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Análisis de Situación para la UICN en México Apoyo a la definición de un programa de trabajo de la UICN en la subregión
ANÁLISIS DE SITUACIÓN PARA LA UICN EN MÉXICO
Apoyo a la definición de un programa de
trabajo de la UICN en la subregión
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Análisis de Situación
para la UICN en
México
I. INTRODUCCIÓN
Dentro de su proceso de planificación
programática para México, la Oficina Regional de
la UICN Mesoamérica, requiere de un
diagnóstico ambiental a nivel nacional, que
permita definir un nicho y líneas de acción para
el país.
Este análisis de situación incluye el estado de los
ecosistemas y sus servicios, las fuerzas que
generan presión y los efectos de la pérdida de
ecosistemas en el bienestar de la población.
Este es un informe estructurado en datos de
base secundaria y de acuerdo a tres grandes
áreas temáticas: A) Análisis del estado, las
condiciones y las tendencias humanas y
ambientales en el país; B) Análisis de los
principales procesos de política y respuestas
existentes a las presiones ambientales; y C)
Análisis de los principales actores interesados en
la conservación de los ecosistemas y sus
servicios y su relación con las condiciones y
tendencias, así como con los principales
procesos de política.
Además de mapear los procesos de políticas
ambientales, es importante también identificar las
principales partes o actores interesados,
respecto a su relación con las condiciones y
tendencias, así como con los principales
procesos donde la UICN pretende influir en el
cambio de política. En el caso de los actores
interesados, la UICN pretende influir en su
comportamiento o sus mecanismos de
gobernanza.
El análisis de situación considera como
referente, las temáticas del programa mundial de
la UICN propuesto para 2013-2016:
- Conservar y valorar la biodiversidad,
- Compartir los beneficios de la naturaleza,
- Cambio climático,
- Manejar los ecosistemas para mejorar la seguridad alimentaria, y
- Economía verde.
El análisis de situación tiene que definir el nicho de la UICN en México, así como las líneas programáticas prioritarias a desarrollar durante el periodo de 2013 a 2016.
II. RESUMEN EJECUTIVO
México es un país donde se conserva una de las reservas más importantes de biodiversidad continental y marina del planeta. Sus ecosistemas han generado servicios que constituyen el patrimonio y bienestar no sólo para los mexicanos, sino para los pueblos del mundo que a lo largo del tiempo han degustado sus especies, recreado en sus aguas y paisajes, y aprendido del valor tangible e intangible de su territorio, espacio de encuentro entre la Naturaleza y la cultura.
No obstante su relevancia para el bienestar humano, los servicios de los ecosistemas están declinando ante diversas fuerzas y presiones socioeconómicas, que aunado a la vulnerabilidad implícita al ser un territorio de transiciones geográficas, reclama una acción para el aseguramiento de la conservación, aprovechamiento, protección y restauración de la biodiversidad.
Las amenazas presentes no sólo son locales, sino también globales, como el cambio climático, ante el cual se deben prever acciones de adaptación y mitigación que conserven de forma sustentable el abasto de alimentos y agua, y den seguridad a las poblaciones ante los diversos riesgos de desastres.
Al mismo tiempo de atender las amenazas, se tienen que realizar procesos que disminuyan la vulnerabilidad presente, deteniendo y revirtiendo los diversos tipos de pobreza, incluyendo la de información y capacitación, desarrollando proyectos innovadores que vinculen la riqueza de biodiversidad y conocimientos tradicionales, con negocios justos para los pueblos y los demás seres vivos que habitan éste que es uno de los países con mayor biodiversidad y geodiversidad existentes.
En México se ha hecho el esfuerzo de revertir los daños al ambiente por medio de legislación, sin embargo el pobre marco legal, la cultura y la presión antropogénica al ambiente genera un
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espacio adecuado para que la UICN pueda ser un catalizador en el desarrollo sustentable del país.
II. MARCO GEOGRÁFICO Y ECOLÓGICO
2.1 Ámbitos y límites geográficos
México, cuyo nombre oficial es el de Los Estados
Unidos Mexicanos, es un país integrado por
partes integrantes de la Federación, arrecifes,
cayos e islas en los mares adyacentes (como las
islas Guadalupe y las de Revillagigedo situadas
en el Océano Pacífico), una amplia plataforma
continental y zócalos submarinos, aguas de los
mares territoriales y marítimas interiores, así
como el espacio situado sobre el territorio
nacional –Artículo 42 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos-(Cámara de
Diputados, 2011).
El área del país es de 1.96 millones de
kilómetros cuadrados de superficie continental;
5.13 miles de kilómetros cuadrados de superficie
insular; 5.11 millones de kilómetros cuadrados de
superficie marítima y un espacio aéreo de 10
kilómetros de altitud. Limita al norte con los
Estados Unidos de América, con una línea
fronteriza de 3,152 kilómetros; al sur demarca
con las Repúblicas de Guatemala y Belice
mediante una línea fronteriza sinuosa de 1,149
kilómetros de extensión total; limita en dirección
este con el océano Atlántico, el Golfo de México
y mar de las Antillas con 3,118 kilómetros; y la
frontera oeste delimita con el océano Pacífico (el
más grande del planeta) y el Golfo de California
con 8,722 kilómetros de litoral. Por longitud de
costas, México se ubica en el lugar 13 del mundo
y en el sitio 14 por su superficie (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2011). Por su pluralidad geológica y geomorfológica que
condiciona la diversidad biológica, cultural, del
paisaje y de los servicios del ecosistema, México
es geodiverso y biodiverso. Pocos lugares en el
mundo muestran la extraordinaria
heterogeneidad ambiental presente en los
ecosistemas terrestres y marinos. Es un territorio
de transiciones y diversidad climática, de
vegetación, y de fuerzas geológicas; donde están
presentes todos los tipos de roca del mundo y la
totalidad de las fuerzas geológicas conocidas,
así como de procesos de formación de suelos.
México tiene una posición privilegiada ya que en
su territorio se encuentran las dos regiones
biogeográficas de América: el Neotropical y el
Neártico. Presenta complejas orografías con
variaciones en elevación de 0 a 5,630 metros
sobre el nivel del mar, donde las mayores
elevaciones están asociadas a volcanes.
En el país existe una zona árida y semiárida,
cubierta por pastizales y matorrales desérticos
(primer lugar en extensión), una tropical
subhúmeda cubierta por “selvas bajas deciduas”
(segundo lugar), una templada subhúmeda
cubierta por combinaciones de pinos y encinos
(tercer lugar), una tropical húmeda, cubierta por
selvas altas, selvas medianas y sabana (cuarto
lugar) y una zona templada húmeda, cubierta de
bosques llamados “mesófilos” (Soberón, 2010).
Asimismo, sus océanos tienen profundidades
variadas que llegan a los cuatro kilómetros. Todo
esto explica la existencia en México de una de
las mayores diversidades del planeta distribuidas
en 17 provincias biogeográficas (figura 1) que lo
ubican en el cuarto lugar del mundo en términos
de riqueza biológica o “biodiversidad” por lo que
se considera uno de los países “megadiversos”
(Instituto de Geografía UNAM, 2007).
Es un territorio que se caracteriza por una gran
variabilidad climática, consecuencia de su
posición geográfica y una compleja topografía.
Esta complejidad determina los regímenes
pluviales y de temperaturas a nivel regional, lo
que a su vez condiciona la dinámica de las
cuencas hidrográficas. La precipitación en las
cuencas de México presenta un panorama
heterogéneo, donde las cuencas de la península
de Baja California y del norte del país constituyen
los territorios que reciben la menor precipitación
– menos de 100 mm anuales-. Las cuencas que
han recibido mayor precipitación están en la
zona costera del estado de Veracruz y Chiapas –
más de 1,500 mm al año- (Davydova, 2010).
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Figura 1. Regionalización Biogeográfica (UNAM,1990)
2.2 Contexto ambiental actual; Las Fuerzas
Motoras de Presión
Si bien la historia de la transformación de los
ecosistemas naturales de México es compleja y
diversa desde la época prehispánica, no hay
duda de que a partir de la década de 1940 el
proceso se aceleró en todo el país, incluso en
zonas consideradas previamente inaccesibles
(Challenger 1998).
Las amenazas a la biodiversidad en México tienen
como origen las tres grandes fuerzas con que Paul
Ehrlich describe el impacto de la población
humana en los sistemas que sustentan la vida en
la Tierra: el tamaño de la población humana, el
nivel de consumo (prosperidad medida como
consumo per cápita) y las tecnologías que sirven al
consumo (incluyendo las estructuras sociales,
políticas y económicas). A éstas fuerzas se agrega
la referida a las decisiones nocivas por una
ausencia de visión a favor de la biodiversidad
(Curiel et al., 2011). Conforme aumenta el tamaño de la población y se
sobrecarga el territorio, se incrementan las
presiones a los ecosistemas por la competencia de
recursos y la cantidad de diversos residuos
liberados al ambiente inclusive en áreas naturales
protegidas.
En el inicio del siglo XX en México, la natalidad y
la mortalidad eran elevadas y la esperanza de
vida al nacer era cercana a los 30 años. En un
siglo, aumentó a 75 años (Ordorica, 2010). En
2010 el censo de población arrojó una población
total de 112.3 millones de personas (INEGI,
2011), cifra superior a las predicciones. El 77%
de la población vive en ciudades, de la cual, el
62% habita en metrópolis mayores a los 100,000
habitantes.
Un promedio de 609 mexicanos por día dejaron
el país durante los últimos cinco años para irse
hacia Estados Unidos, principalmente. De ellos,
250 eran adolescentes y jóvenes de entre 15 y
24 años de edad. El 68% de la migración
mexicana se encuentra en el rango de edad de
15 a 34 años (INEGI, 2011)
Extensas áreas urbanas concentran la población
en la mayoría de los estados, donde se consume
hasta el doble de agua de las ciudades
calificadas como sustentables y se genera más
de un kilogramo de residuos sólidos por
habitante al día. Este consumo irreflexivo trae
varias consecuencias; por una parte, la
disminución del agua disponible para la vida
silvestre al competirse por el recurso, y por otra, la
pérdida de corredores de hábitats naturales con el
establecimiento de grandes presas para mantener
los niveles de consumo de agua (Pringle, 2006).
Figura 2. Presiones a los ecosistemas (CONABIO, 2008)
El consumo de energía es otra fuerza de presión
que va en aumento. Esto afecta a los espacios
naturales ante la necesidad de obtener una mayor
oferta de energía, como se ha dado en la reiterada
intención de hacer aprovechamiento de la
geotermia para producción de electricidad dentro
de áreas protegidas (Curiel et al., 2011).
En materia agrícola, México es uno de los mayores
consumidores de agroquímicos, el 84% de los
agricultores los utilizan provocando contaminación
del suelo, del agua, de la atmósfera y eliminando
diversos organismos de la vida silvestre. El uso de
fertilizantes nitrogenados y fosfatados están
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provocando ríos muertos (Chivian y Bernstein,
2008); la acidificación de los suelos (Curiel, 2009);
la eutrofización de cuerpos de agua y la creación
de zonas anóxicas en la costa. Por otra parte, el
uso de plaguicidas, daña también a diversas
especies cuyos nichos juegan un papel importante
en las cadenas tróficas, además de provocar
intoxicaciones y daño genético a los trabajadores
agrícolas y sus familias (Payán et al., 2010).
Hay que considerar además, la presión que ejerce
el uso del fuego utilizado en la preparación de
terrenos agrícolas, ya que el 44% de los incendios
se derivan de quemas agropecuaria, lo que
ocasiona la pérdida de los servicios del
ecosistema.
La población demanda también mayor consumo
de carne de bovino, teniendo como resultado un
incremento continuo en el número de cabezas de
ganado en los bosques, disminuyendo la
biodiversidad por la competencia con especies
silvestres, la compactación de los suelos por el
exceso de carga animal y los incendios
intencionales debido al interés de establecer
pastizales inducidos dentro de ecosistemas
forestales. El Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) considera
a la ganadería como una de las cinco presiones
principales que tienen un impacto en la diversidad
biológica1 (Secretaría del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, 2010). En los últimos 20 años, la población incrementó el
número de vehículos automotores superando en
algunos municipios los 350 vehículos por cada
1,000 habitantes (Pinal y Curiel, 2009); la
velocidad del tráfico vehicular y la cantidad de
vehículos, impactan de manera negativa a la
biodiversidad (Forman et al., 2003). Por otra parte, en la industria metálica, azucarera,
tequilera, así como la de curtiduría y alimentos, es
común que la disposición de desechos se realice
directamente a los ríos y cuerpos de agua sin un
tratamiento previo, provocando pérdida de la
biodiversidad acuática y afectando la salud en el
continente y la zona costera (Curiel y Garibay,
2006).
En México son frecuentes las denuncias de
irregularidades en materia forestal, de infracciones
1 Las cinco presiones principales que impulsan directamente la
pérdida de la biodiversidad son: el cambio del hábitat; la sobreexplotación; la contaminación; las especies exóticas invasoras; y el cambio climático.
por tala clandestina, cambio de uso del suelo,
extracción de suelo forestal, provocar incendios
forestales y contaminación de agua en ríos y lagos
(Curiel y Ramos, 2003). De las 7,521 denuncias
ambientales recibidas en 2007, el 49.16% está
relacionada con el deterioro o aprovechamiento
irregular forestal. De acuerdo a las cifras de
2009, de las 8,154 denuncias que se
presentaron, el 39% son por afectaciones
forestales, 17% a la fauna y 12% por faltas al
cumplimiento de lo dispuesto al ordenamiento
ecológico y las evaluaciones de impacto
ambiental (PROFEPA, 2010). Pese a las
denuncias, en la gran mayoría de casos no hay
aplicación de sanciones para quienes cometen
éstas infracciones.
Las principales causas de la deforestación en el
país son complejas y varían de región a región.
Sobresale el cambio de uso del suelo para
incorporar algunos plantíos de valor comercial
como el caso del aguacate en Michoacán, la
conversión a pastizales de las selvas de los
estados ribereños del Golfo de México y del norte
del país, el desarrollo de infraestructura turística en
la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo, y la
práctica del sistema agrícola de roza-tumba y
quema con ciclos cada vez más cortos por la
presión de la población en aumento. En general en
el país, la deforestación es causada principalmente
por el cambio de uso del suelo para uso agrícola y
urbano, por los incendios forestales, la tala ilegal,
los permisos especiales para usos alternativos
(como los concedidos a la Comisión Federal de
Electricidad para el desarrollo de infraestructura de
energía) y en menor medida por los desastres
naturales. La degradación de los ecosistemas
forestales se rige básicamente por la extracción de
madera y leña, los incendios forestales, y por la
tala ilegal (CIFOR, 2010) Otra práctica que ha causado gran daño a la
biodiversidad, es que las áreas silvestres son
visualizadas de forma frecuente como ”espacios
ociosos”, que no generan ninguna riqueza y se dan
autorizaciones para cambio de uso del suelo sin
evaluar la pérdida de biodiversidad y el impacto
sobre los ecosistemas y sus servicios. A la toma
de decisiones sobre cambio de uso de suelo,
donde es clara la nocividad a la biodiversidad, se
tendría que agregar la práctica de reforestaciones
mal planeadas que ocasionan pérdida de la
biodiversidad al comportarse como monocultivo
(Curiel et al., 2011).
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Numerosos árboles se han plantado para evitar
procesos erosivos o mejora del paisaje, pero su
capacidad de expansión les ha convertido en
especies invasoras (Capdevila et al., 2006). La
acción frecuente de convocar a reforestaciones en
zonas de bosques que han sufrido un incendio, sin
antes evaluar la capacidad de auto regeneración
del ecosistema y proteger el banco de semillas de
las decenas de especies locales ahí presentes, en
el mejor de los casos, se reforesta con una sola de
ellas, ocasionando con ello pérdida de diversidad,
ya que en lugar de una restauración con las 15 o
20 especies de árboles por hectárea que se
tenían antes del incendio, se planta una sola
(Curiel et al., 2011), este tipo de reforestaciones
aumenta la vulnerabilidad a ataques masivos de
plagas (Pérez-Gil, 2011). Un último caso de nocividad en la toma de
decisiones, es el referido a los actos de corrupción,
como el que ha llevado a quitar superficie
protegida ya decretada. Como ejemplo se
encuentra el caso del Bosque La Primavera en
Jalisco, que en 2008 un juez dictaminó quitar 552
hectáreas del área protegida por decreto federal de
1980, pasando por alto el interés público del área y
el interés internacional al ser una reserva de la
biosfera (Curiel et al., 2011).
Por último, hay que agregar la amenaza del cambio climático y sus efectos (calentamiento y elevación del nivel del mar) que afectarán a to-dos los ecosistemas costeros (Lara-Lara, 2008), que además presionarán a comunidades vegeta-les, siendo las más sensibles las que se estable-cen en lugares con climas templados, tales como los bosques de coníferas y encinos (bosques templados), bosques mesófilos, pastizales y matorrales xerófitos. Entre 65 y 70% de la super-ficie total de los bosques templados resultaría afectada; los bosques mesófilos estarían expues-tos al cambio entre 46 y 58% de su extensión. Los pastizales, así como aquellos matorrales xerófilos con afinidades templadas, hasta 93% de su superficie total sería afectada por el cam-
bio (Villers-Ruiz y Trejo-Vázquez, 2010), figura 6.
III. ESTADO Y TENDENCIAS DEL CAMBIO
AMBIENTAL EN MÉXICO
3.1 Conservación y valoración de la
biodiversidad
México como país biológicamente megadiverso
se posiciona en privilegiados lugares: 2do. lugar
en reptiles con 804 especies; 3er lugar en
mamíferos con 535 especies; 5to. lugar mundial
en diversidad de plantas vasculares con 25,008
especies; 5to lugar en anfibios con 361 especies;
y 8vo. lugar en aves con 1,107 especies
(Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008).
Con respecto a especies endémicas de
vertebrados, en México la mayor proporción se
presenta en reptiles con 368 especies, le siguen
los peces con 271spp., anfibios con 174spp.,
mamíferos con 161spp. y aves con 125 especies
endémicas. De todas las anteriores, son las aves
en donde el registro de nuevas especies se ha
estabilizado relativamente. De las restantes, se
siguen incrementando a través del tiempo,
siendo los mayores aumentos en peces y
reptiles.
Figura 3. Diversidad de aves (CONABIO, 2008)
A nivel de plantas vasculares, la mayor riqueza
se presenta en los estados de Veracruz, Chiapas
y Oaxaca con más de 4,000 registros cada uno.
En vertebrados, la mayor riqueza se encuentra
en los mismos tres estados con mayor diversidad
de plantas, contando con más de 1,100 registros
cada uno. De peces, la mayor riqueza está en
Baja California y Baja California Sur -más de 350
registros c/u-; de anfibios: Chiapas, Veracruz y
Oaxaca -más de 100 registros c/u-; reptiles:
Oaxaca, Chiapas, Veracruz -más de 210
registros c/u-; aves: Veracruz y Oaxaca -más de
600 c/u-; y mamíferos: Chiapas -más de 200-
(Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008).
Un total de 56 especies se han extinto en
México, la mayor parte han sido plantas, le
siguen peces y aves. En Veracruz donde se ha
documentado el mayor número de especies
extintas (Baena y Halffter, 2008). La riqueza de especies tiene una tendencia
general a incrementarse hacia el sur del territorio
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mexicano, alcanzando su valor máximo en el
centro-noreste de Oaxaca, donde convergen la
Sierra Madre del Sur, el Eje Neovolcánico, la
Sierra Madre Oriental, la Sierra del Norte de
Oaxaca y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán
(Villaseñor et al., 2005). Allí se observa la mayor
heterogeneidad de hábitat y la historia geológica
y paleoclimática más compleja. En cambio, los
endemismos son más frecuentes tanto en las
montañas del sur de México, como en las áreas
del medio tropical semiárido y subhúmedo
(Rzedowski, 1991; Llorente y Luis, 1993). Actualmente se dispone de una base de datos
que contiene más de 15,000 registros de
mamíferos en el Sistema de Información de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO) (Barrios-Rivera,
1985; Arroyo-Cabrales et al., 2002). La mayoría
de las especies corresponden a animales
pequeños, de menos de 1 kg (68.2%), mientras
que los medianos y los grandes representan
9.5% y 22.3% respectivamente (Arroyo-Cabrales
et al., 2008).
México cuenta con arrecifes de coral en ambas
costas, la del Pacífico y las del Atlántico. Los
ecosistemas costeros son los más amenazados
por la actividad antropogénica, debido a los
efectos de la actividad industrial, agrícola,
turística, pesquera y minera, y por las descargas
de desechos urbanos, aguas negras y residuos
industriales peligrosos. Esta afectación está
llevando a una pérdida de servicios ambientales
de gran importancia para la sociedad. Las
tendencias de deterioro van en aumento y las
medidas tomadas aún son insuficientes (Lara-
Lara, 2008).
Por otra parte, según la FAO, las mayores
extensiones de manglares en el mundo se
encuentran en cinco países (Indonesia, Australia,
Brasil, Nigeria y México) que suman el 48% del
área total de manglares en el planeta (FAO,
2007)
En este sentido y tomando en cuenta su
importancia, en los ecosistemas de manglar se
han realizado algunas evaluaciones económicas
de los servicios que proporcionan. Un ejemplo es
el estudio realizado por Exequiel Ezcurra a partir
de un avalúo emitido el 4 de agosto de 2004 por
Nacional Financiera, institución que forma parte
de la banca de desarrollo del gobierno federal,
que determinó que 151 hectáreas del terreno que
requería Golf & Resorts para edificar su proyecto
turístico Riviera Cancún, le fue entregado por
Fonatur gratuitamente por tratarse de una zona
de manglar, a la que “no se le reconoce valor”
económico. Ezcurra realizó una evaluación
económica de este ecosistema, considerando
únicamente el servicio de producción de
alimento. Encontró que el valor por hectárea
llega a ser de 139,622 dólares a un horizonte de
cuatro años (Ezcurra, 2008).
3.1.1 Áreas Naturales Protegidas y sitios de
importancia para la conservación
Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas
del territorio nacional y aquéllas sobre las que la
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en
donde los ambientes originales no han sido
significativamente alterados por la actividad del
ser humano o que requieren ser preservadas y
restauradas y están sujetas al régimen previsto
en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) – Artículo 3,
fracción II de la LGEEPA-. Para la CONANP las
Áreas Protegidas son el instrumento de política
ambiental con mayor definición jurídica para la
conservación de la biodiversidad que se crean
mediante un decreto presidencial (CONANP,
2011).
Asimismo, con el propósito de integrar en un
Sistema las áreas que por su biodiversidad y
características ecológicas sean consideradas de
especial relevancia en el país, la LEGEEPA
permite la integración del Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas – Artículo 76 de la
LEEPA-.
Algunos de los criterios que deben considerarse
para incorporar una área protegida al Sistema
Nacional, es que presenten especial relevancia
en algunas de las siguientes características:
riqueza de especies, presencia de endemismos,
presencia de especies de distribución restringida,
presencia de especies en riesgo, diferencia de
especies con respecto a otras áreas protegidas
previamente incorporadas al Sistema, diversidad
de ecosistemas presentes, presencia de
ecosistemas relictuales, de ecosistemas de
distribución restringida o de fenómenos naturales
importantes o frágiles, integridad funcional de los
ecosistemas; importancia de los servicios
ambientales generados y viabilidad social para
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su preservación –Artículo 37 del Reglamento de
la LGEEPA en materia de Áreas Naturales
Protegidas-.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra actualmente 174 áreas de carácter federal que incluyen 67 Parques Nacionales, 41 Reservas de la Biosfera, 35 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 18 Santuarios, 8 Áreas de Protección de Recursos Naturales, y 5 Monumentos Naturales, que suman 25´384,818 hectáreas, lo que corresponde al 13% aproximadamente del territorio nacional, Figura 4, (CONANP, 2011). Del total de estas áreas protegidas, las que cuentan con un Programa de Manejo disponible, son 69.
Figura 4. Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2011)
En mayo de 2008 se aprobó una modificación a
la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente para incorporar como
una categoría de área protegida adicional a las
dispuestas en el Artículo 46, la “XI.- Áreas
destinadas voluntariamente a la conservación”
(Diario Oficial de la Federación, 2008). Esta
nueva categoría de área protegida requiere de
un certificado emitido por la CONANP para que
se le reconozca legalmente, documento donde
se compromete el propietario a mantener las
condiciones naturales del territorio durante un
cierto tiempo.
Así, la CONANP participa en la conservación de
los ecosistemas mediante la certificación,
herramienta que ayuda a los propietarios al
establecimiento, administración y manejo de
Áreas Naturales Protegidas privadas. Proceso
unilateral por parte del proponente, en el cual la
CONANP participa como fedatario de la voluntad
de conservar sus predios y de las políticas,
criterios y acciones que el promovente pretende
realizar para lograr sus fines – Artículo 55 bis de
la LGEEPA -.
La nueva modalidad de conservación ha sido
bien recibida por la sociedad; actualmente se
cuenta con un total de 221 certificados a diversos
propietarios, quienes voluntariamente se han
comprometido a conservar un total de 274,151
hectáreas distribuidas en 15 entidades
federativas. La mayor cantidad de superficie
destinada voluntariamente a la conservación,
proviene nueve grupos étnicos de comunidades
rurales, en segundo lugar los ejidatarios, en
tercer lugar el sector empresarial y en cuarto,
propietarios particulares (CONANP, 2011).
La CONANP participa de manera directa en el
cumplimiento de los compromisos de México
ante la Convención sobre Humedales de
Importancia Internacional (Convención Ramsar),
tratado internacional que busca la conservación y
el uso racional de los humedales y sus recursos.
Actualmente México cuenta con 134 sitios
Ramsar por lo que se ubica en el segundo lugar
a nivel mundial en número de sitios designados
(CONANP, 2011).
Una forma adicional de conservación son las
Unidades de Manejo para la Conservación de la
Vida Silvestre, conocidas como UMA, que de
conformidad con la Ley General de Vida Silvestre
(LGVS) son los predios e instalaciones
registrados que operan con un plan de manejo
aprobado y dentro de los cuales se da
seguimiento permanente al estado del hábitat y
de poblaciones o ejemplares que ahí se
distribuyen – Artículo 3, fracción XLV de la
LGVS-. Las UMA consisten en un esquema de
trabajo que se aplica a un área rural
determinada, con el cual se crean oportunidades
para aprovechar de forma legal y viable la vida
silvestre.
Para abril de 2008, se habían establecido 8,255
UMA en una superficie mayor a 26.2 millones de
hectáreas. La mayor cantidad de superficie bajo
manejo en estas unidades se encuentra en los
matorrales xerófilos -85.7% de la superficie-,
seguidos por los pastizales -5.4%- y los bosques
de coníferas y encinos -4.1%-. En las UMA se
protegen y manejan especies prioritarias como el
berrendo, el lobo gris mexicano, el oso negro, el
jaguar, el cocodrilo y diversas especies de loros,
entre otras. Sin embargo, desde el punto de vista
de la conservación de la vida silvestre, los
resultados de su operación son poco
9
convincentes para algunos. Las estadísticas
sobre las especies manejadas actualmente
indican que una alta proporción de UMA tiene
centrada su atención en el manejo de especies
de valor cinegético, quedando desatendidas
muchas otras especies de vida silvestre, que
pueden ser afectadas por las acciones
destinadas a favorecer a las poblaciones de
especies con interés económico (Gallina-Tessaro
et a.,, 2009). Otros sitios de relevancia para la conservación son: las Regiones Prioritarias terrestres de CONABIO, las Regiones Prioritarias marinas de CONABIO, las Áreas de Importancia para la conservación de las aves, el Corredor Biológico Mesoamericano y las Áreas de distribución del mangle (PROFEPA, 2010). Se estima que de 12 a 13 millones de personas viven en las zonas forestales en México y cerca de 5 millones de ellos son indígenas, la mayoría de ellos viven en condiciones de extrema pobreza, con acceso limitado a la educación, los servicios públicos y el trabajo decente; por lo general, los pobres dependen de la leña como fuente de energía (CIFOR, 2010).
3.2 Uso sostenible de los ecosistemas para el
bienestar humano; compartir los beneficios
de la naturaleza
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, es
una iniciativa que surge en el 2000 por el
entonces Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, y la cual tuvo como
propósito evaluar las consecuencias de los
cambios en los ecosistemas para el bienestar
humano y las bases científicas para las acciones
necesarias para mejorar la conservación y el uso
sostenible de los mismos. En la evaluación de
los servicios del ecosistema, se consideran
ecosistemas relativamente no perturbados, a
bosques nativos, pero también a los paisajes que
mezclan patrones de uso humano y ecosistemas
intensamente manejados y modificados como los
terrenos agrícolas y áreas urbanas a través de
los parques públicos urbanos (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005). De las diez
categorías de ecosistemas de alta
representatividad utilizadas en la evaluación,
México los tiene todos: marino, costero, lacustre,
forestal, árido y semiárido, islas, montañas, sitios
con hielo de forma permanente, agrícolas, y
urbanos.
Los servicios que se obtienen de los ecosistemas
pueden ser directos e indirectos. Se consideran
beneficios directos los llamados servicios de
abastecimiento, que son los más evidentes y se
refieren a productos tangibles como los
alimentos, donde se incluyen tanto los extraídos
del ecosistema (pesca, caza, recolección de
frutos y raíces), como aquellos que han
requerido un cuidado y seguimiento constante
hasta su uso (agricultura, ganadería,
acuacultura, silvicultura); se incluyen además, el
aprovisionamiento de agua, combustibles, fibras,
y recursos genéticos. Los otros beneficios
directos son los servicios de regulación, que
consideran beneficios obtenidos a partir de la
resiliencia de los ecosistemas que mantiene la
calidad del aire, la regulación del clima, el control
de la erosión y la degradación del suelo, la
purificación del agua y tratamiento de desechos,
regulación de enfermedades, de plagas, y de
peligros naturales (inundaciones, huracanes,
sequías, deslizamiento, incendios naturales).
Los beneficios indirectos se relacionan con el
funcionamiento del ecosistema en sí mismo, a
estos se les conoce como servicios de base ó
cimiento, los cuales incluyen el proceso de la
fotosíntesis, la producción de biomasa, el
almacenamiento de materia orgánica, el ciclo de
nutrientes, el ciclo del agua, la formación del
suelo, la producción de oxígeno, y la provisión de
hábitat.
Los ecosistemas también ofrecen beneficios no
materiales denominados servicios culturales, que
son servicios intangibles que se manifiestan a
través del enriquecimiento espiritual, desarrollo
del conocimiento, reflexión, recreación, identidad
ligada con los valores éticos y la herencia
cultural; el desarrollo socio-cultural de cada
persona, incluidos los servicios para el disfrute
relacionados con los beneficios de tipo estético
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).
Otros valores intangibles son el valor de
existencia, referido al entendimiento de los
paisajes naturales y culturales como espacios
donde las formas de vida y cultura son valorados
y considerados sagrados; valor artístico, que
inspiran a la imaginación humana en una
expresión creativa; valor de paz y valor
terapéutico, que consideran las relaciones entre
las personas y los ambientes naturales, que
ayudan potencialmente para curar, además de
10
realzar el bienestar físico y psicológico (Putney,
2003).
Figura 5. Montaña Sagrada Tequila. (foto A.Curiel)
De los cuatro servicios señalados, el de
regulación es el que se ha afectado en mayor
magnitud en el territorio nacional. Al disminuir los
servicios de los ecosistemas se incrementan los
riesgos sanitarios, geológicos,
hidrometeorológicos, los incendios y la erosión
(Curiel et al, 2011).
De las enfermedades altamente afectadas por la
pérdida de los servicios ecosistémicos son:
diarrea, desnutrición, infecciones de las vías
respiratorias inferiores, dengue, neumopatías
obstructivas crónicas, cardiopatía isquémica y
algunos tipos de cáncer, como el de pulmón (y
colon), leishmaniasis, y parásitos intestinales;
siendo los grupos más vulnerables los niños
pequeños, mujeres embarazadas, ancianos,
poblaciones rurales y urbanas marginadas y
personas desplazadas (Corvalán, 2010). El
cáncer de colon en México, pasó de 2,091
defunciones anuales en 2000, a 3,071 en 2009;
la mortalidad de cáncer de pulmón, en el mismo
periodo de tiempo, pasó de 6,262 a 6,691;
mientras que muertes por infarto agudo al
miocardio se ha incrementado de 35,455 a
54,707 muertes y las enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas pasaron de 10,954 a
17,727 muertes al año durante lo que va del siglo
XXI (SINAIS, 2011).
3.3 Cambio climático
Al ser un país de alta diversidad y de múltiples
transiciones, México es muy vulnerable al cambio
climático, los ecosistemas pueden verse
afectados por cambios en la temperatura, en el
ciclo hidrológico y en la frecuencia e intensidad
de fenómenos extremos.
Las condiciones de clima extremo, como las
experimentadas durante el fenómeno El Niño
entre 1997 y 1998, que produjeron situaciones
de sequía en México y un número récord de
incendios forestales, llevará a condiciones de
mayor temperatura y déficit de humedad en el
suelo, que constituyen una seria amenaza para
los bosques (INE-SEMARNAT, 2006).
Un incremento en la temperatura, generaría un
desequilibrio en la población de plagas y
enfermedades, lo que a su vez causaría pérdida
de la salud forestal y mortandad de grandes
superficie de bosques y selvas. La pérdida de
cubierta forestal disminuye a su vez, las tasas y
ritmos de infiltración de las precipitaciones
pluviales en el subsuelo.
Con el calentamiento global, los ecosistemas
naturales continentales y marinos, se moverán
tanto en latitud como en altitud. Las respuestas
de las especies al cambio climático pueden ir
desde una autoadaptación, a la pérdida de las
capacidades de reproducción por estrés calórico,
modificaciones morfológicas y hasta la extinción
de aquellas especies con poca movilidad y
capacidades adaptativas (INE-SEMARNAT,
2006).
Con diferencias en los valores de temperatura y
precipitación, se estima que los tipos de
vegetación más afectados en México serán los
bosques templados, los bosques tropicales y los
bosques mesófilos de montaña, lo que implicará
un cambio en la distribución de las especies que
habitan en esos ecosistemas. Se sabe que una
modificación en el área de cobertura de los tipos
de vegetación, ya sea una contracción o una
expansión, necesariamente traerá como
consecuencia una nueva distribución espacial de
las especies, así como cambios en la
abundancia de aquellas más susceptibles (INE-
SEMARNAT, 2006).
Para el 2050, los modelos proyectan patrones
climáticos donde cerca de la mitad del país,
sufrirá algún tipo de cambio con más del 20% de
la superficie cambiando a climas más secos y
cálidos, con un consecuente aumento en el
estrés hídrico, Figura 6. Tras el cambio climático,
el escenario tendencial de distribución refleja una
dramática disminución de las áreas cubiertas por
11
bosques mesófilos por ésta causa (Arriaga y
Gómez, 2008).
Figura 6. Áreas afectadas por las variaciones
climáticas (Villers-Ruiz y Trejo-Vázquez, 2010)
La vulnerabilidad actual de los ecosistemas
depende en buena medida de la fragmentación
que afecta de forma directa en la pérdida de
resiliencia, en la capacidad de regeneración,
dispersión, pérdida de especies clave, cambio en
la abundancia de las especies, introducción de
plantas invasoras, susceptibilidad a las plagas,
etc., y un detrimento en los servicios
ambientales, por lo que se deben instrumentar
medidas de adaptación como la disminución de
las actuales tasas de deforestación, incentivos
para programas de reforestación con especies y
densidades aptas y nativas; la recuperación o
restauración de áreas con vocación forestal, el
aprovechamiento forestal sustentable, el uso de
información de pronósticos climáticos para
programar campañas de reforestación y
aprovechamiento de bosques; así como la
promoción de programas de pagos por servicios
ambientales (INE-SEMARNAT, 2006).
En este sentido, también resulta necesario
contemplar la evaluación del estado de salud
forestal, ya que en varios sitios del país, más del
40% de la superficie forestal se encuentran con
un nivel de disturbio que se manifiesta con una
dominante cobertura de vegetación secundaria.
Los impactos del cambio climático suelen no ser
comprendidos e incluso subestimados o no
tomados en cuenta en la toma de decisiones, por
lo que es requerido un amplio programa de
comunicación para la adaptación. La
comunicación, aprendizaje y facilitación
profundos pueden ayudar a hacer que la ciencia
del cambio climático y las políticas al respecto
sean relevantes para la realidad social, cultural y
económica de la gente; así como para crear la
voluntad para cooperar: la clave para detonar el
cambio positivo (Hesselink, 2011)
3.4 Seguridad alimentaria
El programa de Seguridad Alimentaria en México
se justifica al reconocer la carencia de resultados
de los programas de desarrollo en zonas
marginadas a pesar de los incrementos en la
inversión y subsidios. Alrededor de 24 millones
de personas en áreas rurales (62% del total de la
población rural) vive en condiciones de pobreza
(SAGARPA, 2008).
Como consecuencia de la crisis económica
reciente, entre 2008 y 2010 se registró una
reducción en el ingreso real de los hogares del
país, especialmente en las áreas urbanas, y
aumentó la población que carece de acceso a la
alimentación suficiente. Como consecuencia, la
población en pobreza en México, aumentó de
44.5% a 46.2%, que corresponde a un
incremento de 48.8 a 52 millones de personas.
La población que sufre carencia social en el
acceso a la alimentación, paso de ser de 21.7%
en 2008, a 24.9% en 2010 (CONEVAL, 2010).
En México se consideran tres fases en la
Seguridad Alimentaria: Disponibilidad (abasto
suficiente y oportuno), Acceso (Físico /
Económico) y Uso (sano y nutritivo).
El programa de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) para la seguridad
alimentaria tiene como objetivos: incrementar la
producción de alimentos; lograr la autosuficiencia
alimentaria microrregional, promover el uso
adecuado de los alimentos, promover
innovaciones y mejoras tecnológicas para la
transformación de modelos productivos que
generen ingresos y empleos, generar empresas
para la creación de empleos e ingresos que
dinamicen el desarrollo de la localidad. En ello,
se considera el supuesto que para una
agricultura sustentable es imprescindible el
mantenimiento de los servicios del ecosistema y
los conocimientos y saberes de los pobladores y
sus estructuras sociales.
Los proyectos productivos que se están
impulsando en el marco de la seguridad
12
alimentaria, están basados en una estrategia de
intervención regional y comunitaria que consta
de tres etapas: 1) Hogar saludable (agua,
energía y alimentos disponibles –servicio de
abastecimiento del ecosistema-); 2) Producción
de alimentos (producción de traspatio, milpa); y
3) Generación de ingresos (cultivos protegidos,
frutales, producción orgánica, turismo rural). El
planteamiento incluye la preservación de los
patrimonios ambientales; el desarrollo de
actividades productivas con calidad,
diversificación y valor agregado; y actividades
recreativas basadas en la preservación de
patrimonios ambientales y culturales (SAGARPA,
2008).
México es un gran productor de alimentos, está
entre los primeros 15 países del mundo en esta
materia. La mayor producción agrícola es para
caña de azúcar -463 kg per cápita/año-, seguido
por maíz -194 kg-. Para el caso de la caña, la
producción en 2009 fue de 49.8 millones de
toneladas, mientras que para el maíz fue de 20.8
millones de toneladas (el maíz fue afectado por
la sequía en 2009, registrando el mayor daño de
la década. Una de cada cinco hectáreas fue
siniestrada). Para el caso de caña de azúcar
existe un superávit, mientras que para maíz, es
deficitario –por cada dólar que ingresó al país por
la venta de maíz, salieron cerca de 21 para
completar la demanda nacional- (SIAP, 2010).
El país tiene una dependencia en la producción
para el mercado regional de granos que alcanza
el 32 por ciento del consumo estimado. Esta
deficiencia explica la iniciativa del gobierno
mexicano por plantar comercialmente cultivos
transgénicos de maíz. Sin embargo, esta
estrategia ignora el valor crítico de la
biodiversidad (y de los conocimientos
tradicionales) que permite lograr en la actualidad
la auto-suficiencia en diversas comunidades del
país (Turrent, 2010).
Recientemente el Gobierno Mexicano
recientemente ha otorgado permiso a diferentes
consorcios multinacionales para conducir 24
experimentos con maíz transgénico en los
estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y
Tamaulipas, todos localizados en el norte
mexicano. Esta región es habitada por cinco
grupos étnicos y es cuna de 29 razas criollas de
maíz (Turrent, 2010). No obstante lo anterior, el
Gobierno Mexicano ha implementado el
Programa de Conservación de Maíz Criollo
SEMARNAT - CONANP, el cual tiene por
objetivo el promover la preservación, protección,
manejo y restauración de los agroecosistemas y
el mantenimiento y recuperación de razas y
variedades de maíz criollo y sus parientes
silvestres en los entornos naturales en las
Regiones Prioritarias (Áreas Naturales
Protegidas de competencia federal, sus zonas de
influencia y aquellas regiones prioritarias para la
conservación).
Sobre los transgénicos, la CONABIO considera
como posibles riesgos: el potencial de flujo
génico entre el Organismo Genéticamente
Modificado (OGM) y el cultivo convencional y
especies silvestres relacionadas; potencial del
OGM para convertirse en maleza o especie
invasora en un área natural; potencial del OGM
de convertirse en una plaga, peste o patógeno;
cambios en las interacciones de la comunidad;
entre otros (Acevedo, 2008). Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias,
remarca que México es un país biológicamente
megadiverso que debe desarrollar una visión
diferente, propia y especializada de la
biotecnología. Señala que el potencial de la
biotecnología en un país con estas
características es muy vasto. La biodiversidad es
riqueza renovable, patrimonio nacional, que de
ser utilizada de manera inteligente y sustentable,
con el concurso de la biotecnología puede
potenciarse enormemente y constituirse en un
soporte permanente (Academia Mexicana de
Ciencias, 2003). Asimismo la UNESCO publicó tres riesgos
probados de los cultivos transgénicos (Conaré y
Le Goulven, 2001): 1. El Flujo de Genes. Cruzamiento entre la planta
cultivada transgénica y variedades no
transgénicas o especies silvestres emparentadas
2. Aparición de resistencia a los insecticidas. Las
plantas transgénicas resistentes a los insectos
devastadores producen toxinas a lo largo de su
vida, afectando las cadenas tróficas
3. Efectos sobre la biodiversidad. Desequilibrios
en los ecosistemas por introducción de nuevos
genes que no hubieran aparecido de otra manera
Además, como riesgo potencial: el traspaso a la
flora microbiana del suelo del transgen de una
planta a otra por mediación de un
microorganismo del suelo que vive en asociación
con diferentes especies vegetales.
13
Un problema adicional es la poca información
que tienen los productores al respecto de ésta
tecnología. Sol Ortiz en 2007 presentó dentro de
la Cátedra de Biodiversidad Enrique Beltrán, los
resultados de una investigación nacional de
percepción, donde el 76% de los agricultores
encuestados, respondió no saber qué era un
organismo genéticamente modificado o
transgénico. Sin embargo cuando se le preguntó
si estaría dispuesto a sembrarlo, el 51% de los
agricultores de Jalisco respondieron
afirmativamente, mientras que los agricultores de
Oaxaca el 68% dijo que no (Ortíz, 2007).
Templo Rojo. Zona arqueológica de Cacaxtla,
Tlaxcala.
3.5 Situación económica y economía verde
3.5.1 Responsabilidad Social Empresarial
La estrategia aceptada de una manera más
exitosa por el sector privado de México para
vincular lo ambiental a la cultura empresarial, ha
sido el movimiento de la Responsabilidad Social
Empresarial, promovido desde el 2000 por el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).
Un indicador de éxito, ha sido el incremento de
empresas que han recibido este distintivo, que
pasaron de ser 17 las que lo recibieron en 2001,
y con un crecimiento constante han sumado 572
en 2011. El otro indicador es la permanencia de
las empresas incorporadas año con año con esta
distinción (CEMEFI, 2011).
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se
ha convertido en una nueva forma de gestión y
de hacer negocios, en la cual la empresa se
ocupa de que sus operaciones sean sustentables
en lo económico, lo social y lo ambiental,
reconociendo los intereses de los distintos
grupos con los que se relaciona. Es una visión
de negocios que integra el respeto por las
personas, los valores éticos, la comunidad y el
medioambiente con la gestión misma de la
empresa, independientemente de los productos o
servicios que ésta ofrece, del sector al que
pertenece, de su tamaño o nacionalidad.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se
comprende reconociendo cuatro líneas
estratégicas o ámbitos básicos y estratégicos
que explican su presencia en toda actividad de la
empresa. Estas son: Ética y gobernabilidad
empresarial, Calidad de vida en la empresa
(dimensión social del trabajo), Vinculación y
compromiso con la comunidad y su desarrollo,
Cuidado y preservación del medioambiente. La responsabilidad social y sus actividades
tienen que ser voluntarias e ir más allá de las
obligaciones legales, pero en armonía con la ley.
Su implementación conlleva actividades de
medición y reporte de sus impactos y su relación
con el desempeño de la organización, por lo que
exige de la empresa rendición de cuentas y
transparencia (CEMEFI, 2011). Las empresas socialmente responsables pueden
informar, en base a indicadores de desempeño,
acerca de temas como uso e impacto ambiental
de aguas, energía, materiales, biodiversidad y
gases. En México, el Centro Mexicano para la
Filantroía (CEMEFI), la Confederación Patronal
de la República Mexicana (COPARMEX) y el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así
como los demás organismos que conforman
AliaRSE, participan activamente en el Comité
Nacional del Pacto Mundial, encargado de su
promoción y seguimiento en México. Los diez
principios que abarca el Pacto Mundial
corresponden al ámbito de los derechos
14
humanos (extraídos de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos); derechos laborales
(extraídos de la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los
principios y derechos fundamentales en el
trabajo); aspectos medioambientales (extraídos
de la Declaración de Río de Janeiro sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo); y acciones de
lucha contra la corrupción (extraídas del
Convenio de la ONU contra la Corrupción). Los
principios relacionados al ambiente, consideran
que las empresas deberían apoyar un enfoque
preventivo ante los retos medioambientales,
guiados por criterios científicos fiables en cuanto
a las posibles repercusiones medioambientales
de un determinado producto o proceso; además,
adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad medioambiental, aplicar políticas
y prácticas medioambientales responsables, que
mejoren la productividad y den ejemplo a los
demás. Finalmente, se asume el compromiso de
fomentar el desarrollo y la difusión de
tecnologías respetuosas del medio ambiente,
que no sólo benefician al medio ambiente local y
mundial, sino que mejoran, además, su eficacia y
productividad (Cajiga, sf).
El área temática de la UICN referida a lograr una
economía verde está desarrollando estrategias de economía verde, y puede hacer sinergia con las oportunidades de mercados “verdes” que se están expandiendo en el sector privado. A través de su singular propuesta de valor, la UICN está en una situación privilegiada para avanzar los conocimientos, la experiencia y la capacidad para integrar los servicios de la biodiversidad y de los ecosistemas en los patrones de produc-ción y consumo. Las empresas que tienen el distintivo de socialmente responsables en Méxi-co, incluyen a los sectores agropecuarios, indus-triales y de servicio, que realizan en el área am-biental, diversas actividades para un uso eficien-te de los recursos naturales como el agua, aho-rro de energía, el manejo de residuos, reducción de emisiones de carbono, disminución del uso de agroquímicos, participación en programas de reforestación y uso de productos biodegradables. Varias de estas empresas publican un informe anual de su desempeño en materia ambiental, como es el caso de Grupo MODELO y Cementos Mexicanos (CEMEX). Con respecto a éste último, en 2010, junto con BirdLife International, terminó un estudio sobre el estado de la biodiversidad en las operaciones de la cementera alrededor del mundo (CEMEX, 2011). Otro tipo de colaboraciones que se han realizado
en México, es el vínculo de empresas
socialmente responsables como Cinépolis, que
han ofrecido sus salas de proyección, sin costo
alguno, para estrenos de películas con temas de
biodiversidad en el marco de la Cátedra Enrique
Beltrán en Conservación, Desarrollo Sustentable
y Biodiversidad de la Universidad de Guadalajara
y el Instituto Nacional de Ecología.
Pese al interés de participar para la obtención del
distintivo de empresa socialmente responsable,
existe una gran disparidad en la actuación de las
empresas que participan y obtienen el distintivo.
Otra cara de la responsabilidad empresarial es el
referido a los productos de madera mexicanos
elaborados con materia prima proveniente de bos-
ques nativos o plantaciones manejados en forma
responsable certificados por el Forest Stewardship
Council (FSC). Esta certificación se basa en 10
principios reconocidos internacionalmente que to-
man en cuenta aspectos ambientales, económicos
y sociales.
Para 2009, en México existían 51 empresas certifi-
cadas en Manejo Forestal y Cadena de Custodia.
De los bosques certificados el 82% corresponde a
empresas forestales comunitarias, mientras que el
18% a empresas privadas (Alianza de Ejidos y
Comunidades Forestales Certificados de México,
2009). De los resultados más exitosos dados a
conocer en medio de comunicación, está el caso de
la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Paran-
garicutiro en Michoacán, y de forma más reciente, la
comunidad indígena del ejido San Diego de Tezains
en Durango que la FAO lo ha considerado como
caso ejemplar y modelo para las iniciativas comuni-
tarias en América. Este ejido ha logrado combinar
de manera exitosa la producción industrial de ma-
dera, la restauración del paisaje, la conservación de
los ecosistemas, la protección del bosque y el eco-
turismo. La actividad forestal ha contribuido de
forma significativa a la reducción de la pobreza y a
mejorar la calidad de vida de las familias del ejido
(FAO, 2010)
3.5.2 Propiedad Industrial
Otra forma de ir generando negocios desde la
biodiversidad, ha sido mediante los derechos
intelectuales que derivan de la protección a la
propiedad industrial, mediante el registro de
marcas colectivas y/o denominaciones de origen
(indicaciones geográficas). Algunos casos que
destacan, son:
15
Marca Colectiva CHAKAY: langosta de las
Reservas de la Biósfera de Banco Chinchorro y
Sian Ka'an. En coordinación con el Programa de
Recursos Biológicos Colectivos (PRBC) de
CONABIO y CONANP se ha propuesto la
creación de la Marca Colectiva CHAKAY, referida
a langostas de las Reservas de la Biosfera, como
estrategia comercial con derechos de propiedad
intelectual de las cooperativas pesqueras, para
fines de un manejo responsable y conservación
de la población silvestre de la Langosta Espinosa
del Caribe Panulirus argus.
Denominación de Origen “VAINILLA DE
PAPANTLA”, que recupera el valor al sitio origen
de la domesticación de ésta orquídea cuyas
características de sabor y aroma originales
pertenecen al sitio de Papantla, Veracruz.
Es de resaltar que los avances en términos
económicos, si bien son limitados, tienen el
acierto de articular el interés de hacer negocios
verdes no separados de un bienestar humano.
3.5.3 Economía con bajas emisiones de carbono. En su forma más básica, una economía verde seria aquella que tiene bajas emisiones de car-bono (PNUMA, 2011), en ese sentido, México ha iniciado una exploración para evaluar el potencial de otras fuentes de energía diferentes al petró-leo, identificando potencial en la energía solar, con uno de los valores más altos del mundo en insolación. La energía eólica tiene potencial (en la actualidad se ha identificado el problema de disminuir el impacto de parques eólicos en los corredores de aves), la energía hidroeléctrica es una de las más desarrolladas hasta el momento (aun cuando se reconoce su impacto en la frag-mentación de corredores de anfibios y peces), la energía geotérmica se identifica también con potencial (existe el sentir social que no es una energía renovable y que ha afectado a mantos freáticos y áreas naturales protegidas), y la bio-energía se suma a la lista de fuentes potenciales.
IV RESPUESTAS DE POLÍTICA Y GESTIÓN;
OPCIONES PARA LA ACCIÓN
Puesto que el programa actual de la UICN se centra en la creación de influencia política, es importante contar con un análisis de los procesos de políticas ambientales clave del país, tanto en un sentido negativo, como en sentido positivo para lograr resultados de conservación.
Este análisis se centra en los procesos de política que tienen una fuerte influencia positiva
en el logro de resultados de conservación o una influencia negativa sobre la diversidad biológica.
4.1 El Marco Normativo
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente se reconocen como
instrumentos de política ambiental en México los
siguientes: la planeación ambiental, el
ordenamiento ecológico del territorio, los
instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos de la política
ambiental, la regulación ambiental de los
asentamientos humanos, la evaluación del
impacto ambiental, las normas oficiales
mexicanas en materia ambiental, la
autorregulación y auditorías ambientales, la
investigación y educación ecológicas, y la
información y vigilancia.
Sin embargo, existe una enorme superposición
entre las regulaciones que crean gran confusión
e ineficacia jurídica, por la fragmentación
interinstitucional y la competencia por el ejercicio
de las facultades que se derivan (Cañas et al.,
2008). La ineficiente burocracia gubernamental
ha sido comunicada por el Foro Económico
Internacional como uno de los tres principales
obstáculos que tiene México para su desarrollo,
junto con el crimen y la corrupción (WEF, 2011). Históricamente, el aprovechamiento de los
recursos naturales estuvo regulado desde una
perspectiva sectorial y con un enfoque extractivo,
por ordenamientos como la Ley de Pesca, la Ley
Forestal y la Ley Federal de Caza. Desde 1987
esa tendencia comenzó a cambiar con La Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, que introdujo nuevas orientaciones
de carácter general y que, desde sus reformas
en 1996, permite el aprovechamiento de la flora y
la fauna silvestres siempre y cuando se garantice
la sustentabilidad de las poblaciones mediante
tasas de extracción menores a las tasas de
renovación de las mismas (Azuela, 2008). Asimismo, el marco jurídico sobre biodiversidad
se ha ampliado con la Ley General de Vida
Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable y la Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados. Esa
ampliación del marco normativo también se ha
dado en reglamentos y normas. Se publicaron
reglamentos en materia de impacto ambiental, de
16
áreas naturales protegidas y de vida silvestre, y
se han expedido y modificado múltiples normas
oficiales mexicanas, e incluso normas voluntarias
que regulan el manejo de los recursos naturales.
Pese al amplio marco normativo ambiental que
se cuenta en México, no se dispone de la
información básica indispensable para
emprender un ejercicio de una evaluación
completa del efecto que las normas jurídicas han
tenido en las prácticas sociales que afectan la
biodiversidad, de saber si la actividad normativa
ha contribuido o no a reducir las tendencias de
deterioro de la biodiversidad y de los
ecosistemas en general, lo que debe destacarse
como una de las debilidades más importantes de
la gestión pública en este tema (Azuela, 2008). La creación o ampliación de nuevos espacios
para la participación social fue quizá el aspecto
más importante de la reforma legislativa de 1996.
Se crearon procedimientos de consulta pública
para casi todos los procedimientos de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente; se estableció el derecho a la
información ambiental; y se introdujo un
dispositivo que abre la posibilidad de reconocer
los intereses difusos de una comunidad.
Finalmente, se incrementó la lista de actos
considerados como delitos ambientales y se
aumentaron las penas para varios de ellos.
Uno de los aspectos de la legislación ambiental
mexicana que mayores transformaciones ha
experimentado en los últimos 10 años es el
relativo a la regulación de la vida silvestre, en
parte promovidos por diversos ordenamientos
internacionales suscritos por México, como la
Convención para la Protección de la Flora,
Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los
Países de América, la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional, la
Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, la Convención sobre
el Comercio Internacional de las Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el
Convenio Internacional de Protección
Fitosanitaria y, por supuesto, el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (Azuela, 2008). A mediados de los años noventa se hicieron
modificaciones al marco jurídico e institucional, a
fin de modernizar la normatividad relativa al
manejo de la vida silvestre y que están
directamente vinculadas a la creación, a finales
de 1994, de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP),
desde donde se emprende una serie de ajustes a
los principales ordenamientos jurídicos.
Con la Ley General de Vida Silvestre, se cambia
de manera fundamental el concepto de
propiedad nacional de la flora y fauna silvestres,
el artículo 4º de la Ley dispone que “Los
propietarios o legítimos poseedores de los
predios en donde se distribuye la vida silvestre,
tendrán derecho de aprovechamiento
sustentable sobre sus ejemplares, partes y
derivados, en los términos previstos en la
presente Ley y demás disposiciones aplicables”.
Así, el régimen patrimonial de la fauna silvestre
deja de ser considerada como propiedad pública,
como parte de los bienes y recursos que
pertenecen al Estado y pasa a ser susceptible de
apropiación por parte de los propietarios o
poseedores de predios, a quienes además se les
reconocen derechos exclusivos de
aprovechamiento.
Arte indígena Huichol sobre el ecosistema
Además de lo anterior, se encuentra la reforma
de 1997 a la Ley Forestal, que establece que “la
propiedad de los recursos forestales
comprendidos dentro del territorio nacional
corresponde a los ejidos, las comunidades,
pueblos y comunidades indígenas, personas
físicas o morales, la Federación, los estados, el
17
Distrito Federal y los municipios que sean
propietarios de los terrenos donde aquellos se
ubiquen…”. Con ello se consolida la idea de que
la vida silvestre (que incluye flora y fauna, entre
otros bienes) pertenece al dueño o legítimo
poseedor de los predios en los que esta se ubica
(Azuela, 2008). Con el cambio de administración federal en el
año 2000, la protección de los bosques y el agua
se incluyó en los asuntos de seguridad nacional
del Plan Nacional de Desarrollo, promoviéndose
cambios institucionales y legales importantes con
la creación de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor) y la expedición, el 25 de febrero de
2003, de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, uno de cuyo rasgos principales es
la distribución de atribuciones entre los tres
órdenes de gobierno en materia forestal. Como
acciones importantes está el destino específico
de un porcentaje de la recaudación por el uso,
aprovechamiento y explotación de aguas
nacionales que, conforme al Programa de Pago
por Servicios Ambientales Hidrológicos, se utiliza
para compensar a los beneficiarios, dueños o
legítimos poseedores de terrenos con recursos
forestales que realicen un manejo sustentable e
incrementen la calidad y cantidad de esos
recursos en terrenos con 80% de cubierta
forestal de bosques y selvas, zonas críticas para
la recarga de acuíferos catalogadas por la
Comisión Nacional del Agua como
sobreexplotadas o vinculadas al abastecimiento
de agua a centros poblacionales (Azuela, 2008). En relación con la protección de los ecosistemas
marinos es importante señalar que la legislación
ambiental mexicana se encuentra fuertemente
segmentada. Por medio de ordenamientos en
materias como pesca, vida silvestre, áreas
naturales protegidas, ordenamiento ecológico del
territorio, zona federal marítimo terrestre,
evaluación del impacto ambiental, entre otras. El
marco jurídico establece diversas regulaciones
que inciden directa o indirectamente en la
preservación y aprovechamiento de los
ecosistemas costeros. Sin embargo, esas
regulaciones son insuficientes y no constituyen
un marco integral (Azuela, 2008).
En el ámbito internacional es de resaltar la facultad ciudadana para participar en la aplicación de la legislación ambiental internacional cuando se considera que se está incurriendo en omisiones en la aplicación
efectiva de la legislación en México, Estados Unidos de América y/o Canadá, en el marco de los artículos 14 y 15 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN). Este proceso se denomina petición ciudadana sobre aplicación de la legislación ambiental.
Respecto a México, se han presentado 39 peticiones por incurrir en omisiones en aplicación efectiva de la legislación ambiental, que incluye la denuncia de muertes de peces por derrame de gasolina, remoción de manglares, cambio de uso de suelo en áreas protegidas, destrucción de ecosistemas coralinos y humedales, de sitios de anidación de aves marinas en riesgo, deterioro ambiental de humedales, y contaminación por maíz transgénico.
Es importante señalar que en materia de biodiversidad y de cambio climático, se establecieron estrategias nacionales y en la actualidad se encuentran en proceso la elaboración de Estrategias Estatales para la Conservación de Biodiversidad y Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático.
V. ACTORES INTERESADOS; OPCIONES
PARA LA ACCIÓN.
Dentro de las redes que agrupan actores
interesados en la biodiversidad, se destacan
aquellos que reúnen al sector gubernamental con
las organizaciones e instituciones sociales.
Dentro de ésta categoría se encuentra el Comité
Mexicano de la Unión Internacional para la
Conservación para la Naturaleza (UICN); los
Consejos Consultivos para el Desarrollo
Sustentable y los cuerpos académicos.
5.1 Comité Mexicano de la UICN
El Comité Mexicano está integrado por 12
organizaciones, que han adoptado como
objetivos, el de impulsar el programa mundial de
la UICN.
Los principales retos asumidos por el Comité,
son lograr mayor presencia de la UICN en
México, aprovechar el gran potencial de afiliación
que hay en este país, así como el aumentar la
cantidad de expertos mexicanos en las
comisiones técnicas de la organización.
18
Los Miembros del Comité Mexicano ordenados
según su misión y concordancia a las temáticas
del programa mundial de la UICN son: Conservar y valorar la biodiversidad:
PG7 Consultores S.C./Faunam A.C.:
creada en 1991, es una asociación
interdisciplinaria de expertos que
realizan acciones para el
establecimiento y manejo de áreas
naturales protegidas conforme la
legislación y normatividad aplicable; y
para la protección, estudio y promoción
del desarrollo y uso sostenible de las
especies de fauna silvestre y las zonas
donde habitan.
Sociedad de Historia Natural del
Soconusco: inicia actividades en 1991
como una iniciativa para la participación
de la sociedad civil en la conservación y
manejo sustentable de los recursos
naturales de la ecoregión sierra-costa de
Chiapas, particularmente el Soconusco,
donde se encuentran las Reservas de la
Biósfera de El Triunfo, La Encrucijada y
El Tacana.
Herpetario de la Facultad de Ciencias de
la UNAM: comienza actividades en 2005
en el apoyo a la formación de científicos
a través del manejo de la colección de
los organismos vivos, material biológico,
fotográfico y bibliográfico; proporciona
además, asesoría a la Reserva UYUMIL
C’EH A.C., Quintana Roo, Papalote
Museo del Niño, Canal Once y Canal 40
de televisión.
Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P.:
creado hace 20 años con la misión de
formar capital humano, promover la
participación social y emprender
proyectos ambientales y estrategias
para la sustentabilidad. Cuenta con
experiencia acumulada en el trabajo
realizado para la conservación y el
desarrollo sustentable de la Reserva de
la Biosfera Sierra Gorda. Fundación para la Educación Ambiental:
desarrolla actividades desde 1995; es reconocida por la alianza bilateral lograda entre México y Estados Unidos donde se adquieren un grupo de islas en el Golfo de California para su protección.
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) - en
representación del gobierno de México-:
inició actividades en el 2000 como
órgano desconcentrado de la
SEMARNAT, encargado de la
administración de las áreas protegidas y
de los programas de Desarrollo Regional
Sustentable (PRODERS) con el
propósito de reducir la pobreza y
marginación de comunidades rurales e
indígenas presentes en las áreas
decretadas y otras regiones prioritarias.
Su misión es conservar el patrimonio
natural de México mediante las Áreas
Naturales Protegidas y otras
modalidades de conservación.
Compartir los beneficios de la naturaleza:
Centro Regional de Capacitación Las
Yerbas: inició operaciones en 1995 y se ha
consolidado como un espacio para
promover la cultura del agua en los niños, a
través de captación de lluvia, rehabilitación
y manejo integral de cuencas.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental:
fundado en 1993 a iniciativa de un grupo de
abogados interesados en el desarrollo,
aplicación efectiva y mejoramiento del
derecho ambiental como medio para la
protección del medio ambiente y los
recursos naturales de México. Tiene como
misión contribuir al desarrollo, aplicación y
cumplimiento del derecho en materia
ambiental, a fin de conservar y proteger el
ambiente, en pro de la sustentabilidad. Economía verde:
Reforestamos México, A.C.: creada en
2002 por iniciativa de Grupo Bimbo, se
enfoca en proyectos de conservación y
recuperación del capital natural a través
de reforestaciones en áreas naturales
protegidas. A partir del 2005 se
comenzó a trabajar con grupos
comunitarios para fomentar la
organización en cinco programas de
trabajo: 1) Mejores personas, mejores
bosques; 2) Bosque rentable, bosque
sustentable; 3) Mejores bosques,
mejores empresas; 4) Mercados al
servicio de los bosques; 5) Incidencia
pública.
19
Reforestamos México busca asegurar
los bosques que México necesita para
su desarrollo, trabaja con todos los
sectores de la sociedad para alcanzar
bosques y selvas que provean bienes
forestales y servicios ambientales
abundantes donde las personas vivan
dignamente y en armonía con el
entorno; busca fomentar el liderazgo en
comunidades forestales, la
competitividad de las empresas
forestales comunitarias y una relación
sinérgica entre empresas urbanas y los
bosques y sus habitantes. Todo esto, en
un marco de buenas políticas públicas,
en donde los mercados reconocen el
valor de los bosques.
Una mención aparte, merecen aquellos
miembros que participan en varios temas.
Conservar y valorar la biodiversidad; y Cambio climático:
Pronatura, A.C.: creada en 1981 con la
misión de conservar flora, fauna y
ecosistemas prioritarios, promoviendo
un desarrollo de la sociedad en armonía
con la naturaleza, cuyas estrategias y
acciones están orientadas a lograr la
conservación y el desarrollo sustentable
de regiones y sitios prioritarios para la
conservación de la biodiversidad del
país. Los programas actuales incluyen:
Cambio Climático; Conservación de
Tierras Privadas y Sociales; Agua;
Fondos Verdes; y Especies Prioritarias.
Compartir los beneficios de la naturaleza; y Cambio climático:
El Instituto de Medio Ambiente y
Comunidades Humanas de la
Universidad de Guadalajara: fue creado
en 1995, tiene como misión el ser una
comunidad de aprendizaje
interdisciplinaria basada en los principios
de sustentabilidad, diversidad,
integralidad e interdependencia; genera
experiencias dentro de un marco de
valores coadyuvantes a una cultura
ambiental que promueve la acción
corresponsable con pertinencia social y
de beneficio en la salud ambiental de las
comunidades. Sus líneas de trabajo son:
Salud Ambiental y Desarrollo
Sustentable; Comunicación y Educación
para la Sustentabilidad del Desarrollo y
la Vida; Evaluación y Gestión de
Riesgos Ambientales y Vulnerabilidad de
Comunidades; Adaptación al Cambio
Climático; Ordenamiento Territorial y
Servicio de los Ecosistemas para el
Bienestar Humano. Conservar y valorar la biodiversidad;
Compartir los beneficios de la naturaleza; y
Manejar los ecosistemas para mejorar la
seguridad alimentaria
Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO):
es una comisión intersecretarial, creada
en 1992 con carácter de permanente. El
Presidente de la Comisión es el titular
del Ejecutivo Federal. El Secretario
Técnico es el titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y participan los titulares
de nueve secretarías más: Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), Desarrollo
Social (SEDESOL), Economía (SE),
Educación Pública (SEP), Energía
(SENER), Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Relaciones Exteriores (SRE),
Salud (SSA) y Turismo (SECTUR). La
Comisión desempeña sus funciones
mediante un grupo operativo y desde su
creación el Dr. José Sarukhán Kermez la
ha encabezado como Coordinador
Nacional. La CONABIO tiene la misión de
promover, coordinar, apoyar y realizar
actividades dirigidas al conocimiento de
la diversidad biológica, así como a su
conservación y uso sustentable para
beneficio de la sociedad. Fue concebida
como una organización de investigación
básica, que compila y genera
información sobre biodiversidad,
desarrolla capacidades humanas en el
área de informática de la biodiversidad y
es fuente pública de información y
conocimiento accesible para toda la
sociedad.
20
Las líneas estratégicas del periodo 2011-2013
del Comité Mexicano de la UICN son, entre otras,
la comunicación que facilite y consolide la
relación con los miembros actuales e incremente
el número de organizaciones miembro. Aumente
la proyección del Comité Mexicano hacia nuevos
públicos (sector federal, ambiental, empresa
privada); y facilite y estimule la realización del
Programa México de la UICN, así como la
apertura de una oficina de la Unión en este país.
5.2 Consejos Consultivos para el Desarrollo
Sustentable
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales concibe la participación ciudadana en
la gestión ambiental en México, como un
derecho y una obligación; ya que a través de
ella, se favorece la transparencia, la fiscalización
de la gestión ambiental y la rendición de cuentas,
se mejora la actuación de los responsables de la
toma de decisiones, se reducen las posibilidades
de conflictos y se fortalece la evaluación y el
seguimiento de las políticas y estrategias. Esto
coadyuva a la construcción de espacios de
confianza y colaboración entre sociedad y
gobierno y a la resolución compartida de los
problemas ambientales, propiciando con ello la
consolidación del proceso de cambio cultural y
de democratización del país (SEMARNAT, 2008). La Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente garantiza la participación
corresponsable de las personas en forma
individual o colectiva, en la preservación y
restauración del patrimonio natural. Con ese
marco, la SEMARNAT ha consolidado diversos
espacios de participación de la sociedad, entre
los que destacan los Consejos Consultivos para
el Desarrollo Sustentable (CCDS); el Consejo
Nacional Forestal (CONAF); el Consejo Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (CONAP) y sus
consejos asesores; los Consejos de Cuencas;
múltiples consejos temáticos y grupos de trabajo
multisectoriales, como el Consejo Consultivo de
Cambio Climático; el Consejo Técnico de la
Comisión Nacional del Agua, el Consejo
Nacional de Educación Ambiental para la
Sustentabilidad, el Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Comité Técnico Consultivo Nacional
para la Recuperación de Especies Prioritarias,
Consejo Consultivo Nacional de Vida Silvestre, y
los Comités de ordenamiento ecológico
(SEMARNAT, 2008). Uno de los últimos comités
que se han constituido es el Comité Técnico
Consultivo para la Reducción de Emisiones
Derivadas de Deforestación y Degradación (CTC
REDD+) que surge ante la importancia del
concepto REDD+, y de la oportunidad de generar
un proceso de construcción de una política
nacional que favorezca la conservación y uso
sustentable de los bosques y su biodiversidad,
mediante la participación abierta y voluntaria de
sectores e individuos interesados tanto del sector
civil, académico y gubernamental. El CTC
REDD+ emerge de otro cuerpo consultivo, el
Comité Técnico Consultivo de Pago por Servicios
Ambientales del Bosque establecido por la
CONAFOR y el Banco Mundial en 2003, con la
función de asesorar en el diseño, aplicación,
seguimiento y evaluación del Programa de Pago
por Servicios Ambientales (hidrológicos,
biodiversidad, captura de carbono y sistemas
agroforestales). Este Comité es integrado por
diversos representantes de la sociedad civil,
productores, comunidades y académicos, así
como representantes de instituciones
gubernamentales del ramo ambiental.
De todos los consejos mencionados, el que ha
garantizado la presencia de los grupos
principales de la sociedad identificados en la
Agenda 21 -Capítulo 24 a 32- (Naciones Unidas,
1992), son los Consejos Consultivos para el
Desarrollo Sustentable, órganos de consulta de
la SEMARNAT, cuyo objetivo es lograr la
participación corresponsable de todos los
sectores de la sociedad para promover la
protección, conservación y restauración de los
ecosistemas, los recursos naturales y los bienes
y servicios ambientales, a fin de propiciar su
aprovechamiento y desarrollo sustentable.
En estos consejos, están representados los
sectores Académico, Social, Empresarial,
Organizaciones No Gubernamentales,
Organizaciones de jóvenes, Pueblos indígenas,
Organizaciones de mujeres y/o con perspectiva
de género, Poder Ejecutivo de la entidad
federativa y Poder Legislativo de la entidad
federativa.
Una de sus principales funciones de los
Consejos, es evaluar periódicamente los
resultados de las políticas, programas, estudios y
21
acciones específicas en materia de protección,
restauración y conservación del medio ambiente
y de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a partir de los informes que
proporcione la Secretaría, o con base en los
estudios que lleven a cabo o promuevan los
propios consejos. Otra función es elaborar
recomendaciones para mejorar las leyes,
reglamentos, normas oficiales mexicanas y
procedimientos relativos a la protección,
restauración y conservación del medio ambiente
y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, entre otras.
Aparte de estos Consejos Consultivos no hay por
parte de los actores gubernamentales estatales
y/o municipales, el interés por compartir la toma
de decisiones, excepto con el sector empresarial,
dejando fuera las organizaciones sociales de la
toma de decisiones y del empoderamiento en la
definición y evaluación de políticas.
5.3 Cuerpos Académicos
En forma general, Soberón (2010) considera que
en México existen cuatro grupos sociales
mayoritariamente interesados en enfrentar
diferentes aspectos de la problemática sobre la
diversidad biológica: los académicos, las
organizaciones civiles, las organizaciones
campesinas y empresariales orientadas a la
producción sustentable y los actores
gubernamentales.
Parques Urbanos
En el área académica, hay 17 universidades con
cuerpos académicos consolidados en alguna de
las áreas de interés de la UICN. Estas
universidades son: Universidad Autónoma de
Baja California, Universidad Autónoma de Baja
California Sur, Universidad Autónoma de
Campeche, Universidad Autónoma de Nuevo
León, Universidad Autónoma de Querétaro,
Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad
Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma
del Carmen, Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de
México, Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa, Universidad de Colima, Universidad
de Guadalajara, Universidad Juárez del Estado
de Durango, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo y Universidad Veracruzana.
El área que más se trabaja por el sector
académico, es la de conservar y valorar la
biodiversidad, en segundo lugar está la de
compartir los beneficios de la naturaleza y en
tercer lugar cambio climático. No hay cuerpos
académicos consolidados en el área de manejo
los ecosistemas para mejorar la seguridad
alimentaria y en economía verde.
5.4 Asociaciones Civiles
En México, existen varias asociaciones y
sociedades no gubernamentales que desarrollan
acciones dentro de las temáticas prioritarias de la
Unión, y que pueden ser potenciales aliados de
la membresía. Algunas de estas asociaciones
son: Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y
Ambiente, A. C (CEIBA), Comunidad y
Biodiversidad, A.C (COBI), Fondo Mexicano para
la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN),
Conservación del Territorio Insular Mexicano,
A.C (ISLA), Conservación Humana, A.C,
Naturalia, Comité para la Conservación de
Especies Silvestres, A.C., Unidos para la
Conservación, A.C., Natura y Ecosistemas
Mexicanos, Betadiversidad, A. C., Biocenosis,
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