimientoarbitral ;

" 2. Invita a la Comisión de Derecho Internacionala que estudie las observaciones de los gobiernos y losdebates de la Sexta Comisión en cuanto éstos puedancontribuir a incrementar el valor del proyecto sobreprocedimiento arbitral, e informe a la Asamblea Gene-ral en su décimotercer período de sesiones;

" 3. Decide incluir la cuestión del procedimientoarbitral en el programa provisional del décimotercerperíodo de sesiones, incluso el problema de la conve-niencia de convocar a una conferencia internacionalde plenipotenciarios para concertar una convenciónsobre procedimiento arbitral."

228

CUESTIÓN DE LA REFORMA DEL ARTICULO 11 DEL ESTATUTO DE LACOMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL


Nata de la Secretaría

1. En su décimo período de sesiones, la AsambleaGeneral, por resolución 985 (X) del 3 de diciembre de1955, decidió, con efectos a partir del I o de enero de1957, prolongar de tres a cinco años la duración delmandato de los miembros de la Comisión de DerechoInternacional. En vista de que se había prolongado laduración del mandato, el representante de los EstadosUnidos de América propuso en la Sexta Comisión quese modificara el artículo 11 del Estatuto de la Comisiónen el sentido de que dispusiera que las vacantes que seprodujeran ocasionalmente serían cubiertas por la Asam-blea General y no por la propia Comisión. El autor de lapropuesta la reemplazó posteriormente por otra encami-nada a aplazar la cuestión hasta el undécimo período desesiones de la Asamblea General. Los representantes deCosta Rica y la India presentaron una enmienda a estaúltima propuesta, conforme a la cual se invitaba a laComisión de Derecho Internacional a expresar su opiniónsobre la cuestión 1.

[Texto original en inglés][30 de marzo de 1956]

2. Por recomendación de la Sexta Comisión, la Asam-blea General aprobó el 3 de diciembre de 1955 la siguienteresolución (986 (X)) :

" La Asamblea General," Teniendo en cuenta que el artículo 10 del Estatuto

de la Comisión de Derecho Internacional ha sido objetode una modificación en virtud de la cual se prolongade tres a cinco años la duración del mandato de susmiembros,

" 1. Invita a la Comisión de Derecho Internacionala que exprese su opinión acerca de la reforma del artí-culo 11 de su Estatuto, que trata de la forma en quese cubrirán las vacantes que se produzcan ocasional-mente en su composición;

" 2. Decide incluir en el programa provisional delundécimo período de sesiones de la Asamblea Generalla cuestión de la reforma del artículo 11 del Estatutode la Comisión de Derecho Internacional."

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimoperíodo de sesiones, Sexta Comisión, 452a. a 454a. sesiones yAnexos, tema 50 del programa.

229

PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN DEDERECHO INTERNACIONAL


Nota de la Secretaría

1. En la resolución 987 (X), del 3 de diciembre de1955, aprobada con base en el informe de la Sexta Comi-sión i, la Asamblea General pedía al Secretario Generalque dispusiera cuanto antes la impresión de los siguientesdocumentos relativos a los siete primeros períodos desesiones de la Comisión de Derecho Internacional:

a) Los estudios, los informes especiales, los proyectosde resolución principales y las enmiendas importantespresentados a la Comisión, en el idioma en que fueronredactados ;

b) Las actas resumidas de la Comisión, primeramenteen inglés.

2. Pedía asimismo al Secretario General que dispu-siera que se impriman anualmente, en español, francés einglés, los documentos mencionados en el párrafo ante-rior relativos a los futuros períodos de sesiones de laComisión.

3. Por último, invitaba a la Comisión de DerechoInternacional a que expresara su parecer, para que sirvierade guía al Secretario General, con respecto a la seleccióny corrección de los documentos que deben imprimirse,y, si fuere necesario en opinión de la Comisión, a quesometiera nuevamente a la consideración de la AsambleaGeneral la cuestión de la impresión de los documentos dela Comisión.

4. La cantidad de documentos atrasados que hay quepublicar es bastante grande. Con respecto a los siete pri-meros períodos de sesiones de la Comisión, habrá unas12.000 páginas mimeografiadas ; esta cifra se divideaproximadamente por igual entre las actas, que se han deimprimir en inglés, y los estudios, los informes especiales,los principales proyectos de resolución y las enmiendasimportantes presentados a la Comisión, que han de publi-carse en el idioma original2. El número de páginas varíamucho de un período de sesiones a otro s.

5. La Quinta Comisión, en su informe a la AsambleaGeneral, pidió que el trabajo de editar los documentos de

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Anexos, tema 50 del programa, documento A/3028.La Comisión examinó esta cuestión en sus sesiones 445a, a 452(véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimoperíodo de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 445a. a 452a.)

2 Unas 3.400 páginas en inglés, unas 1.800 en francés y unas 200en español.

3 a) Actas: primer período de sesiones, 679 págs:; segundoperíodo de sesiones, 1.033 págs.; tercer período de sesiones, 1.372págs.; cuarto período de sesiones, 648 págs.; quinto período desesiones, 1.022 págs.; sexto período de sesiones, 491 págs.; séptimoperíodo de sesiones, 840 págs.

b) Otros documentos: primer período de sesiones, 186 págs.;segundo período de sesiones, 1.457 págs.; tercer período de sesiones,595 págs.; cuarto período de sesiones, 749 págs.; quinto períodode sesiones, 1.289 págs.; sexto período de sesiones, 615 págs.;séptimo período de sesiones, 420 págs.

[Texto original en francés][26 de abril de 1956]

los períodos de sesiones anteriores se repartiera en tresaños (A/3052, párr. 11).

6. Los únicos problemas que se plantean se estudianen las dos secciones siguientes y son: a) la selección y laedición de los documentos; b) la forma en que han depublicarse.

SECCIÓN 1. SELECCIÓN Y EDICIÓN DE LOS DOCUMENTOS

7. En la Sexta Comisión se manifestaron dos tenden-cias opuestas. Algunos representantes estimaban que" deberían imprimirse todos los documentos de la Comi-sión [de Derecho Internacional], ya que no había uncriterio que permitiera clasificarlos en lo que se refierea su importancia ". Otros opinaron " que era menesterhacer alguna selección ya que esa tarea podría confiarsea la propia Comisión, que debería dar las instruccionesnecesarias sobre la materia al Secretario General " 4 . Laresolución aprobada por la Asamblea recoge esta últimatendencia. En todo caso, el problema se plantea de unmodo diferente según la clase de documentos que hayande publicarse, pero la selección y la edición de los docu-mentos se han de inspirar en dos principios: a) repro-ducir los textos con la mayor fidelidad posible; b) evitarque el mismo texto se reproduzca varias veces.

Actas resumidas

8. La publicación de las actas no parece presentardificultades importantes. Los textos que existen son tex-tos definitivos en los que los miembros de la Comisión hantenido oportunidad de hacer correcciones. El trabajo deedición consistirá simplemente en dar uniformidad a lapresentación, corregir los errores materiales, incorporarlas correcciones en el texto y suprimir los párrafos quetratan de cuestiones administrativas de poca importancia.No habrá que introducir modificaciones de fondo, ni esposible dejar de reproducir algunas de las actas resu-midas. En cambio, se harán algunas de las adiciones quese mencionan en el párrafo siguiente.

Documentos de trabajo

9. La mayor parte de estos documentos pueden inser-tarse en las actas resumidas, ya sea en el texto, o ennotas al pie de la página. Lo mismo hay que decir delas partes del proyecto de informe de la Comisión modifi-cadas en el informe definitivo. Pero se plantea un pro-blema cuando estos documentos están redactados en unidioma distinto del inglés, que es el idioma en que debenpublicarse las actas resumidas de los siete primeros perío-dos de sesiones. En este caso, parece conveniente renun-ciar al principio de la reproducción en la lengua original

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Anexos, tema 50 del programa, documento A/3028,párr. 31.

230

Publicación de los documentos 231

y hacer que figure la traducción inglesa del texto en elacta, insertando el texto original en una nota al pie de lapágina, si fuere necesario.

10. Se puede prescindir de algunos documentos (comolos documentos de trabajo) ; que sólo tuvieron por objetofacilitar la discusión.

Informes de los relatores especiales y observaciones de losgobiernos

11. La publicación de estos documentos no parece pre-sentar dificultades. Habrán de reproducirse en su totali-dad y lo más fielmente posible.

Estudios y memorandums de la Secretaría

12. Estos documentos habrán de publicarse también.Sin embargo, es la Comisión la que deberá escogerlos.

Informe sobre la labor del período de sesiones

13. En cada período de sesiones, la Comisión redactaun proyecto de informe sobre su labor, que se publica enprimer lugar, en forma mimeografiada, en la serie " limi-tada" de sus documentos (A/C.N.4/L.. . .) . Una vezdiscutido, este proyecto aparece, también mimeografiado,como informe definitivo, pero en la serie general dedocumentos (A/C.N.4.. .) . Después de algunas modifi-caciones de redacción y de estilo, el informe se imprime

en la serie de los Suplementos a los Documentos Oficialesde la Asamblea General.

14. Para dar un carácter homogéneo al conjunto dela publicación de que se trata, es necesario que figuretambién en ella el informe definitivo, con los demásdocumentos de la Comisión. El texto reproducido deberáser idéntico al de la serie de los Suplementos a los Docu-mentos Oficiales de la Asamblea.

SECCIÓN 2. FORMA EN QUE HAN DE PUBLICARSE

15. Se ha propuesto editar los documentos por perío-dos de sesiones en vez de hacerlo por asuntos. Esta últimasolución sería poco práctica y sólo podría adoptarse conrespecto a las cuestiones cuyo examen está completamenteterminado.

16. Se podrá dar así a la publicación la forma deanuario, en uno o dos volúmenes.

17. En lo que respecta a la presentación de los docu-mentos, hay el propósito de adoptar una división crono-lógica en tres partes:

a) Informes de los relatores especiales, comunicacio-nes de los gobiernos, memorandums y estudios de laSecretaría ;

b) Actas resumidas y documentos de trabajo;c) Informe sobre la labor realizada en el período de

sesiones.

COOPERACIÓN CON LOS ORGANISMOS INTERAMERICANOS

DOCUMENTO A/CN.4/102 *

Informe del Secretario de la Comisión sobre las labores de Consejo Interamericano de Jurisconsultosen su Tercera Reunión

[Texto original en español][12 de abril de 1956]

INDICE Párrafos Pagina

INTRODUCCIÓN 1—15 233A. Reseña histórica del Consejo Interamericano de Jurisconsultos ; 6—12 233B. Organización y Programa de la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de

Jurisconsultos 13—15 234

Capítulo I. MATERIAS TRADADAS EN LA TERCERA REUNION DEL CONSEJOINTERAMERICANO DE JURISCONSULTOS QUE SE HALLAN TAMBIÉNEN EL PROGRAMA DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL 16—84 234

A. Régimen del mar territorial y cuestiones afines: 17—64 2341. Antecedentes 17 2342. Estado actual de las legislaciones en los países de América 18—19 2353. Discusión general del tema en la Comisión I •. . . . 20—43 235

a) Extensión del mar territorial 21—32 235b) Artículo 3 del Proyecto de artículos relativos al régimen de mar territorial

preparado por la Comisión de Derecho Internacional 33—38 236c) Razones dadas por los Estados para la proclamación de las 200 millas . . 39—43 237

4. Consideración en la Comisión I del proyecto presentado por las delegaciones deArgentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú yUruguay 44—54 238

5. Consideración del proyecto en la cuarta sesión plenaria del Consejo . . . . 55 2396. Reservas y declaraciones 56—61 2397. Propuesta de Cuba y enmienda de El S a l v a d o r . 6 2 — 6 3 2408. Propuesta del Ecuador 64 240

B. Reservas a los tratados multilaterales 65—84 2401. Antecedentes 66—70 2402. Consideración del tema en la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de

Jurisconsultos 71—84 241a) Discusión preliminar en la Comisión I 71—73 241b) Bases que presenta el Grupo de Trabajo a la consideración de la Comisión I 74 241c) Consideración de las bases en la Comisión I 75—80 242d) Consideración del proyecto en la sesión plenaria del Consejo 81—84 243

Capítulo II. COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO INTERAMERICANO DE JURIS-CONSULTOS Y LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL . . 85—98 243

1. Antecedentes 85—90 2432. Declaraciones del Secretario de la Comisión de Derecho Internacional en la

primera sesión plenaria de la Tercera Reunión del Consejo 91—94 2443. Proyecto de resolución presentado conjuntamente por las Delegaciones de Colom-

bia, Cuba y Perú 95—98 244

ANEXOS

I. Resolución XIII de la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos 245II. Informe de la Comisión Especial nombrada por el Consejo Directivo de la Unión

Panamericana para estudiar el procedimiento que debe seguirse en el depósito deinstrumentos de ratificación 245

III. Reglas de procedimiento sobre la ratificación de tratados, aprobadas por el ConsejoDirectivo de la Unión Panamericana en su sesión del 2 de mayo de 1934 . . . 246

IV. Resolución XV de la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos 246

Incorpora los documentos A/CN.4/102/Corr.l, Corr.2/Rev.l, Corr.3 y Corr.4

232

Cooperación con los organismos interamericanos 233

Introducción

1. En el curso del séptimo período de sesiones de laComisión de Derecho Internacional, a propuesta del Sr.F. V. García-Amador, miembro de la Comisión, fue apro-bado por unanimidad, el 29 de junio de 1955, un proyectode resolución en el cual se decidió:

" 1. Pedir al Secretario General que autorice alSecretario de la Comisión de Derecho Internacionalpara que asista, con el carácter de observador, a latercera reunión del Consejo Interamericano de Juris-consultos, que se celebrará en la ciudad de México aprincipios de mil novecientos cincuenta y seis, e informea la Comisión en su próximo período de sesiones sobrelas cuestiones que examine el Consejo que figuran enel programa de la Comisión;

" 2. Comunicar esta decisión al Consejo Interame-ricano de Jurisconsultos y expresar la esperanza deque el Consejo pueda, con el mismo propósito, solicitarque su Secretario asista al próximo período de sesio-nes de la Comisión " 1.

2. El 5 de agosto de 1955, el Dr. Yuen-li Liang, Secre-tario de la Comisión de Derecho Internacional, comunicóal Dr. Charles G. Fenwick, Secretario Ejecutivo del Con-sejo Interamericano de Jurisconsultos, la decisión tomadapor la Comisión, en tanto que le pedía hacerla conocerdel Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

3. El 22 de noviembre de 1955, el Sr. William Manger,Secretario General Actuante de la Organización de losEstados Americanos, dirigió una carta al Secretario Gene-ral de las Naciones Unidas, en la cual expresaba la espe-ranza de que el Secretario de la Comisión de DerechoInternacional concurriera a la Tercera Reunión del Con-sejo Interamericano de Jurisconsultos. El Secretario Gene-ral de las Naciones Unidas en una carta fechada el 20 dediciembre de 1955, respondió al Sr. Manger que el Secre-tario de la Comisión sería autorizado para asistir a dichareunión.

4. En cumplimiento de esta autorización, el Secre-tario de la Comisión asistió en calidad de observador alas sesiones de la Tercera Reunión del Consejo Interame-ricano de Jurisconsultos celebrada en la ciudad de Méxicodel 17 de enero al 4 de febrero de 1956.

5. El presente informe cubre las labores de la TerceraReunión en cuanto se refiere a los asuntos que figurantambién en el programa de la Comisión de Derecho Inter-nacional. Dichos temas son:

a) Mar territorial y cuestiones afines, y

b) Reservas a los tratados multilaterales.

A. RESENA HISTÓRICA DEL CONSEJO INTERAMERICANO DEJURISCONSULTOS

6. El Consejo Interamericano de Jurisconsultos fuecreado por la IX Conferencia Internacional Americana,celebrada en Bogotá en la primavera de 1948, para quesirviera de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos, promo-viera el desarrollo y la codificación del derecho interna-cional público y el derecho internacional privado y estu-diara la posibilidad de uniformar las legislaciones de los

diferentes países americanos en cuanto esto parezca con-veniente 2.

7. La Carta de la Organización de los Estados America-nos contiene las normas constitucionales por las que se rigeel Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Conforme asu artículo 57, el Consejo de Jurisconsultos es un órganodel Consejo de la Organización. Al igual que los otros dosórganos de este Consejo (el Consejo Interamericano Eco-nómico y Social y el Consejo Interamericano Cultural),el Consejo de Jurisconsultos disfruta de autonomía téc-nica dentro de los límites de la Carta, es decir, en cuantoal desempeño de las funciones que le han sido asignadaspor ésta, sin que sus decisiones puedan invadir la esferade acción que corresponde a la esfera del Consejo de laOrganización (Art. 58).

8. De acuerdo con la disposición general del artí-culo 60 de la propia Carta, el Consejo de Jurisconsultos,dentro de sus posibilidades, prestará, además, a los go-biernos los servicios técnicos que éstos soliciten y aseso-rará, en la esfera de su competencia, al Consejo de laOrganización.

9. El Consejo Interamericano de Jurisconsultos estáintegrado por representantes de todos los Estados Miem-bros de la Organización (Art. 59). La Carta mantuvo alComité Jurídico Interamericano de Río de Janeiro comoComisión Permanente del Consejo de Jurisconsultos(Art. 68). El Comité Jurídico está integrado, en cambio,por juristas de los nueve países que determine la Confe-rencia Interamericana, seleccionados por el Consejo deJurisconsultos de una terna presentada por cada país esco-gido por la Conferencia, pudiendo llenarse por el Consejode la Organización las vacantes que ocurran durante losintervalos de las Conferencias Interamericanas y las reu-niones del Consejo de Jurisconsultos (Art. 69) 3. En elpropio artículo 69 se expresa que los miembros delComité representan a todos los Estados Miembros de laOrganización.

10. El Comité Jurídico debe emprender los estudios ytrabajos preparatorios que le encomienden el ConsejoInteramericano de Jurisconsultos, la Conferencia ínter-americana, la Reunión de Consulta de Ministros de Rela-ciones Exteriores o el Consejo de la Organización, pu-diendo realizar, además, los que de su propia iniciativaconsidere convenientes (Art. 70).

11. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de laCarta, el Consejo Interamericano de Jurisconsultos y elComité Jurídico deben procurar la cooperación de lascomisiones nacionales para la codificación del derechointernacional, la de institutos de derecho internacional,de derecho comparado y otras entidades especializadas.Además, el Consejo de Jurisconsultos, de acuerdo con elConsejo de la Organización, establecerá relaciones decooperación con los órganos correspondientes de las Na-ciones Unidas y con los organismos nacionales e inter-nacionales que funcionen dentro de sus respectivas esferasde acción (Art. 61). Corresponde al Consejo de la Orga-nización, asesorándose de las entidades correspondientesy previa consulta con los gobiernos, formular los esta-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo periodode sesiones, Suplemento No. 9, párr. 36.

2 Artículo 67 de la Carta de la Organización de los EstadosAmericanos, suscrita en esa Conferencia.

3 Conforme a la resolución II de la Conferencia de Bogotá, elComité Jurídico " continuará en su actual organización, ejerciendosus funciones hasta que se cumpla lo que, al respecto, disponga laCarta de la Organización de los Estados Americanos".


tutos de sus órganos en desarrollo y dentro de los pre-ceptos de la Carta. Dichos órganos expedirán sus propiosreglamentos (Art. 62). Finalmente, el Consejo Inter ame-ricano de Jurisconsultos se reunirá cuando lo convoqueel Consejo de la Organización, en la sede que aquél deter-mine en cada una de sus reuniones.

12. El Consejo ha celebrado tres reuniones. La primeratuvo lugar en Río de Janeiro del 22 de mayo al 15 dejunio de 1950. La segunda se celebró en Buenos Aires,del 20 de abril al 9 de mayo de 1953. La tercera se efec-tuó en México, del 17 de enero al 4 de febrero de 1956.

B. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE LA TERCERA REUNIONDEL CONSEJO INTERAMERICANO DE JURISCONSULTOS

13. En la reunión estuvieron representados 21 países * :Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América,Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Vene-zuela.

14. El programa de la Tercera Reunión fué prepa-rado por una Comisión del Consejo de la Organización yaprobado por éste en su sesión del 22 de junio de 1955.Los temas que componen el programa fueron distribuidosentre las tres comisiones así:

Primera Comisión

Tema I a) Régimen del mar territorial y cuestionesafines: Estudio preparatorio para la Conferencia Espe-cializada Interamericana prevista en la resoluciónLXXXIV de la Conferencia de Caracas.

Tema I b) Reservas a los tratados multilaterales.

Segunda Comisión

Tema I c) Proyecto de ley uniforme sobre arbitrajecomercial internacional.

Tema I d) Proyecto de convención sobre extradición.Tema I e ) Cooperación internacional en materia de

procedimientos judiciales.

Tercera Comüión

Tema II a) Elección de los miembros de la Comisión Per-manente.

Tema II b) Consideración de las reformas al Estatutodel Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

Tema II c) Reforma al Reglamento del Comité JurídicoInteramericano.

Tema II d) Determinación de los asuntos que debe estu-diar la Comisión Permanente en su nuevo período desesiones :1) Posibilidad de revisión de la resolución VII de la

Primera Reunión del Consejo Interamericano deJurisconsultos, en la parte relativa al procedimientorecomendado en el párrafo primero del artículotercero.

4 El Director del Departamento Jurídico y de Organismos Inter-nacionales de la Unión Panamericana, Dr. Charles G. Fenwick, yel Jefe de la División de Asuntos Jurídicos de dicho Departamento,Dr. Manuel S. Canyes, tomaron parte en los trabajos en calidad,respectivamente, de Secretario Ejecutivo y de Secretario EjecutivoAdjunto del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Tambiénestuvo presente el Secretario del Comité Jurídico Interamericano,Dr. Mauro Bellegarde Marcondes. Actuó como Secretario Generalel Lic. Oscar Rabasa, y como Secretario de la Comisión el Lic.Francisco Cuevas Cancino.

2) Principios del derecho internacional que rigen laresponsabilidad del Estado.

3) Otros asuntos.Tema III. Selección de la Sede de la Cuarta Reunión del

Consejo Interamericano de Jurisconsultos.15. Las partes siguientes de este informe contienen

una exposición de la labor realizada por la Tercera Reu-nión del Consejo de Jurisconsultos en lo referente a lostemas que guardan relación con la Comisión de DerechoInternacional de las Naciones Unidas.

CAPITULO I

Materias tratadas en la Tercera Reunión del Con-sejo Interamericano de Jurisconsultos que sehallan también en el programa de la Comisiónde Derecho Internacional

16. De los temas tratados en la Reunión del Consejo,dos de ellos figuran también en el programa de la Comi-sión de Derecho Internacional. Para efecto de las delibe-raciones del Consejo, estos dos temas fueron encargadosa la Primera Comisión presidida por el Representante delBrasil, Dr. Lineu Albuquerque Mello. La Comisión con-sideró los temas en el siguiente orden: 1) Tema I a)Régimen del mar territorial y cuestiones afines 5. 2) TemaI b) Reservas a los tratados multilaterales 6.

A. REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL Y CUESTIONES AFINES

1. Antecedentes

17. Antes de entrar en el análisis jurídico del pro-blema, conviene establecer los antecedentes del mismo,los que pueden resumirse en siete puntos así:

a) El Comité Jurídico, por resolución VII de la pri-mera reunión del Consejo de Jurisconsultos celebrada enRío de Janeiro recibió el encargo, dentro del plan gene-ral de desarrollo y codificación del derecho internacio-nal público, de realizar un estudio sobre " Régimen delmar territorial y cuestiones afines ".

b) El Comité Jurídico Interamericano elaboró enton-ces un proyecto de convención sobre la plataforma sub-marina al que tituló " Proyecto de convención sobre marterritorial y cuestiones afines ".

c) Tres 7 de los siete miembros del Comité presentaronuna opinión disidente. El Comité sometió el proyecto deconvención junto con una exposición de motivos y conlas opiniones disidentes, a la Segunda Reunión del Con-sejo Interamericano de Jurisconsultos, celebrada enBuenos Aires en 1953.

d) Varios países americanos venían promulgandoleyes y dictando declaraciones por las que se proclamabanderechos sobre las plataformas continentales e insularesde esos países, de donde se desprendía la necesidad dellevar a efecto un estudio mucho más detallado respecto ala naturaleza de los derechos y a la demarcación de loslímites hasta los cuales pueden extenderse las reivindica-ciones sobre la plataforma continental e insular y losmares adyacentes, tomándose en cuenta las diferentes

5 Consejo Interamericano de Jurisconsultos, documento CIJ-25(Washington, D.C., Unión Panamericana).

6 CU, documento CIJ-23 (Washington, D.C., Unión Panameri-cana, 1955).

7 Brasil, Colombia y Estados Unidos de América.


características de las distintas zonas del Continente. Anteestas consideraciones, la Segunda Reunión del Consejoresolvió devolver el tema al Comité Jurídico Interameri-cano a fin de que pudiera continuar su estudio conformeal procedimiento establecido en el plan general de codifi-cación.

e) Como resultado de las deliberaciones sobre el tema,el Consejo dictó la resolución XIX, por la cual solicitóque el Secretario General de la Organización de los Esta-dos Americanos invitara a los Estados Miembros que hanadoptado o que pudieran adoptar legislación sobre lamateria de " Régimen de mar territorial y cuestionesafines " para que transmitieran el texto de la misma, j untocon los mapas correspondientes, al Comité Jurídico Inter-americano, a fin de que este último procediera a hacerun estudio analítico y a preparar el informe que ha desometer a la tercera reunión del Consejo de Jurisconsultos.

/) Dada la importancia del tema y en consideración alinterés demostrado por los Estados americanos los cualesse apresuraron a legislar sobre la preservación de losrecursos naturales, en el continente, la Conferencia deCaracas consideró entre los temas de carácter económico,el de la plataforma continental. La Conferencia tomó comofundamento la necesidad que los Estados americanostienen de adoptar medidas de orden legal, administrativoy técnico para la conservación y utilización de los recursosnaturales en las zonas marítimas, y expidió la resoluciónLXXXIV por la cual recomendó la celebración de unaconferencia especializada.

g) Como consecuencia de la decisión tomada en laConferencia de Caracas, el Comité Jurídico acordó sus-pender el estudio de la materia. Pero el Consejo de laOrganización de los Estados Americanos, en su sesión del5 de enero de 1955, a fin de facilitar la labor de la Con-ferencia Especializada, resolvió incluir en el programade la tercera reunión del Consejo Interamericano deJurisconsultos el tema relativo al " Régimen del mar te-rritorial y cuestiones afines ". En aquella misma sesión sesolicitó al Comité Jurídico Interamericano que iniciarala preparación de un estudio preliminar sobre dicho tema,teniendo en cuenta los propósitos contemplados en laresolución de Caracas.

h) El Comité Jurídico Interamericano consideró lasolicitud del Consejo de la Organización durante el cursode sus sesiones celebradas entre el 29 de agosto y el 2 deseptiembre de 1955, llegando a la resolución aprobada enla sesión del 2 de septiembre de 1955, por la cual man-tiene suspenso el estudio sobre mar territorial y cues-tiones afines.

2. Estado actual de las legislaciones en los paísesde América

18. Los diferentes países americanos han hecho decla-raciones unilaterales y han legislado sobre la materia envarias ocasiones. Esta legislación empieza en 1942 con elTratado Anglo-Venezolano y va hasta la Ley-Decreto dela República de Cuba del 25 de enero de 1955.

19. A este respecto la Unión Panamericana elaboróuna relación de las declaraciones unilaterales y legisla-ción promulgada, la que puede hallarse en el Manual dela Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Juris-consultos 8.

3. Discusión general del tema en la Comisión I

20. Durante las deliberaciones de la tercera reuniónse analizaron los aspectos que guardan relación con eltema del mar territorial. Se habló: a) de la extensión delmar territorial9, b) del artículo 3 del proyecto sobrerégimen del mar territorial preparado por la Comisión deDerecho Internacional10 ; y e ) de la proclamación de las200 millas. « .

a) Extensión del mar territorial

21. Las consideraciones que siguen demuestran losdiferentes puntos de vista contemplados durante la reunióny revelan el pensamiento que guió a los países americanosalrededor del problema del mar territorial y que sirvióde orientación a la discusión que culminó en la declara-ción de los " Principios de México sobre Régimen Jurí-dico del Mar ".

22. La opinión de los Estados respecto de la exten-sión que debía fijarse al mar territorial estuvo divididaen tres grupos: i) los que sostuvieron que dicha extensiónno debía ser mayor de tres millas; ii) los que sin alegaruna extensión determinada se manifestaron acordes conlo que el Consejo Interamericano de Jurisconsultos o laConferencia Especializada resolviera al respecto; iii) losque sostuvieron que la extensión del mar territorial debíaser mayor de tres millas.

23. El primer punto de vista mencionado en el párrafoanterior fué sostenido por los Estados Unidos 12. Duranteel debate general en el curso de la l ia . sesión, el repre-sentante de este país dijo que " los Estados Unidos con-sideran de tres millas náuticas la anchura del mar terri-torial de acuerdo con el derecho internacional y man-tienen el punto de vista de que el derecho internacionalno exige que un Estado reconozca una anchura de lasaguas territoriales mayor de las tres millas náuticas " 13.

24. El segundo grupo lo constituyeron Argentina, Bra-sil, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana.El representante de la Argentina pidió " que la Confe-rencia de Ciudad Trujillo establezca la medida que co-rresponde al mar territorial teniendo en cuenta el deseo delos pueblos de América de que se aumente su exten-sión " 14

25. Por su parte el representante de Colombia, al refe-rirse a este aspecto, sostuvo que el sistema de las tresmillas no constituye una norma de derecho internacionaly que lo único que puede afirmarse hoy con fundamentoes que las tres millas son universalmente aceptadas comoextensión mínima, es decir, que ningún Estado fija laextensión de su mar territorial a una distancia inferior 15.

26. El representante de Venezuela manifestó que sudelegación estaba dispuesta a considerar con toda atencióne interés cualquier proposición de entendimiento comúnque surgiera en el seno del Consejo 16.

8 CU, documento CIJ-24 (Washington, D.C., Unión Panameri-cana, págs. 15 a 29 y Anexo IV.

9 Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,Comisión I, 7a. sesión, documento 39; 10a. sesión, documentos47-48 y 50-51; l i a . sesión, documentos 49 y 30.

10 Ibid., 5a. sesión, documento 33; 8a. sesión, documento 44.11 Ibid., 5a. sesión, documento 33.12 Ibid., l i a . sesión de la Comisión I, documento 30.13 Ibid.14 Ibid., 10a. sesión de la Comisión I, documento 53.15 Ibid., 14a. sesión de la Comisión I, documento 98.16 Ibid., l i a . sesión de la Comisión I, documento 54.


27. Al examinar la discusión relativa a este aspecto,el representante de Cuba dijo que ella revelaba una notacaracterística: la de haber sido una crítica fundamental-mente negativa, encaminada más bien a destruir un prin-cipio que a proporcionar las bases para substituirlo porotro. Dijo luego que el principio de las tres millas no haimpedido que los Estados, cuando tengan una necesidado un interés legítimo de extender su mar territorial, lohayan extendido a una anchura mayor » .

28. En las declaraciones dadas por el representante dela República Dominicana se expresa que en cuanto serefiere a la determinación de los espacios marítimos juris-diccionales, la actitud de este Estado se halla contenidaen la Ley No. 3342 de fecha 13 de julio de 1952 cuyoartículo I o establece una extensión de tres millas náuticas.Manifestó el deseo de que se llegara a un acuerdo satis-factorio que contribuyera a dar un aporte a la ConferenciaEspecializada de Ciudad Trujillo en la cual era de espe-rarse que se formularan bases que contribuyeran a unajusta reglamentación dentro de un acuerdo regional, detodas las cuestiones relacionadas con el problema 18.

29. La mayoría de los Estados estaba constituida porlos que sostenían que debería abolirse la regla de las tresmillas substituyéndola por una extensión más acorde conlas aspiraciones de los Estados americanos. Este grupoestuvo integrado por Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica,Honduras, México, El Salvador, Haití, Uruguay, Guate-mala y Panamá.

30. El representante de México trajo el ejemplo de queentre los 71 Estados en todo el mundo que tienen costas,solamente 20 admiten la regla de las tres millas y de ellos,dos con una zona contigua precisamente para la protec-ción de las pesquerías. Es decir, sólo 18 Estados entre los71 admiten la regla de las tres millas. ¿ Cómo puede unaminoría de 18 Estados sobre 71 imponer su criterio sobrelos demás ? No puede considerarse en la actualidad quela regla de las tres millas constituya una norma de dere-cho internacional obligatoria para los Estados america-nos 19. El representante de El Salvador aseguró que losdelegados podrían hacer una declaración en el sentidode que la regla de las tres millas no ha tenido nuncavigencia como norma de derecho internacional, la cualpodría servir como base para continuar desarrollando lasideas concordantes en una resolución o dictamen formu-lado para conocimiento de la Conferencia de CiudadTruiillo 20. El representante de Haití hizo presente auela necesidad de defensa y control de las costas, así comolos intereses económicos del país habían inducido a suGobierno a adoptar una extensión v límite de seis millasmarinas como su mar territorial21.

31. Los representantes de Uruguay, Guatemala y Pa-namá estuvieron también de acuerdo en que la regla delas tres millas debería abolirse 22.

32. En general puede decirse que durante las delibe-raciones del Consejo predominó el espíritu de la tesissostenida por el Dr. Alejandro Alvarez en una opinión

17 Ibid., 8a. sesión de la Comisión I, documento 43.18 Ibid., 10a. sesión, documento 47.19 Ibid., 7a. sesión, documento 39.20 Ibid., 8a. sesión, documento 44.21 Ibid., 10a. sesión, documento 46.22 Ibid., 10a. sesión, documentos 48 y 50; 12a. sesión, docu-

mento 63.

disidente relativa al caso de las persquerías anglonorue-gas.:

"Teniendo en consideración la gran variedad decondiciones geográficas y económicas, no podría esta-blecerse una regla uniforme de derecho internacionalrespecto a la extensión del mar territorial, como noexiste ninguna regla uniforme en lo concerniente abahías y estrechos " . . . " Cada Estado tiene el derechode determinar la extensión de su dominio marítimo acondición de que lo haga de una manera razonable; deque sea capaz de supervigilar y cumplir los deberespropios en la zona que le sean impuestos, de que noinfrinja los derechos adquiridos por otras naciones yde que no dañe los intereses generales o cometa un abusde droit..." Un Estado puede alterar la extensión desu mar territorial si proporciona adecuada justificaciónpara el cambio." 23

b) Artículo 3 del Proyecto de artículos relativos al régi-men de mar territorial preparado por la Comisión deDerecho Internacional

33. Durante el debate general sobre el mar territorial,los representantes de Ecuador, México, El Salvador yCuba, hicieron referencia al artículo 3 del proyecto sobrerégimen de mar territorial, aparecido en el informe dela Comisión de Derecho Internacional, séptimo período desesiones 24

34. El representante de México consideró " verdadera-mente sorprendente lo que ocurrió en la última sesión dela Comisión de Derecho Internacional ". Analizó el pá-rrafo 1, según el cual no existe una práctica uniforme enel mundo respecto de la regla de las tres millas, y elpárrafo 2, en el que se dice que el derecho internacionalno admite extensiones del mar territorial superiores a12 millas. Dice que ambos párrafos fueron propuestos porel Dr. Amado, del Brasil, y aprobados inicialmente sinque hubiera un párrafo 3. Posteriormente, el último pá-rrafo fué presentado por el Prof. François, de los PaísesBajos. Este párrafo 3 establece que no podría obligarsea los demás Estados a reconocer una extensión mayor detres millas. Este párrafo fué aprobado por una mayoríade siete votos contra seis. Dice que es notable la contra-dicción entre este tercer párrafo y los dos anteriores, yque a su juicio podría decirse que la situación es ahoramás confusa que nunca 25.

35. Por su parte el representante de Cuba refiriéndoseal mismo asunto aclara que el artículo 3 de la Comisión,es en efecto, ostensiblemente contradictorio, " pero que nodebe imputarse a la Comisión la responsabilidad por esaostensible contradicción ya que ella ha venido, porespacio de cinco años, examinando el problema de laanchura del mar territorial ". " Durante este lapso, laComisión ha consultado respectivamente a los gobiernosy se ha encontrado que la consulta de los gobiernosve que hay tres millas de una parte y 200 de otra. Sepensó entonces en la Comisión que los gobiernos tienenque considerar los otros derechos que se les concedena los Estados ribereños para ver si el reconocimiento de

2 3 Fisheries case, Judgement of December 18th, 1951: CorteInternacional de Justicia, Informes, 1951, págs. 150 et seq.

24 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9, cap . I I I .

25 Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,7a, sesión de la Comisión I, documento 39, pág. 10.


esos derechos satisfacen en parte sus necesidades y si hayun reajuste en cuanto al problema de la anchura del marterritorial26.

36. El representante del Ecuador, al comentar esteartículo, dijo que después de reconocerse en su párrafo 1que la práctica internacional no es uniforme en lo querespecta a la limitación tradicional del mar territorial atres millas, se afirma a continuación en su párrafo 2 quela Comisión considera que el derecho internacional noautoriza a los Estados a extender el mar territorial másallá de doce millas. Fijado así el derecho de los Estadosa un mar territorial máximo de 12 millas, debió estable-cerse su correlativa obligación a reconocerlo hasta esaextensión. Esta exigencia estaba fundada en un prin-cipio de equilibrio jurídico por cuanto todo derechosupone la paralela obligación de reconocerlo. En que-branto de este principio, en el párrafo 3 del mismo ar-tículo se declara que la Comisión, " sin tomar ningunadecisión en cuanto a la anchura del mar territorial másacá de ese límite, considera que el derecho internacionalno obliga a los Estados a reconocer una anchura suveriora tres millas " « .

37. El representante de México hizo referencia a laopinión expresada por algunos de los miembros de laComisión, y se refirió al comentario aparecido en elinforme de la Comisión de Derecho Internacional corres-pondiente al séptimo período de sesiones, en el cual sedice:

" Algunos de sus miembros han opinado que comola regla que fija esta anchura en tres millas se ha apli-cado muy frecuentemente en el pasado y los Estadosmarítimos importantes la mantienen en vigor en laactualidad, debe considerarse que dicha regla, a faltade cualquier otra que goce de la misma autoridad, sehalla reconocida por el derecho internacional y es obli-gatoria para todos los Estados " 28.

Sostuvo el representante que las frases de este comen-tario ponen de relieve la necesidad de que un organismointernacional tome una posición definida sobre la exis-tencia o inexistencia de la regla de las tres millas.

38. En su intervención, el representante de El Sal-vador sostuvo que si ese es el criterio con que actúan algu-nos de los miembros de la Comisión de Derecho Inter-nacional, ello quiere decir, lisa y llanamente, que, paraellos, en materia de régimen jurídico de los espacios marí-timos, no rige el principio de la igualdad jurídica detodos los Estados, sino la opinión y la práctica de losEstados marítimos interesados. " Sabemos, decía el repre-sentante, que la expresión " Estados marítimos impor-tantes " no es un sinónimo de " grandes Potencias " ; perocon todo, no podemos admitir que se pretenda que losintereses de un grupo de Estados, por importantes queéstos sean, se impongan sobre los de los otros miembrosde la comunidad internacional, y menos podríamos aceptarun criterio semejante en el seno de la comunidad ameri-cana aue se caracteriza precisamente por el empleo deprocedimientos democráticos " 29.

c) Razones dadas por los Estados para la proclamaciónde las 200 millas

39. Invocando varias razones de carácter económico,los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú suscribieron el18 de agosto de 1952 una " Declaración sobre Zona Marí-tima " mediante la cual se establece como norma de supolítica internacional marítima, " la soberanía y juris-dicción exclusivas que a cada uno de ellos correspondesobre el mar que baña las costas de sus respectivos países,hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desdelas referidas costas ". Esta declaración ha venido a cono-cerse con el nombre de Declaración de Santiago 30. Losrepresentantes de estos Estados expusieron durante lasdeliberaciones del Consejo, las varias razones que losllevaron a declarar su soberanía sobre esa extensión. Elrepresentante del Perú sostuvo que la Declaración deSantiago ha sido una norma defensiva y no una agresivaen el orden internacional destinada a violar derechosajenos. Manifestó que no se trata de una norma surgidade la voluntad arbitraria de los Estados que la han pro-clamado sino que tiene su punto de partida en el abusoque se venía haciendo frente a las costas de los paísespor parte de las expediciones pesqueras venidas de tierrasdistantes 31.

40. Por su parte el representante de Chile expuso enforma concreta el pensamiento de su Gobierno al mani-festar que la declaración tripartita no viola prohibiciónalguna del derecho internacional ni derechos adquiridos.Tampoco afecta la libertad de los mares ni la libertad depesca 32.

41. En su intervención el representante del Ecuadorhizo presente que la extensión de 200 millas fijada para lazona marítima de Chile, Ecuador y Perú, ha obedecidoa imperiosas circunstancias geológicas y biológicas quecondicionan la existencia, conservación y desarrollo de lafauna y flora en las aguas oceánicas y adyacentes a sulitoral. A fin de orientar el criterio de estricta relatividadque debe imperar en lo referente a la extensión del marterritorial, hizo presente cómo en orden a la extensión de200 millas fijada para la zona marítima de los tres países,ella sólo representa aproximadamente el 3% de la exten-sión latitudinal del Océano Pacífico, mientras, a títulode ejemplo, la extensión clásica de las tres millas para

2 6 Ibid., 8a. sesión, documento 43.27 Ibid., 5a. sesión, documento 33.28 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período

de sesiones, Suplemento No. 9, cap. III.29 Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,

8a. sesión de la Comisión I, documento 44.

30 Al mismo tiempo suscribieron:1. Un Convenio que organiza una Comisión Permanente de la

Conferencia con representantes de los tres países;2. Una declaración conjunta relativa a los problemas de la

pesquería en el Pacífico Sur; y3. Un Reglamento, para las formas de caza marítima en las

aguas del Pacífico Sur.Una Segunda Conferencia tuvo lugar en Lima del I° al 4 de

diciembre de 1954, y se suscribieron los siguientes convenios:1. Convenio sobre sistema de sanciones;2. Convenio que complementa la declaración de soberanía sobre

la zona marítima de 200 millas;3. Convenio sobre medidas de vigilancia y control de las zonas

marítimas de los países signatarios;4. Convenio sobre otorgamiento de permisos para la explotación

de las riquezas del Pacífico Sur;5. Convenio sobre reunión ordinaria anual de la Comisión Per-

manente;6. Convenio sobre zona especial fronteriza marítima.31 Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,

5a. sesión de la Comisión I, documento 31.32 Ibid., documento 32.

16


los mares territoriales de Inglaterra y de Francia en elCanal de la Mancha representa en su parte más estrecha,para cada uno de sus países ribereños, alrededor del 20%de la anchura de ese Canal. Manifestó luego que las razo-nes que asisten a los países a hacer dichas proclamacionesse derivan de los derechos de existencia y conservaciónde las comunidades humanas protegidas por su soberanía,en función de la defensa de los recursos naturales marí-timos destinados a satisfacer las necesidades vitales 33.

42. Refiriéndose a la declaración tripartita, el repre-sentante de México dijo que su país no podía dejar deseguir con el mayor interés cualquier esfuerzo que entrañeel loable propósito de aprovechar principalmente losrecursos del mar frente a un Estado en beneficio directo,en primer término, de su población y que el objetivo deconservación de los mismos, de acuerdo con las normasque prescriben la ciencia y la economía, se haga en fun-ción de su explotación 34.

43. Dos Estados se pronunciaron en contra de la exten-sión de 200 millas: los Estados Unidos y Cuba. El repre-sentante de los Estados Unidos hizo presente la diferenciaexistente entre la proclamación del Presidente Trumansobre la plataforma continental y la Declaración de San-tiago de 1952, y dijo que en la declaración tripartita " losEstados no sólo proclaman " soberanía y jurisdicción "sobre el mar, sino que proclaman una " distancia mínima "de 200 millas náuticas. Sostuvo que mientras que el dere-cho internacional reconocía en términos amplios el prin-cipio de la libertad de los mares en el momento de anun-ciarse la Declaración de Santiago, el status de la plata-forma continental estaba, en cambio, en un vacío 35. Elrepresentante de Cuba manifestó que la opinión universales la de que las aguas que cubren la plataforma son partede alta mar; sin perjuicio, desde luego, de ciertas compe-tencias especializadas que puede tener el Estado ribereñopara la protección de sus intereses 36.

4. Consideración en la Comisión I del proyecto presen-tado por las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Chile,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú yUruguay

44. La Comisión I, desqués de haber celebrado 12sesiones, cerró el debate general dando así oportunidada los representantes de estudiar el proyecto presentadopor nueve delegaciones. El texto del proyecto en menciónaprobado en su forma definitiva figura como Anexo I alpresente informe.

45. El representante de México al exponer en nombrede los firmantes, el alcance y sentido de los principios queconsagra el proyecto, declaró que era el resultado de laefectiva colaboración de todos sus patrocinadores, ya quehabían enriquecido el documento con sugestiones altiempo que habían hecho concesiones de importancia,mejorando de esta manera su deseo de llegar a una fór-mula armónica y de conciliación. " Se trata ", dijo, " de undocumento elaborado cuidadosamente y que expresa unestado de acuerdo y equilibrio entre opiniones y tesis confrecuencia extremas y opuestas entre sí."

46. En lo que toca a los derechos que ejerce el Estadoribereño sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma

»3 Ibid., documento 33.34 Ibid., 7a. sesión, documento 35.35 Ibid., l ia. sesión, documento 30/Add.l.36 Ibid., 8a. sesión, documento 43 .

continental, el representante de México expresó que, deacuerdo con las aspiraciones de los diversos Estados ame-ricanos y también con numerosos precedentes en estamateria, los recursos naturales de la plataforma compren-den no sólo los minerales, hidrocarburos y petróleo, sinotambién todos los recursos vivos del mar que se encuen-tran en constante relación física y biológica con la plata-forma.

47. Al referirse a la resolución C, dijo que se han con-figurado jurídicamente y distinguido dos institucionesdiversas: la primera consiste en el derecho del Estadoribereño para tomar medidas unilaterales adecuadas ten-dientes a conservar los recursos del mar próximos a suscostas, pero más allá de sus aguas territoriales. Aquí, elderecho del Estado no consiste sino en la conservación yvigilancia. Esto podría ser la regla general. La fórmulaque figura en el primer párrafo sigue de cerca el texto deuna resolución presentada en la Conferencia de Roma yapoyada por la casi totalidad de los países latinoameri-canos.

48. Observó cómo en el segundo párrafo de la mismaresolución C, se prevén ciertos casos especiales en loscuales el Estado ribereño tiene, además, el derecho a laexplotación exclusiva de ciertas especies cuando su exis-tencia esté estrechamente vinculada a la costa y a suspobladores.

49. Finalmente, en lo que se refiere a las disposicionessobre líneas de base rectas y bahías, hizo presente que seha procurado precisar y consagrar en el Continente Ame-ricano ciertas reglas nuevas que, de acuerdo con la sen-tencia de la Corte Internacional de Justicia en el famosocaso de las pesquerías anglonoruegas, son conformes alderecho internacional. Se trata de la aplicación de nuevosprincipios que pueden contribuir a ampliar la zona deaguas territoriales sujetas al Estado ribereño 37.

50. Al hacer observaciones al proyecto, el represen-tante de Cuba advirtió que aquel documento no sólo erade carácter político sino que presentaba un ostensiblecontrasentido jurídico. " Quisiera saber ", dijo, " qué valoro eficacia jurídica puede tener una declaración de prin-cipios, particularmente emanada de un organismo jurí-dico y no político como éste, cuando en el propio instru-mento se consigna que la aceptación de esos principiosno afectará la posición particular que sostienen las diver-sas partes declarantes." Destacó el hecho de que losautores de la resolución, habían tenido una sola y únicapreocupación: los intereses del Estado ribereño. Con-cluyó diciendo que el proyecto de resolución supone unaextralimitación del mandato del Consejo, a la par queuna invasión del que ha dado a la conferencia especiali-zada la Conferencia de Caracas 38.

51. Intervino luego el representante de los EstadosUnidos quien sostuvo también que el documento conteníapronunciamientos de carácter político y que como taldebía identificarse. El párrafo 2 de la parte A ignoraclaramente el derecho internacional. El párrafo 2 de laparte C se basa en presunciones sin fundamento econó-mico y científico que no corresponde hacer a un grupode juristas39. Por vía de ejemplo el representante de losEstados Unidos leyó un proyecto que resumía lo que su

37 Ibid., 13a. sesión, documento 74.38 Ibid., documen to 80.39 Ibid., documento 76.


delegación pensaba que podría hacerse en la tercera reu-nión sobre el tema del mar territorial¿o.

52. El representante de Venezuela propuso una en-mienda al Proyecto consistente en:

" 1. Agregar el siguiente preámbulo:" £/ Consejo Interamericano de Jurisconsultos," Considerando:" Que el tema " Régimen del mar territorial y cues-

tiones afines: Estudio preparatorio para la ConferenciaEspecializada Interamericana prevista en la ResoluciónLXXXIV de la Conferencia de Caracas ", fué incluidopor el Consejo de la Organización de los Estados Ame-ricanos en el programa de su Tercera Reunión;

" Que sus conclusiones sobre la materia deberán serremitidas a la Conferencia Especializada próxima acelebrarse ;

" 2. Eliminar la frase " Baj íos o bancos, ya sea queemerjan intermitentemente o no ", del numeral 2 delcapítulo D (página 3 in fine del documento citado).

" 3. Eliminar el numeral 5 del capítulo E."53. Varios otros Estados4* estuvieron de acuerdo en

que las condiciones en que iba a ser votado el proyectono indicaban que se fuera a llegar a ningún resultadopráctico ya que los propósitos perseguidos por el Consejono se lograrían con votos mayoritarios en favor de pro-nunciamientos de la naturaleza de los contenidos en lapropuesta que se debatía.

54. El proyecto fué aprobado en conjunto por 15 votosafirmativos, 1 negativo, y 5 abstenciones 42, en la sesión14a. de la Comisión I.

5. Consideración del proyecto en la cuarta sesión plenariadel Consejo

55. Al someterse a discusión el proyecto en la cuartasesión plenaria del Consejo, el representante de El Sal-vador introdujo algunas enmiendas de estilo las quefueron aceptadas por los autores del proyecto, y, final-mente, aprobadas. Sometido el proyecto a votación, fuéaprobado en conjunto por 15 votos afirmativos, 1 nega-tivo, y 5 abstenciones 43.

6. Reservas y declaraciones

56. El representante de Bolivia pidió se dejara cons-tancia de la siguiente declaración:

" Bolivia, país desprovisto de su costa marítima desdehace 77 años, consecuente con los votos emitidos enanteriores reuniones internacionales y, en especial, enla X Conferencia Interamericana de Caracas, se abstienede votar en cuestiones atinentes al régimen jurídico delmar territorial, mientras soluciones de alta justicia in-ternacional e imperativos de comprensión y de convi-

40 En dicho proyecto se resolvía recomendar que la ConferenciaEspecial izada al considerar los problemas del m a r terr i torial deberíatomar en cuenta ciertos principios relativos a l iber tad de pesca.Asimismo pedía se t ransmit iera a la Conferencia Especializada laslabores del Consejo sobre m a r terr i torial . F ina lmente recomendabaque la Unión Panamer i cana p repara ra una compilación sistemáticade los documentos y antecedentes relacionados con los problemasdiscutidos en la Terce ra Reunión relativos al mar terr i torial .

41 Repúbl ica Dominicana, Venezuela, Colombia.42 En con t r a : los Estados Unidos. Abstenciones: República

Dominicana, Cuba, Colombia, Bolivia, Nicaragua.43 En con t ra : Estados Unidos. Abstenciones: Repúbl ica Domini-

cana, Cuba, Colombia, Bolivia, Nicaragua .

vencia interamericana logran poner fin a su medite-rraneidad."57. Al explicar su abstención, el representante de la

República Dominicana sostuvo que lo hacía por conside-rar que el Consejo ha avocado la consideración de cues-tiones que han sido atribuidas específicamente a la Con-ferencia Especializada 44.

58. Por su parte el representante de Guatemala dejóconstancia de la siguiente exposición:

" La delegación de Guatemala desea hacer constaren actas la siguiente exposición: La delegación de Gua-temala por estimar que el artículo 2 del capítulo D y elcapítulo E relativo a bahías, amerita mayor y detenidoanálisis, así como la debida consideración de los regí-menes aplicables, se abstiene de aprobarlos y formulareservas respecto de que estos principios no afectan elstatus de la bahía histórica de AMATIQUE."59. Aunque Honduras dio su aprobación al proyecto

en términos generales, no obstante hizo presente que" Aprueba todo lo que no se oponga a la declaración ex-presada por la delegación el 28 de enero en esta tercerareunión ".

60. Al hacer su declaración de voto el representantede Nicaragua sostuvo que al votar favorablemente el pá-rrafo 2 de la parte A, dejaba constancia de que dichoinciso no deja absoluta libertad para que un Estadopueda proceder abritrariamente señalándose una extensiónexagerada de mar territorial, pues en tal caso habría abusode derecho, y cualquier otro Estado que se sintiese per-judicado podrá presentar la cuestión ante el Tribunalinternacional competente 45.

61. Otros países hicieron sendas declaraciones46 que,al igual que las anteriores, fueron incorporadas en elActa Final. El representante de los Estados Unidos advir-tió que después de haber escuchado las razones expuestas,su país estaba en contra de las enmiendas propuestas, altiempo que hizo la siguiente declaración y reserva pidiendose dejara constancia de la misma en el Acta Final:

" Por las razones expuestas por el representante delos Estados Unidos durante las sesiones de la Comi-sión I, los Estados Unidos votaron en contra de laresolución sobre mar territorial y cuestiones afines, ydejan constancia de su oposición a la misma. Entre lasrazones indicadas se encuentran las siguientes:

" Que el Consejo Interamericano de Jurisconsultosha carecido de los estudios preparatorios necesarios departe de su Comisión Permanente, los cuales el Con-sejo ha reconocido siempre como indispensables parala formulación de conclusiones sobre la materia;

" Que en esta reunión del Consejo de Jurisconsultos,aparte de declaraciones generales hechas por represen-tantes de varios países, no ha habido prácticamenteestudio, análisis o discusión alguna de los aspectos sus-tantivos de la resolución;

" Que la resolución contiene pronunciamientos basa-dos en presunciones de carácter económico y cientí-fico que son debatibles y respecto de las cuales no se

44 L a Conferencia Espec ia l izada fué convocada por la Déc imaConferencia In te ramer icana de Caracas, y se reunió en CiudadTruji l lo , Repúbl ica Dominicana, en el mes de marzo de 1956.

45 Delegación de Nicaragua, Terce ra Reunión del CU, 14a. se-sión de la Comisión I.

46 Brasil, Colombia, Perú , Venezuela.


ha ofrecido fundamento alguno y que, de todos modos,cubren materias que corresponden a la competencia dela Conferencia Especializada prevista en la resoluciónLXXXIV de la Décima Conferencia Interamericana;

" Que gran parte de la resolución va en contra delderecho internacional;

" Que la resolución ignora completamente los inte-reses y derechos de Estados, fuera de los Estados ribe-reños adyacentes, en la conservación y utilización delos recursos marítimos, e ignora asimismo la necesidadmanifiesta de la cooperación internacional para ellogro de esa finalidad común;

" Que la resolución persigue claramente propósitospolíticos y por consiguiente excede la competencia delConsejo de Jurisconsultos como cuerpo técnico jurídico.

" Además, la delegación de los Estados Unidos deseadejar constancia del hecho que cuando la resolución,en cuya redacción los Estados Unidos no participaron,fué presentada a la Comisión I, a pesar de considera-ciones fundamentales planteadas por los Estados Unidosy otras delegaciones en contra de la resolución no hubodiscusión de dichas consideraciones en la única sesión dela Comisión que se celebró para debatir el documento."

7. Propuesta de Cuba y enmienda de El Salvador

62. En el curso de la 14a. sesión de la Comisión I, asolicitud del representante de Cuba, se sometió a votaciónnominal la siguiente propuesta:

" El Consejo Interamericano de Jurisconsultos remitea la Conferencia Especializada convocada por la reso-lución LXXXIV de la Décima Conferencia Interame-ricana, las actas de las sesiones conjuntamente con lasconclusiones que se aprobaron durante ellas, con elcarácter de estudio preparatorio para dicha Conferen-cia Especializada y de conformidad con la propia reso-lución LXXXIV de la Décima Conferencia Interame-ricana."63. La propuesta fué aprobada por la Comisión por

11 votos contra 9 y 1 abstención«. Ya en la cuartasesión plenaria el representante de El Salvador propusola enmienda a la proposición anterior solicitando quequedara así:

" El Consejo Interamericano de Jurisconsultos sugiereal Consejo de la OEA que remita a la ConferenciaEspecializada prevista en la resolución LXXXIV de laDécima Conferencia Interamericana los principios deMéxico sobre el régimen del mar, aprobados por esteConsejo y las actas de las sesiones en que ha sido con-siderada esta materia durante la Tercera Reunión."

Esta proposición fué aprobada por 14 votos afirmativos,6 negativos y 1 abstención « .

63a. La cuarta sesión plenaria votó una enmiendapreviamente sometida por el representante de los EstadosUnidos a la proposición de El Salvador antes mencionadamediante la cual se agregaban las siguientes palabras:

" con el carácter de estudio preparatorio, en cum-plimiento del tema la) de su Programa, " Régimen

47 Votaron a favor: Panamá, República Dominicana, Cuba,Paraguay, Colombia, Brasil, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos,Haití, Nicaragua. En contra: Uruguay, Honduras, Chile, Argentina,México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú.

48 En contra: República Dominicana, Cuba Colombia, EstadosUnidos, Haití, Nicaragua. Abstenciones: Bolivia.

Jurídico del Mar Territorial y Cuestiones Afines '."La enmienda propuesta por los Estados Unidos fué

adoptada por 11 votos afirmativos, 7 negativos y 3 absten-ciones.

63b. El texto íntegro de la resolución adoptado por lacuarta sesión plenaria quedó así:

" El Consejo Interamericano de Jurisconsultos,Sugiere al Consejo de la Organización de los Estados

Americanos que remita a la Conferencia Especializadaprevista en la resolución LXXXIV de la Conferenciade Caracas, la resolución intitulada " Principios deMéxico sobre Régimen Jurídico del Mar ", aprobadapor este Consejo, y las actas de las sesiones en que hasido considerada esta materia durante la Tercera Reu-nión, con el carácter de estudio preparatorio, en cumpli-miento del tema la) de su Programa, " Régimen Jurí-dico del Mar Territorial y Cuestiones Afines "."

8. Propuesta del Ecuador

64. En homenaje a la nación mexicana, el represen-tante del Ecuador propuso que la declaración sobre marterritorial fuera llamada " Principios de México sobreRégimen Jurídico del Mar ". Se señaló la inconvenienciade que se diera este título a la declaración, sosteniendoque se contrariaba el mandato del Consejo de la Organi-zación de los Estados Americanos. No obstante esta obser-vación, la proposición fué aprobada por 14 votos en favor,ninguno en contra y 6 abstenciones.

B. RESERVAS A LOS TRATADOS MULTILATERALES

65. El examen del tema " Reservas a los tratados mul-tilaterales " correspondió también a la Comisión I. Antesde analizar la labor del Consejo Interamericano de Juris-consultos en su Tercera Reunión sobre este tema, con-viene establecer, así sea muy brevemente, los antecedentesdel mismo.

1. Antecedentes

66. Los estudios realizados hasta 1928 se concretaronen la Sexta Conferencia Internacional Americana cele-brada en aquel año en La Habana, en la cual se suscribióuna Convención sobre Tratados. En aquella Conferenciase hizo a la Unión Panamericana depositaría de los instru-mentos de ratificación de los cuales son signatarios losEstados Americanos. Al efecto, el Consejo Directivo dela Unión Panamericana encomendó a una comisión espe-cial el estudio del procedimiento que debe seguirse en loreferente al depósito de ratificaciones, el que fué presen-tado y aprobado en la sesión del 4 de mayo de 1932 49.Dicho estudio contiene seis reglas de procedimiento ytenía el carácter de provisional.

67. En la Séptima Conferencia Internacional Ameri-cana se trató de nuevo el tema y como resultado deaquella Conferencia, el Consejo Directivo aprobó en susesión del 2 de mayo de 1934 las llamadas " cincoreglas " 5 0 , a que se refiere más adelante la resoluciónXXIX de la Octava Conferencia Internacional Americana.Esta resolución es la que constituye la llamada normapanamericana y dice así:

" 1. Con el propósito de uniformar y perfeccionar

4 9 Véase Anexo I I .50 Véase Anexo III.


los métodos de preparación de los tratados multilatera-les, de la forma de los instrumentos, y de la adhesión,accesión y depósito de ratificaciones de los mismos,aprueba las seis (6) reglas de procedimiento adoptadaspor el Consejo Directivo de la Unión Panamericanamediante su resolución de 4 de mayo de 1932 sobredepósito de ratificaciones, las cinco (5) reglas sobreratificación de tratados o convenciones sancionados en2 de mayo de 1934 y las dos (2) recomendaciones 51

de 5 de febrero de 1936 sobre ratificación de tratadoscolectivos.

" 2. En el caso de adhesión o ratificación con reser-vas, el Estado adhérente o que ratifique enviará a laUnión Panamericana, con antelación al depósito delinstrumento respectivo el texto de la reserva que seproponga formular, para que la Unión Panamericanalo comunique a los Estados signatarios con el fin deaveriguar si la aceptan o no. El Estado que se pro-ponga adherir al Tratado o ratificarlo podrá o nohacerlo teniendo en cuenta las abservaciones que for-mulen sobre sus reservas los Estados signatarios.

" 3. Adoptar el sistema sobre registro de tratadosen la Unión Panamericana, en los términos del proyectode la delegación de Chile publicado en la página 245 delDiario de la Conferencia, y,

" 4. Someter a estudio de la Comisión Permanentede Río de Janeiro el proyecto de la delegación deVenezuela publicado en la página 610 del Diario dela Conferencia."68. El Consejo Interamericano Económico y Social

propuso el estudio del tema al Comité Jurídico Inter-americano por resolución del 10 de abril de 1950. ElConsejo acordó:

" 1. Solicitar al Consejo de la Organización de losEstados Americanos que someta al estudio del ComitéJurídico Interamericano de acuerdo con el artículo 70de la Carta de la Organización, la cuestión relativa alalcance jurídico de las reservas a pactos internacionalesde carácter multilateral; y

" 2. Que envíe al propio Comité Jurídico Inter-americano, como documentos informativos de trabajo,el memorándum presentado por la delegación del Bra-sil sobre la materia, fechado el 22 de marzo de 1950,así como los antecedentes que existen al respecto."69. Ante esta solicitud, el Consejo de la Organización

de los Estados Americanos en sesión del 17 de mayo de1950 resolvió lo siguiente:

" 1. Encomendar al Comité Jurídico Interameri-cano que emprenda, a la mayor brevedad posible, unestudio sobre el efecto jurídico de las reservas hechasa pactos multilaterales en cualquier momento de suelaboración, bien sea al suscribirlos, al ratificarlos o al

51 " En cuanto a las dos recomendaciones de 5 de febrero de1936 sobre ratificación de tratados colectivos, en la primera de esasrecomendaciones se solicita a la Unión Panamericana que continúela publicación de los cuadros sobre el estado de los Tratados yConvenciones Interamericanos y autoriza al Director General paraque al enviar esos cuadros preguntara sobre el estado de los mismosy el progreso que se hubiera realizado en su ratificación.

" La segunda de dichas recomendaciones se refiere a la resolu-ción LVI de la Séptima Conferencia Internacional Americanamediante la cual se propone que se designen en cada país repre-sentantes ad honorem de la Unión Panamericana para acelerar elestudio, aprobación y ratificación de los tratados y convencionesinteramericanas."

adherir a ellos. El Comité Jurídico comunicará al Con-sejo de la Organización los resultados de dicho estudio.

" 2. Enviar al Comité Jurídico Interamericano,como documentos informativos de trabajo, el memo-rándum presentado por la delegación del Brasil sobrela materia, fechado el 22 de marzo de 1950, así comolos antecedentes que existen al respecto."70. Sobre estas bases, el Comité elaboró un " Informe

sobre el efecto jurídico de las reservas a los tratados mul-tilaterales " 52, el que contiene un breve análisis sobre losantecedentes históricos del problema y concluye haciendoalgunas observaciones que sirvieron de base a las dis-cusiones durante la reunión.

2. Consideración del tema en la Tercera Reunión delConsejo Interamericano de Jurisconsultos

a) Discusión preliminar en la Comisión I

71. Los representantes de Brasil, Colombia y Nicara-gua presentaron sendos documentos de trabajo que dabanbases para la discusión del tema. A propuesta del repre-sentante de Panamá, la Comisión I decidió integrar unGrupo de Trabajo compuesto por los representantes deColombia, Brasil y Nicaragua, para redactar un soloproyecto sobre los efectos jurídicos de las reservas a lostratados multilaterales 53.

72. Por su parte, los representantes de Honduras, Chile,Venezuela, Estados Unidos y México, presentaron unproyecto de resolución por el cual se encomendaba alComité Jurídico Interamericano la continuación delestudio presentado sobre el efecto jurídico de las reservasa los tratados multilaterales, tomando en cuenta los pro-yectos presentados y demás antecedentes producidos 54.

73. En opinión de la delegación argentina era in-oportuno poner a debate en ese momento el proyecto pre-sentado por los cinco países, y convenía discutir en suspartes las bases presentadas por el Grupo de Trabajo. Alefecto, presentó una moción de orden, la que fué apro-bada por 19 votos a favor y 1 en contra. En consecuencia,el proyecto de Honduras, Chile, Estados Unidos, Venezuelay México no llegó a ser votado en tanto que la Comisióndecidió debatir y votar primero las bases del proyectopresentado por el Grupo de Trabajo.

b) Bases que presenta el Grupo de Trabajo (Colombia,Brasil y Nicaragua) a la consideración de la Comi-sión I

74. El documento de trabajo que contiene las bases,dice:

" A. DE LAS RESERVAS EFECTUADAS EN EL MOMENTO DE LAFIRMA

" 1. El Estado que desee efectuar reservas a untratado multilateral en el momento de su firma colec-tiva, deberá comunicar el texto de las mismas a todoslos Estados que vayan a firmarlo, por lo menos con48 horas de anticipación, si no se hubiera establecidootro plazo en el curso de las negociaciones.

52 Consejo Interamericano de Jurisconsultos, documento CIJ-23(Unión Panamericana, Washington, D.C, 1955).

63 Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,Comisión I, acta de la segunda sesión celebrada el 20 de enero de1956, documento 20.

54 Ibid., 4a. sesión, documento 24.


" 2. Los Estados a los que haya sido hecha la comu-nicación a que se refiere el número anterior deberánponer en conocimiento de los demás Estados y delEstado autor de las reservas, su aceptación o no acep-tación de las mismas, por lo menos 24 horas antes delmomento de la firma colectiva.

" 3. Las reservas que hayan sido expresamente con-sideradas inaceptables, aunque sólo sea en parte por lamayoría de los Estados presentes a la firma, no seránadmitidas, y en el caso de ser formuladas, no produ-cirán efecto alguno.

" 4. Cuando las reservas fueran admitidas, el Estadoque las hubiere considerado inaceptables podrá decla-rar, en el momento de la firma, que dichas reservas noentrarán en vigor entre él y el Estado que las presentó.

" 5. El Estado que no haya podido presentar susreservas con la anticipación establecida, a la conside-ración de los demás, podrá hacerlo hasta el momentode la firma colectiva, aplicándose entonces en el caso,las normas referentes a las reservas efectuadas en elmomento de la ratificación o de la adhesión.

' B. DE LAS RESERVAS EFECTUADAS EN EL MOMENTO DE LARATIFICACIÓN Y DE LA ADHESION

" 1 . En el momento de la ratificación o de la adhe-sión se admitirán reservas en la forma y condicionesestipuladas en el propio tratado o acordadas por lossignatarios.

" 2. A falta de estipulación en el propio tratadoo de acuerdo entre los signatarios respecto a la pre-sentación de reservas en el momento de la ratificacióno de la adhesión, dichas reservas podrán ser admitidas,si dentro del plazo de seis meses a partir de su notifi-cación oficial, ninguno de los Estados signatarios leshace una objeción fundada en incompatibilidad con elpropósito o finalidad del tratado. Serán consideradasaceptadas las reservas, por el Estado signatario que,dentro del mismo plazo de seis meses, no les hagaobjeción fundada en cualquier otro motivo.

" 3. Si hubiere alegación de incompatibilidad, laSecretaría General de la Organización de los EstadosAmericanos, consultará, por propia iniciativa y enconformidad con sus reglas de procedimiento vigentes,a los Estados signatarios, no admitiéndose las reservassi la incompatibilidad fuera reconocida, en el plazo deseis meses, al menos por la tercera parte de dichosEstados.

" 4. En los tratados abiertos a la firma durante unlapso de tiempo fijo o indefinido, se aplicarán las reglasreferentes a las reservas en el momento de la ratificacióno la adhesión.

" C. NORMAS GENERALES

" 1. Es conveniente la inserción en los tratados mul-tilaterales que se celebren en el futuro, de estipulacionesexpresas respecto a la admisibilidad o no de las reser-vas, así como a los efectos jurídicos atribuíbles a éstas,caso de aceptarse su formulación.

" 2. Los efectos jurídicos de las reservas son lossiguientes:

" o) El tratado estará en vigor, tal como fue fir-mado, respecto a los países que lo ratificaron sin reser-vas, en los términos en que fue originalmente redactadoy firmado.

" b) El tratado estará en vigor respecto a los Estadosque lo ratificaron con reservas y a los Estados quehayan ratificado y que las acepten, tal como sea modi-ficado por dichas reservas.

" c) El tratado no estará en vigor entre un Estadoque haya ratificado con reservas y otro que haya ratifi-cado y que no acepte tales reservas.

" 3. Cualquier Estado podrá retirar en todo tiemposus reservas antes y después de haber sido aceptadaspor los demás.

" 4. Al referirse en el párrafo B 3, a las reglas deprocedimiento vigentes se entiende las seis reglasaprobadas por la resolución XXIX de la Octava Con-ferencia Internacional Americana y las que puedanaprobarse en el futuro por autoridad competente." 55

c) Consideración de las bases en la Comisión I

75. En el debate general intervinieron casi todas lasrepresentaciones. La gran mayoría estuvo de acuerdo enla conveniencia de que el Consejo se pronunciara sobrelas bases definitivas que en el futuro deberán normar losefectos jurídicos de las reservas a los tratados multilate-rales.

76. El representante de Cuba al concretar el procedi-miento que en su opinión debería seguirse para resolverel problema de las Reservas a los Tratados Multilateralesdijo que el Consejo de Jurisconsultos debería aprobar unprimer proyecto, o bases, para un tratado, el cual seríaenviado a los gobiernos para sus comentarios; éstos yaquél, serían remitidos al Comité Jurídico para un nuevodictamen, que sería incluido en el temario de la CuartaReunión del Consejo de Jurisconsultos; hecho esto,mediante nueva moción del Consejo, la Undécima Con-ferencia Interamericana contaría con un proyecto com-pleto, susceptible ya de convertirse en convenio 56.

77. Al debatirse el proyecto del Grupo de Trabajo ensu conjunto, expusieron sus dudas y observaciones gené-ricas los representantes de Cuba, Panamá, El Salvador yMéxico 57.

78. En la discusión sobre la división tripartita pro-puesta en el documento presentado por el Grupo deTrabajo para tratar la materia de las reservas intervi-nieron los representantes de Chile, El Salvador, Uruguay,México, Colombia y Estados Unidos, los cuales expresarondiversos puntos de vista sobre la conveniencia de la divi-sión y sobre la oportunidad de introducir un régimen espe-cial para las reservas que se manifiesten en el momentode la firma.

79. Después de ser consideradas varias enmiendas adiversos párrafos, fue puesto a votación el documentoen conjunto y aprobado por 12 votos afirmativos, 2 nega-tivos y 4 abstenciones.

80. La Comisión aprobó, finalmente, una resoluciónpropuesta por Cuba por la que unánimemente acordótransmitir al Consejo de la OEA el proyecto elaborado,para que ésta lo envíe de nuevo a los gobiernos a fin deque expresen las observaciones que crean oportunas;asimismo, solicitó del Comité Jurídico tomar en cuenta elproyecto y las observaciones de los gobiernos para elabo-

55 Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos,sesión del 21 de enero de 1956, documento 21.

56 Ibid., Comisión I , ac t a de la 4a. sesión, documento 27." Ibid., pág . 7.


rar un nuevo proyecto que será presentado a la CuartaReunión del Consejo.

d) Consideración del proyecto en la sesión plenaria delConsejo

81. En la cuarta sesión plenaria, el proyecto de reso-lución sufrió nuevas enmiendas. El representante de Hon-duras propuso una enmienda al proyecto de normas con-sistente en agregar al inciso c) del párrafo 2 del capí-tulo C, lo siguiente : " Que en ningún caso las reservasaceptadas por la mayoría de los Estados pueden afectar oproducir efectos jurídicos respecto al Estado que lashubiere rechazado ". La enmienda fué aprobada por 15votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

82. Algunos Estados declararon que se abstendrían devotar favorablemente el proyecto de normas pero votaríanfavorablemente el proyecto de resolución™.

83. Se aprobó, por 17 votos a favor, ninguno en contray 3 abstenciones, una moción de México ™ consistente enmodificar el tercer considerando del proyecto de resolu-ción en la siguiente forma : " Que tomando en cuenta esteinforme así como los votos disidentes allí contenidos yproyectos presentados por distintas delegaciones, el Con-sejo elabore un proyecto de normas a fin de que consti-tuyan bases para estudios ulteriores por parte de los orga-nismos interamericanos y los gobiernos ".

84. Puestos a votación, separadamente, el proyecto denormas y el proyecto de resolución con la enmienda deMéxico, fueron aprobados, el primero por 14 votos, nin-guno en contra y 5 abstenciones, y el segundo por unani-midad 60.

CAPITULO II

Colaboración entre el Consejo Interamericano deJurisconsultos y la Comisión de Derecho Inter-nacional

1. Antecedentes

85. El Artículo 61 de la Carta de la Organización delos Estados Americanos dispone que " los órganos delConsejo de la Organización, de acuerdo con éste, esta-blecerán relaciones de cooperación con los órganos co-rrespondientes de las Naciones Unidas y con los organis-mos nacionales o internacionales que funcionen dentro desus respectivas esferas de acción."

86. Por su parte, la Asamblea General de las NacionesUnidas al establecer la Comisión de Derecho Internacio-nal, en 1947, estableció en el artículo 26, inciso 4 delEstatuto de la Comisión, que : " Se reconoce la conve-niencia de que la Comisión consulte con organismos inter-gubernamentales dedicados a la codificación de derechointernacional tales como los de la Unión Panamericana ".

87. El tema " Cooperación con la Comisión de DerechoInternacional de las Naciones Unidas " fué incluido porprimera vez en la Primera Reunión del Consejo Inter-americano de Jurisconsultos celebrada en Río de Janeiro,

58 Estados Unidos, Chile. Tercera Reunión del Consejo Inter-americano de Jurisconsultos, acta de la cuarta sesión plenaria,documento 113, págs. 30 et seq.

59 Ibid., pág. 33.60 El proyecto de resolución p resen tado por l a Comisión I al

Consejo y aprobado por éste en su forma definitiva, aparece en elAnexo IV.

en 1950. Al introducir el tema en el Manual de la PrimeraReunión, la Secretaría Ejecutiva de la Unión Panameri-cana decía:

" . . . Es de esperar, sin embargo, que con el tiempo seestablezca contacto entre la Comisión de Derecho In-ternacional y el Consejo Interamericano de Juriscon-sultos para evitar, hasta donde sea conveniente, dupli-cación de esfuerzos y trabajar, cuando la materia lorequiera, sobre bases comunes." 61

88. En aquella misma Reunión el Consejo Interameri-cano, considerando la conveniencia de la cooperaciónmutua en provecho de las labores de los dos organismos,por medio de una resolución, encargó al Secretario Ejecu-tivo de la Unión Panamericana:

" 1. Servir de medio de comunicación con la Comi-sión de Derecho Internacional, en nombre del ConsejoInteramericano de Jurisconsultos y de su Comisión Per-manente, el Comité Jurídico Interamericano;

" 2. Atender, en el grado que sea posible, toda soli-citud de la Comisión de Derecho Internacional relacio-nada con documentos y proporcionar otras informa-ciones que sean disponibles;

" 3. Solicitar, a discreción y de conformidad conel acuerdo que se concierte con la Comisión de DerechoInternacional, los documentos u otras informacionesque se juzguen convenientes para facilitar la labor delConsejo de Jurisconsultos;

" 4. Establecer y mantener relaciones de coopera-ción con la Comisión de Derecho Internacional, enconsulta con la Comisión Permanente y el Consejo dela Organización de los Estados Americanos, entendién-dose que todo arreglo que tienda a tener vigencia yefecto permanentes habrá de ser considerado como pro-visional hasta que sea aprobado por el Consejo deJurisconsultos de acuerdo con el Consejo de la Organi-zación ;

" 5. Incluir a la Comisión Permanente, hasta elgrado que se considere conveniente después de consul-tar con ella, en todo arreglo que se concierte con laComisión de Derecho Internacional de conformidad conel párrafo anterior."89. Durante el sexto período de sesiones de la comi-

sión de derecho internacional, celebrado en 1954, la Comi-sión volvió a ocuparse de la colaboración con los orga-nismos interamericanos. A propuesta del Señor F. V.García-Amador, la Comisión aprobó la resoluciónsiguiente :

" Pedir al Secretario General que tome las medidasque estime oportuno a fin de establecer una colabora-ción más estrecha entre la Comisión y los organismosinteramericanos cuya tarea es desarrollar y codificarel derecho internacional." 62

90. Finalmente en el séptimo período de sesiones dela Comisión se recordó la resolución aprobada en la sesiónanterior 63, se tomó nota del informe oral del Represen-tante del Secretario General de las Naciones Unidas sobrelas medidas tomadas en cumplimiento de esa resolución,y considerando la conveniencia de establecer nuevas rela-

61 Manual: Primera Reunión del Consejo Interamericano deJurisconsultos (Unión Panamericana, Washington, D.C., 1950).

62 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno períodode sesiones, Suplemento No. 9, párr. 77.

63 Ibid., décimo período de sesiones, Suplemento No. 9, párr. 36.


ciones entre la Comisión y el Consejo Interamericano deJurisconsultos mediante la participación de sus secre-tarios respectivos en las reuniones de estos Organismos,la Comisión decidió pedir al Secretario General queautorizara al Secretario de la Comisión para que asistieraa la Tercera Reunión del Consejo Interamericano de Juris-consultos 64.

2. Declaraciones del Secretario de la Comisión deDerecho Internacional en la primera sesión plenaria de la

Tercera Reunión del Consejo

91. En el curso de la primera sesión plenaria de laTercera Reunión del Consejo, el Secretario de la Comi-sión de Derecho Internacional observó cómo mediante laresolución aprobada por la Comisión y mediante su pre-sencia en el seno del Consejo, en su carácter de Secretariode la Comisión de Derecho Internacional, culminaba unalarga serie de tentativas para entroncar en una mismalínea los esfuerzos que se vienen realizando, tanto en laesfera interamericana como en las Naciones Unidas, parapromover el desarrollo y la codificación del derecho inter-nacional.

92. Destacó la similitud existente entre los objetivosque persiguen los dos organismos, demostrando cómo entanto que la Comisión tiene por función " impulsar eldesarrollo progresivo del derecho internacional y su codi-ficación ", el Consejo, entre otros fines " promueve eldesarrollo y la codificación del derecho internacionalpúblico y privado ".

93. Al referirse a los métodos usados por ambos orga-nismos en cumplimiento de sus funciones, dijo que sonen general semejantes, salvo que los proyectos sobre desa-rrollo del derecho internacional del Consejo Interameri-cano, pueden adoptar la forma de dictámenes o informes,mientras que en la Comisión de Derecho Internacionalpueden solamente llegar a concretarse en artículos de con-vención.

94. Luego de señalar el curso seguido, hasta ahora, ensus relaciones jurídicas por los dos organismos, el Secre-tario hizo presente cómo es indispensable que las rela-ciones entre la Comisión de Derecho Internacional y elConsejo Interamericano de Jurisconsultos se estrechenmás en vista de los objetivos comunes. " Seguramente losesfuerzos comunes y paralelos contribuirán no sólo aaliviar la tarea, sino a enriquecer los resultados conjun-tos " 65.

3. Proyecto de resolución presentado conjuntamente porlas Delegaciones de Colombia, Cuba y Perú.

95. El proyecto de resolución sobre colaboración conla Comisión de Derecho Internacional sometido a la Ter-cera Reunión del Consejo, fué presentado originalmentepor el representante de Cuba. En él se sugería al Secre-tario General de la Organización de los Estados America-nos que autorizara a un representante de la SecretaríaEjecutiva del Consejo Interamericano de Jurisconsultospara que asistiera, con el carácter de observador, a las

sesiones de la Comisión de Derecho Internacional de lasNaciones Unidas 66.

96. El representante de Colombia presentó modifica-ciones al proyecto anterior en el sentido de que la suges-tión hecha al Secretario General de la Organización delos Estados Americanos se extendiera también al ComitéJurídico Interamericano, para que autorizaran, el primeroal Secretario Ejecutivo del Consejo Interamericano deJurisconsultos, y el segundo a uno de sus miembros, paraque asistieran con el carácter de observadores a las sesio-nes de la Comisión de Derecho Internacional67.

97. Como quiera que se hicieron por parte de variosdelegados, algunas observaciones de carácter procesal enrelación con el proyecto presentado al Consejo, las quelos autores de éste encontraron bien fundadas, se decidiósuspender el examen del mismo posponiéndolo para lacuarta sesión plenaria 68.

98. En el curso de dicha sesión, los representantes deCuba, Colombia, y Perú presentaron conjuntamente elsiguiente proyecto de resolución, que fué aprobado porunanimidad :

" El Consejo Interamericano de Jurisconsultos," Considerando:" Que en su Primera Reunión, el Consejo Interameri-

cano de Jurisconsultos aprobó una resolución paraestablecer relaciones de colaboración con la Comisiónde Derecho Internacional de las Naciones Unidas;

" Que la referida Comisión, en su séptimo período desesiones, decidió pedir al Secretario General de las Na-ciones Unidas que autorizara al Secretario de la Comi-sión para que asistiera, con el carácter de observador,a esta Tercera Reunión, y que de conformidad con esapetición, el Secretario de la Comisión se ha encontradopresente con ese carácter durante las deliberaciones; y

" Que el artículo 4 del Estatuto del Consejo Inter-americano de Jurisconsultos dispone que cuando lacooperación de los organismos especializados impliqueestablecer relaciones permanentes con los órganos co-rrespondientes de las Naciones Unidas, el Consejo Inter-americano de Jurisconsultos procederá de acuerdo conel Consejo de la Organización de los Estados America-nos,

Acuerda:" 1. Expresar que sería deseable, en su concepto,

que la Organización de los Estados Americanos estu-diara la posibilidad de que sus organismos jurídicos sehagan presentes, mediante observadores en las sesionesde la Comisión de Derecho Internacional de la NacionesUnidas.

" 2. Dejar constancia de la satisfacción con que hatomado nota de la presencia en esta Tercera Reunióndel Consejo, del Secretario de la Comisión de DerechoInternacional de las Naciones Unidas que consideracomo la iniciación del conocimiento directo por ambosorganismos de sus labores respectivas, en provecho deldesarrollo del derecho internacional." 69

64 Véanse párrs. 1 a 4, supra.65 Del discurso pronunciado por el Dr. Yuen-li-Liang, Secretario

de la Comisión de Derecho Internacional durante la Tercera Reu-nión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos, México, enero18 de 1956.

66 Tercera Reunión del CU, documento 57.67 Ibid., documento 73.68 Ibid., 2a. y 3a. sesiones plenarias, I° y 2 de febrero de 1956,

documento 91 y 104.69 Ibid., 4a. sesión plenaria, 3 de febrero de 1956; documento

106.


ANEXOSAnexo I

RESOLUCIÓN XIII DE LA TERCERA REUNION DEL CONSEJO INTER-AMERICANO DE JURISCONSULTOS (APROBADA EN LA 4a. SESIÓNPLENARIA, EL 3 DE FEBRERO DE 1956)

PRINCIPIOS DE MEXICO SOBRE REGIMENJURÍDICO DEL MAR

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos,Considerando:Que el tema " Régimen del mar territorial y cuestiones afines :

Estudio preparatorio para la Conferencia Especializada Interameri-cana prevista en la resolución LXXXIV de la Conferencia deCaracas", fue incluido por el Consejo de la Organización de losEstados Americanos en el programa de su Tercera Reunión; y

Que sus conclusiones sobre la materia deberán ser remitidas ala Conferencia Especializada próxima a celebrarse,

Reconoce como expresión de la conciencia jurídica del Conti-nente y como aplicables por los Estados Americanos, entre otros,los principios enunciados más adelante.

Declara que la aceptación de tales principios no implica nitendrá por resultado la renuncia o el perjuicio de la posición quesostienen los diversos países de América sobre la extensión quedebe tener el mar territorial.

D

Líneas de base

1. La anchura del mar territorial se medirá, en principio, apartir de la línea de baja marea que sigue la costa, tal como estéindicada en las cartas marinas a gran escala, oficialmente recono-cidas por el Estado ribereño.

2. Los Estados ribereños podrán trazar líneas de base recta quese aparten de la línea de bajamar, cuando las circunstancias im-pongan este régimen debido a las profundas aberturas o hendidurasde la costa, o a las islas situadas en la proximidad de la misma,o cuando lo justifique la existencia de intereses económicos pecu-liares de una región del Estado ribereño. En cualquiera de estoscasos puede emplearse el método de líneas de base recta que unanlos puntos más alejados de la costa, islas, islotes, cayos o escollos.El trazado de estas líneas de base no puede apartarse sensiblementede la dirección general de la costa, y las extensiones de marsituadas dentro de ellas deben estar suficientemente unidas a losdominios terrestres.

3. Las aguas comprendidas tierra adentro de la línea de baseestarán sujetas al régimen de aguas interiores.

4. El Estado ribereño deberá dar a las líneas de base recta unapublicidad suficiente.

Mar territorial

1. La extensión de tres millas para delimitar el mar territoriales insuficiente y no constituye una norma general de derechointernacional. Por lo tanto, se justifica la ampliación de la zonade mar tradicionalmente llamada " mar territorial ".

2. Cada Estado tiene competencia para fijar su mar territorialhasta límites razonables, atendiendo a factores geográficos, geoló-gicos y biológicos, así como a las necesidades económicas de supoblación y a su seguridad y defensa.

B

Plataforma continental

Los derechos del Estado ribereño, en lo que concierne al sueloy subsuelo de la plataforma submarina o zócalo continental corres-pondiente, se extienden asimismo a los recursos naturales queahí se encuentran, tales como el petróleo, los hidrocarburos, lassubstancias minerales y todas las especies marinas, animales yvegetales, que viven en constante relación física y biológica conla plataforma, sin excluir las especies bentónicas.

Conservación de los recursos vivos de la alta mar

1. Los Estados ribereños tienen el derecho de adoptar, siguiendoprincipios científicos y técnicos, las medidas de conservación yvigilancia necesarias para la protección de los recursos vivos delmar próximos a sus costas, más allá del mar territorial. Las medidasque en las condiciones mencionadas adopte el Estado ribereño noperjudicarán los derechos derivados de acuerdos internacionalesen que sea parte, ni discriminarán en contra de pescadores ex-tranjeros.

2. Los Estados ribereños tienen, además, el derecho a la ex-plotación exclusiva de las especies vinculadas a la costa, a la vidadel país o a las necesidades de la población costera, como en loscasos en los que se desarrollan en aguas jurisdiccionales y despuésemigran a alta mar, o cuando la existencia de ciertas especiesinfluye de manera importante en una industria o actividad esencialal país costero, o cuando este último lleve a cabo obras de impor-tancia que tengan por resultado la conservación o el aumento delas poblaciones de especies.

Bahías

1. Una bahía es toda entrante de mar bien determinada, cuyapenetración tierra adentro en relación con la anchura de su bocasea tal que sus aguas estén comprendidas inter fauces terrae yconstituya algo más que una mera inflexión de la costa.

2. La línea que cierra una bahía se trazará entre sus entradasgeográficas naturales donde la entrante deja de tener la configura-ción de una bahía.

3. Las aguas que comprende una bahía estarán sujetas alrégimen jurídico de las aguas interiores si la superficie de aquéllaes igual o mayor que la de un semicírculo trazado tomando comodiámetro la boca de la bahía.

4. Si la bahía tiene más de una entrada, el semicírculo se trazarátomando como diámetro la suma de las líneas que cierren todaslas entradas. La superficie de las islas situadas dentro de unabahía estará comprendida en la superficie total de ésta.

5. Las bahías llamadas " históricas " estarán sujetas al régimende aguas interiores del o de los Estados ribereños.

Anexo II

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL NOMBRADA POR EL CONSEJODIRECTIVO DE LA UNION PANAMERICANA PARA ESTUDIAR ELPROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE EN EL DEPOSITO DE INS-TRUMENTOS DE RATIFICACIÓN

Los suscritos, miembros de la Comisión nombrada por el Consejopara estudiar el procedimiento que debe seguir la Unión Pan-americana en el depósito de instrumentos de ratificación de tra-tados y convenciones, tienen la honra de someter a la consideracióndel Consejo el siguiente informe:

El procedimiento a seguir por la Unión Panamericana, en lorelativo al depósito de ratificaciones, en cumplimiento del Artículo7 de la Convención sobre la Unión Panamericana, firmada en laSexta Conferencia Internacional Americana, será el siguiente, salvoprescripciones especiales en el tratado respectivo:

1. Encargarse de la custodia del documento original.2. Suministrar copias del mismo a todos los Gobiernos signata-

rios.3. Recibir los instrumentos de ratificación de las partes, in-

cluyendo las reservas.


4. Comunicar a todos los demás signatarios acerca del depósitode ratificaciones y, en el caso de que se hagan reservas, informarlosde las mismas.

5. Recibir las respuestas de los demás signatarios sobre siaceptan o no las reservas.

6. Informar a todos los signatarios del tratado si las reservashan sido aceptadas o no.

Con respecto a la condición jurídica de los tratados ratificadoscon reservas no aceptadas, el Consejo Directivo de la Unión en-tiende :

1. El tratado estará en vigor, tal como fué firmado, respecto alos países que lo ratificaron sin reservas, en los términos en quefué originalmente redactado y firmado.

2. Estará en vigor respecto a los Gobiernos que lo ratificaroncon reservas, y a los poderes signatarios que las acepten, tal comosea modificado por dichas reservas.

3. No estará en vigor entre un gobierno que haya ratificado conreservas y otro que haya ya ratificado, y que no acepte talesreservas.

El procedimiento que la Comisión sugiere es puramente provi-sorio, ya que en rigor la función de depositaría de los instrumentosde ratificación que ejerce, por primera vez, la Unión Panamericanaen virtud de los tratados suscritos en La Habana, es tambiénprovisoria, mientras dichos tratados no hayan sido unánimementeratificados.

Por lo demás, los puntos que envuelve este procedimiento sonmuy complejos, y tocan un problema de derecho internacionaltodavía muy debatido, que la Comisión cree, deben ser resueltosen forma definitiva por la VII Conferencia Internacional Ameri-cana y no por la simple disposición interpretativa del ConsejoDirectivo de la Unión Panamericana.

La Comisión considera, en consecuencia, conveniente que esteasunto sin perjuicio de esta reglamentación provisoria, sea sometidoa la VII Conferencia Internacional Americana y también llevadoa la atención del Instituto Americano de Derecho Internacional.

Felipe A. ESPILEmbajador de Argentina

Migual CRUCHAGAEmbajador de Chile

Fabio LOZANOMinistro de Colombia

Anexo III

REGLAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE RATIFICACIÓN DE TRATADOS,APROBADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNION PAN-AMERICANA EN SU SESIÓN DEL 2 DE MAYO DE 1934

Las siguientes medidas serían conducentes a llevar a la prácticael voto reiteradamente expresado por las Conferencias Internacio-nales Americanas en las resoluciones arriba citadas:

1. Que una vez suscritos los tratados o convenciones, el gobiernodel país en el cual se celebren las conferencias, remita a cada unode los Estados signatarios, en el más breve término posible, despuésde la clausura de la Conferencia, copia certificada de cada uno delos instrumentos de los tratados y convenciones en ella suscritos.

2. Exhortar a los gobiernos signatarios a que, en cuanto lo per-mitan las prescripciones constitucionales, sometan a sus respectivosCongresos, en la primera oportunidad después del recibo de lascopias certificadas a que se refiere el inciso anterior, los tratadosy convenciones suscritos.

3. La Unión Panamericana transmitirá cada seis meses pormedio de los representantes en el Consejo Directivo, un cuadrodemostrativo del estado de las ratificaciones, reservas, adhesiones,accesiones y denuncias de los tratados y convenciones suscritos enlas Conferencias que celebren los países miembros de la Unión.

4. La Unión Panamericana se dirigirá a los Gobiernos ameri-canos manifestando a cada uno de ellos que de conformidad con loacordado por la Séptima Conferencia Internacional Americana, por

medio de la resolución XVII de 23 de diciembre de 1933 y conel solo propósito de estudiar la posibilidad en encontrar solucionesen que puedan concurrir la mayor parte de los Estados miembrosde la Unión, se suplica al Gobierno respectivo se sirva dar aconocer las objeciones que dicho Gobierno tenga a las convencionesabiertas a su firma o pendientes de ratificación por el respectivoCongreso.

En la comunicación se expresará además, que reconociéndose acada Estado la facultad de decidir conforme a sus convenienciassobre la ratificación de los tratados y convenciones suscritos en lasConferencias Internacionales Americanas, se suplica al Gobiernorespectivo comunicar a la Unión Panamericana las modificacionesque a su juicio harán posible la ratificación.

5. Las comunicaciones que se dirijan a los Gobiernos ameri-canos de conformidad con el numeral anterior deberán ser enviadasa cada uno de ellos una vez en cada año, procurando que elenvío tenga lugar a tiempo de hallarse reunido en sesiones ordi-narias el respectivo Congreso.

Anexo IV

RESOLUCIÓN XV DE LA TERCERA REUNION DEL CONSEJOINTERAMERICANO DE JURISCONSULTOS

RESERVAS A LOS TRATADOS MULTILATERALES

(Tema 16)

Proyecto de resolución adoptado por el Consejo Interamericanode Jurisconsultos en su Tercera Reunión

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos,Considerando :Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos

recomendó al Comité Jurídico Interamericano que realizara unestudio sobre el efecto jurídico de las reservas hechas a pactosmultilaterales en cualquier momento de su elaboración, bien seaal suscribirlos, al ratificarlos o al adherir a ellos;

Que en atención a esa solicitud, el Comité Jurídico preparó uninforme que ha sido sometido a la consideración del Consejo Inter-americano de Jurisconsultos en su Tercera Reunión;

Que tomando en cuenta ese informe así como los votos disidentesallí contenidos, y proyectos presentados por distintas delegaciones,el Consejo ha elaborado un proyecto de normas; y

Que el proyecto de normas elaborado por el Consejo de Juris-consultos, según lo indicado en la solicitud del Consejo de laOrganización de los Estados Americanos, debe comunicarse a éste,

Resuelve:1. Solicitar del Consejo de la Organización de los Estados

Americanos que remita el proyecto elaborado por el Consejo Inter-americano de Jurisconsultos sobre los efectos de las reservas a lostratados multilaterales, a los Gobiernos Miembros para que éstosformulen las observaciones que crean convenientes.

2. Pedir al Comité Jurídico Interamericano que tome en cuentael antedicho proyecto y las observaciones de los Gobiernos Miem-bros, y elabore un segundo proyecto de normas que será presentadoa la Cuarta Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos.

Proyecto que presenta ei Consejo Interamericano de Jurisconsultossobre las normas aplicables a las reservas a los tratados multi-lateriales

De las reservas formuladas en el momento de la firma

1. El Estado que desee formular reservas a un tratado multi-lateral en el momento de su firma colectiva, deberá comunicar eltexto de las mismas a todos los Estados que hayan intervenido enlas negociaciones, por lo menos con 48 horas de anticipación, sino se hubiera establecido otro plazo en el curso de las delibera-


2. Los Estados a los que haya sido hecha la comunicación aque se refiere el número anterior deberán poner en conocimientode los demás Estados y del Estado autor de las reservas, su acepta-ción o no aceptación de las mismas antes del momento de lafirma colectiva.

3. Las reservas que hayan sido expresamente rechazadas, aunquesólo sea en parte por la mayoría de los Estados presentes a lafirma, no serán admitidas.

B

De las reservas formuladas en el momento de laratificación y de la adhesión

1. En el momento de la ratificación o de la adhesión se admi-tirán reservas en la forma y condiciones estipuladas en el propiotratado o acordadas por los signatarios.

2. A falta de estipulación en el propio tratado o de acuerdoentre los signatarios respecto a la presentación de reservas en elmomento de la ratificación o de la adhesión, dichas reservas podránser admitidas, si dentro del plazo de seis meses a partir de sunotificación oficial, ninguno de los Estados signatarios les haceuna objeción fundada en incompatibilidad con el propósito ofinalidad del tratado. Serán consideradas aceptadas las reservaspor el Estado signatario que, dentro del mismo plazo de seis meses,no les haga objeción fundada en cualquier otro motivo.

3. Si hubiere alegación de incompatibilidad, la Secretaría Gene-ral de la Organización de los Estados Americanos, consultará, porpropia iniciativa y en conformidad con sus reglas de procedimien-to vigentes, a los Estados signatarios, no admitiéndose las reservassi la incompatibilidad fuera reconocida, en el plazo de seis meses,al menos por la tercera parte de dichos Estados.

4. En los tratados abiertos a la firma durante un lapso detiempo fijo o indefinido, se aplicarán las reglas referentes a lasreservas en el momento de la ratificación o la adhesión.

5. La reserva no reiterada en el acta de la ratificación se tendrápor no hecha.

Normas generales

1. Es conveniente la inserción en los tratados multilaterales deestipulaciones expresas respecto a la admisibilidad o no de lasreservas, así como a los efectos jurídicos atribuíbles a éstas, casode aceptarse su formulación.

2. Los efectos jurídicos de las reservas son en general lossiguientes :

a) El tratado estará en vigor respecto a los países que lo ratifi-caron sin reservas, en los términos en que fue originalmente re-dactado y firmado.

b) El tratado estará en vigor respecto a los Estados que loratificaron con reservas y a los Estados que hayan ratificado yque las acepten, tal como sea modificado por dichas reservas.

c) El tratado no estará en vigor entre un Estado que hayaratificado con reservas y otro que haya ratificado y que no aceptetales reservas.

3. Cualquier Estado podrá retirar en todo tiempo sus reservas,antes o después de haber sido aceptadas por los demás.

4. Las reglas de procedimiento vigentes a que se refiere elpárrafo B 3 son las seis reglas aprobadas por la resolución XXIXde la Octava Conferencia Internacional Americana y las quepuedan aprobarse en el futuro por el órgano competente.

DOCUMENTO A/CN.4/102/Add.l

Addendum al informe del Secretario de la Comisión sobre las labores del Consejo ínter americano deJurisconsultos, en su Tercera Reunión

[Texto original en español][7 de mayo de 1956]

Este documento contiene la " Resolución de CiudadTrujillo " aprobada por la Conferencia Especializada In-teramericana sobre " Preservación de los Recursos Natu-rales : Plataforma Submarina y Aguas del Mar " celebradaen 1956 en Ciudad Trujillo. A esta Conferencia se referíala Resolución XIII de la Tercera Reunión del ConsejoInteramericano de Jurisconsultos, reproducida en elAnexo I al documento A/CN.4/102.

RESOLUCIÓN DE CIUDAD TRUJILLO J

La Conferencia Especializada Interamericana sobre" Preservación de los Recursos Naturales : PlataformaSubmarina y Aguas del Mar ",

Considerando:Que el Consejo de la Organización de los Estados Ame-

ricanos, en cumplimiento de la resolución LXXXIV dela X Conferencia Interamericana, celebrada en Caracasen marzo de 1954, convocó esta Conferencia EspecializadaInteramericana " con el propósito de que se estudien ensu conjunto los distintos aspectos del régimen jurídico yeconómico de la plataforma submarina, de las aguas delmar y de sus riquezas naturales a la luz de los conoci-mientos científicos actuales"; y

1 Conferencia Especializada Interamericana sobre " Preservaciónde los Recursos Naturales: Plataforma Submarina y Aguas delMar", Ciudad Trujillo, 15 al 28 de marzo de 1956, Acta Final(Washington D.C., Unión Panamericana, 1956), págs. 11 y 12.

Que la Conferencia ha realizado el estudio de conjuntoque le fue encomendado,

Resuelve:I

Someter a la consideración de los Estados Americanoslas siguientes conclusiones:

1. El lecho y el subsuelo de la plataforma submarina,zócalo continental e insular u otras áreas submarinasadyacentes al Estado ribereño fuera de la zona del marterritorial y hasta una profundidad de 200 metros o hastadonde la profundidad de las aguas suprayacentes, másallá de este límite, permita la explotación de los recursosnaturales del lecho y del subsuelo, pertenecen exclusiva-mente a dicho Estado y están sujetos a su jurisdicción ycontrol.

2. No existe acuerdo entre los Estados aquí represen-tados respecto al régimen jurídico de las aguas que cubrendichas áreas submarinas, ni sobre el problema de si deter-minados recursos vivos pertenecen al lecho o a las aguassuprayacentes.

3. La cooperación entre los Estados es de la mayorconveniencia para lograr el óptimo rendimiento constantede los recursos vivos del alta mar teniendo presente laproductividad continua de todas las especies.

4. La cooperación en la conservación de los recursosvivos de la alta mar puede lograrse más efectivamente


mediante acuerdos entre los Estados directamente inte-resados en dichos recursos.

5. En todo caso, el Estado ribereño tiene un interésespecial en la productividad continua de los recursos vivosdel alta mar adyacente a su mar territorial.

6. No existe acuerdo entre los Estados representadosen esta Conferencia, respecto a la naturaleza y al alcancedel interés especial del Estado ribereño ni en cuanto acómo deben ser tomados en cuenta los factores económicosy sociales que pudieren invocar dicho Estado y otrosEstados interesados, al apreciar las finalidades de losprogramas de conservación.

7. Existe diversidad de posiciones entre los Estados

representados en esta Conferencia en cuanto a la exten-sión del mar territorial.

II

Por tanto, la Conferencia no se pronuncia respecto alas posiciones de los diversos Estados participantes enella sobre las materias en que no se ha llegado a unacuerdo, y

Recomienda:Que los Estados Americanos prosigan empeñosamente

en la consideración de las materias a que se refieren lospárrafos 2, 6 y 7 de la presente resolución con el fin deencontrar soluciones adecuadas.

INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL A LAASAMBLEA GENERAL

DOCUMENTO A/3159 * y Corr.lInforme de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de

sesiones, 23 de abril a 4 de julio de 1956INDICE Párrafos Página

CapítuloI. Organización del período de sesiones 1—6 249

II. Derecho del mar 7—33 250I. Introducción 7—33 250

II. Artículos referentes al derecho del mar 252III. Comentarios a los artículos referentes al derecho del mar 260

III. Estado de los trabajos referentes a otras materias estudiadas por la Comisión . . . 34—36 298IV. Otras decisiones de la Comisión 37—51 298

CAPITULO I II. Mesa

ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE SESIONES 3. En sus sesiones del 24 y del 25 de abril de 1956,

1. La Comisión de Derecho Internacional, creada en l a Comisión eligió, para constituir la Mesa, a las siguien-

cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea t e s p e r s o n a s :

General del 21 de noviembre de 1947, y en virtud de lo Presidente: Sr. F. V. García-Amador ;dispuesto en su Estatuto, unido como anexo a dicha Primer Vicepresidente: Sr. Jaroslav Zourek;resolución, celebró el octavo período de sesiones en la Segundo Vicepresidente: Sr. Douglas L. Edmonds;Oficina Europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, Relator: Sr. J. P. A. François.del 23 de abril al 4 de julio de 1956. En el presente . „, ' ' ,. ' . „. , , ~ . . , ,ilal4dejuliodeinforme se expone la labor realizada1956.Enel por la Comisión *. £1 .S,r< Yuen-liLiang, Director de la Division deen ese período de seexponelasesiones. El Capítulo II contiene el Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, repre-informe definitivo de la sesiones.ElCapítuloComisión sobre el derecho del IIcontieneellaComisión.sentó a l Secretario General y actuó como Secretario demar, en cumplimiento de la petición formulada por la laComisión.Asamblea General en la resolución 899 (IX) ; el Capí- III. P rog ramatulo III está formado por los informes sobre el estadode los trabajos de la Comisión en las siguientes mate- 5 . La Comisión aprobó un programa para el octavorias: "Derecho de los tratados", "Responsabilidad de período de sesiones constituido por los temas siguientes:los Estados " y " Relaciones e inmunidades consulares " ; 1. Régimen de alta mar.el Capítulo IV trata de las cuestiones relativas al Esta- 2. Régimen del mar territorial.tuto de la Comisión y de cuestiones administrativas. 3. D e r e c h o d e l o s t r a t a dos .I. Composición de la Comisión y participación en 4. Relaciones e inmunidades diplomáticas.

el periodo de sesiones 5. Relaciones e inmunidades consulares.

2. La Comisión está integrada por las siguientes per- 6. Responsabilidad de los Estados.sonas, que han participado todas en el período de sesiones: 7. Procedimiento arbitral: resolución 989 (X) de la

Nombre Nacionalidad Asamblea General.n-ii. r> 8. Cuestión de la reforma del artículo 11 del Estatuto

Sr. Gilberto Amado Brasil8 . de la Comisión: resolución 986 (X) de la artículo11delEstatutoAsam-Sr. Douglas L. Edmonds Estados Unidos de América b l e a G e n e r a l .Sir Gerald Fitzmaurice Reino Unido de Gran b le a Ge n e r A l . • •-

o d e G r A N 1 9. Publicación de los documentos de la Comisión:Bretaña e Irlanda del , . , „„„ , v > , , . , , n ,ñaeIrlandadel resolución 987 (X) de la Asamblea General.

Sr. J. P . A. François Países NorteBajos 10. Colaboración con los organismos interamericanos.Sr. F. V. García-Amador Cuba 11. Fecha y lugar del noveno período de sesiones.Sr. Shuhsi Hsu China 12. Preparación del plan de trabajo de la Comisión.FarisBeyel-Khouri Siria 13. O t r o s a s u n t o s .Sr. S. B. Krylov Unión de Repúblicas ^ T - > 1 • 1 1 • 1 n • ••

Socialistas Soviéticas 6 . D u r a n t e e l o c t a v ° Per.1O,do ^ SefOneS' l a C ° m i s i ó n

Sr.L. Padilla Ñervo México SocialistasSoviéticascelebró 5 1 s e s i o n e s . E x a m i n ó todos los temas del pro-c r. IT 1 • j r> i r J ; grama, con excepción del tema 4 (Relaciones e inmuni-br. Kadnabinod ral India ° .. ' . . , . . •. 1 n t-n J- • * i.-G r . c , T> i- • dades diplomáticas) y el tema 7 (Procedimiento arbi-Sr. Carlos Salamanca Bolivia ,. r T T 1 J i_ *. 1Sr. CarlosSr.A. E. F. Sandstrôm SalamancaBoliviaSuecia tral), cuyo estudio quedó aplazado hasta el próximoSr . A.E.F.SandstrômGeorges Scelle Francia período de sesiones.

Sr. Jean Spiropoulos Grecia * Publicado igualmente como Documentos Oficiales de la Asam-Sr. Jaroslav Zourek Checoeslovaquia blea General, 11° período de sesiones, Suplemento No. 9.

249


CAPITULO II

DERECHO DEL MAR

I. Introducción

7. En su primer período de sesiones (1949), la Co-misión de Derecho Internacional confeccionó una listaprovisional de materias cuya codificación juzgaba nece-saria y posible. Esta lista comprende el régimen de altamar y el del mar territorial. La Comisión incluyó el régi-men de alta mar entre los temas a los que daba prioridady designó al Sr. J. P. A. François como Relator especialpara esta cuestión. Más tarde, y siguiendo una recomen-dación contenida en la resolución 374 (IV) de la Asam-blea General, la Comisión, en su tercer período de sesio-nes (1951), decidió empezar el estudio del régimen delmar territorial y nombró también Relator especial paraesta materia al Sr. François.

a) REGIMEN DE ALTA MAR

8. En su segundo período de sesiones (1950), laComisión examinó la cuestión de la alta mar, tomandocomo base de discusión el informe (A/CN.4/17) delRelator especial. La Comisión estimó que no podía em-prender la codificación del derecho de la alta mar entodos sus aspectos y que era necesario escoger las cues-tiones que podría comenzar a estudiar en la primeraetapa de su labor en la materia. Pensó que podía dejar,provisionalmente, a un lado todas las cuestiones queestaban estudiando otros órganos de las Naciones Uni-das o los organismos especializados. También prescindióde otras cuestiones que por su carácter técnico no seprestaban a ser estudiadas por ella. Por último, deió delado algunas otras cuestiones cuya importancia no leparecía bastante para que fuesen examinadas en aquelmomento de su labor.

9. En el tercer período de sesiones (1951), el Rela-tor especial presentó su segundo informe sobre la altamar (A/CN.4/42). La Comisión examinó en primertérmino los capítulos de ese informe que trataban de laplataforma continental y de varias cuestiones relaciona-das con ella, a saber la protección de las riquezas delmar, las pesquerías fijas y la zona contigua. Decidió, conarreglo a su estatuto, publicar su proyecto sobre estascuestiones 1 e invitar a los gobiernos a que formularanobservaciones sobre él. La Comisión examinó tambiénotras cuestiones relativas al régimen de alta mar y pidióal Relator especial que le presentara un nuevo informeen el cuarto período de sesiones.

10. En el cuarto período de sesiones (1952), la Co-misión examinó el tercer informe del Relator especial(A/CN.4/51). Además, recibió de un cierto número degobiernos observaciones sobre el proyecto de artículosrelativos a la plataforma continental y a otras cuestio-nes relacionadas con ella 2. Por falta de tiempo, la Comi-sión tuvo que remitir el estudio de estas cuestiones alquinto período de sesiones.

11. En el quinto período de sesiones (1953), la Co-misión examinó de nuevo, teniendo en cuenta las obser-vaciones de los gobiernos, y basándose en un nuevo in-

forme del Relator especial (A/CN.4/60), las cuestionessiguientes: 1) plataforma continental; 2) riquezas pes-queras del mar; 3) zona contigua. En esta materia fuéde gran utilidad para la Comisión la obra en dos volú-menes titulada Laws and Regulations on the Regime ofthe High Seas (Leyes y reglamentos sobre el régimende alta mar), publicada en 1951 y 1952 por la Divisiónpara el Desarrollo y Codificación del Derecho Interna-cional, del Departamento Jurídico de la Secretaría3. LaComisión elaboró unos proyectos revisados sobre lastres cuestiones mencionadas4. Modificando en ciertomodo la decisión tomada en el segundo período de sesio-nes, la Comisión pidió al Relator especial que elaborarapara el sexto período de sesiones un nuevo informe quecomprendiese ciertas cuestiones relativas a la alta mar,que no habían sido tratadas en los informes anteriores.Aunque volvía a la idea de la codificación del derechodel mar, la Comisión no pensaba incluir en ella dispo-siciones referentes a cuestiones de carácter técnico, niquería invadir el terreno de los estudios especiales em-prendidos por otros órganos de las Naciones Unidas opor organismos especializados.

12. En el sexto período de sesiones (1954), la Co-misión, por falta de tiempo, no pudo ocuparse en lacuestión de la alta mar ni examinar el quinto informedel Relator especial (A/CN.4/69), dedicado especial-mente a la competencia penal en materia de abordaje.

13. En el séptimo período de sesiones (1955), laComisión, basándose en el sexto informe del Relatorespecial (A/CN.4/79), aprobó unos artículos provisio-nales relativos al régimen de alta mar 5, acompañados decomentarios, que fueron sometidos a los gobiernos paraque formularan observaciones. La Comisión decidió tam-bién comunicar el capítulo referente a la conservaciónde los recursos vivos del mar a los organismos que esta-ban representados por observadores en la Conferenciatécnica internacional para la conservación de los recursosvivos del mar, celebrada en Roma del 18 de abril al 10de mayo de 1955. Al elaborar los artículos relativos a laconservación de los recursos vivos del mar, la Comisióntuvo en cuenta el informe 6 de esta conferencia.

14. En el octavo período de sesiones (1956), la Co-misión ha examinado las respuestas de los gobiernos(A/CN.4/99 y Add.l a 9) y de la Comisión Interna-cional de las Pesquerías del Atlántico Noroeste (A/CN.4/100), así como un nuevo informe del Relator especial(A/CN.4/97 y Add.l y 3). Después de haber estudiadoatentamente estas respuestas, ha elaborado un informefinal en el que ha tomado en cuenta en varios puntoslas observaciones formuladas.

b) REGIMEN DEL MAR TERRITORIAL

15. En el cuarto período de sesiones (1952), la Co-misión examinó algunos aspectos del régimen del marterritorial, basándose en un informe del Relator especial(A/CN.4/53). Se ocupó especialmente en la cuestión

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/1858), anexo.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2456), anexo II.

3 ST/LEG/SER.B/1 y 2.4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período

de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2456), capítulo III.5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período

de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934), capítulo II.6 Informe de la Conferencia Técnica Internacional sobre la

Conservación de los Recursos Vivos del Mar, Roma, 18 de abril a10 de mayo de 1955, A/CONF.10/6.

Informe a la Asamblea General 251

de las líneas de base y en la de las bahías. Respecto dela delimitación del mar territorial entre dos Estadosadyacentes, decidió pedir a los gobiernos que le propor-cionaran datos sobre sus prácticas y le comunicaran todaslas observaciones que considerasen útiles. La Comisióndecidió también que el Relator especial podía ponerseen relación con algunos expertos para tratar de aclararciertos aspectos técnicos del problema.

16. Se pidió al Relator especial que presentara a laComisión, en el quinto período de sesiones (1953), unnuevo informe que contuviera un proyecto y unos comen-tarios revisados, teniendo en cuenta las opiniones mani-festadas en el cuarto período de sesiones. En cumpli-miento de esta petición, el Relator especial presentó el19 de febrero de 1953 un segundo informe sobre elrégimen del mar territorial (A/CN.4/61).

17. El grupo de expertos antes mencionado se reunióen La Haya del 14 al 16 de abril de 1953, bajo la presi-dencia del Relator especial. Estaba compuesto de lossiguientes señores: el Profesor L. E. G. Asplund (De-partamento de Cartografía, Estocolmo) ; S. WhittemoreBoggs (Asesor especial en materia de geografía, Depar-tamento de Estado, Washington, D.C.); P. R. V.Couillault (Ingeniero en Jefe del Servicio Central Hi-drográfico, París) ; Comandante R. H. Kennedy, O.B.E.,R.N. (retirado) (Departamento Hidrográfico del Al-mirantazgo, Londres), acompañado de R. C. Shawyer(Funcionario Administrativo del Almirantazgo, Lon-dres) ; Vicealmirante A. S. Pinke (retirado) (MarinaReal Holandesa, La Haya). Presentó un informe sobrecuestiones técnicas. Las observaciones contenidas en eseinforme indujeron al Relator a modificar v a completarciertos artículos de su proyecto; estas modificacionesfiguraron en una adición al segundo informe sobre elrégimen del mar territorial (A/CN.4/61/Add.l y Corr1)al que se unió el informe del Comité de expertos.

18. En el sexto período de sesiones (1954), el Relatorpresentó a la Comisión un tercer proyecto sobre el régimendel mar territorial (A/CN.4/77), en el que introdujoalgunas modificaciones sugeridas por las observacionesde los expertos. Fueron también tenidas en cuenta lasobservaciones de los gobiernos referentes a la delimitacióndel mar territorial de dos Estados adyacentes (A/CN.4/71 y Add. 1 y 2 ) .

19. En el sexto período de sesiones, la Comisiónaprobó un cierto número de artículos provisionales refe-rentes al régimen del mar territorial \ acompañados decomentarios, e invitó a los gobiernos a formular obser-vaciones a esos artículos.

20. El Secretario General recibió las observacionesde 18 Estados Miembros de las Naciones Unidas 8. Re-conociendo lo justo de muchas de estas observaciones,la Comisión, en su séptimo período de sesiones (1955),modificó varios artículos9. Examinó también algunascuestiones que habían quedado en suspenso en el informede 1954, y que se referían especialmente a la anchura delmar territorial, a las bahías y a la delimitación del marterritorial en la desembocadura de un río. Sometió estos

7 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2693), capítulo IV.

8 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934), anexo.

» Ibid., capítulo III.

artículos a los gobiernos con objeto de que le remitiesenlas observaciones que creyeran conveniente hacer.

21. En el octavo período de sesiones (1956), la Co-misión ha examinado las respuestas de los gobiernos(A/CN.4/99 y Add.l a 9), basándose en un informedel Relator especial (A/CN.4/97 y Add.2). Ha elabo-rado luego su informe final sobre la materia, introdu-ciendo en él varias modificaciones cuya oportunidad mos-traban las respuestas de los gobiernos.

c) DERECHO DEL MAR

22. Siguiendo lo dispuesto en la resolución 899 (IX)de la Asamblea General, del 14 de diciembre de 1954,la Comisión ha agrupado de un modo sistemático todaslas normas que había aprobado en materia de alta mar,mar territorial, plataforma continental y conservación delos recursos vivos del mar. La Comisión ha tenido quehacer algunas modificaciones en los textos aprobados.

23. El informe final en esta materia se compone dedos partes. La primera trata del mar territorial, la se-gunda de la alta mar. Esta segunda parte se divide entres secciones: 1) régimen general de la alta mar; 2)zona contigua; 3) plataforma continental. Cada artículova acompañado de un comentario.

24. La Comisión desea que el texto de los artículosaprobados vaya precedido de algunas observaciones so-bre la manera cómo entiende que se han de poner enpráctica.

25. Cuando se creó la Comisión de Derecho Interna-cional, se creyó que la labor de la Comisión podría tenerdos aspectos divergentes : por una parte, la " codificacióndel derecho internacional ", es decir, según el artículo 15del estatuto de la Comisión, " los casos en que se tratade formular con más precisión y de sistematizar lasnormas de derecho internacional en las esferas en queexiste ya una práctica estatal considerable, de los prece-dentes y de las opiniones doctrinales " ; y por otra, el" desarrollo progresivo del derecho internacional ", es de-cir, " los casos en que se trata de redactar convencionessobre materias que no están reguladas todavía por elderecho internacional o respecto de las cuales el derechono está aún suficientemente desarrollado en la prácticade los Estados ".

26. Mientras preparaba la reglamentación del derechodel mar, la Comisión adquirió la convicción de que, almenos en esta materia, la distinción entre estas dosactividades, prevista en el estatuto, puede difícilmenteser mantenida. No sólo las opiniones sobre si una mate-ria está ya " suficientemente desarrollada en la práctica "pueden variar mucho, sino que varias disposiciones apro-badas por la Comisión y basadas en un " principio reco-nocido en derecho internacional " han sido elaboradas deuna manera que las coloca en la categoría del " desarrolloprogresivo " del derecho. La Comisión intentó al prin-cipio especificar los artículos que pertenecen a una u otracategoría, pero tuvo que renunciar a ello, porque algunosartículos no pertenecen enteramente a ninguna de lasdos categorías.

27. En estas condiciones, para dar efectividad al pro-yecto, en su totalidad, sería necesario acudir a la víaconvencional.

28. La Comisión recomienda, por consiguiente, segúnlo preceptuado en el inciso d) del párrafo 1 del artículo23 de su estatuto, que la Asamblea General convoque


una conferencia internacional de plenipotenciarios en-cargada de examinar el derecho del mar teniendo pre-sentes no solamente los aspectos jurídicos del problema,sino también sus aspectos técnicos, biológicos, económi-cos y políticos, y de consagrar el resultado de sus trabajosen una o más convenciones internacionales o en los ins-trumentos que juzgue apropiados.

29. La Comisión opina que la conferencia deberátratar de las diferentes partes del derecho del mar quese examinan en este informe. La Comisión sabe por ex-periencia — y las observaciones de los gobiernos la hanconfirmado en esta opinión— que la interdependenciaentre las diferentes secciones del derecho del mar es tangrande que sería muy difícil tratar sólo una parte de-jando las demás.

30. La Comisión estima que sus trabajos han prepa-rado suficientemente el terreno para esta conferencia.El hecho de que sobre ciertos puntos se hayan manifes-tado divergencias de opinión bastante importantes no hade hacer que se aplace la conferencia. Por varios ladosse lamentó la actitud de los gobiernos que, después dela Conferencia de Codificación de La Haya de 1930, y envista del desacuerdo que había sobre la anchura del marterritorial, renunciaron a toda tentativa de concertar unaconvención sobre los puntos en que se había logrado unacuerdo. La Comisión espera que no se caerá de nuevoen el mismo error.

31. Al recomendar que las normas propuestas recibansu consagración en una convención, la Comisión no hatenido por qué preocuparse de la relación que habríaentre las reglas propuestas y las convenciones existentesentre las partes en el momento en que la convenciónentrase en vigor. Hay que responder a esta cuestión conlas normas generales del derecho internacional y con lasdisposiciones que apruebe la nueva conferencia inter-nacional.

32. La Comisión quiere hacer también otras dos ob-servaciones que se refieran a todo el proyecto:

1) El proyecto sólo regula el derecho del mar entiempo de paz;

2) La palabra " milla " designa la milla marina, esdecir, la longitud de un minuto de latitud (1.852metros).

33. El texto de los artículos y los comentarios queles acompañan referentes al derecho del mar y aproba-dos 10 por la Comisión se reproducen a continuación.

10 Sir Gerald Fitzmaurice hizo una reserva acerca de: 1) elúltimo párrafo del comentario al artículo 3 en la medida en quepodría hacer pensar que la anchura del mar territorial no estáregulada por el derecho internacional vigente; 2) el artículo 24en la medida en que subordina el derecho de paso inocente de losbuques de guerra a una autorización o a una notificación previa.Se abstuvo en cuanto a las partes del artículo 47 (derecho depersecución) y del comentario a ese artículo que trata de la perse-cución comenzada en la zona contigua. El Sr. Krylov no pudovotar a favor de los artículos 3 (Anchura del mar territorial),22 (Buques del Estado explotados con fines comerciales), 39(Piratería), 57 (Arbitraje obligatorio) y 73 (Jurisdicción obliga-toria). El Sr. Zourek, aunque votó por el conjunto del proyecto deartículos referentes al mar, no acepta, por las razones expuestasdurante los debates, los artículos 3 (Anchura del mar territorial)y 22 (Buques del Estado explotados con fines comerciales). Man-tiene también sus reservas al artículo 7 (Bahías). Continúaopuesto a los artículos 57, 59 y 73, relativos al arbitraje obliga-torio; mantiene sus reservas respecto de la definición que da elartículo 39 de la piratería, y no acepta el comentario a este artículo.

II. Artículos referentes al derecho del mar

PRIMERA PARTE

EL MAR TERRITORIAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza jurídica del mar territorial

Artículo 1

1. La soberanía de un Estado se extiende a una zonade mar adyacente a sus costas, designada con el nombrede mar territorial.

2. Esta soberanía se ejerce en las condiciones fijadaspor estos artículos y por las demás normas del derechointernacional.

Naturaleza jurídica del espacio aéreo situado sobre elmar territorial del lecho y del subsuelo de ese mar

Artículo 2

La soberanía del Estado ribereño se extiende tambiénal espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así comoal lecho y al subsuelo de ese mar.

SECCIÓN II. EXTENSION DEL MAR TERRITORIAL

Anchura del mar territorial

Artículo 3

1. La Comisión reconoce que la práctica internacionalno es uniforme por lo que respecta a la delimitación delmar territorial.

2. La Comisión considera que el derecho internacionalno autoriza a extender el mar territorial más allá de docemillas.

3. La Comisión, sin tomar ninguna decisión en cuantoa la anchura del mar territorial, más acá de este límite,toma nota, por una parte, de que muchos Estados hanfijado una anchura superior a tres millas, y, por otra,de que muchos Estados no reconocen esa anchura si lade su mar territorial es inferior.

4. La Comisión estima que la anchura del mar terri-torial ha de ser fijada por una conferencia internacional.

Línea de base normal

Artículo 4

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5 y de lasdisposiciones relativas a las bahías y a las islas, la anchuradel mar territorial se medirá a partir de la faja de labajamar que sigue la costa, tal como está indicado en lascartas marinas a gran escala oficialmente reconocidas porel Estado ribereño.

Líneas de base rectas

Artículo 5

1. La línea de base puede separarse de la faja de labajamar cuando las circunstancias impongan un régimenespecial en razón de las profundas aberturas o hendidurasde la costa o en razón de islas situadas a proximidad inme-diata de la costa. En estos casos, puede adoptarse comométodo las líneas de base rectas que unan los puntosapropiados. El trazado de esas líneas de base no puede


apartarse de una manera apreciable de la dirección gene-ral de la costa y las extensiones de mar situadas del ladode tierra de esas líneas han de estar suficientemente unidasa los dominios terrestres para estar sometidas al régimende las aguas interiores. No obstante, se podrán tener encuenta, cuando sea necesario, los intereses económicospropios de una región cuya realidad e importancia esténclaramente demostradas por un largo uso. Las líneas debase no se trazarán hacia escollos o bajíos que emerjanintermitentemente ni a partir de ellos.

2. El Estado ribereño está obligado a dar a las líneasde base rectas una publicidad suficiente.

3. Cuando el trazado de una línea de base recta pro-duzca el efecto de encerrar como aguas interiores zonasque anteriormente se consideraban como parte de lasaguas territoriales o de la alta mar, el Estado ribereñoreconocerá un derecho de paso inocente; tal como se lodefine en el artículo 15, a través de esas aguas, siempreque se las haya utilizado normalmente para la navegacióninternacional.

Límite exterior del mar territorial

Artículo 6

El límite exterior del mar territorial está constituidopor una línea, cada uno de cuyos puntos está, del puntomás próximo de la línea de base, a una distancia igual ala anchura del mar territorial.

Bahías

Artículo 7

1. A los efectos de estos artículos, una bahía es todahendidura bien determinada cuya penetración tierraadentro en relación con la anchura de su boca es tal quecontiene aguas cercadas por la costa y constituye algo másque una simple inflexión de la costa. La hendidura no seconsiderará, sin embargo, como una bahía si su superficieno es igual o superior a la de un semicírculo que tengapor diámetro la boca de dicha hendidura. Si la bahía tienemás de una entrada, el semicírculo se trazará tomandocomo diámetro la suma de las líneas que cierran todaslas entradas. La superficie de las islas situadas dentro deuna bahía estará comprendida en la superficie total deésta.

2. Las aguas de una bahía que tienen un solo Estadoribereño estarán consideradas como aguas interiores sila línea trazada a través de su boca no excede de quincemillas a partir de la faja de la bajamar.

3. Si la entrada de la bahía tiene una anchura superiora quince millas, la línea de demarcación se trazará en elinterior de la bahía y en el lugar en que la anchura deésta no exceda de quince millas. Cuando sea posibletrazar varias líneas de una longitud de quince millas, serápreferida la que encierre dentro de la bahía la mayorsuperficie de agua.

4. Las disposiciones anteriores no se aplicarán a lasbahías llamadas " históricas " ni tampoco en los casos enque sea aplicable el sistema de las líneas de base rectaestablecido en el artículo 5.

Puertos

Artículo 8

A los efectos de la delimitación del mar territorial, las

instalaciones permanentes más adentradas en el mar queforman parte integrante del sistema portuario se con-siderarán como parte de la costa.

Radas

Artículo 9

Las radas utilizadas normalmente para la carga, des-carga y fondeadero de buques que, de otro modo, estaríansituadas, en todo o en parte, fuera del trazado generaldel límite exterior del mar territorial, estarán compren-didas en el mar territorial. El Estado ribereño ha de darpublicidad en forma adecuada a la delimitación de esasradas.

Islas

Artículo 10

Cada isla tiene su propio mar territorial. Una isla esuna extensión de tierra rodeada de agua que normalmentese encuentra de un modo permanente sobre la línea de lapleamar.

Escollos y bajíos que quedan al descubiertointermitentemente

Artículo 11

Los escollos y los bajíos que quedan alternativamentecubiertos y al descubierto y están situados total o parcial-mente dentro del mar territorial delimitado a partir deun continente o de una isla, podrán servir como puntos departida para medir la extensión del mar territorial.

Delimitación del mar territorial en los estrechos y entrecostas situadas frente a frente

Artículo 12

1. La delimitación de los mares territoriales entre dosEstados cuyas costas estén situadas frente a frente, a unadistancia inferior a la extensión de las zonas de mar terri-torial adyacentes a las dos costas, se establecerá poracuerdo entre esos Estados. A falta de acuerdo y salvoque circunstancias especiales justifiquen otra delimitación,el límite será la línea media cuyos puntos sean equidistan-tes de los puntos más próximos de las líneas de base apartir de las cuales se mide la anchura del mar territorialde cada uno de esos Estados.

2. Cuando la distancia entre los dos Estados seasuperior a la extensión de las dos zonas de mar territorial,las aguas situadas entre esas dos zonas formarán parte dela alta mar. No obstante, si esta delimitación diera comoresultado que una extensión de mar, cuya anchura noexceda de dos millas, quedara enclavada completamenteen el mar territorial, esa zona podrá ser asimilada al marterritorial mediante acuerdo entre los Estados ribereños.

3. La primera fase del párrafo 2 de este artículo seaplicará en el caso en que las dos costas pertenezcan a unsolo Estado ribereño. Si esta delimitación diera como re-sultado que una extensión de mar, cuya anchura noexceda de dos millas, quedara enclavada completamenteen el mar territorial, el Estado ribereño podrá asimilardicha zona a su mar territorial.

4. La línea de demarcación será trazada sobrecartas a gran escala reconocidas oficialmente.

las

17


Delimitación del mar territorial en la desembocadura deun río

Artículo 13

1. Si un río desemboca en el mar sin formar un estua-rio, el mar territorial se medirá a partir de una líneatrazada de un extremo a otro de su desembocadura.

2. Si un río desemboca en el mar a través de un estua-rio que tenga un solo Estado ribereño, se aplicará lo dis-puesto en el artículo 7.

Delimitación de los mares territoriales de dos Estadoslimítrofes

Artículo 14

1. La delimitación de los mares territoriales de dosEstados limítrofes se determinará por acuerdo entre esosEstados. A falta de acuerdo, y a menos que circunstanciasespeciales justifiquen otra delimitación, ésta se efectuarámediante la aplicación del principio de la equidistancia delos puntos más próximos de las líneas de base a partir delas cuales se mide la anchura del mar territorial de cadauno de los dos países.

2. Esta línea será trazada en las cartas a gran escalareconocidas oficialmente.

SECCIÓN III. DERECHO DE PASO INOCENTE

SUBSECCION A. REGLAS GENERALES

Significado del derecho de paso inocente

Artículo 15

1. Salvo lo dispuesto en las presentes normas, losbuques de cualquier nacionalidad gozan del derecho depaso inocente a través del mar territorial.

2. Se entiende por paso el derecho de navegar porel mar territorial, ya sea para atravesarlo sin penetraren las aguas interiores, ya sea para dirigirse hacia estasaguas, ya sea para dirigirse hacia la alta mar viniendode ellas.

3. El paso es inocente cuando el buque no utiliza elmar territorial para cometer actos perjudiciales para laseguridad del Estado ribereño o contrarios a las presentesdisposiciones o a otras disposiciones del derecho interna-cional.

4. El paso comprende eventualmente el derecho dedetenerse y de fondear, pero sólo en la medida en que ladetención y el hecho de fondear no sean más que inci-dentes normales de la navegación o le sean impuestos albuque por una arribada forzosa o por un peligro extremo.

5. Los buques submarinos tienen la obligación depasar navegando por la superficie.

Deberes del Estado ribereño

Artículo 16

1. El Estado ribereño no ha de poner dificultades alpaso inocente por el mar territorial. Está obligado a poneren práctica los medios de que disponga para asegurardentro del mar territorial el respeto del paso inocente y aimpedir que sus aguas sean utilizadas para realizar actoscontrarios a los derechos de otros Estados.

2. El Estado ribereño está obligado a dar a conocerde una manera suficiente todos los peligros que, a sujuicio, amenacen a la navegación.

Derecho de protección del Estado ribereño

Artículo 17

1. El Estado ribereño puede tomar, en su mar terri-torial, las medidas necesarias para prevenir todo atentadoa su seguridad y a aquellos de sus intereses que las pre-sentes disposiciones y otras disposiciones del derechointernacional le autorizan a defender.

2. Respecto de los buques que se dirigen hacia lasaguas interiores, el Estado ribereño tiene además elderecho de tomar las medidas necesarias para impedircualquier infracción de las condiciones a que están some-tidos dichos buques para poder penetrar en ellas.

3. El Estado ribereño puede suspender temporal-mente y en determinados lugares de su mar territorial elejercicio del derecho de paso si lo considera indispensablepara la protección de los derechos establecidos en el pá-rrafo 1. En este caso estará obligado a publicar la medidade suspensión.

4. El paso inocente de buques extranjeros no puedeser suspendido en los estrechos que por poner en comuni-cación dos partes de la alta mar, sirven normalmente parala navegación internacional.

Deberes de los buques extranjeros durante el paso

Artículo 18

Los buques extranjeros que utilizan el derecho de pasodeberán someterse a las leyes y a los reglamentos promul-gados por el Estado ribereño de conformidad con laspresentes disposiciones y con las demás normas del de-recho internacional, y especialmente a las leyes y a losreglamentos relativos a los transportes y a la navegación.

SUBSECCION B. BUQUES MERCANTES

Gravámenes impuestos a los buques extranjeros

Artículo 19

1. No podrán imponerse gravámenes a los buquesextrajeros por el solo hecho de su paso por el mar terri-torial.

2. No podrán imponerse gravámenes a un buque ex-tranjero que pase por el mar territorial sino como re-muneración de servicios determinados prestados a dichobuque.

Detención practicada a bordo de un buque extranjero

Artículo 20

1. El Estado ribereño no puede proceder, a bordo deun buque extranjero que pase por el mar territorial, a ladetención de personas ni a diligencias de instrucciónocasionadas por una infracción de carácter penal cometidaa bordo de dicho buque durante su paso, más que en unode los casos siguientes:

o) Si la infracción tiene consecuencias fuera del buque;b) Si la infracción puede perturbar la paz del país o

el orden en el mar territorial;c) Si el capitán del buque o el cónsul del Estado cuyo

pabellón enarbola han pedido la intervención de las auto-ridades locales.

2. Las disposiciones anteriores no afectan al derechoque tiene el Estado ribereño de proceder a las detencioneso a las diligencias de instrucción establecidas en su legisla-


ción, a bordo de un buque extranjero que se detenga enel mar territorial o que pase por dicho mar procedentede las aguas interiores.

3. Las autoridades locales deberán tener en cuenta losintereses de la navegación, para decidir si han de procedera la detención o de qué manera han de llevarla a cabo.

Detención de un buque para el ejercicio de lajurisdicción civil

Artículo 21

1. El Estado ribereño no puede detener ni desviar desu ruta a un buque extranjero que pasa por el mar terri-torial, para ejercer su jurisdicción civil sobre una personaque se encuentre a bordo.

2. El Estado ribereño no puede poner en práctica,respecto de ese buque, medidas de ejecución ni medidasprecautorias en materia civil, a no ser que se adopten enrazón de obligaciones contraídas por dicho buque o deresponsabilidades en que haya incurrido con motivo de lanavegación a su paso por las aguas del Estado ribereño.

3. Las disposiciones del párrafo precedente no menos-caban el derecho del Estado ribereño de tomar las medi-das de ejecución y las medidas precautorias en materiacivil que permita su legislación, respecto de un buqueextranjero que se detenga en el mar territorial o pasepor él procedente de las aguas interiores.

SUBSECCION C. BUQUES DEL ESTADO QUE NO SEAN BUQUES

DE GUERRA

Buques del Estado explotados con fines comerciales

Artículo 22

Las disposiciones de las subsecciones A y B son igual-mente aplicables a los buques del Estado explotados confines comerciales.

Buques del Estado destinados a fines no comerciales

Artículo 23

Las disposiciones de la subsección A son aplicables alos buques del Estado destinados a fines no comerciales.

SUBSECCION D. BUQUES DE GUERRA

Paso

Artículo 24

El Estado ribereño puede subordinar el paso de losbuques de guerra por su mar territorial a una autoriza-ción o a una notificación previa. Normalmente, autorizaráel paso inocente mientras se cumpla lo dispuesto en losartículos 17 y 18.

Inobservancia de las reglas

Artículo 25

Cuando el buque de guerra no cumpla las disposicio-nes establecidas por el Estado ribereño para el paso porel mar territorial y no tenga en cuenta las invitación quese le haga de que las respete, el Estado ribereño podráexigir que el buque salga del mar territorial.

SEGUNDA PARTE

LA ALTA MAR

SECCIÓN I. REGIMEN GENERAL

Definición de la alta mar

Artículo 26

1. Se entenderá por " alta mar " la parte del mar noperteneciente al mar territorial, tal como se lo define enla Primera Parte, ni a las aguas interiores de un Estado.

2. Se considerarán como " aguas interiores " las aguassituadas dentro de la línea de base del mar territorial.

Libertad de la alta mar

Artículo 27

Estando la alta mar abierta a todas las naciones, nin-gún Estado podrá pretender legítimamente someter cual-quier parte de ella a su soberanía. La libertad de la altamar comprenderá, entre otras:

1) La libertad de navegación;2) La libertad de pesca;3) La libertad de colocar cables y tuberías submari-

nos;4) La libertad de volar sobre la alta mar.

SUBSECCION A. NAVEGACIÓN

Derecho de navegación

Artículo 28

Todos los Estados tienen el derecho de hacer navegaren alta mar los buques que enarbolen su bandera.

Nacionalidad de los buques

Artículo 29

1. Cada Estado establecerá los requisitos necesariospara conceder su nacionalidad a los buques, así comopara que puedan ser inscritos en un registro y tengan elderecho de enarbolar su bandera. Los buques poseen lanacionalidad del Estado cuya bandera están autorizadosa enarbolar. No obstante, para que el carácter nacionaldel buque sea reconocido por los demás Estados, deberáexistir una relación auténtica entre el Estado y el buque.

2. El derecho de un buque mercante a enarbolar labandera de un Estado se probará mediante documentosexpedidos por las autoridades de ese Estado.

Régimen jurídico del buque

Artículo 30

Los buques navegarán con la bandera de un soloEstado y, salvo en los casos excepcionales previstos deun modo expreso en los tratados internacionales o enlos presentes artículos, estarán sometidos, en alta mar,a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. No se podráefectuar ningún cambio de bandera durante un viaje nien una escala, excepto como resultado de un cambioefectivo en la propiedad o en el registro.

Buques que navegan bajo dos banderas

Artículo 31

El buque que navegue bajo las banderas de dos o más


Estados, utilizándolas a su conveniencia, no podrá ampa-rarse en ninguna de esas nacionalidades frente a un ter-cer Estado y podrá ser considerado como buque sin nacio-nalidad.

Inmunidad de los buques de guerra

Artículo 32

1. Los buques de guerra que naveguen en alta margozarán de una inmunidad completa de jurisdicción res-pecto de cualquier Estado que no sea el de su bandera.

2. A los efectos de estos artículos, se entiende porbuques de guerra los que pertenecen a la marina deguerra de un Estado y llevan los signos exteriores dis-tintivos de los buques de guerra de su nacionalidad. Elcomandante del buque ha de estar al servicio del Estadoy su nombre ha de figurar en el escalafón de oficiales dela Armada. La tripulación ha de estar sometida a ladisciplina militar.

Inmunidad de otros buques del Estado

Artículo 33

A los efectos del ejercicio de la jurisdicción en altamar por parte de cualquier Estado que no sea el de labandera, quedan asimilados a los buques de guerra, ytendrán la misma inmunidad que ellos, los buques per-tenecientes a un Estado o explotados por él, y destinadosexclusivamente a un servicio oficial, comercial o nocomercial.

Seguridad de la navegación

Artículo 34

1. Los Estados dictarán para sus buques disposicio-nes que garanticen la seguridad en el mar, sobre todopor lo que respecta a:

a) La utilización de las señales, el mantenimiento delas comunicaciones y la prevención de los abordajes;

b) La tripulación, que habrá de ser adecuada a lasnecesidades del buque y gozar de condiciones de trabajorazonables ;

c) La construcción, el equipo y las condiciones denavegabilidad del buque.

2. Al dictar estas disposiciones, los Estados tendránen cuenta las normas aceptadas internacionalmente. To-marán las medidas necesarias para garantizar la obser-vancia de dichas disposiciones.

Competencia penal en caso de abordaje

Artículo 35

1. En caso de abordaje o de cualquier otro accidentede navegación ocurrido a un buque en alta mar, quepueda entrañar una responsabilidad penal o disciplinariapara el capitán o para cualquier otra persona al serviciodel buque, las acciones penales y disciplinarias contraesas personas sólo se podrán ejercer ante las autoridadesjudiciales o administrativas del Estado cuya banderaenarbolaba el buque o ante las del Estado de que dichaspersonas sean nacionales.

2. No podrá ser ordenado ningún embargo ni reten-ción sobre el buque, ni siquiera como medida de instruc-ción, por otras autoridades que las del Estado cuya ban-dera enarbola el buque.

Obligación de prestar auxilio

Artículo 36

Los Estados deberán obligar a los capitanes de losbuques que naveguen bajo su bandera a que, siempre quepuedan hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripu-lación y sus pasajeros:

a) Presten auxilio a toda persona que se encuentre enpeligro de desaparecer en el mar;

b) Se dirijan a toda velocidad a prestar auxilio a laspersonas que estén en peligro, en cuanto sepan que nece-sitan socorro y siempre que tengan una posibilidad razo-nable de hacerlo ;

c) En caso de abordaje, presten auxilio al otro buque,a su tripulación y a sus pasajeros, y, en la medida de loposible, comuniquen al otro buque el nombre del suyo,el puerto de inscripción y el puerto más próximo en quehará escala.

Trata de esclavos

Artículo 37

Todo Estado estará obligado a tomar medidas eficacespara impedir y castigar el transporte de esclavos enbuques autorizados a enarbolar su bandera y para impe-dir que con ese propósito se usurpe su bandera. Todoesclavo que se refugie en un buque, sea cual fuere subandera, quedará libre ipso facto.

Piratería

Artículo 38

Todos los Estados deberán cooperar en toda la medidade lo posible a la represión de la piratería en alta maro en cualquier otro lugar que no se halle bajo la juris-dicción de ningún Estado.

Artículo 39

Constituirán actos de piratería los enumerados a con-tinuación :

1) Todo acto ilegítimo de violencia, de detención ode depredación cometido con un propósito personal porla tripulación o los pasajeros de un buque privado o deuna aeronave privada, y dirigido:

a) Contra un buque en alta mar o contra personaso bienes a bordo de dicho buque;

b) Contra buques, personas o bienes situados en unlugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado.

2) Todo acto de participación voluntaria en la utili-zación de un buque o de una aeronave, cuando el quelo cometa tenga conocimiento de hechos que den a dichobuque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata.

3) Toda acción que tenga por objeto incitar a come-ter los actos definidos en los párrafos 1 y 2 del presenteartículo o se emprenda para facilitarlos.

Artículo 40

Los actos de piratería definidos en el artículo 39 yperpetrados por un buque del Estado o una aeronave delEstado cuya tripulación amotinada se haya apoderadodel buque o de la aeronave estarán asimilados a actoscometidos por un buque privado.


Artículo 41

Se consideran buques y aeronaves piratas los desti-nados, por las personas bajo cuyo mando efectivo seencuentran, a cometer cualquiera de los actos previstosen el artículo 39. Se consideran también piratas losbuques y aeronaves que hayan servido para cometerdichos actos, mientras se encuentren bajo el mando efec-tivo de las personas culpables de esos actos.

Artículo 42

Un buque o una aeronave podrá conservar su nacio-nalidad, no obstante haberse convertido en buque o enaeronave pirata. La conservación y la pérdida de lanacionalidad se rigen por la ley del Estado que hayaconcedido la nacionalidad de origen.

Artículo 43

Todo Estado puede apresar un buque o una aeronavepirata, o un buque capturado a consecuencia de actos depiratería que esté en poder de piratas, y detener a laspersonas e incautarse de los bienes que se encuentren abordo de dicho buque o aeronave en alta mar, o en cual-quier otro lugar no sometido a la jurisdicción de ningúnEstado. Los tribunales del Estado que haya efectuadola presa decidirán las penas que haya que imponer y lasmedidas que haya que tomar respecto de los buques, lasaeronaves y los bienes, dejando a salvo los intereses legí-timos de terceros de buena fe.

Artículo 44

Cuando un buque o una aeronave sea apresado porsospechas de piratería, sin fundamento suficiente, elEstado que lo haya apresado será responsable ante elEstado de la nacionalidad del buque o de la aeronave detodo daño o perdida causados con la captura.

Artículo 45

Sólo los buques de guerra y las aeronaves militarespodrán llevar a cabo capturas por causa de piratería.

Derecho de visita y registro

Artículo 46

1. Salvo cuando los actos de ingerencia se ejecutenen virtud de poderes concedidos por tratados, un buquede guerra que encuentre un buque mercante extranjeroen alta mar no tiene derecho a efectuar en él ningúnregistro a menos que haya motivo fundado para creer:

a) Que dicho buque se dedica a la piratería; ob) Que, hallándose el buque en zonas marítimas con-

sideradas como sospechosas por los tratados internacio-nales que tienen por objeto la supresión de la trata deesclavos, se dedica a ella; o

c) Que el buque tiene en realidad la misma nacionali-dad que el buque de guerra, aunque haya izado una ban-dera extranjera o se haya negado a izar bandera.

2. En los casos de los incisos a), b) y c), el buquede guerra podrá proceder a la comprobación de los docu-mentos que autoricen el uso de la bandera. Para ellopodrá enviar un bote al buque sospechoso, al mando deun oficial. Si aun después del examen de los documentospersistiesen las sospechas, podrá proceder a otro examen

a bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con todaslas atenciones posibles.

3. Si las sospechas no resultaren fundadas, y siempreque el buque detenido no hubiere cometido ningún actoque las justifique, dicho buque tendrá derecho a ser in-demnizado por todo daño y perjuicio sufridos.

Derecho de persecución

Artículo 47

1. El Estado ribereño podrá emprender la persecu-ción de un buque extranjero cuando tenga motivos fun-dados para creer que ha cometido una infracción de susleyes y reglamentos. La persecución habrá de empezarmientras el buque extranjero se encuentre en las aguasinteriores o en el mar territorial del Estado del buqueperseguidor y podrá continuar fuera del mar territoriala condición de que no se haya interrumpido. No es nece-sario que el buque que da la orden de detenerse a unbuque extranjero que navega por el mar territorial seencuentre también en él en el momento en que el buqueinteresado reciba dicha orden. Si el buque extranjerose encontrase en una zona contigua, tal como está defi-nida en el artículo 66, la persecución no se podrá em-prender más que por atentado a los derechos que lacreación de dicha zona se proponía proteger.

2. El derecho de persecución cesará en el momentoen que el buque perseguido entre en el mar territorial delpaís a que pertenece o en el de una tercera potencia.

3. La persecución no se considerará comenzada hastaque el buque perseguidor haya comprobado, mediantemarcaciones, medición de ángulos o por otros medios,que el buque perseguido o una de sus lanchas se encuen-tra dentro de los límites del mar territorial o, si es delcaso, en la zona contigua. No podrá darse comienzo a lapersecución mientras no se haya emitido la señal dedetenerse, visual o auditiva, desde una distancia quepermita al buque interesado oírla o verla.

4. El derecho de persecución sólo podrá ser ejercidopor buques de guerra o por aeronaves militares o porotros buques o aeronaves destinados a un servició públicoy especialmente autorizados para ello.

5. Cuando la persecución sea efectuada por una aero-nave:

a) Las disposiciones de los párrafos 1 a 3 de esteartículo se aplicarán mutatis mutandis a esta forma depersecución ;

6) La aeronave que haya dado la orden de detenciónhabrá de continuar activamente la persecución del buquehasta que un buque del Estado ribereño llamado por ellallegue y la continúe, salvo si la aeronave puede por sísola detener al buque. Para justificar la visita y registrode un buque en alta mar no basta que la aeronave lo hayadescubierto cometiendo una infracción, o que tenga sos-pechas de que la ha cometido, si no le ha dado la ordende detenerse y no ha emprendido la persecución.

6. Cuando el buque sea detenido en un lugar sometidoa la jurisdicción de un Estado y escoltado hacia unpuerto de este Estado a los efectos de una investigaciónpor las autoridades competentes, no se podrá exigir quesea puesto en libertad por el solo hecho de que el buque ysu escolta hayan atravesado una parte de la alta mar, silas circunstancias han impuesto dicha travesía.


Contaminación de la alta mar

Artículo 48

1. Todo Estado está obligado a dictar disposicionespara evitar la contaminación de las aguas por los hidro-carburos vertidos de los buques, desprendidos de lastuberías submarinas o producidos por la explotación delsuelo y del subsuelo submarinos, teniendo en cuenta losacuerdos y convenios existentes en la materia.

2. Todo Estado está obligado a dictar disposicionespara evitar la contaminación del mar debida a la inmer-sión de desperdicios radiactivos.

3. Todos los Estados están obligados o colaborar enla elaboración de reglas que tiendan a evitar la contami-nación del mar y del espacio aéreo superyacente, resul-tante de experimentos o actividades con sustancias ra-diactivas o con otros agentes nocivos.

SUBSECCION B. PESCA

Derecho de pesca

Artículo 49

Todos los Estados tienen el derecho de que sus nacio-nales se dediquen a la pesca en alta mar, a reserva de susobligaciones convencionales y de las disposiciones sobrela conservación de los recursos vivos de la alta mar quefiguran en los artículos siguientes.


Artículo 50

A los efectos de estos artículos, por " conservación delos recursos vivos de la alta mar " se entenderá el con-junto de medidas que permiten obtener un rendimientoóptimo constante de estos recursos, de manera queaumente hasta el máximo el abastecimiento de productosmarítimos, alimenticios y de otra naturaleza.

Artículo 51

El Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca enuna zona cualquiera de la alta mar donde no pesquen losnacionales de otros Estados deberá reglamentar y fisca-lizar la pesca en esa zona, cuando sea necesario para laconservación de los recursos vivos de la alta mar.

Artículo 52

1. Si los nacionales de dos o más Estados se dedicana pescar de la misma o de las mismas reservas de peces uotros recursos marinos en una zona cualquiera de la altamar, dichos Estados, a petición de cualquiera de ellos,entablarán negociaciones con objeto de adoptar de comúnacuerdo las medidas necesarias para la conservación dedichos recursos.

2. Si los Estados interesados no pudiesen llegar a unacuerdo dentro de un plazo razonable, cualquiera de laspartes podrá entablar el procedimiento previsto en elartículo 57.

Artículo 53

1. Si, una vez adoptadas las medidas a que se refierenlos artículos 51 y 52, los nacionales de otros Estadosquieren dedicarse a pescar en esa zona de la alta mar, lamisma o las mismas reservas de peces u otros recursosmarinos, les serán aplicables dichas medidas.

2. Si esos otros Estados no aceptan esas medidas, ysi no puede llegarse a un acuerdo dentro de un plazorazonable, cualquiera de las partes interesadas podráentablar el procedimiento previsto en el artículo 57. Sinperjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 58,las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que sedicte la decisión arbitral.

Artículo 54

1. Todo Estado ribereño tiene un interés especial enel mantenimiento de la productividad de los recursosvivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a su marterritorial.

2. Todo Estado ribereño tendrá el derecho de partici-par, en condiciones de igualdad, de toda organización deestudios y en todo sistema de investigación o de regla-mentación en dicha zona, aunque sus nacionales no sedediquen a la pesca en ella.

3. Si los Estados interesados no pudiesen llegar aun acuerdo dentro de un plazo razonable, cada una delas partes podrá promover el procedimiento previsto enel artículo 57.

Artículo 55

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1 delartículo 54, y con el fin de mantener la productividad delos recursos vivos del mar, el Estado ribereño podrá adop-tar unilateralmente las medidas de conservación queprocedan para toda reserva de peces u otros recursosmarinos en cualquier parte de la alta mar adyacente asu mar territorial, si las negociaciones con los demásEstados interesados no hubiesen dado lugar a un acuerdodentro de un plazo razonable.

2. Para que las medidas que adopte el Estado ribereñoen virtud del párrafo precedente puedan surtir efectorespecto de otros Estados, deberán reunir las condicionessiguientes :

a) Que existan pruebas científicas suficientes que de-muestren una necesidad urgente de tomarlas;

b) Que se funden en dictámenes científicos perti-nentes ;

c) Que no discriminen contra pescadores extranjeros.3. Si estas medidas no son aceptadas por los demás

Estados interesados, cualquiera de las partes podrá pro-mover el procedimiento establecido en el artículo 57. Sinperjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 58,las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que sedicte la decisión arbitral.

Artículo 56

1. Cualquier Estado, aunque sus nacionales no se dedi-quen a la pesca en una zona de la alta mar no adyacentea sus costas, si tiene un interés especial en la conservaciónde los recursos vivos de dicha zona, podrá pedir a losEstados cuyos nacionales se dedican a la pesca en ella,que tomen las medidas de conservación necesarias.

2. Si en un plazo prudencial no se atiende a su peti-ción, dicho Estado podrá promover el procedimientoprevisto en el artículo 57.

Artículo 57

1. Las diferencias entre Estados a que se refieren losartículos 52, 53, 54, 55 y 56 serán resueltas por una comi-


sión arbitral compuesta de siete miembros, a petición decualquiera de las partes, salvo que éstas convengan enresolverlas mediante otro procedimiento pacífico.

2. Salvo en los casos previstos en el párrafo 3, dosde los miembros de la comisión arbitral serán designadospor el Estado o los Estados demandantes, y otros dos porel Estado o los Estados demandados, pero por cada partecontendiente sólo se podrá designar un miembro nacional.Los tres miembros restantes, uno de los cuales actuaráde Presidente, serán nombrados de común acuerdo porlos Estados partes en el litigio. Si no se llega a un acuerdo,serán nombrados, a petición de cualquiera de los Estadospartes, entre los nacionales de terceros Estados, por elSecretario General de la Naciones Unidas, después deconsultar con el Presidente de la Corte Internacional deJusticia y el Director General de la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.Si, dentro de los tres meses siguientes a la demanda dearbítrale, una de las partes hubiere deiado de hacer al-guno de los nombramientos, el miembro o miembros deaue se trate serán designados, a petición de cualquiera delas partes, por el Secretario General de las Naciones Uni-das después de consultar con el Presidente de la CorteInternacional de Justicia y el Director General de laOrganización de las Naciones Unidas para la Agriculturay la Alimentación Las vacantes se cubrirán nor el pro-cedimiento empleado para los primeros nombramientos.

3. Si las partes en litigio se dividen en más de dosgrupos opuestos, los miembros de la comisión arbitral, apetición de cualquier Estado parte en el litigio, serán nom-brados por el Secretario General de las Naciones Unidas,después de consultar con el Presidente de la Corte Inter-nacional de Justicia y con el Director General de la Orga-nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación entre personas competentes, especialistas enlas cuestiones jurídicas, administrativas o científicas delas pesquerías, según sea la naturaleza del conflicto quehaya de resolverse. Las vacantes se cubrirán por el pro-cedimiento seguido para los primeros nombramientos.

4. Salvo disposición expresa de los presentes artículos,la comisión arbitral fijará su procedimiento. Tambiéndecidirá cómo habrán de ser distribuidos las costas y losgastos entre las partes.

5. La comisión deberá constituirse, en todo caso, den-tro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hayapresentado la demanda inicial y deberá fallar dentro delos cinco meses siguientes, a menos que, en caso de necesi-dad, decida prorrogar este plazo.

Artículo 58

1. Cuando se trate de medidas adoptadas unilateral-mente por el Estado ribereño, la comisión arbitral apli-cará los criterios enunciados en el párrafo 2 del artículo55. En los demás casos aplicará esos criterios teniendoen cuenta las circunstancias particulares de cada uno deellos.

2. La comisión podrá decidir que las medidas quesean objeto de diferencia no se apliquen hasta que dictesu fallo.

Artículo 59

Las decisiones de la comisión serán obligatorias paralos Estados en causa. Si las decisiones fueran acompaña-

das de recomendaciones, éstas deberán ser objeto de lamayor atención.

Pesquerías explotadas mediante dispositivos fijadosen el lecho del mar

Artículo 60

Un Estado podrá emprender la reglamentación de laspesquerías explotadas mediante dispositivos fijados enel lecho del mar en zonas de la alta mar adyacentes a sumar territorial cuando sus nacionales hayan mantenido yexplotado esas pesquerías durante largo tiempo, a condi-ción de que los no nacionales estén autorizados a partici-par en esas actividades en las mismas condiciones quesus nacionales. Esta reglamentación no podrá menoscabarel régimen general de alta mar aplicable a esa zona.

SUBSECCION C. CABLES Y TUBERÍAS SUBMARINOS

Artículo 61

1. Todo Estado tiene el derecho de tender sobre ellecho de la alta mar cables telegráficos o telefónicos, cablesde alta tensión y tuberías.

2. Sin perjuicio de su derecho de tomar medidas ade-cuadas para la exploración de la plataforma continentaly de la explotación de sus recursos naturales, el Estadoribereño no podrá impedir que se coloquen cables otuberías submarinos ni que se proceda a su conservación.

Artículo 62

Todo Estado está obligado a tomar las medidas legisla-tivas necesarias para que la ruptura o el deterioro de uncable submarino en alta mar, causados volutariamenteo por negligencia culpable, que interrumpan u obstruyanlas comunicaciones telegráficas o telefónicas, así como laruptura o el deterioro en las mismas condiciones de uncable de alta tensión o de una tubería submarina, consti-tuyan infracciones sometidas a sanción. Esta disposiciónno es aplicable a las rupturas ni a los deterioros cuyosautores sólo hubiesen tenido el propósito legítimo de pro-teger sus vidas o la seguridad de sus buques, después dehaber tomado todas las precauciones necesarias para evi-tar la ruptura o el deterioro.

Artículo 63

Todo Estado está obligado a tomar las medidas legis-lativas necesarias para que las personas sometidas a sujurisdicción, que sean propietarios de un cable o de unatubería en alta mar y que, al tender o reparar el cable ola tubería, causen la ruptura o el deterioro de otro cableo de otra tubería, respondan de los daños causados.

Artículo 64

Todo Estado está obligado a reglamentar la pesca conredes barrederas para que todos los aparejos utilizadosestén construidos y se mantengan de manera que el peligrode que se enganchen en los cables o las tuberías subma-rinas quede reducido al mínimo.

Artículo 65

Todo Estado está obligado a tomar las medidas legisla-tivas necesarias para que los propietarios de buques quepuedan probar que han sacrificado un ancla, una red ocualquier otro aparejo de pesca por no causar daños a


un cable o a una tubería submarinos, sean indemnizadospor el propietario del cable o de la tubería, a condiciónde que hayan tomado previamente todas las medidas deprecaución razonables.

SECCIÓN II. ZONA CONTIGUA

Artículo 66

1. En una zona de la alta mar contigua a su mar terri-torial, el Estado ribereño podrá adoptar las medidas defiscalización necesarias para:

a) Evitar las infracciones a sus leyes de policía adua-nera, fiscal y sanitaria que pudieran cometerse en su terri-torio o en su mar territorial;

b) Reprimir las infracciones de esas leyes, cometidasen su territorio o en su mar territorial.

2. La zona contigua no se puede extender más allá dedoce millas contadas desde la línea de base desde dondese mide la anchura del mar territorial.

SECCIÓN III. LA PLATAFORMA CONTINENTAL

Artículo 67

Para los efectos de estos artículos, la expresión " plata-forma continental " designa el lecho del mar y el subsuelode las zonas submarinas adyacentes a las costas, perosituadas fuera de la zona del mar territorial, hasta unaprofundidad de 200 metros (aproximadamente 100brazas), o más allá de este límite, hasta donde la profun-didad de las aguas suprayacentes permita la explotaciónde los recursos naturales de dichas zonas.

Artículo 68

El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobrela plataforma continental a los efectos de la exploracióny la explotación de sus recursos naturales.

Artículo 69

Los derechos del Estado ribereño sobre la plataformacontinental no afectan al régimen de alta mar aplicablea las aguas suprayacentes ni al del espació aéreo situadosobre dichas aguas.

Artículo 70

A reserva de su derecho a tomar medidas razonablespara la exploración de la plataforma continental y laexplotación de sus recursos naturales, el Estado ribereñono puede impedir la colocación ni la conservación decables submarinos en la plataforma continental.

Artículo 71

1. La exploración de la plataforma continental y laexplotación de sus recursos naturales no deben tenercomo consecuencia un entorpecimiento injustificable dela navegación, la pesca o la conservación de los recursosvivos del mar.

2. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 1 y 5 deeste artículo, el Estado ribereño tiene el derecho a cons-truir y mantener en la plataforma continental las instala-ciones necesarias para la exploración y la explotaciónde sus recursos naturales, a establecer alrededor de ellas,y hasta una distancia razonable, zonas de seguridad, y atomar las disposiciones necesarias para la protección delas instalaciones.

3. Aunque dichas instalaciones se hallen bajo la juris-dicción del Estado ribereño, no tendrán la condición jurí-dica de islas. No tendrán mar territorial propio y supresencia no afectará a la delimitación del mar terri-torial del Estado ribereño.

4. El Estado ribereño deberá dar aviso de las insta-laciones construidas y mantener los medios permanentesde señalar su presencia.

5. Las instalaciones y las mencionadas zonas de segu-ridad establecidas alrededor de ellas no podrán estarsituadas en canales angostos ni en lugares donde puedanentorpecer la utilización de las rutas marítimas ordina-rias indispensables para la navegación internacional.

Artículo 72

1. Cuando una misma plataforma continental sea ad-yacente al territorio de dos o más Estados cuyas costasestén situadas una frente a otra, su delimitación se efec-tuará por acuerdo entre estos Estados. A falta de acuerdo,y salvo si circunstancias especiales justifican otras de-limitaciones, la delimitación estará constituida por lalínea media cuyos puntos sean todos equidistantes de laslíneas de base desde donde se mide la extensión del marterritorial de cada país.

2. Cuando una misma plataforma continental sea ad-yacente al territorio de dos Estados limítrofes, su delimi-tación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta deacuerdo, y si circunstancias especiales no justifican otradelimitación, ésta se efectuará aplicando el principio dela equidistancia de las líneas de base desde donde se midela extensión del mar territorial de cada país.

Artículo 73

Toda controversia entre Estados que surja con motivode la interpretación o de la aplicación de los artículos 67a 72 se someterá a la Corte Internacional de Justicia, apetición de cualquiera de las partes, salvo que éstas con-vengan en buscar la solución por otro medio pacífico.

III. Comentarios a los artículos referentes alderecho del mar

PRIMERA PARTE

EL MAR TERRITORIAL

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES

Naturaleza jurídica del mar territorial

Artículo 1

1. La soberanía de un Estado se extiende a una zonade mar adyacente a sus costas, designada con el nombrede mar territorial.

2. Esta soberanía se ejerce en las condiciones fijadaspor estos artículos y por las demás normas del derechointernacional.

Comentario

1) El párrafo 1 pone de relieve que los derechos delEstado ribereño sobre el mar territorial no difieren, encuanto a su naturaleza, de los derechos soberanos que elEstado ejerce sobre las demás partes de su territorio.Existe una diferencia esencial entre el régimen del marterritorial y el régimen de la alta mar, ya que este último


se basa en el principio de su libre utilización por todaslas naciones. Las respuestas enviadas por los gobiernoscon ocasión de la Conferencia de Codificación de La Hayade 1930 y el informe presentado por la Comisión encar-gada de estudiar esa cuestión confirman que esta opi-nión, admitida casi universalmente, está conforme conel derecho existente. Este principio ha servido tambiénde fundamento a varias convenciones multilaterales, comola Convención de 1919 sobre navegación aérea y la Con-vención de aviación civil internacional de 1944, que asi-mila los mares territoriales a las demás partes del terri-torio del Estado.

2) La Comisión ha preferido emplear la expresión" mar territorial " en vez de " aguas territoriales ". Con-sidera que la expresión " aguas territoriales " se presta aconfusiones porque se utiliza para indicar las aguas inte-riores, y también el conjunto de las aguas interiores ydel mar territorial. Por la misma razón, la Conferenciade Codificación prefirió también utilizar la expresión" mar territorial ". Aunque no hay aún una unanimidadcompleta sobre este punto, se ve que el término " marterritorial " gana cada vez más terreno.

3) Es evidente que la soberanía del Estado sobre elmar territorial sólo podrá ser ejercida con arreglo a lasdisposiciones del derecho internacional.

4) En estos artículos se formulan algunas restriccio-nes impuestas por el derecho internacional al ejerciciode la soberanía de los Estados en su mar territorial. Perono hay que pensar que estos artículos agotan la materia.Los hechos acaecidos en el mar territorial que presentanaspectos jurídicos están regidos también por las reglasgenerales del derecho internacional, que no es posiblecodificar en el presente proyecto pensando en que seanaplicadas al mar territorial. Por esta razón se mencionanlas " demás normas de derecho internacional " ademásde las disposiciones contenidas en los presentes artículos.

5) Puede ocurrir que, por alguna relación especial,geográfica o de otra índole, existente entre dos países,se concedan a otro Estado derechos de utilización del marterritorial de uno de esos países que sean más ampliosque los derechos reconocidos en el presente proyecto. LaComisión no ha querido limitar en nada el derecho depaso ni cualquier otro derecho de que goce un Estado encondiciones más favorables que las establecidas en elpresente proyecto, en virtud de la costumbre o de untratado.

Naturaleza jurídica del espacio aéreo situado sobre el marterritorial del lecho y del subsuelo de ese mar

Artículo 2

La soberanía del Estado ribereño se extiende tambiénal espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así comoal lecho y al subsuelo de ese mar.

Comentario

En este artículo se han recogido las disposiciones delreglamento propuesto por la Conferencia de Codificaciónde 1930, con algunas modificaciones de forma. Como elpresente proyecto se ocupa exclusivamente del mar, laComisión no ha estudiado las condiciones en que seejerce la soberanía sobre el espacio aéreo, el lecho y elsubsuelo de dicho mar. Las disposiciones de los artículosque siguen, relativas al paso por el mar, no son, pues,aplicables a la navegación aérea.

SECCIÓN II. EXTENSION DEL MAR TERRITORIAL

Anchura del mar territorial

Artículo 3

1. La Comisión reconoce que la práctica internacionalno es uniforme por lo que respecta a la delimitación delmar territorial.

2. La Comisión considera que el derecho internacionalno autoriza a extender el mar territorial más allá de12 millas.

3. La Comisión, sin tomar ninguna decisión en cuantoa la anchura del mar territorial, más acá de este límite,toma nota, por una parte, de que muchos Estados hanfijado una anchura superior a tres millas, y, por otra, deque muchos Estados no reconocen esa anchura si la de sumar territorial es inferior.

4. La Comisión estima que la anchura del mar terri-torial ha de ser fijada por una conferencia internacional.

Comentario

1) En su séptimo período de sesiones, la Comisiónadoptó algunas normas directivas en cuanto a la anchuradel mar territorial. Antes de redactar el texto definitivodel correspondiente artículo, la Comisión ha querido en-terarse de las observaciones de los gobiernos.

2) En primer lugar, la Comisión había reconocidoque la práctica internacional no era uniforme por lo querespectaba a la limitación tradicional del mar territoriala tres millas. En opinión de la Comisión, se trataba dela afirmación de un hecho incontestable.

3) La Comisión declaraba luego que el derecho in-ternacional no autorizaba a extender el mar territorialmás allá de 12 millas. A su entender, extender de esamanera el mar territorial constituía una infracción delprincipio de la libertad del mar y era por lo tanto con-trario al derecho internacional.

4) La Comisión declaraba por último que no tomaríaninguna decisión en cuanto a la anchura del mar terri-torial más acá del límite de doce millas. Algunos de susmiembros opinaron que, como la regla que fija estaanchura en tres millas se había aplicado muy frecuente-mente en el pasado y Estados marítimos importantes lamantenían en vigor en la actualidad, debía considerarseque dicha regla, a falta de cualquier otra que gozase dela misma autoridad, se hallaba reconocida por el derechointernacional y era obligatoria para todos los Estados.Esta opinión no obtuvo el apoyo de la mayoría de laComisión; de todos modos, tampoco pudo ponerse deacuerdo, en el séptimo período de sesiones, acerca decualquier otro límite. La Comisión no calificaba de in-fracción del derecho internacional el hecho de que unEstado extendiera la anchura del mar territorial a unadistancia situada entre 3 y 12 millas. Esta extensión seríaválida para cualquier Estado que no se opusiera a ellay, con más razón aún, para cualquier Estado que lahubiera reconocido por vía convencional o tácitamenteo que fuera parte en una decisión judicial o arbitral quela reconociera. La validez de una anchura del mar terri-torial inferior a 12 millas podría ser defendida erga omnespor cualquier Estado que pudiera hacer valer un derechohistórico a este respecto. Pero, excepción hecha de estoscasos, la Comisión se negó, por escasa mayoría, a poneren tela de juicio el derecho de los demás Estados a no


reconocer una extensión del mar territorial superior atres millas.

5) En su octavo período de sesiones, la Comisión havuelto a estudiar este problema, teniendo en cuenta lasobservaciones de los gobiernos. Las respuestas de losgobiernos han mostrado una gran divergencia de opinio-nes, y esa divergencia se ha reflejado también en el senode la Comisión. Algunos de sus miembros opinaban quela anchura del mar territorial debía ser fijada por cadaEstado ribereño, en el ejercicio de sus poderes sobera-nos. También estimaban que en todos los casos en quela delimitación del mar territorial se halle justificada porlas necesidades reales del Estado ribereño, la anchuradel mar territorial es conforme al derecho internacional;éste sería especialmente el caso de los Estados que hanfijado esta anchura entre 3 y 12 millas. Según otraopinión, la Comisión tenía que reconocer que la prácticainternacional no era uniforme en cuanto a la limitacióndel mar territorial a tres millas. De todos modos, la prác-tica internacional no permitía extender el mar territorialmás allá de 12 millas. Por otra parte, cada Estado teníael derecho de extender su jurisdicción hasta 12 millas.Una tercera corriente de opinión quería que se recono-ciera a cada Estado ribereño el derecho a un mar terri-torial de tres millas por lo menos. La anchura del marterritorial no podía exceder de 12 millas. Si, entre esoslímites, la anchura del mar territorial de un Estado noestaba fijada por un largo uso, no debía rebasar la an-chura necesaria para satisfacer los intereses de ese Es-tado, teniendo en cuenta los intereses justificados de losotros Estados en el mantenimiento de la libertad de laalta mar y de la anchura generalmente aplicada en laregión. En caso de litigio, la cuestión, a petición de unade las partes, sería sometida a la Corte Internacional deJusticia. Una cuarta propuesta tendía a declarar que elEstado ribereño puede fijar, para su mar territorial, ysegún sus necesidades económicas y estratégicas, unaanchura comprendida entre 3 y 12 millas, a reserva deque reconozcan esta anchura los Estados que tienen unmar territorial menos ancho. Una quinta propuesta pedíaque la anchura del mar territorial fuese de tres millas,pero que se reconociese una anchura mayor si se basabaen el derecho consuetudinario. Todo Estado podría, ade-más, fijar la anchura del mar territorial a una distanciasuperior a tres millas, pero esta extensión no podría seropuesta a los Estados que no la hubiesen reconocido yque no hubiesen adoptado una distancia igual o mayor.En ningún caso la anchura del mar territorial podría sersuperior a 12 millas.

6) Ninguna de estas propuestas pudo obtener la mayo-ría. La Comisión aceptó por último, por mayoría de vo-tos, el texto que ha incluido en el presente proyectocomo artículo 3, reconociendo que su forma se separade la de los otros artículos.

7) La Comisión ha podido comprobar que el derechode fijar el límite del mar territorial a tres millas no hasido discutido. Ha declarado que el derecho internacio-nal no permite extender este límite más allá de 12 millas.En cuanto al derecho de fijar el límite entre 3 y 12 millas,la Comisión ha tenido que reconocer que hay una grandivergencia en la práctica internacional. Teniendo encuenta que varios Estados han establecido una anchuraentre 3 y 12 millas, pero que otros no están dispuestosa reconocer esta extensión, a la Comisión no le ha sidoposible tomar una decisión sobre este punto y ha mani-

festado que, a su juicio, esta cuestión habría de ser deci-dida por una conferencia internacional de plenipoten-ciarios.

8) De lo que antecede resulta que la Comisión se hamanifestado claramente contra las pretensiones que tien-den a extender el mar territorial hasta una anchura que,a juicio de la Comisión, envuelve una amenaza para elprincipio que desde Grocio ha regido el derecho marí-timo: el de la libertad de la alta mar. Por otro lado, laComisión no ha logrado determinar el límite entre 3 y12 millas.

9) La Comisión ha estudiado la posibilidad de adop-tar una regla que dispusiera que todos los conflictos refe-rentes a la anchura del mar territorial habrán de sersometidos a la jurisdicción obligatoria de la Corte Inter-nacional de Justicia. Pero la mayoría de la Comisión noha querido encargar a la Corte de resolver los conflictosreferentes a una materia en la cual la comunidad interna-cional no ha logrado aún formular una regla de derecho.No ha querido delegar una función esencialmente legis-lativa en un órgano judicial, el cual, por otra parte, nopodría dictar decisiones que obligasen a Estados que nofuesen partes en causa. Por estas razones, ha estimadoque debería ser remitida la conferencia prevista.

Línea de base normal

Artículo 4

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5 y de lasdisposiciones relativas a las bahías y a las islas, la anchuradel mar territorial se medirá a partir de la faja de labajamar que sigue la costa, tal como está indicado en lascartas marinas a gran escala oficialmente reconocidas porel Estado ribereño.

Comentario

1) La Comisión ha considerado que, con arreglo alderecho internacional vigente, la extensión del mar terri-torial se cuenta, ya sea a partir de la línea de bajamara lo largo de la costa, ya sea, cuando se presentan lascircunstancias de que trata el artículo 5, a partir delíneas de base rectas, separándose de la faja de la baja-mar. La Comisión ha interpretado en este sentido el fallodictado por la Corte Internacional de Justicia el 10 dediciembre de 1951 en el litigio de las pesquerías entreel Reino Unido y Noruega n .

2) La expresión tradicional, "faja de la bajamar",puede tener distintos sentidos; existen varios criteriosque, en la práctica de los Estados, sirven para determi-narla. La Comisión considera que podría aceptarse comolínea de base la faja de la bajamar tal como se indicaen las cartas de servicio a gran escala reconocidas oficial-mente por el Estado ribereño de que se trate. La Comi-sión estima que no es de temer que la omisión de dispo-siciones detalladas como las preparadas por la Conferenciade Codificación de 1930 pueda inducir a los gobiernosa desplazar de una manera exagerada en sus cartas lafaja de la bajamar.

Líneas de base rectas

Artículo 5

1. La línea de base puede separarse de la faja de

11 Cour Internationale de Justice, Recueil 1951, pág. 116.


la bajamar cuando las circunstancias impongan un régi-men especial en razón de las profundas aberturas o hen-diduras de la costa o en razón de islas situadas a proxi-midad inmediata de las costa. En estos casos, puedeadoptarse como método la línea de base que una puntosapropiados de la costa. El trazado de esas líneas de baseno puede apartarse de una manera apreciable de la direc-ción general de la costa y las extensiones de mar situadasdel lado de tierra de esas líneas han de estar suficiente-mente unidas a los dominios terrestres para estar some-tidas al régimen de las aguas interiores. No obstante, sepodrán tener en cuenta, cuando sea necesario, los intereseseconómicos propios de una región cuva realidad e impor-tancia estén claramente demostradas por un largo uso.Las líneas de base no se trazarán hacia escollos o bajíosque emerjan intermitentemente ni a partir de ellos.

2. El Estado ribereño está obligado a dar a las líneasde base rectas una publicidad suficiente.

3. Cuando el trazado de una línea de base recta pro-duzca el efecto de encerrar como aguas interiores zonasque anteriormente se consideraban como parte de lasaguas territoriales o de la alta mar, el Estado ribereñoreconocerá un derecho de paso inocente, tal como se lodefine en el artículo 15, a través de esas aguas, siempreque se las haya utilizado normalmente para la navegacióninternacional.

Comentario

1) La Corte Internacional de Justicia opina que, si setrata de una costa profundamente recortada por hendi-duras o entrantes o bordeada por un archipiélago, comopor ejemplo el Skjaegaard de Noruega, la línea de baseno coincide con la faja de la bajamar y no puede obte-nerse más que recurriendo a alguna construcción geo-métrica. A este respecto, la Corte dice lo siguiente:

" No se puede entonces persistir en presentar la líneade la faja de la bajamar como una norma que obliguea seguir la costa en todas sus sinuosidades. Tampocose pueden considerar como excepciones a la regla lasmuy numerosas excepciones que obligarían a hacer losaccidentes de una costa tan sinuosa, pues en tal casolas excepciones anularían la regla. Es el conjunto de lacosta lo que reclama la aplicación de un método dis-tinto: el de la línea de base que se separe en unamedida razonable de la línea física de la costa. . .

" El principio de que la cintura de las aguas terri-toriales ha de seguir la dirección general de la costapermite fijar ciertos criterios, válidos para cualquierdelimitación territorial, que se exponen más adelante.La Corte se limita aquí a hacer constar que, paraaplicar este principio, varios Estados han creído nece-sario seguir el método de las líneas de base rectas yque no han tropezado con una oposición de principiopor parte de los demás Estados. Este método consisteen escoger puntos adecuados en la línea de la faja dela bajamar y unirlos por medio de líneas rectas. Seha procedido así no sólo para las bahías bien definidas,sino también para las curvas menores de la costa,cuando no se trataba más que de dar una forma mássencilla a la faja de las aguas territoriales " 12.

2) La Comisión ha interpretado el fallo de la Corte,que en lo que se refiere a esta cuestión fué dictado por

una mayoría de 10 votos contra 2, como la expresión delderecho vigente; por ello, se ha inspirado en él al redac-tar este artículo. Consideraba, no obstante, que ciertasreglas preconizadas por los expertos reunidos en La Hayaen 1953 (véase la introducción al capítulo II, párrafo 19)podrían contribuir a precisar de una manera adecuadalos criterios adoptados por la Corte. Por esta razón, enel sexto período de sesiones, que tuvo lugar en 1954,había insertado estas reglas complementarias en el pá-rrafo 2 del artículo.

" En general, la máxima longitud admisible parauna línea de base recta será de 10 millas. Estas líneasde base podrán trazarse, en los casos previstos en elpárrafo 1, entre promontorios de la costa o entre unpromontorio y una isla situada a menos de cinco millasde la costa o entre islas situadas a menos de cincomillas de la costa. Sin embargo, podrán trazarse líneasde base rectas más largas siempre que ningún puntode esas líneas esté situado a más de cinco millas dela costa. No se trazarán líneas de base desde los esco-llos y bajíos que emergen intermitentemente ni endirección de éstos " 13.

3) Algunos gobiernos se han opuesto a ese segundopárrafo. La longitud máxima de 10 millas para las líneasde base y la distancia máxima de cinco millas de la costales parecía arbitraria. Además, no creían que estuvierande acuerdo con la decisión de la Corte. Algunos miem-bros de la Comisión, contestando a estas críticas, hanhecho observar que la Comisión ha formulado estas dis-posiciones en vista de su aplicación " en general " y queera siempre posible separarse de ellas si las circunstan-cias especiales lo justificaban. Según estos miembros, loscriterios de la Corte no eran bastante precisos para poderprestarse a una aplicación general. De todos modos, enel séptimo período de sesiones, que tuvo lugar en 1955,la mayoría de la Comisión, después de estudiar de nuevoesta cuestión, decidió suprimir el párrafo 2, para que lasolución preconizada en el párrafo 1 no fuera demasiadoautomática. Sólo fué conservada la última frase que seañadió al párrafo 1.

4) En este mismo período de sesiones, la Comisiónrealizó algunos cambios que tendían a armonizar aúnmás ese texto con el fallo que la Corte había dictado enel litigio de las pesquerías antes mencionado. Sobre todo,ha insertado en la primera frase las palabras "o cuandolo justifique la existencia de intereses económicos pecu-liares de una región, cuya realidad e importancia estédemostrada por un largo uso " 14. Algunos gobiernos, ensus observaciones al texto de 1955, declararon que nopodían aceptar que se insertase en la primera frase delartículo la expresión " intereses económicos ". A su juicioesta referencia a los intereses económicos se fundaba enuna interpretación equivocada del fallo de la Corte. Losintereses que el fallo tomaba en consideración sólo seexaminaban teniendo en cuenta factores históricos y geo-gráficos y no debían constituir por sí solos una justifi-cación. Sería preciso que la aplicación del sistema delíneas de base rectas estuviese justificada en principiopor otras razones para que consideraciones económicaspuramente locales pudiesen justificar que fuesen traza-das de una cierta manera.

« Ibid., págs. 129 y 130.

13 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2693), pág. 15.

14 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934), pág. 17


5) Aunque esta interpretación del fallo de la Corteno fué compartida por todos los miembros de la Comi-sión, la gran mayoría de ellos, en el octavo período desesiones, ha hecho suya esta concepción y el artículo hasida modificado en este sentido.

6) Se ha planteado la cuestión de si hay que recono-cer, a través de las aguas que, por la aplicación delsistema de las líneas de base rectas quedan transformadasen aguas interiores, un derecho de paso de la mismamanera que en el mar territorial. Formulada de un modotan general, esta tesis no ha sido aprobada por la mayo-ría de la Comisión. La Comisión ha estado, sin embargo,dispuesta a reconocer que en el caso de que un Estadoquiera proceder a una nueva delimitación de su marterritorial aplicando el principio de las líneas de baserectas, englobando así en sus aguas interiores partes dela alta mar o del mar territorial que hasta entonces hu-biesen constituido aguas de paso para la navegacióninternacional, las otras naciones no podrán ser privadasdel derecho de paso a través de esas aguas. El párrafo 3de este artículo tiene por objeto salvaguardar este de-recho.

7) Las líneas de base rectas no pueden ser trazadasmás que entre puntos situados en el territorio del mismoEstado. Un acuerdo entre dos Estados en virtud del cualpudiesen ser trazadas líneas de base a lo largo de lacosta, uniendo puntos situados en el territorio de dis-tintos Estados, no podrá hacerse valer contra tercerosEstados.

8) Las líneas de base rectas pueden ser trazadas hacialas islas que estén situadas en la proximidad inmediatade la costa, pero no hacia los escollos o bajíos que emer-gen intermitentemente. No quiso admitirse para este finmás que las rocas o los bajíos que están de manerapermanente por encima del nivel del mar. De otra ma-nera, la distancia entre las líneas de base y la costa podríaser extendida en proporciones que rebasasen el propó-sito al que se aplica el método de las líneas de base rectasy, además, no sería posible durante la pleamar divisarlos puntos de partida de las líneas.

Límite exterior del mar territorial

Artículo 6

El límite exterior del mar territorial está constituidopor una línea, cada uno de cuyos puntos está, del puntomás próximo de la línea de base, a una distancia iguala la anchura del mar territorial.

Comentario

1) Este es el sistema que según el grupo de expertos(véase la introducción al capítulo II, párrafo 17) erautilizado desde hacía largo tiempo. Su aplicación per-mite obtener una línea que, en las costas muy recortadas,se separa de la línea que sigue todas las sinuosidades dela costa. Es innegable que esta última línea constituiríaa menudo un trazado tan tortuoso que resultaría inutili-zable para la navegación.

2) La línea cuyos puntos están todos a una distanciade T millas del punto más próximo de la costa (siendoT la anchura del mar territorial) puede ser obtenida tra-zando una serie continua de arcos de círculo con un radiode T millas, que tengan sus centros en todos los puntosde la línea de la costa. El límite exterior del mar terri-

torial estará formado por las partes de los arcos decírculo más adelantados en el mar. Si se trata de unacosta sumamente recortada, esta línea, aunque ondulante,será menos tortuosa que la que sigue todas las sinuosi-dades de la costa, porque los círculos trazados desde lospuntos de la costa donde ésta es más recortada no ten-drán, por lo general, ninguna influencia sobre el trazadode la línea exterior de los arcos de círculo del lado delmar. Si se trata de una costa recta o de una costa en quese siga el sistema de las líneas de base rectas, el métodode los arcos de círculo conduce al mismo resultado queel de una línea estrictamente paralela.

3) La Comisión considera que hay que recomendarel método de los arcos de círculo porque puede facilitarla orientación de los navegantes. En todo caso, la Comi-sión estima que los Estados han de tener la facultad deservirse de este método sin correr el riesgo de que seles acuse de haber infringido el derecho internacional porel hecho de que el trazado de la línea no siga todas lassinuosidades de la costa.

Bahías

Artículo 7

1. A los efectos de estos artículos, una bahía es todahendidura bien determinada cuya penetración tierra aden-tro en relación con la anchura de su boca es tal que con-tiene aguas cercadas por la costa y constituye algo másque una simple inflexión de la costa. La hendidura no seconsiderará, sin embargo, como una bahía si su superficieno es igual o superior a la de un semicírculo que tengapor diámetro la boca de dicha hendidura. Si la bahíatiene más de una entrada, el semicírculo se trazará toman-do como diámetro la suma de las líneas que cierran todaslas entradas. La superficie de las islas situadas dentro deuna bahía estará comprendida en la superficie total deésta.

2. Las aguas de una bahía que tienen un solo Estadoribereño estarán consideradas como aguas interiores si lalínea trazada a través de su boca no excede de 15 millasa partir de la faja de la bajamar.

3. Si la entrada de la bahía tiene una anchura supe-rior a 15 millas, la línea de demarcación se trazará en elinterior de la bahía y en el lugar en que la anchura deésta no exceda de 15 millas. Cuando sea posible trazarvarias líneas de una longitud de 15 millas, será preferidala que encierre dentro de la bahía la mayor superficie deagua.

4. Las disposiciones anteriores no se aplicarán a lasbahías llamadas " históricas " ni tampoco en los casos enque sea aplicable el sistema de las líneas de base rectasestablecido en el artículo 5.

Comentario

1) El párrafo 1, tomado del informe del grupo deexpertos anteriormente mencionado, fija las condicionesque tiene que llenar una hendidura o una inflexión de lacosta para poder ser considerada como una bahía. Conello, la Comisión ha llenado la laguna señalada ya porla Conferencia de La Haya para la codificación del dere-cho internacional de 1930, y sobre la cual la Corte Inter-nacional de Justicia había llamado otra vez la atenciónen el fallo que dictó en el litigio de las pesquerías. Eranecesario precisarlo así para evitar que con el pretextode aplicar el régimen de las bahías, se introdujera el


sistema de la líneas de base rectas en costas cuya con-figuración no lo justificase.

2) Si por haber islas, la hendidura cuyo carácter de" bahía " se ha de determinar, tiene más de una entrada,se considerará como anchura de la bahía la suma de laslíneas que cierran todas las entradas. Mediante esta dis-posición, la Comisión ha querido indicar que la presenciade islas a la entrada de una hendidura le da un carácterde unión más estrecha al territorio, lo que puede justifi-car que se modifique la proporción entre la anchura y laprofundidad de la hendidura. En este caso, hay queconsiderar como bahías las hendiduras que, si no hubieraislas en su boca, no llenarían las condiciones requeridas.De todos modos, no se puede considerar que las islassituadas delante de una bahía " cierran " la bahía, si laruta marítima ordinaria pasa por ellas del lado de labahía.

3) La Comisión se ha ocupado mucho de determinaren qué condiciones las aguas de una bahía han de poderser consideradas como aguas interiores. La mayoría dela Comisión ha opinado que no era posible contentarsecon decretar que por la profundidad de la penetraciónde la bahía en el país o por cualquier otro aspecto de suconfiguración las aguas habían de estar íntimamente uni-das a los dominios terrestres. A este criterio le falta pre-cisión jurídica.

4) La mayoría de la Comisión ha opinado que esnecesario delimitar numéricamente la línea de demarca-ción y que no era posible contentarse con una limitaciónbasada en consideraciones geográficas o de otra natura-leza, que sería necesariamente vaga. Ha creído, sin em-bargo, que era posible ir más allá de 10 millas. Sinquerer establecer ninguna relación directa entre la longi-tud de la línea de demarcación y la anchura del marterritorial — relación a la que se opusieron categórica-mente algunos de sus miembros — la Comisión ha creídonecesario tener en cuenta en cierta medida las tendenciasque quieren ampliar la anchura del mar territorial me-diante la prolongación de la línea de demarcación en lasbahías. Por vía de ensayo, en el séptimo período desesiones, se propuso una extensión de 25 millas; de estamanera, la longitud de la línea de demarcación seríaligeramente superior al doble del límite del mar territorialdeclarado admisible en el párrafo 2 del artículo 3. Te-niendo en cuenta que, por una parte, ese artículo no serefiere a las bahías llamadas " históricas ", algunas de lascuales exceden de 25 millas y que, por otra parte, ladisposición del párrafo 1 del presente artículo, que tratade las características de las bahías, es suficiente paraimpedir cualquier abuso, se puede suponer que se acep-tará con más facilidad la prolongación de la línea dedemarcación que la ampliación del mar territorial engeneral. La mayoría de la Comisión, en el séptimo pe-ríodo de sesiones, rechazó una proposición encaminadaa fijar la longitud de la línea de demarcación en el doblede la anchura del mar territorial. La rechazó sobre todoporque consideró esta delimitación inaceptable para losEstados que han fijado la anchura del mar territorial entres o cuatro millas. En el octavo período de sesiones laComisión ha estudiado de nuevo esta cuestión a base delas respuestas de los gobiernos. La propuesta de extenderla línea de demarcación a 25 millas había encontrado muypoco apoyo; un cierto número de gobiernos había decla-rado que esta extensión era, a su juicio, excesiva. Lamayoría de la Comisión ha decidido reducir la anchura

de 25 millas, propuesta en 1955, a 15 millas. Sin dejarde reconocer que una línea de 10 millas ha sido aceptadapor varios gobiernos y ha sido consagrada por variasconvenciones internacionales, la Comisión ha tenido encuenta el hecho de que el origen de la línea de las 10millas remonta a una época en que la fijación de laanchura del mar territorial en tres millas estaba muchomás generalizada que hoy. Teniendo en cuenta las ten-dencias a aumentar la anchura del mar territorial, lamayoría de la Comisión ha creído que extender la líneade demarcación hasta 15 millas estaría justificado y seríasuficiente.

5) Si la anchura de la boca de la bahía es superiora 15 millas, la línea de demarcación se trazará en el inte-rior de la bahía y en el lugar más próximo del mar terri-torial donde la anchura no exceda de esa distancia.Cuando sea posible trazar varias líneas de una longitudde 15 millas será preferida la línea de demarcación queencierre dentro de la bahía la mayor superficie de agua.Le ha parecido a la Comisión que otros métodos pro-puestos para determinar el trazado de esta línea, danlugar a incertidumbres, que se evitarán siguiendo el mé-todo antes indicado, propuesto por el grupo de expertos.

6) El párrafo 4 señala que las disposiciones anterio-res no son aplicables a las " bahías históricas ".

7) La Comisión ha creído que debía limitarse a pro-poner reglas aplicables a las bahías que tienen un soloEstado ribereño. En cuanto a las demás, la Comisión nodispone de datos suficientes sobre la frecuencia de estoscasos ni sobre las disposiciones que se les aplican.

Puertos

Artículo 8

A los efectos de la delimitación del mar territorial, lasinstalaciones permanentes más adentradas en el mar queforman parte integrante del sistema portuario se consi-derarán como parte de la costa.

Comentario

1) Las aguas de un puerto, hasta una línea trazadaentre las instalaciones más avanzadas en el mar consti-tuyen aguas interiores del Estado ribereño. Este proyectono contiene disposiciones sobre el régimen de los puertospuesto que se ocupa sólo del mar territorial y de la altamar.

2) Las construcciones permanentes situadas en lascostas y que se prolongan en el mar, como los malecones,rompeolas y diques están asimiladas a las instalacionesportuarias.

3) Si estas construcciones alcanzan una longitud ex-cesiva (por ejemplo una escollera que se prolongue va-rios kilómetros en el mar), se plantea la cuestión de siel presente artículo les podrá ser aún aplicado o si novaldría más en este caso recurrir al sistema de las zonasde seguridad previsto en el artículo 71 para las instala-ciones de la plataforma continental. Como este caso nose presenta sino muy raramente, la Comisión, aunquedesee llamar la atención sobre él, no ha considerado nece-sario tomar ninguna actitud.

Radas

Artículo 9

Las radas utilizadas normalmente para la carga, des-


carga y fondeadero de buques que, de otro modo, estaríansituadas, en todo o en parte, fuera del trazado generaldel límite exterior del mar territorial, estarán compren-didas en el mar territorial. El Estado ribereño ha de darpublicidad en forma adecuada a la delimitación de esasradas.

Comentario

Este artículo está tomado, en cuanto al fondo, deltexto de la Conferencia de Codificación de 1930. A pesarde algunas opiniones disidentes, la Comisión ha consi-derado que no había que asimilar las radas, situadasfuera del límite del mar territorial, a las aguas interiores.Aun reconociendo que el Estado ribereño ha de poderejercer sobre la rada derechos especiales de fiscalizacióny policía, la Comisión ha creído excesivo considerar esasaguas como aguas interiores, porque ello podría conducira que se prohibiese en ellas el paso inocente. La Comisiónha opinado que los derechos del Estado están suficiente-mente protegidos reconociendo que estas aguas formanparte del mar territorial.

Islas

Artículo 10

Cada isla tiene su propio mar territorial. Una isla esuna extensión de tierra rodeada de agua que normal-mente se encuentra de un modo permanente sobre la líneade la pleamar.

Comentario

1) Este artículo se aplica tanto a las islas situadas enalta mar como a las situadas en el mar territorial. Paraestas últimas, el mar territorial que les es propio coinci-dirá parcialmente con el mar territorial de la costa. Lapresencia de la isla producirá un saliente en el trazado dellímite exterior del mar territorial de la costa. Se puedeexpresar la misma idea diciendo que las islas, total oparcialmente situadas en el mar territorial, serán toma-das en consideración para determinar el límite exteriordel mar territorial.

2) Para que una isla sea considerada como tal es con-dición esencial que esté constituida por una extensión detierra rodeada de agua que, salvo en circunstanciasanormales, se encuentre permanentemente sobre el nivelde la marea alta. No se considerarán como islas ni tendránmar territorial propio:

i) Las elevaciones del suelo que no emergen más quea marea baja. Aun cuando sobre una de esas elevacionesse haya construido una instalación y que esta instalación(por ejemplo, un faro) se encuentre constantementesobre el nivel de las aguas, el término " isla ", tal comoestá definido en este artículo, no le puede ser aplicado;

ii) Las instalaciones técnicas construidas en el lechodel mar, como las instalaciones destinadas a la explota-ción de la plataforma continental (véase el artículo 71).La Comisión ha propuesto, sin embargo, que se reconozcauna zona de seguridad alrededor de esas instalaciones,teniendo en cuenta su extrema vulnerabilidad. La Comi-sión no cree que para los faros se imponga una medidaanáloga.

3) La Comisión había propuesto insertar a continua-ción de este artículo una disposición referente a los gruposde islas. Del mismo modo que la Conferencia de La Haya

para la Codificación del Derecho Internacional de 1930,la Comisión no ha logrado tampoco vencer las dificultadesque presenta la realización de este propósito. El problemaes singularmente complicado por los aspectos diversosque presenta en los diferentes archipiélagos. Han impe-dido que la Comisión se pronunciara sobre este punto,no sólo el desacuerdo que se ha manifestado sobre ladelimitación del mar territorial sino también la falta dedatos técnicos en esta materia. La Comisión reconoce laimportancia de esta cuestión y abriga la esperanza deque una conferencia internacional, que se ocupe más tardede estudiar las reglas propuestas, dedicará atención aeste problema.

4) Para lo que conviniere, la Comisión hace observarque el artículo 5 puede ser aplicado a los grupos de islasque están situados frente a las costas.

Escollos y bajíos que quedan, al descubiertointermitentemente

Artículo 11

Los escollos y los bajíos que quedan alternativamentecubiertos y al descubierto y están situados total o parcial-mente dentro del mar territorial delimitado a partir deun continente o de una isla, podrán servir como puntosde partida para medir la extensión del mar territorial.

Comentario

1) Los escollos y bajíos que quedan al descubiertointermitentemente y se hallan total o parcialmente dentrodel mar territorial estarán asimilados a las islas. El tra-zado del mar territorial tendrá, pues, en cuenta la presen-cia de esos escollos que provocarán salientes en el trazadode la línea del mar territorial que se extiende frente a lacosta. En cambio, cuando esos escollos y bajíos que que-dan al descubierto de un modo intermitente estén situadosfuera del mar territorial, no tendrán mar territorial propio.

2) Se ha dicho que las disposiciones del artículo 5,según las cuales no se podrán trazar líneas de base rectasdesde los escollos o bajíos que emergen intermitentementeo en dirección de ellos, tal vez no sean compatibles conel presente artículo. La Comisión no ve ahí ninguna in-compatibilidad. El hecho de que para determinar laanchura del mar territorial esos escollos y bajíos seanasimilados a las islas no supone que se les haya de con-siderar como islas en todos sentidos. En el comentario alartículo 5 se ha hecho ya observar que una asimilaciónen cuanto a las líneas de base rectas podría conducir, sobretodo cuando se trate de aguas poco profundas que bañenla costa, a extender la distancia entre las líneas de basey la costa en una proporción que podría ir mucho másallá de la finalidad que se persique con la aplicación delsistema de las líneas de base rectas.

Delimitación del mar territorial en los estrechos yentre costas situadas frente a frente

Artículo 12

1. La delimitación de los mares territoriales entre dosEstados cuyas costas estén situadas frente a frente, a unadistancia inferior a la extensión de las zonas de marterritorial adyacentes a las dos costas, se establecerá, salvoque circunstancias especiales justifiquen otra delimitación,siguiendo una línea media cuyos puntos sean equidistantesde los puntos más próximos de las líneas de base a partir


de las cuales se mide la anchura del mar territorial decada uno de esos Estados.

2. Cuando la distancia entre los dos Estados sea supe-rior a las dos zonas de mar territorial, las aguas situadasentre esas dos zonas formarán parte de la alta mar. Noobstante, si esta delimitación diera como resultado queuna extensión de mar, cuya anchura no exceda de dosmillas, quedara enclavada completamente en el mar terri-torial, esa zona podrá ser asimilada al mar territorialmediante acuerdo entre los Estados ribereños.

3. La primera frase del párrafo 2 de este artículo seaplicará en el caso en que las dos costas pertenezcan a unsolo Estado ribereño. Si esta delimitación diera comoresultado que una extensión de mar, cuya anchura noexceda de dos millas, quedara enclavada completamenteen el mar territorial, el Estado ribereño podrá asimilardicha zona a su mar territorial.

4. La línea de demarcación será trazada sobre lascartas a gran escala reconocidas oficialmente.

Comentario

1) El proyecto de 1955 contenía un artículo (12)titulado " Delimitación del mar territorial en los estre-chos ", y otro ( 14) titulado " Delimitación de los maresterritoriales de dos Estados cuyas costas están situadasfrente a frente ". Se hizo observar con razón que eraposible simplificar el texto refundiendo esos dos artículosen uno solo, ya que la delimitación de los mares territo-riales en los estrechos no presenta, en general, problemasdistintos de los de la delimitación de los mares situadosentre las costas opuestas de dos Estados. Lo único quemerece una atención especial, en esos estrechos, es elderecho de paso; la Comisión se ha ocupado de ello en elpárrafo 4 del artículo 17.

2) La delimitación de los mares territoriales entredos Estados cuyas costas están situadas frente a frentecuando se produce entre ellos un desacuerdo, era una delas principales tareas del Comité de Expertos que, apetición de la Comisión, se reunió en La Haya en abrilde 1953. La Comisión ha hecho suyas las propuestas delos expertos (A/CN.4/61/Add.l) y las ha tomado comobase del presente artículo. De todos modos, ha conside-rado que no era necesario entrar en demasiados detallesy que la regla había de tener una cierta elasticidad. Poreste motivo, no ha tenido en cuenta ciertas cuestiones dedetalle previstas por los expertos. La Comisión se hadado cuenta de que circunstancias especiales exigiránprobablemente bastante a menudo que se efectúe unacierta desviación del trazado matemático de la líneamedia; ha creído útil, no obstante, adoptar el sistema dela línea media como el sistema que haya de servir de basepara la delimitación.

3) Con la expresión " líneas de base ", al final delpárrafo 1, la Comisión ha intentado comprender lo mismolas líneas de base normales que las que se aplican con elsistema de las líneas de base rectas, adoptado para lacosta de que se trata.

4) El segundo párrafo trata del caso en que porcionesde la alta mar puedan hallarse enclavadas en los maresterritoriales de los dos Estados. La Comisión ha enten-dido que no había ningún motivo para negar a esas partesdel mar enclavadas — y que pueden tener una superficiebastante grande —• el carácter de alta mar. No obstante,si se trata de porciones del mar de muy poca importancia,

por razones prácticas, se las podría asimilar al mar terri-torial. Estas excepciones quedarían limitadas a las por-ciones de mar cuya anchura no fuese superior a unaanchura que la Comisión, siguiendo el ejemplo de laConferencia de 1930, ha fijado en dos millas, sin quererpretender con ello que existe ya una regla de derechopositivo en este punto.

5) Si las dos costas pertenecen al mismo Estado nohabrá lugar a una " delimitación " de los mares territo-riales más que si la distancia entre ellas es superior aldoble de la anchura del mar territorial. La primera frasedel párrafo 2 del artículo será entonces aplicable. En esteúltimo caso la cuestión de los " enclavados " puede tam-bién plantearse. El enclavado puede entonces ser asimi-lado al mar territorial si no tiene más de dos millas deancho.

6) La Comisión se da cuenta de que las reglas queha formulado en los párrafos 2 y 3 no podrán ser apli-cadas en todas las circunstancias. Es posible que se pre-senten casos en los que, ya sea en virtud de un derechoconsuetudinario divergente, ya sea en virtud de conven-ciones internacionales, se imponga un régimen distintopara el mar situado entre las dos costas. Es posible quela zona de mar situada entre dos costas del mismo Estadopresente el carácter de un mar interior sometido a unrégimen especial. La Comisión no puede emprender elestudio de estos casos especiales; se ha de limitar a dictarlos principios que, en general, podrían servir como puntode partida para la determinación del régimen jurídico delas zonas en cuestión.

7) La regla establecida en el presente artículo no dauna solución para el caso en que los Estados situadosfrente a frente hayan adoptado una anchura diferentepara sus mares territoriales. Mientras no se haya logradoun acuerdo sobre la anchura del mar territorial, los desa-cuerdos de esta naturaleza no podrán ser resueltos a basede reglas jurídicas; habrán de ser resueltos por mediode acuerdos amigables entre las partes.

Delimitación del mar territorial en la desembocadurade un río

Artículo 13

1. Si un río desemboca en el mar sin formar unestuario, el mar territorial se medirá a partir de una líneatrazada de un extremo a otro de su desembocadura.

2. Si un río desemboca en el mar a través de unestuario que tenga un solo Estado ribereño, se aplicarálo dispuesto en el artículo 7.

Comentario

Este artículo se ha tomado en lo esencial del informede la Segunda Subcomisión de la Segunda Comisión dela Conferencia de La Haya para la Codificación del Dere-cho Internacional, de 1930. En cuanto al segundo párrafo,la Comisión no dispone de los datos geográficos necesa-rios para decidir si esta disposición puede ser aplicada atodos los estuarios existentes.

Delimitación de los mares territoriales de dosEstados limítrofes

Artículo 14

1. La delimitación de los mares territoriales de dosEstados limítrofes se determinará por acuerdo entre esos


Estados. A falta de acuerdo, y a menos que circunstan-cias especiales justifiquen otra delimitación, ésta se efec-tuará mediante la aplicación del principio de la equidis-tancia de los puntos más próximos de las líneas de base apartir de las cuales se mide la anchura del mar territorialde cada uno de los dos países.

2. Esta línea será trazada en las cartas a gran escalareconocidas oficialmente.

Comentario

1) El caso de que se trata en este artículo podría serresuelto de varias maneras.

2) En primer lugar, se podría prolongar mar adentrode la frontera terrestre hasta el límite extremo del marterritorial. Sólo es posible utilizar esta línea si la fronteraterrestre corta la costa en ángulo recto; si el ángulo esagudo este sistema conduce a un resultado inaceptable.

3) Otra solución sería trazar una línea perpendiculara la costa en el punto en que la frontera terrestre llega almar. Este procedimiento es criticable si la costa presentauna curva en la proximidad de ese punto. Si fuera así, lalínea perpendicular podría encontrar la línea costera enotro punto.

4) Una tercera solución consistiría en aceptar comolínea de demarcación el paralelo geográfico que pasa porel punto en que la frontera encuentra la costa. Este proce-dimiento no es tampoco aplicable en todos los casos.

5) Una cuarta solución sería trazar la línea perpendi-cularmente a la dirección general de la costa. Los Gobier-nos de Noruega y de Suecia han llamado la atenciónsobre la sentencia arbitral de 23 de octubre de 1909 entreNoruega y Suecia, cuya exposición de motivos contienela frase siguiente:

" La delimitación se ha de hacer trazando una líneaperpendicular a la dirección general de la costa " (A/CN.4/71, pág. 17; A/CN.4/71/Add.l, pág. 2).6) El Grupo de Expertos no consideró aceptable este

último método para el trazado de la frontera. Opinabaque muchas veces sería imposible determinar la " direc-ción general de la costa ", pues el resultado " depende dela escala de la carta que se utilice para ello y de la porciónde costa que haya de servir para determinar esa direc-ción ". Como el método de la línea perpendicular a ladirección general de la costa carece de precisión jurídica,la mejor solución parece ser, pues, la de la línea mediapropuesta por el Grupo de Expertos. Esta línea se deberíatrazar, según el principio de la equidistancia de una yotra costa, desde el lugar donde termina la frontera. Utili-zando este método, la línea de frontera coincidirá, si setrata de una recta, con la línea trazada perpendicular-mente a la costa en el lugar en que la frontera terrestrellega al mar. Si se trata de una costa sinuosa o irregular,la línea tendrá en cuenta el trazado de la costa evitandoal mismo tiempo las dificultades a que da lugar la determi-nación de la " dirección general de la costa ".

7) La Comisión aceptó la opinión de los expertos. Noobstante, como en el caso del artículo precedente, estimaque la regla deberá aplicarse con mucha flexibilidad.

SECCIÓN III. DERECHO DE PASO INOCENTE

1) Esta sección comprende cuatro subsecciones: sub-sección A. Reglas generales; subsección B. Buques mer-cantes; subsección C. Buques del Estado que no sean

buques de guerra; subsección D. Buques de guerra. Las" reglas generales " de la subsección A son íntegramenteaplicables a los buques mercantes (subsección B). Sonaplicables a los buques de que tratan las subsecciones Cy D con las reservas indicadas en esas subsecciones.

2) La Comisión desea advertir que esta sección, aligual que todas estas disposiciones, es aplicable única-mente en tiempo de paz. Ninguna de las disposicionesde la presente sección, menoscaba los derechos ni lasobligaciones que, con arreglo a la Carta, tienen los Esta-dos Miembros de la Naciones Unidas.

SUBSECCIÓN A. REGLAS GENERALES

Significado del derecho de paso inocente

Artículo 15

1. Salvo lo dispuesto en las presentes normas, losbuques de cualquier nacionalidad gozan del derecho depaso inocente a través del mar territorial.

2. Se entiende por paso el hecho de navegar por el marterritorial, ya sea para atravesarlo sin penetrar en lasaguas interiores, ya sea para dirigirse hacia estas aguas,ya sea para dirigirse hacia la alta mar viniendo de ellas.

3. El paso es inocente cuando el buque no utiliza elmar territorial para cometer actos perjudiciales para laseguridad del Estado ribereño o contrarios a las presen-tes disposiciones o a otras disposiciones del derecho in-ternacional.

4. El paso comprende eventualmente el derecho dedetenerse y de fondear, pero sólo en la medida en que ladetención y el hecho de fondear no sean más que inci-dentes normales de la navegación o le sean impuestos albuque por una arribada forzosa o por un peligro extremo.

5. Los buques submarinos tienen la obligación de pasarnavegando por la superficie.

Comentario

1) Este artículo reconoce a los buques de todos losEstados, comprendidos los buques de pesca, el derechode paso inocente por el mar territorial. Consagra unprincipio reconocido por el derecho internacional y afir-mado por la Conferencia de Codificación de 1930.

2) Según el párrafo 2, el régimen general, preconi-zado para los buques que atraviesen el mar territorial esigualmente aplicable a los buques que se dirijan a unpuerto o vengan de él. De todos modos, en estos últimoscasos son necesarias algunas restricciones, las que estánindicadas en los artículos 17 (párrafo 2), 20 (párrafo 2)y 21 (párrafo 3).

3) Para que ese derecho pueda ser reivindicado, esnecesario que se trate efectivamente de un paso inocente.El paso no será inocente si el buque comete uno de losactos previstos en el párrafo 3. Este párrafo correspondeen sus líneas generales al que figuraba en el artículo 5de la reglamentación propuesta por la Segunda Comisiónde la Conferencia de Codificación de 1930. La Comisiónha creído que " los intereses fiscales del Estado " — expre-sión que, según las observaciones formuladas en 1930, hade ser interpretada en un sentido muy amplio que com-prenda todos los intereses aduaneros, así como las pro-hibiciones de importación, de exportación y de tránsito— podrían ser considerados como comprendidos en laexpresión más general utilizada en el párrafo 3. Esta


expresión comprende, entre otras, las cuestiones refe-rentes a las aduanas y a la sanidad pública, así como losintereses enumerados en el comentario al artículo 18.

4) El párrafo 3 no contiene más que criterios genera-les, sin entrar en detalles. No había, pues, necesidad demencionar el caso — sobre el que se ha llamado especial-mente la atención — de que un buque utilice el mar terri-torial con el propósito deliberado de burlar la vigilanciade las importaciones o de las exportaciones o eludir losderechos de aduana del Estado ribereño (" hoveringships ", " navires louvoyants ", buques que rondan ). LaComisión cree, sin embargo, que un paso emprendidocon ese propósito no puede ser considerado como ino-cente.

5) La disposición del párrafo 5, en la reglamentaciónde 1955, se insertaba en la subsección relativa a losbuques de guerra. Se ha pasado a la subsección generalpara que sea también aplicable a los submarinos de co-mercio, si estos buques vuelven a ser utilizados.

Deberes del Estado ribereño

Artículo 16

1. El Estado ribereño no ha de poner dificultades alpaso inocente por el mar territorial. Está obligado aponer en práctica los medios de que disponga para ase-gurar dentro del mar territorial el respeto del paso ino-cente y a impedir que sus aguas sean utilizadas para reali-zar actos contrarios a los derechos de otros Estados.

2. El Estado ribereño está obligado a dar a conocerde una manera suficiente todos los peligros que, a sujuicio, amenacen a la navegación.

Comentario

1) En este artículo la Comisión ha consagrado lasnormas reconocidas por la Corte Internacional de Jus-ticia en su fallo del conflicto del Canal de Corfú, dictadoel 9 de abril de 1949 entre el Reino Unido y Albania.

2) Las instalaciones destinadas a la explotación delsuelo y del subsuelo del mar territorial no han de estarsituadas en los canales ni en las rutas marítimas queforman parte del mar territorial y son indispensablespara la navegación internacional, si entorpecen el pasoinocente.

Derechos de protección del Estado ribereño

Artículo 17

1. El Estado ribereño puede tomar, en su mar territo-rial, las medidas necesarias para prevenir todo atentadoa su seguridad y a aquellos de sus intereses que las pre-sentes disposiciones y otras disposiciones del derecho in-ternacional la autorizan a defender.

2. Respecto de los buques que se dirigen hacia lasaguas interiores, el Estado ribereño tiene además el dere-cho de tomar las medidas necesarias para impedir cual-quier infracción de las condiciones a que están sometidosdichos buques para poder penetrar en ellas.

3. El Estado ribereño puede suspender temporalmentey en determinados lugares de su mar territorial el ejer-cicio del derecho de paso si lo considera indispensablepara la protección de los derechos establecidos en elpárrafo primero. En este caso estará obligado a publicarla medida de suspensión.

4. El paso inocente de buques extranjeros no puedeser suspendido en los estrechos que por poner en comuni-cación dos partes de la alta mar, sirven normalmente parala navegación internacional.

Comentario

1) Este artículo reconoce al Estado ribereño el dere-cho de comprobar, llegado el caso, el carácter inocentedel paso y de tomar las medidas necesarias para prevenirtodo atentado a su seguridad y a aquellos de sus interesesque las presentes disposiciones y las demás disposicionesdel derecho internacional le autorizan a defender. LaSegunda Comisión de la Conferencia de Codificación de1930 se había servido, a este respecto, de la expresión" orden público ". La Comisión ha preferido una redaccióndonde no figure esta expresión, que puede ser interpre-tada de diversas maneras.

2) En casos excepcionales, puede ser permitida unasuspensión temporal del derecho de paso, por razonesimperiosas que se refieran a la seguridad general. Aunquesea posible afirmar que esta facultad estaba ya implícitaen la disposición del párrafo 1 de este artículo, la Comi-sión ha considerado útil mencionarla expresamente enun tercer párrafo, que pone de relieve que sólo puedetratarse de una suspensión temporal y limitada a lugaresdeterminados. La Comisión estima que este artículo enun-cia el derecho internacional en vigor.

3) La Comisión ha incluido, además, una prohibiciónabsoluta de dificultar el paso de los estrechos que sirvenpara poner en comunicación dos partes de la alta mar.La expresión " los estrechos que, por poner en comuni-cación dos partes de la alta mar sirven normalmentepara la navegación internacional ", ha sido inspirada porla decisión de la Corte Internacional de Justicia en ellitigio del Canal de Corfú. De todos modos, la Comisiónha creído que estaría de acuerdo con el fallo de la Corteañadir la palabra " normalmente " después de la palabra" sirven ".

4) Se ha planteado la cuestión de cuál ha de ser lanaturaleza jurídica de los estrechos que forman partedel mar territorial de uno o de varios Estados, y queconstituyen la única vía de acceso a un puerto pertene-ciente a otro Estado. La Comisión opina que este casopodría ser asimilado al de una bahía cuyo fondo y cuyascomunicaciones con la alta mar pertenecen a Estadosdistintos. Como la Comisión ha creído que debía limi-tarse a proponer reglas aplicables a las bahías que tienenun solo Estado ribereño, ha dejado aparte el examen delmencionado caso.

Deberes de los buques extranjeros durante el paso

Artículo 18

Los buques extranjeros que utilizan el derecho de pasodeberán someterse a las leyes y a los reglamentos promul-gados por el Estado ribereño de conformidad con las pre-sentes disposiciones y con las demás normas del derechointernacional, y especialmente con las leyes y los regla-mentos relativos a los transportes y a la navegación.

Comentario

1) El derecho internacional ha reconocido desde hacetiempo al Estado ribereño el derecho de promulgar, eninterés general de la navegación, reglamentos especiales

18


aplicables a los buques que ejerzan el derecho de pasopor el mar territorial.

2) Los buques que entran en el mar territorial de unEstado extranjero continuúan sometidos a la jurisdiccióndel Estado cuya bandera enarbolan. Sin embargo, elhecho de que se encuentren en unas aguas sometidas ala soberanía de otro Estado restringe en cierto modo lacompetencia exclusiva del Estado del pabellón. Los bu-ques han de someterse a las leyes y reglamentos dictadospor el Estado ribereño de conformidad con las presentesreglas y con las demás reglas del derecho internacional,especialmente las que se refieren a los transportes y ala navegación. La Comisión, en su séptimo período desesiones, había creído útil citar como ejemplo las si-guientes :

a) La seguridad del tránsito y la conservación de lospasos y las balizas;

b) La protección de las aguas del Estado ribereñocontra la contaminación a que pueden estar expuestaspor causa de los buques;

c) La conservación de los recursos vivos del mar;d) Los derechos de pesca, caza y otros derechos aná-

logos pertenecientes al Estado ribereño;e) Todo trabajo de carácter hidrográfico.3) En el octavo período de sesiones se ha propuesto

añadir a esta lista el porte de la bandera nacional, lautilización de la ruta prescrita para la navegación inter-nacional y la observancia de los reglamentos referentesa la seguridad, así como de los reglamentos de aduanasy de sanidad. La Comisión ha considerado que esta enu-meración, que no puede ser limitativa, tendría un carác-ter algo abitrario y ha preferido mencionar esos casosen el comentario en vez de insertarlos en el artículo.

4) El artículo correspondiente, redactado por la Se-gunda Comisión de la Conferencia de 1930, contenía unsegundo párrafo que decía así:

" Sin embargo, el Estado ribereño no puede estable-cer una discriminación entre los buques extranjerosde nacionalidades distintas, ni, salvo en lo que respectaa la pesca y a la caza, entre los buques nacionales ylos extranjeros."5) Si la Comisión ha suprimido este párrafo, no es

porque no contenga una regla general consagrada porel derecho internacional. De todos modos, la Comisiónestima que podrán presentarse algunos casos en los quelos derechos especiales concedidos por un Estado a otroEstado determinado puedan estar plenamente justifica-dos por las relaciones especiales que existan entre esosdos Estados, y, a falta de estipulaciones convencionalesen contra, no podrán ser invocados por otros Estadosque soliciten el mismo trato. La Comisión prefiere, pues,dejar esta cuestión bajo el imperio de las reglas generales.

SUBSECCION B. BUQUES MERCANTES

Gravámenes impuestos a los buques extranjeros

Artículo 19

1. No podrán imponerse gravámenes a los buquesextranjeros por el solo hecho de su paso por el mar te-rritorial.

2. No podrán imponerse gravámenes a un buqueextranjero que pase por el mar territorial sino como

remuneración de servicos determinados prestados a dichobuque.

Comentario

1) La finalidad de este artículo es la de prohibir gra-vámenes que corresponden a servicios generales prestadosa la navegación (derecho de faro, de abalizamiento, etc.)y admitir sólo la remuneración de un servicio prestadoespecialmente al buque (derechos de práctico, de remol-que, etc.).

2) Queda entendido que pueden ser reconocidos dere-chos especiales a este respecto por medio de convencionesinternacionales.

3) Por regla general, esas tasas han de ser percibidasen condiciones de igualdad. Por razones análogas a lasque han hecho que el párrafo de 1930 mencionado al finaldel comentario al artículo 18 no se haya insertado eneste artículo, la Comisión no ha reproducido en el artículo19 las palabras del artículo correspondiente de la Confe-rencia de 1930 : " Esas tasas deberán imponerse en con-diciones de igualdad ".

4) Se ha propuesto añadir al párrafo 2 la siguientecláusula: " Queda reservado al Estado ribereño el derechode pedir y de obtener, con objeto de facilitar la percep-ción de las tasas, datos sobre la nacionalidad, el tonelaje,el destino y la procedencia de los buques que pasan porel mar territorial ". La Comisión no ha querido insertaren el artículo una cláusula cuya aplicación desconside-rada podría dificultar mucho el paso de los buques. Perola Comisión no puede desconocer que, en determinadascircunstancias, el Estado ribereño tendrá el derecho depedir los datos mencionados. Todo entorpecimiento in-justificado de la navegación ha de ser, sim embargo, evi-tado.

Detención practicada a bordo de un buque extranjero

Artículo 20

1. El Estado ribereño no puede proceder, a bordo deun buque extranjero que pase por el mar territorial, a ladetención de personas ni a diligencias de instrucciónocasionadas por una infracción de carácter penal come-tida a bordo de dicho buque durante su paso, más que enuno de los casos siguientes:

a) Si la infracción tiene consecuencias fuera delbuque;

b) Si la infracción puede perturbar la paz del país oel orden en el mar territorial;

c) Si el capitán del buque o el cónsul del Estado cuyopabellón enarbola han pedido la intervención de las auto-ridades locales.

2. Las disposiciones anteriores no afectan al derechoque tiene el Estado ribereño de proceder a las detencioneso a las diligencias de instrucción establecidas en su legis-lación, a bordo de un buque extranjero que se detengaen el mar territorial o que pase por dicho mar procedentede las aguas interiores.

3. Las autoridades locales deberán tener en cuenta losintereses de la navegación para decidir si han de procedera la detención o de qué manera han de llevarla a cabo.

Comentario

1) Este artículo enumera los casos en que el Estadoribereño puede proceder a interrumpir el paso de un


buque extranjero que atraviese su mar territorial, conel fin de detener a una persona o llevar a cabo una investi-gación relacionada con una infracción de carácter penalcometida a bordo del buque durante dicho paso. En talcaso puede surgir un conflicto de intereses: por unaparte, el interés de la navegación, que se ha de entorpecerlo menos posible; por otra, el interés del Estado ribereño,que quiere aplicar su legislación penal en toda la exten-sión de su territorio. Salvando la competencia total quetiene el Estado ribereño en entregar los culpables a sustribunales, si logran detenerlos, la facultad de procedera la detención de las personas aue se hallen a bordo debuques que simplemente atraviesan su mar territorial estálimitada a los casos expresamente enumerados en esteartículo.

2) El Estado ribereño no puede detener a un buqueextranjero que atraviesa el mar territorial sin tocar lasaguas interiores, por el solo hecho de que se halle a bordode él una persona reclamada por la justicia del Estadoribereño a causa de un hecho punible cometido fuera delbuque. Con mayor razón, una petición de extradicióndirigida al Estado ribereño a causa de un delito come-tido en el extranjero no puede considerarse como unmotivo válido para la detención del buque.

3) Si se trata de un buque que se detiene en el marterritorial, corresponde a la legislación del Estado ribe-reño determinar su competencia en esta materia. Estacompetencia será necesariamente más amplia que la quese ejerce respecto de los buques que sólo atraviesan elmar territorial a lo largo de la costa. Esto se aplica tam-bién a los buques que han tocado un puerto o que hansalido de una vía navegable del Estado ribereño; lasfacultades de éste serán mayores si, por ejemplo, el buqueha entrado en un puerto y ha tenido relaciones con elterritorio, ha tomado pasajeros, etc. Pero el Estadoribereño deberá procurar siempre entorpecer la navega-ción lo menos posible. Los inconvenientes ocasionados ala navegación por la interrupción de la travesía de unbarco de gran porte que se hace a la mar, con motivo dela detención de una persona que ha cometido en tierrauna infracción de poca gravedad, no se han de considerarcomo menos importantes que el interés del Estado enapoderarse del culpable. Por lo mismo, la justicia delEstado ribereño ha de abstenerse, en la medida de loposible, de oroceder a la detención de oersonas oertene-cientes a la oficialidad o a la tripulación cuVa ausenciapudiera hacer imposible la continuación del viaje.

4) El artículo propuesto no intenta, pues, solucionarlos conflictos de jurisdicción entre el Estado ribereño yel Estado cuya bandera enarbola el buque en materia dederecho penal, y en nada prejuzga sus respectivos dere-chos. La Comisión no ignora la utilidad de codificar elderecho relativo a estas materias. Reconoce sobre todo laimportancia de determinar el tribunal competente paraentender en las causas criminales que puedan surgir comoconsecuencia de un abordaje en el mar territorial. Elhecho de aue la Comisión, siguiendo el ejemplo dado porla Conferencia de 1930, se haya abstenido de formularreglas concretas a este respecto obedece a que, a sujuicio, en este dominio, que es extremadamente vasto, seimpone una limitación a la labor de la Comisión. Otrarazón por la cual la Comisión no se ha ocupado delabordaje es que, desde 1952, existe en esta materia unaconvención aue no ha sido aún ratificada por un grannúmero de Estados, a saber, la " Convención internacional

para la unificación de ciertas reglas relativas a la com-petencia penal en materia de abordaje y otros incidentesde la navegación ", firmada en Bruselas el 10 de mayode 1952.

5) Se ha planteado la cuestión de si el Estado ribereñotiene el derecho de proceder a la detención cuando lasconsecuencias de la infracción sólo se extiendan al terri-torio del Estado de la bandera. La Comisión no ha que-rido hacer aquí una excepción a la regla del inciso a). Esindudable que, sobre todo en semejantes casos, el Estadoribereño ha de actuar con mucha circunspección, peropuede ocurrir que en esos casos la detención se hagatambién en interés del Estado de la bandera; no estaría,pues, justificado que se prohibiera la intervención delEstado ribereño.

6) Una detención que tenga por objeto la represióndel tráfico ilícito de estupefacientes podrá estar justificadasi se cumple la condición del inciso a) .

Detención de un buque para el ejercicio de la jurisdiccióncivil

Artículo 21

1. El Estado ribereño no puede detener ni desviar desu ruta a un buque extranjero que pasa por el mar terri-torial, para ejercer su jurisdicción civil sobre una per-sona que se encuentre a bordo.

2. El Estado ribereño no puede poner en práctica, res-pecto de ese buque, medidas de ejecución ni medidas pre-cautorias en materia civil, a no ser que se adopten enrazón de obligaciones contraídas por dicho buque o deresponsabilidades en que haya incurrido con motivo dela navegación a su paso por las aguas del Estado ribereño.

3. Las disposiciones del párrafo precedente no menos-caban el derecho del Estado ribereño de tomar las medi-das de ejecución y las medidas precautorias en materiacivil que permita su legislación, respecto de un buqueextranjero que se detenga en el mar territorial o pase porél procedente de las aguas interiores.

Comentario

1) La Comisión ha seguido una regla análoga a laque rige el ejercicio de la jurisdicción penal. Si el buqueno hace más que atravesar el mar territorial sin tocar lasaguas interiores, el Estado ribereño no puede en ningúncaso detenerlo para ejercer la jurisdicción civil contrauna persona que se encuentre a bordo, ni el buque puedeser detenido ni apresado más que por hechos ocurridosen las aguas del Estado ribereño durante el viaje en curso,por ejemplo, un abordaje, un salvamento, etc., o a causade obligaciones contraídas con motivo de la navegación.

2) Este artículo no pretende dar una solución generala los conflictos de jurisdicción entre el Estado ribereño yel Estado de la bandera del buque en materia de derechoprivado. Las cuestiones de esta índole habrán de serresueltas según los principios generales del derecho in-ternacional privado y no pueden ser examinadas por laComisión en el presente informe. De aquí que no setraten en este artículo las cuestiones de competencia enmateria de responsabilidad civil derivada de abordajes enel mar territorial.

3) En el sexto período de sesiones, la Comisión habíainsertado en este artículo una disposición referente alderecho del Estado ribereño de llevar a cabo, respecto de


los buques que pasen por el mar territorial, medidas deejecución o medidas precautorias en materia civil. Algu-nos gobiernos han indicado que había una discordanciaentre las reglas aprobadas por la Comisión y las de laConvención de Bruselas de fecha 10 de mayo de 1952para la unificación de ciertas reglas sobre el embargopreventivo de buques de navegación marítima. EstaConvención enumera un mayor número de casos en quese admite el embargo que el proyecto de la Comisión de1954, que había seguido el ejemplo de la Conferenciade La Haya de 1930 para la Codificación del DerechoInternacional. La Comisión, en su séptimo período desesiones, decidió adoptar las reglas de la Convención deBruselas, no sólo porque en esta materia se impone launificación, sino también porque las reglas de la Con-vención, posteriores a las de 1930, habían sido estudia-das y elaboradas con gran cuidado por los especialistasen derecho del mar de un gran número de Estados marí-timos. Por esta razón, la Comisión se ha esforzado enponer este artículo en armonía con las prescripciones dela Convención de Bruselas.

4) La nueva redacción no ha satisfecho, sin embargo,a algunos gobiernos. Se ha hecho observar que si sequería extraer de esa Convención algunos breves pasajespara intentar resumirla en el proyecto de artículos, ellotendría más inconvenientes a causa de la falta de uni-formidad que podría resultar entre los términos del resu-men que se insertara en la reglamentación y la Conven-ción misma, dada la imposibilidad de tratar toda materiade la Convención en la reglamentación. La Comisión hareconocido lo acertado de esta observación. Algunos desus miembros, además, han hecho notar que la Conven-ción de Bruselas, reconociendo el derecho de embargoen muchos más casos que la Comisión en su proyecto de1954, afectaba al paso inocente en una medida que noparecía justificada. Quizá la Convención de Bruselas,reglamentando el embargo dentro de la jurisdicción totaldel Estado, había dedicado más atención a los embargospracticados en los puertos que a los que pueden efectuarsedurante el paso por el mar territorial. La mayoría de laComisión ha estimado que convendría restablecer el textode 1954. No ha creído oportuno dejar la cuestión ensuspenso, como lo habían propuesto algunos de sus miem-bros, porque ha considerado que de esta manera la regla-mentación propuesta presentaría una laguna lamentabley perjudicial para los intereses de la navegación interna-cional. Aun admitiendo que los autores de la Convenciónde Bruselas de 1952 hubiesen querido aumentar el nú-mero de los casos en que el Estado ribereño tiene elderecho de ejercer su jurisdicción civil respecto de bu-ques extranjeros que no hacen más que pasar por el marterritorial sin entrar en ningún puerto, la existencia enesta materia de una reglamentación divergente no parecepoder constituir un obstáculo para que se apruebe lamencionada disposición, teniendo en cuenta que la Con-vención de Bruselas no puede obligar más que a laspartes contratantes en sus relaciones recíprocas.

5) Por el contrario, si se trata de un buque extranjeroque se detenga en el mar territorial o que pase por élprocedente de las aguas interiores, los poderes del Estadoribereño son mucho más extendidos. Ese Estado tieneel derecho de tomar en este caso todas las medidas deejecución y todas las medidas precautorias que permitasu legislación nacional.

SUBSECCION C. BUQUES DEL ESTADO QUE NO SEAN BUQUES

DE GUERRA

Baques del Estado explotados con fines comerciales

Artículo 22

Las disposiciones de las subsecciones A y B son igual-mente aplicables a los buques del Estado explotados confines comerciales.

Comentario

1) La Comisión se ha inspirado en las reglas de laConvención de Bruselas de 1926 sobre las inmunidadesde los buques del Estado. Ha considerado que estas re«glas corresponden a la práctica preponderante de losEstados y ha redactado el artículo 22 en este sentido.

2) Algunos miembros de la Comisión, que no puedenadherirse a las reglas de la Convención de Bruselas, sehan opuesto a este artículo.

Buques del Estado destinados a fines no comerciales

Artículo 23

Las disposiciones de la subsección A son aplicables alos buques del Estado destinados a fines no comerciales.

Comentario

La cuestión de la aplicación de las disposiciones dela subsección D a los buques del Estado destinados afines no comerciales queda en suspenso. Como la Comi-sión no se propone regular detalladamente en este mo-mento la condición jurídica de esta clase de buques, hadejado en suspenso la cuestión de si éstos han de serasimilados, totalmente o en ciertos aspectos, a los buquesde guerra. La Comisión ha seguido en este punto laConferencia de La Haya para la Codificación del DerechoInternacional, de 1930.

SUBSECCIÓN D. BUQUES DE GUERRA

Paso

Artículo 24

El Estado ribereño puede subordinar el paso de losbuques de guerra por su mar territorial a una autoriza-ción o a una notificación previa. Normalmente, autorizaráel paso inocente mientras se cumpla lo dispuesto en losartículos 17 y 18.

Comentario

1) La Comisión, en 1954, durante su sexto períodode sesiones, consideraba que debía concederse el paso alos buques de guerra sin autorización ni notificación pre-vias. Después de haber tenido conocimiento de las obser-vaciones de algunos gobiernos y después de haber estu-diado de nuevo esta materia, la Comisión, en su séptimoperíodo de sesiones, que tuvo lugar en 1955, creyó quetenía que modificar este artículo para hacer resaltar elderecho que tiene el Estado ribereño de subordinar elderecho de paso de los buques de guerra por el mar terri-torial a una autorización o a una notificación previa. Sise exige una autorización previa, no deberá estar normal-mente sometida a otras condiciones que las establecidasen los artículos 17 y 18. Es posible, no obstante, que enalgunas partes del mar territorial o en determinadas


circunstancias especiales, el Estado ribereño juzgue ne-cesario limitar más rigurosamente el derecho de pasode los buques de guerra que el de los buques de comercio.El artículo de 1955 reconoce este derecho de una maneramás clara que el texto de 1954.

2) La Comisión ha vuelto a estudiar esta materia enel octavo período de sesiones, teniendo en cuenta lasobservaciones de algunos gobiernos que han hecho notarque, en la práctica, el paso se realizaba sin trámite algunoy sin objeciones de los Estados ribereños. La mayoríade la Comisión no ha querido, sin embargo, modificar supunto de vista. Si es exacto que un gran número deEstados no exigen ninguna notificación ni autorizaciónprevias, la Comisión no puede menos de alegrarse deesta actitud que prueba un respeto digno de eligios delprincipio de la libertad de comunicaciones. Pero esto noimplica que un Estado no tuviera el derecho de exigiresa notificación o esa autorización si juzgara necesariotomar esta medida de precaución. Admitiendo que elpaso de buques de guerra a través del mar territorial deotro Estado pueda ser considerado por éste como unaamenaza a su seguridad y dándose cuenta de que variosEstados exigen una notificación o una autorización pre-vias, la Comisión no puede negar a los Estados el derechode tomar esta medida. Pero mientras el Estado no hayapromulgado — y publicado — una restricción al derechode paso de los buques de guerra extranjeros a través desu mar territorial, estos buques podrán atravesar esasaguas sin notificación ni autorización previa, siempreque no entren en ningún puerto ni se detengan en ruta.En estos últimos casos — y salvo el de arribada forzosa— se exige siempre una autorización previa. La Comi-sión no ha creído necesario insertar una disposición ex-presa a este 'especto, teniendo en cuenta que el párrafo 4del artículo 15 se aplica también a los buques de guerra.

3) El derecho del Estado de limitar el paso es másrestringido cuando se trata de los estrechos. La CorteInternacional de Justicia, en su fallo del 9 de abril de1949 dictado en el asunto del Canal de Corfú, dice losiguiente :

" A juicio de la Corte, está en general admitido, y esconforme a la costumbre internacional, que en tiempode paz los Estados tienen el derecho de que sus buquesde guerra naveguen por los estrechos que, a los efectosde la navegación internacional, comunican dos partesde la alta mar, sin que sea necesario obtener previa-mente la autorización del Estado ribereño, siempre queel paso sea inocente. A menos que una convencióninternacional disponga lo contrario, un Estado ribe-reño no tiene derecho a prohibir el paso por los estre-chos en tiempo de paz." l s

4) La Comisión se inspiró en esta decisión de la Corteal insertar en el proyecto de 1955 un segundo párrafo,redactado así:

" No puede poner ninguna clase de obstáculos alpaso de los estrechos que normalmente sirven para losfines de la navegación internacional, para poner encomunicación dos partes de la alta mar." 16

Durante el octavo período de sesiones, se ha hechoobservar que este segundo párrafo ere superfluo, ya que

15 Corte Internacional de Justicia, Recueil 1949, pág. 28.16 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período

de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934), pág. 23.

el cuarto párrafo del artículo 17, que forma parte de lasubsección A, titulada " Reglas generales ", era aplicablea los buques de guerra. La mayoría de la Comisión hizosuyo el punto de vista de que el párrafo 2 del artículo de1955 no era rigurosamente necesario. Al suprimirlo, laComisión, queriendo evitar todo equívoco a este respecto,ha de declarar que el artículo 24, en relación con elpárrafo 4 del artículo 17, ha de ser interpretado en elsentido de que el Estado ribereño no puede dificultar deninguna manera el paso inocente de los buques de guerraen los estrechos que, poniendo en comunicación dospartes de la alta mar, sirven normalmente para la nave-gación internacional; en estos estrechos, el Estado ribe-reño no puede subordinar el paso de los buques de guerraa ninguna autorización o notificación previas.

5) Este artículo no menoscaba los derechos de losEstados que resultaren de una convención que regule elpaso a través del estrecho a que dicha convención serefiera.

Inobservancia de las reglas

Artículo 25

Cuando el buque de guerra no cumpla las disposicionesestablecidas por el Estado ribereño para el paso por elmar territorial y no tenga en cuenta la invitación que sele haga de que las respete, el Estado ribereño podrá exigirque el buque salga del mar territorial.

Comentario

Este artículo indica al Estado ribereño el camino aseguir en caso de inobservancia de sus disposiciones.

SEGUNDA PARTE

LA ALTA MAR

SECCIÓN I. REGIMEN GENERAL

Definición de la alta mar

Artículo 26

1. Se entenderá por " alta mar " la parte del mar noperteneciente al mar territorial, tal como se lo define enla Primera Parte, ni a las aguas interiores de un Estado.

2. Se considerarán como " aguas interiores " las aguassituadas dentro de la línea de base del mar territorial.

Comentario

1) Las aguas del mar pertenecen a la alta mar, al marterritorial o a las aguas interiores. En la parte del presenteinforme referente al mar territorial, la Comisión se haesforzado en fijar los límites exteriores del mar terri-torial, indicando las líneas de base a partir de las cualesse habrá de medir el mar territorial. Las aguas situadashacia la parte de tierra de estas líneas de base son aguasinteriores, en las cuales, a reserva de las disposicionesdel derecho internacional que limitan el derecho delEstado — especialmente por lo que se refiere a los puer-tos y a las rutas marítimas internacionales — éste ejercesu soberanía del mismo modo que en su territorio.

2) Ciertas grandes extensiones de agua, completa-mente rodeadas de tierra firme, están indicadas a vecescomo " lagos " y a veces como " mares ". En este últimocaso, se trata de mares interiores a los que no es apli-


cable el régimen de alta mar. Cuando estas extensionesde agua comunican con la alta mar por un estrecho obrazo de mar, se considerarán como " mares interiores "si las costas, incluyendo las del brazo de mar que daacceso a la alta mar, pertenecen a un solo Estado. Encaso contrario, se considerarán como alta mar. Estasnormas podrán ser, no obstante, modificadas por razoneshistóricas o por un acuerdo internacional.

Libertad de la alta mar

Artículo 27

Estando la alta mar abierta a todas las naciones, ningúnEstado podrá pretender legítimamente someter cualquierparte de ella a su soberanía. La libertad de la alta marcomprenderá, entre otras:

1) La libertad de navegación;2) La libertad de pesca;3) La libertad de colocar cables y tuberías submari-

nos;4) La libertad de volar sobre la alta mar.

Comentario

1) El principio de derecho internacional generalmenteadmitido de que la alta mar está abierta a todas las nacio-nes domina toda la reglamentación de esta materia. Nin-gún Estado puede someter una parte cualquiera de laalta mar a su soberanía y ningún Estado puede, por con-siguiente, ejercer su jurisdicción sobre ella. Los Estadosestán obligados a abstenerse de cualquier acto que puedacausar perjuicio al uso que los nacionales de otros Esta-dos puedan hacer de la alta mar. En el presente artículose menciona expresamente la libertad de volar sobre laalta mar porque la Comisión considera que es consecuen-cia directa del principio de la libertad del mar. La Comi-sión se ha abstenido, sin embargo, de formular normassobre la navegación aérea porque la tarea que se ha im-puesto en la etapa actual de su labor se limita a la codifi-cación del derecho del mar.

2) La enumeración de las libertades de la alta marque figura en el presente artículo no es restrictiva. LaComisión se ha limitado a enunciar cuatro de las liber-tades principales, pero no ignora que existen otras comola libertad de emprender en alta mar investigacionescientíficas, que no está limitada más que por el principiogeneral formulado en la tercera frase del párrafo primerodel comentario. La Comisión no ha mencionado la liber-tad de explorar y de explotar el subsuelo de la alta mar.Ha considerado que, salvo cuando se trate de la explo-tación o de la exploración del suelo o del subsuelo deuna plataforma continental (caso de que se ocupa lasección III), esta explotación no tiene aún una impor-tancia práctica que justifique una reglamentación especial.

3) La Comisión no se ha pronunciado tampoco de unmodo expreso sobre la libertad de emprender en alta marexperiencias con armas atómicas. Es aplicable a esterespecto el principio general formulado en la tercerafrase del párrafo 1 de este comentario. La Comisiónllama, además, la atención sobre los párrafos 2 y 3 delartículo 23 de este proyecto. No obstante, la Comisiónno ha querido prejuzgar el resultado de los trabajos delComité científico encargado de estudiar los efectos delas radiaciones atómicas, creado por la resolución 913(X) de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1955.

4) El término " cables submarinos " no sólo comprendelos cables telegráficos y telefónicos, sino también loscables de alta tensión.

5) Toda libertad, si se quiere que sea ejercida eninterés de todos los que tienen derecho a gozar de ella,ha de estar reglamentada. Por ello, el derecho de la altamar contiene un cierto número de reglas, consagradas engran parte por el derecho internacional positivo, cuyafinalidad no es limitar o restringir la libertad de la altamar, sino garantizar su ejercicio en interés de la comuni-dad internacional en general. Entre esas reglas figuranespecialmente :

i) El derecho de los Estados de ejercer su soberaníaa bordo de los buques que enarbolan su bandera;

ii) El ejercicio de determinados derechos de policía;iii) El derecho de los Estados relativo a la conserva-

ción de los recursos vivos de la alta mar;iv) La creación por el Estado ribereño de una zona

contigua a la costa para el ejercicio de ciertos derechosbien definidos;

v) Los derechos de los Estados ribereños en lo queconcierne a la plataforma continental.

6) Estos puntos constituyen el objeto de estos artí-culos.

SUBSECCION A. NAVEGACIÓN

Derecho de navegación

Artículo 28

Todos los Estados tienen el derecho de hacer navegaren alta mar los buques que enarbolan su bandera.

Comentario

Véanse los comentarios a los artículos 29 y 30.

Nacionalidad de los buques

Artículo 29

1. Cada Estado establecerá los requisitos necesariospara conceder su nacionalidad a los buques, así comopara que puedan ser inscritos en un registro y tengan elderecho de enarbolar su bandera. Los buques poseen lanacionalidad del Estado cuya bandera están autorizadosa enarbolar. No obstante, para que el carácter nacional delbuque sea reconocido por los demás Estados, deberá exis-tir una relación auténtica entre el Estado y el buque.

2. El derecho de un buque mercante a enarbolar labandera de un Estado se probará mediante documentosexpedidos por las autoridades de ese Estado.

Comentario

1) Cada Estado fija las condiciones a que estará some-tido el abanderamiento de los buques. Está fuera de dudaque el Estado goza de una libertad completa cuando setrata de buques que le pertenecen o que pertenecen a unacompañía nacionalizada. En cuanto a los demás buques,el Estado debe imponerse ciertas restricciones. Al igualque para la concesión de la nacionalidad a las personas,es necesario, en esta materia, que la legislación nacionalno se aleje demasiado de los principios adoptados por lamayoría de los Estados y que pueden ser consideradoscomo parte del derecho internacional. Sólo así la libertad


reconocida a los Estados no dará lugar a abusos ni a fric-ciones con otros Estados. En cuanto al elemento nacionalnecesario para autorizar el abanderamiento del buque,es posible una gran variedad de modalidades, pero hayque garantizar un mínimo de elemento nacional.

2) Inspirándose en estas ideas, el Instituto de DerechoInternacional adoptó ya en 1896 ciertas normas referentesa la concesión de la bandera. La Comisión, en su séptimoperíodo de sesiones, ha creído conveniente aceptarlas conligeras modificaciones, dándose cuenta de todos modosde que para lograr los resultados prácticos deseados, losEstados, al introducir esas normas en su legislación,habrán de dictar disposiciones más detalladas.

3) En su octavo período de sesiones, la Comisión,después de haber examinado las observaciones de los go-biernos, ha creído conveniente abandonar este punto devista. Ha llegado a la conclusión de que los criterios quehabía formulado no servían para lograr el objetivo quese había propuesto. La práctica seguida por los Estadoses demasiado divergente para poder ser reglamentada porunos pocos criterios aprobados por la Comisión. Unareglamentación de esta naturaleza dejaría necesariamentesin resolver numerosos problemas y no podría prevenirlos abusos. Por esta razón, la Comisión ha estimado con-veniente limitarse a enunciar el principio rector siguiente:para que el carácter nacional del buque sea reconocidopor los demás Estados ha de existir una relación auténticaentre el buque y el Estado cuya bandera enarbola. LaComisión cree que no es posible indicar más detallada-mente cómo se ha de manifestar esta relación. Esta faltade precisión ha hecho dudar a algunos miembros de laComisión de la oportunidad de incluir esta disposición.La mayoría de la Comisión ha preferido, no obstante,tener un criterio, aunque sea vago, que no tener ninguno.Aunque dejando en este punto una gran libertad a losEstados, se ha querido indicar que la concesión de labandera a un buque no ha de tener el carácter de un purotrámite administrativo que no garantice de modo algunola dependencia efectiva del buque frente al nuevo Estado.La jurisdicción del Estado sobre los buques, y la vigilanciaque ha de ejercer con arreglo a lo dispuesto en al artículo34 de este proyecto, sólo podrán ser efectivas si entre elEstado y el buque existen de hecho otras relaciones quelas derivadas de la simple inscripción en el registro o dela concesión de la patente de navegación.

4) Se ha añadido el segundo párrafo a fin de que entodo momento los buques puedan probar su nacionalidad.

5) Se ha planteado la cuestión de si conviene reconocera las Naciones Unidas y quizá también a otros organismosinternacionales el derecho de hacer navegar buques ex-clusivamente bajo sus banderas respectivas. La Comisiónha reconocido toda la importancia de esta cuestión. Esevidente que los Estados Miembros respetarán la pro-tección ejercida por las Naciones Unidas sobre un buquecuando un órgano competente le haya autorizado aenarbolar esa bandera. Pero no es posible dejar de reco-nocer que el régimen jurídico del Estado a que pertenecela bandera se aplicará al buque autorizado para enarbo-larla. En este sentido, la bandera de las Naciones Unidaso la de cualquier otro organismo internacional no puedeser asimilada a la de un Estado. La Comisión habíaencargado al Relator especial que le presentara un in-forme sobre este punto. En este informe (A/CN.4/103)el Relator propone que se tomen en consideración lasmedidas siguientes:

a) Los Estados Miembros de las Naciones Unidasreconocen una inscripción especial de la Naciones Uni-das que da al buque el derecho de enarbolar la bandera delas Naciones Unidas y de gozar de la protección especialde la Organización;

b) Se autoriza al Secretario General de las NacionesUnidas para concluir, cuando sea del caso, con uno ovarios Estados Miembros un acuerdo especial estipulandoque estos Estados autorizan a los buques de que se trate aenarbolar su bandera junto con la de las Naciones Unidas;

c) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas secomprometen mediante un acuerdo general a declarar quesu legislación es aplicable a los buques respecto de loscuales hayan concluido un acuerdo especial con el Secre-tario General, como se dispone en el inciso b), y a asi-milar dichos buques a sus propios buques, siempre queello sea compatible con los intereses de las Naciones Uni-das;

d) Los Estados Miembros de las Naciones Unidasdeclaran en el mismo acuerdo general que reconocen losacuerdos especiales concertados entre el Secretario Gene-ral y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas,previstos en el inciso 6), y extienden a las Naciones Uni-das la aplicación de todos los acuerdos internacionalesreferentes a la navegación en que son partes.

6) La Comisión, después de discutir estas propuestas,se limita a tomar nota de ellas. Teniendo en cuenta ladiversidad de los problemas que plantea esta cuestión, laComisión no ha podido pronunciarse. Ha incluido, detodos modos, estas propuestas en su informe porque con-sidera que son elementos útiles para un estudio posteriorde este problema.

Régimen jurídico del buque

Artículo 30

Los buques navegarán con la bandera de un soloEstado y, salvo en los casos excepcionales previstos de unmodo expreso en los tratados internacionales o en lospresentes artículos, estarán sometidos, en alta mar, a lajurisdicción exclusiva de dicho Estado. No se podrá efec-tuar ningún cambio de bandera durante un viaje ni enuna escala, excepto como resultado de un cambio efectivoen la propiedad en en el registro.

Comentario

1) La ausencia de toda autoridad sobre los buquesque navegan en alta mar conduciría al caos. Uno de loscomplementos más necesarios del principio de la libertaddel mar es que el buque ha de enarbolar la bandera de unsolo Estado y ha de estar sometido a su jurisdicción.

2) En ciertos casos, se han atribuido derechos depolicía a los buques de guerra frente a buques extranjeros.Algunos de estos casos han sido reglamentados en tra-tados internacionales, sin que pueda considerarse quelas disposiciones que contienen forman ya parte del dere-cho internacional general. De esos derechos se han in-corporado al presente proyecto de artículos los que estánreconocidos en derecho internacional (artículos 43, 46y 47).

3) La Comisión se da cuenta de que los cambios deabanderamiento durante el viaje pueden favorecer losabusos que este artículo condena. Por otra parte, la Comi-sión sabe que los intereses de la navegación se oponen


a que se prohiba de un modo absoluto todo cambio debandera durante un viaje o durante una escala. Al apro-bar la segunda frase del presente artículo, la Comisiónha querido condenar toda transferencia de abandera-miento que no pueda ser considerada como una transac-ción de buena fe.

Buques que navegan bajo dos banderas

Artículo 31

El buque que navegue bajo las banderas de dos o másEstados, utilizándolas a su conveniencia, no podrá ampa-rarse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercerEstado y podrá ser considerado como buque sin naciona-lidad.

Comentario

1) La doble nacionalidad de un buque podría darlugar a graves abusos cuando el buque, durante el mismoviaje, se sirviera de una u otra bandera según sus necesi-dades. Esta práctica es inadmisible. Una fuerte corrientede opinión reconoce a los Estados terceros el derecho deconsiderar que el buque que navega bajo dos banderas noposee legalmente ninguna nacionalidad. Dados los grandesinconvenientes que esta " apatridia " tendría para elbuque, esta sanción contribuirá en gran medida a impe-dir que los buques naveguen bajo dos banderas, e incitaráa los interesados a tomar las disposiciones necesarias paralegalizar esta situación anormal. Por estas razones, laComisión ha aprobado esta regla.

2) La Comisión ha estudiado también si conveníainsertar algunas estipulaciones sobre los derechos y obli-gaciones de los Estados respecto de la transferencia delabanderamiento. Ha estimado que una reglamentaciónasí plantearía problemas bastante complicados, que sal-drían de los límites que se ha trazado en esta primeratentativa de codificación del derecho del mar.

Inmunidad de los buques de guerra

Artículo 32

1. Los buques de guerra que naveguen en alta margozarán de una inmunidad completa de jurisdicción res-pecto de cualquier Estado que no sea el de su bandera.

2. A los efectos de estos artículos, se entiende porbuques de guerra los que pertenecen a la marina deguerra de un Estado y llevan los signos exteriores distin-tivos de los buques de guerra de su nacionalidad. Elcomandante del buque ha de estar al servicio del Estadoy su nombre ha de figurar en el escalafón de oficiales dela armada. La tripulación ha de estar sometida a la dis-ciplina militar.

Comentario

Este principio es generalmente aceptado en derechointernacional. La definición de buque de guerra se basaen los artículos 3 y 4 de la Convención de La Haya de 18de octubre de 1907, relativa a la transformación de buquesmercantes en buques de guerra.

Inmunidad de otros buques del Estado

Artículo 33

A los efectos del ejercicio de la jurisdicción en alta marpor parte de cualquier Estado que no sea el de la bandera,

quedan asimilados a los buques de guerra, y tendrán lamisma inmunidad que ellos, los buques pertenecientes aun Estado o explotados por él, y destinados exclusiva-mente a un servicio oficial, comercial o no comercial.

Comentario

1) La Comisión se ha planteado la cuestión de si losbuques destinados al servicio comercial de un gobierno,y que navegan en alta mar, podían gozar, en cuanto alejercicio de poderes por parte de otros Estados, de lasmismas inmunidades que los buques de guerra, y hacontestado afirmativamente a esta pregunta. Aun dán-dose cuenta de las objeciones que suscita el reconoci-miento de la inmunidad de los buques mercantes destina-dos a un servicio gubernamental, y que dieron por resul-tado que se les negase ese derecho en la Convencióninternacional para la unificación de ciertas reglas refe-rentes a las inmunidades de los buques del Estado, fir-mada en Bruselas el 10 de abril de 1926, la Comisión hacreído que para la navegación en alta mar no había razo-nes suficientes para no conceder a los buques del Estado,destinados a un servicio comercial del gobierno, la mismainmunidad que a los demás buques del Estado. La Comi-sión hace notar que la asimilación que establece el artí-culo 33 se refiere sólo a la inmunidad de los buquesfrente a los poderes ejercidos por otros Estados, y queno se trata de otorgar a buques que no son de guerrael derecho de ejercer, respecto a otros buques, funcionesde policía que, según el derecho internacional, sólo tienenlos buques de guerra.

2) A fin de evitar que los buques de que se trata seandetenidos por buques de guerra que ignoren su carácterespecial, sería oportuno que los Estados fijaran de comúnacuerdo los signos exteriores con que se habría de distin-guir el carácter especial de esos buques.

Seguridad de la navegación

Artículo 34

1. Los Estados dictarán para sus buques disposicionesque garanticen la seguridad en el mar, sobre todo por loque respecta a:

a) La utilización de las señales, el mantenimiento delas comunicaciones y la prevención de los abordajes;

b) La tripulación, que habrá de ser adecuada a lasnecesidades del buque y gozar de condiciones de trabajorazonables ;

c) La construcción, el equipo y las condiciones denavegabilidad del buque.

2. Al dictar estas disposiciones, los Estados tendránen cuenta las normas aceptadas internacionalmente. To-marán las medidas necesarias para garantizar la obser-vancia de dichas disposiciones.

Comentario

1) En el proyecto de 1955 la Comisión se limitó, porlo que se refiere a la seguridad de la navegación marí-tima, a insertar en el artículo 9 reglas para las señalesy la prevención de los abordajes. Se ha indicado queexisten además otras normas de gran importancia parala seguridad de la navegación y se ha propuesto que esteartículo se extienda también a estas materias. La Comi-sión ha reconocido que esta observación es justa. Lasnormas sobre la construcción y el equipo del buque, sus


condiciones de navegabilidad y las condiciones de trabajode la tripulación pueden contribuir en gran medida a laseguridad de la navegación. Las críticas contra el tras-paso de buques bajo otra bandera se han acentuado amenudo por el hecho de que en el país de la nueva ban-dera no hubiese reglas ni una inspección efectiva para suaplicación. Por esta razón, la Comisión ha consideradoútil incluir en este artículo disposiciones de esta natu-raleza.

2) Se trata de una materia de carácter técnico que laComisión no puede reglamentar en detalle, por lo cualse ha limitado a formular principios generales.

3) Al dictar normas sobre la utilización de señales ypara la prevención de los abordajes, los Estados se hande abstener de prescribir señales y normas que estén encontradicción con las aplicadas generalmente y que pue-dan por ello prestarse a confusión. Donde la confusiónno es de temer, podrían, si acaso, admitirse ciertas diver-gencias. Por lo que se refiere a la construcción, al equipodel buque y a sus condiciones de navegabilidad, las opi-niones son casi unánimes. En cuanto a las condicionesde trabajo razonables, la Comisión se remite a los con-venios elaborados bajo los auspicios de la OrganizaciónInternacional del Trabajo.

4) En el séptimo período de sesiones, la Comisiónopinó que, por lo que toca a la protección de la vidahumana en el mar, los intereses de los Estados se medi-rían por el número de personas que se hallen a bordode sus buques y que el tonelaje del buque parecía ser elmejor criterio a este respecto. Pero en el octavo períodode sesiones, la mayoría de la Comisión ha preferido em-plear una expresión más general y hablar de " normasaceptadas internacionalmente ". En esta expresión estáncomprendidas también las normas que son el resultadode una cooperación internacional, sin que hayan de estarnecesariamente sancionadas por tratados oficiales. Estoocurre, sobre todo, en cuanto a las señales.

Competencia penal en caso de abordaje

Artículo 35

1. En caso de abordaje o de cualquier otro accidentede navegación ocurrido a un buque en alta mar, que puedaentrañar una responsabilidad penal o disciplinaria parael capitán o para cualquier otra persona al servicio delbuque, las acciones penales y disciplinarias contra esaspersonas sólo se podrán eiercer ante las autoridades judi-ciales o administrativas del Estado cuya bandera enar-bolaba el buque o ante las del Estado de que dichas per-sonas sean nacionales.

2. No podrá ser ordenado ningún embargo ni reten-ción sobre el buque, ni siquiera como medida de instruc-ción, por otras autoridades que las del Estado cuya ban-dera enarbola el buque.

Comentario

1) La Comisión creyó conveniente dejar a un lado,por el momento, los problemas de derecho internacionalprivado suscitados por la cuestión del abordaje. Estimó,sin embargo, que convenía determinar el tribunal com-petente para entender en las causas criminales a que unabordaje pueda dar lugar. Después de haberse dictado lasentencia de la Corte Permanente de Justicia Interna-cional de 7 de septiembre de 1927, sobre el caso del Lotus,

la Comisión ha creído que tenía que pronunciarse sobreeste punto. Dicha sentencia, decidida por el voto de cali-dad del Presidente después de una votación de 6 votoscontra 6, fué objeto de muchas críticas y produjo gravesinquietudes en los círculos marítimos internacionales.Una conferencia diplomática, reunida en Bruselas en1952, se manifestó en desacuerdo con las conclusionesde dicha sentencia. La Comisión ha hecho suyas lasdecisiones de la Conferencia, consagradas por la Conven-ción Internacional para la unificación de ciertas reglasde competencia penal en materia de abordaje y otros inci-dentes de la navegación, firmada en Bruselas el 10 demayo de 1952. La Comisión se ha inspirado en el deseode proteger a los buques y a su personal contra el riesgode ser perseguidos criminalmente ante tribunales extran-jeros, en caso de abordaje ocurrido en alta mar, lo quepodría dificultar, de una manera inaceptable, la navega-ción internacional. En ese supuesto, la acción penal sólose podrá ejercer ante las autoridades judiciales o adminis-trativas del Estado cuya bandera enarbolaba el buque enque servían las personas en cuestión, o ante los tribunalesdel Estado de que dichas personas sean nacionales. Conesta última adición, y haciendo suya la opinión de laConferencia de Bruselas, la Comisión ha querido facilitarque los Estados puedan tomar medidas penales o discipli-narias contra sus nacionales que sirven a bordo de buquesextranjeros y hayan sido acusados de haber causadoabordajes. Algunos Estados desean, en estos casos, poderproceder contra sus subditos para retirarles las cartillasy certificados que les hayan entregado. Sólo el Estado queha expedido estos documentos tiene competencia pararetirarlos o para suspenderlos.

2) El deterioro causado a un cable submarino tele-gráfico o telefónico, a un cable submarino de alta tensióno a una tubería (véase el artículo 62) podrá ser conside-rado como un " accidente de navegación " previsto en elpárrafo 1 de este artículo.

Obligación, de prestar auxilio

Artículo 36

Los Estados deberán obligar a los capitanes de losbuques que naveguen bajo su bandera a que, siempreque puedan hacerlo sin grave peligro para el buque, sutripulación y sus pasajeros:

a) Presten auxilio a toda persona que se encuentre enpeligro de desaparecer en el mar;

b) Se dirijan a toda velocidad a prestar auxilio a laspersonas que estén en peligro, en cuanto sepan que nece-sitan socorro y siempre que tengan una posibilidad razo-nable de hacerlo;

c) En caso de abordaje, presten auxilio al otro buque,a su tripulación y a sus pasajeros, y, en la medida de loposible, comuniquen al otro buque el nombre del suyo,el puerto de inscripción y el puerto más próximo en quehará escala.

Comentario

La Comisión estima oportuno afirmar el deber quetienen los buques de prestar asistencia a cualquiera quese encuentre en peligro en alta mar. La Comisión hautilizado las fórmulas empleadas en el artículo XI de laConvención de Bruselas del 23 de septiembre de 1910para la unificación de ciertas reglas en materia de ayuda


y salvamento marítimos, las del artículo 8 de la Con-vención de la misma fecha para la unificación de ciertasreglas referentes al abordaje y las de la regla del artículo10 del capítulo V de las reglas anexas a la ConvenciónInternacional para la Protección de la Vida Humana enel Mar, de 10 de junio de 1948. La Comisión opina queel artículo, tal como está redactado, constituye una ex-presión del derecho internacional vigente.

Trata de esclavos

Artículo 37

Todo Estado estará obligado a tomar medidas eficacespara impedir y castigar el transporte de esclavos enbuques autorizados a enarbolar su bandera y para impedirque con ese propósito se usurpe su bandera. Todo esclavoque se refugie en un buque, sea cual fuere su bandera,quedará libre ipso facto.

Comentario

El derecho internacional reconoce en general que losEstados tienen el deber de impedir y castigar el transportede esclavos en buques autorizados a enarbolar su bandera.El Acta General de Bruselas del 2 de julio de 1890 dis-pone que todo esclavo que se refugie en un buque mer-cante quedará libre. La Comisión ha hecho más ampliala redacción de este artículo para que no queden excluidoslos buques del Estado que no sean buques de guerra.

Piratería

Artículo 38

Todos los Estados deberán cooperar en toda la medidade lo posible a la represión de la piratería en alta mar oen cualquier otro lugar que no se halle bajo la juris-dicción de ningún Estado.

Comentario

1) Para elaborar los artículos sobre la piratería, laComisión pudo contar con la valiosa ayuda que le propor-cionaban las investigaciones de la Harvard Law School,que dieron lugar a un proyecto de convención de 19artículos acompañados de comentarios, elaborado en 1932bajo la dirección del profesor Joseph Bingham. La Co-misión se ha adherido en general a las conclusiones aque llegaron esas investigaciones.

2) Todo Estado que pudiendo tomar medidas contralos piratas dejara de hacerlo, faltará a un deber que leimpone el derecho internacional. Es natural, sin embargo,que se deje a ese Estado una cierta laxitud para decidir,en cada caso particular, las medidas que haya de tomar.

Artículo 39

Constituirán actos de piratería los enumerados a con-tinuación :

1) Todo acto ilegítimo de violencia, de detención o dedepredación cometido con un propósito personal por latripulación o los pasajeros de un buque privado o deuna aeronave privada, y dirigido:

a) Contra un buque en alta mar o contra personas obienes a bordo de dicho buque;

b) Contra buques, personas o bienes situados en unlugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado.

2) Todo acto de participación voluntaria en la utiliza-

ción de un buque o de una aeronave, cuando el que locometa tenga conocimiento de hechos que den a dichobuque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata.

3) Toda acción que tenga por objeto incitar a cometerlos actos definidos en los párrafos 1 y 2 del presente artí-culo o se emprenda para facilitarlos.

Comentario

1) Respecto de las características esenciales de lapiratería, la Comisión ha tenido que pronunciarse sobrealgunos puntos controvertidos. La Comisión opina:

1) Que no hace falta la intención de lucro (animusfurandi) ; los actos de piratería pueden estar inspiradosno sólo por el deseo de lucro, sino por sentimientos deodio o de venganza;

ii) Que los hechos han de ser perpetrados con un pro-pósito personal;

iii) Que, salvo en el caso previsto en el artículo 40,sólo puede cometer actos de piratería un buque privadoy nunca un buque de guerra ni otro buque del Estado;

iv) Que los actos de piratería sólo pueden cometerseen alta mar o en un lugar situado fuera de la jurisdicciónterritorial de un Estado, y que no se pueden cometer enel territorio de un Estado ni en su mar territorial;

v) Que los actos de piratería no sólo pueden ser come-tidos por buques en alta mar, sino también por aeronaves,siempre que vayan dirigidos contra buques en alta mar;

vi) Que los actos cometidos a bordo de un buque porla tripulación o por los pasajeros, y dirigidos contra elbuque, contra las personas o contra los bienes que en élse encuentren, no podrán ser considerados como actos depiratería.

2) Por lo que se refiere al punto iii), la Comisión noignora que hay algunos tratados, especialmente el deNyon del 14 de septiembre de 1937, que condenan losataques efectuados por submarinos contra buques mer-cantes a despecho de las leyes de la humanidad, y loscalifican de actos de piratería. La Comisión opina, noobstante, que esos tratados no debilitan la autoridad delprincipio en virtud del cual los actos de piratería sólopueden ser cometidos por buques privados. Dada la inmu-nidad que los buques de guerra pueden oponer a todaingerencia por parte de otros buques, la detención delos buques de guerra por sospecha de piratería podríaentrañar las más graves consecuencias. La Comisiónopina también que asimilar los actos ilegales cometidospor los buques de guerra a los actos de piratería seríaperjudicial para los intereses de la comunidad interna-cional. A la Comisión no le ha sido posible aceptar elpunto de vista de algunos de sus miembros, que conside-raban el principio enunciado en el Tratado de Nyoncomo la consagración de un nuevo derecho en vías deformación. En particular, las cuestiones que se planteancon motivo de actos cometidos por buques de guerra alservicio de gobiernos rivales enfrentados en una guerracivil son demasiado complejas para que se atribuya atodos los Estados un derecho de carácter general — y conmayor motivo una obligación — de reprimir, como actosde piratería, los actos perpetrados por los buques deguerra de las partes en pugna como un medio necesariopara consolidar el orden y la seguridad en alta mar.

3) En cuanto al punto iv), la Comisión, a pesar dealgunas opiniones disidentes, opina que cuando el ataque


tenga lugar en el territorio de un Estado, incluido su marterritorial, habrá que aplicar la regla general en virtud dela cual corresponde al Estado perjudicado tomar lasmedidas necesarias para la represión de los actos come-tidos en su territorio. La Comisión sigue aquí también laopinión de la mayoría de los autores.

4) Al considerar como " actos de piratería " los come-tidos en un lugar situado fuera de la jurisdicción de todoEstado, la Comisión ha tenido en cuenta, en primer lugar,los actos cometidos por un buque o una aeronave en unaisla que sea terra nullius o en la costa de un territorio noocupado por nadie. La Comisión no ha querido, de todosmodos, excluir los actos cometidos por aeronaves en elinterior de un territorio no ocupado más vasto, porqueha querido evitar que actos de esta naturaleza, cometidosen territorios que no pertenezcan a nadie, dejen de caerbajo el imperio de una legislación penal.

5) En cuanto al punto v), la Comisión estima que losactos perpetrados en el aire por una aeronave contra otraaeronave no pueden ser considerados como actos de pira-tería; en todo caso, esos actos salen del marco del presenteproyecto de artículos. La Comisión opina, de todos modos,que los actos cometidos por una aeronave pirata contraun buque en alta mar podrán ser asimilados a actos come-tidos por un buque pirata.

6) El punto de vista adoptado por la Comisión en lotocante al punto vi) coincide con la opinión de la mayoríade los autores. Incluso si los amotinados pretenden apode-rarse del buque, sus actos no constituirán actos de pira-tería.

Artículo 40

Los actos de piratería definidos en el artículo 39 y per-petrados por un buque del Estado o una aeronave delEstado cuya tripulación amotinada se haya apoderadodel buque o de la aeronave estarán asimilados a actoscometidos por un buque privado.

Comentario

Un buque del Estado o una aeronave del Estado quehaya quedado en poder de su tripulación amotinada hade ser asimilado a un buque privado. Los actos de latripulación o de los pasajeros de dicho buque dirigidoscontra otro buque podrán tener el carácter de actos depiratería. Es evidente que una vez reprimido el motíny restablecida la autoridad legítima, el artículo dejará deser aplicable.

Artículo 41

Se consideran buques y aeronaves piratas los desti-nados, por las personas bajo cuyo mando efectivo seencuentran, a cometer cualquiera de los actos previstosen el artículo 39. Se consideran también piratas losbuques y aeronaves que hayan servido para cometer dichosactos, mientras se encuentren bajo el mando efectivo delas personas culpables de esos actos.

Comentario

Este artículo tiene por objeto definir las expresiones" buque pirata " y " aeronave pirata " que se emplean enestos artículos. El simple hecho de que un buque naveguesin bandera no basta para darle el carácter de " buquepirata ". Cuando se trata de buques piratas se distinguendos casos. Hay en primer lugar los buques destinados a

cometer actos de piratería. En segundo lugar hay losbuques culpables de haber cometido actos de esa natu-raleza; estos buques podrán ser considerados comobuques piratas mientras continúen en poder de las per-sonas que han cometido esos actos.

Artículo 42

Un buque o una aeronave podrá conservar su naciona-lidad, no obstante haberse convertido en buque o enaeronave pirata. La conservación y la pérdida de la nacio-nalidad se rigen por la ley del Estado que haya conce-dido la nacionalidad de origen.

Comentario

Se ha dicho que un buque, por el hecho de cometeractos de piratería, pierde su carácter nacional. La Comi-sión no comparte esta opinión. Estos actos entrañan lasconsecuencias previstas en el artículo 43. Aunque hayadejado de ser aplicable la regla de que el buque en altamar sólo está sometido a la autoridad del Estado cuyabandera enarbola, el buque conserva, sin embargo, lanacionalidad de dicho Estado, y éste puede, a reserva delo dispuesto en el artículo 43, aplicar al buque su legisla-ción, de igual manera que a los demás buques que enar-bolan su bandera. El buque pirata sólo será consideradocomo un buque sin nacionalidad cuando la legislaciónnacional del Estado considere la piratería como una causade pérdida de la nacionalidad.

Artículo 43

Todo Estado puede apresar un buque o una aeronavepirata, o un buque capturado a consecuencia de actos depiratería que esté en poder de piratas, y detener a laspersonas e incautarse de los bienes que se encuentren abordo de dicho buque o aeronave en alta mar, o en cual-quier otro lugar no sometido a la jurisdicción de ningúnEstado. Los tribunales del Estado que haya efectuado lapresa decidirán las penas que haya que imponer y lasmedidas que haya que tomar respecto de los buques, lasaeronaves y los bienes, dejando a salvo los intereses legí-timos de terceros de buena fe.

Comentario

Este artículo da a todos los Estados el derecho deapresar los buques piratas (así como los buques de losque se hayan apoderado piratas) y de hacerlos juzgar porsus tribunales. Ese derecho no puede ejercerse en unlugar que se encuentre bajo la jurisdicción de otro Estado.La Comisión no ha estimado necesario entrar en detallessobre las penas que puedan imponerse ni sobre las demásmedidas que puedan tomar los tribunales.

Artículo 44

Cuando un buque o una aeronave sea apresado por sos-pechas de piratería, sin fundamento suficiente, el Estadoque lo haya apresado será responsable ante el Estado dela nacionalidad del buque o de la aeronave de todo dañoo pérdida causados con la captura.

Comentario

Este artículo sanciona la detención injustificada debuques sospechosos de piratería. La sanción es aplicablea los casos de captura previstos en el artículo 43 y a todoslos actos de ingerencia cometidos por sospecha de pira-


tería, de que trata el artículo 46. (Véase a este respectoel comentario al artículo 46).

Artículo 45

Sólo los buques de guerra y las aeronaves militarespodrán llevar a cabo capturas por causa de piratería.

Comentario

1) La acción del Estado contra buques sospechososde dedicarse a la piratería se ha de ejercer con muchacautela para evitar incidentes entre los Estados. Por estemotivo conviene no reconocer ese derecho más que a losbuques de guerra, ya que los demás buques del Estadono ofrecen las mismas garantías contra los abusos.

2) Es evidente que este artículo no es aplicable en elcaso de que un buque mercante haya rechazado el ataquede un buque pirata y lo mantenga bajo su poder en ejer-cicio de su derecho de legítima defensa, para entregarloa un buque de guerra o a las autoridades de un Estadoribereño. No se trata entonces de la detención previstaen este artículo.

Derecho de visita y registro

Artículo 46

1. Salvo cuando los actos de ingerencia se ejecuten envirtud de poderes concedidos por tratados, un buque deguerra que encuentre un buque mercante extranjero enalta mar no tiene derecho a efectuar en él ningún registroa menos que haya motivo fundado para creer:

a) Que dicho buque se dedica a la piratería; ob) Que, hallándose el buque en zonas marítimas con-

sideradas como sospechosas por los tratados internacio-nales que tienen por objeto la supresión de la trata deesclavos, se dedica a ella; o

c) Que el buque tiene en realidad la misma naciona-lidad que el buque de guerra, aunque haya izado unabandera extranjera o se haya negado a izar bandera.

2. En los casos de los incisos a), b) y c), el buque deguerra podrá proceder a la comprobación de los docu-mentos que autoricen el uso de la bandera. Para ello podráenviar un bote al buque sospechoso, al mando de unoficial. Si aun después del examen de los documentospersistiesen las sospechas, podrá proceder a otro examena bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con todaslas atenciones posibles.

3. Si las sospechas no resultaren fundadas, y siempreque el buque detenido no hubiere cometido ningún actoque las justifique, dicho buque tendrá derecho a ser in-demnizado por todo daño y perjuicio sufridos.

Comentario

1) El principio de la libertad del mar exige que, engeneral, un buque mercante no pueda ser detenido enalta mar más que por buques de guerra que enarbolensu misma bandera. El derecho internacional admite, noobstante, algunas excepciones a esta regla. Se trata decasos en los que haya motivo serio para creer:

i) Que dicho buque es un buque pirata;ii) Que el buque se dedica a la trata de esclavos. En

este último caso, el derecho de visita y registro ha sidoreconocido por los tratados referentes a la represión dela trata de esclavos, y especialmente por el Acta de

Bruselas del 2 de julio de 1890. En virtud de ella, latrata de esclavos se asimila, para su represión, a la pirate-ría, con la condición, no obstante, de que ese derecho nose podrá ejercer más que en ciertas zonas perfectamentedelimitadas en los tratados. La Comisión ha consideradooportuno seguir este ejemplo para evitar que el ejerciciodel derecho de control sirva de pretexto para el ejerciciodel derecho de visita y registro en lugares donde normal-mente no se puede prever que se realice la trata deesclavos ;

iii) Que el buque que oculta su verdadera nacionalidades en realidad un buque que enarbola la misma banderaque el buque de guerra. En este caso se puede presumirque el buque ha cometido actos ilícitos, y se reconoce albuque de guerra el derecho de comprobar si sus sos-pechas son fundadas.

2) En estos tres casos, el buque de guerra está autori-zado para pedir al buque sin bandera que ici su bandera.Si las sospechas persisten, el buque de guerra puedeproceder al examen de la documentación. Para ello en-viará un bote al buque sospechoso. Por regla general, elbuque de guerra no puede exigir que el buque mercantele envíe un bote; no se puede imponer una obligación asía los buques mercantes y no hay que exponer inútilmentelos libros de a bordo al peligro de perderse. Si el examende los documentos del buque mercante no disipa lassospechas, se puede llevar a cabo un nuevo examen abordo del buque. Este examen no deberá nunca ser utili-zado para otros fines que los que hayan justificado ladetención del buque. Por esta razón, la tripulación que setraslade a bordo del buque mercante deberá ir al mandode un oficial, responsable de la conducta de sus subordi-nados.

3) El Estado al que pertenece el buque de guerradeberá indemnizar al buque mercante por todo retrasocausado por los actos del buque de guerra, no sólocuando la detención tenga lugar sin motivo justificado,sino siempre que las sospechas no sean fundadas y elbuque no haya cometido ningún acto propio para engen-drarlas. Esta sanción severa parece estar justificada porla necesidad de evitar abusos en materia de derecho devisita y registro.

4) Se ha planteado la cuestión de si convenía reco-nocer también el derecho de visita y registro del buquecuando, en momentos de peligro inminente para la segu-ridad del Estado del buque de guerra, haya sospechasde que el buque mercante está cometiendo actos hostilesa ese Estado. La Comisión no se ha creído obligada ainsertar una disposición de esta naturaleza, sobre todopor la razón de que la falta de precisión de las frases" peligro inminente " y " actos hostiles " se presta a abu-sos. La Comisión se remite en este punto a sus observa-ciones sobre las creación de una zona contigua comomedida de seguridad.

Derecho de persecución

Artículo 47

1. El Estado ribereño podrá emprender la persecuciónde un buque extranjero cuando tenga motivos fundadospara creer que ha cometido una infracción de sus leyesy reglamentos. La persecución habrá de empezar mientrasel buque extranjero se encuentre en las aguas interiores oen el mar territorial del Estado del buque perseguidor ypodrá continuar fuera del mar territorial a condición de


que no se haya interrumpido. No es necesario que elbuque que da la orden de detenerse a un buque extran-jero que navega por el mar territorial se encuentre tam-bién en él en el momento en que el buque interesado recibadicha orden. Si el buque extranjero se encontrase en unazona contigua, tal como está definida en el artículo 66, lapersecución no se podrá emprender más que por atentadoa los derechos que la creación de dicha zona se proponíaproteger.

2. El derecho de persecución cesará en el momento enque el buque perseguido entre en el mar territorial delpaís a que pertenece o en el de una tercera potencia.

3. La persecución no se considerará comenzada hastaque el buque perseguidor haya comprobado, mediantemarcaciones, medición de ángulos o por otros medios, queel buque perseguido o una de sus lanchas se encuentradentro de los límites del mar territorial o, si es del caso,en la zona contigua. No podrá darse comienzo a la per-secución mientras no se haya emitido la señal de dete-nerse, visual o auditiva, desde una distancia que permitaal buque interesado oírla o verla.

4. El derecho de persecución sólo podrá ser ejercidopor buques de guerra o por aeronaves militares o porotros buques o aeronaves destinados a un servicio públicoy especialmente autorizados para ello.

5. Cuando la persecución sea efectuada por una aero-nave:

a) Las disposiciones de los párrafos 1 a 3 de esteartículo se aplicarán mutatis mutandis a esta forma depersecución ;

b) La aeronave que haya dado la orden de detenciónhabrá de continuar activamente la persecución del buquehasta que un buque del Estado ribereño llamado por ellallegue y la continúe, salvo si la aeronave puede por sí soladetener al buque. Para justificar la visita y registro de unbuque en alta mar no basta que la aeronave lo haya des-cubierto cometiendo una infracción, o que tenga sospechasde que la ha cometido, si no le ha dado la orden de dete-nerse y no ha emprendido la persecución.

6. Cuando el buque sea detenido en un lugar sometidoa la jurisdicción de un Estado y escoltado hacia un puertode este Estado a los efectos de una investigación por lasautoridades competentes, no se podrá exigir que seapuesto en libertad por el solo hecho de que el buque y suescolta hayan atravesado una parte de la alta mar, si lascircunstancias han impuesto dicha travesía.

Comentario

1) En líneas generales, este artículo está basado enel artículo 11 del reglamento aprobado por la SegundaComisión de la Conferencia de Codificación de La Hayade 1930. Se trata de un derecho que no es discutido enderecho internacional. Conviene sólo llamar la atenciónsobre ciertos detalles relativos a su ejercicio:

i) No es necesario que el buque que da la orden dedetenerse a un buque extranjero que navega por el marterritorial, se encuentre también en dicho mar en el mo-mento en que el buque extranjero recibe la orden dedetenerse. Esta regla se aplica en la práctica cuando setrata de buques de inspección que por motivos de vigi-lancia navegan un poco por fuera del límite del marterritorial. Basta, pues, que el buque que comete la in-fracción se encuentre en el mar territorial en el momentoen que comienza la persecución.

ii) La persecución ha de ser continua: una vez inte-rrumpida, no se puede reanudar. En todo caso, el dere-cho de persecución cesa en el momento en que el buqueperseguido entra en el mar territorial del país a quepertenece o en el de una tercera potencia.

iii) No se podrá considerar que ha comenzado lapersecución hasta el momento en que el buque perse-guidor se haya dado cuenta de la presencia del buqueextranjero en el mar territorial y le haya ordenado dete-nerse, dando la señal prescrita. Con objeto de evitarabusos, la Comisión no se ha contentado con una ordenpor radio, que puede ser dada desde una distancia ilimi-tada ; las palabras " señal visual o auditiva " excluyenlas señales emitidas a gran distancia y transmitidas porradio.

iv) El artículo se aplica igualmente al buque que,situándose fuera del mar territorial, realiza, por mediode sus lanchas, actos delictivos en dicho mar. La Comi-sión se ha negado de todos modos a asimilar a este casoel del buque que, encontrándose fuera del mar territo-rial, no emplea sus propios botes, sino otras embarca-ciones.

2) Todas las normas arriba mencionadas se ajustana las aprobadas por la Conferencia de la La Haya. El ar-tículo aprobado por la Comisión sólo en algunos puntosdifiere del de 1930:

a) La Comisión, en su gran mayoría, cree que elderecho de persecución ha de ser reconocido tambiéncuando el buque se encuentre en una zona contigua almar territorial, siempre que la persecución se emprendacomo consecuencia de un atentado a los derechos paracuya protección se estableció dicha zona. Por consi-guiente, un Estado que haya establecido una zona con-tigua destinada a la vigilancia aduanera no podrá em-prender la persecución de un barco de pesca, acusadode pesca ilegal en el mar territorial, si, al comenzar lapersecución, el barco de pesca se encuentra ya en lazona contigua. Algunos miembros de la Comisión esti-man que no se puede reconocer en ningún caso la perse-cución empezada cuando el buque se encuentra ya en lazona contigua, porque el Estado ribereño no ejerce enella soberanía alguna. La mayoría de la Comisión no locree así. Admite, de todos modos, que se ha de tratarsiempre de infracciones cometidas por el buque en lasaguas interiores o en el mar territorial: los actos come-tidos en la zona contigua no pueden crear un derechode persecución a favor del Estado ribereño.

b) La Comisión ha querido indicar claramente que,de todos los buques, sólo los de guerra y los del Estadodestinados a un servicio público y especialmente autori-zados al efecto por el Estado cuya bandera enarbolanpueden ejercer el derecho de persecución. Es muy natu-ral que los buques del servicio de aduanas y de la poli-cía puedan ejercer ese derecho, pero no es admisible quelos buques del Estado destinados, por ejemplo, al co-mercio, puedan también tener ese derecho.

c) El buque que detiene finalmente al buque perse-guido no ha de ser necesariamente el mismo que haempezado la persecución, con tal de que se haya unidoa la persecución del buque y no le haya solamente inter-ceptado el paso.

d) La Comisión ha tratado también del ejercicio delderecho de persecución de un buque ejercido por unaaeronave. A pesar de la opinión disidente de algunos


de sus miembros, cree en la legitimidad de esa prácticacon tal de que las aeronaves se sometan a los principiosque rigen el ejercicio de ese derecho por parte de losbuques. A este fin, ha subordinado el ejercicio del dere-cho de las aeronaves de perseguir a los buques en altamar y de detenerlos — si es del caso, en colaboracióncon un buque — a las condiciones enunciadas en elpárrafo 5. Para que el ejercicio del derecho de perse-cución sea legítimo, es esencial que el buque perseguidohaya recibido la orden de detenerse cuando se encon-traba en el mar territorial o en la zona contigua. Laaeronave ha de poder emitir para ello una señal visiblee inteligible. En lo que se refiere a las aeronaves es tam-bién necesario excluir las señales por radio.

e) Será conveniente que el buque o la aeronave mar-quen la posición del buque perseguido en el momento deempezar la persecución: dentro de lo posible han deseñalar esa posición por medios físicos, por ejemplo,largando una boya.

/) La Comisión ha incluido en este artículo un casoque presenta cierta analogía con el derecho de persecu-ción, y que por haberse presentado después de la Con-ferencia de 1930 había dado lugar a diferentes interpre-taciones. Se trataba de saber si un buque perseguido ydetenido en el mar territorial podía ser escoltado haciaun puerto del Estado del buque perseguidor, a travésde la alta mar, cuando este paso por la alta mar fueseinevitable. La Comisión cree que no sería lógico reco-nocer el derecho del buque perseguidor de apresar unbuque en alta mar y de escoltarlo hacia un puerto através de la alta mar, negando al mismo tiempo al bu-que del Estado el derecho de escoltar al buque apresadoen el mar territorial hacia el puerto, a través de la altamar, cuando por circunstancias especiales se vea obli-gado a salir del mar territorial para llegar al puerto.

Contaminación, de la alta mar

Artículo 48

1. Todo Estado está obligado a dictar disposicionespara evitar la contaminación de las aguas por los hidro-carburos vertidos de los buques, desprendidos de las tube-rías submarinas o producidos por la explotación del sueloy del subsuelo submarinos, teniendo en cuenta los acuer-dos y convenios existentes en la materia.

2. Todo Estado está obligado a dictar disposicionespara evitar la contaminación del mar debida a la inmer-sión de desperdicios radioactivos.

3. Todos los Estados están obligados a colaborar en laelaboración de reglas que tiendan a evitar la contamina-ción del mar y del espacio aéreo superyacente resultantede experimentos o actividades con sustancias radioactivaso con otros agentes nocivos.

Comentario

1) La contaminación de las aguas del mar por loshidrocarburos presenta graves inconvenientes: amenazascontra la vida de ciertas especies marinas, peces y aves;infección de los puertos y de las playas; peligro deincendio. Casi todos los Estados marítimos han elabo-rado una reglamentación para evitar que los hidrocar-buros vertidos por los buques contaminen sus aguas in-teriores y su mar territorial; pero es evidente que estosreglamentos nacionales resultan insuficientes. Los pro-

ductos petrolíferos evacuados en alta mar pueden serarrastrados hacia las costas por las corrientes y losvientos. Todos los Estados deberán, pues, dictar dispo-siciones que los buques que naveguen bajo su banderaestén obligados a aplicar incluso en alta mar, y la obser-vancia de estas disposiciones ha de ser vigilada. Es evi-dente que sólo una solución internacional puede ser efi-caz. Una conferencia reunida en Londres con este finelaboró la Convención Internacional de 1954 para laprevención de la contaminación de las aguas del mar porlos hidrocarburos. Esta Convención aún no ha entradoen vigor.

2) El artículo 48 afirma en primer lugar el deber delos Estados de dictar para sus buques reglas que éstoshabrán de observar incluso en alta mar. La contamina-ción también puede ser debida a escapes en las tuberíaso a defectos de las instalaciones destinadas a la explota-ción del suelo y del subsuelo marinos. Las disposicionesdel artículo 48 abarcan todos estos casos.

3) La inmersión de desperdicios radioactivos cons-tituye una nueva causa de contaminación del mar. LaComisión ha estimado que esta inmersión, particular-mente peligrosa para los peces y para los consumidoresde pescado, ha de ser equiparada a la contaminacióncausada por los hidrocarburos.

4) Por último, la Comisión ha tratado de la conta-minación del mar y del espacio aéreo situado sobre élcomo consecuencia de experimentos o de actividadesefectuados con sustancias radioactivas o con otros agen-tes nocivos. A ese respecto, ha creído que, teniendo encuenta los diferentes aspectos que presenta esta cues-tión y las dificultades con que tropezaría toda tentativade una prohibición general, tenía que limitarse a impo-ner a los Estados la obligación de colaborar en la elabo-ración de reglas convencionales encaminadas a evitaraquellas graves amenazas. Al aprobar este artículo, laComisión no ha tenido, desde luego, en absoluto la in-tención de prejuzgar los resultados de los estudios delComité Científico creado por la resolución 913 (X) dela Asamblea General, de fecha 3 de diciembre de 1955,y encargado de estudiar los efectos de las radiacionesatómicas.

SUBSECCION B. PESCA

Derecho de pesca

Artículo 49

Todos los Estados tienen el derecho de que sus nacio-nales se dediquen a la pesca en alta mar, a reserva de susobligaciones convencionales y de las disposiciones sobrela conservación de los recursos vivos de la alta mar quefiguran en los artículos siguientes.

Comentario

1) Este artículo proclama el principio de la libertadde pesca en alta mar. La Comisión no ha admitido nin-guna excepción a este principio en las zonas de la altamar que cubren la plataforma continental, salvo en loreferente a las pesquerías fijas y a aquellas en que seemplean dispositivos plantados en el fondo del mar(véase el artículo 60). Tampoco ha reconocido la facul-tad de establecer una zona contigua a las costas, en laque la pesca pueda estar reservada a los nacionales delEstado ribereño. La libertad de los mares no impide, no


obstante, que se dicten normas para la conservación delos recursos vivos de la alta mar, como preconiza laComisión en los artículos 50 a 59. Además, los Estadospueden siempre concluir convenios para la reglamenta-ción de la pesca, pero las obligaciones contractuales quede ellos resulten no obligarán más que a los Estadossignatarios.

2) En los artículos 49, 51, 52, 53, 54 y 56, el término" nacionales " designa a los buques pesqueros, que tenganla nacionalidad del Estado en cuestión, independiente-mente de la nacionalidad de las tripulaciones.


1) En el tercer período de sesiones, en 1951, la Co-misión aprobó provisionalmente, bajo el título " Rique-zas del mar ", varios artículos relativos a la conservaciónde los recursos vivos del mar. Esta cuestión y la de laplataforma continental se habían estudiado al mismotiempo, ya que ciertas pretensiones relativas a la sobe-ranía sobre las aguas que cubren la plataforma conti-nental están inspiradas, al menos en parte, en el deseodel Estado ribereño de proteger, de un modo eficaz, losrecursos vivos del mar contiguo a sus costas.

2) En el quinto período de sesiones, en 1953, la Co-misión estudió de nuevo los artículos aprobados en 1951,teniendo en cuenta las observaciones formuladas por va-rios gobiernos. La Comisión aprobó más tarde un pro-yecto de artículos que figura en el informe sobre la laborrealizada en el quinto período de sesiones 17.

3) Al aprobar estos artículos, la Comisión confirmabalas disposiciones del anteproyecto elaborado en 1951.Reconocía que el derecho vigente no protegía suficiente-mente la fauna marina contra una explotación abusivao el exterminio. En ese informe se hacía observar queeste estado de cosas constituía en primer lugar un peli-gro para la conservación de los recursos alimenticiosdel mundo. Además, al dejar desarmados al Estadoribereño o a los Estados directamente interesados antela explotación abusiva y destructiva de los recursos ma-rinos, llevada a cabo por los pescadores extranjeros, lesinduce a tomar medidas unilaterales de defensa, a vecescontrarias a los principios del derecho vigente, porqueconducen a la exclusión total de los nacionales de otrospaíses.

4) Los artículos aprobados por la Comisión en 1953trataban de resolver las dificultades de este estado decosas. Si los nacionales de un Estado eran los únicosque se dedicaban a la pesca en esas regiones, ese Estadopodía lograr plenamente su propósito tomando medidaslegislativas apropiadas y obligando a cumplir esas dis-posiciones. Si los nacionales de varios Estados se dedi-caban a la pesca en una región determinada, el acuerdoentre estos Estados era indispensable; por este motivo,el artículo 1 del proyecto de la Comisión disponía quelos Estados adoptarían esas medidas de común acuerdo.El artículo 3 del proyecto estaba destinado a prevenirde una manera eficaz la eventualidad de que los Esta-dos interesados no llegasen a un acuerdo. El artículodisponía que los Estados estarían obligados a reconocerel carácter obligatorio de toda reglamentación de lanesca en una reffión cualquiera de la alta mar, que unorganismo internacional, creado dentro de la estructura

de las Naciones Unidas, declarase indispensable paraimpedir una explotación abusiva de los recursos pes-queros de esa región.

5) La Asamblea General, en el noveno período desesiones (resolución 900 (IX) del 14 de diciembre de1954), reconoció toda la importancia que tiene la con-servación de los recursos vivos del mar para la regla-mentación del derecho del mar emprendida por la Comi-sión de Derecho Internacional. Decidió convocar, el 18de abril de 1955, en Roma, en la sede de la Organiza-ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación, una conferencia técnica internacional en-cargada de estudiar los aspectos técnicos y científicosdel problema de la conservación de los recursos vivosdel mar. El informe de esta conferencia debía ser comu-nicado a la Comisión de Derecho Internacional " comonuevo elemento de juicio, de carácter técnico, para quelo tome en cuenta al estudiar las materias que deben serobjeto de su informe final previsto en la resolución 899(IX) de 14 de diciembre de 1954 ".

6) En su séptimo período de sesiones, en 1955, laComisión de Derecho Internacional examinó con graninterés el informe de la Conferencia18. El Sr. GarcíaAmador, entonces Vicepresidente de la Comisión, quehabía representado al Gobierno de Cuba en la Confe-rencia de Roma, en la que ejerció las funciones de Presi-dente Adjunto, presentó a la Comisión un proyecto deartículos sobre la materia, precedido de un preámbulo,para reemplazar los artículos aprobados por la Comisiónen 1953.

7) La Comisión sometió el proyecto a un detenidoexamen y creyó que podía aprobarlo en líneas genera-les, pero introduciendo en él algunas modificaciones.

8) El proyecto de artículos, tal como fué modificado,figura como anexo al capítulo II del informe sobre lalabor realizada en el séptimo período de sesiones 19. Ibaprecedido de un preámbulo redactado en los siguientestérminos :

" La Comisión de Derecho Internacional," Considerando:" 1. Que el desarrollo de la técnica moderna en

cuanto a los medios de explotación de los recursosvivos del mar expone algunos de estos recursos alpeligro de ser desperdiciados, dañados o exterminados,

" 2. Que, en consecuencia, es necesario que se to-men medidas tendientes a la conservación de dichos

recursos cuando existan pruebas científicas suficientespara demostrar que la explotación de algunos de ellospuede traducirse en su desperdicio, daño o exterminio,

" 3. Que la finalidad primordial de la conservaciónde los recursos vivos del mar consiste en conseguirel rendimiento óptimo constante, para asegurar unmáximo abastecimiento de alimentos y otros produc-tos de origen marino, en forma útil para la humani-dad,

" 4. Que al formularse programas de conservación,debe tenerse en cuenta el interés del Estado ribereño

17 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2456), párr. 94.

18 Véase el Informe de la Conferencia Técnica Internacionalpara la Conservación de los Recursos Vivos del Mar, Roma, 18 deabril —10 de mayo de 1955, A/CONF.10/6.

19 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo período*de sesiones, Suplemento No. 9 (A/2934).


en el mantenimiento de la productividad de los re-cursos de alta mar contiguos a sus costas," 5. Oue la naturaleza v alcance de los problemasque suscita en la actualidad la conservación de losrecursos vivos del mar sugieren la clara necesidad deque se resuelvan primordialmente sobre bases decooperación internacional, mediante la acción concer-tada de todos los Estados interesados, y que el estudiode la experiencia de los últimos cincuenta años y elreconocimiento de la diversidad de sistemas ecológi-cos en que los programas de conservación deben seraplicados, indican claramente que estos programaspueden llevarse a cabo con mayor eficacia sobre labase de regiones o de especies particulares,

"Ha aprobado los artículos siguientes:"

9) Los artículos se insertaron también con los nú-meros 25 a 33 en el proyecto relativo al régimen de altamar aprobado por la Comisión en su séptimo períodode sesiones. Los artículos 25, 26 y 27 reproducían engeneral los principios enunciados en los dos primerosartículos de 1953. La idea de un órgano internacionaldotado de poder legislativo en esta materia no habíasido recogida: había sido sustituida por la del arbitrajeobligatorio en caso de conflicto (artículo 31).

10) La Comisión había examinado ya desde el co-mienzo de sus actividades la cuestión de si la situaciónespecial del Estado ribereño respecto de las medidas deconservación de los recursos vivos en las partes de laalta mar adyacentes a sus costas exigía una cierta formade reconocimiento por parte de los demás Estados. Sepresentó en 1951 una propuesta encaminada a que elEstado ribereño pudiera establecer una reglamentaciónprotectora que se aplicaría a dicha zona, a condición deque todo conflicto en la aplicación de esa reglamentaciónse sometiese a arbitraje. Como al votar esta propuestase produjo un empate, la Comisión se limitó a mencio-narla en su informe, sin hacerla suya. En el proyectode 1953, la Comisión no recogió esta idea.

11) En la Conferencia de Roma de 1955 se manifestóde nuevo la tendencia de confiar al Estado ribereño elcuidado de vigilar las regiones adyacentes a sus costasy de aplicar en ellas medidas de conservación conformesa los principios generales de carácter técnico aprobadospor la Conferencia. La propuesta presentada a la Comi-sión por el Sr. García Amador se inspiraba en esamisma idea, pero en ella la concesión de derechos espe-ciales al Estado ribereño que tuviera un interés especialen mantener la productividad de los recursos vivos enuna parte de la alta mar adyacente a sus costas, estabaligada a la obligación de ese Estado de someter al arbi-traje las controversias que se suscitaran con otros Esta-dos interesados con motivo del ejercicio de esos derechos.

12) En su séptimo período de sesiones, la Comisiónaprobó dos artículos, el 28 y el 29, destinados a salva-guardar los intereses especiales de los Estados ribereños.El primero de ellos declaraba que el Estado ribereñoque tenga un interés especial en el mantenimiento dela productividad de los recursos vivos en cualquier partede la alta mar contigua a sus costas tendrá el derechode participar, en condiciones de igualdad, en todo sis-tema de investigación o de reglamentación en dicharegión, aunque sus nacionales no se dediquen a la pescaen ella. El segundo estipulaba que el Estado ribereñoque tenga un interés especial en el mantenimiento de la

productividad de los recursos vivos en cualquier partede la alta mar contigua a sus costas podrá adoptar uni-lateralmente en esa zona las medidas de conservaciónque procedan, siempre que las negociaciones con los de-más Estados interesados no hubiesen conducido a unacuerdo dentro de un plazo razonable y a reserva de lodispuesto en el párrafo 2 del artículo 29. Los dos artí-culos establecían el arbitraje obligatorio en caso dedivergencias de opinión entre los Estados interesados.

13) Estos dos artículos en particular han motivadouna nueva discusión en el seno de la Comisión duranteel octavo período de sesiones.

14) Algunos miembros de la Comisión estimaban queestos artículos no salvaguardan de una manera suficientelos intereses de los Estados ribereños. Sostenían queeste Estado, por el solo hecho de serlo, posee un interésespecial en mantener la productividad de los recursosvivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a suscostas. A juicio de estos miembros de la Comisión, estaopinión, que por lo demás ya está expresada en elpreámbulo de los artículos añadidos al capítulo II delinforme sobre la labor realizada en el séptimo períodode sesiones, debería manifestarse de una manera másclara en el proyecto. La mayoría de los miembros de laComisión opinaron lo mismo, y los artículos 28 y 29han sido modificados. El carácter " especial " del interésdel Estado ribereño ha de ser interpretado en el sentidode que existe por el solo hecho de su situación geográ-fica. De todos modos, la Comisión no ha querido decirque el interés " especial " del Estado ribereño haya deprevalecer per se sobre los intereses de los Estados deque se trate.

15) Separándose del proyecto de 1953, esos artículosno contienen ninguna limitación expresa de la anchurade la zona en la que el Estado ribereño puede reivindi-car sus derechos. De todos modos, como el derecho delEstado ribereño se basa en el interés especial de esteEstado en mantener la productividad de los recursosvivos, la extensión de esta zona más allá de los límitesen los que cabe suponer que existe ese interés excederíadel propósito de esas disposiciones.

16) En sus anteriores períodos de sesiones, la Co-misión había empleado la expresión " parte de la altamar contigua a sus costas " ; la Conferencia de Romaempleó también esta expresión. En su octavo períodode sesiones, la Comisión, deseando evitar toda confu-sión con la " zona contigua " de que trata el artículo 66del presente proyecto, ha sustituido, en los artículos re-lativos a la protección de los recursos vivos del mar,la palabra " contigua " por la palabra " adyacente ". Estecambio no implica modificación alguna en el sentido delas normas aprobadas.

17) La inserción de una cláusula de arbitraje obli-gatoria fué combatida por parte de los miembros de laComisión, lo mismo en el séptimo que en el octavoperíodo de sesiones. Se dijo que la Comisión, cuyamisión es codificar el derecho, no se ha de ocupar delas garantías que haya que tomar para la aplicación delas normas aprobadas. En todo caso, sería imposiblehacerlo ahora y habría que dejar el estudio de estacuestión para otros períodos de sesiones. Otros miembrosde la Comisión opinaron que, para la solución de losconflictos nacidos de la interpretación y de la aplicaciónde los artículos de que se trata, bastaría remitirse a las


disposiciones en vigor, que imponen a los Estados laobligación de resolverlos por vía de negociación, de in-vestigaciones, de mediación, de conciliación, de arbitraje,de decisión judicial, de recurso a los organismos regio-nales, o por otros medios pacíficos; propusieron que enel proyecto se incluyere una disposición en este sentido.

18) La mayoría de la Comisión no ha compartido estemodo de ver. Sin pretender que todas las reglas elabo-radas por la Comisión hayan de ir acompañadas decláusulas de juridicción o de arbitraje obligatorias, haestimado que si se atribuyen a los Estados derechos sobrela alta mar que rebasen los límites del derecho interna-cional en vigor, no será posible, para la solución pacíficade los conflictos, confiar en el buen funcionamiento delas reglas generales, sino que será preciso crear garan-tías efectivas de que serán resueltos por un órgano im-parcial. La mavoría de la Comisión no ha querido, pues,limitarse a reconocer a los Estados los derechos en cues-tión, dejando para más adelante la cuestión de resolverlos conflictos. Aun admitiendo que esta solución se ha debuscar por los medios indicados en la regla general pro-puesta oor ciertos miembros la Comisión ooina aue enesta materia no hay que contentarse con una cláusulageneral de esta naturaleza, que no garantiza en absolutoque, llegado el caso los conflictos serán efectivamentesometidos a la decisión de una jurisdicción imparcial.Por esta razón, la mayoría de la Comisión ha aceptadoel arbitraje obligatorio, cuyo procedimiento está reguladoen el artículo 57!

19) La propuesta de 1953, encaminada a crear, enesta materia, un organismo central con poder legislativo,no ha sido recogida. En cambio, se ha tomado en con-sideración la posibilidad de crear un organismo interna-cional permanente con el carácter de una institución espe-cializada dentro de las Naciones Unidas, que estaríaencargada, no sólo de realizar estudios técnicos y cientí-ficos sobre los problemas relativos a la protección y a lautilización de los recursos vivos del mar, sino tambiénde resolver los conflictos que surgieran en esta materiaentre los Estados. La Comisión estima que se ha de estu-diar con toda atención la posibilidad de crear una comi-sión internacional de estudios. Pero cree que en vista dela diversidad de los intereses que pueden constituir elobjeto de los conflictos, la idea de comisiones de arbitrajead hoc tiene, en un porvenir próximo, más probabilidadde realización práctica que la de una jurisdicción centra-lizada.

20) La Comisión no quisiera terminar estas observa-ciones preliminares sin haber repetido que, a su juiciolas medidas propuestas dejarían en gran parte de llenarsu cometido si no contribuían a allanar las dificultadesprovocadas por las pretensiones excesivas sobre la ex-tensión del mar territorial y sobre otras formas de juris-dicción en alta mar, y a salvaguardar de este modo elprincipio de la libertad del mar.

Artículo 50

A los efectos de estos artículos, por " conservación delos recursos vivos de la alta mar " se entenderá el con-junto de medidas que permitan obtener un rendimientoóptimo constante de estos recursos, de manera que aumentehasta el máximo el abastecimiento de productos marítimos,alimenticios y de otra naturaleza.

Comentario

Importa precisar el sentido de la expresión " conserva-ción de los recursos vivos del mar ". La Comisión Interna-cional de las Pesquerías del Atlántico Noroeste ha hechoobservar que ha pasado el tiempo en que sólo preocupabala conservación de los recursos y que se ha llegado a unaépoca en que se procura llevar las reservas útiles a unnivel superior al actual. La Comisión ha aceptado ladefinición de los recursos vivos del mar elaborada porla Conferencia Técnica Internacional celebrada en Romaen 1955. El párrafo 18 del informe de la Conferencia diceque " el objetivo principal de la conservación de los re-cursos vivos de los mares es conseguir el óptimo rendi-miento sostenible para asegurar el máximo abastecimientode productos marinos comestibles o de otra índole ". Elpárrafo que le precede aclara todavía el alcance de estadefinición: "La conservación de los recursos vivos delmar tiene como fin inmediato orientar las actividadespesqueras de tal modo que se aumente, o que por lo menosse mantenga, en la forma más conveniente el promediode rendimiento que es posible que sostengan ".

Artículo 51

El Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca en unazona cualquiera de la alta mar donde no pesquen los na-cionales de otros Estados deberá reglamentar y fiscalizarla pesca en esa zona, cuando sea necesario para la con-servación de los recursos vivos de la alta mar.

Comentario

1) A la Comisión le parece completamente normal queun Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca en unazona de la alta mar donde no pescan los nacionales deotros Estados pueda prescribir para sus nacionales unareglamentación de la pesca y vigilar que se cumpla. Nadase opone a que ese Estado ejerza ese derecho, inclusoen una zona adyacente a las costas de otros Estados enla que no pesquen los nacionales de éstos y para la cualno hayan promulgado reglamentaciones encaminadas ala conservación de los recursos vivos del mar. La existen-cia de una reglamentación que emane de los Estados cuyosnacionales se dedican a la pesca no impide, de todosmodos, que el Estado ribereño invoque el artículo 54 oel artículo 55.

2) La reglamentación de la conservación de los re-cursos vivos del mar en virtud del artículo 51 ha de serpromulgada por el Estado en caso de necesidad. Si unEstado no ribereño, que no participe en la pesca dentrode esa zona, pero que tenga un interés especial en la con-servación de los recursos vivos de esa región, estima queesa reglamentación es necesaria y comprueba que elEstado en cuestión no la dicta, puede seguir el procedi-miento indicado en el artículo 56. El Estado ribereño, enlas mismas circunstancias, puede aplicar el artículo 54 y,en su caso, el artículo 55.

Artículo 52

1. Si los nacionales de dos o más Estados se dedican apescar de la misma o de las mismas reservas de peces uotros recursos marinos en una zona cualquiera de la altamar, dichos Estados, a petición de cualquiera de ellos,entablarán negociaciones con objeto de adoptar de comúnacuerdo las medidas necesarias para la conservación dedichos recursos.

19


2. Si los Estados interesados no pudiesen llegar a unacuerdo dentro de un plazo razonable, cualquiera de laspartes podrá entablar el procedimiento previsto en elartículo 57.

Comentario

1) Para poder invocar este artículo no bastará que losnacionales de un Estado se dediquen ocasionalmente a lapesca en una zona en la que también pesquen los nacio-nales de otros Estados; el artículo no trata más que delcaso en que los nacionales de dos o más Estados se dedi-quen habitualmente a la pesca en una misma zona de laalta mar. En el caso de que los nacionales de un Estadopesquen en ella de un modo puramente accidental, esteEstado no podrá invocar el artículo 52; sin embargo, sitiene un interés especial en la conservación de los recursosde esta región, podrá acogerse al artículo 56. Al utilizarla expresión " habitualmente ", la Comisión no quieredecir aue se deba practicar la pesca de un modo continuo ;el Estado de que se trate no quedará privado de los bene-ficios de este artículo por el hecho de aue se produzcanen la pesca interrupciones que puedan ser consideradascomo inherentes a la explotación de las pesquerías.

2) La Comisión ha previsto especialmente el caso deque los nacionales de diferentes Estados exploten lamisma reserva de peces. En general, un Estado no hade tener el derecho de pedir que se entablen negociacio-nes ni de promover un procedimiento arbitral cuandootros Estados, aun pescando en la misma región, explo-ten otras reservas de peces. Puede, no obstante, pre-sentarse el caso de que las medidas de conservación queuno de los Estados quiera tomar sean contrarrestadaspor los métodos de pesca aplicados por los nacionalesde otros Estados, aunque exploten otras reservas depeces. En este caso no se podrá negar el derecho de pedirque se abran las negociaciones previstas en el artículo 52.

3) Los criterios en que debe basarse la decisión arbi-tral a que se refiere el segundo párrafo están enuncia-dos en el artículo 58. Algunos miembros de la Comisiónhan estimado que hacía falta enunciarlos con más pre-cisión. La Comisión ha creído que era suficiente darciertas orientaciones en el comentario al artículo 58, alque se remite.

Artículo 53

1. Si, una vez adoptadas las medidas a que se refierenlos artículos 51 y 52, los nacionales de otros Estadosquieren dedicarse a pescar en esa zona de la alta mar lamisma o las mismas reservas de peces u otros recursosmarinos, les serán aplicables dichas medidas.

2. Si esos otros Estados no aceptan esas medidas, y sino puede llegarse a un acuerdo dentro de un plazo razo-nable, cualquiera de las partes interesadas podrá entablarel procedimiento previsto en el artículo 57. Sin perjuiciode lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 58, las medidasadoptadas continuarán en vigor hasta que se dicte ladecisión arbitral.

Comentario

1) Parece indicado que los nuevos participantes cum-plan las disposiciones vigentes en las zonas donde quie-ren dedicarse a la pesca. Si los Estados de los que sonnacionales los pescadores recién llegados no están dis-puestos a aceptarlas, tal como están formuladas, podránentablar negociaciones con los Estados interesados para

tratar de modificarlas. Si no hay acuerdo, se seguirá elprocedimiento previsto en el artículo 57.

2) Dichas reglas serán aplicables a los nuevos parti-cipantes únicamente si éstos se dedican a la pesca enuna escala que pudiera afectar sustancialmente a la reservao reservas de que se trate. Cualquier diferencia acerca dela aplicación de las reglas será sometida a una comisiónarbitral siguiendo lo dispuesto en el artículo 57.

3) Con motivo de este artículo, la Comisión ha exa-minado una propuesta encaminada a incitar a los Esta-dos a crear, desarrollar o reconstituir los recursos pro-ductivos que, sin los esfuerzos particulares de los Estadosinteresados, serían destruidos, quedarían sin explotar odarían un rendimiento muy inferior a su productividadpotencial. Este problema fué examinado por la Confe-rencia de Roma como caso particular relativo a los nuevosexplotadores de una pesquería que sea objeto de un pro-grama de conservación. El informe de la Conferencia deRoma contiene este pasaje: "Cuando uno o más paísestengan oportunidad de desarrollar o restablecer la pro-ductividad de sus recursos y cuando tal desarrollo o res-tablecimiento que efectúan el Estado o los Estados que losexplotan sea necesario para mantener la productividad delos recursos, se deben establecer condiciones que favo-rezcan tal política." 20

4) El informe de la Conferencia de Roma exponetambién un método que se aplica en la actualidad y quepermite resolver este caso especial. Algunos gobiernoshan propuesto que se incorpore este método, llamado" principio de abstención ", en los artículos relativos alas pesquerías elaborados por la Comisión. La soluciónpreconizada es la siguiente:

a) Cuando unos Estados hayan creado, desarrolladoo reconstituido recursos productivos dedicando tiempo,trabajo y dinero a la investigación y al cuidado de losrecursos, e imponiendo restricciones a sus pescadores; y

b) Cuando la productividad continua y creciente dedichos recursos esté condicionada por las medidas adop-tadas por los Estados cuyos nacionales se dedican a lapesca; y

c) Cuando los recursos estén tan explotados que unaumento de la intensidad de la pesca no produciría nin-gún aumento sustancial del rendimiento constante:

d) Los Estados cuyos nacionales no hubiesen explo-tado estos recursos en el curso de los últimos años, aexcepción del Estado ribereño, deberían estar obligadosa " abstenerse " de explotar dichos recursos mientrassubsistan las condiciones enunciadas.

5) La Comisión ha reconocido que esta propuesta,cuyo objetivo es incitar a los Estados a desarrollar ya restablecer la productividad de los recursos, como lasformuladas por otros gobiernos y basadas sobre la no-ción de necesidad económica vital, responde quizá aproblemas e intereses que merecen ser reconocidos enderecho internacional. No obstante, como la Comisióncarece de la competencia necesaria en materia científicay económica para estudiar como es debido estas situa-ciones excepcionales, si bien ha señalado a la atencióntales problemas, se ha abstenido de presentar una pro-puesta concreta.

20 Informe de la Conferencia Técnica Internacional para laConservación de los Recursos Vivos del Mar (A/Conf.10/6),párr. 61.


Artículo 54

1. Todo Estado ribereño tiene un interés especial enel mantenimiento de la productividad de los recursosvivos en cualquier parte de la alta mar adyacente a sumar territorial

2. Todo Estado ribereño tendrá el derecho de parti-cipar, en condiciones de igualdad, en toda organizaciónde estudios y en todo sistema de investigación o de regla-mentación en dicha zona, aunque sus nacionales no sedediquen a la pesca en ella.

3. Si los Estados interesados no pudiesen llegar a unacuerdo dentro de un plazo razonable, cada una de laspartes podrá promover el procedimiento previsto en elartículo 57.

Comentario

1) En la introducción de los artículos relativos a laconservación de los recursos vivos de la alta mar, laComisión ha hecho ya observar que reconoce el interésespecial del Estado ribereño en mantener la productivi-dad de los recursos vivos en la parte de la alta maradyacente a su mar territorial.

2) El párrafo primero del presente artículo contieneuna estipulación formulada a este efecto. El párrafo 2de este artículo, así como el artículo 55, se han inspi-rado en esta idea.

3) El párrafo 2 reconoce el derecho del Estado ribe-reño a participar, en condiciones de igualdad, en todaorganización de estudios y en todo sistema de regla-mentación en dicha región. En caso de que surgierandudas sobre si el Estado ribereño tiene derecho a exigirque se le reconozca el interés que invoca, en regionesmuy alejadas de sus costas, esta cuestión se decidirápor vía arbitral, tal como se dispone en el artículo 57.

Artículo 55

1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 1 delartículo 54, y con el fin de mantener la productividad delos recursos vivos del mar, el Estado ribereño podráadoptar unilateralmente las medidas de conservación queprocedan para toda reserva de peces u otros recursosmarinos en cualquier parte de la alta mar adyacentes asu mar territorial, si las negociaciones con los demásEstados interesados no hubiesen dado lugar a un acuerdodentro de un plazo razonable.

2. Para que las medidas que adopte el Estado ribereñoen virtud del párrafo precedente puedan surtir efecto res-pecto de otros Estados, deberán reunir las condicionessiguientes :

a) Que existan pruebas científicas suficientes quedemuestren una necesidad urgente de tomarlas;

b) Que se funden en dictámenes científicos pertinen-tes;

c) Que no discriminen contra pescadores extranjeros.3. Si estas medidas no son aceptadas por los demás

Estados interesados, cualquiera de las partes podrá pro-mover el procedimiento establecido en el artículo 57. Sinperjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 58,las medidas adoptadas continuarán en vigor hasta que sedicte la decisión arbitral.

Comentario

1) El artículo 55 atribuye al Estado ribereño el dere-

cho de adoptar unilateralmente medidas de conservaciónsi en un plazo prudencial las negociaciones con los demásEstados interesados no han dado lugar a un acuerdo. Elartículo indica las condiciones que deben reunir las medi-das para que surtan efecto frente a otros Estados.

2) Una de estas condiciones es que el Estado demues-tre la urgencia de las medidas. Si no hay tal urgenciay se trata de una zona del mar en la que otros Estadosse dediquen a la pesca, el Estado ribereño deberá seguirel procedimiento indicado en el artículo 54. Si la ur-gencia del caso no permite aplicar el artículo 54, seránecesario, sin embargo, que el Estado no adopte unila-teralmente medidas sin consultar previamente con losdemás Estados interesados.

3) La Comisión no quiere ocultar que la aplicacióndel artículo 55 puede dar lugar a dificultades si unEstado ribereño quiere promulgar reglas en una zonaque es también adyacente a las costas de otros Estados.En tal caso, la aplicación de las medidas dependerá deun acuerdo entre los Estados interesados.

4) La disposición de que las medidas adoptadas con-tinuarán en vigor hasta que se dicte la decisión arbitralha suscitado las críticas de ciertos gobiernos. De todosmodos, la Comisión estima que es indispensable. Si laoposición de otro Estado a la reglamentación unilateraldel Estado ribereño bastara para impedir su aplicación,quedaría frustrado el propósito del artículo, que es daral Estado ribereño el derecho de adoptar medidas encaso de urgencia. La facultad que el párrafo 2 del artí-culo 58 atribuye a la comisión arbitral, y que consisteen suspender la aplicación en espera de su decisión,parece constituir una garantía suficiente contra los abusos.

Artículo 56

1. Cualquier Estado, aunque sus nacionales no se dedi-quen a la pesca en una zona de la alta mar no adyacentea sus costas, si tiene un interés especial en la conservaciónde los recursos vivos de dicha zona, podrá pedir a losEstados cuyos nacionales se dedican a la pesca en ella, quetomen las medidas de conservación necesarias.

2. Si en un plazo prudencial no se atiende a su petición,dicho Estado podrá promover el procedimiento previstoen el artículo 57.

Comentario

1) Este artículo prevé el caso en el que Estados dis-tintos del Estado ribereño, cuyos nacionales no se dedi-quen a la pesca en una cierta región, tengan un interésespecial en la conservación de los recursos vivos de laalta mar en dicha región. Este caso se puede presentar,por ejemplo, cuando el agotamiento de los recursos delmar en esa región influye sobre los resultados de lapesca en otra, en la que practican la pesca los nacionalesde los Estados de que se trate. La Comisión ha opinadoque, en este caso, los Estados interesados podrán reque-rir a los Estados cuyos nacionales se dedican a la pescaen las regiones amenazadas de agotamiento, que tomenlas medidas necesarias para salvaguardar los interesesamenazados. Si no puede llegarse a ningún acuerdo, lacuestión se resolverá según el procedimiento previstoen el artículo 57.

2) Para los criterios que habrá de aplicar la comi-sión arbitral, véase el artículo 58 y el comentario quele acompaña.


Artículo 57

1. Las diferencias entre Estados a que se refieren losartículos 52, 53, 54, 55 y 56, serán resueltas por unacomisión arbitral compuesta de siete miembros, a peticiónde cualquiera de las partes, salvo que éstas convengan enresolverlas mediante otro procedimiento pacífico.

2. Salvo en los casos previstos en el párrafo 3, dos delos miembros de la comisión arbitral serán designadospor el Estado o los Estados demandantes, y otros dos porel Estado o los Estados demandados, pero por cada partecontendiente sólo se podrá designar un miembro nacional.Los tres miembros restantes, uno de los cuales actuará dePresidente, serán nombrados de común acuerdo por losEstados partes en el litigio. Si no se llega a un acuerdo,serán nombrados, a petición de cualquiera de los Estadospartes, entre los nacionales de terceros Estados, por elSecretario General de las Naciones Unidas, después deconsultar con el Presidente de la Corte Internacional deJusticia y el Director General de la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.Si, dentro de los tres meses siguientes a la demanda dearbitraje, una de las partes hubiere dejado de haceralguno de los nombramientos, el miembro o miembros deaue se trate serán designados a petición de cualauiera delas partes, por el Secretario General de las Naciones Uni-das después de consultar con el Presidente de la CorteInternacional de Justicia y el Director General de la Orga-nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación Las vacantes se cubrirán nor el nrocedi-miento empleado para los primeros nombramientos.

3. Si las partes en litigio se dividen en más de dosgrupos opuestos, los miembros de la comisión arbitral, apetición de cualquier Estado parte en el litigio, será nom-brada por el Secretario General de las Naciones Unidas,después de consultar con el Presidente de la Corte Inter-nacional de Justicia y con el Director General de la Orga-nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y laAlimentación entre personas competentes, especialistas enlas cuestiones jurídicas, administrativas o científicas delas pesquerías, según sea la naturaleza del conflicto quehaya de resolverse. Las vacantes se cubrirán por el proce-dimiento seguido para los primeros nombramientos

4. Salvo disposición expresa de los presentes artículos,la comisión arbitral fijará su procedimiento. Tambiéndecidirá cómo habrán de ser distribuidos las costas y losgastos entre las partes.

5. La comisión deberá constituirse, en todo caso,dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que sehaya presentado la demanda inicial y deberá fallar dentrode los cinco meses siguientes, a menos que, en caso denecesidad, decida prorrogar este plazo.

Comentario

1) Este artículo describe el procedimiento para lasolución de los conflictos que surjan entre los Estadosen los casos a que se refieren los artículos precedentes.El proyecto deja a las partes en completa libertad encuanto al modo de solución. Pueden, de común acuerdoo a tenor de las obligaciones contractuales que existanentre ellas, someter sus conflictos a la Corte Interna-cional de Justicia; pueden instituir tribunales de arbi-traje; pueden, si lo desean, hacer preceder esos proce-dimientos de tentativas de conciliación ante una comisiónestablecida para ello. Sólo cuando las partes no se pon-

gan de acuerdo sobre el modo de resolver el conflicto,el proyecto prescribe el arbitraje, dejando a las partesen completa libertad para regular el procedimiento arbi-tral. No obstante, si las partes no se ponen de acuerdosobre este punto en el plazo de tres meses, contados apartir de la fecha en que se formuló la petición inicial,el proyecto dispone que se nombrará una comisión cons-tituida parcial o totalmente sin su colaboración.

A este respecto, el artículo distingue entre:1) El caso de un conflicto entre dos Estados o de un

conflicto entre varios Estados que se dividen en dosgrupos opuestos, defendiendo los Estados de cada unode ellos los mismos intereses;

ii) El caso de varias partes en conflicto que se divi-den en más de dos grupos que tienen intereses diver-gentes.

2) El primer caso será el más frecuente. Si hay poruno u otro lado varios Estados partes en el litigio,podrán hacer causa común y actuarán como una solaparte por lo que se refiere a la designación de los arbi-tros. En este caso, no hay motivo para apartarse de losmétodos usuales en cuanto a la composición de la comi-sión arbitral. Cada Estado o grupo de Estados designarádos arbitros, de los cuales sólo uno podrá tener la nacio-nalidad del Estado o de uno de los Estados que lo hayandesignado. Si las partes no llegan a un acuerdo, los otrostres miembros de la comisión serán designados por elSecretario General de las Naciones Unidas, después deconsultar con el Presidente de la Corte Internacional deJusticia y el Director General de la Organización de lasNaciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,entre los nacionales de terceros Estados. En el segundocaso, este método no es aplicable y será necesario recurrira una autoridad imparcial que designará la comisiónarbitral entera. También en este caso la autoridad másapropiada parece ser la del Secretario General de las Na-ciones Unidas, que actuará previa consulta con las dosautoridades antes mencionadas.

3) Teniendo en cuenta la diversidad de los interesesen causa, el número de arbitros deberá ser bastante ele-vado. Por esta razón, la Comisión prevé una comisiónde siete miembros, de competencia reconocida, especia-listas en cuestiones jurídicas, administrativas o cientí-ficas de las pesquerías, según sea la naturaleza del con-flicto que haya de resolverse. A fin de asegurar, encualquier circunstancia, la continuidad de la labor dela comisión arbitral, era necesario confiar al SecretarioGeneral la provisión de las vacantes producidas despuésde la designación de los arbitros.

4) La Comisión ha creído justo que la comisión arbi-tral determine la forma de repartir entre las partes losgastos ocasionados por su trabajo.

5) El párrafo 5 fija determinados plazos para evitarque el procedimiento arbitral se prolongue. La comisióntendrá el derecho de prorrogar el plazo de cinco mesesdentro del cual ha de fallar. Pero no lo ejercerá másque en caso de absoluta necesidad. Teniendo en cuentala disposición que establece que las medidas seguiránen vigor hasta que falle la comisión, podría ser perjudi-cial para los intereses de una de las partes que el proce-dimiento durase demasiado. Si es necesario, la comisiónpodrá aplicar el artículo 58, que le da el derecho desuspender la aplicación de las medidas que son objetode disputa.


Artículo 58

1. Cuando se trate de medidas adoptadas unilateral-mente por el Estado ribereño, la comisión arbitral aplicarálos criterios enunciados en el párrafo 2 del artículo 55.En los demás casos aplicará esos criterios teniendo encuenta las circunstancias particulares de cada uno de ellos.

2. La comisión podrá decidir que las medidas que seanobjeto de diferencia no se apliquen hasta que dicte sufallo.

Comentario

1) El párrafo 1 recuerda los criterios en que deberábasarse la decisión de la comisión. Es evidente que enel caso del artículo 55 los criterios son los que enumeraeste artículo. Estos criterios no se aplican, sin embargo,íntegramente en los demás casos. Parece conveniente,en estos casos, dejar a la comisión arbitral una ciertalibertad en cuanto a la aplicabilidad de los criterios.Siguiendo esta observación, la Comisión desea hacer lasindicaciones siguientes :

i) En todos los casos, la comisión arbitral ha de deter-minar :

a) Que las conclusiones científicas demuestran quees indispensable adoptar medidas de conservación si sequiere mantener la productividad óptima constante dela reserva o reservas de peces.

b) Que las medidas no tienen carácter discriminato-rio frente a los pescadores extranjeros.

ii) En el caso de los artículos 52, 53, 54 y 55, lacomisión arbitral ha de determinar:

Que las medidas de que se trate se basan en conclusio-nes científicas y son apropiadas para los fines persegui-dos. Para determinar si son apropiadas, deberá teneren cuenta tanto su eficacia y sus posibilidades de apli-cación práctica como la relación que haya entre lasventajas que se puedan esperar de ellas en cuanto a laconservación y al aumento de la productividad y el costode su aplicación y de su ejecución.

iii) En el caso del artículo 56, el Estado que pida aun Estado cuyos nacionales se dedican a la pesca quetome las medidas necesarias, será un Estado para elque la región no es adyacente y que no se dedica a lapesca. El único interés de ese Estado será el manteni-miento de la productividad de los recursos. Por lo tanto,lo que habrá que determinar será si el programa de con-servación en su conjunto es adecuado.

iv) El artículo 55 contiene un criterio que no apareceen los demás, el de la urgencia de las medidas. Recurrira una reglamentación unilateral del Estado ribereño,previamente al arbitraje de un conflicto, podrá conside-rarse justificado cuando el retraso causado por el arbi-traje constituiría una grave amenaza para la productivi-dad continua de los recursos.

Artículo 59

Las decisiones de la Comisión serán obligatorias paralos Estados en causa. Si las decisiones fueran acompaña-das de recomendaciones, éstas deberán ser objeto de lamayor atención.

Comentario

1) Las decisiones de la comisión sólo obligan a laspartes en conflicto y no producen efecto erga omnes.

Así, un Estado, cuyos nacionales quieran dedicarse a lapesca en una región sobre la cual ha recaído ya unadecisión arbitral que obliga a otros Estados inter se, tieneel derecho, amparándose en el párrafo 2 del artículo 53,de entablar un nuevo procedimiento de arbitraje.

2) La comisión arbitral deberá pronunciarse sobrelos puntos discutidos; no formulará ninguna nueva regla-mentación si las dos partes no se lo han pedido. La comi-sión podrá unir a sus peticiones propuestas sobre lasmedidas de conservación, que no tendrán, sin embargo,fuerza obligatoria.

Reivindicaciones de derechos exclusivos de pescafundados en una situación económica especial

1) La Comisión dedicó su atención a una propuestasegún la cual cuando una nación depende primordial-mente de las pesquerías ribereñas para su subsistencia,el Estado interesado ha de tener el derecho de ejerceruna jurisdicción exclusiva sobre dichas pesquerías hastauna distancia razonable de la costa, atendiendo a consi-deraciones locales pertinentes, cuando ello sea necesariopara la conservación de dichas pesquerías como mediode vida de la población. Se propuso que en estos casospudiese ser aumentada la anchura del mar territorial opudiese establecerse una zona especial para los propó-sitos mencionados.

2) Después de un cambio de impresiones sobre estosproblemas, la Comisión se dio cuenta de que no estabaen condiciones de estudiar a fondo sus repercusiones, nilos elementos de aprovechamiento exclusivo que impli-quen. Reconoció, no obstante, como en el caso del prin-cipio de abstención (véase el comentario al artículo 53),que esta propuesta podría corresponder a problemas ya intereses que merecen ser reconocidos por el derechointernacional. Pero como la Comisión carece de compe-tencia en materia de biología y de economía para estu-diar suficientemente estas situaciones excepcionales, seha abstenido de presentar propuestas concretas, limitán-dose a llamar la atención sobre la cuestión.

• *

Pesquerías explotadas mediante dispositivos fijadosen el lecho del mar

Artículo 60

Un Estado podrá emprender la reglamentación de laspesquerías explotadas mediante dispositivos fijados en ellecho del mar en zonas de la alta mar adyacentes a sumar territorial cuando sus nacionales hayan mantenido yexplotado esas pesquerías durante largo tiempo, a condi-ción de que los no nacionales estén autorizados a parti-cipar en esas actividades en las mismas condiciones quesus nacionales. Esta reglamentación no podrá menoscabarel régimen general de alta mar aplicable a esa zona.

Comentario1) El presente artículo figuraba ya, en forma algo

distinta, entre los artículos dedicados a las pesqueríassedentarias aprobados por la Comisión en el tercerperíodo de sesiones. Cuando, en el quinto período desesiones, la Comisión decidió reconocer a los Estadosribereños el derecho de explotar los recursos naturalesde la plataforma continental, ese artículo desapareció


del proyecto. De todos modos, en el octavo período desesiones, la Comisión ha reconocido que el artículomerecía ser conservado por lo que se refiere a las pes-querías explotadas mediante dispositivos fijados en ellecho del mar. Estas pesquerías se llaman fijas o seden-tarias en razón de las especies que se capturan en ellaso por los aparatos que utilizan. En el primer caso se tratade productos unidos al lecho del mar; en el segundo caso,el carácter " fijo " de la pesquería está determinado porel hecho de que la pesca se efectúa mediante dispositivosfijados en el lecho del mar. La Comisión no ha queridoutilizar el término " pesquerías fijas o sedentarias " másque para designar a la primera de esa clase de actividades.Esta forma de pesquerías está regulada en el artículo 68referente a la plataforma continental. La segunda clase deactividades está reglamentada en el presente artículo. Estaforma de pesquerías no está regulada por el artículo 68referente a la plataforma continental, porque las especiesque se pescan se desplazan y por consiguiente no se pue-den considerar como recursos naturales del suelo en elsentido del mencionado artículo.

2) Los bancos en que están situadas las pesqueríasexplotadas por medio de dispositivos fijados en el suelohan sido considerados por algunos. Estados ribereñoscomo ocupados por ellos y constituyendo una parte desu territorio. Sin querer decir que esas regiones están" ocupadas " ni que constituyen una " propiedad " delEstado ribereño, la Comisión opina que su situaciónespecial justifica que se reconozcan derechos especialesal Estado ribereño cuyos nacionales se dedican a la pescaen esas regiones desde largo tiempo.

3) La regla consuetudinaria existente, en virtud dela cual los nacionales de otros Estados están autoriza-dos para dedicarse a la pesca en las mismas condicionesque los del Estado ribereño, ha de continuar siendoaplicada. La práctica de otra clase de pesca en esos parajesno ha de poder ser dificultada más que en lo estrictamentenecesario para la protección de las pesquerías de quetrata el presente artículo.

4) Los derechos especiales que el Estado ribereñopuede ejercer en esas regiones han de estar estrictamentelimitados a los que exigen los fines para los cuales hansido reconocidos. Las aguas que cubren el lecho del mardonde están situadas esas pesquerías siguen sometidas alrégimen de la alta mar.

SUBSECCION C. CABLES Y TUBERÍAS SUBMARINOS

Artículo 61

1. Todo Estado tiene el derecho de tender sobre ellecho de la alta mar cables telegráficos o telefónicos,cables de alta tensión y tuberías.

2. Sin perjuicio de su derecho de tomar medidas ade-cuadas para la exploración de la plataforma continentaly de la explotación de sus recursos naturales, el Estadoribereño no podrá impedir que se coloquen cables o tube-rías submarinos ni que se proceda a su conservación.

Comentario

1) Respecto de la protección de los cables telegráfi-cos y telefónicos en alta mar, existe una Convención defecha 14 de marzo de 1884, que está en vigor entre ungran número de Estados marítimos. En 1913, el Gobiernodel Reino Unido tomó la iniciativa de organizar en Lon-dres una conferencia que aprobó un cierto número de

resoluciones sobre esta materia. El Instituto de DerechoInternacional se ha ocupado también de esta cuestión envarias ocasiones.

2) La Comisión ha formulado en el presente artículoalgunos principios que, a su juicio, reproducen el dere-cho internacional vigente. Ha estimado que las normasreferentes a los cables telegráficos y telefónicos podíanhacerse extensivas a los cables de alta tensión y a lastuberías colocadas en alta mar.

3) El primer párrafo del artículo 61 está tomado delartículo 1 de la Convención de 1884. El párrafo 2 hasido añadido para precisar bien que el Estado ribereñoestá obligado a permitir que se instalen cables y tube-rías en el suelo de su plataforma continental, pero quepuede, en cambio, poner condiciones en cuanto al tra-zado que haya de seguirse a fin de que la explotaciónde los recursos naturales del suelo y del subsuelo nose perturbe de una manera injustificada. Es evidenteque los cables y las tuberías no deben ser colocados demanera que dificulten la navegación.

4) Para la colocación de cables submarinos y de tu-berías en el suelo de una plataforma continental, véaseel artículo 70 con su comentario.

Artículo 62

Todo Estado está obligado a tomar las medidas legis-lativas necesarias para que la ruptura o el deterioro deun cable submarino en alta mar, causados voluntariamenteo por negligencia culpable, que interrumpan u obstruyanlas comunicaciones telegráficas o telefónicas, así como laruptura o el deterioro en las mismas condiciones de uncable de alta tensión o de una tubería submarina, cons-tituyan infracciones sometidas a sanción. Esta disposiciónno es aplicable a las rupturas ni a los deterioros cuyosautores sólo hubiesen tenido el propósito legítimo de pro-teger sus vidas o la seguridad de sus buques, después dehaber tomado todas las precauciones necesarias para evi-tar la ruptura o el deterioro.

Comentario

Este artículo es, en su esencia, una reproducción delartículo II de la Convención de 1884, haciéndolo exten-sivo a las tuberías y a los cables de alta tensión. Aligual que los artículos siguientes, ha sido formulado demodo que imponga a los Estados el deber de tomar lasmedidas legislativas necesarias para que sus nacionalesobserven estas normas. Es evidente que cuando la pre-sencia del cable o de la tubería no esté suficientementeindicada no es posible que exista una " negligencia cul-pable " en los navegantes. (Comp. artículo V de la Con-vención).

Artículo 63

Todo Estado está obligado a tomar las medidas legis-lativas necesarias para que las personas sometidas a sujurisdicción, que sean propietarios de un cable o de unatubería en alta mar y que, al tender o reparar el cableo la tubería, causen la ruptura o el deterioro de otro cableo de otra tubería, respondan de los daños causados.

Comentario

Compárese con el artículo IV de la Convención de 1884.

Artículo 64Todo Estado está obligado a reglamentar la pesca con


redes barrederas para que todos los aparejos utilizadosestén construidos y se mantengan de manera que el peli-gro de que se enganchen en los cables o las tuberías sub-marinos quede reducido al mínimo.

Comentario

Compárese con la resolución I de la Conferencia deLondres de 1913.

Artículo 65

Todo Estado está obligado a tomar las medidas legis-lativas necesarias para que los propietarios de buques quepuedan probar que han sacrificado un ancla, una red ocualquier otro aparejo de pesca por no causar daños a uncable o a una tubería submarinos, sean indemnizados porel propietario del cable o de la tubería, a condición deque hayan tomado previamente todas las medidas de pre-caución razonables.

Comentario

1) Compárese con el artículo VII de la Convenciónde 1884.

2) La última frase ha sido añadida para que quedasebien claro que sólo podrán reclamar la indemnizaciónde que se trata los buques a los que no se pueda impu-tar ninguna negligencia.

SECCIÓN II. ZONA CONTIGUA

Como parte de su labor sobre el régimen de alta mar,la Comisión aprobó en su tercer período de sesiones unartículo sobre la zona contigua 21. Fuera de algunas reser-vas y restricciones, el principio en que se inspira esetexto no ha suscitado oposición por parte de los gobier-nos que han formulado observaciones sobre este punto.El artículo, tal como fué aprobado después de una dis-cusión en el quinto y en el octavo período de sesiones,difiere poco del texto de 1951. De todos modos, la redac-ción ha sido modificada para que exprese de una maneramás clara la idea de la Comisión. El artículo está redac-tado de esta manera:

Artículo 66

1. En una zona de la alta mar contigua a su mar terri-torial, el Estado ribereño podrá adoptar las medidas defiscalización necesarias para:

a) Evitar las infracciones a sus leyes de policía adua-nera, fiscal y sanitaria que pudieran cometerse en su terri-torio o en su mar territorial;

b) Reprimir las infracciones de esas leyes, cometidasen su territorio o en su mar territorial.

2. La zona contigua no se puede extender más allá de12 millas contadas desde la línea de base desde donde semide la anchura del mar territorial.

Comentario

1) El derecho internacional reconoce a los Estadosel derecho de ejercer, con determinados fines, una acti-vidad preventiva o protectora en una faja de la alta marcontigua a su mar territorial. Es evidente que ese poderde prevención o de protección no modifica el régimen

21 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/1858), pág. 26.

jurídico de las aguas en las que se ejerce. Estas aguasson y siguen siendo partes de la alta mar y no estánsometidas a la soberanía del Estado ribereño; éste nopuede ejercer en ellas más derechos que los que le estánatribuidos por el presente proyecto, o que derivan delos tratados internacionales.

2) Numerosos Estados han adoptado el principio deque en la zona contigua el Estado ribereño puede ejer-cer un control en materia aduanera para impedir posi-bles infracciones de sus leyes de policía aduanera y fiscal,que traten de cometerse en su territorio o en su mar terri-torial, y a fin de reprimir las infracciones a esas leyes,cometidas en su territorio o en su mar territorial. A juiciode la Comisión, es imposible negar a los Estados el ejer-cicio de esos derechos.

3) Aunque el número de Estados que reclaman dere-chos en la zona contigua con objeto de aplicar los regla-mentos sanitarios es bastante restringido, la Comisiónopina que, dado el lazo de unión que existe entre lasmedidas de policía aduanera y las de policía sanitaria,esos derechos han de ser también reconocidos para lapolicía sanitaria.

4) La Comisión no ha reconocido en la zona con-tigua derechos especiales en materia de seguridad. Leha parecido, por una parte, que el carácter extremada-mente vago del término " seguridad " podría abrir pasoa abusos y, por otra parte, ha creído que la atribuciónde ese derecho no era necesaria. El ejercicio de la poli-cía aduanera y sanitaria bastará, en la mayor parte delos casos, como salvaguarda de la seguridad del Estado.Siempre que se trate de medidas de legítima defensacontra una amenaza inminente y directa a la seguridaddel Estado, la Comisión se remite a los principios gene-rales del Derecho Internacional y a la Carta de las Nacio-nes Unidas.

5) La Comisión no ha querido tampoco reconocer alEstado ribereño un derecho exclusivo de ejercer la pescaen la zona contigua. La Comisión preparatoria de la Con-ferencia de Codificación de La Haya se había dado cuenta,en 1930, de que las respuestas de los Gobiernos no ofre-cían ninguna perspectiva de acuerdo en cuanto a la posi-bilidad de extender, fuera del mar territorial, los derechosexclusivos del Estado ribereño en materia de pesca. LaComisión opina que en este punto la situación no havariado.

6) La Comisión se ha preguntado si debía adoptarla misma actitud frente a las propuestas que tendían areconocer al Estado ribereño el derecho de tomar en lazona contigua las medidas que juzgara necesarias parala conservación de los recursos vivos del mar. La mayo-ría de la Comisión no se ha mostrado dispuesta a ello.Ha considerado que medidas de esa naturaleza, aplica-das sólo al espacio relativamente reducido de la zonacontigua, serían de poca utilidad práctica y que, además,después de haber reglamentado la conservación de losrecursos vivos en una parte especial del presente pro-yecto, no sería oportuno dar la ocasión de que al ladode esas reglas hubiera unas disposiciones divergentesdestinadas a reglamentar la misma materia, sólo parala zona contigua. Puesto que la zona contigua consti-tuye una parte de la alta mar, las reglas para la con-servación de los recursos vivos del mar son aplicablesen ella.

7) La Comisión no ha mantenido su decisión ante-


rior que tendía a reconocer al Estado ribereño un dere-cho de control en la zona contigua en materia de inmi-gración. En su informe sobre la labor realizada en elquinto período de sesiones, la Comisión había comen-tado esta disposición de la manera siguiente:

" Se tiene entendido que la expresión " leyes depolicía aduanera ", en el sentido en que se usa eneste artículo, no sólo se refiere a las normas concer-nientes a los derecho de importación y de exportación,sino también a otras normas sobre la exportación y laimportación de mercaderías. Además, la Comisiónestima necesario ampliar el texto anteriormente adop-tado refiriéndose expresamente a la inmigración, tér-mino con el cual también se abarca la emigración." 22

La mayoría de la Comisión, volviendo sobre esta deci-sión, ha opinado que los intereses del Estado ribereñono exigen que se extienda el derecho de control sobrela inmigración y la emigración. Estima que este controldebe y puede tener lugar en el territorio del Estado yque no hay motivo para que, a este efecto, se reconoz-can al Estado ribereño derechos especiales en la zonacontigua.

8) La Comisión ha examinado el caso en que, enlas regiones del mar situadas frente al lugar en que sejuntan dos o más Estados limítrofes, el ejercicio de losderechos en la zona contigua por parte de uno de esosEstados produjera el efecto de no dejar, fuera de esazona, ninguna vía de acceso libre a los puertos de otroEstado. La Comisión, reconociendo que en tales casos,si un Estado ejerciera esos derechos en la zona contigua,podría con ello entorpecer, de una manera injustificada,el tráfico destinado a o procedente de un puerto de otroEstado, ha considerado que en ese caso sería necesarioun acuerdo previo entre los dos Estados referente alejercicio de sus derechos en esa zona. Teniendo en cuentael carácter excepcional del caso, no ha creído, detodos modos, necesario formular para ello una reglaconcreta.

9) La Comisión estima que la extensión de la zonacontigua no ha de pasar de 12 millas contadas a partirde la costa, cifra aprobada por la Comisión preparato-ria de la Conferencia de Codificación de La Haya (1930).Mientras no se llegue a una unanimidad en la anchuradel mar territorial, esa zona deberá ser medida a partirde la costa y no a partir del límite exterior del mar terri-torial. En verdad, los Estados que se han atribuido maresterritoriales extensos no tienen tanta necesidad de unazona contigua como los Estados que han sido más modes-tos en su delimitación.

10) La Comisión ha creído útil precisar la expresión" a partir de la costa " en el sentido de que la zona seha de medir desde la línea de base que sirve de puntode partida para medir la anchura del mar territorial.

11) El ejercicio por parte del Estado ribereño delos derechos enunciados en el presente artículo no afectaal régimen del espacio aéreo situado encima de la zonacontigua. La cuestión de si es posible crear una zona decontrol aéreo de esta naturaleza sale de los límites de estareglamentación del derecho del mar.

SECCIÓN III. LA PLATAFORMA CONTINENTAL

1) La Comisión aprobó en su tercer período de sesio-nes, que tuvo lugar en 1951, un proyecto de artículossobre la plataforma continental acompañado de comen-tarios. Después del tercer período de sesiones, el Rela-tor especial ha vuelto a examinar esos artículos a la luzde las observaciones presentadas por los gobiernos de18 países. Las observaciones de esos gobiernos figuranen el anexo II al informe sobre el quinto período desesiones23. En marzo de 1953, el Relator especial pre-sentó otro informe sobre la cuestión (A/CN.4/60), quela Comisión examinó durante el quinto período de sesio-nes. La Comisión aprobó" un proyecto de artículos que havuelto a examinar en el octavo período de sesiones, junta-mente con las otras partes de la reglamentación del dere-cho del mar. Este examen no ha dado lugar a modifica-ciones importantes, salvo por lo que toca a la delimitaciónde la plataforma (véase el artículo 67).

2) La Comisión acepta la idea de que el Estado ribe-reño puede ejercer su autoridad y su jurisdicción sobrela plataforma continental, con la condición de que esaautoridad y esa jurisdicción sólo se ejerzan para los finesde la explotación de sus recursos, y rechaza toda preten-sión a la soberanía o a la jurisdicción en el mar supra-yacente.

3) En ciertos medios, se ha pensado que la explotaciónde los recursos naturales de las regiones submarinasdebería ser confiada no a los Estados ribereños, sino ainstituciones de la comunidad internacional en general.Pero en las actuales circunstancias, esta internacionaliza-ción tropezaría con dificultades prácticas insuperables yno aseguraría la explotación eficaz de las riquezas natu-rales que hace falta para hacer frente a las necesidadesde la humanidad.

4) La Comisión se da cuenta de que la exploración yla explotación del lecho del mar y del subsuelo que en-trañan el ejercicio de una autoridad y de una jurisdicciónpor parte del Estado ribereño pueden tener repercusionessobre la libertad del mar, especialmente en materia denavegación. De todos modos, esto no puede ser un mo-tivo suficiente para entorpecer un desarrollo que, a juiciode la Comisión, se realizará en provecho de la humanidadentera. Habrá que tomar todas las medidas necesariaspara que esta evolución no afecte más que en lo estricta-mente inevitable a la libertad del mar, que es de unaimportancia primordial para la comunidad internacional.A la Comisión le ha parecido posible combinar las necesi-dades de la explotación del suelo y del subsuelo con laexigencia de que el mar se mantenga abierto a la nave-gación y a la pesca para todas las naciones. Con este cri-terio, la Comisión ha elaborado los artículos que siguen.

Artículo 67

Para los efectos de estos artículos, la expresión " plata-forma continental " designa el lecho del mar y el sub-suelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas,pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hastauna profundidad de 200 metros (aproximadamente 100brazas), o, más allá de este límite, hasta donde la pro-fundidad de las aguas suprayacentes permita la explota-ción de los recursos naturales de dichas zonas.

22 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2456), párrafo 111.

23 Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/2456).


Comentario

1) En su primer proyecto, elaborado en 1951, la Comi-sión había definido la " plataforma continental " como " ellecho del mar y subsuelo de las zonas submarinas con-tinguas a las costas, pero situadas fuera de la zona de lasaguas territoriales, donde la profundidad de las aguasque cubren el lecho del mar y el subsuelo permite la ex-plotación de los recursos naturales de éstos " 2 4 . Resul-taba de esta definición que las regiones en las que laexplotación no era técnicamente posible, debido a la pro-fundidad de las aguas, quedaban excluidas de la plata-forma continental.

2) La Comisión había pensado en la posibilidad deadoptar para la plataforma continental un límite fijo, de-terminado por la profundidad de las aguas que la cubren,Parecía probable que un límite fijado en el punto en queel mar que cubre la plataforma continental alcanza 200metros de profundidad bastaría actualmente para todaslas necesidades prácticas. Esta profundidad coincide tam-bién con la profundidad donde acaba la plataforma con-tinental, en el sentido geológico del término, y comienzael talud continental, que desciende bruscamente hastauna gran profundidad. La Comisión estimó, de todasmaneras, que ese límite ofrecería el inconveniente deinestabilidad. El desarrollo de la técnica podría ser talaue, en un porvenir próximo, fuese posible explotar losrecursos del lecho del mar a una profundidad superior alos 200 metros. Además, la plataforma continental podríamuy bien comprender zonas submarinas situadas a unanrofundidad mavor de 200 metros ñero aue nudieran serexplotadas por medio de instalaciones colocadas en laszonas vecinas donde la profundidad no excede de eselímite Por ello la Comisión decidió no fiiar un límite deprofundidad de 200 metros.

3) En el quinto período de sesiones, que tuvo lugaren 1953, la Comisión modificó esta decisión, abandonó elcriterio de la posibilidad de explotación y tomó como cri-terio una profundidad de 200 metros. Teniendo en cuentalas observaciones que algunos gobiernos habían presen-tado, la Comisión llegó a la conclusión de que el textoanterior no tenía la precisión necesaria y podía dar lugara controversias y a incertidumbre. A juicio de la Comi-sión, el límite de 200 metros de profundidad respondía,en aquel momento, y sin duda incluso durante muchotiempo, a todas las necesidades prácticas. La Comisiónopinaba que la adopción de un límite fiio presentaríaventajas considerables, especialmente para la delimitaciónde las plataformas continentales entre Estados limítrofeso situados uno frente a otro. El hecho de que los Estadosadoptasen límites diferentes podría provocar en este nuntodificultades de la misma clase que las divergencias en laanchura del mar territorial. La Comisión se daba cuentade que los progresos de la técnica podrían hacer posibleen el porvenir una explotación que rebasase el límite delos 200 metros- en este caso este límite podría ser re-visado ñero mientras tanto tenía todas las vpntaias dpun límite estable.

4) En el octavo período de sesiones, la Comisión havuelto a examinar esta disposición. Ha advertido que laConferencia Especializada Interamericana sobre " Con-servación de los Recursos Naturales: Plataforma Sub-marina y Aguas del Mar ", celebrada en Ciudad Trujillo,

24 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto períodode sesiones, Suplemento No. 9 (A/1858), pág. 23.

República Dominicana, en marzo de 1956, llegó a la con-clusión de que el derecho del Estado ribereño debía exten-derse más allá del límite de 200 metros, " hasta donde laprofundidad de las aguas suprayacentes permita la explo-tación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo ".Algunos de sus miembros opinaban que se imponía modi-ficar el artículo aprobado en 1953. Aun admitiendo que,en las circunstancias actuales, el límite adoptado, respon-diese a las necesidades prácticas, no les parecía bien unadisposición que prohibía la explotación de la plataformacontinental a profundidades superiores a 200 metros, aun-que esta explotación sea prácticamente posible. Opinabanque, en este último caso, el derecho de explotación nodebía estar subordinado a una modificación previa dellímite aceptado. Aun manteniendo, en el artículo actual,el límite de 200 metros como un límite normal, queresponde a las necesidades actuales, deseaban que sereconociera desde ahora la posibilidad de rebasarlos sila explotación del suelo o del subsuelo a una profundidadsuperior a 200 metros se revelase técnicamente posible.

Se ha propuesto, pues, añadir al artículo estas palabras:" o, más allá de este límite, hasta donde la profundidadde las aguas suprayacentes permita la explotación de losrecursos naturales de dichas zonas ". Esta adición presen-taba, además, según la opinión de algunos miembros, laventaja de no estimular la idea de que hasta 200 metrosde profundidad existe una zona fija en la que sería po-sible ejercer también otros derechos de soberanía, apartede los establecidos en el artículo 68. Otros miembros de laComisión negaron la utilidad de esa adición que, a sujuicio, debilitaba de una manera injustificada y peligrosala estabilidad del límite adoptado. La mayoría de la Co-misión se ha pronunciado, sin embargo, a favor de laadición.

5) El sentido en que se toma la expresión " plata-forma continental " se separa en cierto modo de su nocióngeológica. La diversidad misma de las acepciones quedan los hombres de ciencia a esa expresión se oponen aque la noción geológica sea tomada como base para lareglamentación jurídica de este problema.

6) Hay aún otra razón que ha llevado a la Comisióna no atenerse estrictamente a la noción geológica de laplataforma continental. El hecho de que la existenciade una plataforma continental, en el sentido geológico,pudiera ser puesta en duda respecto de regiones subma-rinas donde, sin embargo, la profundidad del mar per-mitiera la explotación del subsuelo de la misma maneraque si hubiese una plataforma continental, no ha depoder justificar que se aplique un régimen discrimina-torio a esas regiones.

7) Acudiendo hasta un cierto punto a los elemen-tos geográficos para construir la definición jurídica dela expresión " plataforma continental ", la Comisión noquiere por consiguiente afirmar que para que se puedanejercer los derechos del Estado ribereño, tales comoestán definidos en estos artículos, es indispensable queexista una plataforma continental que presente la configu-ración geográfica que se le atribuye en general. Si, porejemplo, como en el Golfo Pérsico, las regiones subma-rinas no alcanzan en ninguna parte la profundidad de200 metros, este hecho no tiene consecuencia algunapara el objeto del presente artículo. Por otra parte, unaexplotación de una región submarina a una profundi-dad superior a 200 metros no es contraria a las pre-


sentes reglas por el hecho de que no se trate de una" plataforma continental " en el sentido geológico.

8) En los casos especiales en los que regiones inmer-gidas a una profundidad inferior a 200 metros y situa-das a una cierta proximidad a la costa están separadasde la parte de la plataforma continental adyacente a lacosta por un canal estrecho de una profundidad supe-rior a 200 metros, esas zonas de poca profundidadpodrán ser consideradas como adyacentes a la parte dela plataforma de que se trate. El Estado que invoqueesta excepción es el que tendrá que pedir una modifi-cación equitativa de la regla general. En caso de desa-cuerdo, será preciso determinar, por medio del arbi-traje, si la regla formulada es aplicable a tal o cual zonasubmarina de poca profundidad.

9) Dándose cuenta de que se alejaba del sentidoestrictamente geológico de la expresión, especialmenteen vista de la inclusión de zonas explotables más alláde los 200 metros, la Comisión ha examinado la posi-bilidad de adoptar una expresión que no fuera la de" plataforma continental ". Ha estudiado si valdría más,siguiendo la terminología empleada en ciertas obrascientíficas, en ciertas leyes nacionales y en algunos ins-trumentos internacionales, llamar a esas regiones " regio-nes submarinas" ("submarine areas"). Pero, en sumayoría, ha decidido conservar la expresión " plataformacontinental " porque es de uso corriente y porque laexpresión " regiones submarinas ", empleada sin más ex-plicaciones, no daría una indicación exacta sobre la natu-raleza de las regiones submarinas de que se trata. LaComisión estima que el empleo del término " plataformacontinental ", que se aleja en cierta medida del sentidogeológico, queda justificada desde el momento en que sualcance, para los efectos de este artículo, está claramentedefinido. La Comisión le ha atribuido este sentido en elpresente artículo.

10) No se ha de entender que la expresión " plata-forma continental " se refiera exclusivamente a los con-tinentes, en el sentido corriente de esta palabra. Se aplicatambién a las regiones submarinas contiguas a las islas.

11) Por último, la Comisión hace observar que notrata de ningún modo de limitar la explotación del sub-suelo de la alta mar por medio de túneles, fosos o pozos,practicados partiendo de la tierra firme. Una explotaciónde esta naturaleza del subsuelo de la alta mar por parte delEstado ribereño no está, desde el punto de vista jurídico,ligada a ninguna limitación de la profundidad del marsuprayacente.

Artículo 68

El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobrela plataforma continental a las efectos de la exploracióny la explotación de sus recursos naturales.

Comentario

1) Este artículo, tal como fue redactado provisional-mente en 1951 (artículo 2 del proyecto) estipulaba quela plataforma continental " está sujeta al ejercicio deautoridad y jurisdicción por el Estado ribereño a losefectos de su exploración y de la explotación de sus recur-sos naturales ". La nueva redacción establece que " elEstado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre laplataforma continental a los efectos de la exploración yde la explotación de sus recursos naturales ".

2) La Comisión ha querido evitar una redacción quese prestara a interpretaciones que pudieran desviarse deun objetivo al que atribuye una importancia decisiva: elrespeto del principio de la plena libertad del mar supra-yacente y del espacio aéreo que está encima de ese mar.Por esta razón, no ha querido aceptar la soberanía delEstado ribereño sobre el suelo y el subsuelo de la plata-forma continental. Por otra parte, del texto se desprendesin ningún equívoco que los derechos reconocidos alEstado ribereño comprenden todos los derechos que sonnecesarios para la exploración y la explotación de losrecursos naturales de la plataforma continental. De esosderechos forma también parte la jurisdicción por lo querespecta a la represión de las infracciones legales. Losderechos del Estado ribereño son exclusivos en el sentidode que si el Estado no explota la plataforma continental,ningún otro puede emprender esta explotación sin su con-sentimiento.

3) En el quinto período de sesiones, la Comisión,después de prolongados debates, prefirió la expresión" recursos naturales " a la expresión " recursos minera-les ", que es más restringida. En su proyecto anterior,la Comisión había pensado sólo en los recursos mine-rales, y algunos de sus miembros propusieron que semantuviera este punto de vista. La Comisión llegó, sinembargo, a la conclusión de que sobre todo los pro-ductos de las pesquerías llamadas " sedentarias ", en tantoque recursos naturales unidos de un modo permanenteal lecho del mar, no habían de quedar excluidos de laaplicación del régimen adoptado y que esto podía conse-guirse sirviéndose de la expresión " recursos naturales ".Queda bien entendido que esos derechos no se extiendenni a los peces que viven en el fondo del mar {bottomfish) ni a las otras especies que, aunque nadan en lasaguas, habitan ocasionalmente en el fondo del mar o deso-van en él.

4) En el octavo período de sesiones se ha propuestoque se mencionase la condición de ir unido de un modopermanente al suelo, en el artículo mismo. Por otraparte se ha opinado que convenía atenuar esta condición;bastaría con que las especies marinas animales y vegeta-les en cuestión vivieran en un estado constante de relaciónfísica y biológica con el lecho del mar y la plataformacontinental, dejando a los expertos el estudio de losaspectos científicos de esta cuestión. La Comisión hadecidido dejar el texto del artículo y del comentario talcomo estaba.

5) Queda bien entendido que esos derechos no seextienden a ciertos objetos, como restos de buques nau-fragados y sus cargamentos (incluidos los metales pre-ciosos), que se encuentran en el fondo del mar o estáncubiertos por las brecas o albures del subsuelo.

6) A juicio de la Comisión, el Estado ribereño, enel ejercicio de sus derechos exclusivos, ha de respetartambién los derechos adquiridos de los nacionales deotros Estados. Todo menoscabo que pudiera imponersea esos derechos cuando las exigencias de la exploracióny de la explotación de los recursos naturales lo hicieraindispensable, habría de estar condicionado por las reglasdel derecho internacional sobre el respeto a los derechosde los ciudadanos extranjeros. De todos modos, apartelos derechos adquiridos, los derechos soberanos del Estadoribereño sobre la plataforma continental se extiendentambién a las pesquerías " sedentarias ", en el sentido


arriba indicado. Por lo que respecta a las pesquerías quese califican a veces también de " sedentarias ", por elhecho de que se efectúan por medio de estacas hundidasen el suelo, pero donde no se trata de recursos naturalesunidos al lecho del mar, la Comisión se permite referirseal artículo 60 de este proyecto.

7) Los derechos del Estado ribereño sobre la plata-forma continental son independientes de su ocupaciónreal o ficticia, así como de toda declaración expresa.

8) La Comisión no cree necesario extenderse mássobre la cuestión de la naturaleza y del fundamentojurídico de los derechos soberanos reconocidos al Estadoribereño. Sería imposible reunir en un solo elementolas consideraciones que habría que dedicar a esta cues-tión. En particular, es imposible tratar de buscar ex-clusivamente el fundamento de los derechos soberanosdel Estado ribereño en la práctica reciente, ya que noes posible atribuir valor jurídico a una práctica unila-teral que descansa sólo en la voluntad de los Estadosinteresados. De todos modos, la Comisión estima queesta práctica está justificada por consideraciones de dere-cho y de hecho. En particular, una vez que los recursosdel lecho del mar y del subsuelo han sido objeto de aten-ción por parte de los Estados ribereños que se interesabangrandemente en su exploración y en su explotación, no esposible considerarlos como res nullius, es decir, comosusceptible de ser objeto de apropiación por el primerocupante. Es natural que los Estados ribereños se opongana una solución de esta naturaleza. Además, en la mayorparte de los casos, la explotación efectiva de los recursosnaturales supone la existencia de instalaciones en el terri-torio del Estado ribereño. No es posible tampoco prescindirdel fenómeno geográfico, llámese como se quiera: vecin-dad, contigüidad, continuidad geográfica, dependencia oidentidad, mediante el cual se define la relación entre lasregiones submarinas de que se trata y el territorio nosumergido adyacente. Todas estas consideraciones deutilidad general bastan para constituir el fundamentodel principio de los derechos soberanos del Estado ribe-reño, tal como está actualmente formulado por la Comi-sión. Como se ha indicado ya, este principio, descansandosobre principios generales que responden a las necesidadesactuales de la comunidad internacional, no es de ningúnmodo incompatible con el principio de la libertad del mar.

9) Aunque, por las razones enunciadas anteriormentey teniendo en cuenta determinadas consideraciones prác-ticas, la Comisión no haya creído poder hacer suya laidea de la internacionalización de las regiones subma-rinas comprendidas en la plataforma continental, no hadescartado la posibilidad de crear un organismo inter-nacional encargado de la investigación y de la asistenciacientífica destinadas a facilitar, en interés de la colec-tividad, su utilización más fructuosa. Es posible que unorganismo así sea creado un día dentro del marco de unaorganización internacional existente.

10) Las propuestas de la Comisión contenidas en elinforme de 1953 causaron una cierta inquietud en losmedios científicos, que creyeron que la libertad de em-prender investigaciones científicas en el lecho de la plata-forma continental y en las aguas suprayacentes esrabaamenazada. Tratándose de investigaciones científicas enlas aguas situadas encima de la plataforma continental,esos temores no parecen justificados, porque la libertadde emprender investigaciones en esas aguas — que con-

tinúan formando parte de la alta mar — no queda deningún modo restringida. El Estado ribereño no tendráel derecho de prohibir esas investigaciones científicas,sobre todo si se refieren a la conservación de los recursosbiológicos del mar. El consentimiento del Estado serásólo exigido si se trata de investigaciones que se refierana la exploración o a la explotación del suelo o del sub-suelo. Hay que pensar que el Estado ribereño no denegarásu consentimiento más que de un modo excepcional y sólocuando tema un atentado a sus derechos exclusivos deexplorar y de explotar el suelo y el subsuelo.

Artículo 69

Los derechos del Estado ribereño sobre la plataformacontinental no afectan al régimen de alta mar aplicablea las aguas suprayacentes ni al del espacio aéreo situadosobre dichas aguas.

Comentario

El artículo 69 tiene por objeto asegurar el respeto enla libertad del mar frente a derechos soberanos del Estadoribereño sobre la plataforma continental. Estipulan quelos derechos del Estado ribereño sobre la plataforma con-tinental no afectan al régimen de las aguas que la cubrenni al espacio aéreo situado sobre ella. Una reivindicaciónde derechos soberanos sobre la plataforma continental nopuede extenderse más que al lecho del mar y al subsuelo,pero no a las aguas suprayacentes; esta reivindicación nopuede artibuir ninguna jurisdicción ni ningún derechoexclusivo en cuanto a dichas aguas que son y continúansiendo parte de la alta mar. Los artículos referentes a laplataforma continental tienen por objeto determinar elrégimen de la plataforma continental, manteniendo elprincipio preponderante de la libertad del mar y del espa-cio aéreo situado sobre ella. No pueden admitirse modi-ficaciones ni excepciones a este principio que no esténexpresamente consignadas en los artículos.

Artículo 70

A reserva de su derecho a tomar medidas razonablespara la exploración de la plataforma continental y laexplotación de sus recursos naturales, el Estado ribereñono puede impedir la colocación ni la conservación decables submarinos en la plataforma continental.

Comentario

1) El Estado ribereño está obligado a tolerar que secoloquen cables submarinos sobre el suelo de su plata-forma continental, pero puede, en cambio, poner condi-ciones respecto del trazado que se haya de seguir, al objetode que la explotación de los recursos naturales del sueloy del subsuelo no sea entorpecida de una manera injusti-ficada.

2) La Comisión se ha planteado la cuestión de si con-venía extender esta disposición a las tuberías. En princi-pio, la respuesta ha de ser afirmativa. Pero la cuestiónes complicada porque con frecuencia hará falta instalar" estaciones de bombeo " en determinados puntos, lo quepodrá dificultar la explotación del suelo más aún de loque lo harían los cables. De ello se sigue que a este res-pecto el Estado ribereño se podrá mostrar más reservadoque en cuanto a los cables. Dado que la cuestión noparece tener aún importancia práctica, la Comisión no hamencionado las tuberías de un modo expreso en el pre-sente artículo.


Artículo 71

1. La exploración de la plataforma continental y laexplotación de sus recursos naturales no deben tener comoconsecuencia un entorpecimiento injustificable de la nave-gación, la pesca o la conservación de los recursos vivosdel mar.

2. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 1 y 5 deeste artículo, el Estado ribereño tiene el derecho a cons-truir y mantener en la plataforma continental las instala-ciones necesarias para la exploración y la explotación desus recursos naturales, a establecer alrededor de ellas, yhasta una distancia razonable, zonas de seguridad, y atomar las disposiciones necesarias para la protección delas instalaciones.

3. Aunque dichas instalaciones se hallen bajo la juris-dicción del Estado ribereño, no tendrán la condición jurí-dica de islas. No tendrán mar territorial propio y supresencia no afectará a la delimitación del mar territorialdel Estado ribereño.

4. El Estado ribereño deberá dar aviso de las instala-ciones construidas y mantener los medios permanentesde señalar su presencia.

5. Las instalaciones y las mencionadas zonas de segu-ridad establecidas alrededor de ellas no podrán estarsituadas en canales angostos ni en lugares donde puedanentorpecer la utilización de las rutas marítimas ordina-rias indispensables para la navegación internacional.

Comentario

1) Si el artículo 69 enuncia en términos generales elprincipio fundamental de que el régimen jurídico de lasaguas suprayacentes y del espacio aéreo situado sobreellos permanece invariable, el artículo 71 aplica ese prin-cipio esencial a las manifestaciones más importantes dela libertad del mar, que son la navegación y la pesca. Elpárrafo 1 de este artículo dispone que la exploración dela plataforma continental no puede tener como consecuen-cia un entorpecimiento injustificable de la navegación,de la pesca o de la conservación de los recursos vivos delmar. Se advertirá, sin embargo, que ese artículo no pro-hibe un entorpecimiento cualquiera, sino sólo los entorpe-cimientos injustificables. Las modalidades y el alcancede esta limitación han dado lugar a prolongadas discusio-nes en el seno de la Comisión. El desarrollo progresivodel derecho internacional que se realiza dentro de reglasestablecidas impone a menudo que esas reglas sean modi-ficadas para tener en cuenta intereses nuevos y necesi-dades nuevas. La amplitud de esas modificaciones estánecesariamente en relación con la importancia relativade las necesidades y de los intereses de que se trate. Porconsiguiente, al estipular que la exploración y la explota-ción de la plataforma continental no han de tener nuncacomo consecuencia un entorpecimiento de la navegacióny de la pesca, se llegaría, en muchos casos, a convertir,por decirlo así, en teóricos no sólo los derechos soberanosde exploración y de explotación, sino también el objetivode los artículos aprobados. Aquí se trata claramente depesar los intereses en cuestión, unos en relación con otros.Un entorpecimiento importante de la navegación y de lapesca puede estar justificado en ciertos casos. En cambio,un entorpecimiento insignificante no estará justificado sino va unido a exigencias bien comprendidas de la explora-ción y de la explotación de la plataforma continental. Si,en un primer momento, es el Estado ribereño quien ha

de apreciar el carácter razonable — o el fundamento —de las medidas adoptadas, en caso de desacuerdo, la cues-tión ha de ser decidida según lo dispuesto en el artículo73, que trata de la solución de los conflictos relativos ala interpretación y a la aplicación de los artículos.

2) Por lo que toca a la conservación de los recursosvivos del mar, hay que tomar todas las medidas paraevitar, en cuanto sea posible, los daños causados por laexplotación del subsuelo, así como por las exploracionessísmicas realizadas con motivo de investigaciones petro-leras y por los escapes de las tuberías.

3) Los párrafos 2 a 5 tratan de las instalaciones nece-sarias para la exploración y la explotación de la plata-forma continental, de las zonas de seguridad establecidasalrededor de esas instalaciones, así como de las medidasindispensables para proteger las instalaciones. Estas dis-posiciones están también subordinadas a la prohibiciónde entorpecer de una manera injustificada la libertad dela pesca y de la navegación. Aunque la Comisión no hacreído indispensable precisar la extensión de las zonas deseguridad, cree que, de una manera general, un radio de500 metros como máximo sería suficiente.

4) Las partes interesadas, es decir, no solamente losgobiernos, sino también las agrupaciones interesadas enla navegación y en la pesca, deberían ser advertidas dela construcción de las instalaciones para que éstas pudie-ran ser indicadas en las cartas marinas. En todo caso,esas instalaciones deberían estar provistas de aparatosindicadores (luces, señales sonoras, radar, boyas, etc.).

5) No existe en principio obligación alguna de revelarde antemano los proyectos de una posible construcción deinstalaciones. Pero cuando la construcción, incluso la deinstalaciones provisionales, pueda perturbar la navega-ción, los aparatos indicadores habrán de ser mantenidoscomo si se tratase de instalaciones ya terminadas y, enla medida de lo posible, habrá que dar aviso de que estáninstaladas. Si las instalaciones son abandonadas, o ya nosirven, habrá que quitarlas completamente.

6) Por lo que toca al régimen aplicable a las instala-ciones, la Comisión ha creído oportuno estipular expresa-mente en el párrafo 3 del presente artículo que no tendránla condición jurídica de islas y que el Estado ribereñono podrá reivindicar mares territoriales que le sean pro-pios ni invocar su existencia para la delimitación del marterritorial. De un modo especial, esas instalaciones nopodrán ser tomadas en cuenta para la determinación dela línea de base. Estarán, en cambio, sometidas a la juris-dicción del Estado ribereño por lo que toca al manteni-miento del orden y de la competencia de los tribunales enmateria civil y en materia penal.

7) Aunque, de una manera general, al establecer elcriterio del entorpecimiento injustificado, la Comisiónha creído conveniente evitar toda apariencia de rigidezen la adaptación del principio reconocido de la libertaddel mar a una situación que es esencialmente nueva, haconsiderado oportuno negar expresamente todo derechoa entorpecer la navegación en ciertas zonas del mar. Talescomo están enumeradas en el párrafo 5 del presente artí-culo, esas zonas son los canales angostos y las rutas marí-timas ordinarias indispensables para la navegación inter-nacional. Hay que comprender también los estrechos, enel sentido corriente de la palabra. La importancia quetienen esas zonas para la navegación internacional estal que, si se aplica a ellas el criterio de la equivalencia


y de la importancia relativa de los intereses en juego, hayque prohibir en ellas la construcción de instalaciones ola creación de zonas de seguridad, incluso si esas instala-ciones y esas zonas son necesarias para la exploración yla explotación de la plataforma continental.

Artículo 72

1. Cuando una misma plataforma continental sea adya-cente al territorio de dos o más Estados cuyas costas esténsituadas una frente a otra, su delimitación se efectuarápor acuerdo entre estos Estados. A falta de acuerdo, ysalvo si circunstancias especiales justifican otras delimi-taciones, la delimitación estará constituida por la líneamedia cuyos puntos sean todos equidistantes de las líneasde base desde donde se mide la extensión del mar terri-torial de cada país.

2. Cuando una misma plataforma continental seaadyacente al territorio de dos Estados limítrofes, su deli-mitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta deacuerdo, y si circunstancias especiales no justifican otradelimitación, ésta se efectuará aplicando el principio dela equidistancia de las líneas de base desde donde se midela extensión del mar territorial de cada país.

Comentario

1) Por lo que toca a la determinación de los límites dela plataforma continental, la Comisión se ha inspirado enlos mismos principios que sirven de base a los artículos12 y 14 referentes a la delimitación de los mares territo-riales. Lo mismo que para los límites de los mares territo-riales, ha de estar previsto que es posible separarse de laregla cuando una configuración excepcional de la costao la presencia de islas o de canales navegables lo exijan.Este caso se podrá presentar bastante a menudo. La reglaadoptada está por ello dotada de una cierta elasticidad.

2) Sería una ventaja poder trazar las líneas de de-marcación en las cartas a gran escala reconocidas oficial-mente. Pero como, de todos modos, la importancia deesas indicaciones, para los que se sirven de esas cartas,es menor que cuando se trata de las delimitaciones delmar territorial, la Comisión se ha abstenido de imponeruna obligación a este respecto.

Artículo 73

Toda controversia entre Estados que surja con motivode la interpretación o de la aplicación de los artículos 67a 72 se someterá a la Corte Internacional de Justicia, apetición de cualquiera de las partes, salvo que éstas con-vengan en buscar la solución por otro medio pacífico.

Comentario

1) El texto del proyecto, aprobado en el quinto pe-ríodo de sesiones, contenía una cláusula general dearbitraje, en virtud de la cual los litigios que surgieranentre Estados con motivo de la interpretación o de laaplicación de los artículos, serían sometidos al arbitrajea petición de una cualquiera de las partes.

2) En el octavo período de sesiones, la Comisión hamodificado este artículo en el sentido de que los litigiosserán resueltos por las partes de la manera que ellasestablecerán, de común acuerdo. A falta de acuerdo, cadauna de las partes tendrá el derecho de someter el litigioa la Corte Internacional de Justicia.

3) La mayoría de la Comisión ha considerado queuna cláusula que impusiera el arbitraje obligatorio notendría gran utilidad práctica si no se regulaba al mismotiempo, como lo ha hecho la Comisión, el procedimientopara los conflictos relativos a la protección de los re-cursos vivos del mar. Se ha hecho, sin embargo, obser-var que, en esta materia, los conflictos no tendrían uncarácter extremadamente técnico como en el caso dela conservación de los recursos. Por estos motivos, se hapensado que se podía sustituir el arbitraje por la juris-dicción de la Corte Internacional de Justicia.

4) La Comisión no ha compartido la opinión de algu-nos de sus miembros, que se opusieron a que en elproyecto se insertase una cláusula que hiciera obliga-torios el arbitraje o la jurisdicción de la Corte, alegandoque no había motivo para imponer a los Estados unosolo de los distintos procedimientos previstos en elderecho internacional contemporáneo y, en particular,en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas,para la solución pacífica de los conflictos internacionales.También señalaron que la inserción de semejante cláu-sula haría al proyecto inaceptable para muchísimos Estados. Sin embargo, la mayoría de la Comisión opinó queesa cláusula se imponía. Los artículos relativos a laplataforma continental son el resultado de una tentativade conciliación entre los principios reconocidos de dere-cho internacional aplicables al régimen de alta mar y elreconocimiento de los derechos del Estado ribereñosobre la plataforma continental. Basada, como es de-bido, en la necesidad continua de apreciar la impor-tancia de los intereses en juego de una y otra parte,esta solución de conciliación tiene que ir unida a unacierta facultad de apreciación. Será necesario a menudoremitirse a una apreciación subjetiva, con las consi-guientes posibilidades de impugnación, para saber si,según los términos del párrafo 1 del artículo 71, lasmedidas tomadas por el Estado ribereño para la explo-ración y la explotación de la plataforma continentalentorpecen de un modo " injustificable " la navegacióno la pesca; si, como se dice en el párrafo 2 del mismoartículo, las zonas de seguridad establecidas por elEstado ribereño no exceden de una distancia " razona-ble " en relación con las instalaciones ; si, en las palabrasdel párrafo 5 de este artículo, una ruta marítima es" ordinaria " y es " indispensable para la navegación in-ternacional " ; por último, si el Estado ribereño, cuandoimpide la colocación de cables submarinos o de tuberías,actúa efectivamente dentro del espíritu del artículo 70que no autoriza una decisión así, salvo si puede clasifi-carse entre las medidas " razonables " que sea necesarioadoptar para la exploración y la explotación de la plata-forma continental. Si no se mantiene dentro de los límitesdel respeto del derecho y no se aplica imparcialmente,el nuevo régimen de la plataforma continental puedeponer en peligro el principio superior de la libertad delmar. Por estas razones, parece esencial que los Estadosque estén en desacuerdo sobre la exploración y la explo-tación de la plataforma continental estén obligados asometer a un órgano imparcial todos los conflictos quesurjan a este respecto. Por esta razón, la mayoría de laComisión ha considerado necesaria esa cláusula. Incumbea las partes determinar de qué manera quieren resolversus litigios; de todos modos, si no pueden ponerse deacuerdo, el conflicto podrá ser sometido a la Corte Inter-nacional de Justicia.


CAPITULO III

ESTADO DE LOS TRABAJOS REFERENTES AOTRAS MATERIAS ESTUDIADAS POR LA

COMISIÓN

I. Derecho de los tratados

34. El relator especial del derecho de los tratados,Sir Gerald Fitzmaurice, presentó un informe en el octavoperíodo de sesiones (A/CN.4/101). Por falta de tiempo,la Comisión no lo ha podido estudiar a fondo; de todosmodos, en las 368a. a 370a. sesiones ha examinadoalgunas cuestiones de carácter general que le fueronsometidas por el relator especial, acerca de la forma yalcance de la codificación prevista en esta materia. Sepidió al relator especial que prosiguiese su labor teniendoen cuenta esos debates.

II. Responsabilidad de los Estados

35. En las 370a. a 373a. sesiones, la Comisión estu-dió las bases de discusión presentadas por el relator espe-cial, Sr. F. V. García Amador, en el capítulo X de su in-forme titulado " Responsabilidad internacional " (A/CN.4/96). Sin pronunciarse sobre ninguna cuestión, laComisión pidió al relator especial que prosiguiese su laborteniendo en cuenta las opiniones expuestas por los miem-bros de la Comisión.

III. Relaciones e inmunidades consulares

36. En las 373a. y 374a. sesiones, la Comisión estu-dió algunas cuestiones sobre las que el relator especial,Sr. J. Zourek, deseaba conocer la opinión de los miem-bros de la Comisión para que le guiaran en la elabora-ción de su informe para el décimo período de sesiones.Se pidió al relator especial que prosiguiese su labor te-niendo en cuenta lo dicho durante el debate.

CAPITULO IV

OTRAS DECISIONES DE LA COMISIÓN

I. La cuestión de la reforma del artículo 11 delEstatuto de la Comisión

37. En la resolución 986 (X) del 3 de diciembre de1955, la Asamblea General invitó a la Comisión a quediera a conocer su opinión acerca de si convendría modi-ficar el artículo 11 de su Estatuto, que trata de la pro-visión de las vacantes que se produzcan después de laelección, teniendo en cuenta que la duración del man-dato de sus miembros se ha aumentado de tres a cincoaños.

38. La Comisión ha estudiado detenidamente unapropuesta que recomendaba a la Asamblea General queel artículo 11 se reformase de manera que las vacantesque se produzcan después de la elección sean cubiertaspor la Asamblea General y no por la Comisión, que eslo que prescribe el texto del actual artículo. La Comisióndecidió no aprobar esta propuesta basándose sobre todoen que como la Asamblea General se reúne poco despuésde terminarse un período de sesiones de la Comisión,estaría obligada a proveer esas vacantes con un ciertoretraso, lo que daría como resultado que la Comisióntendría que funcionar, al menos durante un período desesiones, sin que la vacante se hubiera cubierto.

II. Publicación de los documentos de la Comisión

39. En la resolución 987 (X) del 3 de diciembre de1955 la Asamblea General dio instrucciones al Secre-tario General acerca de la impresión de los documentosde la Comisión e invitó a esta última a dar a conocersu punto de vista al Secretario General a fin de guiarleen la selección y preparación de los documentos desti-nados a ser impresos, invitándole también a someter denuevo, si lo juzgase necesario, la cuestión de la impre-sión de los documentos a la Asamblea General.

40. La Comisión ha estudiado la cuestión tomandocomo punto de partida una nota de la Secretaría(A/CN.4/L.67).

41. La Comisión no ha creído necesario someter nueva-mente a la Asamblea la cuestión de la impresión de losdocumentos.

42. La Comisión recomienda que las actas y documen-tos se publiquen en forma de anuario, en uno o dos tomossegún el volumen de documentación de cada período desesiones. En cuanto a la presentación, propone que elanuario conste de tres partes, a saber:

a) Los informes de los relatores especiales, las co-municaciones de los gobiernos y los memorandums yestudios de la Secretaría (es decir, esencialmente losdocumentos publicados para preparar cada período desesiones) ;

b) Las actas resumida y los documentos de trabajopublicados durante el período de sesiones, y

c) El informe sobre la labor realizada en el períodode sesiones.La Comisión estima indispensable que el informe sobrecada período de sesiones figure en el anuario y que esteúltimo lleve un índice.

43. El Presidente decidirá al final de cada período desesiones los documentos que hayan de ser incluidos en elanuario, actuando en nombre de la Comisión y en con-sulta con el Secretario.

44. La Comisión propone que la publicación se titule" Anuario de la Comisión de Derecho Internacional ".

45. En cuanto a la publicación de los documentos delos anteriores períodos de sesiones, la Comisión reco-mienda que se dé prioridad a los períodos de sesionesen que se ha discutido el derecho del mar.

III. Colaboración con los organismosinteramericanos

46. La Comisión escuchó una declaración que hizosu Secretario, al presentar el informe (A/CN.4/102)que había elaborado acerca de la tercera reunión delConsejo Interamericano de Jurisconsultos, celebrado enCiudad de México del 17 de enero al 4 de febrero de1956, y al que asistió en calidad de observador de laComisión. También escuchó una declaración del Sr. M.Canyes, representante del Secretaria General de la Orga-nización de los Estados Americanos.

47. A propuesta del Presidente, la Comisión ha apro-bado la siguiente resolución:

" La Comisión de Derecho Internacional," Recordando las resoluciones aprobadas en sus

sexto y séptimo períodos de sesiones, relativas a lacolaboración con los organismos interamericanos,

" Considerando que conviene proseguir las relacio-


nés establecidas entre la Comisión y el Consejo Inter-americano de Jurisconsultos mediante la participaciónde sus Secretarios respectivos en las reuniones de estosOrganismos,

" 1. Manifiesta su satisfacción al Secretario Gene-ral de las Naciones Unidas por haber enviado al Secre-tario de la Comisión a la tercera reunión del ConsejoInteramericano de Jurisconsultos;

" 2. Se da por enterada del informe del Secretariosobre esta reunión;

" 3. Da gracias al Secretario General de la Organi-zación de los Estados Americanos por haber enviadoal Director Adjunto del Departamento de Derecho In-ternacional de la Unión Panamericana para que asistaal octavo período de sesiones de la Comisión;

" 4. Pide al Secretario General de las Naciones Uni-das que autorice al Secretario de la Comisión para queasista en calidad de observador de la Comisión a lacuarta reunión del Consejo Interamericano de Juris-consultos, que se celebrará en Santiago de Chile en1958, y para que informe a la Comisión en su próximoperíodo de sesiones."

IV. Presencia del Relator en el 11° período desesiones de la Asamblea General

48. A propuesta del Presidente, la Comisión ha deci-dido que el Sr. François, Relator en el actual período desesiones, que ha sido Relator Especial sobre el régimen dela alta mar y el régimen del mar territorial desde que laComisión comenzó a trabajar sobre estas materias, asistaal 11° período de sesiones de la Asamblea General y

facilite, sobre el proyecto referente al derecho del mar,aprobado por la Comisión, cuantos datos puedan sernecesarios cuando la Asamblea examine la cuestión.

V. Fecha y lugar del próximo período de sesiones

49. De acuerdo con las disposiciones del artículo 12de su Estatuto, modificado por la resolución 984 (X) dela Asamblea General, de fecha 3 de diciembre de 1955,la Comisión ha decidido celebrar su próximo período desesiones en Ginebra (Suiza), durante un período de 10semanas a partir del 23 de abril de 1957.

50. En vista de que la mayor parte del actual períodode sesiones se ha dedicado al estudio del derecho del marpara poder terminar la labor de la Comisión en estamateria, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución899 (IX) de la Asamblea General, de fecha 14 de diciem-bre de 1954, la Comisión estima que un período de sesio-nes de 10 semanas de duración representa el mínimonecesario para poder realizar progresos sensibles en elestudio de los otros cinco temas importantes de su pro-grama.

51. La fecha de apertura de su próximo período desesiones fué fijada por la Comisión para evitar que co-incida con el período estival de sesiones del Consejo Eco-nómico y Social, como se pide en la resolución 694 (VII)de la Asamblea General, de fecha 20 de diciembre de1952. Ahora bien, la Comisión preferiría por muchasrazones que en el porvenir sus períodos de sesionescomenzasen más tarde, y confía en que sus deseos setendrán en cuenta cuando se revise el programa de confe-rencias de la Sede y de la Oficina Europea.

LISTA DE OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL OCTAVO PERIODO DESESIONES DE LA COMISIÓN NO REPRODUCIDOS EN ESTE VOLUMEN

Documento

A/3028

A/CN.4/23

A/CN.4/25

A/CN.4/43 yCorr.l

A/CN.4/44

A/CN.4/61 yAdd.l

A/CN.4/63

A/CN.4/77

A/CN.4/85

A/CN.4/87

A/CN.4/95

A/CN.4/104

A/CN.4/L.55

A/CN.4/L.66A/CN.4/L.68 y

Add.l a 5

A/CN.4/SR.331 a381

A/CONF.10/6

Título

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada ensu séptimo período de sesiones: Informe de la Sexta Comisión

Informe sobre el derecho relativo a los tratados, por J. L. Brierly, RelatorEspecial

Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad:informe por J. Spiropoulos, Relator Especial

Segundo informe sobre el derecho relativo a los tratados: artículos revisadosdel proyecto de convención, por J. L. Brierly, Relator Especial

Segundo informe sobre un proyecto de código en materia de delitos contrala paz y la seguridad de la humanidad, por J. Spiropoulos, Relator Especial

Segundo informe sobre el régimen del mar territorial, por J. P. A. François,Relator Especial

Informe sobre el derecho relativo a los tratados, por H. Lauterpacht, RelatorEspecial

Tercer informe sobre el régimen del mar territorial, por J. P. A. François,Relator Especial

Tercer informe sobre el proyecto de código de delitos contra la paz y laseguridad de la humanidad por J. Spiropoulos, Relator Especial

Segundo informe sobre el derecho relativo a los tratados, por H. Lauterpacht,Relator Especial

Programa provisional

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada ensu octavo período de sesiones

Derecho relativo a los tratados: documento de trabajo preparado por laSecretaría

Orden del día de la 331a. sesión de la ComisiónProyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor

realizada en su octavo período de sesiones

Actas resumidas de las 331a. a 381a. sesiones de la Comisión

Informe de la Conferencia Técnica Internacional para la Conservación de losRecursos Vivos del mar, Roma, 18 de abril a 10 de mayo de 1955

Observaciones y referencias

Documentos Oficiales de la Asam-blea General, décimo período desesiones, Anexos, tema 50 del pro-grama

Mimeo grafiado

ídem

ídem

ídem

ídem

ídem

ídem

ídem

ídemAprobado sin modificación. Para el

texto de este documento, véaseA/3159, párr. 5.

El mismo texto del documentoA/3159

Mimeografiado

ídemídem

Véase Anuario de la Comisiónde Derecho Internacional, 1956,Vol. I.

Publicaciones de las Naciones Uni-das, No. de venta: 1955.II.B.2.

300

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ALEMANIAR. Eisenschmidt. Kaiserstrasse 49t FRANC-FORT/MAIN.Buchhandlung Elwert & Meurer, Haupt-strasse 101, BERLIN-SCHONEBERG.Alexander Horn, Spiegelgasse 9, WIESBADEN.W.E. Saarbach, G.m.b.H.,Ausland-Zeitungs-bandel, Oertrudenstrasse 36, COLONIA 1.

ARGENTINAEditorial Sudamericana, S.A., Calle Alsina500, BUENOS AIRES.

AUSTRALIAH.A. Goddard Ply.. Ltd., 255a George Street,SYDNEY, N.S.W; 40 Queen St., MELBOURNE,Victoria.Melbourne University Press, CARLTON N. 3(Victoria).

AUSTRIAGerald & Co., Graben 31, VIENA I.B. Wiillerstorff, Book Import and Subscrip-tion Agency, Markus Sittikusstrasse 10,SALZBURGO.

BÉLOICAAgence et Messageries de la Presse, S.A..14-22 rue du Persil, BRUSELAS.

BOLIVIALibrería Selecciones, Empresa Editora «LaRazón», Casilla 972, LA PAZ.

BRAZILLivraria Agir, Rua Mexico 98-B. CaixaPostal 3291, Rio DE JANEIRO, D.F. y enSAO PAULO y BELO HORIZONTE.

CAMBOYAPapeterie-Librairie nouvelle, Albert Portail,Av. Boulloche 14, PNOM-PEN.

CANADÁThe Ryerson Press, 299 Queen Street West,TORONTO, Ontario.

CEILÁNThe Associated Newspapers of Ceylon, Ltd.,

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COSTA RICATrejos Hermanos, Apartado 1313, SAN JOSÉ.

CUBALa Casa Belga, Rene de Smedt, O'Reilly 45S,LA HABANA.

CHECOESLOVAQUIACeskoslovensky Spisovalel, NAFodni Tfida 9,PRAOUA I.

CHILELibrería Ivens, Casilla 20S, SANTIAGO.Editorial del Pacífico, Ahumada 57, SANTIAGO.

CHINAThe World Book Co., Ltd.. 99 Chung KingRoad, 1st Section, TAIPEH, Taiwan.The Commercial Press, Ltd., 211 HonanRd., SHANGHAI.

DINAMARCAMessrs. Einar Munksgaard, Ltd., Nerregade6, COPENHAGUE.

ECUADORLibrería Científica Bruno Moritz, Casilla 362,GUAYAQUIL, y en QUITO.

EGIPTOLibrairie « La Renaissance d'Egypte », 9Sharia Adly Pasha, EL CAIRO.

EL SALVADORManuel Navas y Cia, « La Casa del LibroBarato », !• Avenida Sur 37, SAN SALVADOR.

ESPAÑALibrería Jose Bosch, Ronda Universidad II,BARCELONA.Liberia Mundi-Prensa, Lagasca 38 MADRID.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAInternational Documents Service, ColumbiaUniversity Press, 2960 Broadway, NUEVAYORK 27, N.Y.

FILIPINASAlemar's Book Store, 749 Rizal Avenue.MANILA.

FINLANDIAAkateeminen Kirjakauppa. 2 Keskuskatu,HELSINKI.

FRANCIAEditions A. Pedone, 13 rue Soufflol. PARÍS.

GRECIAKauftmann Bookshop, 28 Stadion Street,ATHENAS.

GUATEMALASociedad Económica Financiera, Edf. Briz,Do. 206, 6» Av. 14-33, Zona 1. GUATEMALACity.

HAITÍMax Bouchereau, Librairie « A U Caravelle »,Botte postale Ul-B, PUERTO-AU-PRINCIPE.

HONDURASLibrería Panamericana, Calle de la Fuente.TEGUCIGALPA.

HONG KONGSwindon Book Co., 25 Nathan Road, Kow-LOON.

INDIAOrient Longmans, CALCUTA, BOMBAY,MADRAS y NUEVA DELHI.Oxford Book & Stationery C , Scindia House,NUEVA DELHI, y en CALCUTA.P. Varadachary & Co., 8 Linghi Chetty Street,MADRAS I.

INDONESIAJajasan Pembangunan, Gunung Sahari 84,DJAKARTA.

IRAKMackenzie's Bookshop, Booksellers andStationers, BAGHDAD.

IRAN« Guity », 482 av. Ferdowsi, TEHERÁN.

ISLANDIABokaverzlun Sigfusar Eymundsonnar, Austur-streti 18, REYKJAVIK.

ISRAELBlumstein's Bookstores, Ltd., P.O.B. 4154.35 Allendy Road, TEL AVIV.

ITALIALibrería Commissionaria Sansoni, Vim GtnoCapponi 26, FLORENCIA.

JAPÓNMaruzen Co., Ltd., 6 Tori-Nichome, Nihon-bashi, P.O.B. 605, TOKIO Central.

JORDANIAJoseph & Bahous & Company, Dar-UI-Kutub,P.O. Box 66, AMAN.

LÍBANOLibrairie Universelle, BEIRUT.

LIBERIAJacob Momolu Kamara, Gurly and FrontStreets, MONROVIA.

LUXEMBURCOLibrairie J. Schummer, Place Guillaume,LUXEHBURGO.

MÉXICOEditorial Hermes. S.A., Ignacio Mariscal 41.MEXICO, D.P.

NORUEGAJohan Grundt Tanum Forlag, Kr. Augustsgt.7A. OSLO.

NUEVA ZELANDIAThe United Nations Associations of NewZealand, G.P.O. 1011, WELLINGTON.

PAÍSES BAJOSN.V. Martinus NijhofT, Lange Voorhout 9.LA HAYA.

PAKISTÁNThomas & Thomas, Fort Mansion, FrereRoad, KARACHI.Publishers United, Ltd., 176 Anarkali,LAHORE.The Pakistan Co-operative Book Society,150 Govt. New Market, Azimpura, DACCA,East Pakistan (y en CHITTAGONO).

PANAMÁJosé Menéndez, Agencia Internacional dePublicaciones, Plaza de Arango, PANAMÁ.

PARAGUAYAgencia de Libertas de Salvador Nizza,Calle Pte. Franco 39-43, ASUNCIÓN.

PERÚLibrería Internacional del Perú, S.A., Casilla1417, LIMA, y en AREQUIPA.

PORTUGALLivraria Rodrigues, Rua Áurea 186-188.LISBOA.

REINO UNIDOH.M. Stationery Office, P.O. Box 569, LON-DRES S.E.I,y en H.M.S.O. Shops en LONDRES, BELFAST.BIRMINGHAM, BRISTOL, CARDIFF, EDIMBURGOy MANCHESTER.

REPÚBLICA DOMINICANALibrería Dominicana, Calle Mercedes 49.Apartado 656, CIUDAD TRUJILLO.

SINGAPURThe City Bookstore, Ltd., Winchester House,Coltyer Quay, SINGAPUR.

SIRIALibrairie universelle. DAMASCO.

SUECIAC E . Fritze's Kungl. Hovbokhandel, Freds-gatan 2, ESTOCOLMO 16.

SUIZALibrairie Payot, S.A., 1 rue de Bourg, LAU-SANA,y en BASILEA, BERNA, GINEBRA, MOSTREUX.NEUCHATEL, VEVEY, y ZURICH.Librairie Hans Raunhardt, Kirchgasse 17.ZURICH 1.

TAILANDIAPramuan Mit, Ltd., 55, 57, 59 ChakrawatRoad, Wat Tuk, BANGKOK.

TURQUÍALibrairie Hachette, 469 Istiklal Cadd.ii.BEYOGLU-ESTAMBUL.

UNIÓN SUDAFRICANAVan Schaik's Bookstore (Pty.). P.O. Box 724.PRETORIA.

URUGUAYOficina de Representación de Editoriales,Prof. Hector D'Ella, 18 de Julio 1333, PalacioDiaz, MONTEVIDEO,

VENEZUELALibrería del Este, Av. Miranda 52, Edf.Galipan, CARACAS.

VIETNAMLibrairie Albert Portail, 185-193 rue Catinat.SAIGÓN.

YUGOESLAVIADfzavno Preduzece, Jugoslovenska Knjiga,Terazije 27/11, BELGRADO.Cankars Endowment (Cankarjéva Zalozba),LIUBUANA (Slovenia).

XIL—56En aquellos países donde aún no se han designado agentes de venta los pedidos o consultas deben dirigirse a:

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