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01/03/13 Varapalo del TC a la Universidad de Sevilla por «espiar» con videocámaras - La Razón digital
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ANDALUCÍA / UNIVERSIDAD
Varapalo del TC a laUniversidad de Sevilla por«espiar» con videocámaras
El Alto Tribunal anula las sanciones impuestas al subdirector por no cumplir elhorario laboral y advierte de que debe informar de la finalidad de lasgrabaciones
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La Universidad mantenía que contaba con autorización para hacer uso de losficheros LA RAZÓN
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F. Velasco. MADRID.
El Tribunal Constitucional ha propiciado un duro varapalo a la Universidad de
Sevilla por utilizar dos cámaras de videovigilancia con el único objetivo de
controlar si el subdirector de la unidad técnica de orientación e inserción
profesional, el abogado Adolfo Fraile, cumplía con la jornada laboral que tenía
establecida. Como consecuencia de los datos obtenidos, se le impusieron tres
sanciones de suspensión de empleo y sueldo de tres meses cada una, por la
comisión de dos faltas muy graves, sanciones que fueron confirmadas en
primera instancia por un juzgado de lo Social de Sevilla, y, posteriormente, por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido
ponente el magistrado Fernando Valdés, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN,
anula tales decisiones y, por tanto, también las sanciones, al concluir que la
Universidad Hispalense vulneró su derecho a la protección de datos. La
sentencia cuenta con el voto particular discrepante del magistrado Andrés
Ollero.
Uno de los argumentos centrales del Alto Tribunal es haber determinado que las
cámaras de vídeo-vigilancia instaladas en el recinto universitario reprodujeron la
imagen del trabajador «y permitieron el control de su jornada de trabajo,
captaron, por tanto, su imagen, que constituye un dato de carácter personal, y
Los imputados por el Caso Innovaen libertad con cargos trasdeclarar ante el juez
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01/03/13 Varapalo del TC a la Universidad de Sevilla por «espiar» con videocámaras - La Razón digital
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captaron, por tanto, su imagen, que constituye un dato de carácter personal, y
se emplearon para el seguimiento del cumplimiento de su contrato». Y, añade la
resolución del TC, y que la Universidad de Sevilla la que utilizó al fin descrito las
grabaciones, «siendo la responsable del tratamiento de los datos, sin haber
informado al trabajador sobre esa utilidad de supervisión laboral asociada a las
capturas de su imagen», vulnerándose, por tanto, su derecho constitucional a la
protección de datos.
«Información precisa y clara»
Junto a lo anterior, la sentencia pone de manifiesto que el hecho de que
existiesen distintivos anunciando la instalación de cámaras y captación de
imágenes en el recinto universitario, ni que se hubiera notificado la creación del
fichero a la Agencia Española de Protección de Datos justifica la actuación de
los responsables universitarios, que adoptaron la decisión –la propuesta partió
de director de recursos humanos–. Y ello porque, añaden al respecto los cinco
magistrados que han adoptado la resolución –con el presidente del TC a la
cabeza, Pascual Sala–, además de lo anterior era necesario «la información
previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad
de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida». Una
información, se destaca en ese punto, «que debía concretar las características
y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto es, en qué casos
las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué
propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la
imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de
trabajo».
En relación con ese derecho a la información del uso y finalidad perseguida con
la obtención de esos datos, el TC destaca que no hay ninguna habilitación legal
«expresa» que justifique esa omisión en el ámbito de las relaciones laborales y
que el «interés empresarial de controlar la actividad laboral» tampoco justifica
que el tratamiento de esos datos se utilicen «en contra del trabajador, sin una
información previa sobre el control laboral puesto en práctica». El control
empresarial por esta vía, concluye al respecto la sentencia, «aunque podrá
producirse, deberá asegurar también la debida información previa».
Esto fue, precisamente, lo que no sucedió en este caso concreto, donde se
utilizaron los datos obtenidos por las videocámaras instaladas en las
inmediaciones del despacho del trabajador sin que éste tuviese conocimiento de
la finalidad de la misma, y, consencuencia de ello, vio cómo la Universidad de
Sevilla vulneró su derecho fundamenal a la protección de datos. Ahora, deberá
reintegrarle las cantidades que dejó de abonarle por las sanciones impuestas y
que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, el magistrado Andrés Ollero considera que el recurso debía
rechazarse porque la Universidad no atentó contra ningún derecho
fundamental, ya que contaba con «19 autorizaciones» para «hacer uso de los
soportes informáticos o ficheros grabados por sus videocámaras», una de las
cuales estaba dirigida al «control de acceso de las personas de la comunidad
universitaria».
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