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Historia de
España
2º Bachillerato
Temas (Confeccionados)
Oscar Cabrero Bertram
Temas:
11. La crisis del Antiguo Régimen.
12. La construcción y consolidación del Estado Liberal.
13. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y
primer tercio del siglo XX.
14. La crisis del Estado Liberal, la segunda República y la guerra civil.
15. Dictadura franquista.
16. La España actual.
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11.1. La crisis de 1808. Guerra de independencia y los comienzos de la revolución liberal.
Tras la firma de los tratados de San Ildefonso y diversas guerras, se produjo una crisis que
condujo al fin del reinado de Carlos IV, debido a la crítica situación económica, con descenso
demográfico, inflación de los precios y estancamiento del comercio con América, y a la
bancarrota de Hacienda debida a las continuas guerras. El alejamiento entre Godoy y
Napoleón llevó a éste último a planear la invasión de España y a firmar el Tratado de
Fontainebleau (1807), que le permitirá entrar en España para atacar Portugal. Ante ella se
produjo una oposición a Godoy y Carlos IV, liderada por el príncipe de Asturias, Don Fernando,
para difundir la imagen de éste como salvador del país. A finales de octubre de 1807, se dio la
Conspiración del Escorial y se procesó a los implicados en noviembre. Tras la entrada de tropas
francesas en España (marzo 1808), se produjo el motín de Aranjuez, en el que se asaltó el
palacio, se detuvo a Godoy y se obligó a Carlos IV a abdicar en Fernando, su hijo, que se
convirtió en rehén de Napoleón, quien hizo llamar a Bayona a la Familia Real para negociar la
renuncia a la corona de Carlos IV, a cambio de mantener la unidad territorial y el catolicismo.
Fernando se exilia a Valençay y se nombra rey de España a José I Bonaparte. Al mismo tiempo
los españoles se sublevaron contra los invasores y comenzó la Guerra de Independencia, una
guerra total entre el ejército francés y el pueblo español. Se luchó en el ámbito rural con
guerrillas mediante partidas esparcidas con apoyo popular que conocían mejor el terreno y
atacaron por sorpresa a los franceses, que iban mejor armados y dirigidos. En el ámbito de las
ciudades tras la abdicación en José Bonaparte y la sumisión del consejo de Castilla y la Junta de
Gobierno a su autoridad, las ciudades inician su resistencia con la insurrección del alcalde de
Móstoles (2 de mayo de 1808). La guerra tuvo dos consecuencias: la asunción de la soberanía
nacional por los españoles y la ruptura con el antiguo Régimen mediante las Juntas Locales y
Provinciales que gobernaban en nombre de Fernando VII. En septiembre aparece la Junta
Suprema Central para coordinar a las provinciales y que se impuso a las instituciones
borbónicas. Se estableció en Aranjuez, luego Sevilla. Organizó la resistencia y la acción
diplomática y tomó medidas para la reorganización política. Primera fase de la guerra
(primavera - verano de 1808): Napoleón envío de tropas de segunda sin experiencia, previendo
una rápida conquista. Su primer objetivo era dominar las plazas del norte desde Vitoria para
dominar la región atlántica, y desde Zaragoza y Gerona para dominar el Ebro y Levante. No lo
logró por la defensa del Zaragoza de Palafox. La resistencia en Gerona impidió la rápida llegada
a Valencia. Su segundo objetivo era dominar Madrid para conquistar el sur. Fue derrotado en
Bailén (19 julio). José I tuvo que abandonar Madrid al no poder ser defendida. También fue
derrotado en Lisboa. La segunda fase (otoño 1808-primavera 1811): Napoleón entra en
España con la Grand Armée de 300.000 soldados. Recupera Madrid en diciembre de 1808,
desde Vitoria, pasando por Burgos y cayendo en Madrid por Somosierra, reponiendo el trono
a José I. Conquistó plazas estratégicas como Gerona (1809) y Zaragoza (diciembre de 1810).
Obligó a retirarse a Galicia a las tropas inglesas que habían penetrado en España desde
Portugal. Antes de concluir la conquista, Napoleón salió de la península para atender una
sublevación en Austria. El campo sigue en manos de las guerrillas y de un ejército disperso, y la
Junta Suprema Central seguía sin ceder. Los españoles fueron derrotados en Ocaña y se
conquista Andalucía (enero - febrero de 1810), salvo Cádiz, gracias al apoyo inglés y portugués.
En ese año la Junta transformará las guerrillas en unidades legales que llegaron a convertirse
en divisiones militares. Durante ese año siguieron la táctica de la emboscada con apoyo
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popular para romper comunicaciones y abastecimientos. La fase final (1811-finales de 1813):
la derrota francesa de Torres Vedras en Portugal, unido a la resistencia de Cádiz y el desgaste
de las tropas propició la victoria de las tropas inglesas al mando del duque de Wellington. En
1812 se desplaza hacia el sur, llegando en marzo a Badajoz mientras Napoleón retiraba tropas
para la campaña rusa. Wellington llega en junio a Salamanca y en julio derrota a los franceses
en Arapiles, abriendo camino hacia Madrid mientras se reducen las tropas francesas en
100.000 soldados para afrontar Rusia y la defensa de Francia. Madrid cae en 1813 y José I
abandona Madrid y en junio, tras la derrota en Vitoria, cruza la frontera. A partir de verano de
1813 las tropas francesas se van retirando y el 11 de diciembre se le corona a Fernando VII, en
virtud del tratado de Valençay. En 1814 el rey llega a España y el 8 de abril se firma el
armisticio. Durante la guerra y aprovechando el vacío de poder se llevó a cabo una revolución
política caracterizada por el desmantelamiento del Antiguo Régimen a favor de liberalismo,
que defendía la división de poderes, la libertad individual, reflejada en el derecho a la vida, la
propiedad privada para lograr el progreso material, esto es, la felicidad, y la libertad individual
y económica, defendiendo la igualdad ante la ley y la abolición del orden estamental y sus
privilegios. La Junta Suprema convocó Cortes para reformar el Antiguo Régimen, formando una
comisión de cortes que estará de acuerdo con el carácter constituyente que deberían tener las
nuevas, y a su formación por diputados elegidos por votación y que debatirá el tipo de sufragio
y la cámara. En enero de 1810 la Junta se disuelve por las divisiones internas, el asedio y
aislamiento y el desprestigio tras la caída de Andalucía. Un consejo de regencia convocó las
elecciones a cortes en 1810 (junio) y se abrieron el 29 de septiembre en San Fernando de
Cádiz.
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11.2 las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.
Las Cortes de Cádiz, primeras Cortes democráticas en España, se convocaron en difíciles
circunstancias, con la Guerra de Independencia por la invasión francesa y el vacío de poder
existente. La Junta Suprema Central, que asumió la soberanía nacional, se propuso llevar a
cabo una revolución política, para lo que se convocaron Cortes de carácter constituyente
mediante sufragio universal masculino y aunque se optó por el bicameralismo, acabaron
siendo unicamerales. Luego, la Junta Suprema se autodisolvió dando la soberanía a un Consejo
de Regencia, que convocó elecciones a Cortes en San Fernando de Cádiz (1810), las cuales se
abrieron el 24 de septiembre. Estas Cortes hicieron su labor constituyente y legislativa entre
septiembre de 1810 y 1814. En la primera sesión se reunieron 104 diputados por la dificultad
para acceder a Cádiz, pero fue aumentando hasta 223 en septiembre de 1813. La mayoría de
los diputados eran de capas medias urbanas, con representación de eclesiásticos y nobles que
fue determinante para la labor constituyente y legislativa. En sesiones a puerta abierta se
liquidó el Antiguo Régimen gracias a la presión popular y a la burguesía que defendía los
principios del liberalismo basados en igualdad ante la ley, libertad, división de poderes y
defensa de la propiedad privada. La labor de la Corte fue la elaboración de una Constitución y
el desarrollo paralelo de una legislación ordinaria. La Constitución de Cádiz, primera en
España, se promulgó el 19 de marzo de 1812. Tienen 10 títulos y 384 artículos para concretar
bien los cambios. Sus aspectos fundamentales son: la defensa de la soberanía nacional
(artículo 3), el poder reside en la nación, sin distinción de estamentos, que se expresa a través
de las cortes formadas por representantes de la nación, que tienen derecho a establecer sus
leyes fundamentales. Reconocimiento de los derechos ciudadanos (artículo 4), típicamente
liberales, como la libertad civil o la propiedad. Igualdad jurídica (280), inviolabilidad del
domicilio (306), libertad de imprenta en libros no religiosos (371), sufragio (24), educación
elemental y garantías procesales y penales, la estructura del Estado, como la monarquía
limitada basada en una estricta división de poderes (14 a 17). El poder legislativo reside en las
Cortes con el rey. Las Cortes son la institución central del nuevo régimen ya que representan
la voluntad nacional, son unicamerales y se constituyeron mediante sufragio universal
indirecto en cuatro grados. Los vecinos de cada parroquia elegían a los electores parroquiales
(varones de más de 25 años), que elegirán a los electores de partido y éstos a los diputados las
Cortes, que debía tributar una cierta cantidad a Hacienda (carácter censitario). Las Cortes
tenían más poderes a parte de hacer leyes. Se reúnen un mínimo de tres meses al año (a partir
del 1 marzo) y con un mandato de dos años. Se establece la Diputación Permanente de Cortes
(157), cuyas facultades recoge el 160. El poder ejecutivo reside en el rey (168) que nombra a
los secretarios o ministros. En el artículo 171 se recogen facultades que competen al rey y en el
172, limitaciones a su poder. El poder judicial reside en los tribunales (242), aunque se recogen
fueros especiales para eclesiásticos (249) y militares (250). La confesionabilidad del estado
establece la religión católica como única, prohibiéndose las demás. Además de una fuerza
militar permanente, se crean Milicias nacionales (362), que dependen del rey y las Cortes. Se
reforma la administración territorial y se fijan los poderes locales y provinciales. Se
centralizarán y racionalizarán los órganos e instituciones del país y se consagrará la
uniformidad de España, acabando con la variedad de reinos y comarcas. Las provincias estarán
gobernadas por un jefe superior, nombrado por el rey, y tendrán una diputación provincial,
presidida por este jefe (325) y formada por un presidente, un intendente y siete individuos
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elegidos. Los ayuntamientos se compondrán del alcalde o alcaldes, regidores y el procurador
síndico, nombrado por elección y presididos por el jefe político o el alcalde. La vigencia de la
constitución de 1812 abarca tres periodos: marzo 1812 - marzo 1814; enero 1820 - noviembre
1823; agosto 1836 - julio 1837. Paralelamente a la constituyente, las Cortes desarrollaron una
labor de legislación ordinaria que se materializará en reformas sociales y económicas, como la
abolición del régimen jurisdiccional (agosto 1811), aunque sus tierras pasaron a ser propiedad
privada de los señores en derechos individuales, se defiende la libertad de imprenta
(noviembre 1810), por considerarla al servicio de la opinión pública (salvo cuestiones religiosas
sometidas a Juntas provinciales de censura). En legislación religiosa, se establece el principio
de intervención del Estado y se busca combatir la desigual distribución administrativa y rentas,
la desigual distribución del clero y su bajo nivel de instrucción. Se incautaron monasterios, se
suprime la Inquisición y se renuncia a cubrir vacantes de cargos eclesiásticos. Se desarrolla la
legislación para desvincular la tierra (desamortización de propiedad y baldíos)(enero de 1813),
que no se aplicó; la eliminación del mayorazgo, cuya propiedad se declara libre y atribuible
sólo a particulares y se incautaron las manos muertas de la iglesia, legislación encaminada a
eliminar obstáculos en economía y supresión de gremios (julio de 1813).
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11.3 Fernando VII: absolutismo y liberalismo. La emancipación de la América española
Tras el fin de la guerra de independencia y el reconocimiento y llegada del rey en noviembre
de 1814, se inicia el reinado efectivo de Fernando VII, que suprimió las Cortes, su legislación y
Constitución por Real Decreto (4 mayo 1814), voluntad que dio lugar al sexenio absolutista
(1814-20), coincidente con la restauración europea del Antiguo Régimen. El gobierno se
caracteriza por la inestabilidad e inmovilismo político provocado por clérigos, aristócratas y
consejeros reaccionarios que, junto con la crisis económica, pérdida del comercio colonial
(colapso), hundimiento industrial y quiebra por las guerras, llevaron al fin del sexenio. Influyó
el descontento del ejército, no recompensado por el rey y enviado en malas condiciones a
América. Hubo conspiraciones de militares liberales contra el absolutismo mientras florecían
círculos revolucionarios y masónicos. El pronunciamiento de Empez y Mina (1814) dio lugar a
conspiraciones en Madrid, Barcelona y Valencia hasta la sublevación de Riego en Cabezas de
San Juan (1820) finalizando el sexenio. El trienio liberal (1820-23) fue inestable debido al
obstruccionismo del rey, la inestabilidad del gobierno liberal, dividido en moderados (1820-
agosto 1822), bicameralistas, partidarios de un gobierno fuerte, limitaciones de libertad de
prensa y defensa del orden y propiedad privada, y los radicales (agosto 1822-abril 1823),
unicameralistas, control parlamentario, sufragio universal, libertad absoluta de opinión y
menor defensa del orden y propiedad; inestabilidad social por presión popular y desórdenes
radicales exaltados y reacción absolutista. Su labor fue: en el campo se suprimieron las
vinculaciones, desamortizando bienes comunales y eclesiásticos, (no aplicados), política de
impuestos (contribución directa y reducción del diezmo), y política liberalizadora (perjudicó a
los campesinos, que acabaron apoyando el absolutismo). En Hacienda se asume la deuda
heredada, adoptándose medidas de urgencia (devaluación, recorte de gastos) y elaborándose
un proyecto de reforma (contribución territorial única e impuestos indirectos). Política
religiosa anticlerical defendiendo el poder del Estado sobre la Iglesia exigiendo la jura y
enseñanza de la Constitución, suprimiendo la Inquisición y Compañía de Jesús, desvinculando
sus tierras y promulgando la Ley de Monacales. Acabaron con un enfrentamiento entre Iglesia
y liberales. Hubo medidas sociales como la ley orgánica del ejército, que lo subordinaba al
poder civil, mejoraba la instrucción y sueldos e instaba a no obedecer órdenes contrarias a la
Constitución. Restablecimiento de la Milicia Nacional, que defendía la Constitución, ley de
orden público. Reforma educativa con el Reglamento General de la Instrucción Pública, que
secularizaba y centralizaba la enseñanza, dividida en tres niveles, sin castigos corporales. El fin
del trienio se dio por movimientos contrarrevolucionarios en la corona (obstruccionismo del
rey, Golpe de Estado (julio 1822)), en las guerrillas (apoyadas por absolutistas y clero
anticonstitucional), y en las regencias exteriores con apoyo francés desde 1822, y en España
con la toma de Urgell por los realistas estableciendo regencia hasta febrero de 1823, que
Espoz y Mina acaban con ella. La invasión francesa desencadenó el fin del trienio. Las
potencias europeas de la Santa Alianza intervienen para acabar con el régimen liberal (octubre
1822). Francia con los 100.000 Hijos de San Luis (abril 1823). En octubre se liberará al rey y se
le devuelve el poder absoluto. La década absolutista (1823-33) supuso la vuelta al absolutismo
con moderados e intransigentes, (éstos apoyados en el alto clero y representados por Don
Carlos María Isidro, con mucho poder en el consejo de Castilla y organizaciones secretas). Se
tomaron medidas como la nulidad de la legislación del trienio (1 octubre 1823), restituyendo
ayuntamientos y el sistema fiscal tradicional y anulando cargos del trienio, desamortizaciones
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y decreto de monacales. Se restauró el régimen jurisdiccional. Política de represiones con
comisiones militares, juntas de purificación para purgar liberales y Juntas de Fe para censurar
publicaciones o propaganda liberal. No se restaurará la Inquisición. La represión de Calomarde
se suavizó en 1825 (concesión de un decreto de amnistía por la presión francesa). En 1826 los
realistas se radicalizan y Fernando calma la represión. Creación del voluntariado realista
sustituyendo la Milicia Nacional y se reinstaura la Mesta. El fin del decenio se debió a la crisis
económica agraria, industrial y comercial por la pérdida de colonias y el antiguo sistema fiscal
y la inestabilidad política. Se elaboró la ley de minas, el código de comercio (1829) y la bolsa
(1830). La crisis de Hacienda por los gastos y la no tributación de los privilegiados llevó a la
bancarrota (1830). Influyeron las divisiones dentro del absolutismo (conspiración de Canapé
hasta 1825). La guerra de los agraviados en el norte provocó la ruptura de Fernando con los
radicales. Las conspiraciones de 1830 llevaron al fin de la década con una crisis sucesoria
(sucesos de la Granja en los que el rey enfermo deroga la Pragmática y tras recuperarse la
restaura, tomando medidas contra los carlistas). A su muerte (sep. 1833) se produce la primera
guerra carlista y María Cristina asume la regencia. Emancipación de la América española: en
las colonias americanas, la política ilustrada dio lugar a protestas y a la explotación de negros,
indios y mestizos por peninsulares y criollos. Los criollos sólo controlaban Hacienda y
producción (no cargos públicos y administrativos ni relaciones comerciales). El liberalismo se
difundió entre las colonias y, tras producirse el vacío de poder por la invasión francesa, se
inició un proceso de independencia que fracasó. Los virreyes y capitanes generales, tras ser
depuestos, rechazaron el poder de la Junta Suprema Central, formando juntas revolucionarias.
Los ejércitos españoles reconquistaron las ciudades sublevadas (1813) y el control (14). Con el
sexenio se reaviva el movimiento independentista con la independencia de las Provincias
Unidas de Sudamérica. El General San Martín, tras la derrota española en Carabobo
proclamará la independencia de Chile, en febrero de 1818. Simón Bolívar independizó
Venezuela y con la conquista de Argentina proclamó la República de la Gran Colombia en
enero del 19, derrotando a los realistas en Boyacá. Durante el trienio, Bolívar desde el norte y
San Martín desde el sur proclaman la independencia del Perú tras la entrada en Lima (julio
1821). En 1822 Bolívar anexiona Quito a la Gran Colombia y tras la victoria de Ayacucho
proclamará la independencia de Bolivia (1825). En México el proceso de independencia tuvo
carácter de revolución social y en 1821 se proclamaría la independencia mediante el Plan de
Iguala tras la derrota española por Iturbide. En 1825 sólo Cuba y Puerto Rico eran españolas.
La independencia de las colonias se debió al movimiento independentista, a los problemas de
la monarquía absoluta, la apertura americana al comercio internacional y el apoyo de Estados
Unidos y Gran Bretaña.
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12.1.1 La oposición al sistema liberal. Las guerras carlistas. La cuestión foral.
Fernando VII se casa en 1829 con la reina María Cristina, que queda embarazada, llevando a
una crisis sucesoria tras la Pragmática Sanción (29 de marzo de 1830) que derogaba la ley
Sálica, que prohibía gobernar a las mujeres y puso en vigor la línea sucesoria de las Partidas.
Los partidarios de Don Carlos Mª Isidro, hermano del rey, la consideraron un atentado contra
sus derechos dinásticos y se agravó con el nacimiento en 1830 de la infanta Isabel que se
convirtió en legítima heredera. El reinado de Fernando VII concluye con los sucesos de la
Granja (sept. 1832) en los que, estando enfermo, deroga la Pragmática, que vuelve a poner en
vigor tras recuperarse, y sustituye a ministros carlistas (Calomarde) autorizando a María
Cristina a presidir el Consejo de ministros, reabre universidades y la amnistía general (que
liberó a presos) y volverán los exiliados; sustituye a los capitanes generales, intento de
desterrar de la Corte a su Hermano que se exilia en Portugal. A la muerte del rey (sep. 1833) se
da una guerra civil por el trono y asume la regencia (1833-40) María Cristina durante la
minoría de edad de Isabel. La política evolucionó hacia el liberalismo, debido a la primera
guerra carlista. A la muerte del rey, el hermano Don Carlos, pretendiente al trono, reclama sus
derechos dinásticos en 1833 en el manifiesto de Abrantes. Días después será proclamado rey
en Talavera y reconocido en Bilbao y Álava mientras surgen partidas carlistas por el país. El
carlismo es un movimiento de carácter dinástico porque defiende los derechos legítimos al
trono de Don Carlos frente a Isabel ya que no acepta él la derogación de la ley Sálica. Es
ideológico por defiende una ideología ultraconservadora apoyada en el absolutismo
intransigente. La base social que apoya al carlismo está formada por la baja nobleza rural, el
bajo clero (regular) y los más reaccionarios de la administración y el ejército. La cuestión foral,
defensa de los fueros que asume el carlismo, fue la causa de su arraigo en el norte. La defensa
del foralismo tiene como lema: Dios, patria, rey y fueros, que hace referencia a fueros y
privilegios del País Vasco y Navarra (justicia e instituciones propias, exención fiscal) y promesas
de recuperación de antiguas libertades para catalanes, aragoneses y valencianos. El ámbito de
arraigo del carlismo se da en las zonas rurales del norte, País Vasco, Cataluña, Aragón y
Valencia. Tendrá apoyos internacionales del imperio austriaco, prusiano y ruso con actitud de
simpatía. La primera guerra carlista los enfrentará con los cristinos o isabelinos con apoyo
social de la burguesía de los negocios, intelectuales, profesiones liberales y altos cargos de
administración, iglesia y ejército y su ámbito geográfico será centro y sur del país y las
principales ciudades incluso las del norte. Los isabelinos recibieron el apoyo internacional de
carácter diplomático y militar con Francia, Portugal e Inglaterra y constituyeron la Cuádruple
Alianza. La primera guerra carlista (1833-39) duró seis años por las dificultades financieras con
la regencia de María Cristina. La primera fase (1833-35) tuvo una lenta reacción de los cristinos
y victorias del carlista Zumalacárregui, que aglutinó a los voluntarios realistas y los partidos
dispersos que empleaban tácticas de guerrilla para constituir un ejército regular carlista
controlando el medio rural vasconavarro. Las presiones del pretendiente para el sitio de Bilbao
hicieron fracasar al carlismo y murió Zumalacárregui. En la segunda fase (1835-1837) hubo
equilibrio de fuerzas entre ambos bandos. En Aragón y el maestrazgo, Cabrera organizó
guerrillas y el ejército cristino venció en Mendigorría. Los carlistas organizarán expediciones
militares para extender la insurrección como el general Gómez de Amurrio hasta Coruña,
Santiago, León, Alto Duero, Cuenca, Jaén… pero tuvo que regresar por falta de apoyo. Don
Carlos saldrá en 1837 de Estrella hasta Huesca y Cantavieja para dirigirse a Madrid y casi toma
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la capital, pero el ejército carlista se agotó al intentar pactar Carlos con la regente. En la
tercera y última fase de la guerra (1837-1840), el cansancio por no poder ganar hizo dividirse a
los carlistas. Espartero llegó a un acuerdo con el carlista Maroto en el abrazo de Vergara
(1839). Los acuerdos del pacto fueron: rendición carlista, integración del ejército carlista en el
el isabelino y negociación de fueros vascos y navarros. El General Cabrera resistió en Morella
hasta su caída en manos de Espartero en mayo de 1840. Las consecuencias de esta guerra
fueron la derrota y exilio de Don Carlos, el fin del absolutismo porque el liberalismo se hizo
progresista, y una catástrofe humana y económica que retrasó al desarrollo de España.
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12.1.2 Isabel II: la organización del régimen liberal. Las Regencias (1833-1843)
Con la primera guerra carlista de fondo, la política de la regencia de María Cristina evolucionó
para ganar la guerra y obtener apoyos liberales. Absolutismo moderado de Cea Bermúdez
(octubre 1833-enero 1834): Jefe de gobierno con la regencia que defendía el régimen
absolutista pero ante la opresión de la oposición carlista y de los reformistas abandonó el
poder llevando al liberalismo moderado de Martínez de la Rosa y del Conde de Toreno (enero
1834-septiembre 1835) que inició con Martínez de la Rosa, antiguo jefe liberal moderado, una
tímida apertura hacia el liberalismo pero no fue capaz de reformar la Hacienda, reactivar la
economía, democratizar el régimen ni ganar la guerra. Promulgó el Estatuto Real (abr. 1834)
con 50 artículos, que no mencionaba la soberanía nacional, establecía unas Cortes bicamerales
de carácter conservador compuestas por el Estamento de Próceres designados por el rey y con
carácter vitalicio de entre la nobleza, el clero y la rica burguesía, y el Estamento de
Procuradores elegidos por sufragio censitario restringido e indirecto. Estas Cortes eran
convocadas o disueltas por el rey a voluntad. La insuficiencia de las reformas adoptadas llevó a
la caída de Martínez de la Rosa dando lugar al nuevo gobierno del Conde de Toreno en medio
de la división del liberalismo en moderados y progresistas, estos últimos partidarios de
restaurar la Constitución de 1812, y apoyados por una opinión pública insatisfecha, caldearon
el ambiente. La tensión en las ciudades alcanzó su punto álgido en verano de 1835 con la
primera epidemia de cólera en Madrid que llevó a la matanza de frailes, guerra de conventos y
manifestaciones populares que derivaron en Juntas revolucionarias. La regente, ante la
situación y la guerra carlista aceptará la dimisión de Toreno iniciándose el gobierno liberal
progresista de Álvarez Mendizábal (septiembre 1835-mayo 1836)que dio comienzo a una
revolución liberal mediante reformas políticas, con una nueva ley electoral con sufragio
censitario directo, y restableciendo derechos de libertad de imprenta, reformas sociales como
el reclutamiento forzoso y la ampliación de la Milicia Nacional, o reformas económicas para
sanear Hacienda como la desamortización de las manos muertas de la iglesia (febrero del 36) y
bienes comunales, el establecimiento de impuestos extraordinarios y créditos para ganar la
guerra. Tras conflictos con las cortes y la regente, se dio paso al gobierno liberal moderado de
Istúriz que quiso disolver el Estamento de Procuradores y condujo a una revolución liberal con
protestas y motines entre julio y agosto (Motín de los sargentos) que provocaron el
restablecimiento de la Constitución de 1812 y el cambio de gobierno por el gobierno liberal
progresista de Calatrava (octubre 1836-octubre 1837) que convocó elecciones y constituyó
Cortes unicamerales e hizo reformas políticas restableciendo la legislación de Cádiz y el trienio,
elaborando una nueva Constitución de 1837 para dar cabida a moderados y progresistas. Su
tendencia progresista se reflejó en el reconocimiento de la soberanía nacional, la detallada
declaración de derechos y la facultad del rey para nombrar ministros por mayoría
parlamentaria. Las concesiones a los moderados se dieron en el refuerzo del poder ejecutivo
en el rey y el poder legislativo compartido por éste y las Cortes que podían ser convocadas o
disueltas por el rey. Eran bicamerales con Cámara de diputados y de senadores elegidos entre
ternas. Hubo actuaciones militares para ganar la guerra entregando el mando a Espartero y
dejando competencias a autoridades provinciales. Tras la publicación de la Constitución en
junio y las elecciones, ganaron los moderados (octubre 1837-octubre 1840), que abandonaron
la política reformista (ralentización de la desamortización, parón en leyes de derechos
individuales). Hubo confrontaciones entre moderados (mayoría en las Cortes) y progresistas
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(dominio de ayuntamientos), y los éxitos de Espartero finalizaron la guerra carlista en 1839
(abrazo de Vergara). La crisis final se dio por el apoyo de María Cristina a los moderados que
querían modificar la ley de ayuntamientos (1836) para permitir nombrar alcaldes a la corona e
introducir un sufragio restringido. La regente aprobó la reforma de la ley de municipios
llevando a protestas en 1840 y la intervención de Espartero quien no estaba de acuerdo con el
gobierno de consenso, la regente firmó el decreto de reforma de la ley y en septiembre la
Milicia Nacional y el Ayuntamiento de Madrid se sublevan. Espartero presenta un programa de
gobierno revolucionario que María Cristina rechaza, renunciando a la regencia y exiliándose a
París. La regencia de Espartero (12 octubre 1840-mayo 1841) fue unipersonal y planteó
problemas políticos por las divisiones del partido progresista y la oposición de los moderados
que hicieron pronunciamientos con la regente en el exilio. Hubo problemática económica por
la ampliación de la desamortización perdiendo apoyos populares y con la política de
liberalismo económico que tendió al libre comercio e hizo sublevarse a progresistas radicales.
Hubo disturbios y manifestaciones en Barcelona con la insurrección de la Milicia en noviembre
de 1842 que hizo al regente bombardear Barcelona en diciembre. Ante ello se opuso Cataluña
y las Cortes a Espartero, que tuvo que convocar elecciones. Joaquín Mª López fue el nuevo jefe
de gobierno progresista pero dimitió al oponerse Espartero a su programa de reformas. En
verano del 43, tras una insurrección de moderados, progresistas y el ejército en defensa de la
constitución y contra Espartero, éste se exilia a Londres el 12 de agosto de 1843. Ante el
fracaso de la regencia se ha adelantado la mayoría de edad de la heredera iniciándose el
reinado de Isabel II.
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12.1.3 Isabel II: La organización del régimen liberal. El reinado efectivo (1843-1868).
Tras el fin de la regencia de Espartero se inició el reinado efectivo de Isabel II (8 nov. 1843-
19 sept. 1868) como una monarquía liberal de tendencia conservadora con apoyo de partidos
moderados, con el régimen basado en oligarquías de propietarios y pudientes, defensores del
liberalismo doctrinario, con presencia de militares como líderes de partidos y la exclusión del
sistema a partidos no burgueses. El reinado arranca con la década moderada controlada por
Narváez (1844-54), del partido liberal moderado. En su primer mandato (marzo 1844 - febrero
1846) reprimió toda rebelión civil para controlar el poder y creó en 1844 la Guardia Civil para
aplicar la ley y el orden, suprimiendo la Milicia Nacional. En política creó la Constitución de
1845 con ideología del liberalismo doctrinario. Poder legislativo compartido con cámara alta de
senadores elegidos por el rey, y baja de diputados por sufragio censitario. Poder ejecutivo en
la monarquía y el gobierno, eliminando límites al poder real. El rey podía disolver el Congreso y
elegir alcaldes y presidentes. La confesionabilidad del Estado determinaba la religión católica
como única del mismo, manteniendo su culto y clero. Se recortarán derechos individuales
como la libertad de expresión. Hubo desarrollo legislativo, suprimiendo las ventas de bienes
desamortizados y devolución de las no vendidas (1844), censura de la ley de imprenta, reforma
del sistema fiscal (1845) por A.Mon que refundió los impuestos en cuatro tributos, y la ley
electoral (1846) que determinó un sufragio muy restringido. El gobierno de Istúriz (febrero
1846-octubre 1847) resolvió el matrimonio de Isabel II que se casó por conveniencia con
Francisco de Asís (1846) desatando la 2ª guerra carlista. La guerra dels matiners en el
Maestrazgo con Cabrera y partidas carlistas apoyadas por campesinos catalanes acabó en
octubre de 1849, por falta de recursos. El segundo gobierno de Narváez (4 octubre 1847-14
julio 1849) afrontó revueltas por la crisis económica, alentadas por progresistas, republicanos y
carlistas. La represión suspendió garantías constitucionales, llevando al nacimiento del Partido
Demócrata en 1849 que defendía sufragio universal, derechos individuales y la apertura del
sistema. Narváez vence a Cabrera y tras su tercer gobierno (octubre de 1849 - enero 1851) se
da el gobierno a Bravo Murillo (14 enero 1851-2 diciembre 1852) quien promulgó el Código
Penal (1851) e inició el proyecto del Código Civil y llevó a cabo una ley de reforma de la
administración (Ley de Bravo Murillo) que quería reorganizar la administración con la división
provincial (1833) centralizadora y una despolitización de la misma. Hizo un plan de obras
públicas y firmó el Concordato de 1851 para reconciliarse con el Vaticano y se dio un acuerdo
en que Roma reconoció la monarquía de Isabel II, aceptó la venta de bienes desamortizados y
accedió a la intervención del Estado en nombramientos. El Estado restituyó bienes incautados
y se creó un presupuesto para culto y clero concediendo la supervisión de la educación y
censura a la Iglesia. Hizo un proyecto de reforma de la Constitución para eliminar la vida
parlamentaria y dar todo el poder al gobierno. La oposición le llevó a dimitir (1852) y hasta
1854 se dieron varios gobiernos corruptos hasta el Bienio progresista (julio 1854-julio 1856)
con la revolución del 54 que comenzó con el fracaso de la Vicalvarada y el respaldo de
generales llevó al Manifiesto de Manzanares (7 julio 1854), que propuso la conservación del
trono, mejoras en leyes, rebaja de impuestos, reconocimiento de militares y vuelta a la milicia
nacional. Isabel encarga un gobierno a Espartero. Se adoptó un programa de reformas (ley de
Milicias, ley municipal) y ascensos para golpistas. En otoño se convocan Cortes que reflejan la
coalición de progresistas y unionistas que formaron gobierno creando la Constitución non
nata de 1856 con soberanía nacional, derechos individuales y división de poderes en Cortes
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unicamerales. Fue anulada por O’Donnell en otoño, que confirmó la del 45. En el Bienio se dio
la ley Madoz (1 mayo 1855), que ponía supuesta las propiedades vinculadas a la ley de
ferrocarriles (junio 1855) para promover la construcción ferroviaria y la ley de sociedades
bancarias y crediticias (enero 1856) que creó un mercado financiero moderno. La
conflictividad social del Bienio por la epidemia de cólera (1854), malas cosechas y subida del
trigo lo llevó a su fin. El Bienio moderado (julio 1856-1858): se dieron varios gobiernos
(O’Donnell, Narváez) y se tomaron medidas conservadoras como la supresión de la
desamortización y se reprimió en asociacionismo obrero. Se dio una legislación financiera,
política de obras públicas y construcción ferroviaria y en educación la Ley Moyano. Los
conflictos agrarios (crisis 1856-57), industriales y financieros provocaron protestas reprimidas
por Narváez, que salió del gobierno. Dos gobiernos dieron paso al gobierno largo de la Unión
Liberal (julio 1858-marzo 1863), con O’Donnell, que se rodeó de puritanos y de derecha
progresista y triunfó por el apoyo burgués y terrateniente y se opusieron republicanos y
demócratas. El gobierno se basó en las elecciones controladas y el mantenimiento del orden.
Hubo estabilidad y prosperidad económica, con obras públicas, construcción ferroviaria,
desarrollo de la especulación y sociedades bancarias y expansión de la textil catalana y altos
hornos. Hubo conflictos políticos como el intento fallido de pronunciamiento de Carlos VI en la
Rápita y sociales como la insurrección campesina de Loja (junio 1861). El descrédito del
gobierno llevó a la crisis del régimen isabelino (marzo 1863-sept. 1868) con el abandono de la
vida parlamentaria de los progresistas y la presión que hizo dimitir a O’Donnell. Narváez y
O’Donnell se turnaron el poder y hubo problemas económicos (déficit ferroviario, escasez de
algodón) y el hundimiento del mercado y la bolsa en 1866. Éste llevó al autoritarismo y a la
crisis final, con la matanza de San Daniel (10 abril 1865) por enfrentamiento entre catedráticos
conservadores y aperturistas de la Universidad que hizo Alcalá Galiano (1864) prohibir la
difusión de ideas contrarias a la religión católica o a la monarquía. Castelar denunció las ventas
de patrimonio nacional y se le quiso expulsar de la cátedra negándose el rector Montalbán. Los
estudiantes lo apoyan y se enfrentan a las fuerzas del orden (10 abril). Las protestas hicieron
volver a O’Donnell. La sublevación de los sargentos en San Gil (1866) se dio tras el fracaso del
pronunciamiento de Prim. Los artilleros se amotinaron y se tomó el cuartel con 60 muertos y
66 fusilados. Vuelve Narváez hasta su muerte (abril 1868). La crisis se agudiza con protestas
hasta agosto de 1866, con la firma del pacto de Ostende para hacer caer a la dinastía
borbónica. En 1867 muere O’Donnell y en septiembre de 1868 una revolución militar acabó
con la monarquía iniciándose el Sexenio Democrático.
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12.2. El sexenio democrático (1868-1874): intentos democratizadores. La revolución, el
reinado de Amadeo I y la Primera República.
La revolución de 1868 tuvo como causas la crisis social, económica y política que llevó a un
descontento general de grupos financieros, industriales, militares y populares que crearon un
programa revolucionario. La revolución comenzó con el pronunciamiento militar y la
revolución popular en la que surgieron juntas locales y provinciales y se organizó con los
“Voluntarios de la Libertad”. Tras la sublevación de Topete en Cádiz (17 sept. 1868), el 28
Serrano vence en Alcolea a las tropas gubernamentales, la reina se exilia y Prim llega a
Barcelona el 3 de octubre. Un nuevo gobierno provisional de Serrano (octubre 68-junio 69)
tomó medidas para moderar la revolución, disolviendo juntas y quitando armas a los
voluntarios y convocando elecciones a Cortes por sufragio universal masculino que ganó el
bloque monárquico. Las Cortes crearon la Constitución de junio de 1869 con 11 títulos y 112
artículos que defendía la soberanía nacional, sufragio universal masculino, forma de gobierno
monárquica, democrática y parlamentaria, división de poderes y el ejecutivo en el rey y los
ministros, limitados y bajo las Cortes, el legislativo en las Cortes bicamerales con Senado
elegido por compromisarios y cámara de Diputados elegidos por sufragio universal masculino.
El judicial en los tribunales con jueces independientes, con un Consejo de Estado para la
administración de partido. Declaración de derechos detallada con hincapié en derechos
individuales. Libertad de culto con el compromiso de mantener el culto y clero católicos.
Elecciones por votación pública en ayuntamientos y diputaciones. Regulación de las colonias
de ultramar. Tras la promulgación de esta Constitución se estableció la Regencia de Serrano
(junio 1869-enero 1871) con Prim de jefe de gobierno que intentó lograr la unión de los
partidos, que no consiguió, las reformas legislativas para el desarrollo de la Constitución como
la ley electoral o la de orden público; las reformas económicas, en Hacienda la eliminación de
impuestos irracionales, aranceles (“Figuerola”, 1869), la reforma del sistema monetario con
sistema bimetálico y la peseta, y la búsqueda de un rey fue un objetivo principal. Buscaba
alguien de prestigio con sangre real respaldado por las Cortes e internacionalmente y acabó
eligiendo a Amadeo de Saboya, a quien votarán las Cortes el 16 de noviembre de 1870 con
191 votos a favor y 91 en contra. El 27 de diciembre asesinan a Prim y el nuevo rey
desembarca. Este periodo de regencia resolvió conflictos sociales como levantamientos
campesinos y movimientos republicanos incontrolados. Conflictos políticos como la
insurrección en Cuba (1868-1878) provocada por el crecimiento económico de la burguesía
criolla y la dependencia del mercado estadounidense. La sublevación se inicia en octubre de
1868 cuando la Junta revolucionaria del Coronel Céspedes se sublevó al “grito de Yara”.
Lersundi extendió la sublevación. Las negociaciones de Dulce fracasaron y la guerra hipotecó la
Hacienda obligando a subir impuestos en España. El reinado de Amadeo de Saboya (enero
1871-febrero 1872) acabó fracasando por diversos problemas. La soledad del rey se reflejó en
la oposición a su reinado de aristocracia y terratenientes que apoyaron a Alfonso, hijo de
Isabel; los sectores industriales contrarios al librecambismo que los convirtió en alfonsinos; el
alto clero enfrentado a la casa de Saboya; el bajo clero que apoyaba al carlismo; los carlistas
que reclaman su legitimidad al trono; los republicanos con gran fuerza en armas y culto. El
reinado se caracterizará por la inestabilidad política derivada de la división de los progresistas
en los Constitucionales de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorrilla. En el segundo año de reinado
se agrava la guerra de Cuba y las divisiones en el congreso a favor y en contra de la abolición
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de la esclavitud, insurrección Carlista en País Vasco, con tregua en verano y recrudecimiento al
reponer los fueros catalanes; miedo al crecimiento de la AIT en España que llevó a su
prohibición. La crisis final llegó cuando el jefe de gobierno nombró Capitán General de
Cataluña a Hidalgo de Quintana al que se oponen los oficiales de artillería. Ruiz Zorrilla pide la
destitución de dicho cuerpo que rechaza el rey pero que aceptan las Cortes en una moción de
confianza. El rey desautorizado por las Cortes abdica el 11 de febrero de 1873. La I República
(febrero 1873-enero 1874) se inicia con una proclamación ilegal contra la Constitución ya que
los diputados radicales votaron a los republicanos. El republicanismo sólo tuvo apoyos de la
burguesía intelectual, campesinado y trabajadores urbanos y estuvo dividido entre unionistas
(república unitaria) y los federales (república federal). Recibió el apoyo internacional de Suiza y
EE.UU. Fue una etapa de inestabilidad política. La 1ª Etapa: Presidencia de Estanislao Figueras
(febrero-junio 1873) fue un gobierno moderado y débil formado por una mayoría radical que
se enfrentaba a la minoría republicana del gobierno en que Pi i Margall era Ministro de la
Gobernación. La problemática fue el caos en el campo económico, la crisis en el campo con
levantamientos campesinos en Andalucía; un movimiento federalista incontrolado que quería
crear un Estado federal desde abajo con Juntas revolucionarias. Pi i Margall quiso disolver
estas Juntas y que se respetaran ayuntamientos y diputaciones y logró evitar la proclamación
del Estado catalán. A finales de abril, radicales y el ejército logran la disolución de las Cámaras.
En las elecciones de mayo surgirán nuevas Cortes con mayoría republicana que proclamará la
república federal. 2ª Etapa: República federal. Presidencia de Pi i Margall (junio-julio 1873).
Pretendía un Estado fuerte con federalismo descentralizador. La obra política de esta etapa fue
la creación de la Constitución non nata de 1873 con fuerte influjo estadounidense. Definía a
España como una república confederal en la que los estados podrían tener su propia
constitución local y división de poderes, con el ejecutivo en el gobierno, el legislativo en Cortes
bicamerales y el judicial en el tribunal supremo. Extensa declaración de derechos, el estado se
declara laico y prohíben tratos de preferencia con la iglesia. No entró en vigor por un proceso
revolucionario con una crisis social (huelga de Alcay) y sublevaciones de federalistas en
Cartagena proclamando el cantón de Cartagena que llevó al cantonalismo. El carlismo controla
el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Albacete y Cuenca en la tercera guerra carlista. Pi i
Margall dimite por no poderlo controlar. 3ª Etapa: República moderada de Nicolás Salmerón
(julio-sept. 1873) que girará a la derecha pretendiendo restablecer el orden mientras Martínez
Campos y Pavía sofocan sublevaciones y la Guardia Civil aumenta en efectivos. Sólo resiste el
cantón de Cartagena. Salmerón dimite por no firmar penas de muerte a dos cantonalistas. 4ª
Etapa: República autoritaria de Emilio Castelar (sept.-enero 1874). Su obra política fue el
refuerzo de la autoridad del Estado y apoyos del ejército antirrepublicanos, suprimiendo
sesiones de Cortes hasta enero, derechos constitucionales, restablecimiento de quintas,
reclutamiento de 80.000 hombres, restablecer ordenanzas militares y arma de la artillería y
política económica para financiar campañas militares con contribución forzosa. Consecuencias:
detención de avance carlista, asfixia del cantón de Cartagena. Sus éxitos llevaron a su fin y al
de la República ya que los conservadores querían un gobierno fuerte para acabar con ella.
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12.3.1 El régimen de la Restauración. Reinado de Alfonso XII: El sistema Canovista y la
Constitución de 1876.
Tras la disolución de las Cortes (2 ene 1874), que acabó con la I República se instauró el
régimen autoritario del General Serrano que formará un gobierno de coalición buscando la
paz, intentando sofocar el cantonalismo, el enfrentamiento carlista y restableciendo el orden y
el control de la oposición. Frente a Serrano y a favor de Alfonso se fueron aglutinando clases
medias y dirigentes y militares influyentes. El 1 diciembre 1874 Alfonso firma el Manifiesto de
Sandhurst que garantiza una monarquía dialogante, constitucional y democrática. Cánovas del
Castillo, representante de los Alfonsinos, pretendía una transición pacífica a la monarquía que
se vio truncada por los levantamientos de Martínez Campos y Jovellar en Sagunto a favor de
Alfonso (29 diciembre 1874). El 31 se proclama rey a Alfonso XII, que llega a España el 9 enero
1875. Esta restauración fue obra de Cánovas, que fue clave en el sistema Canovista basado en
la defensa de las verdades madres como la “Constitución interna” o naturaleza política del
país y la soberanía nacional, que reside en la voluntad de la nación. Además se sustenta en
cuatro pilares: la monarquía, borbónica por tradición e indiscutible, que comparte la soberanía
con las Cortes, elemento permanente de la Constitución interna; la Constitución escrita, que
debe ser flexible, duradera e impedir pronunciamientos; y el turismo, un sistema bipartidista
de turno de partidos basado en el equilibrio de fuerzas contrapuestas. El sistema Canovista dio
estabilidad al régimen de la Restauración, que se caracterizó por su conservadurismo reflejado
en los motores de cambio y en los objetivos, apoyado en clases dirigentes, medias urbanas y
campesinos y con un movimiento obrero desmovilizado. La Restauración abarca el reinado de
Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de María Cristina (1885-1902). Durante el reinado de
Alfonso, tras el gobierno del partido conservador de Cánovas pasarán por el turismo los
liberales de Sagasta. El primer gobierno de Cánovas (1875-1881) tendrá como objetivos la
eliminación de decisiones destacadas del Sexenio, con medidas conservadoras para controlar
los puestos clave, restituir cargos, ampliar nombramientos y grados a funcionarios y militares,
censurar periódicos, mantener el orden público y control de la oposición, se eliminarán juicios
por jurado y en la relación Iglesia-Estado, suprimir el matrimonio civil, garantizar aportaciones
del Estado a la Iglesia, devolver bienes desamortizados. A pesar de ello se dio amnistía para
sumar apoyos a la Constitución. También se preparó una nueva Constitución aparte de 1875 al
margen de las Cortes, por una asamblea elegida por Cánovas. El borrador se encargó en mayo
a la comisión de Alonso Martínez y en diciembre se convocan elecciones a Cortes
constituyentes por sufragio universal, manipulando datos para lograr la mayoría canovista. La
nueva Constitución de 1876 fue ecléctica y flexible para los adeptos al sistema, pero
doctrinaria y conservadora. Se caracteriza por la soberanía compartida, división de poderes
con el legislativo residiendo en las Cortes con el rey, quien podía vetar leyes y disolver las
cámaras; con Cortes bicamerales con la cámara alta de senadores y la baja de diputados del
Congreso elegidos por sufragio directo. El poder ejecutivo en la corona a través de los ministros
que responden ante las Cámaras. El poder judicial se basó en la unidad de códigos. La
declaración de derechos y deberes era detallada pero recurría a leyes ordinarias para
concretarla, permitiendo restricciones. Los poderes locales, ayuntamientos y diputaciones
quedarán sometidos a leyes orgánicas. La cuestión religiosa se tradujo en la confesionalidad
católica del Estado y la garantía de sostenimiento de culto y clero católico y una ambigua
libertad de creencia. Se buscó la pacificación de España que seguía enfrentada en la guerra
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carlista y en la de Cuba. La guerra carlista requirió esfuerzo militar en el Norte, cayendo
Cataluña y el núcleo vasconavarro en 1876 (Manifiesto de Somorrostro), derrotando al
carlismo pero sin eliminar sentimientos regionalistas y el ultraconservadurismo religioso. El fin
de la guerra de Cuba se logró en la paz de Zanjón (febrero de 1878) tras dos años de eficacia
militar y negociaciones. Supuso una amnistía, libertad de esclavos asiáticos y promesas de
reforma. La labor política del gobierno de Cánovas fue el desarrollo de reformas
administrativas y medidas para su logro como la abolición de los fueros vascos,
establecimiento de la censura previa, fiscalización universitaria, desarrollo de leyes electorales
como la de 1878 que establecía un sufragio muy restrictivo. Cánovas pretendía incorporar
otros grupos políticos al poder para lograr la alternancia de partidos, lo cual logró cuando el
partido Sagastino decide apoyar la Constitución dando lugar al partido fusionista, que acabó
siendo el partido liberal de Sagasta. El primer gobierno liberal de Sagasta (febrero 1881-1884)
dio paso al turismo. Se adoptaron medidas para acabar con las restricciones a la libertad de
expresión (amnistía, devolución de cátedras) pero no se restituyeron ni el juicio por jurados ni
el sufragio universal. Se dio una recesión económica entre 1882 y 1884, que llevó a disturbios y
protestas y el los sucesos de la Mano Negra en el campo andaluz, ambos reprimidos
duramente, y el intento de pronunciamiento republicano de 1833 en el que se procesó a los
golpistas. El rey, ante la debilidad del gobierno, encargó el relevo a los conservadores de
Cánovas (enero 1884-nov. 1885) que adoptaron medidas de control de prensa, cerraron la
Universidad por oponerse e hicieron frente a conatos republicanos.
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12.3.2 La regencia de Mª Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al
sistema. Regionalismo y Nacionalismo.
La muerte de Alfonso XII en noviembre 1885 llevó a una difícil situación al recaer la regencia
en la viuda María Cristina, embarazada de un heredero incierto. Esto provocó la firma del
Pacto del Pardo por Cánovas y Sagasta para apoyar la regencia, mantener la legislación de
cada gobierno y facilitar el relevo. La regencia duró de noviembre 1885 a mayo 1902, dieciséis
años en los que se sucederán el gobierno liberal y conservador por el turno de partidos,
destacando la acción política del partido liberal mediante la elaboración de leyes para
defender la libertad de imprenta, de expresión, de cátedra y de asociación propiciando la
expansión del movimiento obrero, promulgando el nuevo código civil de 1889 que consagraría
un orden social basado en la primacía de la propiedad como derecho individual, restableciendo
el juicio por jurados y con la ley electoral de 1890 que implantó definitivamente el sufragio
universal permitiendo partidos minoritarios en las Cortes. También elaboraron un proyecto de
reforma de la administración y gobierno de Cuba en 1894 que será retirado provocando la
insurrección de febrero de 1895. Los conservadores de Cánovas mantuvieron la legislación de
los liberales centrándose en adoptar medidas económicas como la modificación del sistema
monetario o el proteccionismo económico, mientras se alcanza el auge del movimiento obrero
y el nacionalismo despertaba en Cataluña, Valencia y País Vasco. Tras el comienzo de la guerra
de Cuba y el fracaso de las medidas liberales de mediación, los conservadores adoptaron una
política represiva que derivó en guerra de desgaste y enormes pérdidas. El asesinato de
Cánovas (agosto 1897) devolvió el poder a los liberales de Sagasta que intentaron aplicar un
proyecto de autonomía en Cuba que acabó con una nueva guerra contra los norteamericanos
que dio lugar a la pérdida de las últimas colonias (Cuba, Filipinas, Puerto Rico). La muerte de
Cánovas dejó descabezado al partido conservador que incorporó a hombres como Silvela, o
Azcárraga mientras los liberales asistían a la subida al trono de Alfonso XIII y al final de Sagasta
en 1903. Durante los años de Regencia y sobre todo en los finales fueron surgiendo grupos de
oposición al sistema relacionados con el auge del movimiento obrero (PSOE, 1879), el
creciente nacionalismo y el republicanismo que aprovechó el establecimiento del sufragio
universal por los liberales (1890). Con el siglo XX acabó el periodo político que tuvo como
elementos negativos la corrupción política y el falseamiento de la voluntad popular cada vez
más ajena al régimen parlamentario y que asistirá al desmoronamiento del imperio colonial
español en un clima de crítica y desmoralización y con un sistema bipartidista descabezado. A
finales de siglo se verá en España el auge del nacionalismo en zonas de la periferia. Hasta la
Restauración, las reivindicaciones fueron forales o nacionalistas, materializadas las
conservadoras en el carlismo y las progresistas en el republicanismo federal. Con la
Restauración surgirán nuevos movimientos regionalistas que reivindicarán los derechos
históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces siendo el catalán y el vasco los
más fuertes y precoces. Esto se debió a la diferenciación lingüística, verdadero fundamento del
sentimiento nacional, y a la existencia de una burguesía desarrollada empapada de ideología
nacionalista. Durante los años 90 del siglo XIX surgirán los primeros grupos nacionalistas
catalanes en torno a intelectuales como Valentí Almirall o Prat de la Riba, que liderarían
grupos que se fusionaron en 1892 constituyendo la Unió Catalanista cuya ideología se
recogerá en las Bases de Manresa donde se definía el nacionalismo catalán como un
movimiento esencialmente burgués que pretendía un estado federal con regiones con
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autogobierno e instituciones propias. Este movimiento alcanzó gran auge en instituciones
catalanas como “El Ateneo” o “El Fomento del Trabajo Nacional” que actuaron como lugares
de captación de clases medias y altas en Cataluña. El nacionalismo vasco nació en 1895
cuando Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco apoyándose en un grupo de
reivindicación foral vizcaíno. Más adelante el PNV suavizó su postura radical para aumentar sus
partidarios en Vizcaya, renunciando al separatismo y conectando con el ideario cristiano que
era la opción más conservadora, de gran arraigo de clases medias vascas por miedo al
crecimiento social de la clase obrera. Al mismo tiempo Sabino Arana trató de desmarcar el
movimiento nacionalista vasco del Carlismo. Otros movimientos regionalistas como el gallego,
valenciano o andaluz aparecerían a finales de siglo de mano de intelectuales defensores de su
identidad nacional, pero se caracterizaron por su debilidad al no tener apoyo burgués.
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12.3.3 Guerra colonial y la crisis de 1898
La pérdida de las últimas colonias españolas (Puerto Rico, Cuba, Filipinas) dependió de un
proceso internacional de redistribución colonial. España, con Italia o Rusia, saldrán
perjudicadas a favor de EE.UU. o Alemania. El problema cubano arranca desde la insurrección
al grito de Yara de 1868 por el desarrollo de la burguesía criolla y los intereses
norteamericanos, y que se agravó en 1872 con Amadeo y en la Restauración debido al
incumplimiento de promesas de la paz de Zanjón (1878) y el fallido intento liberal de reforma
de la administración y gobierno cubana por Maura (1894), y por el tímido intento de proyecto
de autonomía. Esto derivó en los levantamientos independentistas de Cuba en 1895 y Filipinas
en 1896. Estas insurrecciones llevaron al desastre del 98 debido a diversas causas como la
maduración del independentismo indígena (Martí, Maceo). España cometió errores como la
falta de previsión, el incumplimiento de la paz de Zanjón, la indiferencia ante los abusos a
indígenas o la presión de los grupos con intentos coloniales contrarios al cambio. Hubo un
respaldo norteamericano a los insurgentes ya que sus políticos eran partidarios de la
independencia de Cuba para explotarla, y la opinión pública y las azucareras estaban a favor.
Diversos países presionaron a España para conceder autonomía y apoyar diplomáticamente. La
ley de aranceles que impedía a Cuba el libre comercio con Estados Unidos propició la
insurrección. Durante el conflicto o se dieron varias etapas. Durante gobierno liberal (febrero
1895) se llevó una política de mediación a cargo de Martínez campos, que fracasó por no
querer reprimir a los civiles ante una insurrección más consistente. Con el gobierno
conservador (marzo 1895-1897) se dio una política represiva por Weyler, que recuperó todo el
territorio, llevando a los insurrectos a las montañas, dividiendo el territorio con líneas
fortificadas y concesión a los civiles para evitar guerrillas. Esto llevó a una guerra de desgaste
en la que la superioridad militar española y el conocimiento del terreno de los cubanos y la
ayuda norteamericana llevaron a grandes preñadas en ambos bandos. La muerte de Cánovas
en 1897 llevó al poder a los liberales (agosto 1897-agosto 1898) que intentaron un proyecto de
autonomía para Cuba más amplio y con más concesiones. El General Blanco lo puso en marcha
y en enero tomó el poder. La guerra hispano-norteamericana se desató por esta política
pacificadora de España que llevó a EE.UU. a intervenir, para lo que manipularon la opinión
pública a favor de la guerra. La causa inmediata fue la explosión del acorazado Maine en la
Habana el 15 febrero 1898, con 254 víctimas. España propuso una comisión de investigación
internacional y EE.UU. optó por una unilateral que responsabilizó directamente España. Los
americanos intentaron comprar Cuba por 300 millones de dólares y ante la esperada negativa,
dieron un ultimátum de tres días en el 20 de abril para que España renunciara a la soberanía
de la isla o habría guerra. El desarrollo de la guerra fue rápido por la superioridad técnica
norteamericana y la cercanía. La guerra comenzó con un ataque a Cavite en Filipinas, que se
había sublevado en 1896 y llevaba tres años sublevados, por la flota norteamericana al mando
del almirante Dewey, que supuso la toma de la plaza y el hundimiento de la flota española
refugiada en el puerto (1 mayo 1898). Manila caería sin oposición tras el armisticio del
14 agosto 1898. En Cuba, la flota del almirante Cervera, en Santiago, fue destrozada el 3 de
julio y el 17 se rinde la ciudad. A principios de julio las tropas norteamericanas desembarcaron
en Guantánamo, y a finales en Puerto Rico. Tras esto, España pidió el armisticio el 12 agosto
1898 y se firmará un protocolo previo aceptando la renuncia a Cuba. En el Tratado de París (10
diciembre 1898) España renunció a la soberanía de Cuba, cede Filipinas a EE.UU. a cambio de
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20 millones de dólares y Puerto Rico y Guam. El desmantelamiento completo del imperio
colonial español acabó con el Tratado Hispano-alemán cediendo a Alemania las Marianas, las
Carolinas y Palao por 15 millones de dólares. Con ello finalizó el desastre del 98, que dejó
huella en las conciencias de los españoles. Consecuencias: Además de las pérdidas humanas,
las secuelas psicológicas y morales, se sumaron las pérdidas materiales que hicieron subir
precios y perder ingresos coloniales. Se dio una desmoralización por el convencimiento de
debilidad y una crisis política que afectó a ambos bandos y dio paso a nuevos políticos (Silvela,
Maura o Canalejas). La crisis o desprestigio militar llevó a dudar de la capacidad de los
militares, cuando en realidad el ejército no estaba preparado para el conflicto. Su imagen fue
dañada y el siglo XX se abrió una brecha entre militares y políticos. Los intelectuales y
científicos dieron lugar al Regeneracionismo, frente a la resignación. Ricardo Macías o Joaquín
Costa, mediante conferencias tituladas “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de
gobierno en España” intentaban evidenciar el aislamiento político, la corrupción de los
partidos y el atraso económico o social. Las propuestas regeneracionistas intentaron la
reorganización política, limpieza del sistema electoral, o la reforma educativa buscando el bien
común. No quisieron participar en la vida política pero la crítica revolucionar el pensamiento
español y orientado la futura acción política.
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13.1 Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las
peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de las
infraestructuras: el impacto del ferrocarril.
El proceso revolucionario de Cádiz contribuyó a la transformación capitalista de España,
transformando los señoríos jurisdiccionales en propiedad privada de esos señores, con
medidas liberalizadoras (supresión de diezmos, cercamiento de tierras o libre comercio
agrario). Al morir Fernando VII el Antiguo Régimen (economía feudal y sistema estamental) da
lugar a un sistema liberal con economía de mercado, capitalista y sociedad clasista (nivel
determinado por la propiedad). La revolución liberal reforzará la propiedad privada con leyes,
buscando desvincular los numerosos bienes eclesiásticos y comunales, para acabar con la
deuda pública, poniéndolos a la venta con fin de obtener recursos para eliminar la deuda. Tras
la primera desamortización de Godoy (bienes de misericordia de la iglesia, 1798), y los
frustrados intentos de los revolucionarios de Cádiz y del trienio, durante la regencia de María
Cristina y con la presión de la guerra carlista se dará una búsqueda urgente de estos recursos.
La desamortización de Mendizábal (febrero 1836) afectaría a los bienes del clero regular, a las
tierras del clero secular (obispados) y se verá frenado en 1845 por el gobierno moderado de
Narváez. Los objetivos de la desamortización buscaban además de amortizar la deuda, liberar y
sacar la tierra al mercado. El pago de la compra de las tierras subastadas por el Estado no
proporcionó muchas ganancias y la estructura de la propiedad sólo cambiará de manos,
pasando todos los bienes a las clases dirigentes. En el bienio progresista, la ley
desamortizadora de Madoz (1855) que ponía a la venta el resto de tierras de la iglesia y las
comunales (de propios y baldíos), propició más dinero para amortizar la deuda, aunque
concentró aún más los bienes en manos de una oligarquía, perdiendo el campesinado las
tierras comunales. A pesar de todo ello, la economía española sufrirá un fuerte retraso.
Causas de ello fueron la compleja orografía peninsular, que dificultó las comunicaciones y
transportes por, así como un mercado nacional articulado (aunque crecerá a partir de 1840
con la mejora de carreteras y eliminación de aduanas internas, mientras que en el exterior el
comercio se estancó por el proteccionismo y moneda no sólida), la escasez de materias primas
y fuentes de energía, el bajo crecimiento demográfico (que no permitió excedentes de mano
de obra para emplearla la industria, ni excedentes agrarios, ni un mercado que absorbiera la
producción industrial); la escasez de capitales y en consecuencia una crónica dependencia de
capitales extranjeros; la política del Estado que no promovió las inversiones lo que llevó al
inmovilismo y escaso desarrollo tecnológico. El sector agrario, hasta el periodo de la
Restauración no aumentó sus rendimientos debido a las escasas inversiones de los nuevos
propietarios, aunque aumentó ligeramente la producción ya que se pusieron en cultivo nuevas
tierras tras la desamortización; la ganadería lanar sufrió un descenso, al aumentar las tierras
cultivadas y por la competencia del algodón. Las crisis agrarias y el bajo rendimiento
mantuvieron al campesinado en situación límite, impidiendo la expansión de la industria y las
finanzas. Sin embargo durante el último cuarto de siglo se llevará a cabo un crecimiento de la
producción agraria (viñedos y olivar), y la extensión del regadío, con repercusiones negativas
para los campesinos (hundimiento de precios y jornales). El sector industrial se caracterizará
por la baja productividad debido a la falta de mano de obra, y de un mercado. Los sectores
más desarrollados fueron el textil de Barcelona desde 1830 a 1862 sobretodo, y más tarde
gracias a las máquinas de vapor y la mecanización, además de a la utilización de mano de obra
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barata (mujeres y niños); la industria siderúrgica sufrirá dificultades por falta de demanda de
maquinaria, y el coste y escasa calidad del carbón, mientras el hierro era caro. Los altos hornos
andaluces hasta 1860 fueron los más importantes hasta que se desarrollaron los de Asturias
con minas de carbón mineral, y a finales de siglo, los altos hornos vizcaínos; las pequeñas
industrias de consumo de corta producción y carácter artesanal. En la minería, la dependencia
de capitales extranjeros a cambio de préstamos a Hacienda, impidió que los beneficios de
minerales como el cobre, el plomo o el mercurio con alta producción y necesarios en Europa,
se aprovecharan en España. El desarrollo industrial, que exigía la revolución de los
transportes, propició, tras años de debilidad económica y falta de marco jurídico adecuado, un
boom ferroviario entre los años 1855-1865, gracias a la promulgación de la Ley General de
Ferrocarriles y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1855 y 1856, durante el bienio
progresista, que propiciaron el desarrollo de compañías ferroviarias con la mayor parte de
capital extranjero, hasta el crack bursátil de 1866 que arrastró, tras el hundimiento de las
sociedades ferroviarias, a otras muchas empresas a la quiebra. Por otro lado el sector
financiero se mantuvo débil hasta 1856 en que se generalizaron las sociedades anónimas y se
reguló la emisión de moneda, además de crear el Banco de España, mientras la Ley de
Sociedades Bancarias y Crediticias reguló la fundación de sociedades por acciones, dándoles
libertad de acción, por lo que se multiplicarían hasta 1866 las sociedades financieras. El sector
público influyó en la mejora económica mediante el establecimiento de presupuestos, la
reforma fiscal de 1845 y la consolidación de la deuda pública a partir de 1852. La mejora de la
situación fiscal dio lugar a la inversión en grandes obras públicas como el Canal de Isabel II y la
financiación de los ferrocarriles, hasta la crisis de 1864 y el posterior desplome bursátil.
Durante el periodo de la Restauración se vivirá una relativa prosperidad económica debido a
la estabilidad política y al crecimiento de la economía europea, que se reflejará en el definitivo
asentamiento del capitalismo industrial (siderúrgica, minería y textil), lo que impulsará más
adelante la mejora y ampliación de redes de transporte ferroviario y carreteras,
difundiéndose el telégrafo, y el teléfono, además de la aparición de la energía eléctrica. La
banca y en general el sector financiero también se desarrollará, sin embargo en los años 90, la
política proteccionista ligada al neocolonialismo que España llevará a cabo, repercutirá
negativamente y llevará a un aumento de los precios y a una situación social crítica.
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13.2 Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la
sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España
La nueva economía capitalista conllevó un cambio social organizando la vieja sociedad
estamental (desigualdad ante la ley, privilegios y cuna como determinante del estamento
social) en una sociedad clasista, basada en la propiedad, que dio lugar a una estructura social
urbana caracterizada por una oligarquía de propietarios, clase media urbana y una nueva clase
obrera industrial, procedente de trabajadores agrícolas en paro que se agruparán en barrios
obreros (chabolismo), sin asistencia, focos de enfermedad (tuberculosis, cólera) con jornadas
de hasta catorce horas diarias sin seguridad y media de vida de 20 años. Los salarios de miseria
obligaban a trabajar a mujeres y niños y propiciaban enfermedades infecciosas, y todos ellos
estaban dentro de un general analfabetismo y en épocas de crisis la delincuencia era la única
salida. Fuera de lo urbano, se encontraba la mayoría campesina. Se dio un bajo crecimiento
demográfico. La población (segunda mitad de siglo), siguió creciendo lentamente debido a un
modelo demográfico propio del subdesarrollo, propiciado por la falta de salubridad y las crisis
de subsistencia que mantuvieron alta la mortalidad. El desarrollo industrial impulsó la
emigración a las ciudades y al exterior (Latinoamérica, Argentina). Las diferencias sociales se
incrementaron (oligarquía enriquecida frente a mayoría trabajadora). En las ciudades las clases
medias también se diferenciaban de las populares (empleo, nivel económico…). Los problemas
sociales llevarían a la creación de una comisión de reformas sociales, que fracasaría por falta
de recursos y oposición de empresarios. El movimiento obrero en España tardaría en
producirse, ya que en un principio no había conciencia de clase debido a que los obreros
procedían del campo o de la artesanía, no disponían de ninguna asistencia tras la desaparición
de los talleres y de la organización gremial, y no comprendía la razón de su difícil situación. Por
otro lado la débil y muy localizada industrialización española explica también la debilidad del
movimiento obrero hasta el sexenio democrático. Se calcula que en 1860 había en torno a
ciento cincuenta mil obreros industriales en el país, más de la mitad de los cuales vivía en
Cataluña. A pesar de todo, desde 1830 los movimientos de organización obrera se concretarían
en protestas de carácter ludita, como los conflictos en 1835 en la fábrica “El Vapor” de
Barcelona, en el nacimiento de algunas asociaciones como las sociedades de auxilio mutuo, y
en la difusión de ideas del socialismo utópico (Fourier, Cabet), que llevaron a la aparición de un
“Falansterio” en Cádiz, y de grupos cabetistas en Barcelona, en relación con grupos
republicanos, al tiempo que se traducían las ideas de Prouhdom, Saint Simón o Blanquí. La fase
más reivindicativa surgirá en los años 40 y la segunda mitad de la década de los 50, con la
aparición de la primera prensa obrera y los movimientos de oposición contra la política de
liberalismo económico de los gobiernos progresistas. La revolución de 1854 llevará a un mayor
desarrollo del movimiento obrero, y a una separación del movimiento obrero y la patronal,
que se reflejaría en las protestas contra las selfactinas (hiladoras y tejedoras mecánicas) y en
los disturbios de Barcelona de 1855 que llevarían a una huelga general y a concesiones del
gobierno en la “Ley del Trabajo”, que reducía la jornada a los niños, fijaba un máximo para los
adultos, y admitía asociaciones de ámbito local y de no más de 500 miembros, estableciendo
convenios colectivos sólo para empresas de menos de 20 trabajadores, y jurados de patronos.
En la primavera de 1856 habrá nuevos conflictos frente al intento de ampliación de la jornada
de los sábados. Con la vuelta de los moderados al poder, habrá enfrentamientos y prohibición
de las asociaciones obreras, y una politización del movimiento obrero (apoyos del partido
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demócrata y republicano), mientras en la época de la Unión Liberal, la mejoría económica
propició una bonanza social, que acabaría a partir de 1863. En la etapa de crisis del régimen
isabelino, las movilizaciones se politizarían aún más, sumándose a ellas los intelectuales y
apoyando conspiraciones demócratas y republicanas contra Isabel II. Tras la revolución
“Gloriosa”, se permitiría la creación de la Sección Española de la A.I.T. (Asociación
Internacional de Trabajadores. Londres 1864) de la mano del anarquista Giuseppe Fanelli
(discípulo de Bakunin), y desde un principio habrá en ella un claro predominio del anarquismo
que prendería sobre todo en Cataluña. La internacional española apoyó las insurrecciones
federalistas, celebrando su primer congreso en Barcelona para la fijación de objetivos
sindicales y políticos, y tras el estallido de la Comuna de París, durante el reinado de Amadeo
de Saboya, el miedo de las clases medias y grupos dirigentes, derivaría en medidas represivas y
en la ilegalización de la A.I.T. En diciembre del mismo año vendrá a Madrid, Paul Lafargue,
yerno de Marx y dirigente de la Internacional, entrando en contacto con un pequeño núcleo
madrileño que aceptará sus tesis, y tras la expulsión en el Congreso de Zaragoza de la A.I.T. de
los líderes marxistas madrileños, se fundará la Nueva Federación Madrileña (sección española
del ala marxista de la A.I.T.).Antes de la proclamación de la I República, la Internacional
española ya poseía más de 25.000 asociados, y su base social estaba constituida por obreros
de la textil, federaciones campesinas, ferroviarios y mineros. Sus dirigentes procedían de la
clase obrera y de intelectuales de clase media, con una ideología más radical y próxima al
anarquismo. Al constituirse la I República surgirán movimientos reivindicativos en Barcelona
en forma de manifestaciones y huelgas, mientras en el campo andaluz, se producirán asaltos y
ocupaciones de tierras (muchas veces al margen de la A.I.T.), además de graves
acontecimientos como la huelga general de obreros de Alcoy que acabaría con víctimas, o la
huelga general de Barcelona del 14 de julio. También y sin contar con el respaldo de los
dirigentes de la A.I.T., obreros de la Internacional participarían, a título personal en los
movimientos de republicanos federales radicales que desembocó en la sublevación cantonal, y
que identificó el cantonalismo como movimiento revolucionario, provocando la represión de la
A.I.T., que será disuelta por el gobierno provisional de Serrano el 10 de enero de 1874 y llevará
a la clandestinidad a sus dirigentes.
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13.3. Transformaciones culturales. Cambio de mentalidad. La educación y la prensa
El clima de inestabilidad política y el riesgo a la revolución social en el que vivió España durante
el Sexenio, explican que la burguesía, renunciase a los valores propios del liberalismo europeo
(laicidad, modernidad y libertad). A cambio de conseguir la tranquilidad política en la que
poder desarrollar sus negocios, la burguesía asumió que el sistema de la Restauración
restableciese en España los valores del Antiguo Régimen (tradición, jerarquía, orden y moral)
materializados en: la defensa de la propiedad, garantizada por la legislación ante la amenaza
de las nuevas doctrinas anticapitalistas (socialistas, anarquistas….), el mantenimiento de la
jerarquía social… Uno de los principales objetivos de muchos burgueses fue obtener un título
nobiliario mediante matrimonio, compra o concesión regia. De hecho, el número de nobles era
mayor a finales de siglo que a principios. La imposición de la moral católica. Se mantuvo el
Concordato de 1851 que permitió al clero restablecer su influencia social (extensión de la
enseñanza religiosa, incremento del número de órdenes religiosas.....). A cambio la Iglesia
actuó como garante del sistema (actuaba como apaciguadora de espíritus frente a los
conflictos sociales que acarreaba la industrialización). Todo ello explica, en parte, la
intensificación de la ideología anticlerical entre las masas populares. El respeto del orden
establecido. Se reprimió cualquier intento de cambio y se excluyó del sistema tanto a las
organizaciones que promovían la liquidación del capitalismo (anarquistas y socialistas), como a
las que proponían reformas sociales (republicanos). Frente a esta mentalidad conservadora
fueron apareciendo en las ciudades nuevas mentalidades: De tipo modernizador y
regeneracionista, entre las élites (Institución Libre de la Enseñanza, Generación del 98, Joaquín
Costa....). De tipo revolucionario y anticlerical, entre las masas (aumento de la influencia de
socialismo y anarquismo). La Restauración supuso respecto a las libertades del sexenio, una
regresión que se concretó en la censura frente a la libertad de expresión, que en las cátedras
tuvo una fuerte contestación (cese y dimisiones de catedráticos). La Institución Libre de
Enseñanza, heredera de las tesis krausistas, nacería en este ambiente como centro privado,
alternativo y laico (1876) con Francisco Giner de los Ríos al frente. Defendía una formación
integral del hombre, mediante el fomento de la libertad y la crítica, al margen de posiciones
políticas o creencias, e impartió, con una pedagogía de vanguardia, enseñanza media y
superior, hasta 1882, cuando Sagasta, permitió el regreso de los profesores a sus cátedras,
permaneciendo desde entonces como un centro de primaria y secundaria. El resto de la
enseñanza, seguía los métodos tradicionales dogmáticos y acríticos, contrarios a toda
novedad científica y sometidos a la Iglesia, que controlaba la mayor parte de la primaria,
mientras en la secundaria, el Estado contaba con institutos en las grandes ciudades ocupados
por los hijos de las grandes familias. El panorama científico, con ser desolador ante la falta de
medios materiales y apoyo de instituciones públicas y privadas, permitió la difícil tarea de
personalidades aisladas como Ramón y Cajal, mientras la Iglesia condenaba el darwinismo sin
paliativos. Durante el siglo XIX la prensa pasó al carácter político. Su papel era decisivo en la
difusión de ideas liberales, y tuvo que luchar contra la censura del antiguo régimen, ya que la
reacción conservadora tras la Revolución Francesa impuso nuevamente el absolutismo.
Durante la guerra de independencia (1808-1814) se dio la libertad de imprenta, reconocido
por las Cortes de Cádiz (26 oct. 1811). La prensa será un elemento importante del movimiento
revolucionario-constitucionalista. Al regreso de Fernando VII se volvió a interrumpir toda la
actividad periodística: comienza el sexenio absolutista, en el que se censura todo pensamiento
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liberal. Solamente se puede hablar de prensa oficial. Con el Trienio Liberal se proclama la
libertad de imprenta (1820) y se tipifican los delitos periodísticos (1822). Destacan los
periódicos moderados “El Espectador” o “El Universal” y afrancesados “El Censor”. La irrupción
de la Santa Alianza con los Cien Mil Hijos de San Luis (1823) corta con la labor del trienio. En
1834 (tras morir Fernando VII) regresan los liberales expulsados en 1823, que aportan ideas
románticas y estilo periodístico inglés, y desde 1833 hasta la Restauración, a pesar del intento
de control de los gobiernos, comienzan a aparecer ideas democráticas en la prensa liberal,
filtración ideológica mantenida hasta la Regencia de Espartero y reinado de Isabel II, periodo
en el que destaca el nacimiento del periodismo informativo, accesible para la clase obrera.
Durante el Sexenio democrático (1868-1875, Amadeo de Saboya y I República) aparecen unos
600 periódicos debido a la libertad de imprenta (Constitución de 1869). El aspecto externo de
los periódicos es más ameno y su contenido abarca temas políticos, crítica literaria,
pasatiempos, anécdotas y humor, así como temas informativos. Esto propició el alcance de
mayores tiradas, aunque nunca sobrepasan los 15.000 ejemplares, debido al analfabetismo,
aunque a pesar de ello tuvieron una amplia difusión debido a la traición de lectura en voz alta.
Durante la Restauración surgen empresas periodísticas que apoyan la situación política. A
partir de 1880 surgen nuevos medios distintos a los del siglo XIX que constituyen el origen de
la información del siglo XX. Los distintos países occidentales organizan la información
encargada a agencias nacionales de noticias, bajo las cuales todos los medios atienden a los
mismos temas. El nacimiento de estas agencias provocó algunos cambios en la información:
ubicuidad informativa, tendencia a la uniformidad y mayor objetividad (propias de la
información del siglo XX). Destacan, siguiendo el estilo de “La Flaca” de la Gloriosa, “La
Tramontana” y “El Motín”. A finales del XIX surge una clase de periódico que se caracteriza
por la abundancia de información (mejor, variada y más extensa, con noticias telegráficas y a
veces doble edición (mañana y noche)), variedad de secciones (sucesos, negocios, anuncios,
viajes, crítica…). Destacan “El Liberal” y “La Vanguardia”. El suplemento literario “Los Lunes del
Imparcial” publicó (1879-1906) obras de Zorrilla, Valera, Campoamor, Pardo Bazán o Rubén
Darío.
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14.1.1 Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de modernización. El
Regeneracionismo. Crisis y quiebra del sistema de la Restauración. La guerra de Marruecos.
El reinado de Alfonso XII fue decayendo, descomponiéndose sistema Canovista y con crisis
económica entre 1902 y 1923. Fue debido al apoyo del rey a los conservadores, las luchas
entre líderes de partidos que se alternaban, el debilitamiento del caciquismo que dio pie a
nuevos partidos, las luchas sociales que desestabilizaron la política, y los problemas militar,
clerical y movimientos nacionalistas. Comenzó con crisis permanente (mayo 1902-ene. 1907)
con alternancia de partidos y problemática social (huelgas, aumento del poder socialista),
radicalización de la cuestión religiosa que llevó a regular el matrimonio civil, y el problema
militar por el desastre del 98 y un ejército macrocéfalo y sin medios que pugnó con los
liberales. Tras la sucesión de gobiernos conservadores (Villaverde, Silvela, Maura) desde 1903,
con la llegada de los liberales en 1905 se dio una crisis política y militar en Barcelona tras la
victoria de la liga regionalista que llevó a incendiar imprentas y a la Ley de jurisdicciones (1906)
que aplicaba la justicia militar a los que delinquían contra el ejército. Republicanos,
nacionalistas y obreros se unieron contra ella y los nacionalistas catalanes fundaron
“Solidaridad Catalana”. La vuelta de los conservadores al poder inició una etapa
regeneracionista. El gobierno largo de Maura (ene. 1907-nov. 1909), que pactó con la liga de
Cambó llevando a una reforma política: un proyecto de ley de administración local para
combatir el caciquismo con las Mancomunidades. Hubo reformas económicas como la política
proteccionista con la ley de protección de la industria nacional o el plan de reconstrucción
naval. En el ámbito social se creó el Instituto Nacional de Previsión (1908), se reformó la ley
electoral, ley de terrorismo y huelga y reforma policial. Maura se enfrenta a la crisis de 1909
con la Semana Trágica de Barcelona (26-30 julio) que arrancó con las tensiones de años previos
en la ciudad con sentimiento anticlerical y antimilitarista, el autoritarismo de Maura y el
fracaso de la ley de administración local. Los detonantes fueron la crisis marroquí, los errores
del gobierno y la explosión popular. El conflicto de Marruecos (1909) hizo tomar a Maura
medidas erróneas, como movilizar reservistas. La explosión popular se dio en Madrid cuando
familiares de los alistados pararon los carruajes. El 26 de julio se convocó una huelga general
en Barcelona (solidaridad obrera) para unir organizaciones como UGT. Ese día llegan noticias
de un descalabro en Marruecos (Barranco del Lobo) con 1.200 víctimas y se declaró estado de
excepción y se extendió la huelga. El 27 es el fin del control de la situación y comienzan
atentados hasta el 30 de junio. Las consecuencias fueron muertos y heridos y edificios
arrasados y la represión gubernamental con la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia por ser
anarquista. La condena internacional de la ejecución hizo caer a Maura que llevó a los liberales
al poder. Tras el gobierno de Moret (nov. 1909-feb. 1910) llegó el gobierno liberal de
Canalejas (feb. 1910, 12 nov. 1912) que afrontó conflictos sociales y las consecuencias de la
Semana Trágica que llevó a crear la CNT. Hizo reformas sociales como reformas fiscales (nuevo
impuesto), la reforma de las quintas con servicio obligatorio en guerra, y la regulación de la
jornada nocturna de las mujeres y del contrato de aprendizaje. También hubo religiosas
pretendiendo separar Iglesia y Estado y permitiendo libertad de signos para otras religiones. La
Ley del Candado prohibió nuevas órdenes religiosas. En materia política se aprobó la Ley de
Mancomunidades (1912) pero Canalejas murió en el atentado de Pardinas. La cuestión
marroquí se agravó. Tras un breve periodo con Romanones sube al poder el gobierno
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conservador de Eduardo Dato (fin 1913-1917) que afrontó divisiones internas, y la
problemática de la Primera Guerra Mundial ante la que se declaró neutral debido a la política
aislacionista de siglo XIX, y al convencimiento de la propia debilidad. La guerra hizo adopte de
posiciones contrapuestas entre aliadófilos y germanófilos. Las consecuencias de la guerra
fueron: en economía, ésta se desarrolló gracias al aumento de exportaciones y crecimiento
industrial. En 1917 aparecen síntomas de crisis. En sociedad, aumento del paro, hubo inflación
e intereses industriales y terratenientes. Durante la guerra, de la acción política se basó en la
mentalidad y aprovechamiento económico. Sólo hubo un intento de modernización de
Santiago Alba con desarrollo de infraestructura. En 1917 España sufrió una crisis con
descontento social y político. En febrero Romanones cierra Cortes y la UGT convoca una
huelga general. El hundimiento de mercantes españoles por alemanes le hizo dimitir. Durante
el gobierno de García Prieto (1927) estalló la crisis. Al malestar del ejército se sumaron las
decisiones arbitrarias del gobierno, los intentos de reforma de la carrera militar y los bajos
salarios que dieron lugar a juntas de defensa y al manifiesto de las juntas (1 jun.) con
ultimátum al gobierno. El 8 junio, García Prieto dimite y entra Eduardo Dato que cedió a las
exigencias militares. El 25 junio un manifiesto pide un gobierno de concentración. Tras el cierre
de Cortes en febrero, la liga francesa convocó a los parlamentarios catalanes para formar una
Asamblea en Barcelona, para convocar una Asamblea Nacional (19 julio) para reformar la vida
política. El gobierno denuncia su ilegalidad pero fracasan. A la asamblea acudirán 70 diputados
y senadores. Se exigió un cambio de gobierno y la convocatoria de Cortes constituyentes para
estudiar reformas. La situación social llevó a la huelga general (10 agosto). El gobierno
respondió duramente, con tropas que provocaron muertos, heridos y la cadena perpetua de
Largo Caballero o Besteiro. Más tarde se dio amnistía. La crisis provocó la derrota del
movimiento obrero, el apoyo de las Juntas militares a la represión, el abandono de
reivindicaciones reformistas y la caída de gobierno. El nuevo (1918-1923), finalizó el turnismo
en medio del agravamiento de la crisis que llevó a una espiral de violencia con el sindicato libre
que llevó a la Ley de Fugas en 1921 para acabar con el terrorismo. Asesinaron a Dato. España
estaba en Marruecos desde finales del siglo XIX. Desde 1904, con el acuerdo franco-español,
España administrará el Rif. En 1906 la conferencia de Algeciras concedió un protectorado
corrupto a ambos países con periodo de tránsito. Los intereses españoles en la zona por la
minería hicieron mandar tropas para protegerlas. En julio 1909 las cabilas cercanas a Melilla
atacaron a los trabajadores iniciando una guerra. El desastre del Barranco del Lobo provocó la
Semana Trágica. Con Canalejas se agravó la cuestión cuando Francia decide, en 1911, ocupar
territorios como protectorado. España ocupó su zona y el 17 noviembre 1912 se firma un
nuevo acuerdo de reparto. Tras la primera guerra mundial el conflicto se recrudeció.
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14.1.2 La Dictadura de Primo de Rivera.
El golpe de Estado de Primo de Rivera se dio por diversas causas: las consecuencias del
desastre de Annual provocaron exigencias de venganza del ejército, y de responsabilidades por
la opinión pública. El auge del nacionalismo representado por la Lliga y el PNV que pidieron el
mantenimiento de las Mancomunidades. La Lliga se divide en 1921 surgiendo Acció Catalana.
La crisis política con divisiones en los partidos del turnismo, ascenso de los republicanos y
socialistas y nacimiento del PCE (1921) que provocó miedo a oligarquías y militares que
apostaron por un gobierno autoritario. La opinión pública contraria al régimen que considera
corrupto. Las críticas de la prensa al sistema perfilaron la necesidad de un hombre de hierro
para salvar la situación. La pasividad de Alfonso XIII ante el golpe. El ámbito internacional de
entreguerras con fascismo en Italia y los gobiernos autoritarios centroeuropeos, y Hitler que
fracasó un golpe de estado llevando al liderazgo del partido Nacionalsocialista alemán (oct.
1923). El golpe militar se fraguó en primavera y en junio del 23 se acuerda que Primo de Rivera
lo dirija como Capitán General de Cataluña. El 12 de septiembre se da la sublevación con
apoyo burgués y de la patronal catalana. El rey acaba apoyando al poder y encarga al golpista
el nuevo gobierno. La Dictadura de Primo de Rivera se inicia con el Directorio militar (sep. 23-
diciembre 25) con un manifiesto para regenerar el sistema corrupto y eliminar el caciquismo.
Adoptará medidas que llevaron a la dictadura militar que comienza con la declaración del
estado de guerra, la suspensión de garantías constitucionales (libertad de asociación, tiempo
de detención) y del sistema parlamentario y fin del poder legislativo. Logró el apoyo popular y
el silencio de la oposición. La labor política del Directorio quiso acabar con los partidos de la
Restauración y el régimen parlamentario sin alterar la base social. Se crea la Unión Patriótica,
nuevo partido para apoyar al régimen. Para reforzar el orden público se quiso extender un
modelo de cuerpo armado auxiliar que sólo cuajó en Cataluña. Se hizo una reforma de la
administración local con el Estatuto Municipal de 1924 que daba más autonomía económica a
municipios, pero fue recortada por el centralismo. Además no acabó con el caciquismo. La
labor económica pretendía aprovechar la prosperidad del momento construyendo
infraestructuras. En el ámbito social se creó un Consejo Nacional del Trabajo (1924). El
directorio tuvo una serie de problemas como la resolución del problema regionalista que
acabó en fracaso desde que Primo de Rivera lo identifica con separatismo, prohibiendo
símbolos catalanes (bandera, himno “Els Segadors”). Perdió apoyo de políticos catalanes. En
cuanto al orden público se empleó la represión contra movimiento obrero y manifestaciones y
protestas, usando además la censura de prensa. Primo de Rivera quería abandonar la guerra
de Marruecos disminuyendo efectivos en 1924 y dictando una amnistía. Los africanistas
reaccionaron contra él insubordinándose en una visita. La decisión de retirada hizo avanzar a
Abd-el-Krim penetrando en protectorado francés en 1925, llevando a una operación conjunta
de España y Francia en el desembarco de Alhucemas (8 sep. 1925) que rompió la zona
marroquí. A mediados de 1926 Abd-el-Krim se entregó a Francia, acabando la guerra. Aumentó
el prestigio de Primo de Rivera y se reconcilió con los africanistas además de obtener apoyos
de la oligarquía. El Directorio Civil (diciembre 25-ene 30) se propuso cambiar el directorio
militar por uno civil con un solo ministro militar. Se pretendió dar estructura institucional a la
dictadura creando una Asamblea Nacional Consultiva (1927) para elaborar una nueva
Constitución que se presentó en 1929 y que no reconocía la soberanía nacional ni la división de
poderes. Estableció una cámara única con la mitad de miembros nombrados por el rey. Esta
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Constitución no gustó a nadie. La labor política se centró en una política económica de
construcción de obras públicas que hizo crecer la deuda pública. Se mantuvo la estructura de
la propiedad y la producción. La política social del Ministerio de Trabajo dio lugar al Código del
Trabajo (1926) que regulaba contratos, tribunales de trabajo y accidentes. Se aprobó el
subsidio de familia (1926) y el seguro de maternidad (1929). Se crean la Organización
Corporativa del Trabajo (OCT) para regular problemas laborales, funcionó debido a la
estabilidad económica y al desgaste del sindicalismo obrero (1919-23). Desde 1927 se crean
movimientos de oposición a la dictadura como los partidos de turno, que exigieron elecciones,
los republicanos se movilizaron lentamente y sectores del ejército se opusieron a los ascensos
arbitrarios (Sanjuanada) y entre 1929 y 1930 muchos oficiales van contra Primo de Rivera. El
ambiente intelectual se opuso en mayoría y el movimiento obrero despertó. En 1922 la
dictadura afrontó una crisis, con rechazo a la Asamblea Nacional, intento de sublevación
militar (1929) tras disolver el arma de artillería; alborotos en marzo por la FUE; y desplome
financiero por el crack del 29 en Wall Street, que hizo caer a la peseta con inflación y crisis
financiera. El 27 de enero de 1930 Primo de Rivera dimite al retirarle el rey su confianza. El
camino hacia el hundimiento de la monarquía se inicia con el gobierno de Dámaso Berenguer
(30 enero 1930-14 febrero 1931) al que se oponen liberales y conservadores. Pretendió
restaurar la Constitución, separar al rey de la responsabilidad de apoyar la dictadura, llevar a
cabo una política económica para equilibrar el presupuesto. Ante el fracaso político y
económico de Berenguer aumentaron las fuerzas republicanas, los nacionalistas presionaron
buscando más autonomía, el movimiento obrero y parte del ejército apoyan la República. La
crisis final comienza en agosto de 1930 con el Pacto de San Sebastián creándose un comité
revolucionario para preparar la República y que pretendió contactar con el ejército y líderes
obreros, organizar el levantamiento y formar gobierno provisional. El levantamiento del 15 de
diciembre fracasó porque el 12 se adelantaron en Jaca, llevando a la detención de gran parte
del Comité revolucionario. El 15 se da el levantamiento en Cuatro Vientos, que fracasó. La
opinión pública y la FUE llevaron a Berenguer a dimitir el 14 de febrero de 1931. El nuevo
gobierno del almirante Aznar (14 febrero-12 abril 1931) fue de transición. Se convocarán
elecciones municipales, se concedió libertad a los sublevados y al comité revolucionario. Las
elecciones del 12 de abril llevaron a la caída de la monarquía y a la proclamación el 14 de abril
de 1931 de la II República
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14.2.1 La Segunda República: la Constitución de 1931 y el bienio reformista
Tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 el gobierno provisional de Alcalá
Zamora se enfrentará a problemas nacionales y abordará en mayo la reforma del sistema
electoral. El 28 de junio se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con victoria
republicano-socialista. Tras la constitución de Cortes del 14 de julio, el 28 ratificaron el
gobierno. Se inició la creación de un proyecto constitucional que tras tres meses da la nueva
Constitución de 1931 (9 diciembre) que quiso reflejar los avances político-jurídicos. El texto se
preocupó por ampliar los derechos ciudadanos, un régimen parlamentario equilibrado, la
solución del problema regional compatibilizando la República con la autonomía de regiones
con España como Estado integral, pero prohibiendo la federación de regiones. Las
competencias, se distribuyeron favorablemente para el Estado. La soberanía nacional se llamó
soberanía popular por respeto a Cataluña y se definió el régimen como “República
democrática de los trabajadores de toda clase”. El título preliminar de la Constitución reflejaba
la igualdad ciudadana ante la ley, la separación de Iglesia-Estado, el castellano como lengua
oficial y la renuncia a la guerra. En el título III se recogen los derechos y deberes españoles
clasificados en individuales y políticos (elección de residencia, libertad de asociación, sufragio
universal). Se reconocieron derechos relativos a la familia (divorcio, libertad conyugal) a la
economía, con el trabajo como obligación social y posibilidad de socializar mediante
producción; y a la cultura que se debía extender a toda la población. El título IV establecía las
Cortes como representante principal del pueblo, con amplias competencias legislativas. El
título V se refiere al Presidente de la República con mandato de 6 años y competencias
ejecutivas como nombrar al Presidente del gobierno y los ministros. Tendrá funciones
representativas pudiendo expedir decretos y normas y promulgar leyes, y derecho de veto.
Podía convocar Cortes extraordinarias, suspender sesiones y disolver las Cortes aunque éstas
le podrían destituir a la segunda disolución. En casos excepcionales tendrá amplias facultades.
El título VI se refiere al gobierno como poder ejecutivo con regulación basada en la iniciativa
legislativa. El título VII se refiere al poder Judicial garantizando su autonomía y creando el
Tribunal de Garantías Constitucionales para juzgar la constitucionalidad de las leyes. El
Presidente del Tribunal Constitucional lo designaba el Parlamento. Hubo un título para
Hacienda y otro para la defensa y reforma de la Constitución. Así se inició el bienio progresista
(15 dic. 1931-nov. 1933) (o reformista) siendo Alcalá Zamora Presidente y Azaña jefe de
gobierno. Tuvo que afrontar una economía estancada insuficiente para modernizar el país. En
la labor política se hizo una reforma agraria con legislación agraria de Largo Caballero que
obligaba a contratar jornaleros del término municipal, creaba jurados para conflictos y
establecía sueldo mínimo y jornada de ocho horas. Desde mayo se hizo un proyecto para
asentar campesinos en latifundios. La oligarquía apoyada en ANPA se opuso y la CNT y el PCE
estaban a favor. Marcelino Domingo aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria (19 sep.
1932) que establecía zonas afectadas y criterios de expropiación, creando un Instituto de
Reforma Agraria para ello. Los patronos y partidos de derecha la rechazaron y obreros y
sindicatos la veían tibia. La aplicación de la ley fue un fracaso por la lentitud de aplicación y la
falta de presupuesto. En reforma laboral, Largo Caballero aprobó la Ley de contratos de
trabajo con un proyecto de Ley de intervención obrera en las empresas, la Ley de jurados
mixtos y la de asociaciones profesionales. Se creó un cuerpo de inspectores de trabajo. La
patronal se opuso a todo. La reforma educativa la hizo Marcelino Domingo quien aprobó la ley
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de construcciones escolares (construcción de escuelas, plazas de maestros) y creó el Patronato
de Misiones Pedagógicas para extender la enseñanza a adultos. De esto y la política anticlerical
derivó la cuestión religiosa con enfrentamientos en enseñanza y abandono de financiación. La
radicalización llevó a la quema de conventos (11-12mayo 1931) con monárquicos enfrentados
a republicanos. El 11 se declaró el Estado de Guerra pero el gobierno no pudo impedir la
guerra. Fernando de los Ríos continuó las reformas con un modelo de escuela única, pública,
obligatoria, gratuita y mixta. Creó la Ley de Instrucción pública que no se aprobó. Se aplicaron
medidas conflictivas que llevaron al enfrentamiento de la derecha y de la Iglesia. La reforma
militar la abordó Azaña (ministro de guerra) queriendo modernizar las Fuerzas Armadas
exigiéndolas fidelidad a la República e intentó reducir los altos cargos, quitando el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y la Academia de Zaragoza, y unificar escalafones y suprimir
ascensos irregulares. Los jefes y oficiales se opusieron. Azaña ratificó las medidas provisionales
en el bienio suprimiendo tribunales de honor y ley de jurisdicciones. Recortó el presupuesto de
defensa y las plantillas e intentó mejorar la capacidad técnica (fracasó). El bienio reformista
tuvo problemas debidos a acontecimientos políticos (represiones), a la identificación de la
república con transformación social y a la posición intransigente de propietarios frente a las
reformas. Hubo acontecimientos como los enfrentamientos de enero de 1932 entre jornaleros
y mineros anarquistas, la Guardia Civil y el ejército. Se depuso al Director de la Guardia Civil, y
se deportaron anarquistas, provocando la radicalización de la CNT y el PCE mientras la derecha
se reestructura en el nuevo partido Acción Popular (Gil robles) y aparecieron las JONS (Ramiro
Ledesma). El 10 de agosto de 1932 se produjo la Sanjurjada, el golpe de estado de Sanjurjo que
se dio en medio de la expulsión de los jesuitas y el Estatuto Catalán. Su objetivo era establecer
una República de derechas pero fracasó en Madrid. Como consecuencia se aprobó la ley de
reforma agraria y el Estatuto Catalán (9 sep. 1932). Otro acontecimiento fueron los sucesos de
Casas Viejas (enero 1933) con levantamiento de campesinos organizados por la CNT que llevó
a la ejecución de 12 vecinos por la Guardia Civil. Se dio un escándalo que desprestigió al
gobierno y se formó una comisión de investigación y justicia. Azaña se sometió al voto de
confianza. Con la Ley de Congregaciones religiosas el Estado controló las congregaciones
haciendo públicas iglesias y conventos y prohibiendo la enseñanza clerical. Los obispos se
niegan a cerrar colegios. Como consecuencia la izquierda se radicalizó y la derecha consolida su
presencia ya que en febrero nació “Renovación Española” y se fundó la CEDA dirigida por Gil
Robles. En febrero de 1934 José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española que usó la
violencia. La crisis del bienio reformista se inició en verano del 33 en medio del aumento del
paro y tensiones sociales. En septiembre son derrotados los candidatos al Tribunal de
Garantías Constitucionales y el 8 Alcalá Zamora consulta para formar nuevo gobierno que se
formó en octubre convocando nuevas elecciones que ganó el centro-derecha, debido a
candidaturas conjuntas, la división de la izquierda, el voto femenino de derechas y la
abstención de obreros. Hubo una insurrección de la CNT en Aragón, La Rioja y pueblos del sur.
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14.2.2 La Segunda República: el bienio radical-cedista. La revolución de 1934. Las elecciones
de 1936 y el Frente Popular
En el Bienio radical cedista (dic. 1933-feb. 1936) comienza un nuevo gobierno radical (16 dic.
33-oct.34) con Lerroux como jefe de gobierno. Su labor política fue un programa de
rectificación del bienio anterior, apoyado por la CEDA. Se dio entre crisis ministeriales. Se
inició con la ley de amnistía para los participantes en la Sanjurjada (10 agosto 32). Parálisis de
la reforma agraria: se detiene la entrega de tierras, libre contratación y salarios, expulsión de
yunteros, recuperando todo su poder los caciques y propietarios. Se detiene la reforma militar
y la reforma educativa (no a la secularización de la enseñanza, a la enseñanza mixta y se
reconocen derechos pasivos al clero). La cuestión nacionalista se paralizará y hay un proyecto
de Estatuto Vasco (PNV). Habrá conflictos con Cataluña por la ley de conversión de
propietarios en arrendatarios, declarada anticonstitucional. Companys (1 ene. 34) la volverá a
votar. La polarización política se acentuará en 1934 en la derecha por la violencia de la
Falange y de las JONS y la CEDA con sus JAP y en la izquierda naciendo Izquierda Republicana
(fusión del PRRS, Acción Republicana, ORGA e intelectuales) y la izquierda obrera se radicaliza
y el PSOE y el PCE planearán la revolución. La CNT se mantiene al margen. Los nacionalistas
(Ezquerra) entrarán en la Alianza Obrera Catalana. Problemática del bienio radical cedista:
tras el fracaso de la UGT en la revolución campesina (5 junio 34) la situación se irá haciendo
explosiva, y la izquierda prepara una insurrección ante la posible entrada de la CEDA en el
gobierno. El 1 octubre 1934 entran en el gobierno 3 ministros de la CEDA. El 4 de octubre los
socialistas promoverán una huelga general. En Asturias la revolución socialista toma el poder
y la insurrección controlará la provincia con obreros en armas, conquistando la capital. En
Madrid el movimiento fracasará, con el acuartelamiento de las tropas (4 oct.) el 8 apresan a
los dirigentes socialistas y comunistas. En Cataluña Companys se suma a la revolución para,
tras bombardear a la Generalidad (General Batet), conseguir la rendición del gobierno catalán.
La revolución sólo cuajó en Asturias por ser poco contundente y el 12 será controlada en el
resto de España. El General Franco obtuvo poderes para enfrentarse a la revolución en
Asturias, utilizando la legión del General López Ochoa, desembarcando el 19 de octubre y
recuperándola tras una feroz resistencia. Las consecuencias de esta revolución supusieron más
de mil muertos y el doble de heridos (algunos fusilamientos sin juicio), 13.000 detenciones
(Companys y Azaña) y principales líderes socialistas. La crisis del bienio se producirá tras esta
revolución: se darán posturas opuestas ante las represalias (opinión pública y Alcalá Zamora a
favor del indulto para el líder socialista de Asturias y condenas a muerte. La CEDA y partidos de
derechas estaban en contra). Lerroux firmaría los indultos (finales marzo 1935) y la CEDA
abandonará el gobierno. Política del gobierno como continuación del programa de
rectificación: suspensión del Estatuto de Cataluña, nueva ley de Reforma Agraria, nueva ley de
arrendamientos (los arrendatarios no pueden acceder a la propiedad) no renovación de la ley
de yunteros, política de nombramientos sospechosos de Gil Robles, eligiendo militares
proclives al golpe militar. Durante 1935 hubo una crisis continua (radicales, rehenes de la
CEDA, Alcalá Zamora crítico frente al gobierno alejado de la Constitución, implicación de
Chapaprieta (jefe de gobierno) en un escándalo de estraperlo) que acabará con Lerroux y los
radicales y a finales de diciembre el nuevo gobierno de Portela Valladares disuelve las Cortes y
convoca elecciones para el 16 de febrero de 1936. Durante 1935 y principios del 36 el centro
desaparecerá, quedando solamente las derechas y las izquierdas. La derecha antirrepublicana
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se unirá en enero del 36 en el Bloque Nacional, ya formado por sectores monárquicos y
oligárquicos, con apoyo de intelectuales conservadores. Defendía un Estado autoritario similar
al fascismo, antidemócrata y era la última alternativa a la CEDA. Su programa electoral fue
poco sólido y en contra de la revolución identificada con el triunfo del marxismo. La Falange y
el PNV se mantuvieron aparte. La izquierda burguesa y obrera se constituye en Frente
Popular, cuyo objetivo era la disolución de las Cortes y nuevas elecciones para salvar la
República. Azaña se perfila como líder tras salir de la cárcel. El 15 enero 1936 se establece el
Pacto del Frente Popular (vuelta a la legislación reformista, decreto de amnistía, garantías
constitucionales…). El frente popular aglutinó a la Izquierda y Unión Republicana, el PSOE, el
PCE y el POUM, sindicatos comunistas y la UGT. Durante la campaña electoral, pese al clima de
enfrentamiento, votó el 72% del censo (16 febrero 1936), ganando el Frente Popular, debido a
la unión de la izquierda y la desunión de las derechas, y Manuel Azaña asume el gobierno. Su
programa fue: amnistía, vuelta de funcionarios expulsados, restablecimiento del Estatuto
Catalán, reforma agraria (ocupación de fincas, devolución de tierras (decreto del 20 de marzo
de autorización a la IRA), restablecimiento de la Ley de Bases de la Reforma Agraria). La
problemática del gobierno de Azaña tuvo que ver con la pérdida de control del orden público,
debido a la provocación de la derecha. El 7 de abril se disuelven y constituyen nuevas Cortes,
destituyendo a Alcalá Zamora (2ª disolución), y nombrando a Azaña como Presidente de la
República, acordando con Indalecio Prieto la asunción de la jefatura de gobierno, que no
consiguió formar debido a las divisiones internas, que llevaron al triunfo de Largo Caballero
por la radicalización y el empuje de la CNT. Surgirá un nuevo gobierno de Casares Quiroga con
miembros de Izquierda y Unión Republicana, que restablece la legislación progresista del
primer bienio y tramita estatutos gallego y vasco en el Parlamento. Hubo que afrontar luchas
callejeras, enfrentamientos falangistas en universidad, asesinatos, atentados y otros que
llevarían a un debate parlamentario (16 de junio) acusando al gobierno de irresponsabilidad.
Calvo Sotelo amenaza con un golpe que tras su asesinato se fue preparando: los antecedentes
vienen desde la revolución de octubre del 34, con los acercamientos entre militares
antirrepublicanos y líderes de la derecha. En diciembre 1934 los contactos entre Fanjul y
Valera y Gil Robles, reiterados el 11 diciembre 1935 para el golpe. Creyendo una inminente
revolución socialista se iniciarán contactos entre líderes de la derecha, representantes de la
oligarquía económica y militares antirrepublicanos, organizando un golpe que el 12 de julio,
tras el asesinato del Teniente Castillo y la respuesta de sus compañeros, asesinando a Calvo
Sotelo, ya estaba muy preparado. El 17 de julio del 36 se inició la rebelión en Melilla,
iniciándose dos días después la Guerra Civil.
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14.3.1 La Guerra Civil: La sublevación militar y el estallido de la guerra. El desarrollo del
conflicto: etapas y evolución de las dos zonas.
La sublevación se inició con el levantamiento de Melilla (17 jul.). Franco voló a Tetuán y el 19
se pone al mando del ejército de África. El 18 se subleva Queipo de Llano en Sevilla. El golpe
triunfó en Andalucía, Cáceres y Castilla y León. El gobierno respondió tarde y Quiroga dimite.
Azaña encargó un nuevo gobierno y negoció con Mola (18) que no aceptó y se sumó a la
sublevación en Pamplona (19 jul.) mientras Aranda controla Oviedo. Se inició la marcha al
norte, cayendo Zaragoza y Teruel. En Barcelona, guardias de asalto y civiles se enfrentaron a
insurrectos de Goded que se rindió. Fanjul fue derrotado el 20 en el Cuartel de la Montaña
(Madrid). 29 capitales sublevadas y 21 republicanas (21 jul.). La República dominaba regiones
industriales y reservas de alimento y oro. Los rebeldes tenían carbón, cereal y ganado. La
República tenía la mitad de unidades terrestres, la flota y la aviación. Los rebeldes la otra
mitad de los terrestres y algún buque. La guerra se desarrolló en tres frentes: la Sierra
madrileña para tomar la capital. El frente andaluz y el de Aragón se alteraron. Las tropas
africanistas (con ayuda de aviación alemana) cruzan el estrecho (5 ago. 36). Yagüe se lanza
sobre Badajoz enlazando las zonas sublevadas. Mola conquista (sept.-oct. 36) en el norte Irún
(4 sep.) y San Sebastián (13 sep.). Cae Ronda. En la marcha hacia Madrid, Yagüe toma Talavera
y Maqueda. Franco pospone el avance. Varela toma Toledo (27 sep.). La toma de Madrid se
organiza. Varela alcanza Illescas (18 oct.). En la batalla de Madrid (nov. 36-mar. 37) caen Pinto
y Móstoles (2 nov.). La República preparó la defensa con brigadas mixtas, con tanques rusos
trasladando el oro y al Presidente. El 7 nov. se reforzó la defensa (plan enemigo). Llegaron las
brigadas internacionales, los aviones soviéticos y los junkers. El 16 de nov. los nacionales pasan
el Manzanares. Durante los bombardeos, Franco desiste el ataque frontal e intenta cercar
Madrid desde el noroeste (3 nov-15 enero 1937) y desde el norte (feb. 37) con la batalla del
Jarama. Las tropas italianas llegaron a Brihuega desde Guadalajara, fracasando el 10 de marzo
obligándolas a aceptar la dirección de Franco quien abandonó la toma de Madrid. En el frente
norte (mar.-oct. 1937) se inició la campaña de Vizcaya con la Legión Cóndor bombardeando
cerca de Bilbao destruyendo Guernica (26 abr.). Aguirre pidió ayuda aérea que fue imposible.
Muere Mola (3 jun.), pero los nacionales entran en Bilbao (19 jun.). Los republicanos iniciaron
una ofensiva en Brunete (5 jul. 37) con Vicente Rojo avanzando 15 km (recuperados, Varela 18
jul.). La ofensiva contra Santander (14-16 ago. 1937) se inicia con la caída de Reinosa (15) y de
Santander (26). Los republicanos intentaron romper el frente del Zaragoza y los nacionales
arrasaron Belchite (3 sep.). La ofensiva de Asturias (1 sep.-21 oct. 1937) tuvo gran resistencia y
caerá Gijón (21). En el frente de Aragón (15 dic.-nov. 38) los republicanos toman Teruel (8
ene.), recuperándolo los nacionales (25 feb.). La ofensiva general de Aragón (9 mar. 38) por los
nacionales llevó a la toma de Belchite, Alcáñiz, Montalbán, Fraga y Lérida. Alfonso Vega llega al
Mediterráneo (15 mar.). La batalla del Ebro (24 jul.-15 nov. 38) fue un ataque republicano,
conquistando 30 km. Los nacionales les hicieron retirarse (28 oct.-15 nov.). Se dio la ofensiva
Cataluña (23 dic.-5feb. 38) con avance franquista, cayendo Barcelona (26 ene. 39) y Gerona (5
feb.), rindiéndose el gobierno. El 29 mar. entran tropas en Madrid. El 30 de marzo se firma el
último parte de guerra. Evolución política: En zona republicana el gobierno de Giral (18 jul.-5
sep. 36) incapaz llevó a asesinatos en zonas rurales a terratenientes y otros, y en la ciudad a
religiosos, militares y patronos o gente de derechas. Hubo repulsa ante ejecuciones y se
ejecutó a asesinos. Madrid admitió el derecho de aislamiento en embajadas. Giral tomó
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medidas revolucionarias en las ciudades, controladas por sindicatos. En el campo se incautaron
bienes de la iglesia. En las zonas republicanas, comunistas o socialistas moderadas, se socializó
la tierra y producción. En las anarquistas, trotskistas y socialistas radicales se dieron comunas.
El gobierno de unidad de L. Caballero (5 sep.) quiso recuperar el control económico. En
noviembre subieron al poder cuatro anarquistas mientras Madrid era asediado, surgiendo
tensiones por dos modelos revolucionarios: los anarquistas y POUM que querían colectivizar
tierra y fábricas, y los socialistas y republicanos y PCE, que querían controlar la producción.
Esto que llevó a la insurrección de Barcelona (3-7 mayo 1937), que exigió la disolución de
POUM y la negativa hizo dimitir a L. Caballero. El nuevo gobierno de Negrín (mayo 37-fin) se
alineó con tesis comunistas. Pretendía reforzar el ejército, controlar la economía
centralizándola, regulando producción agrícola, se compró armamento y se buscó apoyo
internacional. La llegada de los nacionales al Mediterráneo hizo cesar a Indalecio Prieto. Negrín
se opuso a negociaciones y en otoño del 38 la claudicación hizo negociar la rendición tras la
caída de Barcelona. Rechazada, el golpe de estado de Casado y Besteiro (5 mar.) acaba con la
resistencia a ultranza y con Negrín. Los nacionales impusieron la rendición incondicional y el 28
mar. 1939 entraron unidades franquistas en Madrid y el 30 Franco firma el último parte de
guerra “Burgos, 1 abr. 1939, Año de la Victoria”. En el bando nacional no hubo poder
organizado. Tras la muerte de Sanjurjo se creó el 24 jul. la Junta de Defensa Nacional en
Burgos (Cabanellas). El 1 octubre, Franco se convierte en jefe del gobierno del Estado
español. Se creó una Junta Técnica de Estado con militares. Hubo medidas como restablecer la
bandera roja y gualda o medidas de ley marcial y censura de prensa. Se disolvieron sindicatos y
partidos salvo la Falange. Hubo medidas de propaganda (el otro bando=antiespañol). Se
buscaron apoyos de financieros y se canceló la Reforma Agraria. Se creó una Junta del Banco
de España. R. Serrano Súñer definió al régimen. En abril del 37 se creó el partido único FET y de
las JONS (decreto de unificación). El caudillo ejercía con una Junta Política y un Consejo
Nacional. Se creó la ley de administración central del Estado (1938), la ley de prensa y el auxilio
social. Surgió el nacionalcatolicismo derogando leyes contrarias a la Iglesia, financiándola y
declarando la confesionabilidad católica. La ley de responsabilidades políticas (feb. 1939)
declaró rebeldes a los no-golpistas. La represión fue institucional, sustentada en el terror como
instrumento político (fusilamientos, bombardeos) y siguió hasta 1947-49. La República fracasó
militarmente por el desequilibrio militar por la ausencia de oficiales. La reorganización llegó
tarde. La resistencia la hizo un ejército inexperto. Francia no pudo apoyar por el Acuerdo de
No Intervención. Mientras, Alemania e Italia apoyaban a los nacionales con hombres y aviones.
La ayuda de la URSS llegó tarde. L. Caballero usó las reservas de oro para comprar armamento.
Las brigadas internacionales ayudaron con 40.000 hombres hasta 1938. La guerra acabó con
cuantiosas pérdidas humanas y el exilio de la élite cultural. Se perderán infraestructuras y
hubo endeudamiento. El efecto moral fue un trauma por el sufrimiento y el clima de revancha.
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14.3.2. La guerra civil: la dimensión política e internacional del conflicto. Las consecuencias
de la guerra.
La guerra civil española adquirirá trascendencia internacional en medio de una división entre
los estados fascistas, la revolucionaria URSS y las democracias en declive. La opinión pública
progresista y el movimiento obrero internacional se decantaron por la República identificada
con la defensa de la democracia. Los grupos conservadores apoyaron a los sublevados por el
peligro de que la República derivara en un régimen comunista. Se creó el “Comité
Internacional de no intervención” propuesto por Gran Bretaña para evitar una guerra europea
al intervenir en España. Francia se inhibió no entregando armas a los republicanos. 17 países
(Francia, Inglaterra, Italia…) se comprometieron firmando el acuerdo que suponía la
neutralidad y el rechazo a cualquier ayuda con recursos o armas a cualquier bando. El
incumplimiento de Alemania e Italia y el cumplimiento de gran Bretaña y Francia abandonaron
la República a su suerte, que fue apoyada después por la URSS hasta 1938 para evitar victorias
fascistas en el Mediterráneo. La debilidad de las democracias europeas frente a los fascismos
se evidenció tras la transgresión del acuerdo de no intervención y la firma del Pacto de
Múnich, con el que Alemania se anexionó parte de Checoslovaquia. También había miedo a la
extensión de la revolución y el comunismo en las democracias europeas y el temor a la
amenaza fascista. EE.UU. proclamó su neutralidad prohibiendo el apoyo a la guerra, pero
permitió el suministro de combustible a los nacionales a través de Portugal por el Texaco. La
superioridad militar y la ayuda militar y económica a los sublevados fueron constantes. Franco
y Mola consiguieron el apoyo de Italia con Mussolini que envió 70.000 hombres, aviones,
carros de combate y munición, mientras la Alemania nazi facilitó el traslado de tropas de áfrica
a la península aportando bienes como la Legión Cóndor, unidad de una élite de la Luftwaffe,
hombres, carros de combate y técnicos y asesores militares. Los sublevados obtuvieron
colaboración de Portugal para la llegada de suministros y la concesión de créditos por otros
países. En la República la ayuda de la URSS llegó tarde y fue por el temor soviético a la
expansión fascista. Largo Caballero usó las reservas de oro del banco de España para comprar
carros y aviones. La ayuda fue dispersa y con dificultad para llegar a la zona republicana. Las
Brigadas Internacionales ayudaron desde octubre de 1936, con 40.000 brigadistas que no
estuvieron simultáneamente en combate. El papel del Komintern en su reclutamiento no
supuso que en todas fueran comunistas ya que muchos eran simpatizantes de la causa
republicana y tuvo hasta intelectuales y jóvenes románticos que se enrolaron. Fueron una
ayuda importante en la defensa de Madrid y las batallas de 1937 hasta la caída de Teruel. A
finales del 38 Negrín las retira bajo las presiones del Comité de no intervención. El banco
internacional contó con apoyo italiano hasta el final de la guerra. Las consecuencias de la
guerra civil fueron terroríficas, con enormes pérdidas humanas estimadas en medio millón de
muertes por la guerra, a lo que habría que añadir las muertes indirectas por la represión de
posguerra, el hambre, el descenso de la natalidad y el aumento de la mortalidad. Hubo medio
millón de exiliados que alejaron de España a científicos, ingenieros, catedráticos, escritores,
artistas y en General a la élite cultural, dejando a España en un desierto cultural y científico
siendo una causa del retraso cultural y de desarrollo de España. El exilio comenzó desde el
inicio de la guerra destacando la salida de los hijos de familias republicanas (niños de la guerra)
cuyas familias buscaban su supervivencia. La salida masiva se desató tras el inicio de la
campaña de Cataluña a comienzos del 39 que llevó a soldados y civiles a cruzar la frontera. En
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las semanas finales los puertos levantinos fueron escenario de la huída de los que tenían
represalias del enemigo. En muchos casos acabaron capturados. El exilio supuso un enorme
desgarro para muchos españoles y una herida que no terminó de cicatrizar ni para los que
volvieron durante la dictadura. Las pérdidas económicas provocaron la destrucción de
infraestructuras, el endeudamiento, la pérdida de reservas del Banco de España y la caída de la
producción que no se recuperó hasta 1980. Esto hizo volver a una economía básicamente
agraria. Muchas ciudades fueron arrasadas y desaparecieron parte de las redes terrestres y del
parque automovilístico. La deuda contraída por la guerra de 300.000 millones de pesetas llevó
al hundimiento de la renta nacional y al hambre en la posguerra (cartillas de racionamiento).
La economía fue controlada por la oligarquía tradicional y se perdieron los derechos de los
trabajadores. El efecto moral se tradujo en un trauma por el sufrimiento de años de guerra y
por el clima de revancha aquí represión posterior.
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15.1 La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Evolución
política y coyuntura exterior. Del aislamiento al reconocimiento internacional. El exilio.
(Hasta el gobierno del 25 de febrero de 1957)
El franquismo (1 abr. 1939-20 nov. 1975) se desarrolla después de la guerra civil y la caída de la
República. Este régimen se apoyó en ideologías como el fascismo, defendiendo así un
antiparlamentarismo. Establece un partido único, exaltando la figura del líder (Generalísimo) y
utilizando la propaganda y la represión para controlar las masas. Se militarizó la vida cotidiana
y se exaltó la patria (bandera, himno nacional, exaltación del cuerpo). El miedo a una
revolución marxista tímida al régimen de anticomunismo. El catolicismo se identificó con la
dictadura (nacionalcatolicismo). El carlismo aportó la idea de unidad de la patria. La dictadura
franquista se apoyó en las denominadas familias del régimen (Falange, Ejército, católicos,
monárquicos). Apoyarán al franquismo la oligarquía terrateniente y financiera, los nuevos
grupos enriquecidos durante la guerra y posguerra, las clases medias rurales del norte y ambas
Castillas y la clase media urbana. Se opusieron jornaleros, proletariado y republicanos, en
silencio ante la represión. La década de los 40 (1939-1950) se identificó con la autarquía
económica, la ruralización, el apoyo a las potencias fascistas del eje (II Guerra Mundial) y el
consiguiente aislamiento internacional hasta 1948 (guerra fría, alianza anticomunista). En la
política interior, por decreto (8 ago.) se reestructura la Administración Central del Estado, con
el poder legislativo en manos de Franco, permitiéndole desarrollar una función constituyente
que derivó en una estructura política apoyada en 7 leyes orgánicas. Las cinco primeras
fueron: El Fuero del Trabajo (1938), con un sindicalismo vertical y corporativo de falange; la ley
Constitutiva de las Cortes (1942), que establecía unas Cortes con sufragio indirecto y por
elección directa de Franco, no recogía la soberanía nacional y su función se limitó a aprobar
borradores de leyes. El Fuero de los Españoles (1945) recogía los derechos y deberes del
ciudadano, de corte tradicionalista y católico. La ley de Referéndum Nacional (1945), que
suponía la posibilidad de convocar un plebiscito por el jefe de Estado para la aprobación
directa de una ley por el pueblo. Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado (1946). Durante los
inicios de la posguerra el peso de la Falange se notará por la influencia de Franco, Serrano
Súñer y un tercio de los altos cargos por falangistas. Posteriormente, enfrentamientos entre
falangistas y carlistas y las primeras derrotas del Eje determinarán el cambio de parte de estos
falangistas por grupos católicos. En política exterior, se firma el acuerdo de asociación al Eje
Berlín-Roma (1939), comenzando la II Guerra Mundial (sep.), pero ante la marcha favorable de
la guerra para Hitler, Franco abandonará su po sición de neutralidad a una p o sició n
de “ no
beligerancia” (junio 1940). Tras invadir Francia, Franco se entrevista con Hitler en
Hendaya (octubre 1940), ofreciendo al alemán la división Azul (1941) para apoyar la ofensiva
contra la URSS, y en oct. 1943 abando nó la “ no beligerancia” , volviendo a la neutralidad.
Al acabar la guerra se comienza una política de bloqueo al régimen económico y diplomático,
sólo aliviado por el petróleo americano y el trigo argentino. Cuando Don Juan de
Borbón pública al Manifiesto de Lausana (1945) se enrarecen las relaciones con los
monárquicos. La guerra fría (1948) determinará un cambio de actitud, disminuyendo la
presión diplomática y levantando las restricciones comerciales con el régimen. En
economía de posguerra, se da el racionamiento para paliar el hambre, el estraperlo y
corrupción. La política económica será autárquica (autosuficiencia). Fue un sistema
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intervencionista. Se crea el Instituto Nacional de Industria (1941). Los resultados de esta
autarquía fueron nefastos y España, soportando una
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deuda pública, sufre una regresión económica. El aislamiento de España sólo agravó la
situación. La década de los 50 (1950-1959). En política exterior comenzará las negociaciones
con EE.UU. y el Vaticano (1950). Fue decisivo el acuerdo con EE.UU. (sep.1953): el acuerdo
militar suponía el establecimiento de bases americanas en territorio español por diez años,
instalaciones de radar y seguimiento, controladas por norteamericanos. En contraprestación
se llega a un acuerdo económico (1.118 mill. $ de ayuda). Se firmará un Concordato entre el
Vaticano y España que supuso un nuevo respaldo, reafirmando la alianza entre iglesia y
franquismo. Se reconocerá la independencia de Marruecos, descolonizando el Protectorado
(1956). En política interior, los primeros años serían estables. En 1956 comenzará una tímida
apertura cultural e ideológica impulsada por Joaquín Ruiz Jiménez (ministro de Educación).
Esto dará pie a una crisis política concretada en los incidentes de febrero de 1956 en la
Universidad, entre estudiantes antifranquistas y miembros del SEU. Las repercusiones de ello
fue la destitución de Ruiz Jiménez y la ofensiva falangista contra los católicos. Franco
determinará una remodelación del gobierno (25 febrero 1957), sacando a ministros radicales
del falangismo y algún católico, y entrarán dos ministros del Opus Dei en los ministerios
económicos, apoyados por Carrero Blanco. Se aprobará la sexta ley orgánica: ley de Principios
del Movimiento Nacional (1958), pretendiendo contentar a todas las familias del régimen. La
crisis mostró una nueva oposición. Extinguida la oposición republicana, el PSOE se mantenía
dividido (un sector defendía el alejamiento de la UGT de los sindicatos verticales) y el
movimiento sindical clandestino se dio mediante asociaciones católicas de base. El PCE
renovaría en 1956, con dirigentes como Claudín o Carrillo. En economía, ante el fracaso de la
autarquía se dio una política económica liberal (liberalización de precios, comercio y
productos). El peso del sector agrario se cambiará por el del sector industrial. La situación
social de las dos primeras décadas del franquismo estuvo marcada por la pobreza, la
ruralización, empobrecimiento general y dura represión contra los prisioneros republicanos y
los maquis. Se extendieron los campos de concentración y los tribunales juzgaron,
sentenciaron y ordenaron ejecuciones bajo la ley de Responsabilidades Políticas. Se generaliza
el clima de terror y sólo la vieja oligarquía y las elites franquistas se enriquecieron gracias a la
corrupción. La recuperación desde 1954 dio paso a un aumento del proletariado y una clase
media más amplia protagonista de huelgas y protestas desde 1955.
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15.2 La consolidación del régimen. Las transformaciones económicas: de la autarquía al
desarrollismo. Los cambios sociales. (Hasta el gobierno de 29 de octubre de 1969)
En la política interior de la década de los 60 (1960-1970) la crisis del 57 convence a Franco de
la necesidad de un cambio económico, llevado a cabo por el gobierno de los tecnócratas del
Opus Dei. La reforma económica (con reticencias de Carrero y de Franco) se planteó lograr un
fuerte crecimiento, mediante una rápida industrialización y conexiones con la economía
internacional. El Plan de Estabilización de 1959 se concreta en el Decreto-Ley de Nueva
Ordenación Económica, (financiación por el FMI y el Banco Mundial): se buscó liberalizar la
economía (recorte del gasto público, apertura). Se redujeron organismos burocráticos y se sube
el precio de los servicios públicos. Aumentaron los tipos de interés, restringieron los créditos
bancarios, se devaluó la peseta. Aún así se produjo un fuerte parón económico (1959-1960),
reflejado en la caída de precios y del consumo, y que a partir de 1961 mejorará. La expansión
industrial se logra un gracias a los bajos salarios y la inversión extranjera, y la economía
española pasó a depender del exterior. La industrialización creó movimientos migratorios a las
ciudades, lo que provocó el alza de salarios en el campo e impulsó la necesidad de
mecanización de la agricultura. La modernización agrícola llegó asociada a este
despoblamiento del interior. El déficit de la balanza de pagos se cubrió gracias al turismo, las
inversiones extranjeras a largo plazo, y en definitiva las divisas extranjeras añadidas. Los
Planes de Desarrollo del 63 pretendían una serie de objetivos de crecimiento en sectores
claves mediante incentivos fiscales, ayudas a la exportación y subvenciones estatales. Se crean
los llamados “polos de desarrollo” para crear nuevas industrias y generar empleo. Estos planes
no funcionaron. El crecimiento español fue elevado y constante hasta 1967 (devaluación de la
peseta). Se llevará a cabo la apertura definitiva de la economía española al capitalismo
mundial. A pesar de la mejoría económica, se mantuvieron el control político y la restricción de
las libertades, con consecuencias en la iglesia y en el mundo nacionalista y laboral: la iglesia se
distanció del régimen, implicándose en obras de apostolado social, abandonándose los valores
del nacionalcatolicismo. Las reacciones franquistas contra la iglesia (acusándola de infiltrada
por el marxismo) tuvieron respuesta. La llegada al papado de Juan XXIII y su encíclica “Rerum
Novarum” significarían un inesperado cambio plasmado en el Concilio Vaticano II, llegándose a
partir de 1970 casi a la ruptura. Las tensiones nacionalistas resurgieron. En 1959 la escisión de
un grupo de jóvenes del PNV llevaría a la fundación de ETA, optando por la lucha armada como
táctica para la liberación nacional del pueblo vasco. En 1963 curas vascos protestaron por la
represión y exigieron libertades públicas, y se detienen algunos catalanistas por la distribución
de panfletos antifranquistas en catalán. Los conflictos laborales se manifestaron desde 1961
(huelgas), y pasarán a tener un marcado sentido político. En 1962 cuando España pide
conversaciones para la posible adhesión a la CEE dirigentes liberales de derecha se reúnen en
Munich para no admitir a España. La prensa llamó a este hecho el contubernio de Múnich, y en
1963 sería detenido Julián Grimau, torturado y procesado sin garantía jurídica para ser
ejecutado (abr. 1963). En 1965 se excusaba a catedráticos por los incidentes en la universidad
aunque a pesar de todos estos acontecimientos el talante aperturista del régimen se reflejaría
desde 1963 con la entrada al gobierno de Fraga, López Rodó o López Bravo (Opus Dei). De este
gobierno fueron el primer plan de desarrollo, la Ley de Bases de la Seguridad Social, la
aprobación de la Ley de Prensa de 1966, año en que tras el referéndum nacional, se aprobó la
Ley orgánica del Estado (nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco “a
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título de Rey”). A pesar de ello en el País Vasco las acciones de ETA provocaron represión por
parte de la policía, generándose un apoyo social a esta banda armada. La década finaliza con el
llamado Proceso de Burgos (dic. 1970), contra miembros de ETA (nueve condenados a muerte
aunque el secuestro del cónsul alemán llevó a la conmutación de las penas por la cadena
perpetua). La evolución social de esta década estuvo marcada por los desequilibrios del país.
El éxodo masivo del campo a la ciudad y al extranjero supuso un drama para inmigrantes y el
hacinamiento en suburbios. Los salarios bajos se mantendrían un, así como el nivel de vida
muy por debajo del existente en Europa. Se produjo una despoblación del interior y una
concentración de población y ganancias en las ciudades de la costa. Gran parte de los ingresos
cubrían las pérdidas del INI la inversión en servicios públicos era escasa. En la segunda mitad
de los 60 la vida las ciudades cambiaría la mentalidad y el modo de vida. El llamado “baby-
boom” (crecimiento de la población) fue apoyado por una política pronatalista del régimen,
llevó a la creación de escuelas e institutos, se masificó la universidad y se radicalizaba su
oposición a la dictadura. La Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) reunió la dispersa red de
seguros estatales y el Estado asume todas las prestaciones sociales y sanitarias. La política de
vivienda no fue un éxito debido a la especulación en el centro de las ciudades el crecimiento
de los suburbios y el chabolismo. Incrementó la población activa femenina y aumentará
difusión de medios como la televisión o el cine y la luz eléctrica llegaba casi todo el país así
como el teléfono, el frigorífico y la lavadora. El símbolo de los 60 fue el Seat 600. El turismo
está en auge y al comenzar los años 70 la sociedad de consumo impulsada por los tecnócratas
del desarrollismo estaba llevando a un progresivo alejamiento de los valores defendidos por
las elites del franquismo, reflejada en la relación de la asistencia a cultos religiosos, la
tolerancia familiar y social hacia nuevas relaciones sociales y sexuales. Frente a estos valores la
clase dirigente, compuesta por grupos financieros, ultracatólicos y conservadores, resistían al
cambio de la sociedad.
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15.3. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición al régimen.
Evolución de las mentalidades. La cultura. (Hasta el 20 de noviembre de 1975, muerte de
Franco)
En la política exterior se daría un cambio de gobierno (oct.1969) provocado por el escándalo
MATESA, en que salpicaría a varios ministros. Carrero recompuso el gobierno, cesando Fraga,
Solís…, y formándose un gabinete de hombres del Opus Dei y militares. López Bravo
restableció las relaciones con los países del Este. En 1975 estando Franco muy enfermo, la
amenaza de Hassan II de Marruecos de lanzar una invasión popular contra el territorio la
Marcha Verde, produjo en el Sahara español una fuerte tensión, poniendo en alerta al ejército
y obligando al príncipe a viajar al Sahara. El gobierno capituló (18 nov.) y se firmó el Acuerdo
Tripartito de Madrid, entregando el Sahara español a Marruecos y Mauritania, violando el
compromiso y mandato de la ONU que encargó a España la tutela del territorio hasta su
independencia. En política interior destacó la ley de educación (1970, Villar Palasí) que acercó
al sistema educativo a los modelos europeos. El gran debate se centró en la dictadura. Desde
dentro del Régimen se fue generando una ruptura entre los “aperturistas” (partidarios de
acercar el sistema a un modelo parlamentario) y el “bunker” (organizados en torno a fuerza
nueva (Blas Piñar), la hermandad de ex combatientes y los más derechistas de la Falange). El
debate sobre el Estatuto de Asociaciones reflejó la oposición a los cambios, que creció en
forma de huelgas, respondidas con represión, el estado de excepción, interrogatorios y
torturas (Brigada Social) y enjuiciamientos en los TOP. Se restableció la Ley del Bandidaje y
Terrorismo de 1960. La Iglesia se irá distanciando del régimen y Enrique y Tarancón presidió
una asamblea conjunta de obispos y sacerdotes que emitió una declaración exigiendo
libertades políticas y sindicales, pidiendo disculpas por su labor en la Guerra Civil. En 1973
nació el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). La represión se acentuó y se
detuvo a miembros del FRAP y de ETA. Franco separó la jefatura de Estado y la del Gobierno,
nombrando a Carrero Blanco presidente de un gobierno que formaría un gabinete de
miembros del Opus y franquistas para acabar con los disturbios y preparar el relevo en la
jefatura de Estado. Pero en la mañana del 23 de diciembre de 1973 se produjo el asesinato de
Carrero Blanco por ETA. Pese a que Torcuato Fernández Miranda parecía el hombre más
adecuado para sucederle la presión del franquismo hizo que Franco nombrara a Carlos Arias
Navarro. Formó un gobierno con predominio de franquistas y algún aperturista y hubo
promesas de apertura y un estatuto de asociaciones políticas, y se ejecutó a Salvador Puig
Antich (marzo 1974). Tras la amenaza de excomunión a Franco por Monseñor Añoveros, se
confirmará la ruptura con la iglesia. La crisis final llegó cuando en julio de 1974 Franco fue
hospitalizado por una tromboflebitis. Tras su recuperación, la tensión y los atentados de ETA
fueron en aumento. La oposición se había organizado y en el ejército se formó la UMD,
desarticulada en la primavera del 75. Tras juzgar a varios miembros de ETA y el FRAP y
condenar a muerte a doce de ellos se precipitaron los acontecimientos. Cinco de los
condenados serían ejecutados (27 sep. 1975). Hubo asaltos de embajadas españolas (Lisboa) y
el primer ministro sueco (Olof Palme) pidió dinero para la libertad de los españoles. Con todo
esto se convoca la última gran manifestación de la Plaza de Oriente (1 oct.). Tras el incidente
del Sahara y la firma del tripartito de Madrid, cediendo el Sahara español a Marruecos y
Mauritania, el 20 de noviembre moría Franco tras mes y medio de larga enfermedad.
Convencido Franco de que todo quedaba bien atado y de la fidelidad de Don Juan Carlos a los
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principios del 18 de julio, los acontecimientos futuros demostraron la inviabilidad de la
dictadura tras su muerte. La cultura franquista, siempre mediatizada por la censura, significó
el rechazo de toda modernidad y una vuelta a la cultura tradicional con el denominado
nacionalcatolicismo. En esos primeros años la entrada de productos culturales estaba muy
vigilada y su difusión por la prensa era imposible. Sólo podían publicar los relacionados con el
régimen como José María Pemán, Foxá, Ridruejo o Laín Entralgo, idealizando el pasado
imperial del que el franquismo era heredero y continuador. En el exilio se continuó la tradición
cultural que venía de los años 20 y la II República, con debates como el de Américo Castro y
Sánchez Albornoz sobre la esencia de España. Se mantienen también publicando Cernuda o
Salinas (poetas del 27), Ramón Sender, Max Aub, Casona y el músico Manuel de Falla. Desde el
punto de vista liberal destaca Salvador de Madariaga y José Ortega y Gasset, Manuel Azaña,
Pio Baroja y Menéndez Pidal (98). En los años 50 y 60 comienza la denominada “cultura de la
oposición”: escritores partidarios del realismo social como instrumento de crítica social y
política: Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama), Juan Goytisolo, Juan Marsé, Luis Martín Santos o
los poetas Carlos Barral y Gil de Biedma. También son importantes Camilo José Cela (La familia
de Pascual Duarte, La colmena) y Miguel Delibes (El camino, Las ratas), más aceptados.
También hay que nombrar la obra de los cineastas J. A. Bardem y Luis García Berlanga
(Bienvenido Mr. Marshall) y los pintores rompedores de grupo El Paso y la obra de Eduardo
Chillida, todos ellos muy relacionados con las corrientes mundiales y alejados del
neofigurativismo. Se puede decir que de mediados de los 60 hasta el final el régimen vivió al
margen de la cultura que mostraba su protesta contra el mismo mediante el ejercicio de una
libertad creativa y anticipándose a lo que después vendría.
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16.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y
desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución. (Hasta octubre de 1982,
primer gobierno socialista)
La transición política (1975-1982) se inicia tras la muerte de Franco y la entronización del rey
Juan Carlos I (1975) y concluye con la llegada al poder de los socialistas (1982). Con el reinado
de Juan Carlos I se inició una transformación democrática inesperada. Finalizando la dictadura
se acentuó la tensión entre los aperturistas y los inmovilistas del “bunker” (estos se
organizaron en asociaciones políticas y dominaban las Cortes así como los medios de
comunicación). Los aperturistas eran jóvenes políticos, y destacarían monárquicos y hombres
como Cabanillas, Cisneros, A. Suárez o Fraga que apoyarían el cambio político. En la división de
la oposición, la derecha democrática con grupos encabezados por Ruiz Jiménez o Gil Robles y
los “juanistas” de Serer. Los nacionalistas catalanes y vascos. La izquierda con el PSP (E. T.
Galván) y el PSOE, dividido entre históricos y renovadores. La internacional socialista apoyaría
a los renovadores en el Congreso de Suresnes, y tras la negativa del líder de la UGT se eligió
como secretario general a Felipe González. El PCE (Santiago Carrillo) consigue la constitución
de una Junta Democrática. Se crearía (jul. 1975) la Plataforma de Convergencia Democrática
en torno al PSOE. A la izquierda del PCE, partidos radicales con poca fuerza. En el mundo
obrero destaca CC.OO. Los inicios de la monarquía de Juan Carlos I: el gobierno de Arias (nov.
1975-jul. 1976). En nov. 1975 ya se tenía diseñado un plan de transición, colocando a Fdez.
Miranda como presidente de las Cortes, Arias Navarro como jefe de un gobierno cuya labor
política fue contradictoria. Se desataron huelgas en todo el país (ene.), por la situación
económica o el paro, pero impulsadas por motivos políticos. En Barcelona el Consell convoca
una manifestación (1 feb. 1976) que acaba con una brutal represión. En Euskadi la situación
sería explosiva y el 3 de mar. una huelga acaba en un tiroteo de la policía, y tras los asesinatos
de Montejurra la imagen del nuevo gobierno quedó desprestigiada. La oposición se constituyó
en “La Platajunta” pidiendo la ruptura democrática ante la inoperancia del gobierno. El Rey
pedirá la dimisión de Arias (1 jul. 1976), encargando el nuevo gobierno a Adolfo Suárez (1 jul.
1976-jun. 1977). En su labor de gobierno, las Cortes aprobarían la reforma del Código Penal
(14 jul.). El discurso pragmático del gobierno (16 jun.) habla de soberanía popular, régimen
democrático y de respeto por las libertades. Se presenta el proyecto de Ley para la Reforma
Política (10 sep.), que significaba el cambio hacia un sistema parlamentario y constituyente
nuevo, con apoyo de las Cortes. Las decisiones del gobierno de Suárez, los atentados de ETA y
a las movilizaciones populares llevaron a la primera crisis de gobierno, dimitiendo el Teniente
General De Santiago, sustituido por el General Gutiérrez Mellado. Las Cortes debaten en la Ley
para la Reforma Política (16 nov. 76), y tras algunos cambios se afirmó la democracia, la
soberanía popular, las Cortes en el legislativo, y fijación de puntos para una futura ley electoral.
Se convocó un referéndum para la aprobación popular, tras el cual vendrían los días más
difíciles para la transición, debido a las acciones terroristas del GRAPO y ETA. Esta estrategia de
provocación culmina en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, en la que destaca el
asesinato de cinco abogados laboralistas del PCE. En el panorama preelectoral, en la derecha
surge Alianza Popular (Fraga), en el centro Suárez con Unión del Centro Democrático (UCD). En
la izquierda el PSOE inició la campaña y el PCE cargó con la imagen de partido revolucionario.
En las primeras elecciones democráticas (15 jun. 1977) triunfó UCD. El primer gobierno
democrático de Suárez (jun. 1977-dic. 1978) abordó la pésima situación económica. Los
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pactos de la Moncloa (15 oct. 1937) establecerían una serie de medidas: las económicas
lograron un camino hacia la contención de la inflación y la recuperación, aunque el paro siguió
creciendo. Las sociales y políticas abordarían acuerdos sobre reforma fiscal, devolución a las
centrales del patrimonio sindical, seguridad social… En el tema nacionalista, se restableció la
Generalitat (29 sep. 1977), sumándose también los vascos a las reclamaciones para el
restablecimiento de la autonomía en su territorio. En política hubo enfrentamientos entre
extremistas y se constituirán nuevas Cortes (13 jul.), tras las elecciones de junio del 77, para
elaborar una nueva Constitución. Se formó una Comisión Constitucional y tras un proceso de
elaboración constitucional de 16 meses se aprobará el proyecto (31 oct. 1978). El 6 de
diciembre se promulga la nueva Constitución. Fue un texto largo con un marco válido para
todas las distintas visiones políticas y sociales, definiendo el Estado como “social y democrático
de derecho”, con una monarquía parlamentaria y una detallada declaración de derechos con la
mayoría de edad a los 18. Reconoció derechos sociales y se da una división de poderes, con el
legislativo en dos cámaras de elección popular directa con cuatro años de duración. El
ejecutivo representado por el gobierno y su Presidente, nombrado por el Congreso. El poder
judicial en los jueces y tribunales estableciéndose un Tribunal Constitucional. Se configura un
Estado casi federal con la Libre constitución de Comunidades Autónomas con los Estatutos de
Autonomía. Se adelantan las elecciones generales y dentro del panorama político, a la
derecha de UCD se formó la Coalición Democrática. A la izquierda el PSOE (que absorbió al
PSP) y el PCE. Las elecciones (1 marzo 1979) dieron la victoria a UCD. En las elecciones
municipales (abr) se coparon los ayuntamientos gracias al pacto del izquierda (PSOE y PCE),
entendido como un nuevo Frente Popular. Durante el segundo gobierno democrático de
Adolfo Suárez (mar. 1979-29 ene. 1981), las tensiones durante el XXVIII Congreso del PSOE
llevaron a la renuncia de Felipe González a la secretaría General. La línea felipista se impuso y
González retomaría el mando de su partido. La escalada de ETA y otros sucesos tuvieron como
consecuencia la crisis económica y la inseguridad ciudadana. El PSOE presentaría una moción
de censura al gobierno (mayo 1980) que llevarían al presidente a dimitir (29 enero 1981). El
rey, designó a Calvo Sotelo candidato a la presidencia de un gobierno en que, como no obtuvo
suficiente mayoría, se convocaría a la cámara a una segunda investidura (lunes, 23 de febrero),
en la que se intentó dar un golpe de estado con irrupción de los guardias civiles al mando del
Teniente Coronel Tejero. Las causas de este golpe vienen de con el ambiente de crispación en
los cuarteles. Tres golpistas hicieron coincidir sus proyectos: Tejero, el Teniente General Jaime
Milans del Bosch y el General Alfonso Armada. El éxito del golpe se basaría en la ocupación de
Madrid por la División Acorazada de Brunete (DCA) y el supuesto apoyo del Rey. Pero el jefe de
Estado Mayor, Gabeiras, y el Capitán General de Madrid, Quintana Lacaci, se negaron, y el rey
explicó al país las órdenes de permanecer bajo las instrucciones del Estado Mayor, dejando
clara la posición de la corona a favor del orden constitucional. El gobierno de Calvo Sotelo (24
feb. 1981-oct. 1982) tuvo un programa marcado por las disensiones internas de la UCD, y
afrontó las presiones de la iglesia y la tensión política por el juicio del 23-F. En la izquierda, el
PSOE se fortaleció, y el PCE se sumergió en una crisis interna. En política exterior España se
integró en la OTAN. Se adelantaron las elecciones generales, prometiendo sacar al país de la
OTAN (por oposición del PSOE). Las elecciones (28 oct. 1982) supusieron un aplastante triunfo
del PSOE y se perfilaba como fuerza política alternativa la Coalición Popular. La victoria del
PSOE concluyó la transición, significando la normalización de la alternancia política.
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16.2. Los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades.
La transición (etapa política de transformación del franquismo en democracia en España)
concluyó con la llegada al poder de PSOE, tras las elecciones de octubre de 1982, en la que la
victoria socialista supuso la llegada de izquierda al poder. La primera legislatura socialista
(1982-1986), en política interior, Felipe González heredó una difícil situación económica. Ante
ello se adoptaron medidas económicas como: un plan de estabilización (devaluación de la
peseta, aumento de impuestos) y saneamiento por el sistema financiero; y un proceso de
reconversión industrial que afectó a las empresas siderometalúrgicas y navales del INI. Las
consecuencias de la crisis (congelación de salarios, caída del consumo…) se recuperaron
gracias al reajuste y a la contención de la inflación. Las reformas políticas y sociales afectaron
a dos cuerpos: la reforma de las Fuerzas Armadas buscaba a la modernización y fin del
golpismo. Se redujo la plantilla y los generales franquistas dieron paso a militares jóvenes
democráticos aunque hubo un último y fallido intento de golpe militar, atajado por el CESID. La
reforma de los Cuerpos de Seguridad del Estado los transformó en Policía Nacional mientras
que la Guardia Civil mantuvo su estatuto militar. Se mantuvo la policía franquista para afrontar
el terrorismo y se implicará en esta lucha contra ETA a Francia. Los avances sociales a destacar
fueron en educación con la primera ley del PSOE o LODE (ESO, Consejos Escolares…) y en la
Universidad (mayor autonomía reforma del profesorado). En Justicia se reformó el Consejo
General del Poder Judicial. También se dio la Ley de Despenalización del aborto (1985). En
política exterior se ingresó en la CEE (1 ene 1986). Se permaneció en la OTAN. Se firmó un
nuevo convenio de cooperación con los EE.UU., que abandonaron Torrejón y la base de
Zaragoza. En la segunda legislatura del PSOE (1986-1989) se vuelve a vencer con mayoría
absoluta. Tras la dimisión de Fraga (Coalición Popular) se inicia una larga crisis en la oposición.
La tercera fuerza política fue IU (Julio Anguita). En política económica, el gobierno aprovechó
la superación de la crisis económica (expansión económica internacional, entrada masiva de
inversiones y divisas por turismo), que permitió el auge de los negocios, el aumento de salarios
y la creación de empleo. Se dio una política de inversiones públicas (modernización de
infraestructuras, crecimiento de servicios educativos y sanitarios gracias al sistema fiscal
progresivo, que permitió los costes del “Estado de Bienestar”…). En aspectos sociales, el
crecimiento económico no llevó a la paz social debido a las diferencias de riqueza y a los
parados. Se llevó cabo una política liberal y Felipe González se enfrentó a la primera huelga
general de la democracia (14 dic. 1988), con un 90% de la población laboral en huelga.
González asume la derrota y negocia con los sindicatos la retirada del programa de
liberalización laboral. La primera presidencia española de la CEE permitió la recuperación y
adelantó las elecciones, volviendo a ganar con mayoría absoluta. La tercera legislatura del
PSOE (1989-1993). En política interior la lucha antiterrorista con colaboración francesa
permitió la detención de importantes dirigentes de ETA. Los “Pactos de Ajuria Enea y Madrid”
permitieron la creación de un frente político contra el terrorismo etarra. Sin embargo el
escándalo del Gal destapó un entramado de responsabilidades implicando a miembros de las
fuerzas de seguridad y altos cargos del Ministerio de Interior, acusándoles de utilizar fondos
reservados del Ministerio. La “Ley de Seguridad Ciudadana” acabó anulada. La legislatura se
vio salpicada por acusaciones de corrupción (escándalo Filesa). Pese a todo España se planteó
dos retos: la Expo de Sevilla y los JJ.OO. de Barcelona (1992, ambos). Para organizarlos se
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llevaron a cabo inversiones en las comunicaciones (AVE Madrid-Sevilla, obras en las ciudades
afectadas). Fueron un éxito. Otro reto del gobierno fue la inversión educativa y su reforma con
la aprobación de la LOGSE (1991). Una grave crisis económica (final 1992) repercutió en
España, que se había volcado en enormes inversiones. En política exterior España participa en
la guerra del Golfo (1991). También cabe destacar la Conferencia Internacional de Paz en
Oriente Medio, celebrada en Madrid, ya que se sentó en la misma mesa a palestinos,
israelitas, presidentes de la URSS y EE.UU. La cuarta legislatura (1993-1996). En política
interior hay que decir que la victoria socialista fue gracias a sólo cuatro puntos de diferencia
frente al PP de José María Aznar. Destacan la reforma del Código Penal (1995) y la firma del
“Pacto de Toledo”, para garantizar la viabilidad futura de las pensiones. En los tres últimos
años hubo escándalos de corrupción, algunos estrictamente financieros (Torres-Kio,
intervención de Banesto en el procesamiento de Mario Conde, su director) y otros (Filesa,
GAL). El más destacable fue el que implicó al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, detenido
(nov. 93) acusado de estafa (5000 mill. pta) a través de comisiones por obras de casas-cuartel,
entre otros. Se fugó de España. Sin embargo el último y más grave escándalo fue la
identificación de los cadáveres de dos supuestos miembros de ETA, secuestrados en Francia
(1985). La investigación reveló que los secuestrados habían sido traídos a San Sebastián,
torturados y asesinados, con implicación de la Guardia Civil y políticos. Se crearon comisiones
de investigación en las Cortes y la Fiscalía Anticorrupción. Pese a ello, la oposición y la prensa y
la ruptura del pacto de Convergencia i Unió llevaron a González a convocar elecciones en 1996.
El primer gobierno del partido popular (1996-2000). En las elecciones de mayo de 1996 el
Partido Popular (Aznar) venció por un estrecho margen, pactando con las minorías
nacionalistas. Su victoria se reflejaría tanto en el gobierno como en las elecciones europeas,
autonómicas y municipales. La política económica será de orientación neoliberal y tratará de
lograr el cumplimiento de los objetivos marcados en Maastricht, para establecer la moneda
única. Se logró superar los índices de crecimiento de los países desarrollados y se redujo la
inflación y el déficit público. En 1999 el euro empieza a funcionar como moneda de cambio y
en 2002 como moneda circulante. Fue positiva la política de privatizaciones de las empresas
públicas más saneadas (Telefónica, Argentaria, Repsol). Se redujeron los impuestos directos, y
se recortarán servicios sociales e investigación. En el interior no hubo oposición política lo que
supuso una moderación de su programa. Destaca el problema del terrorismo, con el asesinato
de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, tras su secuestro y chantaje al gobierno. Se firmó el
“Pacto de Estella/Lizarra”, rompiendo el PP con el PNV y un año de alto al fuego de ETA. En el
exterior hubo alineación con la política norteamericana que derivarían en la plena integración
en la OTAN (ene. 1997). Se intervino en la guerra de Yugoslavia y se rompieron las buenas
relaciones con Cuba. Se redujeron de efectivos del ejército y se iniciaría el camino para la
desaparición del servicio militar obligatorio. En el año 2000 el PP vencer en las elecciones
generales con mayoría absoluta, lo que le permitiría gobernar en solitario y aplicar su
programa sin restricciones.
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