análisis sentencia corte constitucional derecho a la salud

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ANÁLISIS DE LA SENTENCIA T-760 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA SALUD Javier Hernán Parga Coca MD. ESO. MSS. Ex Secretario de Salud Depto. Del Valle del Cauca Gran paso ha dado la Corte Constitucional para garantizar el Derecho a la Salud de todos los colombianos, con la Sentencia T-760 de Agosto del presente año, donde claramente expresa los errores que se han venido cometiendo en el manejo del Sistema de Salud a nivel nacional y la falta de regulación que se ha tenido en el desarrollo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007. Obliga la Corte Constitucional a unificar los planes de beneficios que hoy en día tienen los colombianos en materia de salud y que no guardan el principio de igualdad consagrado en la Constitución, ya que es bien diferente e inequitativo el paquete de beneficios o el Plan Obligatorio de Salud POS, del Régimen Contributivo, el cual se suministra a todas las personas afiliadas a este régimen y fundamentalmente destinado a las personas con capacidad de pago, al POS del Régimen Subsidiado, que es brindado fundamentalmente a las personas pobres y vulnerables con categoría de SISBEN 0, 1, 2 y, con contadas excepciones, a algunos del nivel 3, o bien diferente al paquete de beneficios que reciben los mal llamados vinculados al sistema, quienes realmente son los más desvinculados, en razón a que no tienen ningún tipo de aseguramiento y sólo están a merced de la prestación de servicios en la red Pública de Hospitales del país, financiados con los escasos recursos de una parte de las transferencias de la Nación a los entes territoriales y algunas veces con recursos propios de los departamentos o municipios.

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Análisis Sentencia Corte Constitucional Derecho a la Salud

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Page 1: Análisis Sentencia Corte Constitucional Derecho a la Salud

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA T-760 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

Javier Hernán Parga Coca MD. ESO. MSS.

Ex Secretario de Salud Depto. Del Valle del Cauca

Gran paso ha dado la Corte Constitucional para garantizar el Derecho a la Salud de todos los colombianos, con la Sentencia T-760 de Agosto del presente año, donde claramente expresa los errores que se han venido cometiendo en el manejo del Sistema de Salud a nivel nacional y la falta de regulación que se ha tenido en el desarrollo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007. Obliga la Corte Constitucional a unificar los planes de beneficios que hoy en día tienen los colombianos en materia de salud y que no guardan el principio de igualdad consagrado en la Constitución, ya que es bien diferente e inequitativo el paquete de beneficios o el Plan Obligatorio de Salud POS, del Régimen Contributivo, el cual se suministra a todas las personas afiliadas a este régimen y fundamentalmente destinado a las personas con capacidad de pago, al POS del Régimen Subsidiado, que es brindado fundamentalmente a las personas pobres y vulnerables con categoría de SISBEN 0, 1, 2 y, con contadas excepciones, a algunos del nivel 3, o bien diferente al paquete de beneficios que reciben los mal llamados vinculados al sistema, quienes realmente son los más desvinculados, en razón a que no tienen ningún tipo de aseguramiento y sólo están a merced de la prestación de servicios en la red Pública de Hospitales del país, financiados con los escasos recursos de una parte de las transferencias de la Nación a los entes territoriales y algunas veces con recursos propios de los departamentos o municipios.

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Mientras hoy en día, para el POS del Régimen Contributivo se paga alrededor de $440.000 por año/persona a una EPS, lo que en el Sistema se denomina Unidad de Pago por Capitación Contributiva –UPC-, en el Régimen Subsidiado se paga alrededor de $240.000 por el paquete de servicios del POS Subsidiado, lo que significa apenas un poco más del 50% de la UPC del Régimen Contributivo. Pero donde es más crítica la financiación de un paquete de beneficios es en los mal llamados vinculados, ya que la UPC para este tipo de personas, que entre otras cosas son los más pobres de los pobres, en el mejor de los casos no alcanza a llegar a $100.000 por persona/año.

He aquí la gran inequidad existente en el Sistema de Salud Colombiano, la cual se da en detrimento de los más pobres y necesitados y genera una exclusión social odiosa e indignante, que lleva a desconocer los más mínimos Derechos Humanos de los ciudadanos, ahondando aún más las desigualdades sociales existentes en nuestro País.

Estas diferencias odiosas en el Sistema de Salud son reconocidas en la Sentencia, como una falta de garantía al Derecho a la Salud igualitario para todos los colombianos, y son consideradas como una falta de protección a este Derecho por parte de los organismos que regulan el Sistema, así como también es considerado en la Sentencia como un irrespeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Avanza la Sentencia entonces a considerar que todos los colombianos deben tener un igual paquete de beneficios, independiente del Régimen al que pertenezcan y da un plazo para que ello se cumpla hasta el 1o de Octubre del año 2009, asignando claras responsabilidades en esta materia al Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y la Comisión reguladora de Salud (en proceso de creación), así como a los entes territoriales.

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Este logro que actualmente se tiene con dicha Sentencia, ante todo va a beneficiar a las personas con escasa capacidad de pago, las más pobres y vulnerables del país, que hasta hoy en día sólo podían recibir tales beneficios a través de trámites engorrosos ante las Instituciones Prestadoras de Salud –IPS-, Empresas Promotoras de Salud – EPS- y entes territoriales; mediante el mecanismo jurídico de la TUTELA, de las cuales en el país, para garantizar el derecho a la salud, están llegando alrededor de 100.000/año; o simplemente teniendo que desistir de su derecho a la prestación de los servicios de salud o pagando de sus escasos ingresos tales servicios.

La Sentencia de la Corte da un plazo también al año 2010, para que el Sistema de Salud alcance la universalidad, lo cual entonces complementa el verdadero Derecho a la Salud, tanto en cobertura para el 100% de los colombianos, como en un paquete de servicios integral, acorde a las necesidades de los ciudadanos.

Se reconoce igualmente, que con lo expresado por la Corte se deben agilizar los trámites al interior de las EPS, sean estas del Régimen Contributivo o Subsidiado, para que un medicamento, un tratamiento, un procedimiento o un elemento necesario para recuperar la salud de una persona, se le brinde en el momento requerido sin dilación y sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales como la Tutela.

Establece la Corte que en estos casos el Comité Técnico Científico –CTC- de cada EPS, constituido de acuerdo con la Resolución No. 3039 de 2008 del Ministerio de Protección Social, es el responsable de agilizar dichos trámites y conceder el Derecho a la Salud de la persona que así lo necesita. Se dan facultades a estos CTC para que, aún en los casos no cubiertos por el POS pero requeridos por el paciente y ordenados por el médico tratante, se brinde lo que a criterio de este último, el paciente necesite y con la posibilidad que los costos generados en esa toma de decisión sean recobrados al FOSYGA de acuerdo al procedimiento establecido también en la Resolución No. 3039 de 2008.

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La Corte conmina al Ministerio de Protección Social y al FOSYGA para que establezcan claros mecanismos que agilicen los pagos a las EPS, dando un plazo perentorio, marzo de 2009, para que al menos sean canceladas al 50% las deudas que hoy en día el FOSYGA tiene con las EPS e IPS, so pena de pagar inmediatamente el restante 50% de lo adeudado, si se incumple dicho plazo, aunque posteriormente resulte con glosas a favor del Fondo, el cual tendrá derecho a reclamar, pero después de cancelar el 100% a la EPS y con justificaciones muy claras de dicho reclamo.

Nos convoca la Corte Constitucional a reconocer la importancia de la participación social en las decisiones trascendentales que se tomen en el Sistema de Salud colombiano, ya que hace obligatoria la participación de los ciudadanos, los convoca y obliga a los entes reguladores del Sistema a tenerlos en cuenta en materia de definición del nuevo paquete de beneficios, que considerara la opinión de los usuarios, el perfil epidemiológico de la población, la estructura demográfica de la población y la estabilidad financiera del Sistema.

Fiel al principio de participación social, obliga tanto al Ministerio de la Protección Social, como a las EPS a establecer mecanismos claros, sencillos y de fácil entendimiento a los usuarios, para que conozcan todos sus derechos y tengan buenos elementos de juicio para seleccionar una EPS, toda vez que en adelante es obligatorio que la EPS entregue a todos su afiliados una carta con los derechos fundamentales del paciente, conteniendo mínimamente los derechos establecidos en la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 34a. Asamblea de la Naciones Unidas en 1981; y una carta de desempeño, donde se relacionen las diferentes EPS que existen en el mercado, con su calificación de desempeño y calidad de los servicios brindados, así como con la red de IPS que pertenece a cada EPS. Lo anterior considerando que es fundamental para que el usuario tome la decisión de libre escogencia de EPS,

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conocer al detalle cómo funcionan y qué red de IPS tienen a su servicio.

Fallo histórico este de la Corte Constitucional, que brinda jurisprudencia suficiente para dejar definido un verdadero Derecho a la Salud, con inclusión social y que garantiza la equidad para todos los colombianos en este campo, si es aplicada como en ella se ordena.

Es necesario hacer un llamado a toda la ciudadanía y a las organizaciones sociales para que estén vigilantes al cumplimiento de esta sentencia en cada uno de los aspectos allí ordenados, para que no se sigan negando los derechos a la Salud y al bienestar de los Colombianos.