prospectiva carceles concesionadas
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Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Área de Ciencias Sociales.
Administración Pública.
Prospectiva II
“Visión prospectiva de las cárceles concesionadas”
Nombre: Emmanuel farfán Burgos
Profesor: Jorge Israel
Ayudante: patricia peña
Antecedentes.
El panorama actual del sistema concesionado de cárceles en Chile merece una
revisión exhaustiva a 10 años de entrada en vigencia de la reforma procesal penal y por
revisar además el sistema de concesiones existente en el espacio público Chileno.
El sistema carcelario nacional funciona bajo Gendarmería de Chile, organismo
parte del sistema de Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana que depende
centralizadamente del Ministerio de Justicia
Hoy Gendarmería de Chile administra los penales concesionados, cuyos
antecedentes del programa explica que el contrato de concesión de obra pública se puede
definir como: el derecho que el Estado entrega a particulares para la ejecución,
conservación y explotación de una obra fiscal, construida sobre bienes nacionales de uso
público, sujeto a un plazo determinado, en que el pago de la inversión y costos
operacionales son de cargo del concesionario; lo que puede ser complementado por un
sistema de aportes o pagos del Estado al Concesionario. A su vez, el privado percibe
ingresos por la explotación del servicio de las obras.
Objetivo General:
Evaluar los resultados de la implementación del modelo de cárceles concesionadas que
funciona intersectorialmente bajo la dependencia de ministerio de justicia, gendarmería
de Chile y Obras Públicas. Visualizando una visión prospectiva de las principales cambios
que se podrían generar
Objetivos Específicos:
Conocer el origen de la política pública de cárceles concesionadas.
Evaluar la efectividad de los penales desde las concesiones.
Sistematizar las opciones de políticas económicas que se utilizaron para la
adopción del sistema penitenciario mixto que opera en el país.
Determinar propuestas para el mejoramiento de los servicios penitenciarios
Proyectar la evolución de las cárceles en un futuro
Planteamiento del Problema de Investigación.
La inquietud que permite realizar este estudio se enfoca en que el problema
carcelario se ha suscitado en diversas y sucesivas campañas políticas con diversos slogans,
el último de ellos decía poner fin a la puerta giratoria objetivo del cual se desprende la
importancia del sistema de concesión de cárceles que opera en nuestro país. La población
reclusa de nuestro país se ha incrementado en los últimos años.
Así las cosas, si en el año 1996 la población era de 23.567 reclusos, en el año 2006
se había acrecentado en el 67,3%, esto es, la población reclusa ascendía a 39.417
personas. Según información publicada en la página web de Gendarmería de Chile,
actualmente la población reclusa asciende a 45.843 personas, prácticamente el doble que
hace 12 años. Y en un futuro cercano la cifra aumentaría considerablemente si no se crean
políticas y herramientas que permitan disminuir la cantidad de reos privados de libertad
Las cárceles concesionadas que actualmente se encuentran en funcionamiento son
6 -existe un incumplimiento de promesas en esta materia, deuda que dejó sin saldar el
presidente Lagos, el cual se comprometió a construir 10 cárceles modernas dentro de su
mandato- y debieran convertirse en 10 el próximo año.
No debemos olvidar que estas 10 cárceles albergaran a un pequeño porcentaje de la
población penal.
Nuestra población penal sigue creciendo día a día en una proporción distinta al aumento
de plazas, y las políticas de rehabilitación y reinserción social ejecutadas en las cárceles
públicas y concesionadas, no tienen un marco de estructuración ni son fiscalizadas por
expertos.
Diagnóstico del Sistema Carcelario Chileno
Chile tiene 103 cárceles a lo largo del país, sólo 10 son concesionadas, sólo 6 de
estas últimas están terminadas. En Chile hay 176 Centros a los cuales pueden acceder los
imputados Un 58% de este total corresponden al sistema carcelario propiamente tal, a
saber, sistema cerrado (cárceles en las cuales los reos se encuentran totalmente privados
de libertad), en tanto que el 26% de ellos dependen del sistema abierto (imputados que
fueron beneficiados con las penas alternativas establecidas en la ley 18.216, aquellos cuya
condena consiste en firmar en Gendarmería cada determinado tiempo y aquellos que
deben ser vigilados por un funcionario de Gendarmería), el 11% corresponde al sistema
semiabierto (aquellos que son condenados a dormir todas las noches en un Centro
Penitenciario) y finalmente sólo el 5% de estos Centros tienen carácter Pos penitenciario
(ejecutan proyectos y programas de capacitación para quienes salieron de la cárcel o se
encuentran gozando de libertad condicional) .
El sistema carcelario en nuestro país –sistema cerrado-, actualmente es un sistema
mixto compuesto de cárceles públicas y de cárceles privadas (licitadas en concesión). En
las primeras, la vigilancia, la seguridad del recinto y las prestaciones carcelarias (alimento,
salud, higiene y reinserción social) están a cargo de Gendarmería, desde luego que con
gestión y financiamiento de carácter público. En los recintos concesionados, sólo la
administración, vigilancia y seguridad están a cargo de Gendarmería. El resto de las
prestaciones, incluyendo la reinserción social o rehabilitación son de cargo del
concesionario. El financiamiento corresponde al concesionario con pago de subsidios por
parte del Estado –pagos fijos y variables, estos últimos dependen en parte de la cantidad
de reos- conforme a un contrato de concesión existente entre ambos.
Actualmente existen 103 cárceles en Chile, de los cuales sólo 10 han sido
concesionadas –con capacidad de 16.000 internos-. De estas últimas sólo 6 se encuentran
actualmente funcionando (Alto Hospicio –operando desde enero 2006-, La Serena –
operando desde enero de 2007-, Valdivia –operando desde agosto de 2007-, Rancagua-
operando desde diciembre de 2005- Santiago –operando desde enero de 2007- y Puerto
Montt–operando desde septiembre de 2007). Y en un futuro debieran concretarse la
construcción de las 4 restantes que se propuso en el gobierno del presidente lagos
En todo caso, las 16.335 nuevas plazas que se obtendrán con la construcción de las 10
cárceles señaladas más arriba sólo servirán para paliar el déficit, pero en ningún caso para
terminar con el hacinamiento que afecta al sistema carcelario del país.
El costo de construcción de una cárcel promedio (de 48.100 metros cuadrados que
atiende a 1.666 internos) según las bases de licitación del sistema de concesiones
penitenciario es de aproximadamente US$ 45 millones.
Los reos privados de libertad son 46.000 y el espacio de las cárceles actuales sólo da
abasto para 31.000. Según información de Gendarmería de Chile, actualizada al 01 de
febrero de 2008, la población penal del Sistema Cerrado (cárceles) corresponde a 45.843.
la pregunta que se hace es que falta para paliar el déficit de los 15.000 reos privado de
libertad en un futuro una incógnita que aún no se le ha dado solución y que lo correcto es
que en un futuro todas estas interrogante se vayan respondiéndose dando alguna
solución frente a las grandes de falencias que existe en el sistema carcelario
2.1.2) La rehabilitación en las cárceles no funciona, un 50% de los presos vuelve a cometer
delitos cuando salen en libertad.
De acuerdo a datos de Gendarmería de Chile, la tasa de reincidencia de quienes
estuvieron presos accede al 50%, la que según la misma Institución puede alcanzar un 60%
en cárceles altamente pobladas. No obstante lo anterior, se debe advertir que no existe
un sistema de indicadores y estadísticas que permita realizar un seguimiento de la tasa de
reincidencia adecuado desde el punto de vista profesional y técnico.
La alta tasa de reincidencia que tiene nuestro país, se debe a que existe una insuficiente
oferta de rehabilitación y reinserción social para los condenados, en términos
cuantitativos y cualitativos.
Ello se debe a:
- El 1,81% del aporte fiscal que se entregará en virtud de la ley de presupuesto 2008 a
Gendarmería de Chile, se destinó a programas de rehabilitación y reinserción social. Este
porcentaje se invierte en la rehabilitación de los presos de Cárceles Públicas y de los
Centros a los cuales van quienes fueron condenados y beneficiados por la ley 18.216. Por
su parte, en las cárceles concesionadas, los privados realizan y soportan económicamente
dicha prestación. Existe la necesidad de someter dicha función, en conjunto con la pública,
a estándares más estrictos, introduciendo un sistema de control de resultados.
- Al año 2003, 21.000 reclusos no tenían acceso a programas laborales, la mitad de este
número trabajaba en actividades artesanales y sólo el 4,8% estaba vinculado a la empresa
privada.
- Actualmente, sólo existen 366 cupos para tratamiento de drogas de quienes se
encuentran privados de libertad en una cárcel.
Porcentaje muy bajo al considerar que alrededor del 60% de los detenidos en caso de
Flagrancia por delitos de mayor connotación social consumieron droga antes de cometer
el delito. El panorama es peor al tener en cuenta que no se conocen los criterios de
asignación del programa.
- El 60% de la población que cumplía condena el año 2003 tuvo acceso a educación básica
o media. Adicionalmente, alrededor de 700 reclusos recibieron educación técnico
profesional y sólo 40 internos cursaron estudios superiores. Ello permite concluir que una
parte importante, cercana al 40%, no recibe la educación necesaria para participar
activamente en el mercado cuando salga de la cárcel. Lo que sin duda es muy grave,
porque un alto porcentaje de quienes están privados de libertad sólo tiene estudios
básicos incompletos.
- Los programas de estudio que se llevan a cabo dentro de las cárceles no han sido
suficientemente adaptados a la población penal. Lo ideal es que en un futuro ese 40%
disminuya y se le impartan capacitación a los reos y se les de oportunidades de surgir
- El déficit presupuestario sumado a la falta de compromiso por parte de los internos, se
traduce en un bajo índice de matrículas, bajo rendimiento escolar, atrasos y ausentismos
reiterados, entre otros.
- Las cárceles no cuentan con un programa organizado que otorgue atención sicológica
personalizada a los reos. Ello, aun cuando la experiencia internacional demuestra que es
imprescindible que los reos sean asistidos en este aspecto por profesionales expertos en
la materia de criminalidad. Dicha experticia es imprescindible para la consecución de una
tasa alta de rehabilitación y disminución de la reincidencia.
- No hay mediciones actualizadas del impacto de las políticas de reinserción social
ejecutadas por Gendarmería.
- No existen beneficios económicos para que los terceros intervengan en las cárceles
otorgando trabajo a los reclusos, y según consta en el Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios los reclusos que trabajan están sometidos a la legislación laboral común , y
no están sometidos a un estatuto laboral especial, lo que es poco flexible. No hay un
Programa General orientado a la inserción laboral cuando el recluso queda en libertad.
La rehabilitación efectiva disminuye la tasa de delincuencia
2.1.3) La atención del costo diario por interno en las cárceles concesionadas,
mensualmente, es cercana un sueldo mínimo ($142.715). Este monto incluye
alimentación, higiene, salud, utilización de infraestructura y políticas de rehabilitación.
Según información entregada por el MOP (Modelo de Concesiones Penitenciario), el costo
de operación mensual promedio por interno asciende a $142.715, de los cuales 23% es
variable y 77% es un costo fijo (de una cárcel promedio).
Las cifras anteriores nos permiten concluir que un recluso adicional en un recinto
ya construido tiene un costo de $32.500 mensuales, monto que claramente resulta
insuficiente a la hora de pretender una rehabilitación íntegra. Si consideramos a su vez los
costos fijos de operación, el destinar aproximadamente un salario mínimo ($142.715) al
cuidado de los internos también parece escaso a la hora de pretender acabar con la
reincidencia y la delincuencia en un futuro.
2.1.4) La infraestructura deficiente de las cárceles públicas, la mala calidad en la
alimentación e higiene y la falta de seguridad al interior de ellas impiden el ejercicio de
políticas efectivas de rehabilitación. El futuro de los recintos carcelarios públicos no está
claro. Se critica el no cumplimiento de las promesas del presidente Lagos relativo a la
construcción de 10 cárceles concesionadas, toda vez que actualmente sólo hay 6
terminadas y en funcionamiento, pero nadie discute ni debate acerca de la conveniencia
en materia de rehabilitación y cumplimiento de estándares internacionales –derechos
humanos- del mantenimiento de todas las cárceles estatales en nuestro país. No debemos
olvidar que al menos el 80% de la población penal carcelaria está recluida en estos centros
carcelarios.
2.1.5) La droga es directamente proporcional al delito.
Durante el año 2005 la Fundación Paz Ciudadana realizó un estudio a 600 detenidos por
delitos de connotación social, el cual fue practicado en 15 Comisarías de Santiago. El
estudio arrojó que el 67% de los detenidos había consumido recientemente alguna droga.
El 89% de ellos había consumido cocaína y/o pasta base. El gasto mensual promedio de
estos detenidos es mayor a $350.000, mientras que el gasto de quienes consumen
marihuana accede a $30.000 dato muy relevante al considerar que la mayoría de ellos
cometen delitos para consumir droga.
La tasa de reincidencia de quienes consumen droga es más alta (46%) que quienes no
consumen (24%).
Las salidas jurídicas que se adoptan respecto de los delincuentes primerizos facilitan que
estos vuelvan a delinquir, toda vez que los Centros de Rehabilitación del medio libre no
son efectivos, y consecuentemente, no disminuyen ni terminan con el consumo de drogas
de quienes se someten a ellos.
Como ya se señaló en Chile sólo existen anualmente 366 cupos para tratamiento de
drogas a quienes se encuentran privados de libertad en una cárcel, y no existe un
programa global de prevención y rehabilitación de primerizos drogadictos. (Que se espera
en un futuro con estos 366 cupos para el tratamiento de drogas)
En el caso del sistema penitenciario su administración corresponde a gendarmería
de chile organismo encargado bajo el ministerio de justicia
Desde el punto de vista de política pública, las cárceles concesionadas han sido
construidas bajo el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria del
Ministerio de Obras Públicas, El Programa de Concesiones en Infraestructura Penitenciaria
se ejecuta a través de dos etapas: La primera, cuyo objeto es la construcción de los
recintos, y la segunda, dirigida a la explotación de la concesión, entendiendo por tal la
prestación de los servicios concesionados. La puesta en marcha de las cárceles
concesionadas no ha estado exenta de dificultades tanto desde el ministerio de justicia
(gendarmería) y el ministerio de obras públicas y el sector privado. Uno de los problemas
que más se ha manifestado es el incumplimiento de los plazos por parte de las
concesiones y la calidad de la construcción de los recintos y las millonarias pérdidas, pero
también existen otros aspectos que son materia de contratos y resoluciones, pero para
que ello no ocurra o se disminuya las deficiencia existe una fiscalización por parte de
gendarmería de chile el ministerio de obras pública (MOP) este último a través inspección
fiscal de explotación (IFE).
De acuerdo a este diseño, en el sistema intervienen tres actores: GENCHI (a través
de la Unidad de Concesiones), el MOP (a través de la Inspección Fiscal de Explotación) y la
sociedad concesionaria (a través de la empresa operadora). Esto queda explicado con el
siguiente cuadro de definiciones contractuales penitenciarias
Mapa mental y árbol de problema
Hoy las cárceles tanto publicas y privadas tienen muchas deficiencias y de valencias en diversas
materias que es indispensable darle solución, es verdad que gran responsabilidad lo tienen los
Sistema de concesión se inicia en los 90 entre lo
público y lo privado a través de obras
públicas
Avances:
GendarmeríaEstado
CiudadaníaCondenados
Desafíos:
Proponer educación segundaria profesional y
técnica
Capacitación de personal
Crear estrategias entre los diferentes actores
Oportunidades
Crear nuevas plazas de trabajo
Nuevas estrategias entre el MOP y MI para mejorar los
recursos
Objetivo
DiseñaFinancia
ConstruyeOtorga
servicios
Cárceles concesionadas
103 cárceles a lo largo de chile
10 concesionadas6 terminadas
Actores involucrados:
Ministerio de justicia Ministerio de obras
publicaGendarmería Ministerio del
interior
reos que están prohibidos de libertad al no colocar parte de ellos para ir mejorando y poder
rehabilitarse pero hay una gran pregunta que está dando vuelta y es bueno plantearse para
determinar las medidas a seguir y tener conciencia de ello para saber qué es lo que realmente se
espera en un futuro ¿Qué papel hoy en día están cumpliendo las cárceles pública-privada es un
lugar que tiene a los reos y los prohíbe de libertad impidiendo su capacidad de convivencia y lo
único que hace es que los reos cumplan su condena queden libres vuelvan a delinquir y de nuevo
los metan presos o es un lugar que actúa paralelamente a la condena de los reos?
Las cárceles concesionadas si lo miramos hacia adelante o sea en un futuro, no se sabría
con seguridad lo que pasaría pero lo que si estamos seguros es que si no se hacen
cambios en reformas si no se crean nuevos programas de rehabilitación e inserción
social para los reos como para sus familias, si no se cumplen con las políticas establecidas
y no se termina la construcción de las cárceles que faltan y no existe un aumento en los
ingresos para gendarmería y una fiscalización y un seguimiento para las cárceles públicas
como privadas, va a seguir en aumento el ingreso de reos, se va a generar una
inseguridad en la sociedad pese a que haya una mayor y mejores condiciones de vida para
los reos en las cárceles concesionadas no sirve porque no se está atacando el foco
principal que es la situación psicológica de ellos, no solo hay que invertir en
infraestructura si no también en un personal adecuado para los diferentes estudios como
también crear recursos para fortalecer a gendarmería en equipos seguridad y compromiso
laboral.
En un futuro para que exista una cohesión y un cambio social se deben
implementar de forma adecuadas las políticas públicas generando mayores
oportunidades, si bien se les ha dado educación y trabajo al interior de las cárceles eso es
una parte importante para ir mejorando la convivencia al interior de los recintos pero no
es suficiente, en los próximos años la realidad va a seguir siendo la misma si no se crea
una reforma que permita terminar con la puerta giratoria aumentar las penas y evitar que
esto se vaya formando en un círculo vicioso que cuando un delincuente es tomado preso
lo dejen enseguida libre con firma mensual, lo que debiera implementarse según su
curriculum de vida es determinar qué tipo de programa se le aplica para empezar con su
rehabilitación y poder insertarlo a la sociedad y no dejarlo libre porque todo delincuente
es un peligro para la sociedad.
Propuestas:
Involucrar a la familia del delincuente en los programas de rehabilitación e
inserción social
Dar mayor participación en trabajos y educación (700 cupos)
Crear incentivos por buena conducta y separarlos por eslabones de peligrosidad
(que hasta hoy no se a hecho)
Terminar y crear nuevas licitaciones con concesiones (contratar a nuevos
privados) para terminar las cárceles que faltan
Repartir de mejor manera los recursos de tal forma de mejorar la calidad de
gendarmería en las cárceles publicas
Proporcionar el personal adecuado con experiencia y conocimiento para los
diversos programas
Mejorar la administración fiscalización y seguimientos de los recintos
Crear políticas de rediseño de las cárceles publicas
Aumentar el aporte del estado a gendarmería
Generar mayores oportunidades y aumentar los cupos que hoy actualmente son
366 cupos muy pocos considerando la gran cantidad de reos que hoy actualmente
hay en chile, así nunca se va a poder rehabilitar a un preso siendo que la mayoría
vuelve a las cárceles por consumir algún tipo de droga.
No existen beneficios económicos para que los terceros intervengan en las cárceles
otorgando trabajo a los reclusos, debiera existir esa posibilidad para reos de poca
peligrosidad.
Poner en cuestionamiento los 32.500 pesos por reo será suficiente para empezar
un programa de debilitación
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