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La implementación de la Agenda 2030 en América Latina
Documento de posición
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Documento de Posición preparado en el marco del encuentro denominado: “Avanzando en la implementación integral de la Agenda 2030 en América Latina” Bogotá, 23 y 24 de octubre de 2017. Documento elaborado por: Cristian Leyton, Valentina Cortínez, Milena Umaña, Cesar Suarez (RIMISP) y Karina Barquet (SEI)
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II. Temas claves en el desafío de la implementación de la Agenda 2030
El proceso de implementación de las políticas públicas posee en general un alto
nivel de complejidad, más aún si se trata de orientaciones de política que
provienen de la escala transnacional que no necesariamente son comprendidas ni
compartidas por los actores nacionales. Este doble desafío intensifica la necesidad
de reflexionar en torno a lo realizado para llevar a cabo la Agenda 2030 en los
países de la región. Como una forma de organizar y desagregar analíticamente el
proceso de implementación, dividimos en tres temas esta revisión: armonización
de la Agenda 2030 y los ODS con las prioridades y políticas nacionales,
operacionalización e implementación de los ODS y apropiación de la Agenda 2030
por los diferentes actores sociales al interior de los países. A continuación,
presentaremos un panorama general de los países en torno a cada uno de estos
temas para, posteriormente, focalizar la atención en los nudos críticos y buenas
prácticas y aprendizajes que los actores nacionales destacan y que resulta
relevante considerar en las discusiones del Encuentro.
Cabe señalar que a partir de la reflexión y socialización de experiencias de los
distintos participantes de los países latinoamericanos expresados en el Encuentro
de Bogotá “Un enfoque integral para la implementación de la Agenda 2030 en
Latinoamérica”, llevado a cabo en septiembre de 2017, se plantea la necesidad de
instalar de manera transversal y con presupuesto permanente toda acción
vinculada a la implementación de los objetivos asociados a la Agenda 2030. A
pesar que las agendas nacionales pudieran vincularse a las prioridades
establecidas por los ODS, es necesario instalar políticas y acciones a largo plazo,
dado que sólo la acción política visibiliza un real compromiso en la materia. El
reconocimiento de estas acciones como una cuestión política permite concebir que
los ODS requieren no solo una propuesta técnica o un consenso entre diversos
actores, sino que requiere una implementación profunda en la cultura institucional
del Estado. Por ejemplo, uno de los aprendizajes obtenidos del diálogo entre
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diversas experiencias, es que la Agenda 2030 requiere desde un enfoque
colaborativo entre los diversos sectores que participan de la construcción de la
política pública, además de los diversos sectores que participan de la
administración del Estado, es decir instancias intersectoriales. Sólo el trabajo entre
sectores al interior del Estado, permitirá que la implementación de los ODS sea
más que una acción de gobierno, un ejercicio a largo plazo y dependiente de
diversos actores (por ejemplo, los ministerios).
A.- Armonización de los ODS con las prioridades y políticas nacionales
Uno de los primeros desafíos que asumen los
países al adherir a la Agenda 2030 es alinear sus
prioridades de política con los objetivos
consensuados a nivel global entre los Estados. Este
proceso de “armonización” es relevante para lograr
que los ODS hagan sentido entre los actores
nacionales y se torne más viable avanzar en la
implementación de estrategias y acciones
consistentes para alcanzarlos.
En general los países analizados plantean que el proceso de armonización de la
Agenda 2030 y los ODS con las prioridades de políticas públicas y planificación
nacional no fue complejo, pues las prioridades acordadas globalmente coincidían
con los énfasis de las políticas nacionales. Las diferencias se encuentran en los
procesos e instrumentos de planificación que sirvieron a estos propósitos de
armonización, pues en algunos países dicho proceso se llevó a cabo teniendo
como marco la planificación estratégica del desarrollo del país a largo plazo,
mientras que en otros (la mayoría) sólo en relación al programa de gobierno y
planes de desarrollo en curso. Por otra parte, se reconocen diferencias entre los
países de acuerdo al grado de participación o diálogo con actores públicos,
privados o de la sociedad civil.
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Si bien los actores coinciden en que este proceso de armonización no ha sido
particularmente complejo, es posible identificar algunos nudos críticos o “cuellos
de botella” comunes entre varios de los países. Entre los principales se encuentra
la necesidad de contar con planes de desarrollo nacional que vayan más allá del
periodo del gobierno, es decir de largo plazo, pues en los países que se ha debido
enfrentar un cambio de gobierno esto ha implicado volver a instalar la Agenda
2030 y reordenar las prioridades en función de las nuevas autoridades. Por otro
lado, los diversos actores reconocen que este proceso de armonización en general
ha estado centrado en los niveles nacionales de gobierno y, si bien en algunos
países se han realizado acciones, es aún incipiente la incorporación de los niveles
intermedios o locales de gobierno a las discusiones e implementación de
estrategias consistentes con los ODS. Más genéricamente, algunos países
destacan la complejidad que implica alinear las diversas agendas internacionales
a las cuales se ha comprometido el país, por ejemplo, en el caso del Perú se
menciona la articulación de tareas vinculadas con la Agenda 2030 y las orientadas
a su incorporación como miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
Una experiencia interesante en la armonización de la agenda 2030 es la de Costa
Rica. Allí primero analizaron el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2014 en
relación con los ODS y las metas propuestas. Sobre esto realizaron un análisis de
necesidades e incompatibilidades con respecto a los indicadores que se venían
utilizando, y un inventario de todas las políticas públicas vigentes. Estas tres
acciones permitieron generar un sistema de información para los ODS, establecer
prioridades a 10 años e iniciar un proceso de generación de metas nacionales.
A partir de los aprendizajes obtenidos de la experiencia de diálogo entre países
latinoamericanos respecto a la implementación y armonización de los ODS en el
Encuentro de Bogotá, se recomienda que el compromiso por el cumplimiento de la
Agenda 2030 no debe depender de los periodos de gobierno, sino que debe ser
una acción movilizada a partir del trabajo colaborativo e intersectorial de los
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diferentes poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo). El compromiso
político de estos sectores en torno a la Agenda 2030 constituye un momento
relevante en el reconocimiento de los ODS, sin embargo, la instalación de
proyectos a largo plazo junto con presupuestos acordes y pertinentes, forma parte
de acciones concretas y aún más relevantes. Finalmente, el trabajo intersectorial
contribuye a legitimar acciones a partir de diagnósticos holísticos y globales,
permitiendo maximizar la posibilidad de logro en las intervenciones, y disminuir
costos y riesgos en la implementación de los ODS.
Al mismo tiempo, algunos actores entrevistados destacan desde sus experiencias
nacionales algunos aprendizajes y buenas prácticas en esta materia. Entre éstas
destaca que algunos gobiernos generaron amplios procesos de diálogo social para
conocer las prioridades de los ciudadanos, de organizaciones de la sociedad civil,
privados y públicos respecto a las prioridades como nación, a los ODS y los
Planes de Desarrollo Nacional. Esto es relevante pues, como señala uno de los
entrevistados, la mayor participación de actores “permite instalar el tema de los
ODS como una política de Estado y no solo de gobierno”. Así también se destacan
como buena práctica el esfuerzo realizado en algunos países por incorporar desde
esta primera fase a los niveles territoriales subnacionales para realizar actividades
de difusión y materiales de apoyo, como manuales y guías de la Agenda 2030 y
los ODS.
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Guatemala: Mandato
constitucional
En Guatemala se llevó a cabo un consenso entre los distintos poderes del Estado,
integrantes de la sociedad civil y el sector empresarial para elevar el Plan Nacional de
Desarrollo “Katun: Nuestra Guatemala 2032” bajo un mandato Constitucional. Este Plan
de Desarrollo está alineado con distintos objetivos de los ODS y ha logrado imponerse
como guía de acción de todos los actores que forman el Estado guatemalteco.
Uruguay: Diálogo Social
Este proceso fue organizado por la Presidencia de la República y tuvo como objetivo
desarrollar una serie de encuentros participativos que permitieran pensar el futuro del
Uruguay en temas estratégicos. El proceso participativo del Diálogo Social arrojó como
resultado más de 210 propuestas provenientes de diversos actores sociales y públicos
en todas las áreas temáticas, lo que permitió la integración de los ODS en los distintos
espacios de participación, configurando una excelente oportunidad para promoverlos,
avanzar en la priorización de metas y propuestas para que las políticas estén asociadas
a los ODS.
B.- Operacionalización e implementación de los ODS
El proceso de operacionalización o implementación de acciones para avanzar en
la agenda 2030 requiere coordinar adecuadamente diversas áreas claves para
lograr una buena gestión. Por ello en este caso centramos la atención en cuatro
ámbitos: los arreglos institucionales para la implementación de los ODS y
coordinación; planificación; presupuesto y gestión de recursos; y monitoreo y
evaluación.
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Arreglos institucionales y coordinación
En lo que respecta a los arreglos institucionales y mecanismos de coordinación
establecidos en los diferentes países para la implementación de los ODS se
identifican dos grupos de países: aquellos que optaron por generar una
institucionalidad ad hoc para cumplir esta tarea en la forma de Comisión, de
carácter más bien política acompañada de un Comité técnico, y aquellos que
entregaron la responsabilidad de llevar adelante esta Agenda a instituciones
regulares del Estado, donde una asume el rol de coordinación. En general, se trata
de Instituciones a cargo de información estadística, planificación y evaluación,
relaciones exteriores o desarrollo social. Resulta destacable que en algunos
países se incorpora a actores de la sociedad civil y a privados en estas instancias
nacionales, como es el caso de Brasil, Costa Rica y Chile, aunque con distintos
niveles de influencia. En el caso de Brasil, el Gobierno ha incorporado en la
Comisión para la implementación de los ODS, a ocho representantes de
instituciones públicas –seis del Gobierno Federal, uno de los gobiernos estaduales
y uno de los gobiernos municipales–, y ocho representantes de la sociedad –seis
de la sociedad civil y dos del sector privado. Para el caso de Colombia, en febrero
del 2015 se creó una Comisión interinstitucional de Alto Nivel para la articulación
de esfuerzos, operacionalización e implementación de los ODS, convirtiéndose en
la instancia formal de articulación. Esta Comisión es liderada por el Departamento
Nacional de Planeación, quién tiene la Secretaría Técnica, cuenta con un Comité
Técnico compuesto por las entidades competentes en estos temas y tiene como
aliados a miembros de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los
medios de comunicación. Esta Comisión está conformada por cuatro grupos de
trabajo: uno sobre el tema de indicadores, otro el de comunicaciones, uno de
incidencia internacional y uno territorial. A través de esta comisión se realizó el
reporte nacional voluntario en 2016 y se coordina el alistamiento para la
implementación de los ODS, así como la definición de un esquema de
seguimiento.
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En general, existe consenso entre los actores entrevistados en dos áreas. Por un
lado, en la necesidad de avanzar y profundizar la relación y participación de
organizaciones privadas y de la sociedad civil y, por otro lado, en que hasta ahora
estos arreglos institucionales e instancias de coordinación han estado centradas
en actores más técnicos que políticos, enfatizando en la relevancia de incorporar a
estos últimos.
Los principales nudos críticos identificados tienen relación con la dificultad de
aunar las visiones de las diversas instituciones en torno a la agenda 2030 y definir
los roles de cada uno en torno a su implementación. En este sentido, es común
entre los países la estrategia de designar un punto focal por cada institución
pública, encargado de operar como nexo para las actividades y generación de
información respecto de los ODS. Esto facilita el proceso, pero sigue siendo un
tema complejo la articulación y coordinación particularmente entre los ministerios y
servicios públicos donde cada uno tiene una serie de programas y prioridades
propias que deben ser compatibilizadas con la Agenda 2030. También se reitera
como un nudo crítico la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil
se encuentran más involucradas en los procesos de coordinación de las acciones
de los ministerios y servicios públicos de cada país para mejorar los procesos de
operacionalización de la agenda.
Entre las buenas prácticas que facilitan la coordinación para avanzar en la Agenda
se pueden señalar dos: una es la relevancia de la continuidad institucional y de
actores que venían trabajando en las labores de implementación de los ODM o
cuando se cambia de gobierno, y otra es la generación de acuerdos formales
desde el más alto nivel político del país para establecer coordinación entre los
distintos ministerios, gobiernos subnacionales y poderes del Estado. En este
último caso se destacan los casos de Paraguay y Costa Rica.
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Paraguay: Compromiso Interinstitucional con los ODS
Junto con las primeras acciones de instalación de la Agenda 2030 entre los diversos
actores del país y en conjunto con organismos internacionales, en Paraguay se firmó un
compromiso con la Agenda 2030 y los ODS entre los máximos representantes de los
tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, para desarrollar esfuerzos en
esta dirección.
Argentina: Vinculación con niveles subnacionales
Dado el tamaño del país, y como una forma de avanzar en la incorporación de los
niveles subnacionales de gobierno a la implementación de la Agenda 2030, Argentina
ha avanzado en la firma de acuerdos entre el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales (CNCPS) y la máxima autoridad provincial (se han firmados
convenios con 9 de las 15 provincias), lo que contemplan asistencia técnica en la
definición de las metas intermedias y finales y asistencia en la definición de indicadores
para el seguimiento de las metas ODS provinciales.
En base a la discusión realizada en el Encuentro de Bogotá, las recomendaciones
en esta materia se relacionan con la coordinación de diferentes actores y niveles
sociales, así como la comunicación de los ODS. La comunicación efectiva de los
principios que movilizan a los ODS constituye una acción relevante para una
implementación exitosa de la Agenda 2030, dado que no solo se debe difundir las
acciones y objetivos a los diversos sectores del Estado, sino que también deben
estar en conocimiento tanto actores civiles como privados. En la labor de difusión,
los medios de comunicación obtienen una posición clave, principalmente en la
trasmisión efectiva de mecanismos, estrategias y tipo de participación que se
requiere de los diferentes actores para llevar a cabo los ODS. Junto con ello, no
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sólo se deberá movilizar a partir de diversos canales para aumentar la cobertura
mediática, sino que también debe ser capaz de convocar a la organización,
participación y colaboración de los distintos actores para involucrarse en los ODS.
Una mayor comprensión de los avances significativos que propone la Agenda
2030 supone una participación activa de los diversos actores. Finalmente, una
mayor comprensión amerita reconocer la importancia de los ODS, a la vez que,
también asume la necesidad de fortalecer lazos de coordinación y cooperación
para otorgar legitimidad a los procesos de decisión, para los sectores
gubernamentales incorporando la agenda a niveles subnacional y nacional,
particularmente en países con altos grados de diversidad subnacional o baja
cohesión territorial. El trabajo colaborativo supone conocimiento y comprensión
holística de los procesos, así como principio fundamental el reconocimiento de que
las acciones llevadas a cabo por un actor influyen o afecta a la organización en su
totalidad. La implementación de la Agenda 2030 constituye una labor compleja, no
sólo por las transformaciones y cambios a nivel social, sino que también por su
intención de movilizar la participación de todos los sectores al interior del Estado
como fuera de este.
Planificación
La planificación para la operacionalización e implementación de la Agenda 2030
es una tarea compleja y en la cual se avanza en distintos niveles entre los países
de la región. Algunos se encuentran en la fase inicial de implementación de los
ODS y otros ya más cerca de la implementación de acciones específicas para
generar nueva información pertinente para la planificación y a la vez llevar a cabo
políticas o programas que permitan avanzar en la consecución de estos objetivos.
En este proceso de operacionalización de la Agenda 2030 en los países de la
región, una de las primeras acciones realizadas por los organismos nacionales
responsables en los países fue el proceso de análisis de pertinencia y adecuación
de las 169 metas propuestas por Naciones Unidas a la realidad nacional y la
distribución de roles entre los actores directamente involucrados.
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En la fase de planificación se identifican una serie de nudos críticos. Entre ellos,
los actores entrevistados señalan la tensión entre el corto y largo plazo de la
planificación, ya que se requiere compatibilizar planes nacionales y subnacionales
con la Agenda 2030, donde el corto plazo de los planes nacionales se contrapone
con la naturaleza a largo plazo de los ODS.
Dada la integralidad de los ODS y considerando que en general los actores que
han tomado parte en la planificación son del sector público, se señala como un
aspecto crítico la carencia de información adecuada para llevar a cabo la
planificación, y la necesidad de avanzar en la construcción de líneas bases del
estado de situación del país respecto de los diferentes ODS. También se enfatiza
como un tema crítico la coordinación, tanto en la generación de las metas e
indicadores como en el proceso de validación de las mismas por diversos actores
y organismos públicos. Junto con ello, en algunos casos se reclama mayor
respaldo político en este proceso.
Por otro lado, se destaca la necesidad de avanzar en la realización de cambios
programáticos en consistencia con las metas establecidas en los ODS, aspecto en
general incipiente en los países de la región.
En las tareas de planificación los actores entrevistados reconocen aprendizajes y
buenas prácticas. Una de las señaladas refiere a que en las tareas de
implementación varios países han optado por definir explícitamente la institución
responsable del cumplimiento de una meta ODS, distinguiéndolas de las
institucionales colaboradoras. También se destaca el hecho de que en algunos
países se vincula la planificación de la implementación de los ODS con procesos
de planificación estratégica del desarrollo del país.
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Colombia:
En el caso de Colombia se destacan sus procesos de armonización de la Agenda 2030
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014 – 2018. Este país fue pionero en
América Latina en la introducción de los ODS en los Planes de Desarrollo, realizando
un ejercicio por cada una de las metas con el fin de armonizarlas con los propósitos del
Plan. Más de la mitad de las metas ODS (92 de 169) quedaron incorporadas en el PND
“Todos por un Nuevo País” 2014 - 2018. Siendo tres de estas los pilares del mismo:
Paz, Justicia e Instituciones sólidas, Reducción de Inequidades y Educación de calidad.
Se destaca que la misma Ley del PND (Ley 1753 de 2015) resalta en su artículo 1 que
“El PND 2014-2018 tiene como objeto construir una Colombia en paz, equitativa y
educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores
prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo
prevista por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En este mismo sentido, se destaca que algunos países han logrado sumar e
involucrar a organizaciones de la sociedad civil en los procesos de planificación, al
menos en comunes. Sumado a esto, algunos países han involucrado a actores de
la sociedad civil y de distintas instituciones públicas en la elaboración de
indicadores asociados a las metas. En la mayoría de los casos dichas instancias
han sido más bien esporádicas desde el inicio de la Agenda, pero en otros países
se han mantenido en el tiempo con relativa regularidad.
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Perú: Planificación estratégica nacional y ODS
Desde febrero 2017 se está realizando en Perú una actualización del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (PEDN), proceso que se ha vinculado con las fases iniciales de
la implementación de la Agenda 2030, específicamente: concertación de una visión
futuro de país, implementación de un nuevo ciclo de actualización de políticas y planes,
y el desarrollo de plataformas e indicadores que faciliten el establecimiento de objetivos,
metas y seguimientos de los avances.
Gestión del presupuesto público
En relación con el financiamiento de la Agenda 2030, un grupo de países ha
realizado el ejercicio de analizar el presupuesto público en lógica de su vinculación
con los diferentes ODS. Con base en el ejercicio previo de identificar cuáles
acciones públicas contribuyen a los objetivos y metas de la agenda, han avanzado
en calcular cuánto de su presupuesto se destina al cumplimiento de los ODS.
Varios países han agregado en sus herramientas de seguimiento presupuestario
el ítem “ODS”, lo cual permite visualizar el financiamiento actual por cada objetivo,
las brechas presupuestarias para el cumplimiento efectivo de la agenda y
establecer los montos necesarios que se deben movilizar desde otros actores.
Por ejemplo, México está realizando una alineación de los más de 400 indicadores
que contabiliza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los 230
indicadores globales de la nueva Agenda. En el caso de Uruguay, desde junio de
2016 se han incorporado los ODS en el mecanismo de seguimiento de resultados
del presupuesto nacional, organizado en torno a áreas programáticas, sobre los
cuales asociaron los objetivos de la agenda. Del mismo modo, Brasil ha sumado al
sistema de seguimiento presupuestario del Plan Nacional de Desarrollo el ítem
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Agenda 2030 con el fin de hacer seguimiento a cada uno de los programas que
aporten a al cumplimiento de las metas de los ODS.
Si bien este mecanismo permite visualizar la inversión de los países según cada
objetivo, no asegura que existan asignaciones presupuestales específicas para el
cumplimiento de la agenda. Eventualmente, puede generar información
distorsionada sobre el nivel de compromiso presupuestario de los países cuando
en la práctica puede no haberse creado ninguna acción distinta a lo que se venía
haciendo previamente. Efectivamente, varios países señalan explícitamente que
no habrá modificaciones presupuestarias para el cumplimiento de la agenda en el
corto plazo.
El principal nudo crítico, especialmente en los países más grandes de la región
(Brasil y México), se relaciona con la multiplicidad de programas y acciones
públicas que dificulta un cálculo exacto del presupuesto por objetivo y meta. Otro
inconveniente de esta metodología es que se corre el riesgo de asociar una misma
acción pública con diferentes metas generando duplicidades en el cálculo final del
presupuesto asociado a la agenda.
Por otro lado, parte importante del presupuesto de los países se encuentra pre
asignado dejando poco espacio para reorientar recursos específicos a la agenda
2030. Este punto se vuelve más problemático en aquellos países con
presupuestos plurianuales y sin duda representa un reto para la implementación.
Finalmente, varios países de la región enfrentan una etapa de recesión que ha
derivado en una política de austeridad por parte del Gobierno Nacional y los
gobiernos locales, lo que dificulta nuevas asignaciones presupuestales en miras
de la agenda 2030. Es el caso, por ejemplo, de México ante los desastres
naturales que han tenido en los últimos meses, que requieren un replanteamiento
de sus prioridades presupuestales.
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Como buenas prácticas se identifica el alineamiento de presupuestos hacia el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Asimismo, el mecanismo de
presupuestos participativos de Colombia emerge como un referente destacable.
México: Alineación de indicadores presupuestarios con ODS
En México, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público es el mecanismo que permite garantizar una asignación
presupuestal adecuada. En esta línea, el país realizó una alineación entre los más de
400 indicadores que contabiliza esa Secretaría con los 230 indicadores globales de la
Agenda 2030. Este estudio permitirá considerar modificaciones en la eficacia del gasto
público en línea con los ODS.
Gestión de otros recursos
Ante las restricciones de reasignación presupuestaria fiscal y los procesos de
desaceleración económica que enfrentan los países de la región, la participación e
involucramiento de la cooperación internacional y el sector privado se erige como
una oportunidad de inyectar recursos frescos para la implementación de la Agenda
2030.
En general, los países aquí estudiados han recibido aportes en forma de
asistencia técnica principalmente por organismos de las Naciones Unidas.
Destaca el trabajo del PNUD desarrollando una metodología piloto para la
implementación del objetivo 16 en algunos países de la región. En El Salvador, se
han obtenido recursos para la implementación de la Agenda 2030 a través del
programa de "implementación acelerada" en un acuerdo de colaboración entre
Naciones Unidas y el gobierno de El Salvador.
En países como Brasil, Colombia y Costa Rica, se ha logrado apalancar recursos
desde el sector privado para el cumplimiento de algunas metas. De hecho, en
Costa Rica, todos los nuevos recursos que se han utilizado, han sido movilizados
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desde los privados, a través de la figura de Responsabilidad Social Empresarial.
De este modo, la agenda 2030 constituye una oportunidad para el involucramiento
el sector privado donde las empresas han encontrado un referente para alinear
sus estrategias de responsabilidad social.
Como nudos críticos, los países de renta media enfrentan dificultades para
obtener recursos de la cooperación internacional. Esto impacta en particular a las
organizaciones de la sociedad civil y sus posibilidades de involucrarse de manera
sistemática y profesionalizada. Un caso excepcional es el de Chile, donde la
sociedad civil, agrupada en Asocia 2030, ha sido financiada por Eurosocial para la
ejecución de la iniciativa “Incidencia 2030”.
Otros países enfrentan las barreras de la desconfianza por parte de organismos
internacionales y del sector privado quienes prefieren no invertir por los altos
niveles de corrupción de los gobiernos y/o fricciones con los gobiernos. En este
sentido, representa un desafío para tales gobiernos recuperar las buenas
relaciones con este tipo de instituciones, lo cual permita movilizar mayores
recursos para la implementación de los ODS.
Además, se identifica la ausencia de instituciones bancarias como el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional
en este tipo de iniciativas, y se vuelve relevante su involucramiento para facilitar el
acceso a recursos frescos para esta agenda.
Como buenas prácticas, se destaca en Argentina la elaboración de un estudio
sobre el sector privado y los ODS en el cual se identifican oportunidades para el
trabajo conjunto. Asimismo, en México se conformó la “Alianza por la
Sostenibilidad”, un espacio de diálogo con el sector privado para el financiamiento
de la Agenda 2030. Bajo un formato similar, en Ecuador se conformó el Consejo
Empresarial para el Desarrollo Sostenible (CEMDES) quienes están apoyando con
especial énfasis la dimensión de evaluación de la agenda 2030.
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Se han efectuado recomendaciones para financiar la Agenda 2030 en este
panorama latinoamericano, las que han sido reforzadas a partir del Encuentro en
Bogotá en septiembre de 2017, “Un enfoque integral para la implementación de la
Agenda 2030 en Latinoamérica”. Estas recomendaciones consideran explorar las
oportunidades de apoyo internacional con aplicación más allá de la cooperación
bilateral para el desarrollo, por ejemplo, a través de programas que ofrecen apoyo
de investigación, transferencia de tecnología, innovación o creación de capacidad.
Monitoreo y evaluación
Recopilar la información existente para cada una de las metas propuestas junto
con definir mecanismos para reportar el estado de avance de los países, ha sido
una de las principales áreas de trabajo a la que se han abocado los estados de la
región. En torno a este ámbito se han desplegado importantes estrategias de
trabajo intersectorial, sentando las bases para la articulación multinivel que
requiere la implementación de la agenda 2030.
Para la gran mayoría de los países, la construcción de indicadores y
establecimiento de la línea base ha estado a cargo de los institutos nacionales de
estadísticas. Sin embargo, la definición de metas y la recopilación de información
necesaria para reportar cada una de ellas ha significado un primer esfuerzo de
articulación entre distintos ministerios y servicios públicos. En varios países
(México, Chile, Uruguay, Argentina, Perú) se han conformado instancias técnicas
intersectoriales dedicadas exclusivamente a la definición de indicadores para el
seguimiento de los ODS y sus metas, donde participan representantes de los
distintos ministerios (en algunos países, la totalidad). La principal tarea de estas
instancias ha sido desarrollar un primer estado de situación respecto de la realidad
de los países para informar su progreso. Esto ha considerado revisar y analizar las
fuentes de datos disponibles a nivel nacional, resolver aspectos metodológicos,
definir las responsabilidades en términos de generación de datos e indicadores
vinculados a las distintas metas. Todos los países que han avanzado en este
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ámbito se han orientado por el marco global de indicadores desarrollado por la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.
Las experiencias de los diversos países latinoamericanos que participaron en el
espacio de diálogo en Bogotá, consideran que es de suma importancia que los
indicadores vinculados a reportar resultados respecto a la instalación de los ODS
debiesen ser acordes a las realidades locales más que mediante un conjunto de
indicadores a nivel global. Sin embargo, ello no significa que los indicadores
construidos no debiesen posibilitar la comparación entre los distintos procesos, por
ende, debe existir la posibilidad de diálogo para la estandarización de los
resultados. Por otro lado, pesquisar resultados y hallazgos en la implementación
de la Agenda 2030, o sea generar estrategias de seguimiento, obedece
obligatoriamente a recuperar la complejidad global del proyecto, por ende, los
datos estadísticos debiesen posibilitar capturar las transformaciones y/o
continuidades, principalmente en términos locales e inter-locales (regionales). La
evidencia empírica forma parte de uno de los objetivos más importantes en la
implementación, que al igual que los demás, requiere proyección en el tiempo, es
decir, instalar en la cultura institucional la obligatoriedad de los procesos de auto-
evaluación, y con ello el financiamiento para la construcción de instrumentos e
indicadores complejos.
Otra tendencia observada es la presencia de la sociedad civil con un claro interés
por ser parte en el monitoreo de la Agenda. Esto ha tomado forma como
observatorios ciudadanos, mesas público-privadas, plataformas virtuales para el
monitoreo en línea, entre otras.
Como nudo crítico se plantea la carencia de datos y/o la falta de calidad de la
información, lo cual dificulta la medición de las metas establecidas en la agenda.
Sumado a lo anterior, la mayoría de las veces la información se encuentra en
distintos formatos como, por ejemplo, registros administrativos de distinto tipo,
incrementando la complejidad. Asimismo, se presentan dificultades para
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sistematizar y seleccionar información relevante para la elaboración de
indicadores, debido a los grandes volúmenes de información que cada
ministerio/servicio maneja.
Por otro lado, cuando no se han fijado las metas nacionales se ha vuelto difícil
identificar la información requerida para la elaboración de indicadores. Este nudo
ha sido resuelto para ciertas metas que se encontraban previamente definidas
como producto de otras agendas internacionales ratificadas por los países (ej. las
metas de la Agenda de para el Cambio Climático).
Como buenas prácticas, destaca la colaboración entre países para comparar e
intercambiar metodologías. En el caso de El Salvador y Uruguay se han realizado
capacitaciones al personal técnico de los INE para elaborar indicadores acordes
con la agenda.
También se destaca en México la creación de una plataforma en línea que permite
ver el desarrollo de los ODS en tiempo y espacio, facilitando el involucramiento de
otros actores en el monitoreo de la agenda. A su vez, Paraguay también ha
lanzado una plataforma con información sobre los avances en la consecución de
la agenda. Por su parte, en Chile, la sociedad civil agrupada en Asocia 2030
elaboró el “Informe Luz” el que avanza en reportar iniciativas alternativas,
progresos y aspectos críticos en algunos de los ODS.
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México: seguimiento y evaluación de los ODS
La Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la oficina de la Presidencia
de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desarrollaron
el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS). Esta
plataforma permite explorar, comparar y descargar los indicadores y las bases de datos
que dan seguimiento a los avances de los ODS. Asimismo, busca ayudar al gobierno a
tomar decisiones mejor informadas y basadas en evidencia, así como difundir y
transparentar la información sobre el avance de los ODS en el país. (Fuente:
http://agenda2030.mx/)
Ecuador: Seguimiento de ODS a nivel Territorial
El Instituto Nacional de Estadística y Censo de Ecuador cuenta con un departamento
encargado directamente de las estadísticas relacionadas a los ODS, quienes acaban de
lanzar en asociación con el PNUD cinco pilotos sobre “Planes de Desarrollo Estadístico
Territoriales”. Este proyecto busca construir una metodología que permita identificar con
qué información estadística relacionada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
cuentan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y cuáles de estos
indicadores pueden ser integrados al Sistema Estadístico Nacional, para así lograr un
mejor seguimiento del cumplimiento de los ODS a nivel nacional y territorial, a la vez
que fortalecer las capacidades estadísticas de los GAD’s (Fuente:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec)
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C.- Apropiación de los ODS entre los diferentes actores sociales.
Los países de la región en general dan cuenta de intentos por sumar a otros
actores distintos de los públicos a la implementación de la Agenda 2030, vía
espacios de difusión de información y consulta, como seminarios, talleres,
encuestas y consultas online, entre otros, los que buscan recoger la perspectiva
de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y de la academia.
Como se planteó anteriormente, son muy pocos los países que incorporan en sus
estructuras oficiales la participación de organizaciones de la sociedad civil o
privados, y en general existe consenso entre los entrevistados de los tres sectores
de la necesidad de potenciar esta articulación.
Si bien, en general la vinculación del sector privado con las estrategias de los
países para implementar los ODS es incipiente, en varios países se han
constituido organizaciones empresariales que han avanzado en la sensibilización
respecto de los ODS, incorporándose al pacto global y siguiendo la guía “SDG
Compass”. En casos como el colombiano, se tiene contemplado crear plataformas
en las que participan actores privados coordinados con la sociedad civil. Según los
entrevistados, algunos actores privados van avanzando a un ritmo más acelerado
que los públicos en movilizar la Agenda 2030 y preparar reportes de sus acciones
alineadas con ésta.
Por otro lado, existe consenso en que la Agenda 2030 y los ODS son un tema que
está socializado a nivel de los equipos técnicos de los países, y aún falta mucho
por avanzar en el proceso de difusión de este discurso, los ODS y su sentido en
cada país. Por ejemplo, llama la atención que, en el caso de Argentina, el Centro
Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) realizó una encuesta
dirigida a las organizaciones inscritas en sus registros para consultar sobre sus
niveles de interés y mecanismos para que se incorporen a este proceso.
Analizados los resultados al mes de junio 2017, del total de 462 encuestas
respondidas, el 63% de las organizaciones afirmaron no conocer la Agenda 2030,
frente a un 37% que indicó sí estar al tanto. En coherencia con esta realidad, aún
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hay un gran camino por recorrer para que los ciudadanos comunes y corrientes
conozcan los ODS y las estrategias de sus países para alcanzarlos.
En este sentido, dentro de los principales nudos críticos identificados por los
entrevistados se encuentran, la falta de canales que permitan la participación de la
sociedad civil en la toma de decisiones del Estado respecto a la Agenda 2030, y
en los casos que existe, avanzar en darle sostenibilidad a los espacios generados,
para avanzar en que los ODS sean una agenda compartida y concertada.
También se releva la necesidad de aumentar los canales de comunicación con el
sector privado para trabajar coordinadamente en la implementación de la Agenda
2030.
Más allá de que actores de la sociedad civil y privados se apropien de esta
Agenda, se plantea también como nudo crítico la necesidad de fomentar la
participación de más actores locales, pues en la actualidad esta es una discusión
eminentemente central y nacional. Entrevistados de diversos países coinciden en
plantear que ha existido un escaso vínculo y participación de las Universidades y
el mundo académico con la Agenda 2030, lo mismo con parlamentarios y poder
judicial.
A pesar de que es necesario profundizar el proceso de apropiación de la Agenda
2030 y los ODS entre los actores sociales, es posible identificar buenas prácticas
relevadas por los actores entrevistados. Entre las más relevantes se encuentra el
hecho de que la mayoría de los gobiernos han elaborado plataformas, talleres y
seminarios donde participan miembros de la sociedad civil para intercambiar
visiones con el Estado sobre la forma de implementación de esta Agenda.
También se destaca la utilización de plataformas virtuales para visualizar,
socializar y en algunos casos hacer seguimiento a las metas e indicadores
asociados a la Agenda 2030.
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Se destaca que, en el caso argentino, el gobierno cedió tiempo de su reporte
oficial a los representantes de la sociedad civil, aceptando voces opositoras al
gobierno, a la vez que se brindó apoyo económico a las ONGs para generar
información. Así también, en varios países los actores públicos encargados de la
implementación, señalan que participan de todas las acciones organizadas por
otros actores para la difusión y sensibilización sobre la Agenda y los ODS.
En Guatemala, por ejemplo, se realizaron alrededor de 65 talleres como parte de
una campaña de difusión y socialización de la Agenda 2030. Al respecto, se
llevaron a cabo 22 talleres en las distintas regiones del país involucrando a actores
sub nacionales de la sociedad civil, la academia y diversas ONGs. Estos talleres
sirvieron al gobierno para identificar las prioridades del Guatemala en relación con
los ODS.
Otro caso relevante respecto al involucramiento de la sociedad civil en la Agenda
2030 es el mexicano. En primer lugar, varios representantes de ONG del país
asistieron como parte de la Delegación de México a las negociaciones de los ODS
llevadas a cabo en las Naciones Unidas. En 2015 varias OSC junto con
distinguidos académicos organizaron el foro “Encuentro Sociedad Civil 2030 para
el Desarrollo Sostenible en la Perspectiva de su Implementación y Seguimiento en
México” donde discutieron temas relevantes para la implementación de la Agenda
2030 en el país junto con representantes de la Secretaria de Relaciones
Exteriores.
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Colombia: Actores privados y de la Sociedad civil asociados
Se tiene proyectado la creación de una plataforma multiactor, que busca ser el centro
de interconexión con los actores privados y con la sociedad civil, y que funcione como
una red de interacción entre los actores públicos, privados y la sociedad civil.
Ésta surge a partir de una serie de reuniones entre los diferentes actores para definir el
mecanismo de interrelación. La plataforma será un espacio virtual interactivo, donde se
almacenen lecciones aprendidas e información en general sobre ODS con información
relevante para cada uno de los actores.
Costa Rica: Diversidad de actores sociales
Hay una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que se creó en el marco de
los ODS y que hace parte del Comité Consultivo, la cual no solo incluye organizaciones
ambientales y sociales, sino además organizaciones basadas en la fe. Los sindicatos
no han definido aún si quieren incorporarse al comité, aunque están apoyando la
implementación de los ODS y participan de las mesas de trabajo.
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País MÉXICO
Mecanismos institucionales de coordinación
El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Su labor es la de coordinar las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e informar sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores. Este consejo está integrado por las y los titulares de todos los ministerios de la Administración Pública Federal.
Instrumentos de planificación
La Oficina de la Presidencia se ha encargado del trabajo de la planificación de la Agenda 2030 al alinear las metas de Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y determinar las responsabilidades correspondientes por cada secretaria en materia de implementación y evaluación. Entre las labores de planificación elaboradas por la presidencia se encuentran el establecimiento de las metas e indicadores a realizar, así como el alineamiento del presupuesto federal en favor del cumplimiento de los ODS. El gobierno de México se ha encargado de comenzar la alineación del Planeación Nacional, la estructura programática con base en Programas presupuestarios (Pp) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Instancias de participación de la sociedad civil
El gobierno de México creó la Alianza por la Sostenibilidad la cual busca crear un puente entre el gobierno y el sector privado para el cumplimiento de los ODS. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha puesto en marcha cinco Diálogos Regionales con la Sociedad Civil sobre la Estrategia Nacional de la Agenda 2030.
Presentación de Informe nacional voluntario
2016, 2018
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