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Andalucía, 30 de abril de 2019
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo de Sevilla la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: ► Acuerdo por el que se traslada al Grupo de Trabajo de evaluación de entes instrumentales el resultado de los informes encargados a la Intervención General de la Junta de Andalucía
► Acuerdo para la renovación del Plan Vive de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio destinado a la promoción de vivienda a precio asequible
► Informe de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local relativo al comportamiento del empleo del sector turístico en Andalucía
► Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre el Plan Andaluz de Atención al Ictus 2019
► Acuerdo por el que se tramita el Anteproyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
► Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la concesión de una subvención a la Fundación Museo Picasso Málaga para el ejercicio 2019
► Acuerdo para la elaboración de un decreto que establezca la política de seguridad digital de la Junta de Andalucía, por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
► Acuerdo por el que se declaran de emergencia los servicios mínimos de conservación de carreteras de la zona Suroeste de la provincia de Córdoba; zona Norte del Área Metropolitana y zona Sur de la Provincia de Sevilla
► Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los estatutos de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
► Nombramientos
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La Intervención detecta duplicidades en las agencias públicas empresariales y plantea devolver competencias
El Consejo de Gobierno recibe el primer diagnóstico del informe sobre doce entes instrumentales de la Junta encargadas el 26 de enero El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha dado traslado hoy al Consejo de Gobierno del informe realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce agencias públicas empresariales, uno de los pasos emprendidos en el marco de la racio-nalización del sector instrumental de la Junta.
A tal efecto, el Ejecutivo andaluz encargó a la Intervención General mediante Acuerdo de 26 de enero de 2019, en su sesión celebrada en Antequera (Málaga), la realización de actuaciones de auditoría sobre el sector público andaluz que “se dirigirán a verificar la adecuada distribu-ción competencial entre las consejerías y las agencias, la vigencia de los fines que en su día justificaron la creación de las entidades y, en su caso, si las mismas constituyen el medio más idóneo para lograrlos”.
La Intervención considera que los fines para los que se crearon estas agencias y el servicio público que deben prestar siguen vigentes, si bien manifiesta que las competencias que desa-rrollan estos entes y las consejerías de adscripción no están bien delimitadas, lo que favorece la existencia de duplicidades de funciones, y concluye que solo en dos casos de los doce analizados -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)- está justificado que sean agencias públicas empresariales, lo que no significa que no haya detectado áreas de mejora en su gestión.
En cuanto a si las agencias públicas empresariales constituyen el medio más idóneo para el cumplimiento de sus fines, la respuesta general de la Intervención es negativa, ya que no apre-cia evidencias de que la fórmula jurídica de agencia pública empresarial logre sus objetivos de una manera más eficaz que la propia Administración de la Junta de Andalucía. Esta figura jurídica debe regirse por técnicas de gestión empresarial, una dirección estratégica, autono-mía en la gestión y la evaluación permanente de objetivos.
Las entidades que han sido objeto de la auditoría por parte de la Intervención General son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), la Agencia
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Pública de Educación (APAE), la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la Agencia de Innova-ción y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia Andaluza del Conoci-miento (AAC), la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), la Agen-cia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC).
En el informe de auditoría, que consta de 585 páginas y se encuentra en fase de alegaciones por parte de las agencias estudiadas, la Intervención General de la Junta lanza una serie de recomendaciones que están relacionadas con aspectos legales, de concepto y funciona-miento de las propias agencias y encaminadas a reforzar y mejorar el control y la eficacia de estos entes instrumentales. Así, la Intervención recomienda que se devuelvan competencias a la propia Administración o revisar la naturaleza jurídica de dichas agencias.
Asimismo, sugiere definir mejor la diferencia entre una agencia pública empresarial y una agencia administrativa de régimen especial en la Ley de Administración de la Junta de Anda-lucía (LAJA), así como delimitar mejor y definir con precisión cuáles son las competencias de estas agencias y las potestades de los funcionarios para evitar duplicidades funcionales entre agencias y consejerías. En cuanto a la organización, las agencias deben elaborar sus planes estratégicos, evaluar de manera periódica el grado de cumplimiento de sus objetivos y esta-blecer controles de eficacia, cuestiones que actualmente no se realizan, y garantizar que son un medio para el desarrollo de las funciones asignadas y no meros actores intermediarios en la ejecución de políticas públicas, sin aportar valor añadido frente a la Administración General.
Este informe provisional, que se ha realizado por primera vez con este alcance y además en un tiempo récord, será remitido por la Intervención General al Grupo de Trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, que lidera la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que será el encargado de analizar y evaluar este primer diagnóstico y del que saldrán los trabajos preparatorios para una regulación legal que delimite las funciones de los distintos tipos de entes instrumentales.
Esta actuación abre una línea de trabajo más amplia que debe ser liderada por cada Conseje-ría, que será la que deba asumir el control de la actividad de sus entidades adscritas y el cum-plimiento de objetivos, así como la adecuada utilización de recursos públicos. Forma parte, además, de un conjunto de actuaciones dirigidas a racionalizar y mejorar la eficiencia y efica-cia de la administración instrumental de la Junta de Andalucía, tales como la disolución del consorcio Guadalquivir, la extinción de la Agencia de Evaluación Educativa y la extinción de la Fundación Mediara, entre otros.
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La Junta ofertará 40.000 viviendas nuevas o
rehabilitadas antes de 2024, de ellas 20.000 a jóvenes
El Plan Vive en Andalucía contempla 800 millones de euros para el
periodo comprendido entre 2020 y 2030 y generará 34.000 empleos
Andalucía contará entre 2020 y 2024 con 40.000 viviendas protegidas nuevas o procedentes
de rehabilitación en venta y alquiler, de las que 20.000 serán para jóvenes. Así lo contempla el
nuevo Plan Vive en Andalucía, cuya redacción ha asumido la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio después que el Consejo de Gobierno haya abordado la
renovación del programa actual, cuya vigencia concluye en 2020.
El nuevo plan fomentará la promoción de vivienda a precio asequible, tanto en compra como
en alquiler, y apostará decididamente por la rehabilitación. La Consejería de Fomento pretende
con esta iniciativa dar respuesta a algunas actuaciones en este ámbito que han resultado
insuficientes hasta ahora, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de VPO, eliminación
de infravivienda o autoconstrucción de viviendas.
El Plan Vive en Andalucía tendrá cuatro ejes. El primero, centrado en el acceso, contempla la
creación de las 40.000 viviendas nuevas o rehabilitadas. Serán viviendas de promoción pú-
blica (VPP) sociales en alquiler, de promoción autonómica (VPA) con precio asequible dentro
del Plan Primera Vivienda y medidas para garantizar el acceso al alquiler asequible.
El segundo eje es el de la rehabilitación de viviendas y renovación urbana, que contempla el
Plan Ciudades más Humanas para la creación de áreas de regeneración urbana y accesibili-
dad (ARUA) concertadas con ayuntamientos, la rehabilitación del parque público de vivienda
y de conjuntos históricos (Plan Revive tu Centro), la de edificios de interés arquitectónico (Plan
Rehabilita Patrimonio) y la regeneración de espacios urbanos (Plan Vive tu Ciudad).
El tercer eje trata la vulnerabilidad residencial y prevé actuar, con el Plan Nadie sin Hogar, en
cuatro frentes. Se trata de los relativos a viviendas de integración social, erradicación del cha-
bolismo, un fondo autonómico de ayudas contra los desahucios y una bolsa de viviendas para
realojos y emergencias.
El cuarto eje del nuevo Plan Vive en Andalucía se centra en el I+D+i de la Agenda Urbana 2030,
con un programa de becas, premios de arquitectura, jornadas de formación y un foro perma-
nente de la Vivienda en Andalucía.
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Frente a estos datos positivos, se registran datos de aumento de los parados de larga dura-ción (los que llevan al menos un año buscando empleo) en 1.260 personas en los primeros cien días de Gobierno, alcanzado un total de 387.776 desempleados de este colectivo, un 46,93% del total.
Estas cifras llevan a la conclusión, citada en el informe, de que se ha producido en el periodo analizado una evolución favorable y una senda de crecimiento estable del empleo, especial-mente en el colectivo de jóvenes, pero señala la necesidad de prestar una especial atención a los desempleados de larga duración a través de políticas activas de empleo eficaces.
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Andalucía casi triplica la media nacional de creación de
empleo turístico en el primer trimestre del año
La comunidad contó con una media de 381.300 ocupados en este sector,
lo que supone un 9,2% más que en el mismo periodo de 2018
Andalucía registró una tasa de crecimiento de un 9,2% del empleo en el sector turístico durante
el primer trimestre de 2019, lo que casi triplicó el incremento nacional, que se situó en un 3,5%.
La comunidad contó, además, con una media de 381.300 ocupados en actividades turísticas
en ese mismo periodo.
Así se recoge en un informe presentado ante el Consejo de Gobierno por la Consejería de Tu-
rismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que detalla que las personas que traba-
jan en el sector turístico representan el 12,3% de los 3,1 millones de ocupados de la comuni-
dad. Esta tasa positiva supera los crecimientos registrados en este trimestre en la ocupación
del sector servicios (+4,3%) y del total de ocupados de Andalucía (+4,7%).
Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid son, en este orden, las comunidades españolas
con mayor número de empleados en actividades turísticas en este trimestre. Dentro de Anda-
lucía, Málaga, con un 28,6%, y Sevilla, con un 21,4%, concentran la mitad del empleo turístico
de la región.
La rama que da empleo a un mayor número de efectivos es la restauración, en la que trabaja
el 55,4% de la población ocupada en actividades turísticas de Andalucía del trimestre. Com-
parado con el mismo periodo del año anterior, aumenta la ocupación en todas las ramas de
actividad.
Según la situación profesional del trabajador, en este trimestre los ocupados en actividades
del turismo de Andalucía se distribuyen entre un 79,3% de asalariados (302.500 trabajadores)
y un 20,7% de trabajadores por cuenta propia o autónomos (78.800 trabajadores). Mientras
que los trabajadores asalariados han registrado en este trimestre un fuerte crecimiento
(+12,3%), los autónomos han disminuido (-1,2%). Los asalariados disponen en su mayoría de
un contrato indefinido (63,1%) y trabajan a jornada completa en el 64,7% de los casos.
La mayoría de los ocupados de la industria turística de Andalucía en este trimestre son hom-
bres (52,8%), tienen edades comprendidas entre los 30 y 44 años (41,2 %), poseen estudios
secundarios (65,2%) y son de nacionalidad española (86,7%).
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Respecto al primer trimestre del año anterior, las mujeres ocupadas han registrado una tasa
de variación positiva que ha superado al crecimiento de los hombres ocupados, lo que les ha
permitido aumentar su cuota de participación en dos puntos porcentuales. Han aumentado
también los ocupados de más edad, sobre todo el correspondiente en el tramo correspon-
diente a 45 años o más.
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La Junta proyecta cinco unidades de atención al ictus y
el impulso de su teleasistencia
La Consejería de Salud y Familias activa el Plan Andaluz contra este mal
neurológico, que sólo en 2020 estará dotado con cuatro millones
La Junta de Andalucía impulsará el Plan Andaluz de Atención al Ictus, que prevé la mejora de
los recursos asistenciales en beneficio de los pacientes que sufren esta patología, así como
la implantación progresiva de la teleasistencia. El consejero de Salud y Familias, Jesús Agui-
rre, ha presentado al Consejo de Gobierno este plan, aprobado hace más de una década pero
apenas desarrollado hasta el momento.
El Gobierno andaluz iniciará en 2019 las obras para la construcción de cinco nuevas unidades
de ictus en el Hospital Universitario Virgen de Valme (Sevilla), el Hospital Universitario de Je-
rez, el Hospital Punta Europa (Algeciras), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Má-
laga) y el Hospital San Cecilio (Granada). El objetivo es que para 2020 la comunidad autónoma
cuente con 84 camas en las unidades de ictus, lo que la posicionaría entre las mejores regio-
nes del país y de Europa en la atención a este problema de salud.
El impulso al programa de atención a personas con ictus supone que este año despegará de
un modo total el sistema Tele-Ictus, que consistirá en la activación de una red de 27 centros
conectados a este programa de teleasistencia y en la creación de un ‘pool’ de unos quince
neurólogos vasculares de guardia localizable, que ya se ha comenzado a probar en las provin-
cias de Sevilla y Huelva. Este programa de teleasistencia será fundamental para facilitar un
diagnóstico rápido y estará dotado con 200.000 euros en los presupuestos de 2019.
La mayor partida para el desarrollo del Plan Andaluz de Atención al Ictus se destinará en 2020,
cuando el Gobierno andaluz aporte cuatro millones de euros al programa.
Otra de las novedades es la implantación progresiva en todo el territorio andaluz del Código
Ictus, que incorporará avances logísticos y de trasporte sanitario y mejorará los tiempos ac-
tuales relativos al inicio de los tratamientos. Para ello será decisiva la creación del Centro
Andaluz de Tele-Ictus (CATI). La expansión del Código Ictus a todos los rincones de Andalucía
supondrá un aumento de los pacientes que se recuperarán al cien por cien de este problema
de salud, cuando antes pasaban a ser dependientes.
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El óptimo funcionamiento del Código Ictus depende en gran medida del conocimiento por
parte de los profesionales implicados de los síntomas sugestivos de ictus y las escalas neu-
rológicas básicas, los criterios de activación del Código Ictus y los protocolos establecidos.
Para ello, la Consejería de Salud y Familias elaborará un plan de formación, al considerar que
también es necesario que la ciudadanía sepa identificar los signos y síntomas de un ictus,
para que pueda actuar lo antes posible. En los próximos meses la Junta desarrollará campa-
ñas informativas sobre la identificación de un ictus y cómo actuar.
El ictus es un accidente cerebrovascular que representa un importante problema de salud. A
pesar de ser potencialmente evitable y de los enormes avances conseguidos, Andalucía con-
tinúa registrando las tasas de mortalidad más elevadas del país debido a la pésima situación
de partida desde hace unas décadas, y al hecho de que el ictus siga siendo la primera causa
de muerte en las mujeres andaluzas.
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La Junta incentivará a las empresas que fomenten la
economía circular
El Consejo de Gobierno tramita una nueva ley que implanta la recogida
separada de biorresiduos como otro de sus pilares de actuación
La Junta de Andalucía incentivará las prácticas empresariales que fomenten la economía cir-
cular dentro de la futura ley que tramita el Consejo de Gobierno y que también incluye como
otros objetivos destacados la implantación de la recogida separada de biorresiduos o la re-
ducción de remanentes depositados en vertederos.
La nueva norma, que elabora la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible, contempla también el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Unión Europea
(UE) para flujos específicos de residuos textiles, plásticos o envases, así como la clasificación
de las instalaciones de reciclado según los objetivos. Estos principios serán incorporados a
los diversos sectores económicos para hacer posible el necesario cambio social y de modelo
productivo marcado por la UE.
El Gobierno andaluz avanza así en una Ley que tiene el objetivo de mejorar la vida de las per-
sonas impulsando la competitividad y el crecimiento económico, la creación de empleo y la
generación de condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible de la comunidad. Para ello,
plantea fundamental evitar el consumo de recursos no renovables o las decisiones que afec-
ten negativamente a terceros, incluido el entorno natural.
La Ley también apostará como ejes vertebradores de las políticas públicas y los sectores eco-
nómicos por el uso eficiente de los recursos y la lucha contra el cambio climático, principios
básicos de la economía circular. Esta línea de trabajo supone además la generación de nuevas
oportunidades empresariales y nichos de creación de empleo de los que se podrá beneficiar
la comunidad autónoma.
Adaptación al marco europeo
Andalucía trabaja para dar respuesta a la comunicación de la Unión Europea de finales de
2015 que, bajo el título ‘Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular’,
señalaba 54 medidas sobre las que era preciso actuar hasta 2020.
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El documento indicaba la necesidad de actuar en las diferentes etapas del ciclo de la vida de
los productos (diseño y producción, consumo y gestión y aprovechamiento de residuos) y en
cinco áreas prioritarias (plásticos, desperdicio alimentario, materias primas críticas, construc-
ción, demolición, así como biomasa y productos con base biológica).
En marzo de 2019 se ha aprobado el acuerdo de formulación del Plan Integral de Residuos de
Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030)’, que se presenta
como el marco estratégico que permitirá a la comunidad autónoma cumplir con las exigencias
marcadas por las normativas estatal y europea. Además, contribuirá a reforzar y acelerar la
transición de Andalucía hacia una economía circular, al fomentar la utilización de materias
primas secundarias para aprovechar al máximo los recursos materiales y energéticos que po-
seen los residuos.
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El Consejo de Gobierno autoriza una subvención
de 4,37 millones para el Museo Picasso Málaga
La aportación forma parte de la financiación acordada para mantener la
actividad de la pinacoteca andaluza, que en 2018 sumó 674.512 visitas El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una subvención de 4,37 millones de euros,
correspondiente al ejercicio de 2019, para la Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul,
Christine y Bernard Ruiz-Picasso, institución que tiene como finalidad la conservación, la
exhibición y la difusión de la vida y la obra del genio malagueño desde su ciudad natal.
La aportación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico forma parte de la financiación
acordada para el periodo 2007-2023 con el fin de mantener la actividad de la pinacoteca an-
daluza, que desde su apertura en 2003 han visitado un total de 6.595.283 personas. Las do-
naciones realizadas por Christine y Bernard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista, constituyen
el núcleo de sus fondos.
La colección permanente está compuesta por 233 obras y otras 169 cedidas en comodato por
la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, que incluyen óleos, esculturas, dibu-
jos, cerámicas y grabados del artista. El museo, con sede en el Palacio de Buenavista, custodia
además dos cuadros de Pablo Picasso depositados en 2007 por el Ministerio de Cultura.
La selección aborda temáticamente los aspectos relevantes del legado de Picasso: su rela-
ción con Málaga, la versatilidad de su talento creador, la sensibilidad por la desigualdad y la
importancia en su pintura del círculo de personas íntimas y de lo cotidiano. De igual modo se
refleja el protagonismo histórico del artista en la creación del Cubismo y su forma de mirar
temas clásicos de la historia de la pintura, como el retrato, el bodegón, el paisaje y el desnudo.
El Museo Picasso Málaga recibió un total de 674.512 visitantes a lo largo de 2018, afianzando
su reconocimiento y prestigio nacional e internacional y consolidando un año más su posicio-
namiento como el museo más visitado de Andalucía con un significativo incremento superior
al seis por ciento respecto al año anterior. Junto a la colección permanente, se abrieron tres
exposiciones temporales: ‘Y Fellini soñó con Picasso’, ‘Warhol. El arte mecánico’ y ‘El sur de
Picasso. Referencias andaluzas’.
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Desde su creación, el Museo Picasso Málaga ha desarrollado también programas pedagógi-
cos de los que se han beneficiado 412.589 personas (244.320 escolares). Asimismo, sus di-
ferentes espacios acogen continuamente actividades culturales como conferencias, semina-
rios, proyecciones, charlas, mesas redondas, música de cámara, jazz, flamenco, poesía o cine.
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La Junta refuerza su sistema de seguridad digital contra los ciberataques
El Consejo de Gobierno acuerda la actualización de sus procedimientos y alineará sus políticas en esta materia con las desarrolladas en la UE El Consejo de Gobierno ha acordado hoy reforzar el sistema de seguridad digital de la Junta de Andalucía frente a posibles ciberataques a través de la elaboración, por parte de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de un decreto que establezca la política en materia de seguridad digital de la Administración autonómica.
Dicha política pretende dar respuesta a la continua aparición de nuevas ciberamenazas, con actuaciones en distintos ámbitos y estará orientada a crear un clima de confianza en el usuario de las nuevas tecnologías, ya sea un particular o una empresa que utilice en el desarrollo de su negocio las oportunidades que genera la economía digital.
La iniciativa, además, está alineada con las medidas que pidió el Consejo Europeo en octubre de 2018 para fortalecer la ciberseguridad en la Unión Europea, principalmente refiriéndose a medidas para responder a los ciberataques y disuadir de que se cometan. Este decreto contemplará los últimos cambios normativos que tienen incidencia en aspectos relacionados con la ciberseguridad y que afectan a las administraciones públicas, en constante evolución.
Seguridad digital
La Junta de Andalucía ha gestionado un total de 8.110 incidentes de seguridad tecnológica durante el año 2018 a través del centro AndalucíaCERT, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, constatando una subida de este tipo de amenazas del 32% en tan solo un año, según un informe presentado por este departamento al Consejo de Gobierno.
En el documento, se detecta que la organización de la ciberseguridad en la región muestra una clara carencia frente a lo dictado por la normativa y por las buenas prácticas en materia de políticas de seguridad, designación de responsables de seguridad independientes, análisis de riesgos, auditorías o certificaciones de conformidad.
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Así, se destaca, por ejemplo, que el 75% de los organismos de la Junta no dispone de una Política de Seguridad TIC aprobada, que hasta un 47% de los organismos no dispone formalmente de un Comité de Seguridad TIC, que el 67% de los organismos no cuenta de facto con una Unidad de Seguridad TIC, o que solo un 20% de dichos organismos tienen un Responsable de Seguridad TIC independiente.
Según el informe presentado por Economía, la Junta de Andalucía dispone de 440 sistemas de información que son susceptibles de ser analizados y que el 45% de ellos, según los criterios del ENS, son de categoría media o alta y requieren medidas de protección más estrictas.
Esta necesidad de protección se debe al incremento paulatino de las incidencias que se van detectando en materia de ciberseguridad y que en cuestión de seis años se han multiplicado por diez, pasando de las 805 gestionadas en 2012 a las 8.110 del pasado año 2018, con un aumento del 32% respecto a 2017, el más alto registrado hasta el momento. Los incidentes han estado relacionados con código dañino, fraude e intrusiones.
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Autorizados 2,3 millones en contratos de emergencia
para conservación de carreteras en Sevilla y Córdoba
El pago garantizará un nivel óptimo de seguridad en las vías ante
cualquier incidente mientras se licitan y adjudican los nuevos acuerdos
El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de 2,3 millones de euros para mantener me-
diante contratos de emergencia los servicios mínimos de conservación de carreteras en las
provincias de Sevilla y Córdoba. Este pago se ha validado después de que la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio trasladara un informe al Consejo de Go-
bierno en el que pone de manifiesto la existencia de 27 contratos que habían expirado o esta-
ban a punto de expirar sin posibilidad de fijar una prórroga y, sin embargo, no se habían ini-
ciado en el anterior mandato los trámites para aprobar los nuevos pliegos de condiciones.
Los 2,3 millones corresponden a tres contratos de emergencia de servicios mínimos en mate-
ria de conservación de carreteras aprobados para la zona sur de la provincia de Sevilla
(556.157 euros), la zona norte del área metropolitana de Sevilla (890.644 euros) y la zona sur-
oeste de Córdoba (883.279 euros), ya que expiraron entre los meses de febrero y marzo. En el
caso de los dos últimos, los contratos de emergencia durarán siete meses, mientras que el
que corresponde a la zona sur de Sevilla tiene una vigencia de cuatro meses. El pago autori-
zado por el Consejo de Gobierno garantiza el nivel óptimo de seguridad en las carreteras ante
cualquier incidente, ya sea meteorológico, por accidentes o incendios, mientras se licitan y
adjudican los nuevos contratos.
Los contratos de conservación inicialmente tienen una duración de dos años, con posibilidad
de una única prórroga de dos años más. En esa imposibilidad de una nueva renovación se han
encontrado 32 de 35 contratos, aunque cinco de ellos se pueden resolver en tiempo y forma
al expirar en 2020. Del resto, diez de ellos se resolvieron a finales de año con contratos de
emergencia por un periodo de uno o dos meses y un importe de 2,6 millones, que luego se
amplió por un importe adicional de 5,8 millones hasta julio, mes en el que se espera culminar
la adjudicación de los contratos.
Además, hay otros 14 contratos –tres de ellos los ya citados de Sevilla y Córdoba– cuyo plazo
de finalización sin posibilidad de prórroga está fijado para el primer semestre del año y, por
tanto, se está procediendo a la misma fórmula de declaración de emergencia.
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El Consejo aprueba la modificación de los estatutos de
la Empresa Pública de Gestión de Activos
La adaptación se debe al cambio de adscripción de la entidad a la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad para que modifique los estatutos sociales de la Empresa Pública de Gestión de
Activos, S.A. (Epgasa) ante la necesidad de adaptarlos a la nueva realidad jurídica.
Se realizarán una serie de cambios, como la adscripción a la nueva estructura orgánica de la
Junta de Andalucía o la adaptación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parla-
mento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
La modificación estatutaria es necesaria por el cambio de adscripción de la sociedad, lo que
supone que también se haya establecido una fórmula abierta a futuras reestructuraciones.
Así, se ha flexibilizado la composición y el nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración para adaptarlos a la consejería a la que se encuentre adscrita, que además
podrá contar con la figura del vicepresidente. Asimismo, se ha modificado el domicilio social
y se ha adaptado el objeto social para el asesoramiento y apoyo a la consejería competente
en materia de economía o al departamento al que se adscriba en caso de reestructuración
orgánica.
Se suprime la figura del consejero delegado, ya que estas funciones son desarrolladas por la
gerencia (máximo cargo de representación de la sociedad), y se posibilita crear la figura del
vicepresidente, que ejercerá las funciones de presidente en caso de vacante, enfermedad o
cualquier otro motivo. Se ha reducido el número de miembros del Consejo, pasando de un
máximo de 16 a 14.
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José Enrique Millo, nuevo secretario general de Acción Exterior
El Ejecutivo andaluz designa a Manuel Doblaré miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de José Enrique Millo Rocher como secretario general de Acción Exterior, cargo adscrito a la Consejería de la Presidencia, Admi-nistración Pública e Interior, y de Manuel Doblaré Castellano como miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empre-sas y Universidad.
José Enrique Millo Rocher. Secretario General de Acción Exterior
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Bar-celona (UAB), especializado en Economía de la Empresa, y posee además estudios de Política y Gobierno en UPF-UB-ESADE.
Su trayectoria profesional incluye actividad en el sector privado y en el público, en el que ha sido delegado del Gobierno de España en Cataluña entre noviembre de 2016 y junio de 2018 y delegado territorial de la Consejería de Trabajo de la Generalitat, en Girona, entre 1991 y 1995. Ha sido también diputado en el Parlament de Catalunya, donde ha desempeñado distintos cargos, y hasta su nombramiento ejercía como economista, asesor y consultor.
Manuel Doblaré Castellano, Miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla
Nacido en Córdoba en 1956, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla (1978) y doc-tor por la Universidad Politécnica de Madrid (1981). Tras una estancia como postdoc en el Courant Institute de la Universidad de Nueva York, financiada por la Fundación Fulbright, ob-tuvo la adjuntía en la UPM (1982) y la cátedra de Mecánica de Sólidos y Estructuras en la Universidad de Zaragoza (1984).
A finales de 2011, aceptó la dirección científica de Abengoa Research, el centro de investiga-ción corporativa de la multinacional Abengoa, donde permaneció hasta junio de 2016, regre-sando entonces a su puesto académico en Zaragoza.
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