análisis de capacidades nacionales para la conservación in
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Visión
La conservación in situ es hoy uno de los grandes retos para la protección de la bio-
diversidad. En el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se defi nió a la con-
servación in situ como “la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y
el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos
naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que
hayan desarrollado sus propiedades específi cas” (artículo 2, CDB, 1992). En contraste
con los mecanismos de conservación ex situ, la conservación in situ permite mantener,
al menos en cierta medida, las interacciones que subyacen a los servicios ambientales y
que regulan a los procesos ecológicos. De esta forma, las especies que viven en sus há-
bitats naturales conservan al menos parcialmente su diversidad genética y fenotípica, e
intervienen en el mantenimiento de los diferentes niveles ecológicos de complejidad.
Dada la importancia de la integridad de los ecosistemas y las poblaciones, y ante la
creciente pérdida de diversidad, la relevancia de este tipo de conservación se reconoce
cada vez más.
En México se han desarrollado diversas estrategias cuya implementación supone
grandes retos. Entre ellas destacan, por su importancia, las áreas protegidas (AP), las
unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) y los esquemas de
pago por servicios ambientales (PSA), cada uno de las cuales cubre un ámbito espe-
cífi co de conservación que puede complementarse con los demás para promover una
protección más integral.
El presente capítulo tiene por objetivo realizar un análisis encaminado a conocer
las capacidades nacionales para impulsar la conservación in situ. Estas capacidades se
expresan no solo en la presencia de instituciones e instrumentos de gestión, sino tam-
bién en las características de esta gestión y en sus alcances para la efectiva protección
de los ecosistemas y las especies.
Como parte del ejercicio de refl exión que dio origen a este volumen, en este capítu-
lo se recogen las opiniones de diversos expertos respecto a la efi cacia y las necesidades
asociadas a la gestión de tres herramientas de política ambiental, a saber, las áreas
naturales protegidas, las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre
y el programa de pago por servicios ambientales. Se revisan, también, la certifi cación
forestal y las áreas de conservación voluntaria como dos esquemas que surgen de la
sociedad civil. Así, esta parte debe entenderse como un esfuerzo por sintetizar, ana-
Análisis de capacidades nacionales para la conservación in situ
Esmeralda G. Urquiza Haas
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lizar y resaltar los aportes y limitantes más relevantes en la implementación de los
instrumentos mencionados, y a la vez como una guía que invite a refl exionar sobre los
elementos que deben ser considerados al trazar una estrategia de conservación in situ
a nivel federal, regional o local.
MetodologíaPara cada uno de los instrumentos seleccionados se consideró:
1. La recopilación de información sobre cada instrumento y datos de las áreas en don-
de se aplican, como su distribución y extensión.
2. La obtención de información a través de:
a. Entrevistas presenciales semiestructuradas a 20 especialistas de instituciones
académicas y organizaciones civiles en los temas específi cos (Anexo 3). Los es-
pecialistas fueron seleccionados de acuerdo a su trayectoria y a su experiencia
con cada instrumento analizado.
b. Aplicación de un cuestionario enviado vía electrónica a 202 especialistas de ins-
tituciones académicas y a 171 organizaciones civiles a nivel nacional. En total
se recibieron 33 cuestionarios respondidos (Anexo 3). Los especialistas de insti-
tuciones académicas fueron identifi cados a través de los portales de internet de
diversos centros de investigación y enseñanza a lo largo del país. Para contactar a
los especialistas de organizaciones civiles se enviaron invitaciones a las organiza-
ciones incluidas en el Directorio Mexicano de la Conservación 2008,1 con una
reconocida vinculación con los temas abordados.
c. Revisión documental sobre cada uno de los instrumentos y su aplicación en
México para complementar los resultados de las entrevistas.
3. Análisis cualitativo de la información obtenida, que permitió el recuento de las
experiencias de los especialistas y de sus opiniones respecto a la aportación de los
instrumentos a la conservación, su funcionamiento y gestión, las amenazas que
enfrentan y las necesidades en capacidad para lograr su sustentabilidad. Los resul-
tados preliminares fueron discutidos con un grupo de expertos mayoritariamente
del sector gubernamental y sus comentarios fueron incluidos.
1 Elaborado por el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, AC.
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Áreas naturales protegidas Las AP son uno de los instrumentos más importantes de política ambiental para abor-
dar la conservación in situ de los ecosistemas y la biodiversidad. Se defi nen como “por-
ciones terrestres o acuáticas del territorio nacional cuya naturaleza no ha sido alterada
en gran medida y que se designan con el objetivo de salvaguardar diversos ecosistemas
representados en las mismas” (Conanp, 2008). Las áreas protegidas pueden ser de
jurisdicción federal, estatal o municipal de acuerdo al orden de gobierno del que se
desprende su decreto y, por ende, su gestión. La gestión de las AP federales ha sido
asignada a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) desde el
año 2000, fecha en que fue creada con el propósito de conservar el patrimonio natural
de México mediante este instrumento de protección y otras modalidades de conser-
vación (Conanp, 2008). La Conanp sustituyó a la Unidad Coordinadora de Áreas
Naturales Protegidas del Instituto Nacional de Ecología (INE).
El sistema federal y estatal de áreas protegidas
Las AP federales están sujetas a seis distintos regímenes de protección establecidos en
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988),
a saber: parques nacionales (PN), monumentos naturales (MN), santuarios (S), reservas
de la biosfera (RB), áreas de protección de recursos naturales (APRN) y áreas de protec-
ción de fl ora y fauna (APFF). La gestión de los parques y reservas estatales así como la
de las zonas de preservación ecológica de los centros de población es descentralizada
(artículo 46, LGEEPA). Hasta marzo de 2008 se contaba con 166 áreas protegidas que
cubrían una superfi cie total de 23 148 432 ha, que corresponde a 11.78% de la superfi -
cie nacional (Conanp, 2008). El porcentaje del total de la superfi cie protegida por cada
tipo de área se muestra en el Cuadro 1.
CUADRO 1. Superfi cie y porcentaje de cobertura del territorio nacional por categoría de AP Porcentaje de superfi cie del Tipo de AP N Superfi cie (ha) del territorio nacional
Reserva de la biosfera 38 11 846 462.00 6.03
Área de protección de fl ora y fauna 31 6 127 425.00 3.12
Área de protección de los recursos naturales 7 3 467 386.00 1.77
Parque nacional 68 1 505 643.00 0.77
Monumento natural 4 14 093.00 0.01
Santuario 17 689.00 0.0004
Fuente: CONANP, 2008. Para calcular el porcentaje se consideró tanto el territorio continental como el insular de la superfi cie nacional.
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Veintisiete de las 32 entidades federativas cuentan con
áreas protegidas estatales y 10 con municipales, con lo que
se suman 3 308 791 ha que cubren 1.56% de la superfi cie
terrestre e insular del territorio nacional (Bezaury-Creel et
al., 2007). Las entidades con mayor porcentaje de superfi cie
en áreas estatales son el Estado de México con 29.4% de
su superfi cie estatal, Aguascalientes con 21.1%, Campeche
con 8.9% y Guanajuato con 8.3%. Los estados con mayor
superfi cie en AP municipales son Coahuila (48 650 ha) y
Campeche (30 321 ha) (Bezaury-Creel et al., 2007). Los es-
tados que cuentan con el mayor porcentaje de su superfi cie
protegida por medio de AP federales, estatales y municipales
son Baja California (40.6%), el Estado de México (36.2%),
Querétaro (32%), Baja California Sur (31.3%), Campeche
(27.7%) y Morelos (22.3%)2 (Figura 1). En la actualidad es-
tán en proceso de decreto 45 nuevas AP distribuidas en 18
entidades federativas a nivel estatal y 24 en el nivel federal.3
Evaluación de las áreas protegidas: Representatividad y efectividad
La superfi cie destinada a las AP indica en cierta medida la
prioridad que tiene la conservación en la agenda nacional,
pero no necesariamente indica el grado de efectividad con
el que están siendo protegidos los ecosistemas y la biodi-
versidad del país. Evaluar la efectividad de las AP involucra
al menos dos preguntas distintas: ¿es la cobertura actual de
áreas protegidas adecuada y sufi cientemente representativa
para proteger los ecosistemas y la biodiversidad a nivel na-
cional? y ¿cuál ha sido el impacto del establecimiento de las
áreas protegidas en la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad?
2 Para calcular estas cifras se utilizó la base de datos proporcionada por la Conabio, 2008, la cual muestra diferencias respecto a la de Bezaury-Creel et al., 2007. 3 Datos obtenidos de la solicitud de información a las entidades federativas y a la Conanp, 2008.
FIGURA 1. Porcentajes de cobertura estatal de las áreas
protegidas federales, estatales y municipales por
entidad federativa.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONANP y CONABIO.
Guerrero
Michoacán
Sinaloa
Durango
Veracruz
Oaxaca
Chihuahua
Nuevo León
Yucatán
Colima
Hidalgo
Zacatecas
Tamaulipas
San Luis Potosí
Puebla
Sonora
Tlaxcala
Jalisco
Distrito Federal
Coahuila
Chiapas
Guanajuato
Tabasco
Nayarit
Aguascalientes
Quintana Roo
Morelos
Campeche
Baja California Sur
Estado de México
Querétaro
Baja California
0 10 20 30 40 %
ornia S
do de
o
Baja
00 10 20 30 40
Guerrero
Michoacán
Sinaloa
o
d
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Durango
Veracruz
Oaxaca
Chihuahua
Nuevo León
Yucatán
Colima
Hidalgo
Zacatecas
Tamaulipas
San Luis Potosí
Puebla
Sonora
Tlaxcala
Jalisco
Distrito Federal
Coahuila
Chiapas
Guanajuato
Tabasco
Nayarit
Aguascalientes
Quintana Roo
Morelos
Campeche
Baja Califo
Estad
Querétaro
AP federal AP estatal AP municipal
FFIGURA 1 P
AP fe
ajes de cob
AP es
estatal de
AP m
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Representatividad La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio),
con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF), US Agency for International Develop-
ment (USAID), Th e Nature Conservancy (TNC), el Fondo Mexicano para la Conserva-
ción de la Naturaleza (FMCN) y de diversos expertos, identifi có 151 regiones terrestres
prioritarias (RTP) para la conservación en México, que abarcan más de un cuarto del
territorio nacional (Arriaga et al., 2000). Posteriormente, en seguimiento al Programa
de Trabajo en Áreas Protegidas acordado en la séptima Conferencia de las Partes del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 2004, se llevó a cabo un análisis de
vacíos y omisiones en conservación, coordinado por la Conabio y la Conanp. En este
estudio se evaluó la representatividad de las ecorregiones4 en la actual red de áreas
protegidas federales, estatales y municipales. Se evaluaron 96 ecorregiones conside-
rando su cobertura por AP y se determinó la existencia de 11 ecorregiones (correspon-
dientes a 1% del territorio nacional) que no estaban representadas en la actual red de
áreas protegidas, de 50 ecorregiones (68.7%*) subrepresentadas y de 34 ecorregiones
(25%*) representadas en proporciones superiores al porcentaje protegido a nivel na-
cional (12%*). Se concluyó también que 10 de los 29 (41%*) pisos altitudinales (49 a
0 m, 400 a 600 m y 1 000 a 2 600 m) no están incluidos o están sub-representados en
la actual red de AP. Respecto a la vegetación primaria, solo el matorral de coníferas no
se encontró representado en ninguna AP, mientras que 16 tipos de vegetación (50.4%*)
se encontraron sub-representados y 30 (49.6%*) representados en una proporción ma-
yor al 12% (Conabio et al, 2007a; Koleff et al., 2009). Tampoco los distintos tipos de
suelo se encuentran adecuadamente representados en las actuales AP, ya que solo 4%
de los suelos más productivos, que representan 22.4% del territorio nacional, cuentan
con alguna protección (Cantú et al., 2004). Además de evaluar el nivel de protección
a escala ecorregional, se llevó a cabo un ejercicio para identifi car sitios prioritarios
para la conservación de la biodiversidad con unidades de análisis de 256 km2, y datos
de especies y comunidades. Se realizaron diversos talleres durante 2005 y 2006 con
expertos que trabajaron en defi nir criterios para generar un análisis de optimización.
Los sitios de extrema, alta y media prioridad abarcan una superfi cie de 594 894 km2
(30.36%*) de la cual solo 12.9% se encuentra protegida por AP federales, estatales y
municipales. (Conabio et al., 2007a). Aunque es posible ampliar la red actual de AP
para cubrir algunos de estos vacíos de conservación, no todos los contextos son adecua-
dos para utilizar esta herramienta de conservación. Es por esto que deberán analizarse
4 Basado en el mapa de ecorregiones generado por Conabio, INE e INEGI (Conabio et al., 2007a).* Referido al porcentaje del territorio nacional.
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—desde una perspectiva local— las estrategias
adecuadas para cada caso, las cuales tenderán a
depender del entorno ecológico, económico y
sociocultural.
Efectividad
La evaluación del estado de conservación de
los ecosistemas y la biodiversidad en las áreas
protegidas de México es una tarea pendiente,
aunque recientemente se han realizado esfuer-
zos por avanzar en esta tarea (R. Esquivel, com.
pers.). La evaluación de la efectividad de las AP
es indispensable porque implica conocer el im-
pacto de las políticas públicas y la gestión sobre
el estado de los ecosistemas y la biodiversidad
en áreas protegidas y mantener o corregir el
rumbo de ser necesario (Kremen et al., 1994;
Cortina y Zorrilla, este volumen).
En 2006 la Conanp realizó 12 estudios me-
diante los cuales analizó la tasa de transforma-
ción en el uso de suelo en 14 áreas protegidas, concluyendo que 11 de las 14 AP son
valoradas negativamente como resultado de sus altas tasas de transformación refl ejadas
en la pérdida de cobertura vegetal (ASF, 2006). Las cinco áreas protegidas con mayor
tasa de cambio fueron: Corredor Biológico Chichinautzin con una tasa de cambio de
0.74%, equivalente a la transformación de uso de suelo de 378 ha por año; Mariposa
Monarca con una tasa de 0.66% (equivalente a 332 ha por año), La Encrucijada con
0.65% (620 ha por año), El Triunfo con 0.49%, (485 ha por año) y Sierra de Manant-
lán con 0.38% (502 ha por año). El resto de las áreas con califi cación negativa fue-
ron Montes Azules, Tehuacán-Cuicatlán, Cuatro-Ciénegas, El Vizcaíno y Calakmul
(ASF, 2006). Las áreas evaluadas positivamente fueron aquellas que forman parte del
complejo Sian Ka´an, gracias a que 99% de los terrenos son nacionales y tienen pocos
o nulos asentamientos humanos (ASF, 2006).
Figueroa y Sánchez-Cordero (2008) analizaron 69 AP federales y concluyeron que
más de la mitad de las áreas presentan cambios de uso de suelo. Según estos autores, en
54% de las AP se observó un incremento en las superfi cies transformadas, mientras que
en 46% éstas disminuyeron. En términos de la efectividad de las AP para evitar cambios
en el uso de suelo, estos autores encontraron que 37 AP (54%) fueron efectivas, 16 (23%)
fueron poco efectivas y 16 (23%) nada efectivas. Las reservas de la biosfera mostraron el
Resultados de las entrevistasExiste una gran heterogeneidad en el funcionamiento de las AP, por lo que no es posible afi rmar que todas han sido igualmente efectivas. A pesar de lo anterior, las AP siguen siendo un instrumento con una importancia fundamental para la conservación in situ.
“El hecho de ser una área protegida frena la posibilidad de que se hagan cambios de uso de suelo, permite la consecución de fondos para ser aplicados, genera la oportunidad de educación ambiental a sus habitantes.” Magdalena Rovalo Merino, PRONATURA Noreste AC.
“Aunque no tengo evidencias y datos de todas las AP, conozco varias de ellas y las he visitado en diferentes ocasiones, a lo largo de varios años; por lo tanto, me atrevo a decir que, en general, las AP no están jugando un papel fundamental en la conservación de la cobertura vegetal. Por ejemplo, en el caso de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, las imágenes de satélite de diferentes épocas (15, 10, 5 y 1 año), expresan claramente cómo la cobertura vegetal se ha reducido sustancialmente.” Patricia Dávila Aranda, FES-Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México.
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mayor porcentaje de áreas efectivas (65%) seguidas por las áreas de protección de fl ora
y fauna (53%) y los parques nacionales (45%). Los parques nacionales mostraron el
mayor porcentaje de áreas no efectivas, pues solo 31% se consideraron efectivas.
Las fuentes de variación de la efectividad de las áreas protegidas para conservar ecosistemas y biodiversidad
La amplia variabilidad en la efectividad de las AP para
proteger los ecosistemas y la biodiversidad se relacio-
na a una diversidad de factores socio-institucionales
y a factores biogeográfi cos. Los factores biogeográfi -
cos identifi cados incluyen el tipo de suelo, la altitud,
vegetación, topografía, clima y otros como las rutas
de comunicación (carreteras y caminos). Los factores
socio-institucionales incluyen las características de las
poblaciones que viven y usan recursos de las AP, así
como las características de su gestión por las institu-
ciones responsables.
Se considera que aquellas condiciones ambientales
que son favorables a las actividades productivas como
la agricultura, la ganadería o la tala, y la cercanía de
la AP a centros urbanos o turísticos con presencia de
poblaciones en crecimiento, generan en conjunto con-
diciones adversas para la efectividad de las AP. Por el
contrario, las AP de difícil acceso, con un bajo potencial
productivo, baja densidad de caminos, poblaciones de
tamaño reducido que realizan actividades productivas
de bajo impacto y que reconocen y aceptan la reserva,
tienden a una baja tasa de transformación. Sin em-
bargo, las áreas de difícil acceso presentan otros retos,
como son la vigilancia y el monitoreo para evitar acti-
vidades ilícitas como el cultivo de plantas para produc-
ción de estupefacientes.
Recursos y herramientas para la gestión de áreas protegidas federales y estatales
Programas de manejo
Los programas de manejo son un elemento de suma importancia porque “son el ins-
trumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y
lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida
Resultados de las entrevistasLas variables institucionales que afectan el funcionamiento de las áreas protegidas son: ausencia de personal y recursos económicos para su funcionamiento, ausencia de programas de manejo e incapacidad para implementarlos, una inefi ciente comunicación y coordinación entre el personal de las áreas protegidas y las comunidades dentro de la reserva, ausencia de vigilancia, incapacidad para implementar la normatividad y la falta de promoción de alternativas productivas sustentables.
“Son más efi cientes las reservas federales, que cuentan con planes de manejo y consejos bien establecidos y que involucran a la población local, pues hay mayor control y seguimiento de las actividades que se llevan a cabo en la reserva.” Hem Nalini Morzaria Luna, Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, AC.
“Como ejemplo de los que conozco en Chiapas, El Triunfo ha sido la más efi caz, aunque también se enfrenta con muchísimos problemas. Pienso que las condiciones que ayudaron son la topografía, la gran difi cultad de acceso al menos a las zonas núcleo, la tenencia de la tierra relativamente ha sido más estable debido a las grandes fi ncas cafetaleras que predominaron anteriormente.” Anna Horváth, El Colegio de la Frontera Sur.
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respectiva” (Conanp, 2008). En el ámbito federal 56 de las 166 AP cuentan con pro-
gramas de manejo publicados, i.e., solo 34.14% del territorio protegido cumple con
este requisito legal (Conanp, 2008). A pesar de lo anterior, la Conanp cuenta con el
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2007-2012 que rige todas las AP, de
manera que aún aquellas áreas que no cuentan con programa de manejo pero sí cuen-
tan con personal se ciñen a este documento rector que marca las líneas generales para
su gestión. En el ámbito estatal hay estados con un importante avance en este sentido.
Baja California Sur (1 AP), Coahuila (2 AP), Nuevo León (28 AP) y Yucatán (5 AP)
cuentan con programas de manejo para el 100% de sus AP. Por debajo del promedio
nacional están Sinaloa (27.3%), San Luis Potosí (25%), el Estado de México (13%) y
Chiapas (4%). Los estados que no cuentan con programas de manejo para ninguna de
sus áreas protegidas son Campeche, Oaxaca, Puebla y Sonora.
Sistemas de monitoreo de biodiversidad y seguimiento de programas de manejo
El monitoreo sistemático en torno al estado de conservación de las áreas protegidas se
realiza a nivel federal a través del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de
la Conservación (SIMEC). Este sistema incorpora indicadores biológicos, geográfi cos,
sociales y económicos cuyo fi n es analizar la efectividad y el impacto en la aplicación
de políticas públicas, en las regiones prioritarias para la conservación (SIMEC, 2004).
El SIMEC fue creado por la Conanp desde 2003 y fue objeto de revisión por la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) en 2006. A través de este sistema la Conanp da
seguimiento a todas las actividades de conservación que se llevan a cabo en las AP que
cuentan con personal, además de generar los análisis sobre las tasas de transformación
de uso de suelo en AP con ecosistemas terrestres y valorar el estatus de algunas pobla-
ciones de especies emblemáticas que son monitoreadas en AP. La Conanp ha identi-
fi cado la presencia de 77 especies registradas en la NOM-059-Semarnat-2001 en las
AP bajo su jurisdicción. Actualmente se monitorean 31 (40.3%) de estas especies en
31 AP catalogadas de la siguiente manera: 35.5% sujetas a protección especial, 32.2%
sin clasifi cación, 19.4% en peligro de extinción y 12.9% amenazadas. Esta distribución
excluyó del monitoreo al 100% de las seis especies probablemente extintas, 80.6% de
las especies en peligro de extinción, 60% de las especies clasifi cadas como amenazadas
y 31.1% de aquellas sujetas a protección especial (ASF, 2006).
Otro modo de dar seguimiento a la gestión de las AP es mediante los programas
operativos anuales (POA). En el ámbito federal, 85 AP contaban con POA en el 2006,
cifra que se ha incrementado a 100 AP con POA en la actualidad (R. Esquivel, com.
pers.). De acuerdo con la información proporcionada por los estados, solo Campeche y
Coahuila cuentan con POA para todas sus AP, mientras que Morelos lo tiene para 80%
de sus AP. El seguimiento al estado de la biodiversidad en las AP permite conocer la
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efectividad de las mismas para proteger a su biota. Estas evaluaciones se realizan con
motivo de la declaración del área y para generar los programas de manejo. Los estados
que han realizado estudios posteriores al decreto o derivados del programa de manejo
son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Tabasco y Yucatán, que han
incluido 100% de sus áreas (Anexo 5).
Personal y recursos
La presencia de personal permanente es indispensable para una adecuada gestión de
las AP dadas sus diversas funciones, que incluyen ser representantes de la reserva ante
las comunidades, ser interlocutores y gestores, encargarse de diseñar las estrategias y
los programas de conservación, restauración y aprovechamiento, y fungir como coor-
dinadores y promotores de la participación de los actores involucrados, entre otros.
Ochenta y cinco (51.2%) de las 166 AP federales contaban en el 2006 con personal
para su operación básica. Los recursos fi nancieros destinados a las AP se incrementa-
ron de 3.4 pesos por hectárea de AP en el 2001 a 12.7 pesos en 2006 (esta cantidad se
traduce en 1 270 pesos por km2). Aunque es importante el aumento, contrasta con lo
que invertían al año 2001 países como Holanda o Sudáfrica en sus AP, 5 610 dólares
y 2 725 dólares por km2 respectivamente (datos de Wilkie et al., 2001; citado en Bor-
gerhoff -Mulder y Coppolillo, 2005). Los estados muestran una limitada asignación de
recursos para destinar a este rubro, y solo 15 estados cuentan a la fecha con personal
permanente designado a sus AP. Únicamente Coahuila cuenta con personal en 100%
de sus AP (Anexo 5).
La importancia de la aceptación social de las AP
La vinculación entre autoridades y poblaciones locales es muy relevante porque inci-
de en el conocimiento que tienen las poblaciones locales de la AP, en su disposición
para colaborar, en su aceptación y fi nalmente en la apropiación del proyecto como tal.
Históricamente, las AP son instrumentos que generalmente obedecieron a un modelo
de arriba hacia abajo (descendente) de gestión, i.e., la decisión de proteger un área
se tomaba desde las instituciones, generalmente desde las federales, y se imponían a
la población sin considerarla. Esto generó, como sería de esperarse, poca aceptación
y muchos confl ictos. Este tipo de aproximación al manejo de los recursos naturales
se asocia a una mínima participación de sus usuarios y a la centralización de la in-
formación y decisiones respecto a su manejo por parte de las autoridades (Hanna,
1995). Desde hace unos años se busca que los procesos participativos de planeación
promuevan la tolerancia y compresión de diversos puntos de vista, busquen la creación
de consensos, favorezcan el incremento de la confi anza de la sociedad en las institu-
ciones públicas y generen la percepción de que las decisiones tomadas son integrales
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y justas (Reed, 2008). Entre otras, este enfoque tiene ventajas que incluyen una mejor
adaptación de los proyectos, técnicas y tecnología a los contextos socioculturales y
medioambientales locales, así como un incremento en la probabilidad de que se cu-
bran las necesidades locales y exista una mayor apropiación de los proyectos, procesos
y decisiones por parte de la población local (Reed, 2008). La necesidad de promover
espacios de participación en las AP está consignada en el artículo 157 de la LGEEPA.
Por esta razón se han promovido estos espacios a través de la integración de consejos
asesores, con la representación de todos los actores involucrados e interesados y la pro-
moción de la participación social dentro de las reservas. La Conanp reportó que en
2006, 90% de las regiones prioritarias para la conservación
contaba ya con acciones de fortalecimiento de la participa-
ción social e institucional (Semarnat, 2006). Por otra parte,
la Profepa ha trabajado en la integración de comités de
vigilancia social participativa, que en 2006 sumaban 104, de
los cuales 51.9% estuvieron enfocados en la vigilancia de
recursos forestales, 43.3% en la vigilancia de vida silvestre
y 4.8% en recursos marinos. Esto implicó un total de 1 384
vigilantes voluntarios distribuidos en reservas de la biosfera
y parques nacionales.
De acuerdo a las opiniones vertidas por los expertos, a
pesar de estos esfuerzos existe la percepción de una limi-
tada aceptación y apropiación social de las áreas protegidas
por parte de las comunidades locales. La limitada acepta-
ción social de algunas AP se atribuye, entre otras cosas, a
la imposición unilateral del decreto y del plan de manejo,
práctica común que afortunadamente tiende a desapare-
cer, así como a la frecuente sensación de exclusión de las
comunidades locales de la toma de decisiones. A pesar del
desarrollo de mecanismos de participación social, éstos no
siempre se cumplen y la exclusión (o la sensación de exclu-
sión) fomenta la percepción de pérdida de tutoría por parte
de las poblaciones sobre su propiedad.
Cuando se imponen restricciones al uso de recursos sin
promover otras alternativas productivas, se reduce la acep-
tación y apropiación social de las AP pues se afecta de modo
inmediato el estilo y la calidad de vida de las poblaciones.
En la Reserva de la Biosfera de Ría Celestún, por ejemplo,
las actitudes negativas de la población local hacia la reserva
Resultados de las entrevistasLograr la participación, aceptación y apropiación social por parte de las comunidades involucradas constituye una ardua tarea, pues involucra a una gran variedad de actores con visiones e intereses distintos sobre los recursos de las áreas protegidas. Conseguir una efectiva participación y aceptación social signifi ca encontrar puntos de acuerdo entre dichas visiones e intereses y es uno de los componentes más importantes para la gobernabilidad.
“(Han sido efi caces las AP) …que han promovido la vinculación con las comunidades que se encuentran dentro de ellas o a su alrededor, las que han vinculado a centros de investigación, universidades y ONG interesadas en las mismas y las que han contado con personal comprometido.” Miguel Ángel Sánchez Velázquez, El Colegio de la Frontera Sur.
“Es muy común encontrar que la gente percibe que le están quitando su tierra y sus derechos de explotación sobre ella. La gente siente una desigualdad cuando fueron ellos quienes quedaron dentro del AP, sin poder hacer con su tierra lo que quieran, mientras que el vecino no.” Josef Warman, ENDESU AC.
“En general creo que la falta de aceptación se debe a que las AP son presentadas como áreas donde existen restricciones solamente, en lugar de mostrar las posibilidades de uso que existen en ella.” Sophie Calmé, El Colegio de la Frontera Sur.
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se atribuyen a las restricciones impuestas por las autoridades en el
uso de recursos naturales, la falta de actividades productivas alter-
nativas, la percepción de que la reserva, sus autoridades y las polí-
ticas implementadas son ajenas a la comunidad y fomentan la con-
centración de benefi cios económicos derivados del turismo en un
pequeño segmento de la población (Méndez Contreras et al., 2008).
En la Reserva de la Biosfera de Calakmul, las actitudes negativas
de los actores locales hacia la reserva se encontraron relacionadas
a las prohibiciones para usar los recursos, lo que era percibido por
los pobladores como una estrategia de las autoridades ambientales
y las organizaciones civiles para obtener los benefi cios derivados de
su control (Haenn, 1999). Esta falta de claridad en la comunicación
sobre los objetivos y alcances de las áreas protegidas ha generado en
algunos casos la percepción de despojo que puede incluso resultar
contraproducente, ya que deriva en un uso intensivo del recurso con
el fi n de garantizar la posesión sobre el mismo (García-Gil y Pat-
Fernández, 2000).
El talón de Aquiles: Conversión al uso sustentable de los recursos naturales
La conversión al uso sostenible de recursos naturales, así como la evaluación de impac-
to de los proyectos encaminados a ese fi n, representan uno de los aspectos críticos en el
funcionamiento de las AP. Las actividades productivas consideradas perjudiciales para
las AP son aquellas con una importante demanda de superfi cie e insumos, que generan
residuos y cambios irreversibles en la estructura del paisaje, y que explotan recursos de
fl ora y fauna por encima de tasas sustentables de extracción. En cambio, se consideran
menos perjudiciales las actividades de subsistencia que incluyen los agroecosistemas
tradicionales (Estrada y Coates-Estrada, 2002; Daily et al., 2003), la pesca artesanal y
las estrategias de usos múltiples de los recursos (Toledo et al., 2008). A modo de ejem-
plo, cabe señalar que los paisajes agrícolas orientados al uso múltiple que mantienen
una abundante cobertura vegetal en forma de parcelas agrícolas en diversos estados de
sucesión, cercas vivas, fragmentos de bosque y árboles dispersos, proveen conectividad
para la biota (Harvey et al., 2005; 2006), mientras que los cultivos de café bajo sombra
posibilitan la permanencia de diversas especies de mamíferos, aves e insectos del hábi-
tat original (Moguel y Toledo, 1999). La transformación de los sistemas tradicionales
de producción no solo tiene un impacto nocivo sobre el hábitat, sino también sobre la
pérdida de la agrobiodiversidad, producto de años de conocimiento, experimentación,
selección y domesticación de los cultivos por comunidades culturalmente diversas a lo
largo del territorio nacional (Colunga-GarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal, 2004).
“Hay desconcierto de la gente respecto a lo que pueden o no pueden hacer…en la mayoría de los casos, cuando se enteran de que va a ser área protegida se ponen a hacer un uso que tradicionalmente no hacían del área, como creyendo que es su última oportunidad de extraer algo.” Cesar Cantú, Universidad Autónoma de Nuevo León.
“Se pierde la noción de la seguridad de la propiedad de la tierra a largo plazo que aseguraría el derecho y sustento de los hijos, nietos, bisnietos, etc., de la población local. Esto desencadena la explotación agresiva y actividades furtivas: de una vez sacamos todo que se pueda porque después quién sabe que pasará con este predio, lo más seguro que nos lo van a quitar y de plano ni nos van a dejar entrar.”Anna Horváth, El Colegio de la Frontera Sur.
62
Es reconocido que las políticas públicas tienen una gran in-
fl uencia sobre el cambio de uso de suelo y los procesos de pérdi-
da o mantenimiento de los ecosistemas y la biodiversidad (Lam-
bin et al., 2001; Carabias et al., 2008). Los impactos negativos de
los subsidios agropecuarios sobre el cambio de uso de suelo y la
consecuente pérdida de biodiversidad son ampliamente recono-
cidos por diversos sectores y grupos que incluyen académicos y
organizaciones sociales, a pesar de lo cual no se ha generado una
transformación visible en su gestión. Aunque no sucede siempre,
hay evidencias de que subsidios como el programa Procam-
po fomentan el desmonte y la quema, acelerando de este modo
procesos de cambio de uso de suelo (Gaytán y González, 1997;
Cortez, 2000; Reyes-Hernández et al., 2003). En la región de
Calakmul, por ejemplo, Klepeis y Vance (2003) asocian estos
subsidios a una mayor tasa de deforestación porque promueven
el cultivo de chile y pastos, e incrementan el clareo del bosque maduro para contar
con mejores condiciones de suelo para los cultivos. Abizaid y Coomes (2004) e Isaac-
Márquez et al. (2005) obtuvieron resultados similares sobre el efecto de Procampo
en la expansión de la deforestación para la región sur de la Península de Yucatán y la
región de Tenosique, (Tabasco), respectivamente.
Los esfuerzos por generar y promover alternativas sustentables de producción en las
áreas protegidas se han impulsado desde diversas plataformas. Los apoyos otorgados
por el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) buscan
incidir en la conversión productiva otorgando apoyos a los grupos o comunidades den-
tro de las áreas elegibles para estudios técnicos, proyectos comunitarios y capacitación
comunitaria. La importancia de conocer el impacto de estos proyectos se refl eja en un
estudio realizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) en las regiones Proders (Programa de Desarrollo Regional Sustentable), cuyos
resultados indican un incremento en las tasas de deforestación en 12 de las 23 regiones
analizadas y una disminución en 11 de ellas (Semarnat, 2003). En los casos en los que
aumentó la deforestación, los incrementos fueron desde 14.5% en la costa de Chiapas,
hasta 496.4% en la Costa Grande de Guerrero, la cual pasó de una tasa de defores-
tación de 0.14 a 6.95 en el transcurso de los dos periodos analizados. En los casos en
que hubo disminución, las reducciones fueron de 11.1% (Huasteca Potosina) hasta
94.4% (Región de la Chinantla, Oaxaca) (Anexo 7). Esta relación entre el programa
gubernamental y el aumento o disminución de la deforestación pueden o no deberse a
la implementación del programa, lo cual debería ser evaluado a una escala más fi na para
conocer con mayor detalle los aciertos o desaciertos de la gestión.
“En la milpa se está reduciendo el número de variedades de maíz…lo que está pasando es que hay una milpa que va hacia la ganadería, es decir, que siembran milpa y pastos, esto como resultado de que hay menos mano de obra y más capital de remesas…No contamos con estrategias para la conservación de la agrobiodiversidad in situ.” Juan Jiménez Osornio, Universidad Autónoma de Yucatán.
“Si pones en una balanza los recursos destinados a fragmentar el hábitat comparados con aquellos dedicados a restablecer la conectividad, defi nitivamente ganan los primeros.” Rafael Robles de Benito, Consultor CBMM.
63
A nivel estatal, las acciones realizadas en este rubro son
marginales, ya que solo diez estados refi rieron implementar
algún tipo de proyecto encaminado a la conversión producti-
va en 27 de las 3005 AP (Anexo 6). Algunos de los proyectos
implementados incluyeron huertos familiares y manejo ga-
nadero (Coahuila), reproducción de cactáceas endémicas en
vivero (Hidalgo), ecoturismo (San Luis Potosí y Yucatán),
implementación de ecotecnias, establecimiento de planta-
ciones comerciales forestales y no forestales (Guanajuato),
y plantaciones con especies nativas (Veracruz). Resulta inte-
resante mencionar, por su enfoque integral, un proyecto im-
plementado en Laguna de Yuriria, Guanajuato, que incluye
actividades de conservación, saneamiento y restauración am-
biental, desarrollo turístico sustentable, fortalecimiento de la
actividad pesquera y desarrollo de la acuicultura, desarrollo
agropecuario sustentable, ordenamiento y regularización te-
rritorial, cultura y educación ambiental, gestión y desarrollo
social y cumplimiento de la normatividad ambiental. Este
proyecto se desarrolla con la participación de once entidades
del gobierno federal, estatal y municipal así como instancias
descentralizadas y universidades.
Conclusiones
La fi gura de área protegida es sin duda uno de los instrumentos de política ambiental
más importantes por su capacidad de cubrir grandes extensiones de tierra con el fi n de
mantener la integridad de los ecosistemas y proveer de refugio a la biodiversidad en su
interior. Las AP han mostrado tener una efectividad muy variable, infl uida tanto por
factores intrínsecos como por factores relacionados a su gestión. Las bases para una
adecuada gestión de las AP incluyen no solo los programas de manejo sino también
mecanismos que aseguren su aplicación, como personal para la atención del área y me-
canismos de seguimiento e implementación de actividades como los programas opera-
tivos anuales o sistemas de monitoreo e información. En estos rubros, la federación y
los estados tienen grados distintos de avance. El 34.14% de las AP federales contaban,
en 2006, con un programa de manejo, y 51.2% de ellas contaban con personal, recur-
sos y programas operativos anuales propios. En el caso de las AP con decreto estatal
Resultados de las entrevistasLos proyectos implementados con el fi n de avanzar en la conversión productiva al uso sustentable tienden a fracasar cuando no concuerdan con la vocación de las comunidades, cuando la adopción de las nuevas tecnologías o procesos es compleja y requiere una larga curva de aprendizaje no remunerada, cuando tienen una rentabilidad menor a las antiguas prácticas y cuando los productos o servicios producidos bajo estos esquemas no cuentan con cadenas productivas completas.
“En las zonas en que he trabajado, generalmente no se capacita o se impulsan actividades productivas sostenibles. En la orientación sobre las actividades susceptibles a realizar son extremadamente generales, en otras se recomiendan actividades no atractivas para la población, fuera de su idiosincrasia o no adaptadas a sus costumbres, por lo que las poblaciones tienden a rechazar esas actividades. Otras veces las actividades propuestas no tienen una remuneración adecuada.” Antonio Moreno Talamantes, Ducks Unlimited de México AC.
5Este número incluye las AP decretadas de manera posterior al estudio de Bezaury-Creel et al. (2007) incluidas en las respuestas a las solicitudes de información emitidas por las entidades federativas.
64
sobresalen Coahuila y Yucatán por contar con estos instrumentos de gestión para casi
todas sus AP. Otros estados, como Sonora y Puebla, carecen de los esquemas de gestión
abordados. La conversión productiva al uso sustentable de recursos —que es un tema
de la mayor importancia estratégica para el buen funcionamiento de las AP— es a la
vez un trabajo que pocos estados abordan a profundidad, y solo alrededor de un tercio
implementa algún proyecto encaminado a este fi n. Cambiar los modos de producción
y los usos de los recursos no es tarea fácil y requiere de la confl uencia de varios acto-
res, instancias públicas y niveles de gobierno que generen estrategias conjuntas para
generar sinergias en vez de esfuerzos fragmentados. Sin este abanico de alternativas
productivas para las comunidades —cuyo impacto es recomendable evaluar— el es-
cenario probable es que continúe el deterioro, tal y como se ha mostrado por algunas
evaluaciones recientes de la deforestación y cambio de uso de suelo en estas áreas.
¿Cuáles son las necesidades identifi cadas? Mejorar los sistemas de gestión de las AP. Incrementar y adecuar los sistemas de monitoreo de hábitat y especies clave (indicadoras de hábitat) de manera continua, a fi n de medir el éxito de la implementación de los programas de manejo y programas/proyectos asociados. Promover centros de información documental en línea que sirvan para integrar y comunicar la información que generan agencias gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones académicas sobre las AP federales, estatales y municipales en el país. Fomentar la participación de las comunidades a través de metodologías participativas. Buscar mejorar las condiciones de vida de las comunidades en AP y concertar las ventajas de contar con un área protegida en su territorio. Promover a las comunidades como actores activos en su gestión para que exista una genuina apropiación de la misma. Fomentar la conversión productiva al uso sustentable de recursos en las áreas protegidas. Adecuar los proyectos de conversión a las condiciones naturales del área, pero tomando en cuenta siempre las necesidades y vocación de las poblaciones que viven y utilizan recursos de las AP. Generar estrategias intersectoriales que involucren a entidades de gobierno que tradicionalmente han trabajado en oposición a las necesidades de producción en la AP. Generar programas intersectoriales de apoyo a la conversión productiva en AP: cadenas productivas, créditos a microempresas y comercialización de los productos producidos bajo esquemas sustentables. Incluir apoyos fi nancieros para asegurar la rentabilidad de estos esquemas de producción.Apoyar a las comunidades en las estrategias de producción, comercialización y mercadotecnia para productos producidos de manera sustentable en AP. La conversión productiva debería incluir también el soporte técnico y fi nanciero para fomentar la sustentabilidad en lo que se refi ere a la agenda gris como energías renovables, manejo de desechos y tratamiento de aguas residuales.
65
Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestreEl Sistema de Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Susten-
table de la Vida Silvestre (SUMA) se estableció en 1997 en el marco del Programa de
Conservación de la Vida Silvestre y Diversifi cación Productiva en el Sector Rural
1997-2000. El objetivo de las UMA es promover, junto con el Programa de Conserva-
ción y Recuperación de Especies Prioritarias de Vida Silvestre (PREP), alternativas de
desarrollo sustentable mediante las cuales se favorezca la conservación del hábitat de
la vida silvestre, la reducción de las tasas de pérdida de estas especies y la recuperación
de las poblaciones de aquellas en riesgo (INE, 2008).
Antes del establecimiento de las UMA, el uso de la vida silvestre era regulado por la
Ley de Caza (1952-2000), que establecía calendarios cinegéticos en los cuales se deter-
minaban los costos y temporadas de caza para las especies de interés cinegético. Ade-
más, se otorgaban permisos de caza solo a aquellos cazadores nacionales organizados en
clubes cinegéticos dependientes de la Federación Mexicana de Tiro Olímpico (Ávila-
Foucat et al., este volumen). A partir de la emisión de la Ley General de Vida Silvestre
(LGVS) el gobierno federal cambió la estrategia para favorecer a los propietarios de los
predios a quienes les cede el usufructo de los recursos de interés, bajo la condición de
que las tasas de aprovechamiento sean inferiores a las tasas de renovación natural de las
poblaciones. En este esquema, también se delega a los propietarios la responsabilidad
de generar los estudios poblacionales para establecer estas tasas de aprovechamiento, la
confección de los programas de manejo y el monitoreo anual de las especies aprove-
chadas (LGVS, 2000). La lógica que subyace a las UMA se basa en la premisa de que al
legalizar el aprovechamiento de la vida silvestre sucederán dos cosas: 1) se facilitará el
control y regulación del uso de la misma por el Estado y 2) se incrementará su valor en
el mercado lo que fomentaría prácticas sustentables por parte de los usuarios.
Las UMA se clasifi can en extractivas y no extractivas de acuerdo al aprovechamiento
que se da en ellas. En las UMA extractivas se sustrae del sitio a los individuos de las
especies aprovechadas para diversos fi nes: cacería deportiva, venta de individuos para
mascotas, ornato, alimentación, producción de artesanías, etc. En las UMA no extrac-
tivas se aprovechan las especies in situ sin provocar una disminución directa de sus
poblaciones por causas relacionadas a su extracción. Estas UMA tienen por fi nalidad el
ecoturismo, la educación ambiental y la investigación, entre otras. Las UMA también
se diferencian de acuerdo a su extensión o superfi cie y tipo de manejo, por lo que se les
considera extensivas o intensivas. En la modalidad extensiva el manejo del predio y de
las especies debe ser mínimo pues se aprovecha a las especies en el contexto de vida en
libertad, mientras que en la modalidad intensiva el aprovechamiento es en cautiverio y
el manejo tiene mayores requerimientos.
66
Caracterización de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre a nivel nacionalEl número de UMA ha mostrado un aumento constante desde su implementación, al
grado de que su incremento anual se calcula en 8.7% (Aguilar et al., 2007). Para 2008,
la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) reportó 8 859 UMA distribuidas en las
32 entidades federativas de la República Mexicana en una superfi cie mayor a la de las
áreas protegidas, pues cubren 15.76% del territorio nacional. Cabe resaltar que este
número no necesariamente refl eja las UMA que se encuentran funcionando en la actua-
lidad, ya que solo indica el acumulado histórico sin considerar aquellas dadas de baja
por diversos motivos. Las UMA extensivas que se han registrado a la fecha suman 6 213
unidades distribuidas a lo largo del territorio nacional con una fuerte presencia en el
norte del país. Los estados que cuentan con un mayor número de UMA son Sonora y
Nuevo León con 1 357 y 1 297 respectivamente, mientras que los estados que cuentan
con un mayor porcentaje de su territorio cubierto por este instrumento son Sonora y
Baja California con 41.2% y 38.2% respectivamente (Figura 2) (Anexo 8).
En lo que se refi ere a las UMA por entidad federativa se observa una tendencia in-
teresante, ya que los estados con una mayor proporción de UMA extensivas tienden a
mostrar una proporción menor de UMA intensivas. Así, 98.8% de las UMA del Distrito
Federal, 92.2% de Tabasco, 85.5% de Querétaro, 85.4% de Guanajuato y 78.1% de
Morelos se inscriben en la modalidad de UMA intensivas, contrastando esto con 8.8%
de UMA intensivas en Durango, 8.3% en Tamaulipas, 6.2% en Nuevo León, 3.1% en
Coahuila y 2.6% en Sonora (Anexo 14). Hay una gran diversidad de especies de fl ora y
Sono
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0
número de UMA % de superfi cie estatalnúmenúme
FIGURA 2. Número y porcentaje de cobertura de UMA por entidad federativa (el número de UMA representa el histórico
acumulativo).
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por DGVS, 2008.
67
fauna aprovechadas en las UMA, pero sobresalen aquellas listadas en la Norma Ofi cial
Mexicana NOM-059-Semarnat-2001 (Semarnat, 2002). Las especies incluidas en
la Norma que se aprovechan en las UMA pertenecen a los siguientes grupos: Amphibia
(22 especies), Arachnida (2), Aves (68), Bivalvia (1), Cycadopsida (3), Euascomyce-
tes (4), Liliopsida (11) Magnoliopsida (15), Mammalia (23), Pinopsida (3) y Reptilia
(72) (Anexo 9). De éstas, la especie que es aprovechada en un mayor número de UMA
(n=1 544) es el guajolote silvestre (Meleagris gallopavo) enlistada bajo la categoría de
especie con protección especial.
Una importante proporción de las UMA registradas con aprovechamiento extrac-
tivo está dedicada a la cacería cinegética (4 610 UMA). Otras actividades incluyen la
conservación (1 877 UMA), el manejo (1 256), el aprovechamiento extractivo con fi nes
comerciales (619), el ecoturismo (211), la investigación (111) y la exhibición (26) (Fi-
gura 3). Resalta por su relevancia que solo seis UMA se dedican a la reproducción y
19 a la repoblación (DGVS, 2008). En las UMA intensivas se han registrado a la fecha
1 665 criaderos y 402 viveros dedicados a la crianza y reproducción de especies tanto
nativas como exóticas. Cabe resaltar que en el reglamento de la LGVS del año 2006 ya
no son consideradas como UMA aquellos predios que manejen vida silvestre de forma
confi nada y que no tengan como fi n la recuperación de especies o poblaciones para su
posterior reintegración a la vida libre.
El papel de las unidades de manejo en la conservación in situ
A la fecha se conoce poco acerca del desempeño de las UMA como instrumento de
conservación, ya que se carece de evaluaciones y de información sistematizada acerca
del efecto del aprovechamiento sobre las poblaciones de vida silvestre bajo manejo,
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000número de UMA
Reproducción
Repoblación
Exhibición
Investigación
Ecoturismo
Comercial
Manejo
Aprovechamiento
Conservación
Cinegético
prop
ósito
de
la U
MA
FIGURA 3. Tipo de
aprovechamiento en
UMA extensivas.
Fuente: Elaboración propia
con datos de DGVS, 2008.
68
así como del efecto de este manejo sobre la con-
servación del hábitat y la biodiversidad en general
(Sisk et al., 2006). La evaluación del impacto que
ha tenido este instrumento sobre las poblaciones
silvestres aprovechadas es una tarea pendiente de
la más alta prioridad, dado que se trata de un ins-
trumento que promueve el aprovechamiento y que
pretende ser una estrategia de sustentabilidad.
Aunque no hay datos publicados mediante los
cuales se pueda respaldar esa información, existe
un consenso respecto al papel que han jugado las
UMA en mantener la cobertura vegetal al evitar la
expansión de la frontera agropecuaria e incluso
ganar terreno a la misma. Villareal (2007) reporta
como posibles casos de reconversión del uso del
suelo en Nuevo León al municipio de Anáhuac,
que cuenta a la fecha con 180 UMA distribuidas
en una superfi cie de 325 mil hectáreas correspon-
dientes a 76% de la superfi cie total del municipio.
Igualmente, el municipio de Lampazos cuenta con
70 UMA distribuidas en 200 mil hectáreas que re-
presentan 64% de su superfi cie total. Este efecto
sobre el uso de suelo ha sido atribuido a las UMA
extensivas y especialmente a aquellas situadas en el
norte del país, aunque hay una tendencia al incre-
mento de estas unidades con consecuencias simi-
lares en la frontera sur.
Dado que prácticamente no existen estudios
poblacionales que establezcan con claridad el efec-
to de las UMA sobre la vida silvestre, es necesario
utilizar otro tipo de información para tener una
noción de su funcionamiento. Hay ejemplos co-
nocidos de UMA exitosas que involucran especies
que contaban con una distribución restringida y
con poblaciones reducidas que se lograron reintro-
ducir en parte de sus áreas de distribución original
con poblaciones en franca recuperación, como el
borrego cimarrón (Ovis canadensis), el berrendo
Resultados de las entrevistasHay opiniones divididas respecto al papel que han jugado las UMA en la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las especies bajo manejo. En lo general se reconoce que las UMA de tipo extensivo han logrado frenar el avance de la frontera agropecuaria evitando así el cambio de uso de suelo y permitiendo la permanencia de la cobertura vegetal original.
“Han logrado mantener algunas zonas con bajo impacto en el uso de suelo o en el cambio del uso de suelo hacia otras prácticas agropecuarias convencionales, como por ejemplo desmontar para establecer potreros.” Rubén Cornelio Montes Pérez, Universidad Autónoma de Yucatán.
“Ha disminuido la apertura de áreas en matorrales xerófi los del norte de México. Ha permitido la producción de especies en peligro de extinción en viveros, como las cactáceas. Ha fomentado la actividad ecoturística, o turismo alternativo.” Miguel Ángel González Botello, Ducks Unlimited de México AC.
Resultados de las entrevistasAunque el potencial de las UMA para mantener e incluso incrementar las poblaciones silvestres de las especies aprovechadas es grande, hay un severo cuestionamiento respecto a lo que en la práctica ha logrado el instrumento, e incluso sobre la infl uencia nociva que han tenido las unidades extractivas sobre la vida silvestre, debido al manejo inefi ciente de las mismas.
“La efectividad de las UMA la podemos medir de distintas maneras, si la medimos sobre la base del estado de conservación de las poblaciones a aprovechar, creo yo que el balance general no es positivo. Hay algunas UMA que funcionan muy bien para las poblaciones, los borregos cimarrón en el norte de México están funcionando bastante bien, las palomas de alas blancas, los guajolotes silvestres, esas están funcionando bien, pero todo el resto de las UMA, yo calcularía que 80 a 90% de las UMA no tienen un impacto positivo en las poblaciones que se están tratando de aprovechar.” Rodrigo Medellín, Universidad Nacional Autónoma de México.
69
(Antilocarpa americana) y el venado cola blanca texano (Odocoileus virginianus texanus)
en el norte del país. A estas UMA exitosas generalmente las subyace el involucramiento
de diversos actores, como instituciones académicas y organizaciones civiles. En ellas
hay una regulación estricta por parte de los propietarios de la UMA en lo que respecta a
las tasas de aprovechamiento, los monitoreos poblacionales son confi ables, hay un ade-
cuado manejo del hábitat, las especies no están expuestas a otro tipo de presión como
la cacería de subsistencia o el avance de la frontera agropecuaria, tienen un alto valor
cinegético y, por ende, una importante remuneración económica para sus propietarios.
Como ejemplo, cabe mencionar que la comunidad seri de la Isla Tiburón vendió en un
encuentro de caza en Estados Unidos los primeros dos permisos de caza para borrego
cimarrón en 200 mil y 195 mil dólares respectivamente, lo que incrementó la impor-
tancia y el cuidado de esta especie (R. Medellín, com. pers.)
Amenazas al buen funcionamiento de las unidades de manejo
Uno de los mayores problemas que enfrentan las especies sujetas a aprovechamiento
extractivo es la elaboración de estimaciones poblacionales poco certeras, que pueden
tener un impacto muy negativo sobre las especies aprovechadas. Hay diversas razones
por las que se realizan estimaciones imprecisas. En el caso de las UMA intensivas se
reportan inefi ciencias en el manejo sanitario, nutricional, reproductivo y en la gestión
administrativa (González-Marín et al., 2003). En el caso de las UMA extensivas en los
trópicos, la falta de visibilidad y el comportamiento de ciertas especies difi cultan la
estimación de las poblaciones (Weber et al., 2006; C. Alcérreca, com. pers.)
Otro problema identifi cado tanto en la zona norte como en el sur es la falta de
estandarización de las metodologías utilizadas en las distintas UMA (Contreras-Gil et
al., 2007) y la falta de una metodología adecuada para llevar a cabo las estimaciones
poblacionales, e.g. los transectos utilizados no capturan el rango de movimiento de
ciertas especies, se ubican en aguadas o sitios de alimentación, el muestreo se realiza
en una sola estación y, además, falta capacitación de técnicos y ejidatarios para la toma
de datos confi ables y sistemáticos (García-Marmolejo, 2005). Un ejemplo de las gra-
ves consecuencias de estudios poblacionales defi cientes es del jabalí o pecarí de labios
blancos (Tayassu pecari). Esta especie está desapareciendo a ritmos acelerados y solo
quedan unas cuantas poblaciones en algunas áreas protegidas de Mesoamérica (Kiltie
y Terborgh, 1983; Fragoso, 1998; Weber et al., 2006).
En 2005, un grupo de investigadores documentó la matanza de 20 pecaríes de la-
bios blancos por cazadores de subsistencia del estado de Campeche, y ese mismo año
en el mismo sitio, los cazadores deportivos mataron a siete de los nueve individuos
que quedaban del grupo (Weber et al., 2006). Reyna (2008) encuentra que el pecarí
de labios blancos es altamente vulnerable a la presión de cacería, tanto de subsistencia
“Desde una perspectiva de manejo poblacional, me parece que las UMA están fragmentando las poblaciones naturales en “poblaciones administrativas”, es decir solo considerando como “población” a aquellos animales que están dentro de los límites administrativos de la UMA. Esto, me parece, puede poner en riesgo a la población biológica.” Salvador Mandujano, Instituto de Ecología AC.
70
como cinegética, la cual además se realiza en Campe-
che en la temporada seca, que es cuando estos grupos se
encuentran en periodo de apareamiento y cuando son
más susceptibles a ser encontrados con facilidad en las
aguadas. Este problema se agrava pues la cacería con
fi nes de susbsistencia generlamente se realiza sin solici-
tar permisos de aprovechamiento a la DGVS, y no se tie-
nen programas de monitoreo que permitan registrarla y
evaluar sus efectos. Este aprovechamiento con fi nes de
autoconsumo o control de plagas puede ser incluso ma-
yor a las tasas autorizadas de aprovechamiento (García-
Marmolejo, 2005). El mayor número de permisos de
aprovechamiento otorgados para esta especie se dio en
el año 2003, en el que se autorizaron 178 ejemplares a
nueve UMA en el estado de Campeche.
La cacería de subsistencia aunada a la cacería depor-
tiva no solo afecta a las poblaciones de las especies apro-
vechadas, sino que además reduce su disponibilidad para otras especies que dependen
de ellas para su subsistencia. La disponibilidad de presas puede tener una infl uencia
signifi cativa sobre la densidad, supervivencia y reproducción de los grandes carnívoros
afectando la viabilidad de estas poblaciones (Fuller y Sievert, 2001). Algunos estudios
han encontrado que la cacería de subsistencia puede o no ser sostenible (Vickers, 1991),
dependiendo del tamaño de las poblaciones humanas que la practican, de la tecnología
de caza y del mercado para productos o subproductos de la caza (Bodmer et al., 1994;
Mittermeier y Cheney, 1987; Peres, 1990), razón por la cual es de vital importancia
contar con estimaciones precisas sobre el tamaño de las poblaciones aprovechadas.
El modo en que se manejan las UMA también puede tener un efecto importante
sobre el hábitat y sobre otras especies que habitan en ellas. Los expertos que han teni-
do la oportunidad de trabajar en UMA mencionaron casos de malos manejos como la
“ganaderización” de la fauna silvestre, sobrecarga de predios, control de depredadores
e incluso la introducción de subespecies de venado en zonas de distribución de otras,
para la mejora de ejemplares de venado para la caza cinegética. En el caso de las UMA
extensivas parece haber un manejo claramente enfocado a las especies de interés, lo
cual podría afectar a otras especies del predio, y este efecto no ha sido formalmente
evaluado. En el norte se ha visto el surgimiento de un manejo semi-intensivo de la
fauna silvestre mediante el cercado de predios, cultivo de especies exóticas para forra-
jeo y transferencia forzada de animales entre predios para incrementar la caza exitosa
(Sisk et al., 2006).
“Los jabalíes abarcan un rango muy grande porque se mueven en grupos muy grandes. En las UMA que manejaban pecarí de labios blancos para cacería, lo que hacían era medir la abundancia y densidad cuando los jabalíes estaban ahí, entonces medían una densidad altísima, pero el 90% del tiempo no están ahí. Un mismo grupo de jabalíes se registraba en UMA distintas, por lo que terminaban haciendo estimaciones de cuatro veces el tamaño de la población real.” Rodrigo Medellín, Universidad Nacional Autónoma de México.
“Hasta el momento, la mayoría de las UMA no ha sido efi caz, puesto que además de presentarse una tasa de extracción, a ésta se suma la tasa de autoconsumo que es permitida, de tal manera que se está dando una sobre-explotación al recurso.” Griselda Escalona Segura, El Colegio de la Frontera Sur.
71
La introducción de subespecies de venado cola blan-
ca texano (Odocoileus virginianus texanus) como pies de
cría en UMA dentro de zonas de distribución de otras
especies (O. virginianus veraecrucis, O. virginianus car-
minis y O. virginianus miquihuanensis) se hace con el
objetivo de “mejorar” los ejemplares para incrementar
su valor como trofeos de caza, lo cual ha levantado du-
das sobre el futuro de las variedades genéticas locales
(Logan-López et al., 2007).
Vigilar el apego a las tasas de aprovechamiento en
8 859 UMA registradas a la fecha es una tarea que difí-
cilmente puede cubrir la Profepa, de ahí la importancia
de regular severamente la fi gura del arrendamiento, así
como de generar mecanismos para tener un adecuado
control del manejo y aprovechamiento en las unidades.
En el universo de las UMA registradas, la Profepa ha
realizado inspecciones en apenas 1 631 UMA distribui-
das en 31 entidades federativas del año 2000 a la fecha
(Profepa, 20086). Esto representa apenas 18.41% del
total de las UMA en un periodo de ocho años.
Las UMA y el bienestar económico
Uno de los principales motores del funcionamiento de las UMA son los incentivos
económicos asociados a la venta de productos o servicios relacionados a la fauna y
fl ora silvestres. En el norte del país se ha estimado que la cacería deportiva genera un
impacto económico anual de dos mil 900 millones de pesos, ingresos por 666 millones
y un total de 43 mil 685 empleos anualizados (Guajardo y Martínez, 2004). Para la
región sur se ha estimado una derrama potencial de 2 628 800 de pesos (Ávila-Foucat,
2006; Aguilar et al., 2007). La rentabilidad de una UMA depende de distintos factores
que pueden dividirse en dos grandes rubros, los dependientes del mercado para bienes
y servicios de UMA y los dependientes de la gestión. Entre los primeros se encuentran
el valor que tienen las especies y servicios en el mercado, cuyo rango de variación es
muy amplio —e.g. borrego cimarrón (ca 200 000 dólares; R. Medellín, com. pers.) o
palma xiat (entre 450 y 700 pesos; M. Balam, com. pers.)— así como la presencia y
desarrollo de cadenas productivas y mercados nacionales e internacionales para estos
productos y servicios. En México se ha identifi cado que entre los mercados más de-
“En las UMA donde se da una actividad cinegética se lleva a cabo un manejo de vegetación el cual no siempre es apropiado para todas las especies presentes, y usualmente se enfoca a la especie deseada.” Laura Scott Morales, Universidad Autónoma de Nuevo León.
Resultados de las entrevistasEl arrendamiento de las UMA se consideró como un elemento muy negativo para la implementación del instrumento, no solo porque quienes se benefi cian no son los propietarios directos de los predios, sino porque hay una falta de compromiso en el largo plazo con los recursos, lo que parece fomentar la sobreexplotación inmediata de las especies de interés económico.
“… cuando los terrenos son rentados para el aprovechamiento cinegético y el objetivo fundamental se vuelve el económico, como se trata de un arrendamiento, se aprovecha lo más fuertemente posible durante el periodo de arrendamiento.” José Manuel Ochoa Barraza, DUMAC AC.
6 Datos proporcionados por la Profepa, 2008.
72
sarrollados destaca la cacería cinegética, seguido por el comercio
de aves canoras y de ornato, y uno incipiente, pero creciente, para
el ecoturismo (Aguilar et al., 2007). En el sur del país comienza
a incrementarse el mercado para las UMA a través de los grandes
centros turísticos de la zona (M.L. Villareal, com. pers.). Los fac-
tores dependientes de la gestión se refi eren a las capacidades de
los propietarios para hacer rentable la unidad. Las UMA deben
entenderse como un negocio que requiere capacidades gerencia-
les, fi nancieras, estrategias de venta y comercialización, identifi -
cación de mercados y análisis de factibilidad. Villareal y Balam
(2008) relatan el camino que siguieron para el establecimiento de
un negocio para la comercialización de carne silvestre, entre las
veinticinco actividades mencionadas se incluían diversos proce-
sos para la obtención de permisos fi tosanitarios y de salubridad
para los cuales no existían protocolos previos. Muchas UMA fracasan cuando se en-
frentan a esta realidad, que representa una verdadera barrera administrativa.
Conclusiones
Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre son un instrumento
con un gran potencial para impulsar la conservación de los hábitats y la vida silvestre.
El incremento de las unidades registradas en todo el país refl eja la amplia aceptación
que han tenido entre los propietarios de los predios. Se reconocen casos exitosos de
manejo de especies en UMA, las cuales al promover el valor económico de la biodiver-
sidad han detonado su conservación e incluso su recuperación. Especialmente positiva
es la percepción que tienen los expertos de la capacidad del instrumento para conservar
la cobertura vegetal y evitar el cambio de uso de suelo, lo cual debería ser evaluado
formalmente. Sin embargo, las UMA representan también un instrumento de “doble
fi lo” porque promueven el aprovechamiento de recursos sin que a la fecha se haya
evaluado su sustentabilidad, debido a la falta de programas permanentes de monitoreo
generados por entidades que no derivan benefi cios económicos de su utilización. Las
UMA intensivas, aunque no promueven la conservación de áreas extensas, fomentan la
conservación de la vida silvestre in situ al disminuir la presión sobre las poblaciones
silvestres de las especies que se reproducen y crían en estas unidades. Estas unidades
requieren de un mayor apoyo tanto técnico como fi nanciero de parte de las autoridades
y sectores involucrados. En este trabajo se identifi caron grandes vacíos en la gestión del
instrumento, tales como estimaciones poblacionales poco confi ables, malos manejos de
los hábitats, falta de vigilancia, uso de especies exóticas, sobre-explotación de fauna por
terceros (i.e. arrendatarios), falta de consideración de otras presiones sobre la población
“Vida Silvestre llega hasta el otorgamiento de tasas de aprovechamiento, los planes de manejo, estudios de poblaciones y ya. Por otro lado, los consultores o técnicos, nada más se quedan en la primera parte, no hay acompañamiento de principio a fi n y ahí es donde se caen muchos proyectos… es importante que en cada comunidad encuentres a esa persona con ese don, no solo es hacer un plan de manejo y plantar, implica buscar compradores, establecer costos y mecanismos de pago, son muchas cosas, es una cadena, toda la cadena desde que lo produces, lo transportas, etc.” Martín Balam Pereira, Simbiosis SA de CV.
73
e impactos desconocidos sobre especies asociadas (e.g. depredadores). De no atenderse
lo antes posible, estos vacíos podrían representar un grave riesgo para la vida silvestre
en el corto y mediano plazo. Para que las unidades incrementen su rentabilidad y
por ende su viabilidad, también es necesario apoyarlas en la búsqueda de mercados,
cadenas productivas, estrategias de venta y comercialización, así como capacidades
administrativas. Con esto se pretende que las UMA funcionen adecuadamente como
unidades de conservación y negocio exitosas que detonen el desarrollo sustentable a
nivel local y regional.
¿Cuáles son las necesidades identifi cadas?Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación. Es necesario implementar estudios poblacionales que consideren los distintos ámbitos hogareños y comportamiento de las especies aprovechadas, especialmente aquellas de interés cinegético. Es necesario que estos estudios sean realizados por la autoridad o por entes independientes pues hay el potencial de un confl icto de intereses cuando se deja esta responsabilidad a los dueños de las UMA. Es urgente que se lleven a cabo estudios que evalúen el impacto de la extracción que se realiza en la UMA sobre las especies aprovechadas, con especial énfasis en aquellos sitios donde las poblaciones aún dependen de la caza de subsistencia. Cuotas para recuperación de poblaciones. Las UMA dedicadas al aprovechamiento extractivo deberían establecer un mecanismo de compensación de poblaciones silvestres mediante programas de reproducción y repoblación, sean éstos realizados por los propietarios o por terceros, fomentando así su recuperación e incrementando el número de UMA intensivas dedicadas a este fi n. Regulación de la fi gura de arrendamiento. Regular estrictamente a los arrendatarios, el número de UMA que pueden arrendar, los márgenes de ganancia que pueden obtener e incrementar la vigilancia y control de sus aprovechamientos. Promoción de talleres de capacitación. Es necesario que los dueños de las UMA conozcan algunos aspectos básicos para la gestión de las mismas y cuenten con mayores elementos que apoyen su toma de decisiones cuando se enfrentan a los mercados, consultores técnicos y autoridades. Estas capacitaciones podrían incluir temas como la importancia de la biodiversidad y los servicios ambientales, aspectos esenciales del manejo de vida silvestre, tasas de extracción sostenibles, monitoreo de poblaciones, tramitología, identifi cación de mercados, comercialización y administración. Vinculación interinstitucional. Se requiere coordinarse con otras instituciones de fomento al desarrollo y microempresas para gestionar apoyos fi nancieros y de capacitación.
74
Pago por servicios ambientales Los servicios ambientales (SA) son todos aquellos benefi cios que proveen los ecosiste-
mas a los seres humanos. Éstos incluyen los servicios de aprovisionamiento de bienes
de consumo como los alimentos, el agua, la madera y la fi bra; servicios de regulación
del clima y del ciclo hidrológico; servicios de soporte tales como la formación de sue-
los, la fotosíntesis y el ciclo de nutrientes; y servicios culturales que proporcionan be-
nefi cios educacionales, recreacionales, espirituales y estéticos (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005). Estos servicios, aunque tienen un alto valor para el bienestar hu-
mano, tienden a disminuir en cantidad y calidad ante la creciente degradación ambien-
tal. Es por esta razón que se ha promovido su valoración económica para fomentar su
mantenimiento. La idea que subyace al pago por servicios ambientales es que quienes
se benefi cian de ellos deberían pagar a quienes poseen, conservan y restauran las tierras
que los proveen (Wunder, 2005).
El programa de pago por servicios ambientales (PSA) del gobierno federal comenzó
a partir de 2003. Desde su diseño y puesta en marcha, el programa de PSA ha sufrido
importantes modifi caciones (Alix-García et al., 2005). El marco legal que sustenta el
programa se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 que, en su inciso
5.3.5, referente al desarrollo en armonía con la naturaleza, establece la necesidad de
incrementar la sensibilidad social respecto a la importancia de los ecosistemas natura-
les, en particular los boscosos, y de proteger los diversos servicios ambientales como la
captación del agua pluvial que permite la recarga de acuíferos, ríos y otros cuerpos de
agua. El reconocimiento, defi nición y responsabilidad de los diversos órdenes de go-
bierno respecto a los servicios ambientales provistos por bosques y otros ecosistemas,
está plasmado en dos importantes leyes, la Ley General de Desarrollo Rural Sustenta-
ble de 2001 y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del 2003.
Servicios hidrológicos
Los pagos por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) fueron los primeros en ser
incluidos en el programa, en su arranque en 2003. Se refi eren a la retribución que se
realiza a los propietarios de predios forestales para desarrollar acciones de protección y
manejo de ecosistemas, con el fi n de mantener o mejorar la provisión de los servicios
ambientales hidrológicos (Conafor, 2008). La Conafor establece contratos con los
propietarios de los predios por cinco años, mismos que tienen que ser refrendados so-
bre una base anual. Los benefi ciarios seleccionados para recibir los PSAH deben gene-
rar, durante el primer año, un programa de mejores prácticas que incluyen un plan de
actividades para conservar y mejorar la provisión de servicios ambientales hidrológicos.
A la fecha se protege una superfi cie de 1 370 516 ha (0.70% del territorio nacional)
distribuidas en las 32 entidades de la República Mexicana, bajo este esquema de PSA.
75
Captura de carbonoEl pago por servicios ambientales de captura de carbono inició en 2004 e incluye
actividades de forestación y reforestación, defi nidas por la Junta Ejecutiva del Marco
del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Los proyectos bajo este esquema
deben demostrar adicionalidad, lo que implica que contribuyen a la mitigación del
cambio climático y que son implementados por el incentivo que proporciona el MDL
(Conafor, 2008). Para determinar la adicionalidad se requiere el establecimiento de
una línea base. Los PSA por captura de carbono no garantizan que las especies utiliza-
das para la forestación o reforestación sean especies nativas, ya que pueden utilizarse
especies exóticas siempre y cuando se proporcione evidencia de que no representan
un riesgo para el área de su infl uencia, y tampoco se estipulan reglas en cuanto a la
diversidad de especies. Al no considerarse la biodiversidad en esta categoría de PSA se
pierde la oportunidad de incidir positivamente en los servicios ecosistémicos que pro-
veén los paisajes biológicos naturales de mayor diversidad. A la fecha se han forestado
o reforestado 319 673.75 ha (0.16% del territorio nacional) con la fi nalidad de proveer
servicios ambientales de captura de carbono en 23 entidades federativas.
Biodiversidad
Los PSA por biodiversidad pagan por el desarrollo de proyecto encaminados a realizar
acciones de protección y manejo de la biodiversidad, entendiéndose por biodiversi-
dad “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” (artículo 4,
fracción IV, LGEEPA). Para ser elegible para este programa se requiere elaborar un pro-
grama de mejores prácticas de manejo en el que se detallan las acciones necesarias para
conservar la biodiversidad que alberga el predio. Se da prioridad a aquellos proyectos
en zonas núcleo de áreas protegidas, en sitios Ramsar, en un área de importancia para
la conservación de las aves (AICA), en alguna región hidrológica prioritaria (RHP) y con
presencia de especies en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-Semarnat-2001.
Oaxaca y Campeche son los estados con una mayor superfi cie incluida bajo este esque-
ma con 70 256 y 68 542 ha respectivamente, seguido de Nayarit (59 724 ha), Coahuila
(59 112 ha) y Durango (58 665.24 ha). A nivel nacional, un total de 694 620.09 ha se
encuentra inscrita dentro de este esquema de protección ambiental.
Sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra
La modalidad de sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra fue introducida en
2004 bajo las categorías de mejoramiento de sistemas agroforestales y conversión a
sistemas agroforestales. Este pago contempla los servicios provistos por ecosistemas
agroforestales y supone para los benefi ciarios un pago de 341.83 pesos por hectárea,
76
condicionado a la elaboración de un programa de mejores prácticas de manejo en el
que se deben incluir actividades obligatorias y opcionales para mejorar la provisión
de servicios ambientales del sistema agroforestal en cuestión. Bajo este esquema se
encuentran incluidas 462 207.87 ha (0.24% del territorio nacional) distribuidas en 25
estados.
Actualmente, el estado con un mayor número de hectáreas incluidas en el programa
de pago por servicios ambientales de la Conafor es Oaxaca, seguido de Durango y
Chihuahua, con coberturas de 462 670.46 ha, 354 180.25 ha y 296 561.75 ha respecti-
vamente. En relación a la superfi cie estatal, el Distrito Federal es la entidad que tiene
un mayor porcentaje (11.8%) de su superfi cie bajo PSA, seguido de Morelos (5.5%),
Oaxaca y Aguascalientes (4.9%) (Anexo 10).
El programa ha trabajado cada vez con mayores recursos. Dio inicio en 2003 con
una inversión de 192 057 150 pesos y fi nalizó en 2008 con 707 995 374 pesos. El año
en el que contó con mayores recursos fue en el ejercicio 2007 en el que la Conafor
invirtió 1 060 762 511 pesos en el programa, benefi ciando a 1 448 propietarios de pre-
dios. A pesar del incremento en los recursos y apoyos disponibles al programa, éstos no
se han distribuido por igual entre los diversos rubros de servicios ambientales. Así, las
superfi cies benefi ciadas para los servicios ambientales incluidos en PSA-CABSA7 repre-
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FIGURA 4. Superfi cies incluidas en PSA de la CONAFOR por entidad federativa.
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CONAFOR, 2008
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Biodiversidad
Captura de carbono
Sistemas agroforestales
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77
sentaron 75% de las superfi cies apoyadas en 2004, mientras que disminuyeron a 42%
en 2008. Los servicios para los que se redujo visiblemente el apoyo o la demanda fueron
la captura de carbono y los sistemas agroforestales, de manera que en 2008 apenas 4.4%
de la superfi cie apoyada fue para los citados rubros (Anexo 11).
Resultados de las entrevistas En general se reconoce el gran acierto que ha signifi cado la puesta en marcha del programa, pero también es patente la urgencia de trabajar en asegurar su permanencia en el mediano y largo plazos. Benefi cios • Se incluye en la agenda pública un tema de la mayor relevancia estratégica para el país.• Se hace un reconocimiento explícito del valor no extractivo de los recursos naturales.• Fomenta la sensibilización de los benefi ciarios hacia los recursos bajo su tutela.• Fomenta el mantenimiento de los predios a través de labores de vigilancia, brechas cortafuego, prevención de la erosión, etc. • Incrementa la comprensión de los efectos del manejo local en el ámbito regional.• Fomenta la organización comunitaria Limitantes • No es concluyente su contribución para detener el cambio de uso de suelo.• Los pagos son marginales y no se aproximan a los costos de oportunidad de la tierra, por lo que hay una tendencia a incluir predios que no iban a ser integrados a otros usos productivos.• Está rezagada la creación de mercados.• Falta generar una mayor información científi ca sobre las condiciones en las que se generan los servicios ambientales.• Falta comunicar mejor la naturaleza del programa y de los pagos, tanto a benefi ciarios como usuarios.• La protección que proveen los pagos es de carácter temporal.• Se restringe el uso de recursos en el área bajo contrato y se desaprovecha un buen momento para capacitar en mejores prácticas de manejo.• Las reglas de operación de PSAH fomentan la noción de que no es posible conservar usando.• Al ser un programa de subsidios no se consideran las implicaciones costo-benefi cio de las distintas modalidades de PSA y de las distintas regiones del país.• Tiene fondos limitados y por lo mismo es de naturaleza excluyente, lo cual puede generar confl ictos entre propietarios.
7 Incluye PSA por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales con cultivos bajo sombra.
78
Temas emergentes: costos de oportunidad y conocimiento de la producción de servicios ambientalesUno de los problemas asociados a la forma en la que se implementa el programa de
pago por servicios ambientales es que no se sabe con certeza si los pagos otorgados
por el programa reducen o no la presión sobre el cambio de uso de suelo. Este es un
tema que deberá ser evaluado con precisión. Recientemente, el Instituto Nacional de
Ecología (INE) llevó a cabo una evaluación con la intención de conocer el comporta-
miento de la deforestación en predios bajo esquema de PSA. En él se concluye que la
pérdida de superfi cie forestal se reduce a la mitad en comparación con terrenos que
no están protegidos bajo este esquema (Corbera y González, 2007). Otro tema cuya
evaluación está pendiente es si está ocurriendo el fenómeno de “fuga”, que implica el
traslado de las actividades no permitidas a otras áreas, lo que minimiza el impacto de
los pagos. La importancia de incidir en la reducción de la presión de cambio de uso de
suelo es reconocida por los creadores del programa, quienes han incluido el riesgo de
deforestación como uno de los criterios para seleccionar los predios a ser benefi ciados.
La deforestación está ligada a variables que determinan el costo de oportunidad de las
tierras. En el análisis realizado por el INE se observa que el programa de PSAH favo-
reció en 2003 a los predios de muy alta marginación por sobre otros criterios de zoni-
fi cación, como el de presentar un riesgo muy alto y alto
de deforestación, estar en una zona de disponibilidad
1-38 o pertenecer a una zona de recarga de un acuífero
sobreexplotado (DGIEPA, 2007). En 2004 la selección
tendió a favorecer predios con riesgo alto y muy alto de
deforestación, en 2005 a predios en zonas de recarga de
acuíferos sobreexplotados, en 2006 a predios en zonas de
recarga de acuíferos sobreexplotados y de muy alta mar-
ginación y en 2007 a predios con muy alta marginación
seguidos de un riesgo muy alto y alto de deforestación
(DGIEPA, 2007).
Graf et al. (2008) calcularon el valor de uso de terre-
nos en la zona de Cerro Grande, Jalisco, la cual abastece
de agua a las ciudades de Colima y a Villa de Álvarez.
Determinaron que los costos por hectárea bajo uso de
recursos maderables y actividades pecuarias en el bosque
templado tenía un valor entre 891 y 925 pesos (bosque
Resultados de las entrevistasLa decisión de los propietarios de los predios de poner o no sus tierras bajo un esquema de PSA depende en gran medida de los costos de oportunidad de los predios. Aunque los costos de oportunidad fueron considerados como una variable fundamental para el diseño del programa de PSA, los pagos por hectárea ofrecidos por un programa de esta naturaleza no pueden capturar la complejidad en la variación de los costos de oportunidad de las diferentes regiones y localidades del país.
“¿El programa ha ayudado a evitar en cambio de uso de suelo? Yo creo que no, y los economistas saben como medir esto, si es para revertir el uso de suelo defi nitivamente no, pero pueden resultar algunos casos en que el apoyo de CONAFOR evita que esos predios se sigan deteriorando, se mantienen, al menos mientras reciban el pago.” Armando Guerrero, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo.
8 Zonas con el precio más alto de agua por m3 proveniente de fuentes superfi ciales o subsuelo.
79
de pino y mesófi lo respectivamente) y un valor entre 250 y 310 pesos en la zona de
bosque tropical (selva baja y mediana respectivamente). Basados en los cálculos an-
teriores determinaron un costo promedio de 638 pesos por hectárea, monto mayor
al ofrecido por el programa actual de PSA federal, cuyos pagos son de 300 pesos por
hectárea en bosque templado y tropical, y 400 pesos por hectárea de bosque mesófi -
lo de montaña. En un estudio de mercado de servicios ambientales hidrológicos en
la cuenca hidrográfi ca Tapalpa, en Jalisco, se estimó que para mantener la superfi cie
boscosa sin cambio de uso de suelo en la zona se requeriría un subsidio de 4 158 pe-
sos por hectárea y para la recuperación de tierras con otros usos la cantidad de 6 899
por hectárea (González et al., 2005). En el caso de la cuenca alta del río Cacaluta en
Oaxaca, Kido y Kido (2007) calcularon un costo de 1 337 pesos para la reconversión
de una hectárea de cultivo de maíz hacia actividades de reforestación. Actualmente, el
modo en que se determina el pago por un servicio ambiental está dado por el costo
que el propietario ganaría si ese espacio lo utilizara para una actividad productiva
determinada. Sin embargo, esta ecuación aún es incom-
pleta pues se excluye otro tipo de valores de los servi-
cios provistos por los ecosistemas. Un ejemplo de este
problema y de sus efectos son los manglares. México es
uno de los cinco países con mayor superfi cie de man-
glares en el mundo, y está siendo transformada a ritmos
acelerados. La pérdida anual de superfi cie de manglar
calculada para el periodo de 1976 a 2000 fue de 2.5%,
tendencia que, de continuar, en 25 años habrá reducido
en 50% los manglares del país (Calderón et al., 2009).
Los manglares proveen múltiples servicios, entre los que
fi guran el abastecimiento y regulación de agua, la forma-
ción de suelos, la protección contra fenómenos naturales
como ciclones, tormentas, huracanes y tsunamis, el sa-
neamiento de las aguas de desecho y la producción ali-
menticia, entre otros. Aburto et al. (2008) calculan que
los servicios proporcionados por estos ecosistemas a las
pesquerías en el Golfo de California ascienden a 37 500
dólares por hectárea, cantidad muy superior de la esta-
blecida por la Conafor por concepto de restauración
(1 020 dólares por hectárea).
Resultados de las entrevistasSe requiere complementar con estudios que caractericen claramente la oferta de los servicios ambientales a la amplia variabilidad de los costos de oportunidad que deben ser considerados para frenar con efectividad el deterioro y la reducción de la cubierta forestal. Este aspecto fue también identifi cado como un vacío de conocimiento en la aplicación actual del programa de PSA. Ambos elementos, tanto costos de oportunidad como servicio ofrecido, deben ser determinados a escala regional o local en el mejor de los casos.
“Hay muchas interrogantes que no conocemos… no tenemos estudios a nivel local o regional sobre oferta… es muy poco lo que conocemos sobre el balance hidrológico a nivel de cuenca, a nivel regional o a nivel local, no se sabe realmente por qué se está pagando, si por cantidad de agua, o por calidad, o por conservar los bosques. No se tiene experimentación, ¿cuál es el nivel de cobertura adecuado, combinado con diferentes pendientes, combinados con tipo de suelo, para captar agua? No sabemos bajo qué combinación de variables se da eso ¿Cuál es el producto en este caso?” Manuel de Jesús González Guillén, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo.
80
Mercados y programas de PSA: gobiernos locales, organizaciones civiles y academia A pesar de que en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del 2003 se
estipula como atribución de los estados y municipios la promoción de los bienes y ser-
vicios ambientales, el involucramiento de los estos órdenes de gobierno ha sido mar-
ginal. Entre las escasas iniciativas existentes impulsadas desde los gobiernos estatales y
municipales se encuentran los casos del Estado de México, el Distrito Federal, el mu-
nicipio de Coatepec en Veracruz y el ayuntamiento de Taxco en Guerrero. El gobierno
del Estado de México implementó el Programa de Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos en 2007. A partir de 2008 el programa cuenta con los recursos corres-
pondientes al 3.5% del monto total del cobro de agua a nivel estatal y asigna un monto
de 1 500 pesos por hectárea bajo contrato de PSA (Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio del Gobierno del Estado de México, 2008). El ayuntamiento de Taxco y la comu-
nidad de San Pedro Chichila se encuentran entre los primeros casos en establecer una
relación benefi ciario-prestador de servicios. En 1999, cuando el ayuntamiento impulsó
la construcción de presas para captación de aguas pluviales en las tierras de la comuni-
dad, ésta se opuso (Merino, 2006). En 2001 la comunidad se involucró en un proceso
de ordenamiento territorial comunitario fi nanciado por el Proyecto de Conservación
y Manejo Sustentable de Recursos Fo-
restales en México (Procymaf ), a par-
tir del cual se impulsó la creación de un
esquema de PSA con el ayuntamiento.
El proyecto de provisión de servicios
hidrológicos consistió en la construc-
ción de tres presas, así como la realiza-
ción de actividades de conservación y
mejoramiento de bosques, por los que
reciben 1 200 pesos por hectárea y 150
pesos adicionales sobre una base men-
sual. Este proceso, que tuvo como deto-
nador un ordenamiento territorial co-
munitario (OTC), disminuyó los costos
mensuales de pago de agua que hacía el
ayuntamiento, a la vez que mejoró los
ingresos económicos y capacidades de
la comunidad (Merino, 2006).
La importancia que está adquirien-
do el tema de los PSA se refl eja en los
Resultados de las entrevistas¿Y qué va a pasar cuando pasen los cinco años que dura el contrato?... Sin duda deben crearse los esquemas para asegurar la continuidad del pago por servicios ambientales y no perder la inercia favorable que ha creado el programa a nivel nacional.
“…en el mundo hay un esquema en donde el Estado es quien compra servicios ambientales porque tienen una utilidad pública… el Estado es un ente aparte del mercado que tiene muchas funciones, una de ellas es velar por la utilidad pública y el bienestar social” Adán Isidro Casas, egresado, Universidad Nacional Autónoma de México.
“En un estudio que hicimos nosotros en Monterrey para crear mercados de usuarios de agua de la reserva Cumbres de Monterrey, lo que hicimos fue demostrarles que 50% del agua que ellos consumen viene de esa reserva y que hay que pagar para ello… la disposición de los consumidores a pagar es de $6.80 pesos por mes por usuario, hay un millón de usuarios, lo que a su vez implicaría $60 millones de pesos anuales por concepto de pago voluntario para la conservación, ¿y cuánto es con respecto a los que CONAFOR aporta ahorita a la conservación de esa misma cuenca? ¡Doce veces más!”Américo Saldívar Valdés, Universidad Nacional Autónoma de México.
81
proyectos encaminados a generar merca-
dos locales para el pago por servicios am-
bientales, algunos de los cuales se citan en
el Cuadro 2.
Existen ejemplos notables, descritos
en la literatura, de experiencias plantea-
das desde la sociedad civil organizada y las
instituciones académicas. Entre ellos están
la iniciativa del Fondo Bio-climático de
Chiapas (proyecto Scolel Té) con la venta
de bonos de carbono a la Federación Inter-
nacional de Automovilismo; la iniciativa
de diversas organizaciones civiles que en
conjunto con la Unión de Comunidades
Zapoteco-Chinantecas (Uzachi) gene-
raron un acuerdo con la empresa farma-
céutica Sandoz para realizar trabajos de
bioprospección y captura de carbono; así
como los proyectos de ecoturismo comu-
nitario de Mazunte y Ventanilla en Oaxa-
ca y la iniciativa en Selva del Marinero
en Veracruz (Burstein et al., 2002). Otros
ejemplos importantes son la iniciativa de
la organización Profauna, que en 2002
inició una campaña para la donación vo-
luntaria de un peso o más en los recibos
de agua de los habitantes de Saltillo para labores de prevención de incendios, restaura-
ción de zonas degradadas, reforestación, educación ambiental de visitantes y vigilancia
de la sierra de Zapalinamé, Coahuila, de donde proviene el agua que usa esta ciudad.
A la fecha se ha trabajado este tema con los propietarios de los predios que proveen
servicios ambientales a través de los programas a nivel federal, estatal y municipal
disponibles. Sin embargo hay trabajo pendiente en lo que respecta a los usuarios de
los servicios, ya que a la fecha no se han diseñado programas de sensibilización de la
importancia de los servicios ambientales.
CUADRO 2. Propuestas en proceso
Estado Proyecto
Michoacán Desarrollo sustentable de la cuenca de Cupatitzio que
provee de agua al municipio de Uruapan (Navia, 2008).
Veracruz Gestión territorial del agua de la subcuenca Texizapa-
Huazuntlán que provee de agua a las ciudades de
Coatzacoalcos y Minatitlán (Paré et al., 2008).
Jalisco Generación de mecanismos compensatorios de servicios
ambientales de Cerro Grande en la zona de recarga del
manantial de Zacalupan que alimenta a la ciudad de
Colima y Villa Álvarez (Graf et al., 2008).
Oaxaca Sistema Comunitario para la Biodiversidad que busca
mejorar el manejo del complejo hidrológico Copalita-
Zimatán-Huatulco, que abastece al centro turístico de
Bahías de Huatulco (González et al., 2008).
Chiapas Construcción de un modelo de café de conservación
(manejo agroecológico para captura y venta de créditos
de carbono) en la Sierra Madre de Chiapas (AMBIO, 2008).
Chiapas Programa Estatal para la Compensación por Prestación
de Servicios Ambientales (AMBIO, 2008).
Guerrero Manejo de cuencas hidrográfi cas abastecedoras de
Acapulco (EcoLogic Development Fund, 2008).
Quintana Roo Captura de carbono para la venta de bonos de carbono
del ejido de Felipe Carillo Puerto (U´yo´olché AC, 2008).
82
Conclusiones La oferta de servicios originada por el programa de PSA de la Conafor a nivel nacional
ha sido mayor a la que el programa puede pagar a pesar del incremento constante en su
presupuesto anual. Por otro lado, la demanda por parte de los usuarios de estos servicios
tiene un crecimiento marginal con una clara tendencia hacia los servicios hidrológicos,
impulsados principalmente por sectores académicos y las organizaciones civiles con
una emergente participación de comunidades con capacidad para proveerlos. Los be-
nefi cios del programa de PSA se relacionan con el acierto gubernamental de introducir
en la agenda pública el reconocimiento del valor no extractivo de los recursos naturales.
Las críticas al programa son que se retoma de nuevo el esquema de subsidio que no
fomenta las buenas prácticas de manejo que tienen la posibilidad de permanecer en el
tiempo como parte de una capacidad adquirida. Persiste la duda de la efectividad del
programa para frenar la deforestación y el cambio de uso de suelo, dada la gran difi cul-
tad para conocer a nivel local la variación en los costos de oportunidad. Previendo la
creación de mercados se hace hincapié en la necesidad de elaborar estudios para cono-
cer las condiciones ambientales en las que se generan estos servicios. Finalmente cabe
resaltar el gran potencial a futuro que tiene esta estrategia y la necesidad de asegurar su
continuidad e involucrar al segmento de la población que se benefi cia de estos servicios
de importancia vital para toda la sociedad.
¿Cuáles son las necesidades identifi cadas?Estudios para incrementar las bases de conocimiento. Se requieren numerosos estudios en el ámbito nacional para conocer no solo el impacto del programa en disminuir el cambio de uso de suelo, sino también los efectos de la degradación ambiental en los sistemas de producción. Para la creación de mercados se requiere conocer con mayor exactitud las condiciones bajo las que generan los SA. Se requieren estudios que permitan conocer la variación de los SA bajo diferentes esquemas de uso de los predios.Defi nir una estrategia nacional, estatal y municipal para la conservación y restauración de PSA. Identifi car el alcance geográfi co de los SA para la creación de mercados voluntarios o esquemas de pago obligatorio, e.g. nacional para captura de carbono y local para servicios hidrológicos. Identifi car a los usuarios y a los proveedores de los PSA, identifi car los mercados potenciales y establecer las reglas para el pago por estos servicios. Generar esquemas de transparencia para garantizar a los usuarios el buen uso de sus aportaciones. Implementar campañas de concientización entre los usuarios de los SA. Para valorar los SA se requiere que la población conozca los benefi cios que éstos le proporcionan; esto podría incrementar su disposición a cuidar más de ellos, así como a participar en mercados voluntarios o en esquemas de pago obligatorio.
83
Áreas de conservación voluntaria-comunitariasLas áreas de conservación voluntaria-comunitarias (ACV) representan una estrategia
social con un gran auge como paradigma alternativo para la conservación, especial-
mente en países cuyas poblaciones dependen de modo directo de estos recursos para
su subsistencia. Al contrario de los esquemas de “comando y control”, se considera que
la conservación comunitaria tiene sus bases en los valores culturales y modos de vida
tradicional y se caracteriza por ser holística y participativa por lo que se le atribuye
un mayor potencial de éxito (Berkes, 2004). Las áreas de conservación voluntaria-
comunitarias también conocidas como áreas de conservación social, reservas ejidales,
reservas campesinas o reservas comunales, se caracterizan por ser zonas que volun-
tariamente designan los propietarios de los predios para ser excluidas de actividades
productivas de gran impacto como la ganadería o la agricultura, con el objetivo de
conservarlas en buen estado para fi nes diversos. En México se han realizado varios
recuentos importantes sobre las iniciativas de conservación comunitaria (Anta y Pérez,
2004; Anta y Pérez, 2006; Toledo et al., 2007).
Las reservas comunitarias no son un fenómeno con características únicas que surge
como resultado de un proceso unilineal, sino un fenómeno heterogéneo cuya causali-
dad es multifactorial. Por esta razón es necesario comprender las causas que detonan su
creación, pues de ellas derivan las expectativas que sus propietarios tienen de ellas.
Hay algunos trabajos que proponen un sistema de clasifi cación de las áreas comuni-
tarias de conservación. Camacho et al. (2007) proponen una tipología de 11 categorías
que incluyen a las reservas comunitarias, reservas ejidales, áreas forestales permanentes,
reservas de empresas forestales comunitarias, reservas de comunidades asociadas, sitios
sagrados, reservas celulares, unidades de manejo para la conservación de la vida sil-
vestre (UMA), sistemas agroecológicos y agroforestales, áreas de conservación de suelo
y vegetación, y reservas municipales autónomas. Anta (2007), por otro lado, propone
una clasifi cación de tres tipos de reservas: a) reservas comunitarias para la conservación
de los recursos naturales, que son reconocidas solo por sus propietarios y defi nidas en
acuerdo de asamblea, y se crean con la fi nalidad de proteger determinados recursos
estratégicos; b) reservas privadas y servidumbres ecológicas que se incluyen en el pro-
grama de Mecanismos Privados para la Conservación de Tierras en México promo-
vido por Pronatura AC y c) áreas de conservación en predios bajo manejo forestal
certifi cado, las cuales surgen como resultado de un requisito de la organización que
otorga los certifi cados de buen manejo forestal.
Como resultado de las entrevistas y la revisión bibliográfi ca se propone la siguiente
tipología basada en los motivos o detonadores que subyacen a su creación:
84
1. Áreas de conservación para mantener o recobrar el control sobre los recursos. Estas
ACV se impulsan con el fi n de proteger recursos o áreas en confl icto de propiedad
de la degradación y explotación por parte de terceros. La creación de estas reser-
vas se asocia a vacíos de autoridad para el manejo de las áreas, a confl ictos por la
propiedad y los recursos entre comunidades, y a confl ictos entre comunidades y
entidades públicas o privadas que buscan su control. Por ejemplo, las bases que
subyacen al decreto de la Reserva Campesina de los Chimalapas en Oaxaca en-
cuentran sus orígenes en una larga historia de confl icto entre estados y entre grupos
indígenas/campesinos y empresas privadas por el usufructo de los recursos de esta
zona, resultado de la falta de reconocimiento legal de la tenencia de la tierra. La
declaratoria respondió también a la oposición de las comunidades a la intención
de diversos sectores de decretar a los Chimalapas como una reserva de la biosfera
(Anaya y Álvarez, 1994). En otro caso, los ejidatarios pertenecientes al ejido Benito
Juárez del municipio de Catemaco, Ver., promovieron el decreto de una porción de
monte bajo su tutela como área protegida municipal o estatal, con el objetivo de
dar protección legal al área contra la extracción de palma y, especialmente, de fauna
por parte de cazadores de la región y de las ciudades de México y Puebla (Paré y
García-Campos, 2000). La Reserva Cerro de la Flores en el estado de Oaxaca, es
un área que dos comunidades en disputa por las tierras decidieron certifi car como
Área Comunitaria Protegida ante la Conanp en 2004 (Cobo y Bartra, 2007).
2. Áreas de conservación con fi nes económicos. Esta modalidad de protección de
los recursos tiene su base en una lógica económica. En estos casos se destinan
ciertas áreas a la producción de bienes y servicios
por los que se reciben ingresos superiores a aquellos
que darían otros usos productivos, dando como re-
sultado un uso que promueve su conservación. Bajo
esta categoría se incluyen los predios bajo regímenes
de UMA, PSA, certifi cación forestal, manejo forestal
sustentable, cultivo de café orgánico y bajo sombra,
ecoturismo, sistemas agroforestales y sistemas diver-
sifi cados, entre otros.
3. Áreas de conservación como subproducto o sub-
componente de otro proceso. Hay varios ejemplos
de áreas comunitarias que surgen como resultado
de un requerimiento externo, o derivados de otros
proyectos y programas. Aquí se incluyen las áreas de
“(Las reservas comunitarias son más efectivas cuando) …tienen un proyecto eje que las apoye: servicios ambientales, ecoturismo, proveedoras de agua, aprovechamiento sustentable de un producto maderable o no maderable.” Elsa Esquivel Bazán, cooperativa AMBIO SC de RL.
“Hay otros que vienen de la experiencia de la búsqueda de mercados ante las crisis económicas, como el café por ejemplo. Los cafetaleros se vieron enfrentados ante varias crisis de mercados y de precios, y se organizan y buscan mejores mercados, mejores precios, y entran al tema de la agricultura orgánica, café justo, café orgánico, café bajo sombra, y hay una red muy importante de cafetaleros en el país donde la parte orgánica se ha convertido en un elemento clave.” Salvador Anta Fonseca, Comisión Nacional Forestal.
85
conservación de ordenamientos territoriales comunitarios, del requisito para obte-
ner la certifi cación forestal, de programas como el plan piloto forestal o remanentes
de las acciones Coplamar en la península de Yucatán. Así, como parte del Plan
Piloto Forestal se establecieron aproximadamente cinco mil hectáreas de reservas
forestales permanentes distribuidas en más de 50 ejidos. Como resultado de la cer-
tifi cación forestal se han destinado un poco más de 200 mil hectáreas de bosques de
alto valor para la conservación (Anta, 2007). Por otro lado, a raíz de los procesos de
planeación comunitaria del territorio realizados en Oaxaca se han destinado 54 663
ha a zonas de conservación por acuerdo comunitario, lo que representa 58% de la
superfi cie de las áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno del estado
(Lara y Chapela, 2006). Algunas áreas de conservación en Quintana Roo y Yuca-
tán son remanentes de un proyecto impulsado por la instancia interinstitucional
denominada Coplamar9 mediante la cual se promovía la donación de tierras por
parte de los ejidos para iniciar trabajos de reforestación a cambio de asesoría técni-
ca, infraestructura para viveros y empleo (Romero, 2007; Elizondo et al., 2008). El
caso de las iniciativas de conservación en Chilapa, Guerrero, tienen un origen que
también se remonta a un requisito de una entidad exterior. En este caso fue una
fundación la que condicionó a la organización campesina regional Sanzekan Tine-
mi a realizar trabajos de reforestación a cambio de proveer fi nanciamiento para un
programa de comercialización de productos artesanales, aunque fue la comunidad
la que decidió promover el establecimiento de áreas comunitarias protegidas. La
organización interna y la interacción con la organización civil Grupo de Estu-
dios Ambientales (GEA) y con diversas instituciones académicas ha fortalecido esta
decisión y ha permitido a la cooperativa, además, tener prácticas adecuadas en la
producción de mezcal e introducirlo a mayor escala en el mercado urbano, bajo el
rubro de mezcal tradicional.
4. Áreas de protección de recursos estratégicos. Se trata de áreas de conservación, re-
conocidas por la comunidad, que son decretadas o asumidas como tales por acuer-
dos en asambleas comunitarias o ejidales. Tienen por fi n proteger determinados
recursos como manantiales, sitios de recarga de agua, de refugio para fauna y sitios
de extracción de recursos no maderables y medicinales (Anta, 2007). El detonador,
que puede o no estar arraigado en la tradición, responde a la necesidad de proteger
ciertos recursos de su deterioro o recuperar aquellos que ya se han deteriorado. En
el estado de Yucatán estas áreas de conservación son conocidas por tres nombres
distintos, dependiendo de las áreas que las separan o circundan. Se conoce como
9 Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados.
86
“tol-ché” a aquellas áreas de vegetación al lado de los caminos, entre ejidos y entre
milpas; como “apiarios” a las áreas de vegetación alrededor de sitios de cultivo de
abejas, y como “fundos legales” a las áreas de vegetación que circundan las comu-
nidades. Estas áreas son defi nidas por usos y costumbres que se transmiten de ge-
neración en generación o por acuerdos de asamblea, y se utilizan para la extracción
de productos maderables, néctar y polen de uso alimenticio, y de forraje para el
alimento del ganado (Cob-Uicab et al., 2003). Otro caso es descrito por Paré y
García-Campos (2000) y se refi ere a una reserva ubicada en la parte alta del cerro
San Martín, conocido por la comunidad de Pajapan como “zona de reserva”. Esta
superfi cie no se repartió entre los comuneros durante el proceso de parcelamiento
con el fi n de proteger los arroyos.
Hay otras ACV cuyo origen no hubiera sido posible sin el impulso de una ONG,
de una institución académica o una institución de gobierno. Ejemplos de éstas son
las “reservas celulares forestales” desarrolladas por Ecosta Yutu Cuii, AC en el muni-
cipio de San Pedro Tututepec, Oaxaca, con el fi n de conservar los parches boscosos
que quedaban en los terrenos de los campesinos, así como de implementar viveros y
criaderos para la reproducción de las especies utilizadas por las comunidades. Dicho
proyecto contó con la participación de 350 campesinos y con una superfi cie destinada a
conservación de 1 450 ha (Alfaro y Sánchez, 2002). Otro caso notable es el proyecto del
Sistema Comunitario para la Biodiversidad impulsado por GAIA, AC e integrado por
cinco comunidades de la costa y Sierra Sur del Estado de Oaxaca. El sistema se integra
por cinco módulos: agroforestería comunitaria, cafeticultura sustentable, resguardo de
la biodiversidad, restauración, y silvicultura comunitaria. Como parte del módulo de
resguardo se tiene el Sistema Comunal de Áreas Protegidas (SCAP) de la comunidad
agraria de Santa María Huatulco, que incorpora una superfi cie aproximada de 7 000
hectáreas.
Estatus actual de las áreas de conservación voluntaria
Las reformas al artículo 59 de la LGEEPA realizadas en 1996 abrieron las puertas a
organizaciones sociales, comunitarias, civiles y privadas para proponer y promover la
certifi cación de áreas de conservación bajo su tutela. Ahora, a partir de las reformas
realizadas en 2008 se consideran por ley como áreas protegidas de competencia de la
federación (artículo 46, fracción XI, LGEEPA, 2008). Desde 2002 a la fecha, la Conanp
ha certifi cado 177 áreas en 15 estados con una superfi cie de más de 207 887 ha (Co-
nanp, 2009). Anta (2007) identifi ca 215 áreas de conservación voluntaria en las que
incluye las áreas certifi cadas por la Conanp, las áreas protegidas mediante los mecanis-
mos de conservación de tierras impulsadas por Pronatura y las áreas de conservación
87
de los bosques certifi cados, entre otros. Este autor calculó la superfi cie de estas áreas
en 655 378 ha distribuidas en 21 estados. En el sistema de monitoreo y evaluación
del proyecto Conservación Indígena de la Biodiversidad (Coinbio), se identifi can 55
áreas de conservación en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, de las cuales
36 ya están certifi cadas y 19 están en proceso de certifi cación. Elizondo et al. (2008)
identifi caron ACV en 49 de los 50 ejidos visitados en los municipios de José María
Morelos y Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, que están asociadas a ordenamien-
tos territoriales comunitarios, a proyectos de ecoturismo y PSA, o como resultado del
programa Coplamar. Sin embargo, una gran mayoría de estas áreas existían antes de
ser destinadas a los fi nes mencionados (C. Elizondo; com. pers.).
La aportación de las áreas de conservación voluntaria a la conservación
¿Cuál es la aportación de las reservas comunitarias a la conservación? ¿Qué tipo de
recursos se están protegiendo en estas áreas voluntarias de conservación? Aunque a la
fecha son pocos los estudios realizados para conocer las características de los recursos
protegidos en las áreas de conservación voluntaria, hay indicadores indirectos a través
de los cuales se puede hacer una generalización de su probable aportación. Por ejemplo,
Pronatura AC utiliza una serie de criterios para asegurar la selección de predios de
un alto valor biológico para su programa de servidumbres ecológicas, entre los que se
encuentran la presencia de endemismos, su función como corredor biológico, como
conector entre AP, como proveedor de servicios ambientales, con presencia de especies
amenazadas o en peligro y su ubicación en zonas de ecosistemas relevantes (Pronatu-
ra, 2009). Las áreas de conservación resultantes de la certifi cación forestal se defi nen
como bosques con alto valor de conservación y deben ser identifi cados por los intere-
sados a través de criterios similares a los utilizados en el caso anterior. Elizondo et al.
(2008) identifi can 56 especies de plantas, de las cuales 41 son endémicas, en las 49 ACV
de ejidos en Quintana Roo. Las áreas certifi cadas por la Conanp contienen diversos
ecosistemas que incluyen bosques mesófi los de montaña, selvas altas perennifolias, sel-
vas bajas caducifolias, selvas medianas subperennifolias, manglares, bosques de pino-
encino, matorrales xerófi los y áreas con la representación de varios ecosistemas (Anexo
13). A partir de un análisis cartográfi co de las ACV identifi cadas en su estudio, Anta
(2007) concluye que la mayoría de las mismas cubre áreas que no están protegidas por
las AP, que estas áreas son muy relevantes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca ya que
estos estados cuentan con una reducida cobertura de AP, y que un número importante
de estas áreas se superpone con las regiones terrestres prioritarias, áreas de importan-
cia para la conservación de las aves y regiones hidrológicas prioritarias. Por otro lado,
Briones (2006; citado en Anta, 2007) observa que 32% de las 191 especies registradas
en Oaxaca se encuentran representadas en las AP, y 37% en las áreas comunitarias.
88
Conclusiones Las áreas de conservación voluntaria (ACV) son zonas que voluntariamente destinan
sus propietarios a la conservación excluyéndolas de ciertas actividades productivas con
diversos fi nes. Estas áreas, que surgen como un nuevo paradigma para la conservación,
son consideradas estrategias importantes que complementan a, y pueden ser comple-
mentadas por, otros instrumentos gubernamentales de conservación. Con el objetivo
de contar con una plataforma que permita generar estrategias encaminadas a promo-
ver la creación y mantenimiento de estas áreas, se identifi caron y propusieron cuatro
categorías de ACV basadas en los motivos que al parecer subyacieron a su creación. Se
incluyen aquellas áreas que surgen de la necesidad de las comunidades de mantener o
recuperar el control y la protección de estos espacios y recursos, las áreas que se crean
por estar asociadas a una mayor rentabilidad, las áreas que resultan de un requerimien-
to externo y las áreas que responden a la necesidad de proteger recursos estratégicos.
¿Cuáles son las necesidades identifi cadas?Identifi car necesidades y expectativas alrededor de la creación de las ACV. Las necesidades que derivan de la creación de estas áreas deben servir como ejes para impulsar y promoverlas. Es importante identifi car estas necesidades y expectativas que no siempre son de índole económico-productivas, para promover su permanencia y su creación. Generar estrategias para un impacto a mayor escala. Generar estrategias de promoción de las ACV para el establecimiento de redes o corredores estructurales y funcionales a distintos niveles: locales, municipales, estatales, regionales y nacionales.Promover incentivos diversos. Una tipología de clientes (individuos, grupos o comunidades que establecen ACV) puede dirigir con mayor precisión los esfuerzos hacia paquetes de incentivos que se ajusten a sus necesidades. Estos incentivos pueden estar enfocados específi camente hacia el área de conservación voluntaria como lo hacen en la actualidad, o hacia otros aspectos como la promoción de capacitación para la conversión al uso sustentable fuera del ACV y la promoción de planeación del territorio (ordenamientos territoriales comunitarios), entre otros.Generar conocimiento. Específi camente sobre el potencial que tienen las ACV para aportar a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Sobre la actual aportación de las ACV como reservorio y refugio de especies en riesgo.
89
Certifi cación forestal La certifi cación forestal es un mecanismo formal con reconocimiento internacional,
mediante el cual se da cuenta de la calidad del manejo forestal. La certifi cación forestal
surgió a inicios de la década de los noventa para regular y disminuir la deforestación
rampante producto de la explotación forestal no controlada a nivel mundial (Gerez-
Fernández y Alatorre-Guzmán, 2005). La organización Forest Stewardship Council
(FSC) fue el primer organismo certifi cador con distribución internacional y es el que
actualmente opera en América Latina a través de Rainforest Alliance y Vida para el
Bosque (Vibo). El objetivo de la certifi cación forestal es mejorar el manejo forestal
desde una perspectiva ambiental, social y económica, a través de incentivar el pago de
un sobreprecio por madera producida bajo estándares de sustentabilidad. Actualmente,
en todo el mundo, más de 100 millones de hectáreas han sido
certifi cadas en 79 países (FSC, 2008). En México la superfi cie
bajo manejo certifi cado suma 629 534.98 ha distribuidas en
ocho estados de la República, de los cuales Durango cuenta
con la mayor superfi cie certifi cada (301 407.77 ha) (CCMSS,
2008) (Figura 5).
Las cifras de las superfi cies certifi cadas muestran una im-
portante variabilidad año con año. Por ejemplo, la superfi cie
certifi cada en 2007 fue de 772 166 ha, lo que representa una
disminución total de 142 631 ha. De los ocho estados con ma-
nejo forestal certifi cado, uno (Puebla) se incluyó el último año,
tres mantuvieron la misma extensión (Guerrero, Michoacán y
FIGURA 5. Superfi cie bajo
manejo forestal certifi cado
en 2007 y 2008.
Fuente: Elaboración propia
con datos del CCMSS, 2008.
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2007
2008
Resultados de las entrevistas Entre los factores que frenan el aumento en las superfi cie bajo manejo forestal certifi cado se encuentran:
• Limitadas capacidades para cubrir los estándares FSC. • Elevados costos de la certifi cación.• Incipiente mercado nacional para madera certifi cada.• Ausencia de primas adicionales para el productor, asociado a largas cadenas de intermediarios y falta de capacidades para agregar valor al producto. • Incentivos reducidos para el buen manejo forestal.
90
Nayarit) y cuatro disminuyeron su superfi cie bajo certifi cación (Chihuahua, Durango,
Oaxaca y Quintana Roo). El proceso de certifi cación se rige con base en una lista de 10
principios a partir de los cuales se establecen los requisitos para obtener la certifi cación
(FSC, 2008).
Capacidades de las comunidades para cubrir los estándares de la certifi cación
Los elevados estándares de la certifi cación requieren de capacidades específi cas de las
comunidades para alcanzar los criterios establecidos por el FSC. Algunos de los va-
cíos reconocidos son las defi ciencias en la calidad de los productos forestales, en los
sistemas administrativos, en las estrategias de comercialización y en las prácticas de
manejo forestal (Alatorre-Guzmán, 2003). La presencia de una amplia diversidad
de comunidades forestales en México tiene implicaciones directas para el proceso de
certifi cación y para el establecimiento de los estándares de evaluación, por lo que hay
un trabajo continuo para defi nir esas reglas a nivel nacional (Markopoulos, 1999).
Para ordenar esta diversidad de capacidades observadas en las comunidades foresta-
les en el país, Procymaf ha propuesto una tipología en la que reconoce cuatro tipos
de comunidades. Las del tipo I son comunidades con capacidades sufi cientes para la
producción forestal sustentable pero que carecen de recursos para solicitar los insumos
necesarios. Por su parte, las del tipo II o productoras venden madera en el aserradero,
madera en pie, y/o rentan sus terrenos para el aprovechamiento forestal por terceros.
Finalmente, las tipo III incluyen productores de materia-
les forestales que cuentan con permisos de extracción, y las
tipo IV son productores con capacidad para transformar la
madera y agregarle valor, cuentan con infraestructura y se
ocupan de la comercialización de sus productos (Procy-
maf, 2000). Esta tipología muestra claramente las capa-
cidades organizativas y gerenciales de las comunidades en
relación a su potencial para acceder a la certifi cación. A este
respecto, la asistencia técnica y la organización comunitaria
han sido fundamentales en México para el acceso de las
comunidades a la certifi cación (Richards, 1997).
Costos de la certifi cación
Cuando se carece de apoyo fi nanciero, los costos implicados que incluyen el pago de
una evaluación inicial, auditorías anuales y el costo de implementar las acciones reco-
mendadas, puede desalentar fácilmente a comunidades con una limitada producción
forestal (Molnar, 2003). En México, Madrid y Chapela (2002) calcularon los costos
de la certifi cación para 21 empresas comunitarias, las cuales gastaron en promedio
“Falta incrementar las capacidades productivas e institucionales, por institucionales me refi ero a la organización, capacidad para formular reglas, monitorearlas y sancionar por parte de la gente y sus organizaciones regionales. Las capacidades de regulación local... son procesos que requieren mucha organización, mucha inversión, acompañamiento, asistencia técnica… Si fomentas las capacidades locales al fi nal vas a tener más UZACHI, vas a tener más lugares que con el tiempo van a andar solos.” Leticia Merino Pérez, Universidad Nacional Autónoma de México.
91
12 mil dólares anuales durante los cinco años de validez del certifi cado. Estos costos
tienen un impacto diferencial para las comunidades, dependiendo de sus volúmenes
de venta y mercados establecidos. Se ha reconocido que los costos de la certifi cación
pueden ser disminuidos cuando el manejo forestal previo es cercano a los estándares de
la certifi cación (Sevenije, 1999; citado en Tamarit Urias, 2003). Los apoyos fi nancie-
ros otorgados por diversas fuentes han resultado fundamentales para las comunidades
benefi ciadas. Entre estas fuentes externas de fi nanciamiento se encuentran la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana, la Fundación Ford, la Fundación Mac Arthur, la
Fundación Packard y la WWF (Madrid y Chapela, 2002).
Mercado para madera certifi cada
Aunque en México el mercado para la madera certifi cada es todavía marginal (Tamarit
Urias, 2003), existen otras razones por las que la madera producida bajo estos están-
dares carece de un mercado consolidado. Russo y Lobeira (2006) identifi can varios
problemas en las empresas certifi cadas en México, como las defi ciencias en la calidad
de los productos por problemas en el almacenamiento y clasifi cación de las maderas,
alta presencia de empresas pequeñas con limitada integración vertical a la industria
nacional y limitada transformación de los productos forestales (86.5% es comercia-
lizada como tablones para construcción, 11.5% como bienes intermedios y solo 2%
como bien fi nal). Un problema grave es que 75% de la madera pierde su certifi cación
cuando sale de los aserraderos debido a que su venta no se acompaña de intermediarios
certifi cados mediante cadenas de custodia (Russo y Lobeira, 2006). A pesar de que la
actividad exportadora podría representar el mercado más importante para la madera
certifi cada en México, las exportaciones son aún reducidas, aunque destacan algunas
excepciones notables como el caso del ejido Noc Beh en Quintana Roo que exporta a
Alemania y a Estados Unidos, y San Juan Nuevo en Michoacán, que exporta molduras
a Estados Unidos. Por su parte, El Balcón (Guerrero) exporta productos acabados
también a Estados Unidos a través de la empresa Westwood Forest Products, con
la que mantiene una estrecha relación comercial (Bray y Merino, 2005). La limitada
integración de estas empresas a los mercados nacionales y extranjeros las hacen de-
pender de intermediarios como la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería
Comunal, Noram de México SA de CV y organizaciones civiles como la Asociación
Mexicana para el Arte y la Cultura Popular (Amacup) (Markopoulos, 1999). La larga
cadena de intermediarios obstaculiza que estas empresas obtengan un benefi cio del
sobreprecio de la madera certifi cada (A. Argüelles, com. pers). Otra constante de gran
relevancia en el tema de la certifi cación forestal, ha sido el reconocimiento de que la
producción forestal certifi cada no ha signifi cado un aumento en las ganancias asociado
a una prima extra proporcionada por la certifi cación. Todo indica que no hay empresas
92
transformadoras que estén comprando la madera certifi cada a mejor
precio, lo que ha derivado en que algunas comunidades pierdan in-
terés en renovar su certifi cación y que no surja un mayor interés por
parte de comunidades forestales de acceder a la certifi cación (Geréz-
Fernández y Alatorre-Guzmán, 2005). Por el contrario, se ha obser-
vado que los actores que más se han benefi ciado económicamente de
la certifi cación son aquellos que se encuentran en los eslabones altos
de la cadena de producción (Atyi y Markku, 2002; citado en Merino
y Bray, 2005).
Incentivos reducidos para el buen manejo forestal
Uno de los aspectos severamente criticados de la política gubernamental es que hay un
limitado fomento al buen manejo forestal. A pesar de existir programas como Prode-
for, Procymaf y Coinbio, hace falta una mayor atención e inversión al fomento del
buen manejo forestal. La lógica del argumento es clara y concisa: emprender prácticas
de manejo sustentable es más costoso y complicado que generar ganancias a partir
del manejo ilegal, pues se impone un mayor número de restricciones al manejo legal
pero las consecuencias reales para la explotación ilegal
son mínimas. Se invierten grandes sumas en programas
encaminados a acciones de reforestación y sensiblemente
menores a la conservación del capital natural existente.
A través de los llamados subsidios perversos se incentiva
la degradación ambiental cuando invertir en el mane-
jo forestal también representa una actividad productiva
con el potencial de generar importantes ingresos para la
comunidad. El énfasis que han puesto los gobiernos en
la producción agropecuaria (las inversiones en el sector
forestal representan 4% de las inversiones en el sector
agrícola) se refl ejan en alguna medida en las alarmantes
tasas de deforestación experimentadas en México, que
van de 2% a 12.4% anual, lo que se traduce en la pérdida
de 365 mil a 1.6 millones de hectáreas al año (Merino y
Bray, 2005).
“Para mí la certifi cación no es un asunto de mejorar precios sino de acceder a mercados. Acceder al mercado ya es ganancia. Los mercados son cadenas articuladas donde no es tan fácil entrar, el hecho de que tú tengas la certifi cación, te hace pasar de ser un desconocido a un conocido en una red internacional, eso te permite empezar a vincularte.” Alfonso Argüelles, Tropical Rural Latinoamericana AC.
“El sector agropecuario tiene muchísimos más recursos que el sector forestal y uno se enfrenta contra políticas y programas que estimulan más la agricultura y la ganadería que la producción forestal.” Salvador Anta Fonseca, Comisión Nacional Forestal.
“Otro factor que compite con el aprovechamiento forestal es que los subsidios agrícolas y ganaderos no requieren ningún permiso o plan de manejo… los requisitos (para el manejo forestal) son altos en términos de organización, de inversión, de los costos de producción, del mercado. Ahorita el mercado está inundado con madera extranjera que es más barata. Los precios están fi jados a partir de empresas extranjeras cuyos costos de producción son menores porque están subsidiados, porque son más efi cientes, porque son plantaciones forestales. Yo sí creo que si hubiera una política de apoyo a la producción forestal tendría que ser proteccionista en los primeros años.” Leticia Merino, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Los benefi cios de la certifi cación forestalEn su evaluación sobre los impactos de la certifi cación forestal, Newsom y Hewitt,
(2005) concluyen que la certifi cación cambia la manera en que las empresas forestales
manejan los temas medioambientales, sociales y económicos. Entre los impactos am-
bientales reconocen mejoras en el manejo de ecosistemas riparios y acuáticos y de bos-
ques con alto valor de conservación, así como del manejo de especies amenazadas y en
peligro de extinción. En los impactos sociales se incluyen mejoras en las capacidades
de las empresas forestales a través del incremento en el entrenamiento, las capacida-
des de resolución de confl ictos, la seguridad laboral y los sueldos a los trabajadores. Así,
los mayores cambios asociados a la certifi cación se observan en aquellos casos cuyas
capacidades se tuvieron que incrementar para acercarse a los estándares implicados.
Por ejemplo, en el caso de la Uzachi, su manejo forestal previo a la certifi cación fue
considerado a tal grado adecuado que la organización certifi cadora solicitó solo ajus-
tes menores al proyecto (Markopoulos, 1999). En general los impactos al ambiente
derivados de los estándares de certifi cación representan un avance importante para la
conservación.
Conclusión
La certifi cación forestal cumple un papel importante en la creación de capacidades en
las comunidades forestales dados los estándares que tienen que cubrir para superar con
éxito el proceso de la certifi cación. Los altos costos de certifi cación, tanto fi nancieros
como en capacidades, son algunos de los obstáculos que evitan que un mayor número
de comunidades forestales accedan a la certifi cación. Acceder a la certifi cación, sin em-
bargo, es solo un paso y mantenerla implica otra serie de cuestiones relacionadas con
los mercados. Algunos de los obstáculos que enfrentan las empresas forestales a este
respecto son la falta de capacidades para agregar calidad y valor al producto, la ausen-
cia de mercados nacionales, la limitada integración vertical y la ausencia de benefi cios
económicos para el productor, entre otros. Se reconoce que la certifi cación forestal
benefi cia tanto a la conservación de los recursos forestales como de otros recursos
bióticos al implicar el control de actividades de extracción de otras especies, así como
el establecimiento de reservas en bosques con alto valor de conservación. Lo anterior
conlleva un elevado costo, no solo monetario sino en esfuerzo y organización, el cual
lamentablemente no es incentivado por el mercado nacional que aún no incrementa su
demanda por estos productos.
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¿Cuáles son las necesidades identifi cadas?Incrementar las capacidades de las comunidades para su acceso a la certifi cación. Apoyar a comunidades con potencial para realizar estudios de prefactibilidad y desarrollo de las capacidades que requieren fortalecer.Promover el mercado nacional para madera certifi cada. Generar una normatividad más estricta para los eslabones altos de la cadena productiva, obligando tanto a compradores como vendedores a comprobar que la madera o producto derivado de ésta proviene de fuentes legales que promueven la sustentabilidad de los recursos forestales. Apoyar a las comunidades en su inserción al mercado de madera. Establecer una vinculación interinstitucional con sectores que promueven el desarrollo y el apoyo a microempresas para apoyar la inserción de productores de madera certifi cada en la industria nacional. Promover capacitación para incrementar la calidad y agregar valor al producto. Apoyar a productores para incrementar su capacidad para agregar valor al producto mediante capacitación e infraestructura.