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AMPARO EN REVISIÓN 198/2018 QUEJOSA Y RECURRENTE: ORGANIZACIÓN SORIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.
VISTO BUENO SR. MINISTRO
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO SECRETARIA ADJUNTA: BRENDA MONTESINOS SOLANO
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, correspondiente al día...
V I S T O S, para resolver los autos del amparo en revisión
198/2018, interpuesto por Organización Soriana, Sociedad Anónima
Bursátil De Capital Variable, por conducto de su autorizado **********,
contra la sentencia que se terminó de engrosar el seis de septiembre de
dos mil diecisiete en el amparo **********, del índice del Juzgado Segundo
de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el
treinta de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia
Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia
Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión
y Telecomunicaciones del Centro Auxiliar de la Primera Región con
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Residencia en la Ciudad de México, Organización Soriana, Sociedad
Anónima Bursátil De Capital Variable, por conducto de su
representante legal **********, demandó el amparo y la protección de la
Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a
continuación se precisan:
Autoridades Responsables:
1. Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica.
2. Secretario Técnico de la Comisión Federal de Competencia
Económica.
3. Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Comisión Federal de Competencia Económica.
4. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
6. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
7. Secretario de Gobernación.
Actos reclamados:
Del Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica:
a) La emisión de la resolución definitiva respecto del Incidente
de Verificación de Cumplimiento y Ejecución número
**********, emitida en sesión ordinaria de quince de diciembre
de dos mil dieciséis, en la que se resolvió imponer una multa
por la cantidad total de **********.
b) La promulgación y orden de publicación del “Acuerdo
mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica emite las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de
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noviembre de dos mil catorce, en específico, el contenido del
artículo 33.
c) La omisión consistente en la falta de notificación del voto
concurrente, emitido por la Comisionada Brenda Gisela
Hernández Ramírez, así como los votos en contra emitidos
por los Comisionados Eduardo Martínez Chombo y Martín
Moguel Gloria, mismos que debieron ser acompañados a la
Resolución del Incidente.
Del Secretario Técnico de la Comisión Federal de
Competencia Económica:
a) Haber dado fe de la emisión de la Resolución al Incidente.
b) La orden de apertura de la carpeta incidental de verificación
de cumplimiento y ejecución número **********.
c) El haber convalidado la errónea interpretación por parte de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión
Federal de Competencia Económica de los plazos
contenidos en la condición señalada en el inciso C, sesión
“III. Desinversión (es)” del Programa de Desinversión
contenido en la Resolución de Concentración de cinco de
octubre emitida por el Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica.
d) La omisión de no haber acordado en tiempo o haber abierto
el Acuerdo de Inicio respecto al cumplimiento de las
condiciones contenidas en el mismo Programa de la misma
Resolución de Concentración.
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De la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Comisión Federal de Competencia Económica:
a) La errónea interpretación de los plazos contenidos en la
condición señalada en el inciso C, sección “III. Desinversión
(es)” del Programa de Desinversión contenido en la
Resolución de Concentración.
b) La omisión consistente en no haber acordado de manera
congruente las peticiones de Organización Soriana,
Sociedad Anónima Bursátil De Capital Variable, respecto
al cumplimiento de las condiciones contenidas en el
Programa de Desinversión de la Resolución de
Concentración.
c) La omisión de no haber acordado en tiempo las peticiones de
Organización Soriana, Sociedad Anónima Bursátil De
Capital Variable respecto al cumplimiento de las
condiciones contenidas en el mismo Programa de la misma
Resolución de Concentración.
Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
a) El acto consistente en la promulgación y orden de publicación
de la nueva Ley Federal de Competencia Económica,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de
mayo de dos mil catorce, en específico, el contenido del
artículo 127, fracción IX de la ley referida.
De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:
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a) El acto consistente en la creación y expedición de la nueva
Ley Federal de Competencia Económica, en específico, el
contenido del artículo 127, fracción IX de la ley referida.
De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión:
a) El acto consistente en la creación y expedición de la nueva
Ley Federal de Competencia Económica, en específico, el
contenido del artículo 127, fracción IX de la ley referida.
Del Secretario de Gobernación:
a) El acto consistente en el refrendo a la nueva Ley Federal de
Competencia Económica, en específico, el contenido del
artículo 127, fracción IX de la ley referida.
Preceptos constitucionales que contienen los derechos
fundamentales violados. La quejosa invocó como preceptos que
contienen los derechos fundamentales que estima violados, los artículos
1, 8, 14, 16, 17 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, precisó los antecedentes del asunto y formuló los conceptos
de violación que estimó pertinentes.1
SEGUNDO. Admisión, trámite y resolución del amparo. Por auto
de catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de
Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, admitió a trámite la
demanda de amparo bajo el número **********, solicitó a las autoridades
1 Cuaderno de Juicio de Amparo Indirecto **********, fojas 2 a 111.
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responsables sus respectivos informes justificados y señaló fecha para la
audiencia constitucional.2
En ese mismo acuerdo, desechó por notoriamente improcedente
la demanda de amparo por lo que respecta a los actos reclamados
atribuidos a las autoridades responsables siguientes:
El refrendo de la Ley Federal de Competencia Económica,
en concreto, del artículo 127, fracción IX, atribuido al
Secretario de Gobernación, al actualizarse la causal de
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley
de Amparo, en relación con lo establecido en la fracción III, del
artículo 108 de dicha ley, en virtud de que dicho acto no se
controvierte por vicios propios.
La apertura del incidente de verificación de cumplimiento y
ejecución número **********, atribuidos al Secretario Técnico
de la Comisión Federal de Competencia Económica, al
actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo
61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el
diverso 107, fracción IX (interpretado a contrario sensu), pues es
una actuación de carácter intraprocesal.
El acto reclamado consistente en dar fe de la emisión de la
resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis,
atribuido al Secretario Técnico de la Comisión Federal de
Competencia Económica, al actualizarse la causal de
improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en
relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de
2 Ibídem. Fojas 130 a 138.
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Amparo, toda vez que no reúne las características de acto de
autoridad.
Seguidos los trámites procesales correspondientes, el Juzgado de
Distrito del conocimiento dictó sentencia, misma que se terminó de
engrosar el seis de septiembre de la dos mil diecisiete, sobreseyendo en
el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la
falta de notificación del voto concurrente y de los votos en contra emitidos
respecto de la resolución **********, atribuido al Pleno de la Comisión
Federal de Competencia Económica; negó el amparo solicitado en contra
del artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal de Competencia
Económica y del artículo 33, de las Disposiciones Regulatorias de la Ley
Federal de Competencia Económica y, concedió el amparo para el efecto
de que la autoridad responsable Pleno de la Comisión Federal de
Competencia Económica deje insubsistente la resolución impugnada y
en su lugar emita otra, en la que motive debidamente, de conformidad con
lo expuesto en la resolución de amparo, la sanción.3
TERCERO. Interposición y trámite de los recursos de revisión.
Inconformes con la resolución anterior, la autoridad responsable Pleno de
la Comisión Federal de Competencia Económica, por conducto de la
Directora General de Asuntos Contenciosos de la mencionada comisión
y la parte quejosa, por conducto de su autorizado, **********, interpusieron
sendos recursos de revisión, por escritos presentado el treinta de octubre
de dos mil diecisiete ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia
Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión
y Telecomunicaciones con Residencia en la Ciudad de México; y ocho de
noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia
Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia
Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión
3 Ibídem. Fojas 356 a 403.
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y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primera Región con
Residencia en la Ciudad de México, respectivamente.
Correspondió conocer de dichos recursos al Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa Especializados en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la
Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo Presidente
mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, los
admitió a trámite y registró bajo el número **********.
Por auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal
Colegiado del conocimiento, admitió a trámite los recursos de revisión
adhesiva interpuestos por el Presidente de la República, por conducto de
la Directora de Asuntos Contenciosos, en suplencia por ausencia del
Abogado General y de la Directora General Adjunta de lo Contencioso,
todos de la Secretaría de Economía, y del Pleno de la Comisión Federal
de Competencia Económica, por conducto de su delegada.
Seguidos los trámites de ley, en sesión de quince de febrero de dos
mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción
en toda la República dictó sentencia en la que confirmó la sentencia
recurrida, dejó firme el sobreseimiento en el juicio de amparo, por
inexistencia del acto no desvirtuada, atribuido al Pleno de la Comisión
Federal de Competencia Económica, y se declaró incompetente para
resolver el recurso de revisión respecto a la constitucionalidad del artículo
127, fracción IX, de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo
que dejó a salvo jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para conocer respecto del problema de constitucionalidad
planteado.
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CUARTO. Trámite del amparo en revisión ante esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación. En auto de seis de marzo de dos mil
dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
acordó asumir la competencia originaria para que este Alto Tribunal
conociera de ambos recursos de revisión, así como de las revisiones
adhesivas interpuestas, los admitió a trámite bajo el número de
expediente 198/2018 y ordenó la notificación correspondiente a las
autoridades responsables y a la Procuraduría General de la República,
por conducto del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Alto
Tribunal.
Finalmente, ordenó turnar el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo, y enviar los autos a la Sala a la que se encuentra adscrito, a
fin de que la Presidenta de ésta, dictara el acuerdo de radicación
respectivo.
Posteriormente, por acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho,
la Presidenta de esta Primera Sala dispuso que la misma se avocara al
conocimiento del presente asunto y ordenó devolver los autos a la
Ponencia correspondiente, a fin de que formulara el proyecto de
resolución y se diera cuenta de él a la Sala.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso
de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII,
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83
de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto
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tercero, en relación con la fracción III del punto Segundo del Acuerdo
General Plenario 5/2013, que aparece publicado en el Diario Oficial de la
Federación del veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se
interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en
la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se
reclamó la inconstitucionalidad del artículo 127, fracción IX, de la Ley
Federal de Competencia Económica.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del
Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto
Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de
que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de
importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un
interés excepcional.
Además, se estima pertinente aclarar que, aun cuando el presente
amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma
ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto
en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para
conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado
reglamento dispone que –al igual que los amparo directos en revisión– los
amparo en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en
materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de
materia que si el recurso que nos ocupa se turnó al Ministro adscrito a
esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo
resuelva el Pleno, entonces en términos de lo dispuesto en el Punto
Tercero del Acuerdo Plenario 5/2013, esta Sala debe avocarse al mismo.
SEGUNDO. Fijación de la Litis. El Tribunal Colegiado del
conocimiento reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la
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Nación respecto del análisis de constitucionalidad del artículo 127,
fracción IX, de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que, la
materia del presente recurso se circunscribe al estudio de los agravios
hechos valer, a fin de determinar si son suficientes para revocar la
determinación del Juez de Distrito del conocimiento, al confirmar la
constitucionalidad del precepto impugnado; de ahí que, esta Primera Sala
sólo conocerá del recurso de revisión interpuesto por la quejosa, así como
de la revisión adhesiva hecha valer por el Presidente de la República.
TERCERO. Oportunidad del recurso de revisión. No es
necesario verificarla, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento
analizó tal cuestión, concluyendo que la presentación de los recursos de
revisión principal y adhesiva fue oportuna.
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A
continuación se sintetizan los argumentos referentes a las cuestiones
medulares planteadas en la controversia traída a revisión, principalmente,
en lo que respecta a la constitucionalidad de la norma impugnada:
1. En la demanda de garantías el quejoso planteó quince
conceptos de violación, de los cuales sólo los primeros tres hacen
referencia a temas de constitucionalidad, motivo por el cual únicamente
serán sintetizados los mismos.
1.1. Primer concepto de violación.
Adujo el artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal de
Competencia Económica es inconstitucional al trasgredir los
artículos 22 y 28 de la Constitución Federal al no atender al
principio de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción
o pena.
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Refirió que el legislador, al crear las penas, no cuenta con
libertad absoluta, sino que debe atender a diversos principios
como lo es el de la proporcionalidad entre el delito y la pena, en
relación con la naturaleza del hecho delictivo, el bien jurídico
protegido y el daño que se causa al mismo. Para sustentar su
argumento citó la tesis jurisprudencial de rubro “PENAS.
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”
Señaló que por esa razón en el examen de constitucionalidad de
una norma sancionadora, debe analizarse que exista proporción
y razonabilidad suficiente en la cuantía de la sanción y la
gravedad del delito cometido, para lo cual se debe considerar:
(i) el daño al bien jurídico protegido, (ii) la posibilidad para que
sea individualizada entre un mínimo y un máximo, (iii) el grado
de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, (iv) la idoneidad del
tipo y de la cuantía de la sanción para alcanzar el fin
constitucional.
Explicó que de la lectura del precepto impugnado, la Ley Federal
de Competencia Económica no hace distinción alguna sobre la
naturaleza de las condicionantes a fin de determinar la sanción
correspondiente con independencia de las circunstancias que
pudieren presentarse en cada caso particular.
Ello, no obstante que el artículo 91 de la Ley Federal de
Competencia Económica, en donde expresamente se
establecen distintos tipos de condiciones que pueden imponerse
por la responsable en una resolución de concentración.
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Por ende, si bien el incumplimiento de las condiciones indicadas
en el mencionado artículo 91, pudieran derivar en la imposición
de una multa, lo cierto es que las consecuencias de su
incumplimiento difieren en gravedad atendiendo a la propia
naturaleza de la condición.
Señaló que el precepto impugnado se limita a señalar que el
incumplimiento de las condiciones fijadas en la resolución de
concentración deriva en la imposición de una multa hasta del
diez por ciento de los ingresos del Agente Económico, pero sin
reparar en la naturaleza de las condiciones, la gravedad de su
incumplimiento y los efectos reales que dicho incumplimiento
acarrean en el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la libre
competencia y concurrencia.
Que en el caso, la supuesta presentación extemporánea de la
información requerida por la Comisión Federal de Competencia
Económica, de ninguna manera puede derivar en una sanción
equiparable al incumplimiento de una condición; mucho menos,
si la propia responsable reconoce que no se ocasionó daño
alguno a la libre competencia y concurrencia.
1.2. Segundo concepto de violación.
Sostuvo que el artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal de
Competencia Económica es inconstitucional al trasgredir los
artículos 22 y 28 de la Constitución Federal al establecer una
multa fija por el eventual incumplimiento de las condiciones
previstas en una resolución de concentración, aplicándose a
todos por igual y sin reparar las distintas circunstancias
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especiales del caso, como lo sería la especial naturaleza de las
condicionantes supuestamente incumplidas.
Añadió que este Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión
2071/93 determinó que, de conformidad con el artículo 22
Constitucional, quedan prohibidas las multas excesivas dentro
del ámbito del derecho administrativo sancionador y no
únicamente al derecho penal y que a partir de las nociones de
proporcionalidad y razonabilidad, una multa es excesiva cuando
es desproporcionada a las posibilidades económicas del
infractor en relación con la gravedad del ilícito y cuando va más
allá de lo lícito y razonable.
En ese sentido, señaló que el artículo impugnado, es
inconstitucional al establecer un porcentaje fijo al que debe
atender la responsable -diez por ciento de los ingresos del
Agente Económico- sin siquiera permitir que la Comisión Federal
de Competencia Económica, analice las circunstancias
especiales del caso, pues no permite analizar la naturaleza de la
condición de que se trate, o la gravedad de su incumplimiento.
Que el artículo impugnado es inconstitucional por no dar las
bases para que la autoridad pueda individualizar la sanción,
permitiendo un actuar arbitrario por parte de la Comisión Federal
de Competencia Económica. Para sustentar sus argumentos citó
la tesis jurisprudencial de rubro: “MULTA EXCESIVA
PREVISTA POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES
EXCLUSIVAMENTE PENAL.”.
1.3. Tercer concepto de violación.
Adujo que las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica viola las garantías y/o derechos
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humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como al
principio de reserva de ley y subordinación jerárquica
reglamentaria previstos en la Constitución Federal.
De ahí que, afirmó que la Resolución al Incidente dictado en el
presente asunto conculca en perjuicio de la quejosa los derechos
humanos previstos en los artículos 14, 16 y de manera analógica
el 89, fracción I, de la Constitución Federal, toda vez que el plazo
establecido en el artículo 33 de las Disposiciones Regulatorias
de la Ley Federal de Competencia Económica va más allá de lo
que establece dicha ley. Lo anterior, en virtud de que en dichas
Disposiciones se prevé un plazo de diez días para que la
autoridad acuerde respecto a cualquier promoción presentada
por el particular ante la Comisión Federal de Competencia
Económica, cuando la Ley de la materia prevé en su artículo 114,
segundo párrafo que cuando no se especifique plazo, se
entenderán cinco días para cualquier actuación.
Asimismo puntualizó que el artículo 33, del Acuerdo mediante el
cual el Pleno de la Comisión emitió las Disposiciones
Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica es
inconstitucional, toda vez que va más allá de la Ley que pretende
reglamentar, al establecer supuestos que no se encuentran
previstos en dicho ordenamiento jurídico, situación que resulta
violatorio de las garantías y/o derechos humanos de legalidad,
reserva de ley y subordinación jerárquica reglamentaria, ya
que los reglamentos no pueden ir más allá ni mucho menos
contravenir la Ley.
Señaló que dicho Acuerdo, en particular su artículo 33, trasgrede
la garantía y/o derecho humano de igualdad, previsto en el
artículo 1° de la Constitución Federal, ello, pues está otorgando
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un claro beneficio a la autoridad hoy responsable al otorgarle
más días para acordar sus actuaciones, dando un tratamiento
diferente a personas que se encuentran en la misma situación
jurídica.
2. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa
Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción
en toda la República, emitió sentencia en la que sostuvo, en lo que
interesa resaltar:
2.1. En el considerando cuarto, desestimó la causal de
improcedencia hecha valer por el Presidente de la República
prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en
relación con el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución
Federal, respecto del artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal de
Competencia Económica, ello, en virtud de que en la especie la
quejosa combate la expedición de dicha norma con motivo de su
primer acto de aplicación, por lo que válidamente se puede concluir
que se genera un perjuicio en la esfera de los derechos de la parte
enjuiciante.
Igualmente, desestimó la causal de improcedencia hecha valer por
el Presidente de la República, en el sentido de que el juicio es
improcedente en términos del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de
Amparo, en virtud de que el acto que se le reclama, consiste en la
promulgación y orden de publicación de la Ley Federal de
Competencia Económica, es un acto consumado de modo
irreparable.
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2.2. En el considerando quinto, estimó inoperantes e infundados
los argumentos contenidos en los conceptos de violación primero y
segundo, toda vez que parten de una interpretación errónea que la
parte quejosa hace al artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal
de Competencia Económica, en relación con el diverso artículo 91
de la misma ley.
Explicó que en dichos conceptos de violación, la quejosa manifiesta
que el artículo impugnado es inconstitucional en virtud de que
establece una multa para sancionar el incumplimiento de las
condiciones fijadas en una resolución de concentración, que es fija
y que no hace distinción entre las posibles condiciones incumplidas,
pero que pierde de vista que las condiciones precisadas en el
numeral 91 son enunciativas, más no limitativas, y que de
conformidad con el artículo impugnado, su incumplimiento puede
derivar en una multa de “hasta” el diez por ciento de los ingresos del
agente económico.
Afirmó que de los artículos 91, y 127, fracción IX, de la Ley Federal
de Competencia Económica se desprende que al dictar una
resolución de autorización en un procedimiento de notificación de
concentración, la Comisión Federal de Competencia Económica
puede establecer determinadas condiciones que los agentes
involucrados deben cumplir, o bien, aceptar las que hayan
propuesto, señalando que éstas pueden consistir en llevar a cabo o
abstenerse de realizar una determinada conducta; enajenar
determinados bienes; modificar o eliminar términos o condiciones
de los actos que pretendan celebrar; obligarse a realizar
determinados actos orientados a fomentar la participación de sus
competidores, darles acceso o venderles bienes o servicios a éstos,
o las demás que tengan por objeto evitar que la concentración
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pueda disminuir, dañar o impedir la competencia o libre
concurrencia.
Que siendo relevante al caso la optatividad que tiene la autoridad
reguladora para adoptar alguna de las condiciones ahí precisadas,
o cualquiera otra diversa que cumpla con la finalidad buscada, pues
al haber utilizado la locución “podrán”, el legislador dejó expedita su
facultad para elegir alguna condición de la lista enunciada, o de
establecer otra en la resolución respectiva, que según su
experiencia sea la más adecuada al caso de que se trate.
Señaló que, del texto del precepto impugnado se debe destacar el
vocablo “hasta”, que denota un límite, por lo que la multa que ahí se
indica puede oscilar entre un mínimo y un máximo, de ahí que, no
adolece de los vicios de inconstitucionalidad alegados, bajo ninguna
de las perspectivas que la parte quejosa planteó.
Explicó que conforme diversos criterios jurisprudenciales, este Alto
Tribunal ha sostenido que para que una multa sea acorde con el
texto constitucional debe contener un parámetro establecido en
cantidades o porcentajes mínimos y máximos, que permita a las
autoridades facultadas para imponerlas, individualizar la sanción
tomando en cuenta los factores socioeconómicos del sujeto, así
como la naturaleza de la violación cometida, por lo que si la ley que
prevé la sanción no establece ese rango que permite tomar en
cuenta los elementos, características y circunstancias del sujeto y
de la infracción, sino que establece de manera fija el monto de una
multa que se aplique a todos los infractores por igual, de modo
invariable e inflexible, se estará en presencia de una multa fija que
otorga un trato desproporcionado y permite una actuación autoritaria
y por ende, contraria al orden constitucional.
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Asimismo apuntó que también ha sido criterio de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que conforme al artículo 22, párrafo
primero, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las penas deben sujetarse a un principio de
proporcionalidad, el cual consiste en que su gravedad debe ser
proporcional al hecho antijurídico y al grado de afectación al bien
jurídico protegido.
Por otro lado, mencionó que en el entendido de que, dada la
similitud y la unidad de la potestad punitiva del Estado, en la
interpretación constitucional de los principios del derecho
administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales
sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a
grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque
la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo
sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su
naturaleza.
Que consecuentemente, el hecho de que el dispositivo en estudio
no contenga una distinción de la sanción aplicable, en relación con
las hipótesis contenidas en el artículo 91 de la Ley Federal de
Competencia Económica, no lo torna inconstitucional, pues dicho
precepto se traduce en uno de los denominados “tipos
administrativos en blanco”, que para su interpretación requiere de
un complemento para integrarse plenamente, como en el caso
sucede principalmente con el artículo 91 de la Ley Federal de
Competencia Económica, pero también con la propia resolución
dictada en el procedimiento administrativo de concentración de que
se trate, pues su contenido válidamente debe considerarse como un
mandato regulador en la materia.
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Calificó de infundado el tercer concepto de violación,
encaminado a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 33 de
las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de
Competencia Económica, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el diez de noviembre de dos mil catorce.
Lo anterior es así, toda vez que conforme al artículo 28, de la
Constitución Federal, la Comisión Federal de Competencia
Económica, contaría con las facultades necesarias para cumplir
eficazmente con su objeto que incluso consisten en la producción
de normas generales, su aplicación y adjudicación.
Señaló que las disposiciones generales creadas por órganos
constitucionales autónomos como la Comisión Federal de
Competencia Económica y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, tienen un límite material, pues sólo pueden
regir en el ámbito competencial para el cual fueron dotados de
potestad regulatoria sus entes generadores; asimismo, poseen un
límite jerárquico, pues al tratarse de disposiciones administrativas
de observancia general, es inconcuso que se encuentran situadas
por debajo de la Constitución y de las leyes emitidas por el Congreso
de la Unión, empero, en todo caso, constituyen una fuente jurídica
a cuyo cumplimiento, se encuentran constreñidos los sujetos
regulados.
Apuntó que la quejosa señala que el precepto en comento
contraviene los principios constitucionales de legalidad, reserva de
ley y subordinación jerárquica reglamentaria, al prever un plazo de
diez días para que la Comisión Federal de Competencia Económica
emita los acuerdos respecto de las promociones dirigidas a los
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procedimientos que substancia, cuando el artículo 114 de la Ley de
la materia establece un término de cinco días para cualquier
actuación aplicable al caso.
Sin embargo, el Juzgado de Distrito señaló que para interpretar el
contenido del artículo 114, se debe atender a su contenido integral,
y no sólo al de su parte final, ya que de la lectura conjunta de las
dos partes que lo componen, es dable colegir que los cinco días
para la emisión de actuaciones a que se refiere su segundo párrafo,
se actualizan únicamente en el caso de que la propia Ley Federal
de Competencia Económica o en las disposiciones regulatorias de
la misma, no se establezca un placo para el supuesto de que se
trate.
Que bajo ese orden de ideas, la Comisión estaba facultada
constitucional y legalmente para crear disposiciones administrativas
de carácter general, regulatorias de los principios y procedimientos
contenidos en la Ley Federal de Competencia Económica, como en
el caso es la disposición adjetiva de que se duele la quejosa, que al
resultar evidente que no existe la contradicción de plazos, el
argumento enderezado en su contra es infundado.
Calificó de inoperante el restante argumento formulado contra las
Disposiciones Regulatorias, en el que la parte quejosa señala que
su numeral 33 es violatorio del artículo 1° de la Constitución Federal,
en virtud de que el principio de igualdad ahí previsto, únicamente
cobra aplicación respecto del trato que una norma le brinda a los
particulares, comparados unos frente a otros, mas no respecto de la
situación que guarda el particular frente a una autoridad.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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Por otro lado, consideró fundados y suficientes los argumentos en
los que la recurrente controvierte la fundamentación y motivación de
la cuantificación de la multa que se le impuso, en virtud de que la
misma equivale a un porcentaje de los ingresos de la parte
promovente que no corresponde al mínimo, a la media, ni al máximo
de lo previsto en el artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal de
Competencia Económica y, de lo que expuso la autoridad, no se
pueden advertir la existencia de operaciones aritméticas, asignación
de valores o algún otro medio objetivo que haya empleado para
arribar a tal conclusión.
3. Los razonamientos esenciales que interesan al caso, contenidos
en los agravios hechos valer por la recurrente y recurrente adhesiva, son
los que se sintetizan a continuación:
3.1. Agravios hechos valer por Organización Soriana Sociedad
Anónima de Capital Variable. En este recurso se formularon ocho
agravios, de los cuales sólo el primero corresponde a la materia que
reservó el Tribunal Colegiado a esta Suprema Corte de Justicia de
la Nación, motivo por el cual, los demás serán sintetizados, sólo en
la parte medular que sustentan.
3.1.1. En su primer agravio, afirma que subsiste un problema de
constitucionalidad que debe conocer y resolver la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, toda vez que el artículo 127, fracción IX, de la
Ley Federal de Competencia Económica atenta contra la
Constitución Federal.
Que contrario a lo manifestado por la Juzgadora Federal, de la
lectura del artículo impugnado se desprende que no existe distinción
alguna sobre la naturaleza de las condicionantes a fin de determinar
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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la sanción que corresponda, con independencia de las
circunstancias que pudieren presentarse en cada caso en particular
como lo es, en el presente caso al tratarse meramente de una
supuesta extemporaneidad, la presentación de los Reportes
Mensuales sin que tal situación haya ocasionado daños al mercado
ni afectaciones a la libre competencia y concurrencia.
Menciona que la inconstitucionalidad planteada debe analizarse de
manera sistemática con el diverso artículo 91, de la Ley Federal de
Competencia Económica, en donde expresamente se establecen
distintos tipos de condiciones que pudieran ser objeto de multa,
pues contrario a lo resuelto por la A quo, la locución “PODRÁN” no
debe alcanzar ni mucho menos sopesar que si bien son
enunciativas mas no limitativas las condiciones, lo cierto es que las
mismas son castigadas con el mismo peso de la ley, esto es, con
una multa de hasta el diez por ciento de los ingresos del Agente
Económico.
Señala que el agravio causado estriba principalmente en que la
conducta de la cual se le intenta responsabilizar, esto es, la
supuesta extemporaneidad en la presentación de los Reportes
Mensuales, no debe ser encuadrada en el mismo supuesto de
incumplimiento que las demás condicionantes enunciativas, sino
que más bien, y en el supuesto jamás concedido de que se
acreditara tal conducta procesal, se hiciera acreedora a un
apercibimiento de ley sin que tuviera cabida entre el uno y el diez
por ciento a que hace referencia la norma tildada de inconstitucional,
toda vez que, se insiste, la supuesta actuación de la quejosa de
ninguna manera afectó el mercado ni mucho menos la libre
competencia y concurrencia.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
24
Aduce el artículo impugnado es inconstitucional en su vertiente de
taxatividad, pues dicha norma no es clara, ni precisa, ni exacta
respecto de la conducta que es reprochable por la comisión de un
ilícito como incumplimiento en materia administrativa. Que la
tipificación de la ley no debe ser de tal manera vaga, imprecisa,
abierta o amplia, al grado de permitir una arbitrariedad en su
aplicación como ocurrió en el caso de la quejosa.
Menciona que el principio constitucional de taxatividad aplicado con
matices y modulaciones al administrativo sancionador, radica en
que las leyes administrativas que posean contenido sancionador,
como lo es la Ley Federal de Competencia Económica, deben
describir claramente las conductas que pretenden penalizar, es
decir deben emplear términos precisos, definidos y delimitados,
además de poseer características que permitan determinar su
campo de aplicación de modo exhaustivo y exclusivo y por lo tanto
evitar el empleo de términos vagos que se presten a múltiples
interpretaciones, como lo es el artículo impugnado, que a
consideración –ilegal– de la A quo es constitucional porque sus
sanciones deben imponerse y extenderse a otros dispositivos como
lo es en el caso concreto el Programa de Desinversión.
3.1.2. En su segundo agravio, señala que se le causa perjuicio por
la omisión de estudio, análisis y resolución de los conceptos de
violación “octavo”, “décimo” y “décimo sexto”, transgrediendo el
principio de exhaustividad consagrado en el artículo 74, fracción II,
de la Ley de Amparo en estricta relación al artículo 17 de la
Constitución Federal.
3.1.3. En su tercer agravio, menciona que lo resuelto respecto del
séptimo concepto de violación es ilegal por encontrarse
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indebidamente fundado y motivado, atentando directamente contra
el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
3.1.4. En su cuarto agravio, aduce que lo resuelto parcialmente
respecto del décimo concepto de violación es ilegal por
incongruente, y en consecuencia la sentencia definitiva se
encuentra indebidamente motivada atentando directamente contra
el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo; en virtud de la
contradicción de las consideraciones apuntadas por la A quo, siendo
que primeramente manifestó que entraría al estudio del décimo
concepto de violación resolviéndolo como infundado y después
como inoperante, para que más adelante contradijera su propio
dicho y estableciera que por el momento resultaba inatendible dicho
concepto de violación.
3.1.5. En su quinto agravio, señala que los argumentos formulados
en contra del Programa de Desinversión no son extemporáneos
porque el momento procesal oportuno para hacerlos valer era en el
amparo indirecto por ser el primer momento en que su interpretación
causó un primer perjuicio a la quejosa; en consecuencia, la
sentencia definitiva se encuentra indebidamente fundada y
motivada transgrediendo así el artículo 74, fracción IV, de la Ley de
Amparo.
3.1.6. En su sexto agravio, menciona que contrario a lo resuelto en
la sentencia definitiva, sí resultaba válido atender a la interpretación
pro homine respecto del cómputo de plazos del Programa de
Desinversión y en consecuencia la sentencia se encuentra
indebidamente fundada y motivada violando así el artículo 74,
fracción IV, de la Ley de Amparo.
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26
3.1.7. En su séptimo agravio, aduce que la A quo no valoró de
manera correcta que la autoridad responsable sí emitió y notificó
fuera del plazo establecido por las disposiciones regulatorias los
acuerdos que recayeron a los reportes mensuales presentados por
la quejosa, por lo que, debió haber existido alguna consecuencia
jurídica al respecto de dicho indebido actuar, en virtud de que la
sentencia reclamada al encontrarse indebidamente fundada y
motivada, atenta directamente contra el artículo 74, fracción VI, de
la Ley de Amparo.
Menciona que le extraña que la A quo considerara que la quejosa
haya incumplido con una dilación respecto de sus declaraciones,
ello sí trae aparejada una sanción, sin embargo, el que la Comisión
Federal de Competencia Económica no haya emitido y notificado
sus acuerdos dentro del plazo que establecen las Disposiciones
Regulatorias, no tiene sanción alguna, ello ya que desde su
infundada consideración no trae aparejada una afectación real.
3.1.8. En su octavo agravio, manifiesta que la sentencia dictada
por la A quo se encuentra indebidamente fundada y motivada, toda
vez que no se valoró y se resolvió lo efectivamente planteado por la
quejosa a través de su sexto concepto de violación, atentando
directamente contra el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Estima que lo resuelto por la Juez del conocimiento no guardó
verdadera relación con lo planteado por la quejosa en el escrito
inicial de demanda, toda vez que lo que se argumentó en el sexto
concepto de violación fue que la sanción que le fue impuesta no
siguió el fin pretendido en el segundo párrafo del artículo 28 de la
Constitución Federal, ya que se le sancionó por haber presentado
diversa información de manera extemporánea, no obstante que la
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autoridad responsable señaló que la quejosa presentó toda la
información necesaria, y aun así le impuso una multa millonaria.
Por lo anterior que lo resuelto por la A quo es infundado e ilegal,
pues no tomó en consideración que la quejosa sí presentó toda la
información requerida por la Comisión Federal de Competencia
Económica y que el motivo de sanción en el presente asunto es que,
en todo caso, la exhibió solamente con un par de días de retraso,
por lo que la multa impuesta a la quejosa no guarda una verdadera
relación con el fin pretendido tanto por la Constitución Federal, como
lo de la Ley Federal de Competencia Económica.
3.2. Respecto de los agravios hechos valer por la Comisión Federal
de Competencia Económica, no se considera necesario realizar la
síntesis, toda vez que dicha revisión no constituye la materia de estudio
en el presente asunto, pues controvierten las consideraciones de la
concesión del amparo.
4. En su revisión adhesiva, la autoridad responsable Presidente de
la República realiza, esencialmente, las siguientes manifestaciones:
4.1. Señala que la sentencia impugnada se encuentra apegada a
derecho en virtud de que, tal y como lo señaló la A quo, el artículo
127, fracción IX, de la Ley Federal de Competencia Económica no
es inconstitucional, toda vez que la sanción prevista en dicho
precepto oscila entre un mínimo y un máximo, lo cual se comprende
como un sistema flexible que permite que la autoridad de
conformidad con sus facultades discrecionales determine el
quantum de la multa.
Que no es exigible que el artículo impugnado contenga la infracción
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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específica y la forma en que ésta debe cuantificarse, ni tampoco que
se precisen los elementos que la autoridad debe tomar en
consideración para ello, pues de una interpretación sistémica de la
Ley de la materia, es posible deducir que su artículo 127, fracción
IX, sí contiene el mínimo y el máximo para imponer la sanción al
Agente Económico por incumplir aquellas conductas establecidas
en el artículo 91, de la citada Ley, atendiendo a los elementos para
determinar la gravedad de la infracción, establecidos en el artículo
130, de la Ley Federal de Competencia Económica, y a las
facultades discrecionales del Órgano Regulador.
4.2. Aduce que la sentencia impugnada se encuentra apegada a
derecho, y por ende debe confirmase, toda vez que la quejosa parte
de una premisa falsa al considerar que la norma impugnada no es
clara, precisa, ni exacta respecto de la conducta que es reprochable
por la comisión de un ilícito como incumplimiento en materia
administrativa, por lo que, va en contra del principio de taxatividad.
Reitera, que lo anterior es así toda vez que dicho precepto sí
establece un mínimo y un máximo para imponer la sanción derivada
del incumplimiento de las hipótesis establecidas en el artículo 91, y
conforme al artículo 130, de la Ley Federal de Competencia
Económica, el Órgano Regulador determinará la gravedad de la
infracción, con base en sus facultades discrecionales.
5. El Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió lo siguiente:
5.1. En el considerando sexto, dejó firme el sobreseimiento
dictado por el Juzgado de Distrito por inexistencia del acto no
desvirtuada, atribuido al Pleno de la Comisión Federal de
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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Competencia Económica, ello en términos del artículo 63, fracción
IV, de la Ley de Amparo.
5.2. En el considerando séptimo, declaró carecer de competencia
para resolver el recurso de revisión, respecto de la
constitucionalidad del artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal
de Competencia Económica, por lo que, dejó a salvo jurisdicción
a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer
respecto del problema de constitucionalidad.
QUINTO. Estudio del recurso de revisión. En virtud de la
competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
la materia de análisis del presente asunto consiste en determinar si los
agravios hechos valer por Organización Soriana, Sociedad Anónima
Bursátil de Capital Variable en su escrito de revisión, desvirtúan las
consideraciones por las cuales el Juez de Distrito arribó a la conclusión
de que el artículo impugnado, no transgrede los derechos fundamentales
que invocó.
En principio, como se puede advertir de los argumentos sintetizados
en los puntos 1.1 y 1.2, del considerando anterior, la quejosa planteó en
su demanda de amparo la inconstitucionalidad del artículo 127, fracción
IX, de la Ley Federal de Competencia Económica, por las siguientes
razones que interesa destacar:
a) Es inconstitucional el artículo impugnado al transgredir los artículos
22 y 28, de la Constitución Federal al no atender al principio de
proporcionalidad y razonabilidad de la sanción; pues se
establece una multa fija.
b) El incumplimiento de las consecuencias de las condiciones
indicadas en el artículo 91, de la Ley Federal de Competencia
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
30
Económica difieren en gravedad atendiendo a la propia naturaleza
de la condición.
c) El artículo impugnado se limita a señalar que el incumplimiento de
las condiciones fijadas en la resolución de concentración deriva en
la imposición de la multa, sin reparar en la naturaleza de las
condiciones, la gravedad de su incumplimiento y los efectos reales
que dicho incumplimiento acarrean en el bien jurídico tutelado.
d) A partir de las nociones de proporcionalidad y razonabilidad, una
multa excesiva es cuando es desproporcionada a las posibilidades
económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito.
e) El artículo impagado establece un porcentaje fijo al que debe
atender la responsable –diez por ciento de los ingresos del Agente
Económico–, sin permitir que la Comisión Federal de Competencia
Económica analice las circunstancias especiales del caso.
f) Es inconstitucional por no dar las bases para que la autoridad pueda
individualizar la sanción, permitiendo un actuar arbitrario por parte
de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Respecto de dichos argumentos, el Juzgado de Distrito del
conocimiento negó el amparo, esencialmente al considerar:
Que los conceptos de violación parten de una interpretación errónea
que la quejosa hace al artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal
de Competencia Económica en relación con el diverso 91, de la
misma ley.
Sostuvo que la parte quejosa pierde de vista que las condiciones
precisadas en el numeral 91 son enunciativas, más no limitativas y,
que de conformidad con el artículo impugnado, su incumplimiento
puede derivar en una multa de hasta el diez por ciento de los
ingresos del agente económico.
Señaló que la autoridad reguladora cuenta con optatividad para
adoptar alguna de las condiciones precisadas en el artículo 91, o
cualquiera otra diversa que cumpla con la finalidad ahí buscada.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
31
Afirmó que del texto del precepto impugnado se debe destacar el
vocablo “hasta”, que denota un límite, por lo que, ahí se indica que
puede oscilar entre un mínimo y un máximo.
Mencionó que este Alto Tribunal ha sostenido que para que una
multa sea acorde con el texto constitucional, debe contener un
parámetro establecido en cantidades o porcentajes mínimos y
máximos que permita a las autoridades facultadas para imponerlas,
individualizar la sanción tomando en cuenta los factores
socioeconómicos del sujeto, así como la naturaleza de la violación
cometida; por lo que, si la ley que prevé la sanción no establece ese
rango que permita tomar en cuenta los elementos, características y
circunstancias del sujeto y la infracción, sino que establece de
manera fija el monto de una multa para todos los infractores por
igual, entonces sería una multa fija y desproporcional.
Que el hecho de que el artículo impugnado no contenga una
distinción de la sanción aplicable, en relación con las hipótesis
contenidas en el artículo 91, de la Ley Federal de Competencia
Económica, no lo torna inconstitucional, en virtud de que dicho
precepto se traduce en uno de los denominados “tipos
administrativos en blanco”, y para su interpretación requiere de un
complemento para integrarse plenamente, como en el caso sucede
con el mencionado artículo 91, pero también con la propia
resolución dictada en el procedimiento administrativo de
concentración de que se trate, pues su contenido válidamente debe
considerarse como un mandato regulador de la materia.
Aunado a que atendiendo a la naturaleza extremadamente técnica
de la materia de competencia económica, se encuentra justificado
que el legislador haya hecho una remisión genérica a las
condiciones fijadas en la resolución de una concentración, que no
pueden ser otras que las impuestas por la Comisión a los agentes
económicos, pues las condiciones enlistadas en el artículo 91
invocado no son las únicas que la autoridad puede imponerle y el
posible incumplimiento de unas u otras, en todo caso, es materia de
estudio al individualizar la sanción.
Finalmente, señaló que para cumplir con el principio de legalidad
que rige a las normas de derecho administrativo sancionador,
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
32
resulta innecesario que se encuentren establecidas en un solo
precepto legal, pues la conducta infractora puede integrarse por una
pluralidad de instrumentos normativos; de ahí que, la norma
reclamada respeta el estándar constitucionalmente exigible al
establecer como infracción “haber incumplido con las condiciones
fijadas en la resolución de concentración”, deja claro que lo que
sanciona son aquellas conductas que infringen los parámetros
delimitados en esas resoluciones.
Aclara, que es incorrecta la afirmación de la quejosa en el sentido
de que el artículo 127, fracción IX, de la ley de la materia, permite
castigar por igual el incumplimiento de cualquier condición, pues la
graduación entre el mínimo y el máximo correspondiente, es
decisión de la autoridad reguladora.
Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, advierte que resultan inoperantes los agravios
esgrimidos por la recurrente en su escrito de revisión, ello, en virtud de
que, en lo general no combaten las consideraciones que el Juzgado de
Distrito sostuvo para determinar la constitucionalidad del artículo 127,
fracción IX, de la Ley Federal de Competencia Económica.
En efecto, de la simple lectura de los argumentos sintetizados en el
punto 3, del considerando anterior, puede advertirse que la recurrente se
limita a reiterar los conceptos de violación formulados en la demanda de
amparo, sin combatir las consideraciones torales de la sentencia
recurrida4.
4 Tesis localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Agosto de 2009, Página 77, de rubro y texto: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida”.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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Ello es así pues insiste en que la inconstitucionalidad planteada
debe analizarse de manera sistemática con el diverso artículo 91, de la
Ley Federal de Competencia Económica, en donde expresamente se
establecen distintos tipos de condiciones que pudieran ser objeto de multa
pero que se castigan con el mismo peso de la ley, con multa de hasta el
diez por ciento; sin embargo, no controvierte las consideraciones del
Juzgado de Distrito en las que explicó que la recurrente parte de una
premisa interpretación errónea del artículo 127, fracción IX, de la Ley
Federal de Competencia Económica, en relación con el diverso artículo
91 de la misma ley, pues las condiciones establecidas en éste no son las
únicas por las que puede imponerse la multa, lo que en todo caso, se
valorará al imponer la sanción.
En ese entendido, la recurrente tampoco intenta desvirtuar lo
establecido en la sentencia recurrida, en el sentido de que la multa que
prevé el precepto impugnado tiene un límite que oscila entre un mínimo y
un máximo y por ello no constituye una multa fija, ni violatoria de los
principios de proporcionalidad y razonabilidad, con base en los criterios
que al respecto ha emitido este Alto Tribunal, pues en el caso, la redacción
del artículo permite a las autoridades facultadas para imponerla,
individualizar la sanción atendiendo al sujeto y la conducta, por lo que,
no es acertado que el precepto impugnado permita castigar por igual
todas las conductas.
Además resultan inoperantes por novedosos los argumentos en los
que la recurrente señala que el artículo impugnado es inconstitucional en
su vertiente de taxatividad, ya que dicha norma no es clara, ni precisa, ni
exacta respecto de la conducta que es reprochable por la Comisión como
incumplimiento en materia administrativa, pues la tipificación de la ley no
debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir una
arbitrariedad en su aplicación como ocurrió en el caso.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
34
Lo anterior, en virtud de que dichos argumentos se refieren a
cuestiones no invocadas en la demanda de amparo y al basarse en
razones distintas a las originalmente planteadas, constituyen aspectos
novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos
establecidos en la sentencia recurrida.
Sin que obste a dicha calificativa el hecho de que el Juzgado de
Distrito hizo alusión a dicho principio, al mencionar en su sentencia, que
el principio de taxatividad prevé que el legislador confeccione un
dispositivo legal que describa de manera suficiente las conductas
sancionables y no que deba contener la mayor precisión
inimaginable, lo que válidamente se logra a través de la interpretación
integral del artículo impugnado y de las obligaciones contenidas en otras
disposiciones regulatorias que también deben ser catadas por los sujetos
regulados.
Ello, pues dichas consideraciones fueron realizadas a mayor
abundamiento, al realizar el estudio de la proporcionalidad en la
cuantificación de la multa, concluyendo en que el hecho de que el
dispositivo en estudio no contenga una distinción de la sanción aplicable,
de conformidad con el daño que eventualmente ocasione la conducta
infractora, no lo torna ilegal, porque dicha situación es materia de estudio
al momento en que la autoridad individualiza la sanción.
De ahí la inoperancia de dichos argumentos, pues pretenden
introducir una cuestión novedosa, que no formó parte de la litis
constitucional.
Finalmente, resultan inoperantes los motivos de agravio en los que
la recurrente señala que al ser la presentación extemporánea de los
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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Reportes Mensuales la conducta que se sanciona, ésta no debe ser
encuadrada en el mismo supuesto de incumplimiento que las demás
condicionantes enunciativas, sino que más bien, se le debió imponer un
apercibimiento de ley, sin que tuviera cabida entre el uno y el diez por
ciento a que se hace referencia en el artículo 127, fracción IX, de la Ley
Federal de Competencia Económica, toda vez que su actuación de
ninguna manera afectó el mercado ni la libre competencia y concurrencia;
pues esta constituye una cuestión de mera legalidad, relativa a la
procedencia de la imposición de la multa, que no es materia del presente
recurso de revisión.
Igual calificativa ameritan los argumentos en torno a que, de la
lectura del artículo impugnado, se desprende que no existe distinción
alguna sobre la naturaleza de las condicionantes a fin de determinar la
sanción que corresponda, pues en el presente, se trata de una mera
extemporaneidad que no causó daño por ello al mercado ni afectaciones
a la libre competencia y concurrencia; ello en virtud de que la recurrente
pretende demostrar la inconstitucionalidad del artículo impugnado
partiendo de una situación en particular.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que se comparte emitido por
la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
Tesis 2a./J. 88/2003, de rubro: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y
AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO,
SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O
HIPOTÉTICA”.
En consecuencia, en virtud de la inoperancia de los motivos de
agravio hechos valer en la especie, éstos no son aptos para revocar la
sentencia recurrida, en la cual se sostuvo la constitucionalidad del artículo
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
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127, fracción IX, de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo
que, es procedente confirmarla.
En otro orden de ideas, esta Primera Sala no analizará los restantes
agravios, toda vez que los argumentos planteados no versan sobre la
materia del presente recurso de revisión, pues únicamente se asumió la
competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer de la
constitucionalidad del artículo antes referido, por lo que, agotado dicho
estudio, debe devolverse el presente asunto al Primer Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la
Ciudad de México, para que, en ejercicio de su competencia delegada, se
avoque a resolver los planteamientos hechos valer por la recurrente en
los mencionados agravios.
SEXTO. En virtud del sentido de la resolución, procede declarar sin
materia el recurso de revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de
la República, en el que sostuvo la constitucionalidad del artículo 127,
fracción IX, de la Ley Federal de Competencia Económica, toda vez que
ha desaparecido la condición a la que se sujeta el interés del adherente.
Resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia
1ª./J.71/2006 sustentada en la novena época por esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, octubre de
dos mil seis, página doscientos setenta y seis y que es del tenor literal
siguiente: “REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA
AL DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL
INTERÉS DEL ADHERENTE.”
AMPARO EN REVISIÓN 198/2018
37
SÉPTIMO. Reserva de jurisdicción al Tribunal Colegiado. Dado
que este Alto Tribunal en ejercicio de sus facultades únicamente se avocó
al estudio del tema de constitucionalidad de ley atraído a revisión, lo
procedente es reservar la jurisdicción del Primer Tribunal Colegiado de
Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la
Ciudad de México, para el estudio y la resolución de todos los temas de
legalidad formulados tanto en los escritos de revisión principal interpuesto
por la sociedad quejosa, así como los de la revisión principal y adhesiva
interpuestos por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia
Económica.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma
la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege
Organización Soriana, Sociedad Anónima Bursátil De Capital Variable, en
contra del artículo 127, fracción IX, de la Ley Federal de Competencia
Económica, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria.
TERCERO. Queda sin materia la revisión adhesiva interpuesta por
el Presidente de la República.
CUARTO. Se reserva la jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado
de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la
Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el último
considerando de este propio fallo.
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos
a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como
asunto concluido.
En términos de lo previsto en los artículos 110, 113 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como el Acuerdo General 11/2017 emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco
de septiembre de dos mil diecisiete, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.