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PTS - Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Mendoza
PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 2017
Las elecciones de medio término de 2017 se dan luego de un año y medio de gobierno del
presidente Mauricio Macri y del gobernador Alfredo Cornejo en nuestra provincia.
El gobierno de Cambiemos, como representante del gran capital, tiene como objetivo central y
excluyente lograr un nuevo triunfo histórico de los grandes grupos económicos nacionales y
extranjeros sobre el nivel de vida de las masas obreras y populares. En sus 18 meses de
gestión, la coalición del PRO y la UCR implementó una transferencia de ingresos en favor de la
oligarquía terrateniente, los pooles de siembra, las mineras, las concesionarias de las
empresas de servicios públicos y la burguesía financiera. Por su parte, las trabajadoras y
trabajadores registrados perdieron, en promedio, un 6,5 % de su salario real durante 2016.
Cifra mucho mayor, en el caso de quienes tienen trabajos no registrados.
El plan iniciado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para reingresar en el
mercado internacional de capitales e iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento (con acuerdos
con el Club de París, el CIADI, el pago multimillonario a la Repsol de los vaciadores), se
terminó de desarrollar con la Ley Griesa y el vergonzoso acuerdo con los "fondos buitre".
Durante 2016, el Estado se endeudó por encima de los 50.000 millones de dólares, a tasas
usurarias. Mendoza se encuentra entre las provincias más endeudadas, con un récord histórico
que equivale a 25.000 millones de pesos. De esta deuda, el 60% se contrajo en dólares, por lo
tanto seguirá las oscilaciones de un dólar cada vez más alto.
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Las empresas de servicios públicos –privatizadas- recibieron multimillonarios subsidios durante
los últimos años, que ahora son transferidos en forma directa al bolsillo popular, con históricos
tarifazos a la energía eléctrica, el gas y el servicio de agua potable.
Los escándalos surgidos por los "Panamá Papers", así como el intento de perdonar la deuda
de la familia Macri por la estafa de Correo Argentino, demuestran que más allá de la retórica, el
gobierno de Cambiemos, manejado por empresarios, tiene un "conflicto de interés", por
definición, con cada medida que toman desde sus funciones públicas para favorecer a su clase
social. El caso de Odebrecht implica tanto a funcionarios del anterior gobierno como del actual.
El plan gubernamental de "reinsertarse en el mundo" choca de frente con las condiciones
internacionales. El triunfo de Donald Trump expresa un agotamiento del neoliberalismo a
escala mundial y profundiza las tendencias proteccionistas de las potencias imperialistas, lo
que fue adelantado por el Brexit en Gran Bretaña. El golpe institucional en Brasil, celebrado y
avalado por el macrismo, no logró sortear una recesión histórica en el país hermano, lo cual
afecta en forma directa a la industria en Argentina. Pese a un pretendido "clima de negocios", la
"lluvia de inversiones" no existe y siguen en caída libre los índices de la actividad industrial y el
consumo popular. En los últimos meses se desaceleró la inflación, pero no por el éxito de la
política monetaria del oficialismo, sino por la caída del consumo. No obstante, la inflación sigue
en niveles elevados, mayores a los números que tiene como meta el Banco Central.
Los limitados cambios en la relación de fuerzas que logró el macrismo no podrían entenderse
sin el inestimable apoyo del peronismo. Es el caso del PJ mendocino, aliado incondicional del
macrismo desde que llegó al Congreso, y del llamado "Bloque Progresista", "dadores
voluntarios de gobernabilidad" junto a la dirección de la CGT. Más de 80 leyes clave, de ajuste,
entrega y cercenamiento de las libertades democráticas, fueron sancionadas con los votos del
Frente Renovador de Massa, del Bloque Justicialista del ex vocero de Scioli, Diego Bossio, de
una aplastante mayoría del bloque del Frente para la Victoria en el Senado y, en numerosas
oportunidades, con los de los falsos "socialistas" de Santa Fe, Stolbizer y Victoria Donda.
La clase empresaria retribuye muy bien a sus políticos, con dietas exorbitantes que oscilan
entre los 100 y 200 mil pesos. A pesar de ello, la diputada del PRO Susana Balbo afirmó
cínicamente que no le alcanza, para justificar el dietazo, mientras los obreros y obreras de
viñas y bodegas reciben aumentos miserables y los sueldos oscilan entre los ocho y nueve mil
pesos.
Esta colaboración también la vemos en Mendoza: tanto el Frente Renovador como Libres del
Sur son parte del gobierno, y el FPV acompañó la mayoría de las medidas del gobierno en la
Legislatura. La colaboración de Libres del Sur incluyó la votación del nefasto “ítem aula” contra
los y las docentes, una política extorsiva que ahora pretende implementar María Eugenia Vidal
en la provincia de Buenos Aires.
El pueblo trabajador desarrolló numerosas luchas durante este período con reclamos
específicos: contra los despidos, por el salario, en repudio a los cortes de luz y contra la
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represión. El pasado 24 de marzo, una multitud se movilizó en todo el país para repudiar el fallo
de la Corte Suprema del “2x1” para los genocidas y el relato negacionista del gobierno de
Macri. El movimiento de mujeres irrumpió en la escena política nacional como nunca antes,
exigiendo sus reivindicaciones más sentidas, con movilizaciones y paros históricos como los
del 19 de octubre de 2016 y el 8 de marzo de 2017, bajo la consigna “Ni Una Menos”. Los
paros docentes de la provincia de Buenos Aires, con movilizaciones multitudinarias al centro
político del país, fueron sucedidos por largas y duras luchas, un ejemplo es el de la docencia
santacruceña que enfrenta el ajuste de la gobernadora Alicia Kirchner. Estas luchas desafiaron
a la coalición del gobierno nacional y los gobernadores contra la docencia y la educación
pública. La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la represión de la
Gendarmería Nacional contra el pueblo Mapuche en Chubut despertó un reclamo masivo en
todo el país para exigir su aparición con vida.
En nuestra provincia, quedó demostrado que el mito de la “Mendoza conservadora” es cosa del
pasado. En esto primeros años de Cornejo en el Gobierno, vimos grandes luchas de los
trabajadores y trabajadoras de la educación y la reciente recuperación del SUTE por el frente
antiburocrático FURS; las luchas estatales, de docentes de la universidad, la lucha del
CONICET, de los trabajadores y trabajadoras del Trole, contra los despidos en Juegos y
Casinos, judiciales, de industrias como Alco y Tarcol, de la salud, entre otras que se reflejaron
en todos los departamentos.
Dándole la espalda al masivo reclamo de un paro general y un plan de lucha, la conducción
burocrática de la CGT recién convocó a una medida de fuerza para el pasado 6 de abril. Un
“paro dominguero” con el confesado fin de “descomprimir” el repudio cada vez más
generalizado a este gobierno de ricos y para ricos. Aun así, el paro fue utilizado por los
trabajadores y trabajadoras como un medio para expresar de forma contundente el rechazo a
la política de ajuste del gobierno. Desde el FIT acompañamos este paro con un corte en Colón
y San Martín, por el cual el gobierno de Cornejo procesó a nuestros compañeros y pide el
desafuero de nuestros parlamentarios.
Esta actitud ante los conflictos de las cúpulas sindicales no puede separarse de sus objetivos
políticos en esta etapa: todas trabajan para que el malestar popular sea utilizado para la vuelta
del peronismo en sus distintas variantes, desde el PJ-FPV al Frente Renovador. Junto al
acompañamiento de los partidos tradicionales, la cúpula de la CGT es otro de los sostenes
clave del gobierno, cuya función es evitar que la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la
juventud derroten el plan de ajuste y entrega.
En Mendoza, el gobierno de Alfredo Cornejo se ha mostrado como el mejor alumno del
presidente Mauricio Macri. Durante sus 18 meses de gestión aplicó tarifazos en el transporte,
agua, impuesto inmobiliario y automotor. A la vez siguió endeudando a la provincia en dólares
llegando al récord histórico de $25.000 millones.
Desde un comienzo fustigó a los trabajadores y trabajadoras estatales como la causa de todos
los males. Un discurso noventista para avanzar sobre los derechos y la organización sindical,
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como lo están haciendo con la intervención del sindicato de trabajadores judiciales, con el
cierre de paritarias por decreto, la imposición del ítem aula a los y las docentes, el despido de
la docente Paola Vignoni, la liquidación de la Empresa Provincial de Transporte, la persecución
a los legisladores del FIT con el pedido de desafuero e imputaciones penales, entre otras
medidas.
El resultado de esta política es la pérdida de 10.000 puestos de trabajo en 18 meses, y la
pérdida de poder adquisitivo frente a una inflación que supera los magros aumentos salariales.
El FPV-PJ a través de sus legisladores/as e intendentes han sido un sostén del gobierno
acompañando la mayoría de las medidas en la legislatura.
Los políticos que defienden este sistema cobran dietas superiores a los $100.000 para
gobernar al servicio de los ricos. Los legisladores del Frente de Izquierda cumplimos nuestro
planteo de cobrar como una maestra.
El Frente de Izquierda ha sido la única coalición política nacional que ha enfrentado todas y
cada una de las medidas antipopulares y antinacionales del gobierno, tanto en el Congreso,
como en las legislaturas provinciales, pero también en los lugares de trabajo, de estudio y en
las calles. Responde a un programa de independencia y delimitación de todas las variantes
patronales, incluyendo el kirchnerismo y la centroizquierda. El histórico acto de Atlanta, donde
participaron más de 20.000 compañeros y compañeras, y el gran Acto del 1ro de Mayo en
Plaza de Mayo muestran que este programa se encarna en la actividad diaria de miles
trabajadores, mujeres y jóvenes que pelean día a día contra las patronales, la burocracia
sindical, los partidos patronales, el gobierno y el Estado, por una salida propia de los
trabajadores.
En las primarias del pasado 13 de Agosto, el Frente de Izquierda y los Trabajadores alcanzó en
Mendoza el 8,8% de los votos (94.309 sufragios) demostrando que es una fuerza política
consolidada y capaz de sostener un volumen electoral masivo y representativo en 12
elecciones distintas, a lo largo de cuatro años y en los escenarios electorales más diversos -
elecciones legislativas, ejecutivas, municipales, provinciales y presidenciales-. De cara a
Octubre nos proponemos ampliar el apoyo a esta coalición política de los trabajadores, las
mujeres y la juventud, con el desafío de volver a conquistar bancas en el Congreso, la
Legislatura y los Concejos Deliberantes. El mismo desafío llevarán adelante nuestros
compañeros en distintas provincias del país, donde el Frente de Izquierda se ha desarrollado
como una gran fuerza política nacional.
Con Noelia Barbeito y Nicolás del Caño renovamos y fortalecimos al Frente de Izquierda junto
a nuestras compañeras diputadas Cecilia Soria, joven diputada estudiante y oriunda del
departamento de San Martín; Macarena Escudero, trabajadora de la educación de la Ciudad;
Lautaro Jiménez, docente de Las Heras y concejales que han llevado estas peleas en los
distintos Concejos Deliberantes. En estas elecciones, con los políticos tradicionales sigue el
ajuste. Sigamos fortaleciendo al Frente de Izquierda, con Noelia al Congreso Nacional y una
nueva generación que levante la voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
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- JORNADA LABORAL DE 6 HORAS, 5 DÍAS A LA SEMANA PARA TRABAJAR TODOS
- PROHIBICIÓN DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES - BASTA DE PRECARIZACIÓN LABORAL
- SALARIO MÍNIMO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR - ABAJO LA “REFORMA LABORAL” DE MACRI Y LAS PATRONALES
Los primeros meses del gobierno de Macri y Cornejo marcaron una clara tendencia a la pérdida
de puestos de trabajo. En el primer trimestre de 2016, Mendoza perdió 3.567 empleos privados
registrados, en comparación al igual período de 2015. Un informe del INDEC, publicado en
julio del 2016, mostró una variación negativa de 1,3 % para la provincia (la mayor de todas las
jurisdicciones): entre enero y marzo de 2016 había 267.456 personas trabajando en blanco en
el sector privado de Mendoza; este año, el número se redujo a 263.889 trabajadores.
Fuente: Unidiversidad
En septiembre del año pasado, un informe del Ministerio de Trabajo sobre el sector privado
indicó que al cabo de un año Mendoza había perdido ya 9.153 puestos de trabajo. Este informe
no contempla al sector público, ni a la gran cantidad de trabajadoras y trabajadores no
registrados que representan alrededor del 35% de la masa laboral.
En 2017, la caracterización de la Población Económicamente Activa (PEA) presentada por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) volvió a confirmar la amplitud de los
problemas de empleo que afectan a la mayor parte de los trabajadores en la Argentina.:
• La tasa de desocupación trepó a 9,2 % en el primer trimestre (enero-marzo) del año: se
trata de 1,15 millones de trabajadoras y trabajadores sin ocupación en los aglomerados
urbanos relevados por el Indec. Es decir, 212 mil desocupados más que en el
relevamiento del último trimestre de 2016.
• Las más perjudicas son las mujeres, entre quienes la tasa de desocupación es de 10,2
% contra el 8,5 % de los varones.
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Cuando se proyectan los datos de los aglomerados relevados por Indec a todo el país (es
decir, considerando las áreas no comprendidas en el operativo del organismo de estadística),
se eleva a 1,8 millones el número de personas que buscan empleo sin conseguirlo.
De acuerdo a los datos de julio de este año del Ministerio de Trabajo, en abril se destruyeron
más de 50.632 puestos de trabajo registrado en el sector privado en relación a marzo. Durante
junio, una nueva oleada de despidos sacudió al país. Hay que tener en cuenta también que un
33,3 % de las trabajadoras y trabajadores no tiene descuento jubilatorio, es decir que se
encuentran empleados “en negro”. Los problemas laborales no se detienen ahí: también existe
una porción significativa de asalariados –9,8% de la PEA– que se encuentran empleados
menos tiempo del que desearían (recibiendo, por ende, un ingreso por debajo de sus
necesidades). Son los que el Indec categoriza como “subocupados”, es decir que buscan
trabajar más horas, pero no lo logran.
Hay otro dato que resulta todavía más dramático, por la escala que alcanza, y es el porcentaje
de los que soportan jornadas laborales excesivas. Nada menos que el 26,6 % de la PEA (casi
un tercio de los que trabajan o buscan trabajo) se encuentra sobreocupada; esto significa que
trabaja más de 45 horas semanales.
Gran parte de la “modernización” de la legislación laboral y las negociaciones por rama y
empresa, que predominaron en el país desde los años ’90 y extendieron y perfeccionaron en la
última década y media, son mecanismos para distribuir de manera más “eficaz” (desde el punto
de vista de los empresarios) el tiempo de trabajo, variándolo en distintas semanas y meses, de
acuerdo a los vaivenes de la producción y el mercado, erosionando la estabilidad de la jornada.
Una de estas “innovaciones” son los llamados turnos americanos, que permiten jornadas de
doce horas varios días a la semana, a cambio de más días de descanso semanal. Les permiten
a los empresarios asegurar por más tiempo el ritmo ininterrumpido de producción, a cambio de
jornadas totalmente extenuantes para los trabajadores y trabajadoras. Las horas extras, que
llegan a ser un importante componente del salario en sectores de la industria y los servicios,
explican junto al turno americano este panorama de tiempos de trabajo cada vez más
extendidos para casi un tercio de la PEA.
Si un tercio de los trabajadores trabaja más de 45 horas a la semana, y un porcentaje similar
trabaja entre 40 y 45 horas, sólo con “redistribuir” esta carga de trabajo entre todas las manos
disponibles reduciendo la jornada a 30 horas a la semana, alcanzaría para que los que buscan
trabajo y no consiguen puedan hacerlo, y lo mismo los que están subocupados. Esto implica,
desde ya, que los empresarios, que lucran con nuestro trabajo, verán reducida sus ganancias,
que en los últimos años no pararon de crecer. Estas ganancias proceden de los ingresos
generados a costa de las jornadas extendidas y de los magros sueldos de los trabajadores y
trabajadoras, cada vez más lejos del mentiroso “fifty-fifty” que promocionó Cristina Fernández.
Pescarmona, uno de los verdaderos “dueños” de Mendoza, dijo que “van faltar 12 a 14 años”
para que los trabajadores sean “normales” refiriéndose a lo que demoraría “educarlos” en los
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términos de la dictadura patronal con la que buscan imponer mayor flexibilización y
superexplotación. Las tecnologías avanzan y sin embargo, tanto en las grandes
multinacionales –por ejemplo, Pepsico- como en las “translatinas” como IMPSA, estos avances
de la industria humana sólo han tenido el objetivo de aumentar los niveles de explotación y
precarización de los trabajadores, usando las ganancias extraordinarias que obtienen de ello
para la especulación financiera de los fondos de inversión, incumpliendo contratos y
amenazando repetidamente con dejar a los obreros en la calle si el Estado no rescata y
refinancia sus tropelías financieras. El caso de Pescarmona ha sido emblemático en todas y
cada una de estas cuestiones.
Estimaciones privadas hablan de hasta 200 mil puestos de trabajo perdidos desde la asunción
del nuevo Gobierno. No obstante, el estancamiento en la generación de empleo es de larga
data. Los especialistas afirman que desde 2012 cambió la dinámica y decayó la creación de
puestos de trabajo.
• Para la juventud, la desocupación es mayor: el 20,1 % de las mujeres hasta 29 años
están desocupadas y entre los varones del mismo rango la tasa es de 17,2 %.
Además, en todos los rangos etarios existen muchos desalentados que no son considerados
desocupados porque ya no buscan empleo. En el sector de jóvenes entre 15 y 29 años existen
más de 3 millones de personas inactivas que no tienen ocupación ni la buscan. Entre ellos hay
un millón que “ni estudia ni trabaja”.
El Observatorio Laboral de la UNCuyo reveló un estudio sobre la situación de la producción y el
mundo del trabajo en el país y en la provincia hasta el año 2016. La juventud es claramente
el sector más golpeado por la falta de trabajo y el trabajo precario en Mendoza.
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Según ese estudio, “entre julio y septiembre de 2016 la desocupación había alcanzado en el
Gran Mendoza un valor de 4,2%, lo que representa aproximadamente un total 18.000
desocupados”. Ya en el primer trimestre de 2017 la desocupación en el Gran Mendoza creció
al 4,7% según la última Evolución de la distribución del ingreso (EPH) publicada por el INDEC.
El 34,8% de los desocupados se encuentra entre los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años,
dice el informe, que corrobora un alto impacto de la desocupación en esta franja por sobre
otras edades.
Respecto a la población ocupada, el informe detalla la intensidad horaria de las cargas
laborales y se constata que “el 78,5% de los trabajadores de hasta 19 años trabaja menos de
35 horas semanales, es decir, se encuentra en situación de subocupación horaria”.
Sobre la subocupación en la juventud, se aclara que puede vincularse a los empleos con altos
niveles de precariedad que “impiden acceder a una mayor dedicación horaria”. Esto, dice el
informe, se ve fuertemente entre las mujeres jóvenes ya que cargan adicionalmente con las
tareas al interior de sus hogares. “Sólo el 34,4% de los trabajadores de 20 a 49 años está
subocupado y más del 32% se encuentra sobreocupado”, arroja el estudio. Demostrando que
gran parte de la clase obrera mendocina está condenada actualmente a tener que trabajar
jornadas que superan las 8hs de trabajo para poder llegar a fin de mes, mientras la gran
mayoría de la juventud está condenada a la subocupación o la desocupación lisa y llana
porque se les hace cada vez más difícil acceder a un empleo.
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En cuanto a las diferencias por sexo, en la provincia “el 51% de los varones se encuentra en
situación de ocupación plena (trabaja entre 35 y 45 horas semanales) y el 42,2% presenta
sobreocupación (trabaja más de 45 horas semanales). En el caso de las mujeres, la relación se
invierte, más del 70% presenta ocupación plena y un 10% está subocupada. Esta disparidad en
la participación probablemente está vinculada a la desigual carga de responsabilidad en las
tareas de reproducción del hogar”, afirman desde el Observatorio Laboral. Los datos sobre el
empleo precario en la provincia también son preocupantes. El porcentaje total de trabajadores
en estas condiciones está entre el 38% y 40%, siendo mayor en el interior de la provincia que
en el Gran Mendoza. Esta situación de precariedad está relacionada con los bajos ingresos
que perciben los trabajadores mendocinos.
El último dato de la DEIE sobre asalariados sin descuento jubilatorio muestra que en el cuarto
trimestre de 2016 había un 36,9% de trabajadores en esa condición. El trabajo no registrado
pasó del 31% en 2013 a casi el 37% en 2016, aumentando gradualmente todos los años.
El 90% de estos trabajadores precarizados está concentrado en establecimientos privados,
donde la mitad de los trabajadores está precarizada. La juventud, de nuevo, es la más
perjudicada por la precarización laboral: el 57% de los trabajadores no registrados tiene entre
16 y 35 años, mientras que el 58% de los trabajadores que tienen entre 16 y 25 años está
en negro.
Entre las actividades donde se concentran los mayores índices de trabajadores que no están
registrados se encuentran la construcción (79,11%); el servicio doméstico (75,64%);
alojamiento y servicio de comidas (65,39%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
(50%). Por otro lado, el 57,2% de quienes no perciben descuentos jubilatorios está concentrado
en las ramas de comercio, construcción y personal doméstico.
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La población trabajadora de Mendoza tiene uno de los peores salarios del país. Según un
informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) correspondiente al segundo
trimestre de 2016, hay 16 provincias con mejor sueldo promedio que Mendoza y apenas siete
con peor remuneración. Si se hace un ranking de salario promedio neto, Mendoza queda en el
puesto 17, cuando en el segundo trimestre de 2006 se encontraba en puesto número 13 de
Argentina. En los últimos diez años, frente a la constante campaña de los grandes empresarios
dueños de la provincia, y de los gobiernos peronistas y radicales, Mendoza perdió cuatro
lugares en el ranking de salarios para el sector privado. Si esto no sirvió para que se reduzca el
desempleo y la informalidad laboral ¿qué otro argumento que el aumento de las ganancias
empresarias puede tener esta constante caída del nivel salarial?
En 2016 los trabajadores del sector privado de Mendoza fueron parte de los que más
poder adquisitivo perdieron en todo el país. Sólo en Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego
y Catamarca, los trabajadores tuvieron ajustes salariales mayores que en nuestra provincia.
Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe de
“Estadísticas de registros laborales” indican que, entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto
trimestre de 2016, el salario promedio privado de Mendoza aumentó un 34,32%, pasando de
$12.296 a $16.516 netos; creciendo 4,6 puntos porcentuales menos que el índice
inflacionario.
Las últimas estadísticas disponibles, demuestran que los trabajadores locales ganaban en el
último tramo del 2016 un promedio de $14.056,8 netos, quedando claramente por debajo de la
media nacional ($18.107) y muy mal posicionados frente a las demás provincias.
Para julio de 2017, el Subsecretario de Trabajo y Empleo del Gobierno de Mendoza, Alejandro
Jofré, explicó que si bien no existen estadísticas oficiales más que las que maneja el INDEC,
según los convenios colectivos de trabajo que maneja el funcionario, el sueldo promedio en
Mendoza (básico e inicial) es de $15.000. Estimando que los asalariados registrados que
menos cobran alcanzan los $9.000 de básico, sin adicionales. Estos están en rubros como
vigilancia o limpieza; y quienes más ganan cobran alrededor de $20.000, entre ellos están
quienes que prestan servicios en petroquímicas, aceiteras y en el sector bancario.
La reforma laboral de Macri
Una de las principales promesas de campaña, que el “gobierno de los CEO” hizo a las
patronales nacionales y extranjeras, es avanzar en una reforma laboral similar a la del gobierno
de Temer en Brasil. La llamada “reforma laboral”, en Argentina o en Brasil, tiene el objetivo de
aumentar las ganancias de las patronales a costa de las condiciones de trabajo. Una medida
fundamental de la reforma impuesta en Brasil, dice que las empresas con más de 200
empleados pasen a tener “representantes de los trabajadores” para facilitar el “entendimiento”
con los patrones, buscar soluciones y encaminar reivindicaciones. Esta medida busca el
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debilitamiento de la organización sindical. Sobre esta base, la reforma permite que la empresa
negocie acuerdos con los trabajadores, pasando por encima de la ley del trabajo, en quince
puntos, entre ellos la duración de la jornada laboral, las vacaciones, los descansos o el grado
de insalubridad.
La reforma permite desde la jornada de 12 horas diarias hasta el absurdo de 60 horas
semanales. El tiempo de descanso o almuerzo durante la jornada podrá ser reducido a 30
minutos. El trabajador no tendrá más derecho a horas extra. Las vacaciones, por ejemplo,
ahora podrán ser fraccionadas en tres, según la conveniencia de la empresa. El tiempo de
traslado al trabajo en lugares remotos con transporte provisto por la empresa ya no será
computado como parte de la jornada laboral. Se prevé un tipo de despido “de común acuerdo”,
con el que la empresa podrá terminar un contrato pagando solo medio preaviso y con cambios
en el cálculo de la indemnización a favor de la empresa, sin derecho a un seguro de
desempleo.
Otro cambio muy caro a la vida obrera es el del cumplimiento -y su costeo- de las normas de
salud, higiene y seguridad de los trabajadores, que deja de ser responsabilidad de la empresa,
a la que a partir de ahora solo le cabe su “instrucción”. Incluye además la posibilidad de burlar
el salario mínimo con contratos de largo plazo pero con remuneración por hora o el paso de
algunos ítem salariales a la categoría de no remunerativos. Además, se prevé la pérdida de la
relación de dependencia para los trabajadores autónomos aun cuando estén contratados con
exclusividad y en forma continua. También el permiso para tercerizar cualquier actividad de la
empresa, que hasta ahora estaba prohibido para las actividades centrales. A partir de ahora, el
“empleado rural” no necesariamente tiene que ser remunerado con salario. De esta manera, se
legaliza la esclavitud en el campo. Las mujeres serán particularmente castigadas por la
reforma. En casos de embarazo o lactancia, las mujeres serán trasladadas siempre que estén
en puestos con insalubridad máxima, como frigoríficos y áreas hospitalarias sujetas a infección.
En casos de insalubridad mediana o mínima, los casos deberán ser evaluados por un médico,
que puede ser de la propia empresa.
Esta es apenas una enumeración inicial. Según un análisis detallado hecho por jueces
laboralistas y profesores de Derecho, la reforma laboral contiene más de 200 modificaciones a
la ley del trabajo que atentan contra los trabajadores y trabajadoras. Como si fuera poco, a
partir de ahora los trabajadores deberán pagar los costos judiciales de las demandas que sean
perdidas frente a la empresa.
Para los gobiernos de Macri y Cornejo, al igual que para las grandes patronales, “modernizar
las relaciones laborales” es volver al siglo XIX, o incluso volver a la época de la esclavitud.
“Mejorar la competitividad” significa trasladar la competencia entre ellos a los trabajadores,
haciéndonos competir por puestos de trabajo cada vez más precarios. Esta es su manera de
seguir obteniendo ganancias millonarias a pesar de la enorme crisis económica.
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Macri dice, Cornejo hace
La campaña permanente del macrismo contra “la mafia de los juicios laborales” es usada como
caballito de batalla, tanto para presionar a los jueces, como para forzar el avance de la reforma
laboral. Cornejo ha tomado en sus propias manos la tarea de atacar el derecho al acceso de
los trabajadores a la Justicia. A fines de julio, la legislatura provincial convirtió en ley el proyecto
impulsado por el gobierno mendocino para crear una Oficina de Conciliación Obligatoria. En
sintonía con el gobierno nacional, que habla de la “industria” de los juicios laborales, Cornejo
intenta limitar las demandas contra las empresas. La ley establece una instancia obligatoria
antes de la conciliación donde, en un plazo no mayor a 60 días, la subsecretaría de Trabajo
deberá resolver el conflicto para evitar la demanda judicial.
Los trabajadores y trabajadoras en esta provincia pasan a ser ciudadanos de segunda con
respecto al acceso a la Justicia. Ya que cualquier trabajador que quiera denunciar cualquier
irregularidad patronal, deberá pasar por la subsecretaría de Trabajo antes de denunciarlo
judicialmente. Con esta ley aprobada, este es el único caso en el derecho argentino en donde
una persona que ve violado un derecho constitucional no puede ir a reclamarle a un juez y
tiene que ir a la instancia administrativa obligatoria. Violando incluso la famosa “división de
poderes”, el poder ejecutivo -a través de la Subsecretaría de Trabajo- pasa a “mediar” entre los
trabajadores y la justicia.
En Mendoza, durante 2016 se iniciaron más de 19 mil demandas laborales. Con esta ley,
el gobierno pretende reducir esa cantidad en un 30%. El principal motivo de demanda son
despidos injustificados y el trabajo precario; dos cosas que el gobierno no ataca, sino que
prefiere limitar las demandas de los trabajadores.
Como denunció en el Senado de la provincia nuestra compañera Noelia Barbeito, “hablan de
los altos costos de los juicios para el Estado, pero si un trabajador recurre a la justicia es
porque hay un atropello patronal. En Mendoza hay un 36 % de trabajo en negro o precario y
ahora quieren limitar el acceso a que esos trabajadores y trabajadoras lo denuncien”. Además,
el proyecto incluye las demandas por acoso laboral, por lo tanto una mujer que sufra acoso
sexual en su lugar de trabajo deberá obligatoriamente “conciliar” con su acosador antes de
llegar a la justicia. Se trata de un claro movimiento pro empresarial en contra de la “litigiosidad
laboral” que genera la propia ilegalidad de las prácticas empresarias, en contra de que los
trabajadores accedan a la Justicia.
Sólo la fuerza social de los trabajadores y las masas movilizadas para derrotar estos planes
reaccionarios pueden frenar el avance de esta nueva legislación esclavista. Por eso los
diputados y parlamentarios del FIT acompañamos cada lucha y cada batalla no sólo desde
nuestras bancas, sino poniendo el cuerpo en las calles.
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Nuestra propuesta de reducción de la jornada laboral apunta, además de hacer más
saludables las horas dedicadas al trabajo asalariado reduciendo los ritmos, a liberar tiempo
para que todos los que quieran estudiar puedan hacerlo, para el ocio recreativo junto a la
familia y amigos, para mejorar la salud mediante el deporte, para que quienes lo deseen tengan
tiempo para desarrollar las artes. Defendemos como un derecho la jornada laboral de 6 horas,
cinco días a la semana. Los trabajadores han luchado a lo largo de toda la historia del
capitalismo por la reducción de jornadas de trabajo extenuantes. Primero se consiguieron las
12, luego las 10 y mucho más tarde, hace más de un siglo, se conquistaron las 8, que se
mantienen hasta la actualidad. Es sabido que la burguesía busca distorsionar hasta desdibujar
totalmente las conquistas obreras como lo ha hecho con la tercerización, precarización y
flexibilización laboral: millones tienen jornadas agotadoras, otros tantos no tienen el derecho a
una jornada de tiempo completo y un ejército de desocupados ni siquiera tiene el derecho a un
trabajo, cuando el nivel de la tecnología escaló -como todo el mundo lo sabe-
extraordinariamente. No puede ser que, en la "era de internet" y la telefonía celular, se
considere “normal” una jornada de igual duración que hace 100 años.
La historia de la clase obrera mendocina, marcada con sangre y heroísmo, supera ya los
120 años de lucha por la reducción de la jornada laboral. En 1891 aparece la primera
Federación Obrera en Mendoza que, junto a otros gremios, adhiere a la constitución de la
Federación de Trabajadores de la Región Argentina en Buenos Aires,que efectúa un petitorio al
gobernador de la provincia solicitando las ocho horas de trabajo como jornada máxima. La
primera huelga ferroviaria en la provincia se realizó el 27 de agosto de 1896 en el “Ferrocarril
Gran Oeste” en demanda de limitar la jornada laboral a ocho horas. En marzo de 1898 un
diario alertaba sobre “el ascenso de organización y lucha” que habían alcanzado los obreros de
Mendoza. Junto a una enorme organización política socialista, entre 1902 y 1918 se desarrolló
un vigoroso movimiento obrero, con heroicas huelgas y manifestaciones. En 1917, durante una
huelga ferroviaria, fusilan sin piedad a los obreros que marchaban y a sus abanderadas Adela
Montaña y Josefina Biandini de Gómez. Estas luchas enormes y de gran combatividad fueron
logrando imponerle a la burguesía mendocina, una progresiva reducción de la jornada, las ocho
horas para los empleados públicos en la constitución de 1916 y finalmente la Ley nº 732 de
1918 que establecía la jornada de ocho horas para todos los trabajadores del comercio, la
industria y los estatales, sin excepción. Una ley pionera a nivel nacional, ya que entonces sólo
se encontraba limitado a ocho horas el trabajo de los menores de 16 años. La misma
combatividad se necesitó luego para garantizar que esa ley se hiciera respetar, al igual que la
reglamentación del trabajo de la mujer y los niños, el “sábado inglés” y la Ley nº 922 de salario
mínimo; derrotando la reacción burguesa y las denuncias de “inconstitucionalidad” de la prensa
de la época. Como en aquel entonces, hay que organizarse y luchar para conquistar la
reducción de la jornada laboral. Para que podamos trabajar todos y tener más tiempo para
disfrutar, con la perspectiva de un gobierno de los trabajadores y un nuevo tipo de sociedad
donde lo que importen sean nuestras vidas y no la ganancia empresaria.
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- QUE NINGÚN JUBILADO COBRE MENOS DE $16.134 - PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PARA LA TERCERA EDAD
El presidente Macri ya demostró que ni siquiera conoce cuánto cobra un jubilado. En la
Argentina, en diciembre de 2016, se registraron 6,8 millones de jubilados y pensionados. El
65% de ellos cobraba el haber mínimo, que actualmente es de $ 6.394, muy lejos del 82%
móvil que deberían recibir.
La estatización de los fondos de los jubilados sirvió para extender la cobertura, aunque también
permitió el pago de la deuda y el financiamiento de varias “corpos amigas”. El Fondo de
Garantía y Sustentabilidad (FGS), que en el momento de la reestatización sumaba unos $ 100
mil millones pasó a ser de $ 843 mil millones en el tercer trimestre de 2016, manteniendo en su
cartera de inversiones acciones de empresas privadas. Las principales tenencias accionarias
del FGS son del Banco Macro, Telecom Argentina, Grupo Financiero Galicia, Siderar, Pampa
Energía y Grupo Clarín.
Además, se utilizó el FGS para financiar el déficit público, afrontando de manera indirecta con
los recursos de los jubilados los vencimientos de la deuda pública, en desmedro de mejorar los
haberes: el 63% de los fondos está aplicado en títulos públicos nacionales.
En 2016, con una inflación que superó el 40%, los haberes se ajustaron apenas por encima del
30%. Los últimos aumentos no compensan la pérdida de poder de compra del año pasado ni la
inflación del corriente año. La “reparación histórica” resultó una estafa a los jubilados. A esto se
suma la quita de medicamentos gratuitos que dispuso la gestión del PAMI y el intento de quitar
pensiones, de lo cual el Gobierno retrocedió por el enorme repudio generado.
En Mendoza hay 262.968 jubilados y el promedio del haber es $8508. A pesar de esta terrible
realidad, el gobierno quitó la posibilidad a miles de jubilados de adquirir los medicamentos
gratuitos en el PAMI. En nuestra provincia, el 40% de los 220 mil afiliados del PAMI se atienden
en hospitales públicos, el resto lo hace en clínicas privadas y han quedado en el medio de la
disputa entre estas y el Instituto nacional. La resolución 5/17, establece que los jubilados y
jubiladas que perciban haberes superiores a los 6.397 pesos, dejarían de recibir los
medicamentos al 100%, además establece también la quita para quienes sean propietarios de
más de un inmueble o autos o embarcaciones de menos de 10 años de antigüedad.
El propio titular del PAMI, Carlos Varcarcel había informado que “En nuestra provincia se
entregaban medicamentos al 100% a más de 100 mil afiliados” y que a partir de la medida sólo
serían 15 mil quienes los seguirían recibiendo y que estimaba que otros 15 mil iniciarían
“expedientes de excepción” para seguir accediendo a los medicamentos. Hay medicamentos
que aumentaron su precio de 300 a 4000 mil pesos para los afiliados y afiliadas al PAMI. En el
mes de Abril, el único prestador de Servicios Médicos Ambulatorios suspendió el servicio,
dejando sin atención a 140 adultos mayores que requieren de este servicio mensualmente,
muchos de los cuales han muerto ya sin atención médica adecuada.
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En nuestra provincia el PAMI no cuenta con un hospital y una red de clínicas propias para
garantizar una atención digna. Como constató la Comisión de Salud del Senado, la
tercerización a través de clínicas privadas, que lucran con la salud de los jubilados y jubiladas,
no solamente presenta un pésimo estado desde el punto de vista de la limpieza y la atención
que brindan, sino que también en muchas de estas clínicas se han comprobado casos de
sobrefacturación o subprestaciones.
El ANSES recibe los aportes patronales y contribuciones que recauda por cada trabajador
registrado, y recibe fondos por la recaudación de impuestos como IVA, Cheque y Ganancias. A
comienzos de los 90, las mismas alcanzaban el 33%, hoy están en 23,7%, pero con los
programas y regímenes especiales que benefician a empresarios la contribución patronal
efectiva promedia el 13,3 %. Si se restituyen las contribuciones patronales al 33% vigente
antes de los ’90 se podría elevar el desembolso previsional un 40%. La restitución de las
contribuciones patronales y la eliminación de estos beneficios para las empresas, permitirían
pagar el 82% móvil.
Datos:
• $7.246 es el valor de la jubilación mínima desde agosto de 2017
• El 65% de los jubilados cobra el haber mínimo.
• 200mil jubilados han sido afectados por problemas en la atención médica del PAMI a
través de clínicas privadas
• Sólo 15mil de 100mil que tenía cobertura en el 100% del costo de algunos
medicamentos mantienen ese beneficio luego de la resolución 05/17
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Que ningún jubilado quede bajo la línea de pobreza. La última medición de la Canasta
de los jubilados, que elabora la Defensoría de la Tercera Edad, alcanza los $16.134 en
mayo de 2017; la jubilación mínima debe cubrir ese monto.
• Por un verdadero 82% móvil, ligado al sueldo del activo. Aumentando las
contribuciones patronales y eliminando de las desgravaciones a sectores empresarios.
• Creación de un hospital especializado para adultos mayores en Mendoza.
• Que la ANSES esté bajo la administración directa de jubilados y trabajadores.
• Basta de intervención en el PAMI, que vuelva a ser administrado por los propios
jubilados. Anulación de la resolución 05/17 y restitución de las prestaciones médicas y
el acceso a los medicamentos.
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- POR UN PLAN INTEGRAL DE EMERGENCIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
- POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LGTTB - POR LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO
La problemática de la violencia hacia las mujeres se ha acrecentado en los últimos años,
incluyendo su forma más extrema, el femicidio, que se lleva la vida de una mujer cada 25
horas en Argentina (en 2016 la estadística era la de un femicidio cada 30 horas). Hoy, la Ley Nº
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres sigue sin ser aplicada en muchas provincias, los servicios de asistencia y el
presupuesto que tienen asignado son absolutamente insuficientes. La situación estructural que
alcanza a millones de mujeres en Argentina, es la base material sobre la que se extiende y
profundiza la violencia contra las mujeres. El Observatorio de Femicidios de la organización
civil La Casa del Encuentro, da cuenta de que estos femicidios dejaron sin madre a 3.158 niños
y adolescentes en todo el país desde 2008 hasta el primer semestre de este año.
Las enormes movilizaciones del #NiUnaMenos comenzaron hace ya más de dos años, ante
femicidios que no solo nos llenaron de tristeza y bronca, sino que desataron un movimiento de
cientos de miles de mujeres en las calles en cada pueblo, en cada ciudad del país. Muchas,
quizás por primera vez en sus vidas, alzaban su voz: ¡Vivas nos queremos! Se logró instalar en
la conciencia de millones la importancia de la lucha por el derecho más básico para las
mujeres, el derecho a vivir. Resonó en Latinoamérica y en el mundo entero. Se unió a otras
voces que atravesaron continentes y lo vimos el pasado 8 de marzo en el paro internacional de
mujeres.
Se ha logrado conmover millones de conciencias, excepto las de los funcionarios. Han pasado
los gobiernos del FVP y ahora el PRO, pero ninguno hizo concretamente lo que se necesitaba.
Las leyes se transformaron en papel mojado sin presupuesto o reglamentación. El ajuste llega
a la vida de las mujeres del pueblo trabajador, quitando el pan de la mesa, aumentando su
explotación, y también llega al miserable presupuesto para las políticas de género. Claro que
se han creado ministerios, direcciones, subsecretarías pero se dedican a quitarle
responsabilidad al Estado: “poco podemos hacer, es un problema cultural que va a tardar
décadas” dijo el gobernador Cornejo. No alcanza con que Cornejo en su primera Asamblea
Legislativa haya dicho “mujer bonita es la que lucha”, si luego destina $30 por mujer en el
presupuesto y maltrata a las maestras con el ítem aula. Y en cambio, utiliza los casos de
femicidio para fortalecer sus políticas de mano dura. La creación de refugios y viviendas, y
trabajo para las mujeres víctimas la violencia machista son medidas elementales pero urgentes
que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas.
Según datos de la Asamblea #NiUnaMenos Mendoza y la Dirección de Género en Mendoza
durante el 2016 se registraron 2128 denuncias por violencia de género:
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• La mitad de estas mujeres de Mendoza no puede acceder a la vivienda
• El 85% de estas mujeres trabaja de forma precaria
• El 82% de estas mujeres no cuenta con obra social
Y tantos derechos que faltan: cobrar igual que los varones por el mismo trabajo, acceder a la
educación sexual, al aborto legal, seguro y gratuito para que no haya más muertas por abortos
clandestinos. La conquista de los derechos de las mujeres es una larga marcha. Es contra la
cultura patriarcal, pero también debe necesariamente combatir este sistema capitalista que vive
de la explotación. Así encontramos a los aliados para esta pelea. ¡Qué diferente sería todo si la
clase obrera uniera su fuerza a la de las mujeres que hacen temblar la tierra!
Nuestras legisladoras del FIT, Noelia Barbeito y Cecilia Soria, presentaron un proyecto de Ley
para declarar la emergencia contra la violencia hacia las mujeres. El mismo contempla un
régimen de asignaciones económicas y cobertura social, refugios transitorios y plan de
viviendas, licencias laborales en el ámbito público y privado, licencias y pases educativos para
las víctimas y sus hijos, y la creación de equipos interdisciplinarios que acompañen
integralmente a las mujeres en el proceso. Nuestro reclamo, nuestra urgencia es que se
declare la emergencia en violencia de género.
Cuando este proyecto, junto a otros referidos a este tema, se pusieron a discusión en las
comisiones legislativas, la Directora de Género y Diversidad del gobierno provincial, Silvina
Anfuso de Libres del Sur, señaló que el problema de contar con equipos interdisciplinarios que
tengan “otra escucha” es “un punto clave” porque la estructura del Estado no tiene formación
desde “una perspectiva de género”. También dijeron sería importante avanzar en un plan de
asignaciones especiales con el ANSES y en un cupo de viviendas para víctimas de violencia
con el IPV, ya que lograr una “desvinculación” económica entre el maltratador y la víctima es
uno de los problemas más difíciles de resolver actualmente.
Sin embargo, la mayoría automática de la UCR en ambas cámaras impidió que este proyecto
fuera tratado y se diera sanción a un Plan Integral, debatido con las organizaciones del
movimiento de mujeres. El Gobierno destinó en el 2017 una partida presupuestaria de apenas
26 millones para esta área. Son muy pocos los refugios con los que cuenta la provincia y aún
no hay equipos interdisciplinarios que contengan a las mujeres que se animan a denunciar.
Nuestras concejalas, Melisa Prado y Mailé Rodriguez, lograron que en los Concejos
Deliberantes de la Ciudad de Mendoza y de Guaymallén aprobaran por unanimidad una
ordenanza de su autoría, para que se les otorgue licencia laboral a las trabajadoras
municipales en situación de violencia de género. La misma contempla un abordaje amplio de la
protección de las trabajadoras municipales, e incluye la creación de un equipo interdisciplinario
compuesto por médicos, trabajadoras sociales, psicólogas, y los profesionales que el caso
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particular requiera para contener a la trabajadora y a las personas que tenga a su cargo.
Contempla también el cobro del total de sus haberes, como también los ítems variables dentro
de su salario y establece la prohibición del despido para la trabajadora que solicite dicha
licencia. Su importancia fue destacada por los distintos medios provinciales y el proyecto se
presentó en los demás Concejos Deliberantes, sin embargo en otras comunas también
gobernadas por Cambia Mendoza, el Partido Justicialista y el Frente Renovador, no se ha
avanzado en sancionar esta normativas tan necesaria y elemental.
Las mujeres trabajadoras sufren los mayores ataques por parte de las empresas y el estado
frente a la crisis y los despidos. En los informes presentados en la Legislatura el pasado 8 de
marzo, se daba cuenta que de los 21 mil despidos registrados en un año, unos 14.000 habían
sido sufridos por mujeres. Los cartelitos en la puerta de las fábricas anunciando que hay
familias que se quedan en la calle, como se ha visto en la emblemática lucha de Pepsico, se
han vuelto una realidad cotidiana. En el caso de Pepsico el cierre de la planta se fundó en la
voluntad de esta multinacional de terminar con las conquistas de las obreras en sus
condiciones de trabajo, su jardín maternal, el derecho a acceder a la planta permanente y las
mismas categorías que los hombres, y con su fuerte organización en la fábrica: siendo estas
obreras las que salían a las calles en cada #NiUnaMenos y paralizaron la producción a las
00hs, en la histórica jornada del Paro Internacional de Mujeres, ganando el apoyo de todo el
movimiento de mujeres. La Mesa Nacional de #NiUnaMenos se pronunció contra el brutal
ataque que siguen sufriendo las obreras de Pepsico, que es un ataque a todo el movimiento de
mujeres.
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En Mendoza esta discriminación a las obreras en las fábricas, talleres y empresas, es moneda
corriente, y existen empresas que discriminan abiertamente, como La Campagnola, que utiliza
como criterio para determinar las suspensiones en la planta la condición de “Mujeres” entre
sus empleados. Desde el Frente de Izquierda luchamos por terminar con la doble
discriminación y opresión que sufren las mujeres trabajadoras, para terminar con los altos
índices de precariedad laboral y la discriminación de las mujeres al interior de las empresas,
por hacer efectivos los derechos a las licencias por maternidad, embarazo, a las horas de
lactancia y jardines infantiles para sus hijos.
Otras dificultades se nos presentan también cuando las mujeres que somos madres queremos
acceder al derecho a estudiar, por ello hemos presentado un proyecto de creación de
jardines infantiles en todos los terciarios, y que todas podamos desarrollar nuestros
estudios sin que tener hijos sea un impedimento para ello. Este proyecto presentado por los
legisladores del PTS-FIT, ya tiene despacho favorable de la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados, pero aún aguarda el tratamiento del resto de las comisiones para llegar
al recinto.
Otro derecho elemental es la implementación del “Protocolo para la atención integral de
las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, o “aborto no punible” para
las mujeres y niñas con discapacidad y/o víctimas de violaciones, que aún no está garantizado
en la provincia. Más de 300 mujeres mueren cada año por la clandestinidad y la criminalización
del aborto. Después de cuatro años del fallo de la Corte para facilitar el acceso a abortos no
punibles, sólo ocho provincias aplican la Guía Técnica correspondiente para estos casos.
Durante una sesión de la Legislatura en el 2014, un grupo “pro vida” ingresó al recinto para
intimidar a la senadora Noelia Barbeito en el momento en que estaba solicitando el estado
parlamentario de un proyecto de ley para que se aplique en esa provincia la guía técnica. ¿Qué
mayor violencia que la que ejercen sobre niñas de 12 años que han sufrido violaciones,
presionadas para seguir adelante con sus embarazos, al arbitrio de jueces, médicos, de su
exposición en los medios de comunicación, y de estos grupos que las revictimizan tratándolas
de delincuentes y asesinas? Hemos visto decenas de estos casos.
Como señaló nuestra compañera diputada, Cecilia Soria, Mendoza aún no llega a 1921. En el
Código Penal de ese año, en su artículo 86 inciso 2 dice que el aborto no es punible si el
embarazo es producto de una violación, o cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer. En
el 2010 el Ministerio de Salud de la Nación elaboró la “Guía técnica para la atención integral de
los abortos no punibles”, luego hubo una exhortación de la Corte. El Ejecutivo debería aplicarlo
y no lo hace. En el 2012 logró media sanción de diputados luego de movilizaciones de
organizaciones de mujeres, pero por la presión de la Iglesia fue frenado en el Senado. ¿Por
qué está frenado? Porque la Iglesia y sus creencias rigen aún las políticas de Estado y salud
pública en esta provincia.
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Necesitamos este derecho elemental para las mujeres de Mendoza. Pero no sólo eso,
queremos decidir sobre nuestros propios cuerpos, para que dejen de morir 300 mujeres por
abortos clandestinos, en su mayoría pobres, y para eso necesitamos conquistar el derecho al
aborto legal, seguro y gratuito. En el mundo se ha demostrado que con la legalización de esta
práctica, que se cobra la vida de muchas mujeres cuando es ilegal, se salvan vidas, y hasta
disminuye la cantidad de abortos si va acompañado de un plan integral de educación sexual y
distribución de anticonceptivos. Vamos a seguir sosteniendo: educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
Se estima que seiscientas mujeres y niñas continúan desaparecidas, sólo en la última década,
a manos de redes de trata para la explotación sexual. Las redes de trata operan con
complicidad de la policía y los funcionarios políticos. La investigación para el desmantelamiento
de estas redes debe estar a cargo de las organizaciones de mujeres y organismos de
Derechos Humanos, con independencia de la policía y del Estado.
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Son las propias mujeres las que se han organizado para salir a buscar a las chicas
desaparecidas en nuestra provincia. El ejemplo de las maestras de Lavalle que sacaron a la luz
la desaparición de Johana Chacón y Soledad Olivera, convirtiéndolas en un emblema de la
lucha en Mendoza. Durante los juicios por Soledad Olivera, quedó demostrada tanto la
complicidad de la policía local en cajonear la denuncia por Soledad, como los criterios
machistas de la justicia provincial, que llevó a un fallo escandaloso que revictimizaba a
Soledad. La Suprema Corte debió ordenar que se realizara un nuevo juicio que contemplara la
“perspectiva de género”. Lo mismo sucedió con Gisela Gutiérrez en La Favorita. La lucha por
aparición, la verdad y la justicia que iniciaron estas maestras es hoy uno de los reclamos más
sentidos por el movimiento de mujeres y el pueblo trabajador de Mendoza.
Las personas lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales e intersex (LGTTBI) no han
logrado plenos derechos, especialmente en salud y educación con una perspectiva de
diversidad sexual y en el acceso a trabajo digno. Especialmente crítica es la situación de las
personas travestis y trans, cuya expectativa de vida es en promedio de 35 años y en su
mayoría no encuentran otra salida que la prostitución. Desde el FIT hemos presentado, tanto
en la Legislatura como en distintos Concejos Deliberantes, proyectos para establecer un cupo
laboral para personas trans, que a pesar de haber sido debatidos en las comisiones aún no son
tratados en los recintos para avanzar en su aprobación.
Los gobiernos y partidos patronales se siguen subordinando a los mandatos de la Iglesia
católica y su campaña contra los derechos de las mujeres y las personas LGTTBI. La Iglesia,
que protege a una red internacional de abusadores de menores, sigue firme en su campaña
contra la educación sexual en las escuelas y el derecho a las mujeres a decidir sobre sus
propios cuerpos.
Los aberrantes crímenes del Instituto Próvolo en nuestra provincia causaron una enorme
conmoción social, y terminaron de destapar el funcionamiento de la mafia eclesiástica que
anida en los privilegios de la Iglesia Católica. La situación del caso es muy delicada por los
delitos padecidos por los niños y niñas, sobre los cuales existen diversos tipos de
responsabilidades que le cabe a la Dirección General del Escuelas, al propio instituto y al
arzobispado de Mendoza. El Vaticano no ha aportado ningún elemento a la investigación en
curso, ni siquiera los probados antecedentes de Corradi en Verona. Al contrario, utiliza su
poder para encubrir y proteger al clero abusador. Desde el FIT presentamos un proyecto para
que el Congreso Nacional anule el escandaloso Concordato, suscripto por la dictadura de
Onganía con el Vaticano, que permite el encubrimiento de estos crímenes bajo la tutela del
“derecho canónico”. Así como también planteamos la separación de la Iglesia y el Estado,
terminando con el pago de sueldos y jubilaciones de privilegio al clero desde el Estado, y el
régimen de propiedades en manos de la Iglesia que la convierte en una de los principales
terratenientes urbanos del país.
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Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Contra todas las formas de violencia hacia la mujer. ¡Ni Una Menos! Por un plan
integral de emergencia contra la violencia de género: refugios transitorios y plan de
viviendas para las víctimas de violencia y trata de personas, un régimen de
asignaciones económicas y cobertura social, licencias laborales en el ámbito público y
privado, licencias y pases educativos para las víctimas y sus hijos, y creación de
equipos interdisciplinarios que acompañen integralmente a las mujeres en el proceso.
• Plenos derechos para las mujeres trabajadoras. Igualdad en los salarios y mejores
condiciones de trabajo.
• Jardines infantiles gratuitos para las mujeres trabajadoras en nuestros barrios, lugares
de trabajo y de estudio: Institutos de Educación Superior, CEBJA y CENS y facultades
públicas.
• Aparición con vida de Johana Chacón, Soledad Olivera y Gisela Gutiérrez. Verdad y
justicia por todas las víctimas de violencia hacia las mujeres.
• Impulsar la lucha por la investigación y desmantelamiento de las redes de trata.
• Adhesión a la Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles del
Ministerio de Salud de la Nación.
• Impulsar la movilización por el derecho al aborto, libre, seguro y gratuito.
• Cupos de ingreso laboral en el Estado no inferiores al 3 por ciento del personal para
personas travestis, transexuales y transgénero, y mujeres en situación de prostitución,
que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y capacitación laboral en
servicio.
Separación de la Iglesia y el Estado:
• Verdad y justicia para las víctimas del Instituto Próvolo y el abuso eclesiástico.
• Derogación de las siguientes leyes y decretos:
o Decreto-Ley 17.032 mediante la cual se homologa el acuerdo entre el
Vaticano y la República Argentina, conocido como “Concordato” suscrito el
10 de Octubre de 1966,
o Inciso “c” del artículo 146 del Código Civil de la Nación y las leyes 21.950,
21.540 y 22.552 mediante las cuales se establece el pago de dietas por
parte del Estado Nacional a Obispos y Arzobispos y otros miembros de la
jerarquía eclesiástica equivalentes un porcentaje de la dieta de un juez de
primera instancia.
o Decreto-Ley Nº 22.162 – 25/02/1980 Firmado: Rafael Videla, Albano
Harguinduy, José Alfredo Martinez De Hoz, David Rogelio De La Riva,
Reynado Pastor – Título: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar
una asignación mensual para el sostenimiento del culto Católico Apostólico
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Romano a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en
Zonas de Frontera
o Decreto Nº 1991/80 – 19/09/1980 – Título: Norma de aplicación para el
otorgamiento de órdenes de pasajes a representantes del Culto Católico
Apostólico Romano
o Decreto-Ley Nº 22.430/81 - 20/03/1981 – Firmado: Rafael Videla – Título:
Asignación mensual vitalicia para Sacerdotes Seculares del Culto Católico
Apostólico Romano no amparados por un régimen oficial de previsión o de
prestación no contributiva
o Ley Nº 22.950 – 14/10/1983 – FIRMADO: Reynaldo Bignone, Juan Aguirre
Lanari, Jorge Wehbe – Título: Sostenimiento del Clero de nacionalidad
argentina
o Acuerdo con la Santa Sede del 28/06/57 (Aprobado por Decreto Nº
7.623/57) Fecha del decreto: 5 de julio de 1957 Modificado por Intercambio
de Notas: Nota Argentina (21/04/92) Extracto: Aprobación del Acuerdo
entre la Nación Argentina y la Santa Sede sobre Jurisdicción Castrense y
Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas.
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- POR UNA SALIDA DE FONDO PARA LA EMERGENCIA HABITACIONAL: REFORMA URBANA Y PLAN DE CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS POPULARES
En las últimas décadas asistimos a un boom inmobiliario. Han proliferado los barrios privados y
la construcción de grandes emprendimientos, mientras que hay millones que no pueden
acceder a una vivienda digna. En la provincia de Mendoza según el censo 2010 hay una
necesidad habitacional de 133.243 viviendas. Hay un 46% de la viviendas que son precarias
(62.482) y viven en hacinamiento el 54% (70.671 viviendas) de las familias mendocinas. Son
estos sectores a su vez los más afectados por las contingencias climáticas. Como vimos
durante el 2016, cuando se superaron ampliamente los promedios de precipitaciones de los
últimos diez años, hubo derrumbes y muertes, y salió a la luz el gran deterioro y precariedad en
la que viven miles de personas en toda la provincia.
Como denunciaron nuestros concejales, al estar emplazados en una zona con peligro sísmico y
bajo amenazas aluvionales (por la combinación de los fenómenos climáticos, el desmonte del
piedemonte y la erosión de los terrenos por el boom inmobiliario), la precariedad de las
viviendas (muchas de ellas de materiales como el adobe) sumada al deterioro causado por
diferentes factores climáticos, deja expuestos a grandes sectores de la población a riesgos
inminentes. No tomar medidas urgentes para afrontar estos peligros constituye un silencioso
crimen social. Sólo en el departamento de Guaymallén, entre un 30 y un 40% de las viviendas
son de adobe, y con los temporales, hubo casi 700 denuncias por rotura de viviendas durante
el 2016. Defensa Civil asistió e intervino en 117 operativos por derrumbes de techos, paredes o
riesgo inminente de colapso de construcciones, posteriores a la tragedia de San José, y unas
500 construcciones fueron catalogadas con la categoría de “Riesgo 1” por la comuna.
Por ello impulsamos la necesidad de declarar una emergencia habitacional que contemple
la creación de una comisión técnica, compuesta por personal idóneo y miembros de la
comunidad afectada. Y un registro único de viviendas ociosas, un régimen de impuestos y
tasas progresivas sobre empresas, bancos y entidades financieras, centros comerciales,
casinos y viviendas ociosas, obteniendo así recursos para destinar exclusivamente a planes de
vivienda, refacciones o reparaciones, en coordinación con el IPV (Instituto Provincial de la
Vivienda) y las familias afectadas.
Esta peligrosísima situación en la que viven las familias del pueblo trabajador contrasta con las
millonarias ganancias de los “desarrolladores inmobiliarios” y de la propia industria del
cemento. Aunque la obra privada chica permanece frenada en la provincia, los desarrollos
inmobiliarios para el segmento denominado “ABC1” (compradores de alto poder adquisitivo)
encuentran su lugar en que pagan hasta U$S 3.500 por m2. Así es que desde el Colegio de
Corredores Públicos Inmobiliarios reconocen que tanto en el 2016 como este año, hay una
gran falta de oferta para vender de casas de barrio, o departamento o dúplex amplios, que
ronden entre los 800 mil y 1,5 millón de pesos, para una familia tipo -madre, padre y dos hijos-.
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Lo irracional de este anárquico negocio que el macrismo ha denominado como “brotes
verdes en el sector inmobiliario” es proporcional a la racionalidad especulativa para blanquear
dinero sucio (“sinceramiento”) y legalizar la fuga de capitales. El blanqueo o “sinceramiento
fiscal” lanzado por el macrismo para el primer trimestre del 2017, cambió el costo del impuesto
especial a los Bienes y Derechos a exteriorizar. Si lo que van a blanquear supera los 800.000
mil pesos, hasta diciembre de 2016 pagaban el 10% y ahora pasarán a pagar el 15% de su
valor, aunque pueden atemperar el pago de ese impuesto con la compra de dos bonos: Bonar
2017 o Global 2017. En este marco, el dinero que se sinceró debe permanecer depositado a
nombre del titular por un plazo de seis meses. Sin embargo, puede ser retirado antes del
período estipulado si el monto blanqueo se destina, justamente, a la adquisición de bienes
inmuebles o muebles registrables. Del total a blanquear se estima que un 60% será
exteriorización de inmuebles y el resto, dinero en bancos, bienes muebles registrables y
créditos o derechos. Esa es la “mano invisible” de la plata sucia y la fuga de capitales, que
orienta las inversiones financieras de estos desarrollos inmobiliarios “premium”.
Mientras hay familias que mueren bajo el derrumbe de paredes de adobe, la cementera
Minetti -hoy de la multinacional Holcim- cuenta con una capacidad de producción de 5 millones
de toneladas de cemento y de 1,8 millones de metros cúbicos de hormigón elaborado. Entre
2012 y 2015, sus ingresos anuales superaron los $230 mil millones, pero al cabo de esos
cuatro años sólo reinvirtió un 16% de estos recursos en nuevas tecnologías y ampliación de
instalaciones. El resto alimentó una enorme fuga de capitales. El año 2016 lo cerró con una
utilidad superior a 390 millones. Y durante el primer trimestre de 2017, la cementera comunicó
a la Bolsa un resultado neto de $ 200,7 millones al 31 de marzo. El patrimonio neto atribuíble a
los accionistas de esta compañía de capitales suizos, se ubicó -al cierre de marzo- en 1.725,3
millones de pesos, es decir, 32,5 por ciento superior al que arrojó al término del primer trimestre
de 2016. Es necesario nacionalizar esa industria estratégica para terminar con esa sangría de
recursos.
Paralelamente, ha ido creciendo el costo de la construcción de viviendas. Según la
medición que realiza el Colegio de Arquitectos de Mendoza, el precio del m2 de la construcción
durante el primer trimestre de 2017 es de $ 12.245,68, un 37% más con respecto al primer
trimestre de 2016, cuando ese valor era de $ 8.934,99. Esto significa que construir una casa de
100 m² cuesta más de $1,2 millones. Aunque los constructores replican que este valor es sólo
para viviendas sociales; ya que las de clase media y Procrear son más caras. Frente a esta
escalada inflacionaria y la falta de acceso al crédito, para las familias trabajadoras se hace
cada vez más difícil acceder a una vivienda propia y segura. Para quienes no tienen una
vivienda propia y deben alquilar, la situación sólo se ha complicado cada vez más.
Hoy en Mendoza el alquiler implica entre el 40 y 45% del sueldo. Los salarios promedio se
encuentran hoy, en relación a los alquileres, un 21% por debajo de lo que se encontraban en la
década del 90 y un 26% en relación a 2011. Hoy se necesitan 11 años, es decir 134 sueldos,
para poder acceder a una vivienda. Con respecto al precio de las viviendas, cayó un 39% la
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relación salario/m2 en los últimos 10 años. Es decir, cada vez se necesitan más salarios para
acceder a un hogar propio, y en la mayoría de los casos no alcanzan los ahorros de toda la
vida para lograrlo.
El punto de partida de cualquier plan que garantice viviendas para todos debe pasar por una
reforma urbana, que expropie las tierras usurpadas por los “desarrolladores” privados, las
propiedades en manos de la Iglesia y las de los grandes grupos inmobiliarios. Son cientos de
miles de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas populares. Además,
es necesario expropiar las viviendas desocupadas que estén en manos de poseedores de
grandes fortunas. Hay que luchar por prohibir los desalojos.
Para los inquilinos debe establecerse, como salida transitoria, que los alquileres no excedan el
20% del salario mínimo. Para todos aquellos que necesiten acceder a la vivienda única
mediante crédito, hay que establecer un fondo público para préstamos, cuya cuota no exceda
el 20% del salario mínimo y sin más requisitos que el de establecer el déficit
habitacional familiar. La resolución del problema de la vivienda está estrechamente vinculada a
terminar con todas las privatizaciones de los servicios públicos como gas, electricidad y
transporte, poniendo todas las empresas bajo control obrero y popular, para que
la infraestructura básica llegue a todos.
Es necesario desarrollar un plan de construcción de viviendas –y junto a ellas, nuevas
escuelas, hospitales, y tendido de infraestructura básica y transporte– controlado por los
trabajadores, cuyos recursos deben salir de impuestos progresivos a las grandes fortunas y del
no pago de la deuda externa. La descentralización de los programas de viviendas recargó en
las provincias el peso de la inversión pública en ese rubro, lo cuál es una causa más que
profundiza el déficit habitacional. Es necesario un Plan nacional de emergencia ante la crisis
habitacional actual. Un plan urbano integral solo es viable si su ejecución y control está en
manos de los trabajadores y el pueblo.
El Gran Mendoza, después de Buenos Aires, es el mayor conglomerado de urbanizaciones
cerradas de Argentina. Durante los gobiernos kirchneristas y el macrismo los barrios privados
los que han tenido un verdadero “boom” y ya ocupan el 11% del territorio urbanizado de la
provincia. El relevamiento hecho por Edición UNCuyo en un estudio denominado “La Década
Loteada” (hecho en base a datos aportados por los municipios y a un relevamiento de la
especialista mendocina Sonia Roitman) da cuenta de que ya hay más de 300 barrios cerrados,
sólo en el Gran Mendoza.
Esta investigación demuestra “el avance de las urbanizaciones cerradas se inició a fines de los
’80 en la provincia, aunque algunos barrios (como el pionero Dalvian) se adelantaron 10 años
al fenómeno. El proceso se aceleró a partir de los ’90 y, sobre todo, con el cambio de siglo,
donde “explotó” el loteo de antiguas tierras agrícolas para levantar allí barrios privados. Según
se desprende de los datos relevados, el 60% de estos barrios se construyeron desde 2004. Y
su crecimiento no se detiene”.
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Para la construcción de este tipo de emprendimientos se aprovechan de los enormes
saltos de renta que implica construir en tierra no urbana, para luego vender a precios
exorbitantes. Más allá de que en ese caso son los “consumidores” -que suelen ser inversores,
ya que más del 93% de las compras de tierras e inmuebles en la última década en
Argentina se hacen sin acceso al crédito hipotecario, por actores con mucha liquidez o
fondos de inversión- los que supuestamente “perderían” frente al “desarrollador-especulador”
que se apropia de ese “salto de renta” cuando se realiza su valor al venderlos; los
perjudicados somos todos.
Es que ese suelo-mercancía se “hipervaloriza”, y en las periferias opera como “punta de
lanza”. ¿Qué significa esto? Una vez construido (o antes) logra (ya sea por lobby, presión o con
inversiones mixtas) que se lleven todos los servicios, y se valoriza de forma exagerada
el entorno. Esto favorece sólo a propietarios, dejando al pueblo cada vez más lejos de la
posibilidad de acceso al suelo. A esto se suman movimientos coyunturales asociados a
mercados paralelos (soja, alta inflación que genera mayor atracción, etc.); o bien a
cambios en los permisos de construcción y/o planificación urbana que otorgan rentas
potenciales que existían antes.
En departamentos como Las Heras, las instrucciones de loteo para mega emprendimientos
inmobiliarios sobre el pedemonte, como Condominios Dalvian, Palmares Valley y Mendoza,
fueron aprobadas en tiempos exprés y burlando la legislación vigente. El gobierno municipal del
PJ no escatimó recursos para favorecer estos negociados. Llegando incluso a hacer en el 2006
una modificación “fugaz” de la ordenanza para dejar sin efecto el artículo 1, que establecía que
en la zona de los cerros únicamente deben construirse viviendas unifamiliares (una casa por
lote), que se mantuvo sólo por 48hs, tiempo que demandó aprobar la construcción de uno de
estos emprendimientos.
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A finales del 2015 en la Ciudad de Mendoza, el gobierno municipal del radicalismo aprobó la
modificación al código Urbano y de Edificación, favoreciendo la construcción de torres y mega
proyectos inmobiliarios, con importantes beneficios que incluyeron desde exención de tasas
hasta la posibilidad de apartarse por completo del mismo código dependiendo de la
envergadura del proyecto.
En síntesis: no hay ningún tipo de control del aumento especulativo de la renta urbana,
cada desarrollo de este tipo se apropia de una porción enorme de tierra y hace
aumentar la renta general y del entorno, haciendo el suelo cada vez más inaccesible
para quienes lo necesitamos para vivir y no para invertir en esta especulación millonaria.
Como denunció nuestro concejal Paúl Lecea, en Maipú hay 15 mil parcelas en carpeta para el
desarrollo de este tipo de negocio, que se suman a los más de 4 mil padrones municipales de
barrios privados que ya existen. La instalación de barrios privados demanda servicios que son
afrontados con las tasas que paga el conjunto de los maipucinos que no viven en barrios
privados. Se satura la infraestructura urbana, afectada por su antigüedad y por la falta de
inversión.
Para “legitimar”, “integrar” y “normalizar” esta situación, se ha avanzado en ordenanzas que
establecen tarifas diferenciadas para cada uno de los servicios que preste el municipio a los
barrios privados. También plantean que la recolección de residuos sea en un punto destinado a
ello y establece un cargo especial para el desarrollo de “obras estructurales urbanas” y de
“infraestructura social básica” que se pagará en los barrios cerrados. Sin embargo, estas
ordenanzas de “normalización”, lejos de apuntar a limitar la especulación inmobiliaria, apuntan
a que los municipios se conviertan en socios de los mismos en la venta de servicios. Aún así,
entre estos “desarrolladores” rechazan tener que pagar una tasa en concepto de
“infraestructura social básica” (referida a polideportivos, salas de salud, etc.) y han presentado
un recurso para que la Corte declare su inconstitucionalidad.
Los barrios populares no tuvieron el mismo desarrollo. Como denunciaron nuestros
concejales, el último censo del INDEC (2010) señala que de los 54.000 hogares de Las Heras,
en alrededor de 10 mil sus habitantes viven hacinados o en condiciones de extrema
precariedad; aproximadamente 5 mil familias no tienen acceso a la red pública de agua
potable, y unas 6 mil no tienen acceso al sistema de cloacas. Una realidad que se extiende por
el Gran Mendoza y las urbanizaciones del Este, el Sur provincial y el Valle de Uco. Una gran
parte del pueblo trabajador -por el hecho de no tener acceso a la vivienda o a terrenos en
mejores condiciones- es relegada a las áreas periféricas donde el riesgo es aún más grande
por la combinación de la precariedad de las viviendas y barrios con la exposición a peligrosos
fenómenos naturales. Lo que explica -por ejemplo- que ante un evento aluvional se vea menos
afectada áreas como el Dalvian y más afectada La Favorita.
En el relevamiento de asentamientos y villas inestables del país -realizado entre agosto de
2016 y mayo de 2017 y publicado en el decreto 358/2017 por el gobierno nacional el mes
pasado- Mendoza aparece con 205 asentamientos contabilizados y se ubica quinta en el
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ranking nacional, sólo por detrás de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y
Misiones. El Gran Mendoza es la zona donde existe más concentración de asentamientos
precarios. Las Heras es el departamento que más villas miseria registra con 30; seguida por
Guaymallén con 28 y Maipú con 26; mientras que Luján con 25 y Capital con 23 completan los
principales 5.
DATOS
Más de 3 millones de familias sufren el déficit habitacional, lo que indica que unas 14 millones
de personas viven en condiciones precarias o no tienen techo.
• 134 sueldos se necesitan para comprar una vivienda.
• 21% cayó el valor del salario en comparación con el costo del alquiler en relación a la
década del 90 y 26% en relación a 2011
• En Mendoza hay una necesidad habitacional de 133.243 viviendas. De las viviendas
existentes, hay un 46% que son precarias (62.482) y se vive en hacinamiento en el
54% (70.671 viviendas).
• En todo el país hay 4.100 villas de asentamiento en la que viven 810.000 personas.
Mendoza es la quinta provincia con una cantidad de 205 villas.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Plan de Obras Públicas, infraestructura y viviendas basado en impuestos progresivos a
las grandes fortunas y bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales
• Para todos aquellos que necesiten acceder a la vivienda única mediante crédito,
establecer un fondo público para préstamos, cuya cuota no exceda el 20% del salario
mínimo y sin más requisitos que el de establecer el déficit habitacional familiar
• Que el alquiler no supere el 20% del salario mínimo
• Derogación de los códigos urbanos que sirven al capital financiero e inmobiliario.
Prohibición de desalojos. Eliminación del impuesto a la vivienda única y captación de la
renta diferencial urbana a partir de impuestos y tasas progresivas a los grandes
empresarios, desarrolladores urbanos y especuladores inmobiliarios. Prohibición de
otorgamiento de “excepciones urbanas”, utilizadas para favorecer a los grandes
desarrolladores inmobiliarios y capitalistas.
• Urbanización de las villas y asentamientos en base a un plan de emergencia controlado
por los vecinos
• Por una Reforma Urbana en base a los intereses de las grandes mayorías trabajadoras
y no de las ganancias capitalistas, que permita una resolución integral del acceso a la
vivienda, los servicios básicos, el esparcimiento y la cultura. Que proteja y se desarrolle
en armonía con el medioambiente, el piedemonte y el cinturón verde de los oasis
locales y sus ríos.
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- POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, AGRICULTORES FAMILIARES Y COMUNIDADES CAMPESINAS
Las denuncias por violación de los derechos indígenas y campesinos no paran de crecer. Sus
territorios, cursos de agua y culturas están bajo un creciente fuego capitalista, político y judicial.
Estas comunidades denuncian una creciente ofensiva en los últimos años sobre sus territorios
y derechos; con grandes terratenientes, petroleras y empresas que avanzan sobre sus tierras
ancestrales, fincas, viviendas y zonas de talaje.
La comunidad Malalweche, que agrupa a 150 familias mapuche de 25 comunidades del sur
provincial, explicó que afrontan hoy más de 60 conflictos por tierras. Diez órdenes de desalojo
están frenadas por el reconocimiento de la Ley nacional 26.160, pero incluso hay familias como
las de la comunidad Suyai Leifú de Los Molles (Malargüe) que han sufrido violentos desalojos
de la justicia provincial, desconociendo esta ley que los prohíbe en forma taxativa. Estas
mismas comunidades denuncian que detrás de los desalojos aparecen los intereses de las
históricas familias beneficiadas con la Campaña del Desierto. Este pueblo sigue sufriendo una
discriminación y marginación brutal, excluido de toda política pública para proveerles siquiera
de agua potable.
La comunidad Mapuche Lof Rukache se ubica en el Paraje de Agua Nueva, Distrito de Agua
Escondida, en el departamento de Malargüe. Las familias de la comunidad, que viven ahí
desde generaciones, denuncian que están alambrando la zona donde viven para instalar el
proyecto minero aurífero “Don Sixto”, y existe un avance de alambrados por parte de privados
ajenos al lugar, en particular un alambrado del sector Este, realizado por “Chafi” Félix (ex
intendente de San Rafael durante la última dictadura militar) que despojó una gran parte del
campo de pastoreo. En un principio la Fiscalía ordenó un recurso de no innovar a las partes, lo
que bajó el nivel de conflictividad y violencia. Pero en el verano de 2016, este expediente se
trasladó a otra fiscalía donde tomaron la decisión de levantar este recurso. Empezando la feria
judicial estos empresarios iniciaron nuevamente las tareas de alambrado, con una cuadrilla de
gente contratada que custodiaban la obra a caballos y motos, amendrentando y amenzando a
los miembros de la comunidad.
Integrantes de la comunidad mapuche Lof Tremunko fueron reprimidos violentamente por
Gendarmería en diciembre, cuando protestaban pacíficamente en un yacimiento de YPF en
Pata de Mora (Malargüe). La empresa había subcontratado a la empresa Quintana WellPro,
para iniciar operaciones en terrenos que son utilizados para pastoreo y otras actividades de la
comunidad mapuche. El gobierno provincial convocó a una mesa de diálogo que nunca se
concretó. La comunidad sólo pedía la remediación de los “pasivos ambientales” que la empresa
había dejado en otros territorios de estas comunidades, y solicitudes elementales como el
acceso al agua potable para sus familias.
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En junio de este año, esta comunidad mapuche denunció un nuevo derrame de petróleo de un
tanque de la empresa YPF que afectó a la flora y fauna del lugar, y que podría llegar al cauce
del río Colorado. El Gobierno de Mendoza anunció una multa para la empresa por no haber ni
siquiera informado el incidente a la Secretaría de Ambiente, como se establece en el protocolo
de contingencias. Aunque aún no hay un estudio sobre la afectación de los cauces de agua, ya
está confirmado que se han afectado aproximadamente 2000 metros cuadrados de suelo,
donde estas comunidades llevan adelante el pastoreo de sus animales. El Departamento
General de Irrigación manifestó que ha aplicado multas por $500.000 a YPF por estos
accidentes, sin embargo no está clara la efectivización del cobro de las mismas, ni el verdadero
destino que estos organismos (DGI y Secretaría de Ambiente) le dan a los fondos recaudados,
ya que la remediación y las mejoras tantas veces anunciadas no llegan a estas comunidades.
Los conflictos territoriales se expanden por toda la provincia. Sólo en San Rafael, hay 60
comunidades campesinas dedicadas a la agricultura familiar que afrontan conflictos por 40 mil
hectáreas contra un pool de 3 abogados. Con fallos a favor de uno y otro sector, la Suprema
Corte debe expedirse, pero aún no lo hace.
Una situación similar afrontan los movimientos campesinos como la UST, a quienes los
empresarios terratenientes con sus matones desalojan con una violencia brutal, que incluye
armas de fuego. Es el emblemático caso de las 30 familias campesinas del campo La Estación
en la localidad de Jocolí, Lavalle, donde irrumpieron matones armados que cubrían a quienes
realizaban tareas con un camión y una máquina cargadora, en un intento de apropiarse
mediante la violencia de tierras en las que la comunidad vive y trabaja desde hace 40 años. Lo
hacían protegiendo los intereses de una presunta heredera que quiere despojar a esta
comunidad de 12.000 hectáreas donde sus familias viven y que es utilizada como zona de
pastoreo para la cría de vacas, cabras y yeguas. La Justicia mendocina imputó a estos
empresarios por usurpación y coacción con arma de fuego, sin embargo la situación de fondo
sobre los derechos de posesión sobre estas tierras está aún lejos de resolverse.
La Policía de Mendoza tiene graves denuncias por los ataques que lleva adelante contra estas
comunidades. La represión y el abuso de poder, de los que son víctimas los puesteros y las
familias lavallinas, están fuera de control: en 2014 un joven puestero, de la comunidad de
Jocolí Norte, fue atacado con armas de fuego desde un móvil policial. En 2016, integrantes de
la Policía, actuando directamente bajo las órdenes de la empresa española Argenceres – Elaia
S.A, abrieron fuego contra miembros de esta misma comunidad, hiriendo a uno de sus
integrantes, cuando intentaban frenar la construcción de un alambrado ilegal en sus tierras por
parte la empresa. La familia afectada cuenta con una sentencia judicial a favor, que les
reconoce la posesión del lugar, y una medida precautoria de no innovar que la empresa intentó
violar. Por estas actuaciones criminales, la Policía no ha recibido ninguna sanción.
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La vida de las comunidades huarpes en el Noreste de Mendoza es cada vez más difícil. La vida
que antes florecía en estas lagunas, su agricultura, la pesca y la cría de animales ha ido
secándose con el bloqueo de los ríos en represas que sólo habilitan la salida agua en casos de
inundaciones por lluvia. Sin dejar siquiera un caudal mínimo que garantice la vida de estos
ecosistemas y sus milenarias comunidades, el capital es el único dueño de las aguas
destinadas por el riego. Son discriminados y no se garantiza siquiera su derecho al agua. La
Municipalidad de Lavalle ni siquiera tenía en 2015 partidas en su presupuesto destinadas a la
zona del secano, aunque este comprende el 80% de su superficie.
La Ley 6.920 y sus artículos 3 y 8 prevén declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación
cualquier fracción de terreno que se encuentre comprendida entre los límites reconocidos a las
comunidades Huarpes-Milcallac, a quienes debe transferirse el reconocimiento de propiedad
protegiendo su ocupación del territorio.
A pesar de ello, en Lavalle, la Aceitera General Deheza se ha apropiado de 9.000 hectáreas
del territorio Huarpe. AGD es manejada por la familia del ex senador kirchnerista Roberto
Urquía, beneficiado durante su mandato con subsidios del Estado Nacional por $63 millones.
Los Urquía compraron un campo de 20.000 hectáreas en la zona de San Fernando y San José,
en el norte de Lavalle, entre las que se encuentran 9.000 hectáreas de Territorio Huarpe
contempladas por la Ley 6920, que deben ser expropiadas por el Gobierno de Mendoza y
restituidas a las Comunidades sin dilaciones. Sin embargo, no hay ningún avance la ejecución
de la misma. La senadora Noelia Barbeito presentó en marzo de 2016 un pedido de informe al
ejecutivo provincial sobre esta grave violación de la Ley Huarpe. Por supuesto, aún no ha sido
respondido. En una de las últimas visitas a Mendoza, el presidente Macri participó en la
inauguración que esta empresa usurpadora, AGD, realizó en Jocolí, con una procesadora de
almendras, acompañado tanto por el gobernador Cornejo (UCR) como por el intendente de
Lavalle y vicepresidente del PJ, Roberto Righi, avalando la actuación ilegal y discriminatoria, y
el despojo de los territorios huarpes por esta empresa.
El cuadro general de las comunidades campesinas en Mendoza es preocupante, con sólo 250
mil hectáreas cultivadas y una cantidad similar que se encuentran incultas o abandonadas,
muchas de ellas con altas deudas en irrigación. El campo continúa despoblándose, la
población agolpándose en ciudades donde no hay trabajo ni futuro para la juventud.
Se ha profundizado el desfinanciamiento de la Agricultura Familiar, y la falta de créditos y
apoyo presupuestario de la provincia dejan en desigualdad de condiciones a estos productores
familiares, frente a las grandes cadenas de comercialización que concentran gran parte de las
ganancias. En Argentina, los pequeños campesinos y pueblos originarios cultivan el 60% de los
alimentos que se producen en el país, pero tienen sólo el 27% de la tierra. Otro de los focos
problemáticos está en los colegios de Agrimensura, que desarrollan un negocio inmobiliario con
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el registro de terrenos de manera irregular, sin respetar ni indagar entre sus pobladores y
generan la mayoría de los juicios de desalojo contra estas comunidades.
El decreto 225/17 del Poder Ejecutivo Nacional, publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de
abril, puso en venta una gran extensión de tierras en La Remonta, localidad de Campo Los
Andes, en Tunuyán. Los vecinos de la zona resisten la venta de las tierras, pertenecientes al
Ejército, ya que actualmente en esas tierras existe un bosque nativo que protege las tierras del
valle de los aluviones, y brinda el agua que abastece a las localidades de Campo Los Andes,
La Consulta y Vista Flores. Muchas familias que han vivido en esas tierras por generaciones,
sin contar con acceso a la red de caminos y agua potable, dedicados a la agricultura familiar,
ahora afrontan la vil oferta de marcharse o comprar esos terrenos por un precio que el gobierno
espera fijar por cada hectárea entre los 15.000 hasta los 40.000 dólares.
El geógrafo Robin Larsimont reveló cómo las composiciones accionarias de los principales
emprendimientos vitivinícolas, que se han radicado en el Valle de Uco durante las últimas
décadas, muestran un avanzado proceso de extranjerización en la propiedad de las tierras
productivas, vinculado a la incidencia de los agronegocios en el uso del agua. Abriendo así un
conflicto con los pequeños productores locales frente al avance de los holdings inmobiliarios,
que adquieren tierras para instalar bodegas, viñedos o clubes exclusivos para empresarios.
Gracias a un recurso de amparo presentado por los Vecinos Autoconvocados de La Remonta,
la Justicia Federal ordenó suspender la venta de los terrenos, dejando sin efecto por ahora el
decreto presidencial hasta que se resuelvan los amparos presentados, sin embargo la cuestión
de fondo no está resuelta. La venta de tierras a grupos especulativos y capitales extranjeros, es
una política estratégica para Macri en la búsqueda de una “lluvia de inversiones”. El derecho a
las tierras ancestrales, la agricultura familiar y el reconocimiento de los derechos campesinos y
de los pueblos originarios está bajo el fuego cruzado de los intereses capitalistas y el estado
que oficia de administrador de esos negocios.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Plenos derechos y autodeterminación para los pueblos originarios y su cultura.
Terminar con las usurpaciones, la represión y la ofensiva empresaria y estatal
sobre los territorios de estas comunidades. Expropiación inmediata de todas
las tierras usurpadas a estas comunidades y sus familias. Reconocimiento de
la propiedad comunal de la tierra.
• Que se respete la consulta y el consentimiento libre, previo e informado en las
explotaciones que se desarrollen en sus territorios.
• Prórroga y aplicación integral de la Ley Nacional 26.160 que declara la
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Y de
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la Ley Provincial 6.920 que reconoce la preexistencia étnica y cultural del
pueblo Huarpe Milcallac de la provincia de Mendoza con la ejecución de las
expropiaciones de terrenos comprendidos en la misma.
• No a los desalojos y la especulación terrateniente y empresaria.
Reconocimiento y acceso a la tierra para las familias campesinas, chacareros,
puesteros y agricultores familiares que no explotan mano de obra. Acceso a
créditos baratos para su producción y tecnificación, y canales de
comercialización estatal con precio sostén.
• No a la venta de los terrenos de La Remonta. Anulación del Decreto 225/17 del
Poder Ejecutivo Nacional.
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- DEFENSA DEL EL AGUA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - PROHIBIR LA MEGAMINERÍA – DEFENSA DE LA LEY 7722
La crisis hídrica que vive nuestra provincia está originada en gran parte por años de
desinversión y falta de obra pública orientada hacia las necesidades de la comunidad. Los
cortes de agua son una constante en los barrios populares. A la vez, bajo el pretexto de
discusión de matriz productiva, se quiere reactivar la minería de manos de empresarios
privados nacionales y extranjeros, lo que no puede traer otro resultado que el saqueo y
contaminación de nuestros recursos.
Desde el gobierno nacional de Macri y la gestión de Cornejo, han definido como una tarea
estratégica destrabar el avance de la megaminería en nuestra provincia. Tanto la UCR como el
PJ tienen entre sus filas a claros defensores de la derogación o modificación de la 7722, la “ley
del pueblo”. Ante estos intentos, pueblos enteros como en General Alvear se movilizaron para
defender el agua. Es falsa la discusión de “minería sí” o “minería no”. Lo que contamina y
saquea es la minería en manos de la especulación capitalista, y en particular la llamada
“megaminería” que es una forma completamente irracional de explotación, regida únicamente
por la sed de ganancia de las multinacionales, y es completamente destructiva del medio
ambiente y que envenena a comunidades enteras como ha hecho la Barrick Gold en San Juan.
La mega obra Portezuelo del Viento, será una represa que, se piensa, aportará más de 200
mega watts y que será emplazada sobre el Río Grande. La represa es cinco veces más grande
que Potrerillos y tiene proyectados cinco paredones. Entre los sitios que compromete la obra,
se encuentra el paraje Las Loicas, donde viven familias y puesteros, y hay numerosos campos
de pastoreo, lo que comprometerá la economía de muchos puesteros más. Los estudios
preliminares están a cargo de la empresa EMESA (empresa mendocina de energía sociedad
anónima), que ha encargado a la UNCuyo el informe de obra y la Manifestación de Impacto
Ambiental (estudios técnicos y sociales). Aunque los mismos aún no se han realizado, lo que
han dejado entrever el gobierno de Cornejo, es que la obra “se hace”. El gobierno no ha abierto
ninguna instancia pública de audiencias y debates sobre el posible impacto de este
emprendimiento. Pero sí ha avanzado en proyectar el “debut” en Mendoza de la Ley Nacional
27.328, de régimen de contratación público-privada, que abriría una nueva etapa de
negociados capitalistas en la obra pública.
Proyectos como Portezuelo del Viento y un eventual trasvase del Río Grande al Atuel, deben
ser obras proyectadas, consultadas y ejecutadas en un 100% por el Estado Nacional, que le
debe esos fondos a nuestra provincia, y es responsable del desarrollo de la red de energía
eléctrica nacional. Su proyección debe contemplar el desarrollo de la irrigación provincial,
garantizando el acceso al agua tanto en las zonas altas como bajas de las cuencas afectadas,
así como el sostenimiento del caudal fluvioecológico de todo el curso (interprovincial) de estos
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ríos. La empresa debe ser gestionada por sus propios trabajadores, técnicos e ingenieros
designados por las Universidades Nacionales.
Tampoco puede ser una excusa para avasallar a las comunidades originarias de la nación
Mapuche y los puesteros que han vivido por generaciones en esas tierras: éstos deben ser
consultados y dar su licencia social para que el proyecto avance, sin imposiciones de ningún
tipo. Sus derechos deben ser plenamente reconocidos, y estas comunidades deben ser
integradas tanto al trazado del proyecto como a su posterior control.
La construcción de estas obras no puede ser un botín para la "patria contratista", que vive de
los sobreprecios, la corrupción estructural y la fuga de sus ganancias hacia los paraísos
fiscales, desangrando la economía nacional. Es el Estado el que tiene que llevar adelante esta
obra, dando empleo genuino y seguro, destinado en primer lugar al pueblo trabajador de
Malargüe castigado por los despidos de las petroleras, mineras y constructoras que han
descargado la crisis capitalista sobre ellos.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Plan de obras públicas de irrigación y desarrollo energético bajo control de los
trabajadores y regantes.
• Estatización de toda la industria minera bajo control de los trabajadores, comunidades y
organizaciones socioambientales.
• Defensa de la 7722, y su nacionalización desde el Congreso prohibiendo en todo el
país la megaminería saqueante, secante y contaminante.
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- PROHIBICIÓN DEL “FRACKING” - NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA
La producción de petróleo de todas las compañías que operan en el país cayó en abril un
12,9% respecto de igual mes de 2016, alcanzando un promedio de 82.817 metros cúbicos al
día, según el reporte mensual del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), el cual
ratifica la tendencia a la declinación en la producción de crudo. Las causas, señaladas por
fuentes empresariales, hablan de un proceso de ajuste para adecuarse a la nueva política del
gobierno nacional de convergencia hacia precios internacionales.
Tal como sucede en otras ramas de la producción en Argentina, y producto de la crisis
económica mundial, los valores del petróleo (una de los principales commodities de la
economía capitalista, si no la principal) están alejados aun de los que precedieron a las crisis
de 2008, donde hubo picos de U$S 147,25 el barril en julio. Tras la caída de Lehman Brothers,
hubo un fuerte descenso acompañando la ralentización de la economía global; luego, y hasta
2014, los valores del crudo se mantuvieron altos. A partir de 2014 estos valores mostraron
una nueva caída y desde aquí, se produjo una tendencia al mantenimiento de los mismos en
rangos bajos (tendencia similar de conjunto a la de la mayoría de los commodities en el
mundo). Podemos decir entonces que, en el período mencionado, los valores del barril han
marcado (con oscilaciones) una clara tendencia descendente, con un piso de U$S 26 en
febrero del año pasado, y en la actualidad, luego de un rebote de este piso, se ubica U$S 43,75
(con un descenso del 13,5% en lo que va del año).
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El descubrimiento de grandes depósitos de petróleo no convencional (shale oil) en la
denominada zona de Vaca Muerta, de una gran zona en el norte de Neuquén y sur de
Mendoza, significó la apertura de posibilidades de negocios capitalistas en esta rama. Sobre
ésta vienen depositando enormes expectativas, primero el gobierno de Cristina y luego el de
Macri (que en ambos casos han tenido la necesidad del ingreso de divisas contundentes que
apuntalen una economía en contracción). También sectores de la gran burguesía argentina,
que se frota las manos especulando con arreglos comerciales con multinacionales que le
permitan una tajada en los beneficios de la posible explotación.
Para “atraer” esas inversiones, buscan asestar un fuerte ataque a la clase obrera en Argentina,
que posibilite una tasa de ganancia más elevada para la explotación de este tipo de petróleo y
gas. Consciente de esto, la burguesía nacional, a través de sus partidos políticos, ha tenido
distintas iniciativas. E kirchnerismo llevó adelante un convenio en el año 2013 con la
multinacional norteamericana Chevron, que fue votado escandalosamente en Neuquén, entre
gallos y medianoche, y repleto de cláusulas secretas que significaron una enorme entrega de
recursos naturales a esta empresa imperialista. El gobierno de Macri por su parte, implementó
el llamado convenio laboral de Vaca Muerta, con el objetivo de agregar una adenda (anexo) al
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) de los petroleros que extraigan recursos no
convencionales. Las empresas petroleras estiman que con las modificaciones al convenio
podrán recortar el costo laboral entre un 30% y un 40%, además de flexibilizar cualitativamente
las condiciones de trabajo, recortando derechos e imponiendo la polivalencia -entre otras
medidas de precarización del trabajo-.
Con el cierre y despidos en empresas ligadas al sector petrolero por la baja en la rentabilidad,
las patronales, junto a la dirigencia de los sindicatos (Suphe, Privados, Uocra, etc) vienen
chantajeando a los trabajadores petroleros, imponiendo paritarias a la baja y esta clase de
convenios, con el argumento de hacerlo para “sostener los puestos de trabajo”.
Esta situación de empeoramiento de las condiciones de seguridad laboral, está ligada al
incremento de los ritmos de actividad y explotación, donde las patronales “gastan” menos
recursos en el mantenimiento y los cuidados necesarios, en pos de mantener su tasa de
ganancia, poniendo en juego la vida de los trabajadores. Muchos trabajadores de las
tercerizadas se ven obligados a desarrollar trabajos a contra turno, horas extras, o actividades
extras debido a que sus sueldos no les alcanzan. Las jornadas de trabajo se han ido
extendiendo y, además de las horas propiamente trabajadas en la planta, el traslado a la
refinería supone una o dos horas más por día en la jornada laboral.
También es preocupante el bajo nivel de las medidas de seguridad en la refinería y en los
pozos, donde el año pasado se produjeron hechos que podrían haber terminado en graves
accidentes, con consecuencias en la integridad física de los trabajadores. Es el caso del
incendio de una de las calderas en la zona del coque, que derivó en los accidentes que le
costaron la vida a un operario en Malargüe, al caer a un pozo de la empresa El Trébol, o el
recordado incendio de los tanques de petróleo también en este departamento del sur.
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En Mendoza, en 2016 hubo importantes luchas contra estos ataques a las condiciones
laborales, especialmente de los trabajadores de las empresas tercerizadas (surgidas durante la
privatización menemista de YPF), donde se cobran sueldos muy inferiores a los de contratados
de YPF. Se hicieron piquetes en la puerta de la planta de los trabajadores de la empresa
Metal1, que cerró y dejó a casi 600 trabajadores despedidos (la mitad de los cuales, producto
de la lucha, fueron reincorporados luego por YPF). También podemos mencionar las
asambleas espontáneas en las puertas del sindicato, en repudio por las negociaciones del
sindicato a la baja en los convenios salariales de los últimos años y la auto-convocatoria de
trabajadores de varias empresas tercerizadas en las puertas de la refinería.
Vaca Muerta y el Fracking
El fracking, o método de fractura hidráulica, es una técnica de extracción de hidrocarburos que
permite la explotación de petróleo y gas depositados en forma dispersa en las profundidades
de la tierra. Esta técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y
cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios
canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que
supere la resistencia de la roca y abra una fractura en el fondo del pozo, en la sección deseada
de la formación contenedora del hidrocarburo.
En las profundidades, el agua a presión es mezclada con algún material apuntalante (arenas) y
productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso
que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente menores a 1 mm, y favorecer así su
salida hacia la superficie. Luego, el hidrocarburo, mediante succión, es conducido a la
superficie, para completar el proceso de extracción y comenzar el proceso de destilación.
Finalizada esta operación y una vez que el pozo se ha terminado, se hace el abandono del
mismo, cementando la perforación y sellándola.
Si bien es un proceso que no es nuevo en la explotación hidrocarburífera en Argentina y el
mundo, el agotamiento de los yacimientos tradicionales (en el país y en algunas zonas
petroleras del mundo), la no reconversión energética en favor del abandono de los
hidrocarburos y la búsqueda de otra matriz energética, derivan en la sobreexplotación de los
yacimientos agotados (para la explotación tradicional), y con ello, el auge del fracking. Vaca
muerta no es la excepción.
Con múltiples ejemplos constatables alrededor del mundo, la fractura hidráulica, se ha
mostrado como polémica y se ha prohibido en Holanda, Francia, República Checa y Rumania
como método de extracción. En los EEUU son muchísimos y muy graves los casos de
contaminación constatados fehacientemente.
En junio de 2011, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del
Parlamento Europeo, afirmó que: “esta técnica es capaz de producir «emisión de
contaminantes a la atmósfera, contaminación de las aguas subterráneas debido a caudales de
fluidos o gases provocados por escapes o vertidos, fugas de líquidos de fracturación y
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descargas no controladas de aguas residuales, así como la utilización de más de 600
productos químicos para liberar el gas natural”. En algunos yacimientos se ha registrado
benceno (un potente agente cancerígeno) en el vapor que sale de los "pozos de evaporación",
donde a menudo se almacenan las aguas residuales del fracking. Especialistas sostienen que
las fugas en los pozos de gas y en las tuberías también pueden contribuir a la contaminación
atmosférica y al aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. El gran número de
vehículos que se necesita (cada plataforma de pozos requiere entre 4300 y 6600 viajes en
camión para el transporte de maquinaria, limpieza, etc.) y las operaciones de la propia planta
también pueden causar una contaminación atmosférica significativa, si tenemos en cuenta los
gases ácidos, hidrocarburos y partículas finas. La fracturación hidráulica produce habitualmente
microsismos que pueden abrir pequeñas grietas en la roca y permitir el ascenso de gas o
hidrocarburo, contaminando acuíferos superiores. En nuestro país se ha constatado
contaminación del ambiente y los acuíferos por ejemplo en zonas como las adyacencias de la
laguna Mari Menuco o en la localidad de Rincón de los Sauces, en Neuquén.
La irracionalidad capitalista crece a medida que las fuentes de combustibles fósiles
tradicionales se agotan y la demanda aumenta, y el shale oil y shale gas se erigen como la
última esperanza de la actual matriz energética hidrocarburífera.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Nacionalización de la industria hidrocarbutífera bajo gestión de los trabajadores y con
control de las organizaciones ambientales y de los pueblos originarios.
• Abajo el pacto entreguista con Chevron.
• Pase a planta permanente bajo convenio único del conjunto de los trabajadores de la
industria hidrobacurífera.
• Prohibición del Fracking en todo el territorio nacional, hasta que se pueda discutir y
evaluar su verdadero impacto ambiental con el auxilio de las universidades públicas y
las organizaciones socio-ambientales.
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- SALUD: POR UN SISTEMA NACIONAL ÚNICO, GRATUITO Y DE CALIDAD
El pueblo trabajador sufre en carne propia el desfinanciamiento y la fragmentación del sistema
público de salud. Largas colas para conseguir turno, listas de espera para las cirugías, clausura
de salas enteras, interrupción de servicios. Hay localidades que tienen 25 camas cada 10 mil
habitantes y otras que tienen 2,5 para la misma población. Además, la mayor parte del gasto
público en salud, se destina a la atención médica, mientras que las acciones de prevención,
promoción y regulación representan un porcentaje ínfimo. El gobierno nacional y los gobiernos
provinciales dicen que los hospitales y las unidades sanitarias están lo suficientemente
abastecidos de insumos, materiales y personal. Pero los trabajadores de la salud y los
pacientes saben la realidad del los hospitales públicos, donde la atención se mantiene en pie
gracias al esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras. La falta de personal genera
grandes presiones debidas a la sobrecarga laboral y los malos salarios llevan a la necesidad de
tener dos trabajos, con jornadas extenuantes.
En Mendoza la crisis del sistema de salud es producto de años de una política orientada al
vaciamiento de la salud pública, que utiliza la amplia mayoría trabajadora de la provincia, y del
desarrollo de la salud privada.
Los hospitales y centros de salud provinciales carecen de insumos, las condiciones de
infraestructura están deterioradas al punto de ser un peligro para trabajadores y pacientes; falta
personal y los salarios son mínimos. En los subsidios a la educación privada se estableció un
aumento del 63% con $2300 millones en el último presupuesto provincial, esos recursos son
equivalentes a los presupuestos anuales del Hospital Central, el Notti y el Schestakov.
En el interior provincial, la falta de hospitales, o las condiciones de los mismos que los hacen
inoperantes, obliga a trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Aumento de presupuesto destinado al abastecimiento de insumos, aparatología e
infraestructura
• Por un sistema de salud único, gratuito y de calidad, basado en una concepción integral
de salud como derecho humano (incluyendo obras públicas, vivienda, agua potable,
alimentación), que se base en la liquidación del sistema privado y la integración de
dichas unidades en un sistema de hospitales y centros de salud públicos, que funcione
controlado por los trabajadores y usuarios, financiado con aportes crecientes según la
escala de los ingresos y reforzado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y
el no pago de la deuda externa
• Basta de Obras Sociales con las que se enriquecen los burócratas sindicales. Por el
control democrático de las Obras Sociales por parte de comités de trabajadores, hacia
la centralización progresiva en un sistema único
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PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 42
• lección directa de los directivos de la OSEP por parte de sus afiliados
• Por la ampliación de las plantas de profesionales y trabajadores para garantizar turnos
para todas las personas, calidad en la atención y acceso a todos los insumos,
medicamentos, tecnología médica y acompañamiento en los tratamientos
• Nacionalización sin pago de los laboratorios que lucran con la salud. Por la provisión de
medicamentos gratuitos en hospitales y centros de salud
• Eliminación del trabajo precario en salud. Jornada de trabajo de 6 horas y salario igual
a la canasta familiar
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- DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA: TERMINAR CON EL “ÍTEM AULA” Y LOS ATAQUES DEL GOBIERNO A LOS DOCENTES
- CONTRA LA FRAGMENTACIÓN EDUCATIVA Y LA DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA: SISTEMA EDUCATIVO ÚNICO, PÚBLICO, GRATUITO Y LAICO
La definición del presidente Mauricio Macri sobre que “se cae” en la escuela pública es toda
una descripción de su concepción. El constante ataque a los y las docentes, que incluyó la
represión con las fuerzas de seguridad, es también un ataque a la educación buscando
vulnerar los derechos docentes, como hizo en Mendoza el gobernador Cornejo con la
implementación del “ítem aula”. Cada año, la vuelta a clases deja al desnudo la total falta de
condiciones para el funcionamiento del sistema educativo. Las condiciones de infraestructura
obligan a suspender clases o darlas en condiciones de riesgo: fallas eléctricas, obras
paralizadas, desprendimientos de techos, falta de calefacción, etc.
Desde que Menem traspasó la educación a la administración de las provincias, las condiciones
empeoraron. Esto no se revirtió, lo cual refleja la poca importancia que otorga este gobierno y
los provinciales a la escuela pública a la que asisten los hijos de los trabajadores y los sectores
populares. La baja partida presupuestaria destinada a la educación termina de confirmarlo. La
precariedad que atraviesan los edificios escolares también alcanza al conjunto de los
trabajadores y trabajadoras de la educación, que cobran salarios de miseria que obligan a
trabajar doble turno tomando horas y cargos en gran cantidad de escuelas para llegar a fin de
mes. Cuando la docencia pelea para alcanzar mejores salarios, sufre ataques a su
organización y descuentos por días de huelga.
Para la DGE, el Presupuesto de Alfredo Cornejo, aprobado con el apoyo legislativo del PJ-
Frente para la Victoria, estableció un aumento general del 27%, muy por debajo de la inflación
real del año anterior. En cambio para los subsidios a la educación privada se fijó un aumento
del 63%, lo que implicó destinar $2300 millones en subsidios.
Desde la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, puesto a dedo por Cornejo y las
votaciones secretas del Senado, no ha hecho, desde que asumió, más que atacar
públicamente a quienes trabajan como docentes, responsabilizándolos de la crisis educativa y
emprendiendo una campaña de persecución que incluyó el gravísimo despido a la docente
Paola Vignoni por haber criticado públicamente las políticas del gobierno. Como denuncia el
SUTE, el desfinanciamiento y los sucesivos ataques públicos del gobierno los han expuesto a
una situación extrema de degradación social y pérdida de sus más elementales derechos
laborales como son las licencias por enfermedad atacadas por el nefasto “ítem aula”.
La educación es un derecho. Que sea gratuita, laica y de calidad, es una obligación del Estado.
Mientras se desfinancia la educación pública, se subvenciona la educación privada que es un
negocio capitalista más. El mayor prestador de educación privada es la Iglesia Católica que
recibe millones de subsidios para brindar una educación confesional. Bajo su órbita se
cometieron y encubrieron los aberrantes crímenes del Instituto Próvolo.
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PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 44
En la Educación Superior fue necesaria la movilización de decenas de miles de estudiantes,
docentes y trabajadores para ponerle un freno a la avanzada ajustadora del macrismo.
Docentes, estudiantes e investigadores se organizan frente a los recortes y el vaciamiento de
las áreas.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Aumento del presupuesto educativo
• Garantizar el acceso y la gratuidad al sistema educativo desde los 45 días. Doble
escolaridad en la escuela pública
• Declarar la emergencia edilicia en las escuelas y establecer un plan de obras
públicas para la construcción y reparación de los edificios escolares
• Boleto Educativo Gratuito para todos los niveles
• Becas integrales de $11.500 (media canasta familiar) para que ningún joven quede
fuera del acceso a la educación superior
• Salario igual a la canasta familiar y todos los derechos del Estatuto para todos los
trabajadores y trabajadoras de la educación. Jubilación a los 25 años de servicio.
Basta de precarización entre los trabajadores y trabajadoras de la educación
• No a los subsidios a la educación privada. Fuera las iglesias de la educación
• Anulación de la Ley de Educación Superior
• Congreso pedagógico educativo donde participe toda la comunidad educativa para
discutir qué ley de educación se necesita
• Elección directa del Director General de Escuelas y el Consejo General de
Educación
• Que todos los funcionarios políticos cobren igual que una maestra con 26 años de
antigüedad
• Basta persecución y censura al docente: Anulación del Decreto 102/76 creado por
la dictadura de Videla y utilizado actualmente para perseguir docentes.
Reincorporación inmediata de Paola Vignoni
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PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 45
- ABAJO LOS TARIFAZOS: - POR UN PLAN INTEGRAL DE SERVICIOS BÁSICOS Y TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS
Con los tarifazos se ha hecho imposible llegar a fin de mes, el sueldo se va con los
vencimientos y cada vez alcanza para menos. Quienes tienen que tomar colectivos para viajar
a sus lugares de estudio son los que más aumento del boleto han sufrido. Pero además, se
profundiza la recesión económica y el desempleo con el cierre de comercios y talleres, ya que
sólo las grandes empresas pueden pagar estas tarifas, mediante los subsidios que les dan los
gobiernos amigos y el traslado de los costos en inflación.
En 18 meses de gestión, los gobiernos de Macri y Cornejo han impuesto a las familias
trabajadoras aumentos de:
• 159,8% más en la Energía Eléctrica – EDEMSA –, y está aprobado otro 12,5% más a
partir de noviembre
• 228% promedio en el Gas Natural - ECOGAS
• 64,5% más en el Agua Potable - AYSAM
• 112% más el Boleto de colectivo del Gran Mendoza
• 78% más en el Boleto de media y larga distancia interurbana
• 60% más de Impuesto Inmobiliario
Las privatizadas como Ecogas, Edemsa y las empresas privadas de transporte siguen
recibiendo subsidios millonarios y llenándose los bolsillos, prestando servicios de pésima
calidad, sin invertir un centavo, donde siempre el dinero lo ponen el Estado y los usuarios.
Vecinos del Valle de Uco se movilizaron la semana pasada contra las boletas exorbitantes de
Ecogas que alcanzaban sumas de 4.000 pesos y resultaban impagables.
Hay que retrotraer las tarifas a sus valores originales, y que estas empresas abran sus libros de
contabilidad y den explicaciones sobre qué hicieron con los subsidios millonarios que cobraron
de los distintos gobiernos. Queremos que las grandes empresas de servicios vuelvan a ser
estatales y gestionados por sus propios trabajadores.
En este año y medio de gobierno, Macri le regaló a las empresas mineras 200 millones de
dólares por año, en concepto de eliminación de retenciones. Y a los grandes terratenientes de
la soja les redujo 4.000 millones de dólares por año. Por otra parte -mientras redujo
drásticamente los subsidios al consumo domiciliario- mantiene subsidios millonarios como los
$2400 millones otorgados a Ecogas. En nuestra provincia Macri y Cornejo también les
otorgaron subsidios en energía eléctrica a las los grandes empresarios como Pescarmona y
Cartellone, y sostuvieron la baja de regalías de un 5% y reducción de Ingresos Brutos a YPF.
PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 2017
PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 46
Para acabar con la fiesta para los ricos, se necesita aplicar un impuesto progresivo sobre las
grandes fortunas de los millonarios. Esto permitiría bajar rápidamente los impuestos y tarifas
que recaen en las familias trabajadoras. Junto a esto hay que eliminar el IVA que afecta al
consumo popular, y también el impuesto a la vivienda única.
El aumento del boleto de colectivo en Mendoza es significativo. Desde que asumió Francisco
Pérez en 2011 hasta hoy, el boleto mínimo del colectivo pasó de un $1,80 a $8,50. Durante ese
mismo período, los empresarios del transporte urbano de pasajeros recibieron suculentos
subsidios. Solo desde que asumió Cornejo el transporte urbano aumentó un 112% (de $4,00 a
$8,50) y el interurbano un 78% (37% en 2016 y 41,05% en 2017).
Según el ex ministro de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, el sistema de transporte urbano
cuesta $2.500 millones anuales y el 40% es sostenido por la recaudación, otro 40% por
subsidios nacionales y el 20% restante por el subsidio provincial. Es decir que el 60% del costo
del transporte lo paga el pueblo trabajador de forma indirecta a través de los subsidios que da
el Estado a los empresarios del transporte, y el 40% restante lo paga de forma directa cuando
utiliza el servicio. El subsidio nacional que reciben los empresarios aumentó un 37% a
principios de 2016, por decisión de Macri y su ministro Dietrich. Con ese aumento los
empresarios del transporte del interior del país tuvieron cubiertos los costos salariales de un
año y lo justificaron diciendo que era par equilibrar entre el interior y la capital.
En el mismo sentido han avanzado con el desmantelamiento de la Empresa Provincial de
Transporte para privatizar el trole y entregarle los principales recorridos a los grupos privados.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Anular los Tarifazos y las concesiones de las empresas privatizadas. Que sean
gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras y controladas por los usuarios.
Basta de subsidios millonarios a empresas privadas que lucran con un servicio
público. Auditoría independiente sobre todas estas empresas
• Por un plan nacional de obras públicas que garantice el acceso de todos los barrios
y localidades de la provincia a las redes de agua potable y saneamiento cloacal,
energía eléctrica y gas natural
• Un sistema provincial de transporte estatal, público, integrando Trolebuses,
Colectivos y Metrotranvía, de calidad, bajo control de los trabajadores y usuarios
que permita mejorar las condiciones de viaje en todos los medios de transporte,
poniendo más servicios, renovando y ampliando el material rodante y la
infraestructura. Aumento del presupuesto para renovar la flota de transporte, y
llevar a cabo un plan de obras públicas en las rutas provinciales
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PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 47
- LA INSEGURIDAD VIENE DESDE ARRIBA - BASTA DE CRIMINALIZAR A LA JUVENTUD
La policía es una de las responsables de organizar el gran delito y el gatillo fácil. La política de
“mano dura” es para criminalizar la pobreza y darle más poder a la policía, que es la que
organiza el “gran delito”: el narcotráfico, los desarmaderos de autos y la trata de personas. En
un país en dónde crecen los índices de pobreza, de desocupación, precarización del empleo y
la ausencia de futuro para amplios sectores de la juventud, pretenden responder a esta
realidad aumentando el poder de fuego de las fuerzas represivas.
La problemática de la llamada “inseguridad” no se resuelve con las fracasadas políticas de
mano dura, los aumentos de efectivos policiales, ni con la criminalización de la juventud y
quienes están en situación de pobreza, sino desarticulando las bandas que manejan el gran
delito, constituidas desde el propio Estado, en particular sus fuerzas represivas y el poder
económico, con la complicidad de sectores del poder político y el Poder Judicial. Hoy las
cárceles están superpobladas, llenas de personas sin condena judicial, procesadas por delitos
menores. Con trabajo genuino y sueldos acordes a la canasta familiar, con educación de
calidad y accesible, los cientos de miles de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan tendrían
una perspectiva para evitar que caigan en manos de las mafias que organizan el gran delito y
que sean usados por la policía.
En Mendoza, en las 221 muertes por gatillo fácil ocurridas en el período 1983-2014 han estado
involucrados no menos de 312 agentes de las fuerzas represivas del Estado. De ese total sólo
el 9,6% fue condenado, el 17,2 % figuraba como imputado en la última información obtenida,
mientras que 73,2% gozaba de distintas formas de impunidad (causa archivada: 6 casos, no
imputados: 126, sobreseídos: 43, absueltos: 7, prófugos: 1). Los no imputados constituyen la
gran mayoría: el 50,4% de los casos.
Muchos jóvenes son asesinados en razzias policiales que se realizan en los barrios más
humildes, o son detenidos bajo el pretexto legal de la inconstitucional figura de “averiguación
de antecedentes”, que junto al Código de Faltas da impunidad a la policía para llevarse a los
jóvenes por portación de rostro. Estadísticamente, un joven en Mendoza tiene más
posibilidades de ser detenido por la policía que sufrir un robo.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Las “fuerzas de seguridad” y sus cómplices son quienes manejan el “gran delito”.
Comisión investigadora independiente, y organización obrera y popular, para
desbaratar las mafias organizadas desde el Estado
• Juicio y castigo los responsables de casos de gatillo fácil, de corrupción y de
complicidad con el crimen organizado
• No a la baja de la edad de imputabilidad. Fuera la Gendarmería y policía de los
barrios populares
PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 2017
PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 48
• Jornada reducida de trabajo con el sueldo mínimo acorde a la canasta familiar para
que todos los jóvenes puedan terminar sus estudios
• Becas integrales y boleto educativo gratuito en todo el país
• Derogación de la Ley que permite las pasantías sin remuneración, mano de
obra gratuita para las empresas. Por pasantías optativas y bajo convenio colectivo
de trabajo
• Por centros culturales y deportivos de acceso gratuito en todos los barrios,
financiados por el Estado. Por el libre acceso a plazas, parques y espacios
naturales
• No a la discriminación. Por plenos derechos sociales, laborales y políticos a los
trabajadores inmigrantes. Derecho al voto para todos los inmigrantes con dos años
de residencia en el país
• Legalización de la marihuana
• Derogación de la figura de “averiguación de antecedentes” de la ley orgánica de la
policía y similares del Código de Faltas
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PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores MENDOZA Página 49
- NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA - JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES
Dentro de la reforma del Código Penal que impulsa Cambiemos, incorporan una nueva figura
penal contra toda persona que “participando en una manifestación pública porte elementos
contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de
personas o bienes, o actúe a cara cubierta de modo de impedir su identificación”. Si con esto
se “hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas (Art. 149 bis
CP)” la persona será condenada con uno a tres años de prisión. Idéntica pena corresponderá si
se utilizaran en contra de una persona (Art. 104 CP). Con la reforma, si un juez considera que
las amenazas tenían el “propósito de obligar a otra a hacer, no hacer o tolerar algo contra su
voluntad” podrá aumentar la pena entre tres a seis años de prisión. A todas estas penas se les
podrá sumar entre tres meses a cuatro años de prisión, si durante la protesta se cometiere
algún daño contra una cosa mueble o inmueble. El proyecto de ley cierra con una reforma más
reaccionaria que el ya conocido artículo 194 del Código Penal, aumentando ocho veces la
escala penal mínima y tres veces la máxima (pasará a ser de dos a seis años,
respectivamente).
Esta política pretende silenciar todo reclamo contra el ajuste en curso. El “Protocolo
Antipiquetes” de Patricia Bullrich es un primer intento para acallar la protesta social. La
“herencia” de los gobiernos anteriores es de 4000 luchadores obreros y populares procesados,
la implementación del Proyecto X de la Gendarmería y diversas represiones contra los sectores
populares. El gobierno de Mendoza incluso ha ido más allá y, con una justicia adicta, ha pedido
el desafuero de los legisladores del FIT y la imputación de referentes sindicales por movilizarse
durante el paro nacional del 6 de abril de este año.
Al mismo tiempo, el macrismo ha ensayado su discurso para la impunidad, negando el
genocidio y poniendo en duda la cantidad de compañeros y compañeras desparecidas. El
discurso oficial envalentonó a los jueces de la Corte Suprema que aplicaron el 2x1 a
genocidas, aunque por la movilización popular debieron retroceder.
En el Poder Judicial hay más de 400 jueces en todo el país que vienen de la dictadura militar.
En el marco de la denominada Megacausa por delitos de lesa humanidad en Mendoza, fueron
condenados a cadena perpetua por la Justicia Federal los ex jueces Otilio Romano, Guillermo
Max Petra Recabarren, Luis Miret y Rolando Evaristo Carrizo. Además, otros 21 policías y
militares imputados fueron condenados a penas entre 5 años de prisión y cadenas perpetuas.
Otros tres imputados fueron absueltos.
Este juicio comenzó en febrero de 2014 y sumó más de 20 causas por delitos de lesa
humanidad. Los ex Jueces Luis Miret, Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo fueron
condenados por su complicidad con los delitos cometidos en el centro clandestino de detención
conocido como D2, entre otros, y no haber investigado delitos graves denunciados por
PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 2017
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familiares de detenidos desaparecidos. Este fallo histórico, por la cantidad de acusados y por
condenar, por primera vez en la provincia, a los jueces cómplices del genocidio, fue seguido
por miles de personas que se concentraron en las puertas de los Tribunales Federales de
Mendoza.
Una desaparición forzada ocurre nuevamente en nuestro país, esta vez con Santiago
Maldonado, quien fue detenido y desaparecido por la Gendarmería Nacional en la represión
llevada a cabo contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en Chubut. El gobierno
nacional y la justicia centraron su política en demonizar a la comunidad mapuche, con una
campaña mediática a través de sus voceros, y con allanamientos a la comunidad. Con la
movilización popular se logró el cambio de carátula en el expediente, a “desaparición forzada”.
Sin embargo, la GNA sigue teniendo acceso al expediente y las investigaciones realizadas,
cuando es la fuerza de seguridad que llevó a cabo la represión donde desapareció Santiago.
Quienes lo vieron por última vez afirman que estaba siendo detenido por los gendarmes.
La desaparición forzada de Santiago por parte de la Gendarmería Nacional es un profundo
ataque a las libertades democráticas más básicas por parte del gobierno de Macri y su ministra
de seguridad, Patricia Bullrich. Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y
debe el Estado corroborar que la hipótesis de su desaparición es falsa para recién luego
avanzar en otras hipótesis. Sin embargo, con una lista de incontables argumentos mentirosos,
que comenzaron con dichos como que “la GNA no fue parte del operativo”, refutados por las
imágenes que se hicieron públicas, el gobierno pretende imponer un relato encubridor para
garantizar la impunidad. Recientemente, producto de las movilizaciones masivas y de que cada
una de estas falsas hipótesis fue refutada, ensayan un nuevo discurso para reducir la
responsabilidad a unos pocos gendarmes aislados, para ocultar la responsabilidad del
Gobierno y la cúpula de la Gendarmería. Desde el primer día su familia exige su aparición con
vida, junto a distintas organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, políticas y sociales.
Así como lo hicimos con Julio López, Luciano Arruga, y todos los desaparecidos en
democracia: exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, y reafirmamos que el
Estado y el Gobierno son responsables.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Cese de la persecución y anulación de las causas judiciales contra los más de 4.000
luchadores obreros y populares. Cárcel a los asesinos materiales y políticos de Carlos
Fuentealba y a los que secuestraron a Jorge Julio López. Anulación de la ley
“antiterrorista” y el artículo 194 del Código Penal.
• Juicio, castigo y cárcel común a todos los genocidas y sus cómplices civiles. Apertura
de todos los archivos de la represión en manos del Estado, la Iglesia y las empresas.
• Impulsar la movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado: el Estado y
el Gobierno son responsables.
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- TERMINAR CON LA ENTREGA DEL PAÍS Y LA DEPENDENCIA. - NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
La deuda externa bruta total -pública y privada- ascendió a U$S 192.462 millones concluyendo
2016, lo que equivale a un alza de U$S 22.048 millones (+13 %), respecto de 2015, según
un informe de prensa sobre la balanza de pagos, difundido por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec). La deuda externa del sector público a final del año pasado se
ubicó en U$S 127.477 millones, un 25 % por encima de los U$S 101.659 millones registrados
un año antes. Esta suba se explica mayoritariamente por las emisiones de deuda que se
aplicaron para el pago a los fondos buitre, además de la emitida para cubrir el déficit fiscal. El
Gobierno de Cambiemos no sólo está endeudando externamente al país. La escalada de la
deuda pública también tiene un fuerte componente de emisión de bonos y letras en moneda
nacional. De conjunto, la deuda pública, la externa y la local, es una gran hipoteca presente y
futura para el pueblo trabajador: alcanzó a U$S 275.446 millones en diciembre de 2016. Luego
siguió la escalada de endeudamiento, incluso con la emisión de un bono a cien años con una
tasa altísima.
Un solo ejemplo lo ilustra bien. Este año, el presupuesto nacional destina $ 247.000 millones al
pago de intereses de la deuda pública (externa e interna). Con esos recursos se podría
aumentar $ 19.049 a cada docente del millón que hay en el país.
En Mendoza la deuda asciende a los 25.000 millones de pesos, estando un 60% en
moneda extranjera, hipotecando por años el futuro de las familias mendocinas. Cada
devaluación del peso implicará un aumento automático de la deuda, como sucedió en
diciembre de 2015 con el 40% de valor que perdió la moneda de nuestro país. El presupuesto
2017 sumó $3.700 millones a los más de $20.000 millones acumulados. Entre estas
autorizaciones y las aprobadas en otras leyes, Cornejo fue habilitado para tomar deuda por
alrededor de $8000 millones, con el apoyo del PJ-Frente para la Victoria. Estamos ante una
hipoteca del futuro de las familias trabajadoras de Mendoza.
El acuerdo con los fondos buitre implicó un pago de 9.300 millones de dólares en efectivo. Con
este acuerdo, los fondos buitres lograrán beneficios siderales. El fondo NML de Paul Singer
logró un rendimiento de 1.308% respecto del capital invertido. Aurelius, un 846%. Y no son los
que más ganan: para el Bracebridge, el rendimiento llega a 3.183%. Todo esto, partiendo de la
estimación realizada por el mercado de que estos fondos nunca pagaron más del 30% del valor
nominal de cada bono. Para darse una idea de la magnitud de la ganancia: suponiendo que
hayan comprado sus títulos en 2001, es decir que hayan tenido que esperar 15 años para
cobrar (lo que no es así casi en ningún caso) y que pagaron el 30% del nominal, el rendimiento
anual que recibieron por su “inversión” es de 19,28 % para NML; 16,16 % para Aurelius, y
26,21 % para Bracebridge.
Este monto es tres veces mayor a lo que reciben durante un año 3,9 millones de niños y
adolescentes por la Asignación Universal por Hijo (AUH).
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Bajo el discurso de la “defensa de la industria nacional”, se oculta que no se revirtió el peso de
las trasnacionales en la estructura económica del país: 63% de las empresas más grandes son
de capital extranjero. El pacto colonial de Vaca Muerta a Chevron que realizó el FPV hasta el
año 2037 es una muestra de esta entrega, la cual Mauricio Macri quiere profundizar con su
“apertura” al mundo de capitales.
La remisión de intereses y utilidades de las multinacionales imperialistas que actúan en el país
se multiplicó por diez con el macrismo: pasó de U$S 306 millones en 2015 a U$S 3.162
millones el año pasado. Pero la remisión de intereses y utilidades es sólo una de las formas
que adquiere la fuga. Otra modalidad “legal” es la denominada formación de activos externos:
en 2016 sumó U$S 28.554 millones.
El escándalo de los “Panamá Papers” mostró cómo los grandes empresarios van aún más allá
para fugar las ganancias que obtienen y evadir impuestos. Es el caso de la emblemática familia
Cartellone, enriquecida con la “patria contratista” que toda la vida parasitó la obra pública.
María Rosa Cartellone aparece vinculada a Unimas Company SA y Starlink Company SA, las
dos con dirección en Uruguay. Gerardo Cartellone aparece vinculado a Confino Investment,
con domicilio en Suiza. Vinculándose directamente desde nuestra provincia con los paraísos
fiscales adonde van a parar gran parte de las utilidades empresarias, mientras aquí cierran las
fábricas como la ex Molto de San Rafael, perteneciente a esta misma firma vaciadora.
DATOS
• 63% de las empresas más grandes son de capital extranjero
• 70 mil millones de dólares giraron a sus casas matrices en la década
• U$S 275.446 millones alcanzó el stock de deuda pública en diciembre de 2016
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• No pagar la fraudulenta deuda externa. Nacionalización –sin indemnización y bajo
administración y control de trabajadores- de las empresas privatizadas, del gran
capital agrario e industrial y la minería.
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- NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA Y MONOPOLIO ESTATAL DEL COMERCIO EXTERIOR
El comercio exterior es dominado por un puñado de empresas entre las que se encuentran las
multinacionales exportadoras agrarias, algunos complejos industriales (principalmente el
automotriz), y compañías mineras y petroleras. Constantemente defraudan al fisco, inflan los
precios de sus compras al exterior para disfrazar los balances y se aprovechan de sus propios
puertos para evitar los controles aduaneros. Son menos de 100 empresas las que manejan el
comercio exterior del país, y que corrientemente han utilizado el peso que les da esta “posición
estratégica” para condicionar la economía, generar golpes de mercado o escasez de divisas.
Para cortar de cuajo con esto es indispensable establecer un monopolio por parte del Estado
del comercio exterior.
Nacionalizar el comercio exterior implica que todos los exportadores entreguen lo que se va a
exportar a una institución creada por el Estado, quien toma las riendas de la comercialización,
la relación con las potencias imperialistas, con los otros países. Es también una medida de
autodefensa nacional. Porque impediría, por ejemplo, una parte de la fuga de capitales. El
monopolio del comercio exterior, para llevarlo verdaderamente adelante, debe estar ligado a la
expropiación de las grandes plantas industriales, y de la infraestructura logística de puertos y
ferrocarriles. De esta forma se puede cortar de cuajo cualquier manipulación por parte de los
grandes aglomerados imperialistas que buscarán generar escasez de divisas para ahogar la
economía. Al mismo tiempo es indispensable que todos los bancos pasen a conformar una
banca nacionalizada que unifique el ahorro nacional y el sistema de crédito en manos del
Estado, con control de las trabajadoras y trabajadores bancarios (y no de la burocracia
sindical). Durante la crisis de 2001 y 2002 los bancos fueron denunciados por fugar los dólares.
También han sido una pata fundamental para la fuga de capitales, y hay evidencias del
involucramiento de entidades bancarias en maniobras de lavado de dinero.
La única manera de establecer un verdadero control del destino de los fondos, cortar las
maniobras de fuga y el lavado de dinero, es mediante la conformación de una banca estatal
única bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Una banca estatal única podrá garantizar
los depósitos de los pequeños ahorristas y concentrarlos para una inversión dirigida a paliar las
más acuciantes necesidades del pueblo trabajador, afectando los intereses de los grandes
monopolios (al contrario de la banca comercial que ha transformado a los trabajadores, una y
otra vez, en las víctimas del vaciamiento llevado a cabo por los grandes capitalistas cuando se
avecinan crisis bancarias y cambiarias). Estas dos medidas de carácter transicional solo
pueden ser tomadas consecuentemente por un gobierno obrero y popular.
Comparando los 12 meses del 2016 con 2015, las exportaciones en dólares reflejaron una
pequeña suba del 0,7%, mientras en volumen, se ubicaron 4,4% por encima. Según el último
informe de ProMendoza, en base a datos de Aduana Argentina, durante el 2016 Mendoza
facturó U$S 1.324 millones, mientras que en 2015, la facturación había sido de U$S 1.313
millones. Esto refleja un crecimiento del 0,75% en valores FOB y representa, en valores
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absolutos, U$S 11 millones más que ingresaron al país por exportaciones de la provincia de
Mendoza en relación al año pasado. (Los Andes, 14 enero 2017).
La devaluación y la quita de retenciones favorecieron a los grandes productores y exportadores
de vino, ajo, y frutas de nuestra provincia, aunque la baja de los precios y la crisis en Brasil
golpean directamente el valor y volumen de venta. Los beneficios impositivos jugaron el rol de
compensar estas pérdidas. Sólo el ajo, que se exporta en un 70% a Brasil, logró mantenerse e
incluso aumentar su precio. Guillermo San Martín, coordinador general de la Asociación de
Productores, Empacadores y Exportadores de Ajo, Cebolla y Afines (Asocam), afirmó que la
caja pasó de 16 a 22 dólares. Por ello, a pesar de que se exportó un 4,7% menos que en 2015,
se hizo por un 66,3% más de valor, sumando U$S 75 millones más en 2016 que en 2015. Las
frutas en fresco, que exportan un 50% de su producción a Brasil, como la pera, manzana,
durazno y ciruelas tuvieron una baja del 60% en volumen y 57,5% en valor. El aceite de oliva y
mezcla aumentó su valor en un 60% aunque continúa en caída la exportación. El industrial
olivícola Rodolfo Arizu Vargas afirmó al diario Los Andes que “No se juegan en hacer pedidos
grandes. Por ejemplo, de enviar casi 40 ahora con suerte enviamos 20”. ProMendoza informa
que en el primer trimestre los envíos de vino fraccionado cayeron un 33% en valor y 26% en
volumen. El vino espumante hizo lo propio en un 55% de valor y volumen.
La situación de crítico retroceso viene hace varios años. En 2013 se habían exportado 850
millones de dólares durante el primer semestre; para luego pasar a 711 millones en 2014 y 667
millones en 2015. En 2016 continuó la baja, llegando apenas a los 608 millones de dólares, un
8,8% menor al 2015 y un 28,5% por debajo del 2013. La crisis afecta centralmente a los
pequeños productores que cada vez más se ven obligados a vender sus tierras y bodegas,
frente a la concentración de los grandes grupos.
DATOS
• 65 bancos están autorizados para operar en nuestro país. Sólo 12 son estatales
• Los bancos ganaron 74 mil millones de pesos en los últimos doce meses a
enero del 2017, un alza interanual de 19,7% en términos nominales, según un
informe de la autoridad monetaria que registró una leve alza de la morosidad de los
hogares. (Infobae, 16 de marzo de 2017)
• 66% de los préstamos están destinados a financiar el consumo, principalmente
personales y tarjetas de crédito
• Los créditos hipotecarios en Argentina suman un 1,7% del PBI. En Brasil llegan al
7,7%; Perú, 4,9% y Chile, 18,7%
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Nacionalización de la banca y el comercio exterior, sin indemnización y bajo
administración y control de los trabajadores
• Precio sostén y créditos baratos para pequeños productores
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- QUE TODO LEGISLADOR Y FUNCIONARIO POLÍTICO COBRE COMO UN DOCENTE
- POR UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA - POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES BASADO EN LA
MOVILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO Y EL PUEBLO TRABAJADOR
En este sistema político y social, un grupo minoritario vive como una casta privilegiada, alejada
de los padecimientos y necesidad de la mayoría de la población. Con esos favores y
prebendas, gobiernan a favor de los capitalistas. Los legisladores y concejales del PTS en el
Frente de Izquierda rechazan esos sueldos: cobran lo mismo que una docente o un trabajador
calificado, y el resto lo ponen al servicio de las luchas populares y la difusión de las ideas de la
izquierda. Presentamos en el Congreso y legislaturas provinciales un proyecto de ley para que
todo legislador y todo funcionario cobre mensualmente no más de lo que percibe una maestra
con 26 años de antigüedad y 30% de zona. Al mismo tiempo, peleamos para que todo
trabajador gane un salario igual al valor de la canasta familiar. Retomamos así las mejores
tradiciones de los socialistas revolucionarios, y planteamos también la revocabilidad de los
funcionarios por parte de los electores y la eliminación de todos los privilegios de la función
política.
Un Presidente, aunque dure en el cargo una semana, tiene una pensión vitalicia de privilegio.
Por ejemplo Adolfo Rodríguez Saa que asumió el 23 de diciembre de 2001 y renunció el 30 de
ese mismo mes, cobra $ 158.344 por mes. De la Rúa huyó en helicóptero con un tendal de
muertos bajo su responsabilidad, después de haber avanzado en quebrar el país con el
"megacanje" que hizo con Cavallo y tratar de imponer la flexibilización laboral con las coimas
de la Banelco, cobra la friolera de $ 176.433 mensuales, al igual que Carlos Menem, que
después de entregar a las multinacionales el patrimonio nacional y el petróleo, dejó el gobierno
con millones de desocupados. ¡Hasta el procesado Amado Boudou está haciendo el trámite
para cobrar de por vida su jubilación de privilegio por haber sido vicepresidente!
Cristina Fernández estaba arriba de todos, porque cobraba doble: también la de Néstor
Kirchner, llevándose más de $ 300.000 que se sumaban todos los meses a la fortuna familiar.
Ahora le hicieron elegir una de las dos y percibe mensualmente y de por vida "sólo" $ 153.000.
Hasta viudas de dictadores como el general Levingston cobran mes a mes esas cifras. Los
ministros de la Corte Suprema también tienen este privilegio, que les otorga la Ley 24.018.
En Mendoza las dietas de legisladores, funcionarios y jueces superan los $100.000 de bruto,
junto a otros beneficios. Ellos son los que hacen las leyes, los que “imparten justicia”, los que
definen el presupuesto, los que gobiernan. El pueblo no gobierna ni delibera, lo hacen ellos.
La única forma de terminar con este régimen de democracia para los ricos y segregación del
pueblo trabajador, es desarrollando la movilización de las mayorías trabajadoras y la juventud:
sólo con esta fuerza podemos hacer que se cumpla la voluntad popular.
Los socialistas revolucionarios, que luchamos por un gobierno de los trabajadores basado en
organismos de autodeterminación de las masas, acompañaremos la experiencia de éstas con
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la democracia parlamentaria al mismo tiempo que luchamos por la recuperación de las
organizaciones sindicales y estudiantiles, expulsando a las burocracias traidoras, para
desarrollar la movilización y organización de los trabajadores, el movimiento de mujeres y la
juventud para no pagar los costos de la crisis capitalista.
Por eso desde el Frente de Izquierda proponemos:
• Equiparación de las dietas de los funcionarios políticos y judiciales al salario de una
maestra con 26 años de antigüedad
• Poner fin a los privilegios de los jueces, como la inmovilidad en sus cargos y las
exenciones impositivas. Que cesen en sus cargos los jueces que juraron por el estatuto
de la dictadura. No al Consejo de la Magistratura y al actual método de designación.
Que los jueces sean elegidos por el voto popular. Con juicios cuyo veredicto sea
dictado por jurados populares
• La conformación de una Asamblea Constituyente libre y soberana, conformada por un
representante cada mil electores, elegidos por voto directo y con mandato revocable
por el voto popular, que cobren un sueldo igual al de una maestra o un trabajador
calificado. Con plenos poderes para reorganizar la provincia en base a las necesidades
del pueblo trabajador y tomando las medidas que están desarrolladas en esta
plataforma. La conformación de un Ejecutivo que responda ante esta Asamblea, con
funcionarios con mandatos revocables por la misma y un salario igual que el de una
maestra o un trabajador calificado. Eliminación del Senado y creación de una cámara
única
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