gudynas_nueva cronica 77

CULTURA y POLTICA / Publicacin del Instituto PRISMA y PLURAL editores / N 77 / 2da. quincena de enero 2011 / Bs 5

Artista invitado: Gldaro Antezana.

Contrapuntos

F. Xavier Ruiz Collantes: Gasolinazos, democracias y movimientos sociales, 4

Manfredo Bravo Chvez: Los destinos del proceso de cambio en 2011, 5

Isabel Mercado: Entre mandar y obedecer, 6Carlos Rocabado: Pacto fiscal e instituciones,

propuestas para un debate necesario, 6Fernando Aramayo: Iniciando el camino hacia el

pacto fiscal, 7Handel Guayasamin: El proceso boliviano apunta a

una peligrosa desnaturalizacin, 8Daniela Espinoza M.: Examen de la Ley Avelino

Siani,10Teresa Zegada y Fernando Mayorga: Evo Morales y un

discurso con poco mensaje, 11

Debate

Eduardo Gudynas: Buen vivir: un relanzamiento necesario, 9

Edgar Cadima G.: Perdidos en su laberinto, 12Rafael Lpez V.: Qu hace caso a qu, 13Jos Luis Saavedra: En torno a la descolonizacin y la

decolonialidad (II), 14Alberto Zelada Castedo: En la encrucijada de dos

mundo, 15Julio Prudencio B.: Extranjerizacin de las tierras, 16

Libros y cine

Mauricio Souza Crespo, Al sur de la frontera: Latinoamrica para bienintencionados, 17Robert Brockmann: Resea de Yo martir!, 18-19

Las ffaa respaldan al fiscal Sosa

El nuevo comandante de las FFAA decidi que su pri-mera actuacin pblica fuese de respaldo al gobierno tras la aparicin del video en el que un supuesto fun-cionario del ministerio de Gobierno soborna al testigo clave del caso Rzsa. En un acto solemne declar que es un hecho innegable, que grupos terroristas ingre-saron a nuestro territorio en forma clandestina, para desarrollar actividades terroristas. Por lo que se sabe, los integrantes del grupo ingresaron utilizando aerol-neas comerciales, vivan en hoteles de lujo, se reunan con autoridades cvicas y se fotografiaban con oficiales bolivianos, lo cual es una muy curiosa manera de estar en la clandestinidad. El comandante crey oportuno referirse al video que puso en entredicho toda la actua-cin del fiscal Sosa con esta contundente declaracin: Las ffaa rechazan todo intento de poner en duda el trabajo investigativo del Ministerio Pblico, preten-diendo desvirtuar las pruebas que a la fecha han per-mitido encausar a nacionales y extranjeros que queran dividir nuestro pas y ensangrentar a su sociedad.

El informe presidencial del 22 de enero y la ratificacin del equipo ministerial con tres cambios poco significativos defraudaron las expectativas de una rectificacin de la poltica econmica tras el fallido gasolinazo. Los conflictos por el incremento de precios de productos de la canasta bsica tienden a generalizarse, sin que el gobierno pueda ofrecer respuestas satisfactorias. En lugar de buscar salidas institucionales y democrticas como el pacto fiscal se apuesta por una Cumbre social de los sindicatos afines al MAS.

Gobierno defraud las expectativas de una necesaria rectificacin

Agotamiento programtico alienta el conflicto social

Librera La Paz: Rosendo Gutirrez 595 esq. EcuadorTel. 2411018 / Casilla 5097 / email:plural@plural.bo

Librera Cochabamba: Nataniel Aguirre N 354 / Tel. 4511547

Historia e historietas de Bolivia

2da. quincena de enero 2011 /

Los lectores de Nueva Crnica pueden escribir al correo electrnico

plural@plural.bo

Las colaboraciones no solicitadassern sometidas a la consideracin

del Consejo Editorial

www.cesu.umss.edu.bo

editorial

La versin digital de los nmeros pasados de la revista pueden ser

obtenidos en la siguiente direccin:

www.institutoprisma.org

Consejo editorial:Joan Prats ()

Fernando Mayorga U.Horst Grebe Lpez

Director:Jos Antonio Quiroga T.

Redaccin:Daniela Espinoza M.

Instituto PRISMACalle 21 Torre Lydia Piso 2 Of. 201, Calacoto

Tel: 279967inprisma@entelnet.bowww.institutoprisma.org

Plural editores c. Rosendo Gutirrez 595 esq. Ecuador

Tel: 2411018plural@plural.bo

www.plural.bo

ISSN: 1996-4420

Tras la crisis del gasolinazo de fin de ao y la divulgacin del vi-deo que incrimina a funcionarios del gobierno en el soborno y la fuga del testigo clave del caso Rzsa, el pas esperaba una

rectificacin sustancial en la conduccin de la poltica econmica y en la actuacin del poder judicial. Que esa demanda no era una mera expectativa meditica, como argumentaron los operadores polticos del gobierno, lo demostr la gente movilizada en la calle, pidiendo la renuncia del Presidente y exigiendo medidas urgentes para evitar una escalada de precios en los ar-tculos de primera necesidad, por un lado, y, en lo que concierne al video, por que en el caso qued involucrado el Defensor del Pueblo, comprometiendo la independencia de la institucin que dirige.

Pero en lugar de esa necesaria rec-tificacin, el gobierno le brind al pas un tedioso informe de gestin que comparaba los xitos de la etapa de mayor bonanza eco-nmica de la que ha disfrutado Bolivia en su historia (2006-2010), con el desempeo de los cinco aos precedentes de crisis poltica y fiscal (2000-2005). El discurso presiden-cial no hizo referencia a los graves conflictos sociales que el pas vivi a lo largo del ao pasado tensiones creativas las llam el Vice-presidente, ni dio una explicacin verosmil sobre las deficiencias de la nacionalizacin de los hidrocarburos y mucho menos ofre-ci salidas a los problemas generados por las inconsistencias de la propia gestin estatal. Por el contrario, el go-bierno deslind cualquier responsabilidad sobre las consecuencias inflacionarias que provoca el anuncio reiterado de incrementos graduales en el precio de los combustibles.

Una de esas seales de cambio que el pas esperaba el 22 de enero pudo haber sido la recomposicin del gabinete ministerial, pero el Presidente se limit a sustituir a tres ministros de bajo per-fil con personas cuyo desempeo profesional y trayectoria poltica estn muy alejados de los requerimientos de un ajuste de fondo en la conduccin del Estado.

Otra seal pudo haber constituido la convocatoria al pacto fiscal, que es una salida institucional y democrtica a los problemas que motivaron el gasolinazo, pero el gobierno prefiri organizar una Cumbre con los movimientos sociales que lo respaldan para redefinir la poltica de subvenciones estatales.

El mensaje del 22 de enero dej la sensacin de un agota-miento programtico y una falta de cuadros tcnicos y polticos en las filas del proceso de cambio que permitan hacer una gestin cualitativamente superior a la de los ltimos cinco aos. Dos das despus de que el Vicepresidente declarara solemnemente que el pas est ms unido que nunca, las organizaciones campesinas de Potos se enfrentaron con gremialistas del centro minero de Lla-llagua por el incremento en los precios de productos de la canasta

bsica. Conflictos similares que confrontan a pobres con pobres podran desatarse en otras localidades, mientras el Presidente anuncia la adquisicin de un segundo sa-tlite, la construccin de un tren bala o la recuperacin de Atacama. La disonancia entre el discurso oficial y la incertidumbre econmica de los sectores sociales ms em-pobrecidos anuncia un ao de tensiones no precisamente muy creativas.

Y en lo que concierne al video del caso Rzsa, la respuesta gubernamental tampoco fue convincente: en lugar de ocuparse del mensaje soborno con recursos pblicos y fuga del testigo clave las primeras reaccio-nes polticas y judiciales han estado dirigidas contra los mensajeros: los medios de comuni-cacin que difundieron el video.

A propsito de ello, el comandante ac-cidental de las ffaa declar el respaldo de esa institucin a la muy dudosa actuacin del

Ministerio Pblico, repitiendo el guin oficial de que lo impor-tante aqu es recordar que hubo un intento terrorista de dividir al pas y que el video pretende desvirtuar las pruebas que permi-tieron aniquilar al grupo irregular de Rzsa. Es decir, no importa cmo se consiguieron o fabricaron esas pruebas y testimonios, slo importa el resultado final. Con esta inslita declaracin sobre temas ajenos a su competencia institucional, los mandos superio-res de las ffaa reafirman su adhesin incondicional al presidente Morales y a sus operadores polticos y judiciales.

La actuacin del gobierno durante el mes de enero fue des-alentadora, errtica y poco creativa. Se perdi una oportunidad para hacer un necesario ajuste al proceso de cambio, lo que pre-anuncia un ao de conflictos ampliados y de deterioro gradual de las condiciones econmicas que favorecieron en el pasado el despliegue del proyecto de poder del mas.

Una oportunidad perdida

La fao y otras agencias internacio-nales especializadas han alertado ya sobre la situacin de la produccin

alimentaria en el mundo, y la probabili-dad cierta de que este ao se repita agra-vada la crisis alimentaria de 2008. Los problemas de la produccin y distribu-cin de alimentos se deben a varias cau-sas, y no es conveniente atenerse a inter-pretaciones simplistas. Por principio de cuentas, cada vez resulta ms evidente el enorme impacto que tienen las transfor-maciones sociales en la China. En efec-to, el traslado de cientos de millones de habitantes del campo a la ciudad en ese pas genera inevitablemente un aumento de la demanda comercial de alimentos hacia el resto del mundo, y cambia las dimensiones y tendencias de la demanda global de alimentos, con las consiguien-tes alzas de precios de algunos productos

agropecuarios, segn las preferencias de consumo de los chinos. No es desdea-ble tampoco el efecto que trae consigo la produccin de agrocombustibles, par-ticularmente en lo que se refiere al maz en los Estados Unidos.

Se suma a ello el impacto de desas-tres naturales en muchos pases exporta-dores de alimentos, lo que ocasiona una reduccin de la oferta disponible a corto plazo. Impacta tambin en la situacin de los abastecimientos mundiales de ali-mentos, el alza de precios de insumos ta-les como los fertilizantes y los combus-tibles. Y hay que mencionar por ltimo tambin la especulacin internacional alentada por la volatilidad de los tipos de cambio y las perspectivas de hacer ga-nancias extraordinarias en el contexto de severos desequilibrios entre la oferta y la demanda mundial de alimentos.

Administrar la escasezCon las modificaciones correspon-

dientes de escala, algunos de los proble-mas mencionados tambin estn presen-tes en las actuales circunstancias del pas. Es evidente que existen situaciones de desabastecimiento de varios productos de primera necesidad, y se requieren sin duda polticas adecuadas para solucionar un problema que impacta de manera des-igual a los diferentes sectores sociales. Sin embargo, resulta preocupante que el Go-bierno insista en un enfoque que consiste en aplicar controles administrativos, san-ciones y castigos a supuestos culpables, as como congelamiento de precios, pues tales medidas suelen traer consigo ms escasez y mayores desequilibrios en el mercado. Convendra, en cambio, apren-der de experiencias pasadas y aplicar en-foques pragmticos y circunstanciados con ms estmulos que sanciones.

2da. quincena de enero 20114 / contrapuntos

Gasolinazos, democracias y movimientos sociales F. Xavier Ruiz Collantes*

Qu legitimidad tienen los llamados movimientos sociales para presionar sobre decisiones gubernamentalesen el marco de los sistemas democrticos?

Frente a la sorprendente medida, tomada por el gobierno de Evo Morales y conocida popularmen-te como el gasolinazo, los movi-

mientos sociales se han echado a la calle para protestar y poner freno a una de-cisin que pona en situacin crtica las condiciones de vida de la mayora de los bolivianos.

Se puede discutir sobre las causas y los objetivos de la decisin del gobierno del mas-ipsp, sobre si se trata de frenar el contrabando, de aumentar los benefi-cios de las transnacionales para que in-viertan en la extraccin de petrleo o de mantener la disponibilidad de las arcas del Estado para continuar con las polti-cas de bonos, etc. No entrar aqu en esa controversia.

Me interesa centrar la atencin en otro punto crucial ya apuntado al prin-cipio de este artculo. Es legtimo que los movimientos sociales, en Bolivia o en otro pas, presionen en la calle a fa-vor o en contra de medidas tomadas por gobiernos, sea el de Evo Morales o el de cualquier otro mandatario, aunque dichos gobiernos estn legitimados de-mocrticamente por el triunfo en unas elecciones?

Movimientos sociales frentea grupos de poder y de presinSeguramente podr argumentarse que la presin de las masas supone un tipo de chantaje que hace que el poder se des-place desde los rganos democrticos hacia los espacios pblicos que ocupan las turbas desatadas. Siguiendo la lnea de este discurso, tal prctica de presin sera ilegtima y execrable porque va-ciara de contenido los principios de la democracia representativa.

Tal posicin parte de un supuesto que, como mnimo, ignora u olvida una realidad muy importante y tozuda. Los gobiernos democrticos no ejercen sus funciones ni toman decisiones en un pa-raso puro e inmaculado en donde, libres de todo tipo de presiones y coacciones, deliberan y dictaminan sobre lo mejor para los ciudadanos o para el futuro del pas.

Desgraciadamente esto no es as, la realidad es ms sucia y menos pre-sentable. Los gobiernos democrticos, en el ejercicio de sus funciones, se ven constantemente sometidos a todo tipo de coacciones y tentaciones por parte de diferentes tipos de agentes que de-fienden de manera contundente sus in-

tereses particulares: grandes empresas transnacionales, embajadas de superpo-tencias, lobbys de sectores econmicos determinantes, asociaciones corporati-vas, grupos de inversin y especulacin de alcance global e incluso desgraciada-mente, en algunos pases, hasta ocultos clanes mafiosos que operan, en la oscu-ridad, entre la legalidad y el delito, etc.

Todos los tipos de grupos de poder que se han enumerado, en ocasiones entran en conflicto entre ellos, pero, casi siempre, las presiones que ejercen sobre los gobiernos democrticos, en la defensa y promocin de sus intereses, implican medidas que lesionan muy gravemente las condiciones de vida de las clases populares, de los trabajadores, de los campesinos, de los pequeos em-presarios, de las clases medias menos favorecidas, etc. De hecho, existen mu-chos tipos de gasolinazos inducidos que constantemente se perpetran por diferentes y acreditados gobiernos de-mocrticos.

Naturalmente, estos grupos de po-der e influencia no necesitan ocupar las calles, ni realizar bloqueos, no les es ne-cesario gritar en la plaza pblica ni salir en tromba por las avenidas impresionan-do e inquietando con su presencia a los pacficos transentes. A estos grupos de poder e influencia no les es imprescin-dible alterar el orden pblico ms apa-rente. Ellos se mueven en el mbito de las buenas formas y de la educacin ms exquisita, operan con sigilo a travs de visitas y reuniones ms o menos reserva-das, mediante mensajes indirectos, cam-paas de prensa orquestadas o simples

conversaciones telefnicas, etc. Hace pocos das un poltico de la izquierda en Catalunya denunciaba que en Espaa hay leyes que se cambian con una llama-da de telfono.

Algunos cables hechos pblicos por Wikileaks han mostrado ltimamente ejemplos de las presiones de las emba-jadas de las potencias internacionales sobre diferentes gobiernos, lo cual no ha implicado ms que exhibir algo que ya se daba por supuesto.

Para mostrar otro ejemplo, en estos momentos en Francia crece un escnda-lo al filtrarse a la opinin pblica que durante casi veinte aos los sucesivos ministros de sanidad, de diferentes go-biernos y signos polticos, acuciados por los intereses de algunas empresas far-macuticas nacionales, no hicieron nada por retirar del mercado medicamentos que se haban demostrado muy perju-diciales para la salud de los enfermos. Casos de este tipo son simplemente la punta de un iceberg que en muy pocas ocasiones se deja ver.

Una reciente encuesta realizada en noviembre de 2010 por Gallup en Es-tados Unidos muestra que el colectivo de los lobbystas es el peor valorado, de entre todos los colectivos profesionales, por los ciudadanos norteamericanos. Adems estos ciudadanos, segn otra en-cuesta de Harris Poll realizada el mismo ao, consideran que los lobbys, despus de las empresas transnacionales y de los bancos e instituciones financieras, son las organizaciones que ms influencia tienen en la poltica norteamericana, lo cual es redundante porque los lobbystas

suelen representar precisamente a esas empresas y grupos financieros. Ante es-tos datos, un lobbysta norteamericano declaraba de manera exculpatoria y algo cnica: nuestro trabajo consiste bsica-mente en educar a legisladores y gober-nadores cuando tienen que votar o vetar una ley.

Afortunadamente, en Estados Uni-dos la existencia de los lobbys es patente y pblica, desgraciadamente la gran ma-yora de las acciones de presin de los grupos de poder e influencia en la mayor parte de los pases democrticos es se-creta e inadvertida.

Presin y legitimacinPero ms all de todo esto, lo importan-te es que los grandes grupos de poder e influencia poseen mecanismos sociales para legitimar sus intereses inmedia-tos ms inconfesables como intereses patrios o como formas de inexcusable adecuacin a la racionalidad del mer-cado. Por el contrario, los movimientos sociales y populares no suelen disponer de la capacidad ni de los instrumentos para presentar socialmente sus intereses como valores de universal aceptacin u obligacin.

Mediante intrincadas conexiones en los medios de comunicacin de ma-yor crdito y a travs de los discursos de analistas, periodistas y acadmicos de reputado prestigio, los intereses de los grupos de poder e influencia se reconvierten en instrucciones sobre lo que hay que hacer porque es lo mejor para todos. Al igual que hay blanqueo de capitales a travs de empresas fantas-ma, tambin hay blanqueo de intereses perversos mediante discursos medi-ticos y acadmicos. Y as los intereses disparatadamente egostas de las lites econmicas acaban transmutndose en principios de racionalidad econmica ineludible.

Democracia y autonomade los movimientos sociales Si en Europa y en Estados Unidos una crisis generada fundamentalmente por los altos ejecutivos de las empresas fi-nancieras est siendo pagada por los ciudadanos econmicamente ms dbi-les y desprotegidos es, entre otros fac-tores, porque los movimientos sociales, despus de dcadas de desmovilizacin estructural, han devenido ideolgica y organizativamente esculidos y sin capa-cidad de reaccin.

Negar a los movimientos sociales la legitimidad para presionar a los gobier-nos democrticos a travs de acciones

* Docente de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

2da. quincena de enero 2011 / 5

de reivindicacin y protesta supone, ni ms ni menos, que dejar a las clases po-pulares inermes ante fuerzas sociales y econmicas que les son adversas y dejar tambin a los propios gobiernos demo-crticos flotando frente a vientos hura-canados que soplan en una misma direc-cin. No puede olvidarse que a lo largo de los ltimos siglos, la gran mayora de los avances sociales y polticos, en trmi-nos de democracia, libertad, igualdad y derechos humanos para los ciudadanos, se han conseguido gracias a las acciones conscientes y persistentes de los movi-mientos sociales.

Es totalmente cierto que, en ocasio-nes, presiones puramente corporativas y, a veces, hasta de grupos que rayan en lo delictivo, se disfrazan de movimientos sociales de raz genuinamente popular. Tambin es cierto que algunas protestas derivan hacia un nivel de violencia in-tolerable. Sin embargo, estas situacio-nes detestables y que los propios movi-mientos sociales deberan controlar, no pueden poner en duda, por principio, la legitimidad de las acciones de dichos movimientos.

Una de las tareas fundamentales de los gobiernos democrticos es ges-tionar las mltiples presiones que reci-ben en todas direcciones a partir de los intereses enfrentados que concurren en toda sociedad. Pero dichas presiones no eximen a los gobiernos de la responsa-bilidad poltica sobre las decisiones que finalmente toman, porque esa es su fun-cin y porque para eso se les ha elegido, para que asuman la responsabilidad de sus polticas.

Naturalmente, en razn del signo poltico de cada gobierno, ste puede ser ms sensible y receptivo a unas pre-siones y menos a otras. Pero una de las tendencias histricas de los gobiernos progresistas es la de tender a controlar o a desactivar los movimientos sociales con el argumento de que sus valores e intereses ya estn bien representados en el propio poder ejecutivo y legislativo e incluso en otros aparatos del Estado. Sin embargo, ello ha sido una trampa sistemtica porque, muy habitualmente, la institucionalizacin de los aparatos polticos de la izquierda ha llevado final-mente a su seduccin y asimilacin por las lites econmicas, si la izquierda era reformista y liberal, o a la creacin de nuevas castas dominantes, si la izquierda era revolucionaria y/o antidemocrti-ca. En ambos casos, los intereses de los sectores sociales que, en principio, tales aparatos de izquierdas representaban, han quedado hurfanos de proteccin y promocin.

Por todo ello, entre otras muchas razones, las garantas propias de un sis-tema democrtico son indispensables e irrenunciables y por ello, tambin, los movimientos sociales deben preservar su autonoma frente a cualquier tipo de poder poltico para as poder enfrentarse a todas las clases de gasolinazos que en el horizonte de la historia puedan apa-recer.

2011: Los destinos del proceso de cambioManfredo Bravo Chvez*

El gasolinazo podra estar poniendo en evidencia la falta de liquidez financiera para sostener un modelo estructuralmente clientelar o el gobierno podra estar buscando intencionalmente la inestabilidad de precios para justificar la intervencin del Estado en el control de los mismos.

Despus del terremoto causado por el gobierno con el gasolinazo, es evidente que no terminamos de reco-ger los escombros. Y es que como ya se ha evidenciado en Hait, en pases tan miserables como el nuestro, donde sus gobernantes no hacen gestin pblica, sino que se han especializado en manipulacin poltica, a veces la limpieza de los desastres y la aplicacin de medidas correctivas, de-moran mucho tiempo en aplicarse. Inclusive, suele darse el caso que es un nuevo gobierno el que tiene arreglar los desaciertos de borracheras de poder como la que estamos viviendo en Bolivia.

Es que el modelo socialista comunitario se encuentra en su ms fuerte y profunda crisis poltica, aunque sus conduc-tores no quieran reconocerlo y ms bien estn tratando de echar las culpas del fracaso de la medida a los opositores.

La crisis se presenta en dos frentes, el interno y el del en-torno. La crisis interna se pone de manifiesto cuando las bases sindicales del mas, desconociendo a la dirigencia en ejercicio gubernamental, se han movilizado y logrado que el Presiden-te d marcha atrs con la medida. El infalible Evo Morales hoy se tiene que enfrentar con sus propias bases movilizadas ya no a favor, sino en contra, que le piden derogar la medi-da y que alguien pague la factura de una medida percibida tan impopular como aquellas que se tomaban en los mejores momentos del neoliberalismo. Las bases exigen cambios en el gabinete ministerial especficamente del rea econmica, poltica (Ministerio de Gobierno), de Defensa y de Hidrocar-buros, todos de la lnea garcialinerista, que evidencia fuertes contradicciones con los denominados evistas.

Sin embargo, despus del remezn de la medida y de las reacciones polticas dentro de las propias estructuras gu-bernamentales, lo que parece quedar fuertemente eviden-ciado, es que quin toma las decisiones y tiene el verdadero poder en el gobierno, no es precisamente el presidente Evo Morales, sino el vicepresidente, lvaro Garca Linera. El presidente Morales es el smbolo del proceso que permite amortiguar los golpes de los desaciertos as como los aplau-sos de los aciertos.

La crisis que ha generado la medida, a pesar de su rever-sin, afecta principalmente a las clases populares. El proceso inflacionario generado en los precios de la canasta familiar, difcilmente se revertir, lo que necesariamente movilizar a los sectores obreros por aumentos salariales superior al 15%- que estarn muy por encima de lo que el gobierno puede soportar hasta un mximo del 10%-. Por otro lado, las percepciones de la ciudadana en general, que de aqu para adelante ya no tendr la confianza ciega que vena dndole al presidente, pone en riesgo las intenciones de reeleccin del presidente Morales. Esta realidad se evidencia en los resul-tados de las ltimas mediciones publicadas en el diario El Deber, donde la desaprobacin de la gestin del presidente Morales despus de la medida alcanza al 67%, la ms alta desde que asumi la presidencia el 2006.

El gasolinazo, ms all de los discursos pronunciados justificando la medida como una nivelacin de precios ne-cesaria para frenar el contrabando y para atraer inversin extranjera, puede tener dos interpretaciones; por una parte, podra estar poniendo en evidencia la falta de liquidez fi-nanciera para sostener el modelo, que es estructuralmente clientelar y que ve agotadas sus fuentes de financiamiento. Pero tambin, por otro lado, se puede arriesgar una inter-

pretacin gramsciana dira Garca Linera. No ser que el gobierno est buscando intencionalmente la inestabilidad de pre-cios para justificar la intervencin del Estado en el control de los mismos, y a partir de ello lograr el control absoluto de la produc-cin general de alimentos? Si esta ltima hiptesis fuera cier-ta, podramos esperar que los prximos pasos del gobierno sean el control del crdito productivo, la produccin y la comercializacin de los bienes de primera necesidad a tra-vs de la Empresa de Apoyo a la Produccin de Alimentos (emapa) con la compra y distribucin de toda la produccin de azcar, arroz, fideo, aceite, harina, etc. Para ello obligar a los sectores productivos a someterse al gobierno nacional o caso contrario, podran ser procesados por atentar contra la economa popular, especulacin y agio.

Sea cual fuere la hiptesis que se confirme, el escenario para el 2011 es preocupante, porque el gobierno, dadas sus ca-ractersticas de ejercicio de poder poltico, seguir en la din-mica de la toma de decisiones que le permitan controlar a sus opositores a fin de que estos no tengan posibilidad de capita-lizar el descontento popular que generen sus medidas; segui-rn sosteniendo la confrontacin como nica va posible para consolidar el proceso de cambio. En tal sentido, ya no slo estaramos hablando del control de la totalidad de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), sino tambin de los medios de produccin, y de los instrumentos de formacin ideolgica a travs del sistema educativo me-diante la Ley Avelino Siani y Elizardo Prez con el control de la educacin privada primaria, secundaria y universitaria y de la autonoma universitaria en el sistema pblico.

De todas formas, lo que queda claro es que el gobier-no atraviesa graves dificultades, las mismas que pretender afrontar con ms palo que zanahorias, habr que ver hasta dnde la ciudadana, en especial los disidentes internos, es-tn dispuestos a aguantarse el palo.

* Politlogo opn-uagrm.

contrapuntos

2da. quincena de enero 20116 / contrapuntos

y son pocos los ciudadanos de a pie que se sienten representados por esa camada de dirigentes poderosos, caudillescos y demaggicos que levantan el nombre del pueblo como argumento.

Lo ideal en una democracia mo-derna e inclusiva es el equilibrio entre participacin directa y representativa, esta ltima traducida no solamente en el sufragio sino en la fortaleza de las insti-tuciones democrticas y en la indepen-dencia de poderes.

Uno de los buenos ejemplos de bsqueda de este saludable equilibrio se vivi con la implementacin de la Ley de Participacin Popular (1994-2010), que permiti una inclusin poltica sin prece-dentes, pero en el marco de una serie de normas e instituciones que abogaban por la calidad de la gestin, la rendicin de cuentas y la planificacin participativa.

Mandar obedeciendo es una valio-ssima premisa poltica, que entraa una profunda empata con las pulsiones ciuda-danas y, por tanto, es loable escucharla salir de boca de la mxima autoridad de nuestro Estado, pero para ser tangible requiere de un contexto que no es precisamente el actual, donde se advierte un rezago en la atencin a las demandas populares y una sobredosis de presencia dirigencial, funcio-nal a intereses polticos e ideolgicos, poco transparente y menos democrtica.

Para obedecer a la gente habr, pues, que empezar por escucharla, por conocer sus aspiraciones largamente postergadas, por considerar a minoras y mayoras en igualdad de condiciones y por adoptar medidas oportunas y sensi-bles, considerando su impacto en el coti-diano ciudadano. Acaso no queda claro que lo que quiere el boliviano es, simple y llanamente, vivir mejor?

Periodista del padem

Entre mandar y obedecerIsabel Mercado*

La premisa lanzada por el presidente Morales de mandar obedeciendo requiere, para ser tangible, de un contexto diferente al

que vive actualmente el pas.

El papel lo aguanta todo, y los discur-sos tambin. Lo que resulta apre-miante es la realidad y cuando sta

se muestra plagada de incertidumbres y fragilidades, quedan pocos nimos para batir palmas por las palabras, as stas suenen seductoras.

Por ello, aunque saliera del fondo del corazn, aquella frase de mandar obedeciendo al pueblo, dicha por el presidente Evo Morales al abrogar el de-creto 748 que estableca un alza de cerca al 80 por ciento en el precio de los com-bustibles, provoca ms preocupacin que complacencia.

No slo por esa realidad interpe-lante, que nos enfrenta a diario a un cli-ma de rumores, especulaciones, alzas de precios y amenazas de endurecimiento de una situacin econmica que podr ser buena en los indicadores macroeco-nmicos, pero que es evidentemente vulnerable en las calles y en los bolsillos de la gente; sino por un tufillo enrare-cido de inestabilidad y desconfianza que se percibe en el tono de las intrigas po-lticas, en las actitudes de autoridades y dirigentes sociales y en la precariedad de las instituciones llamadas a precautelar la democracia y la seguridad jurdica.

Y es que como dice el psiclogo bo-liviano Ricardo Castan, las palabras hieren; no se las lleva noms el vien-to, como en la cancin. Y al decir que se obedece al pueblo se est asumiendo que el pueblo sabe lo que se debe hacer y, por lo que se ve, hay ms desorienta-cin que nunca. Porque la participacin de la gente es vital para la democracia, pero no esa participacin expresada en las decisiones verticales de las organiza-ciones sociales que, como en el caso del gasolinazo avalaron la medida guberna-mental con el argumento de obrar con responsabilidad social con las finanzas pblicas, nunca antes esgrimido, y que result rebasado violentamente por los propios ciudadanos/representados.

Por definicin la democracia no puede ser exclusivamente participativa o representativa. La participacin ciudada-na directa expresada en las movilizacio-nes sociales o en las decisiones de las or-ganizaciones sociales es definitivamente valiosa, y Bolivia se ha convertido en pa-radigma mundial o al menos regional del nivel de participacin social de la ciuda-dana. Pero, una cosa es cantidad y otra, muy distinta, es calidad, y los ltimos aos son ilustrativos en este sentido. La debilidad democrtica de las organiza-ciones sociales ha venido a contaminar la legitimidad de la participacin ciudadana

El reciente no-gasolinazo de fin de ao de 2010 se muestra, a enten-der de varios economistas, como

un quiebre en cuanto a las expectativas en inflacin, inversin, cambiarias, etc de los agentes econmicos. Sin embargo, es posible y sera deseable que de tal quiebre se manifiesten en el futuro otras consecuencias de igual magnitud. La editorial y el artculo de Jos Antonio Quiroga del N 76 de Nueva Crnica, se refieren a una con-secuencia en particular, cuando men-cionan al pacto fiscal (pf) como un posible paso adelante ante tal faux pas. Este pacto es posible. En el nmero precedente (nc N 75), Carlos Rome-ro, Ministro de Autonoma, hablaba ya del pf como uno de los mandatos de la Ley Marco de Autonomas y Descen-tralizacin (lmad) de julio 2010. Es decir, el PF, adems de haber obtenido el ao pasado un sustento legal, podra gestar su propio nacimiento a la luz de los ltimos acontecimientos eco-nmicos. El escenario es ciertamente propicio.

Viendo la experiencia interna-cional, los distintos pactos o acuerdo fiscales tienen toda una serie de com-plejas aristas: quines participan en el pf?, cmo se lleva a cabo el proceso de negociacin?, cunto dura ste?, en base a qu insumos?, qu se bus-ca?, cmo se cumple lo acordado? Abordemos tangencialmente una va-riable no menos importante: la institu-cionalidad que rodea a un pf.

La lmad, adems de abrir las puertas al pf, cre una serie de ins-tituciones sobre las cuales es posible negociar tal pacto. Se cre el Consejo Nacional de Autonomas (cna), ins-tancia de coordinacin interguberna-mental poltica con representacin de los cinco niveles de gobierno, nacio-nal, departamental, regional, munici-pal e indgena originario campesino. Se cre su contraparte tcnica, el Servicio Estatal de Autonomas (sea), dependiente del Ministerio de Auto-nomas. En otros pases con una larga historia de institucionalidad en cuanto a coordinacin fiscal, la instancia po-ltica equivalente al cna (en el caso Australia), o la instancia tcnica equi-valente al sea (en la India), son los espacios indiscutibles para llevar este

Pacto fiscal e institucionesCarlos Rocabado*

Despus de los ltimos acontecimientos econmicos, y dando cumplimiento a uno de los mandatos de la Ley Marco de

Autonomas y Descentralizacin, parece oportuno instaurar un pacto fiscal que permita una reforma econmica nacional,

autonmica y estructural.

tipo de negociaciones. Las nuevas ins-tituciones nacionales, que no tienen ni un ao de existencia aquella de Espa-a tiene 30 aos, la de Australia tiene casi 80, deberan ser las instancias correctas para la negociacin de un acuerdo de este tipo. La lmad indica ya que es el sea, junto al Ministerio de Autonoma y al Ministerio de Eco-noma y Finanzas Pblicas (mefp), el que debe preparar la propuesta tcni-ca del pf, tarea de gran talla para esta nueva institucin.

Eso s, mucho depender el xito de un pf de la voluntad de este lti-mo Ministerio. Es sorprendente que el mefp no sea parte de la representa-cin del nivel central del Estado den-tro del cna, donde s estn otros tres ministerios. Sorprende an ms que se crea que la coordinacin (interguber-namental) financiera es posible slo a travs de las normas e instrumen-tos tcnicos de la autoridad nacional competente (lmad, art. 121). Las protestas de diciembre de 2010 han mostrado que, para aquellos temas de importancia nacional, un decreto es menos que suficiente, inclusive para un gobierno con 64% de votacin. Por ello hay que estudiar si, en el caso bo-liviano, es necesaria la constitucin de una instancia adicional de negociacin. Por ejemplo, un Consejo de Coordi-nacin Sectorial, tambin avalado por la lmad, presidido por el Ministro de Economa y con presencia de por lo menos aquellos representantes auto-nmicos del rea fiscal. Abriendo esta instancia a otro tipo de actores, este Consejo bien podra ser el Consejo Econmico Social mencionado en el N 76 de Nueva Crnica.

En resumen, inclusive el identi-ficar el o los escenarios institucionales para la negociacin de un pf necesita de un anlisis previo profundo para asegurar las posibilidades de xito. El gobierno, al igual que los otros sec-tores, ganara jugando esta partida; el xito depende de cmo reparte la ba-raja. Una reforma econmica nacional, autonmica y estructural, a travs del pacto fiscal, es sin duda uno de los me-jores legados que podra dejarnos este periodo de gobierno.

*Economista, experto en descentralizacin.

2da. quincena de enero 2011 / 7

Iniciando el camino hacia el pacto fiscal Fernando Aramayo*

El trnsito hacia la construccin de un pacto fiscal supone generar condiciones mnimas en el pas as como una tregua poltica, como paso inicial que permita una expresin clara de voluntad.

La necesidad de nivelacin del precio de la gasolina ha pues-to de manifiesto la urgencia de examinar la situacin de nues-

tras finanzas pblicas. En la mirada superficial, resulta difcil entender que, luego de haber pasado de ser un Estado con ingresos bajos para convertirnos en uno de ingresos medios, con supervit fiscal, histricos niveles de reservas, recursos antes inimaginables para el gasto pblico y, en consecuencia, para el gasto social, situacin resultante de un auspicioso escenario econmico desde el 2005, seamos afectados de ma-nera tan determinante por mantener el subsidio al precio de la gasolina y, por consiguiente, de los bienes y servicios que dependen, directa o indirectamen-te, del mismo.

Por otro lado, es indiscutible que reducir los recursos destinados al subsi-dio de la produccin de hidrocarburos y mejorar los incentivos a la produccin de petrleo son necesarios y urgentes, a la vez que contradictorios. La pregunta a continuacin es qu hacer con esa in-formacin? La respuesta debe conside-rar que todos asumiremos (a diferentes intensidades) los costos y beneficios de las decisiones que se tomen y ello impli-ca ser parte y estar de acuerdo con ellas y asumir sus efectos.

Qu hace diferente a este tiempo de los anteriores?, la participacin so-cial en las decisiones estratgicas del Es-tado. Esto no significa entrar en el ab-surdo de pensar que todos deciden sobre todo, al final conviven y se complemen-tan, tanto la democracia representativa como la directa, significa que hay temas estratgicos y tan trascendentales por sus implicancias que convocan y conmueven a todos y todas las personas que vivimos en este pas.

Reflexionar sobre una propuesta que haga posible tal participacin supo-ne el necesario inicio de la construccin del pacto fiscal. Agregando argumentos a los que emergieron de los cambios al ordenamiento funcional y territorial del Estado (lase autonomas) se pue-de agregar la necesidad de garantizar la reactivacin del sector productivo (agroindustrial, minero y otros) para la resolucin de los problemas econmi-cos, la generacin de fuentes de empleo formal, la concrecin de impactos soste-nibles en la calidad de vida como resul-tado de la poltica social y econmica, la formacin de recursos humanos necesa-rios para la innovacin y la traduccin del crecimiento en desarrollo y otros que, en definitiva, proponen decidir

con soberana y responsabilidad sobre el destino del excedente econmico que ahora es motivo de orgullo.

Qu es un pacto fiscal? La ce-pal1 define a ste como el acuerdo so-ciopoltico bsico que legitima el papel del Estado, el mbito y el alcance de las responsabilidades gubernamentales en la esfera econmica y social, se analiza a travs de sus cinco aspectos fundamen-tales: consolidar el ajuste fiscal en mar-cha, elevar la productividad de la gestin pblica, dotar de mayor transparencia a la accin fiscal, promover la equidad y favorecer el desarrollo de la institucio-nalidad democrtica.

Qu busca o cul es el objetivo de un pacto fiscal? Ciertamente alcan-zar, mantener y consolidar la estabilidad macroeconmica y traducirla en creci-miento y desarrollo. En mi criterio, la realidad del pas propone la prelacin de la produccin de equidad con legitimi-dad como objetivo central. La razn de hacerlo, es comprender de una vez por todas, que la estabilidad macroeconmi-ca es necesaria, pero no suficiente para lograr desarrollo y mejoras estructurales en las condiciones de vida para la pobla-cin, sobre todo de aquella considerada ms pobre.

Hablar de la produccin de equi-dad con legitimidad como objetivo, supone ir ms all de pensar en los be-neficios y beneficiarios del gasto (social) y, por tanto, implica considerar la pers-pectiva de la generacin de ingresos, de fuentes de financiamiento como la deuda pblica y el escenario definido por la forma y mecanismos de adminis-tracin de precios y tarifas. Si estos son los mbitos, en s amplios, que tendran

que ver con el objetivo del pacto fiscal, construirlo supondr concebirlo como proceso en sentido de su temporalidad y complejidad.

Transitar hacia la construccin de un pacto fiscal supone generar condi-ciones mnimas en el pas y una tregua poltica, como paso inicial que permita una expresin clara de voluntad. Asumir el pacto fiscal como proceso supone to-mar en cuenta al menos 10 factores que, experiencias como la de Guatemala, entendida como una de las ms relevan-tes por las crticas actuales a sus no tan exitosos resultados y adaptadas a nuestra realidad, es fundamental considerar2:

1. Aprovechar oportunidades de cambios en la correlacin de fuerzas in-ternas y su reconfiguracin para impulsar un pacto social sobre la poltica fiscal.

2. Contar con una organizacin o arreglo institucional bien definido para impulsar el proceso, que tenga credibi-lidad tcnica y poltica y represente a los principales sectores involucrados en la negociacin del pacto social sobre la poltica fiscal.

3. Incluir desde el principio a or-ganizaciones polticas, sociales y al r-gano legislativo en el proceso de di-logo y negociacin, tomando en cuenta que el cambio institucional que se busca pretende democratizar la definicin de la poltica fiscal y que ello pasa por in-corporar de manera decisiva a los par-tidos y al poder legislativo como com-ponentes fundamentales de un rgimen democrtico. Garantizar una adecuada representacin de la diversidad cultural del pas.

4. Fundamentar el proceso en un enfoque holstico y de largo plazo, que pueda ampliar el nmero de temas suje-tos a concesiones sin limitarlo exclusi-vamente al tema de los impuestos para facilitar los acuerdos. La negociacin de un pacto fiscal no debera ser interpre-tada como un proceso dirigido a lograr una reforma tributaria de corto plazo, sino como un punto de partida para una reforma duradera del Estado que, ba-sada en un cambio en la correlacin de fuerzas, orientar la poltica pblica en el futuro.

5. Tener una estrategia de consultas bien definida y clara que no slo asegure que se han tomado en cuenta diversos intereses, sino que tambin confiera le-gitimidad al proceso y permita explicar sus componentes potenciales.

6. Establecer una relacin posi-tiva, de aliados, con los medios de comunicacin para que apoyen el pro-ceso, lo transparenten y garanticen su legitimidad.

7. Divulgar la informacin y los es-tudios sobre el tema, contribuyendo as a un proceso de aprendizaje colectivo que pueda facilitar la convergencia de posi-ciones y el desarrollo de un lenguaje compartido que permita llegar a acuer-dos. Las estadsticas claras y precisas son parte del lenguaje que puede favorecer los acuerdos.

8. Poner en prctica tcnicas de di-logo y negociacin flexibles y con enfo-que intercultural, tomando en cuenta la experiencia pasada del pas en cuestin.

9. Compensar las asimetras en la capacidad de negociacin de diversos actores (nuevas mayoras y minoras) mediante un mayor acceso a la informa-cin de los grupos ms dbiles, mejora-do su capacidad tcnica, de dilogo y de negociacin.

10. Asignar suficiente tiempo a la construccin de capacidades y a la nego-ciacin con el fin de alcanzar los resulta-dos que se esperan, orientados principal-mente a lograr una efectiva y sostenible redistribucin de la riqueza.

Este proceso supone pensar en me-diano y largo plazo y asumir con respon-sabilidad y de manera activa el rol de to-dos los actores en la construccin de una realidad que permita mostrar un camino de certezas luego de la incertidumbre continua. Al final, un pacto fiscal supon-dr asumir algunas reglas bsicas, pero necesarias para una convivencia pacfica. Deber hacerse evidente tambin que el cambio debe construirse en democracia.

* Economista.

contrapuntos

2 Pacto Fiscal en Guatemala: lecciones de una negociacin, Revista de la cepal 88, Juan Alberto Fuentes y Maynor Cabrera, Abril 2006. Ajustada a la realidad boliviana.

1 El Pacto Fiscal, Fortalezas, Debilidades, Desafos, Naciones Unidas, 1998.

2da. quincena de enero 20118 /

Sorprendido por el rumbo que est tomando el proceso boliviano y motivado por mi larga relacin con Bolivia y con su pueblo, me animo

a escribir esta nota, que espero tenga eco en los dirigentes del mas, en los funcio-narios del actual gobierno y en el propio compaero presidente Evo Morales.

Pocos pases de Amrica Latina han tenido una historia tan dramtica como Bolivia. De los seoros originarios al coloniaje extractivista y genocida; de las luchas independentistas a la Repblica de patronos, hacendados y barones del estao; de la revolucin nacional a la traicin a la nacin y a los sectores po-pulares que la impulsaron; de la guerrilla del Che a las dictaduras sangrientas y entreguistas; de la apertura democrtica a la utopa de la democracia plena.

En Bolivia, desde hace ms de 500 aos, los pueblos y nacionalidades ind-genas siempre fueron sometidos y explo-tados. La exclusin de stos fue siempre lo normal durante toda la colonia, la Repblica, las dictaduras y la democracia reciente. La victoria del mas en diciem-bre del 2005, que llev a Evo Morales a la presidencia de la Repblica en enero del 2006, abri un proceso indito en Bolivia y en toda Amrica: por primera vez un representante de los pueblos originarios llegaba al gobierno y al poder.

Todos los sectores democrticos de Bolivia y del planeta, vimos con orgullo y satisfaccin este hecho que vena a resol-ver un viejo anhelo: Bolivia, finalmente, sera gobernada por los propios.

Para que esto ocurra en democracia, muchos hombres y mujeres tuvieron que enfrentar a gobiernos entreguistas y dic-taduras sanguinarias. Muchos bolivianos y bolivianas fueron exiliados, torturados, encarcelados y asesinados. Los que so-brevivimos a estas gestas, apoyamos es-peranzados el advenimiento del gobierno del mas, porque considerbamos que el sacrificio no haba sido en vano.

El ascenso democrtico al poder del compaero presidente Evo Morales significaba tambin que el fantasma de la guerra civil y el de la confrontacin regional colla-camba, se resolveran en democracia.

Quienes conocemos entraable-mente Bolivia, porque la hemos vivido, amado y luchado, sabamos lo difcil que sera la tarea del compaero presidente Evo Morales y de su partido, el mas. Exista y todava existe un gran reto para los actuales gobernantes: transformar,

en democracia, las caducas estructuras de Bolivia y refundar, en democracia, la nueva institucionalidad poltico ad-ministrativa del Estado boliviano, a fin de que garantice la equidad, la justicia, la libertad plena, la inclusin social, la participacin ciudadana, la integracin nacional y latinoamericana, la igualdad de gnero y de oportunidades, el respe-to a la diversidad cultural, el fortaleci-miento de los pueblos originarios y de las identidades nacionales, la proteccin y conservacin de la Madre naturaleza, en suma: el buen vivir.

Este gran reto se complica mucho ms porque, para los actuales gobernan-tes, existe una clara contradiccin de tipo cultural, ya que su cosmovisin andina-aymara sustentada en valores como la solidaridad, la armona con la Pachama-ma y la reciprocidad, difiere en mucho de los valores propiciados por la cultura occidental (mercado, rentabilidad, indi-vidualismo y consumismo); y, por otro lado, los sistemas de gobierno de las co-munidades originarias (quechuas, ayma-ras y amaznicas), poco tienen que ver con las estructuras democrtico-bur-guesas heredadas de la revolucin fran-cesa que han sido perfeccionadas por los Estados democrticos contemporneos. Para agravar este panorama, es induda-ble que exista y existe en el actual go-bierno del mas, una falta de experiencia, de formacin y de cuadros tcnico-pol-ticos para el manejo de las complicadas estructuras del Estado democrtico bo-liviano, de sus instituciones, de sus leyes, sus normas y procedimientos.

Al cumplirse cinco aos de la as-censin del compaero Evo Morales a la presidencia de la Repblica y del mas al gobierno, debieran tenerse resultados de significacin, pero no los necesarios ni los suficientes; y, porque estamos cons-cientes de la magnitud de la tarea a rea-lizar, asumimos una posicin madura y consecuente: apoyando y difundiendo la validez del proyecto y del proceso. De-bamos darle tiempo al proceso y ser to-lerantes con el desarrollo del mismo, ya que el actual gobierno tena inclusive el derecho a equivocarse, pero no tanto. No podemos, con estos antecedentes y en este contexto, ocultar nuestra enor-me preocupacin respecto de los graves equvocos cometidos, la poca concrecin de resultados y, lo ms grave, la prepo-tencia, la intolerancia y el autoritarismo con el que el compaero Presidente y su gobierno pretenden ocultar sus errores

El proceso boliviano apunta a una peligrosa desnaturalizacin

Handel Guayasamin*

Luego de cinco aos de gobierno del compaero presidente Evo Morales y del mas, constatamos con indignacin que se est produciendo un quiebre antidemocrtico, revanchista y autoritario. Reflexiones de un asesor del proceso boliviano.

y acallar cualquier posicin crtica, por legtima y necesaria que esta sea.

Parecera que, nuevamente, la con-dicin humana que es capaz de llevar al ser humano al sacrificio o a la barbarie est llevando al proceso boliviano a una peligrosa desnaturalizacin. Dicen que lo real y profundo de cada ser humano aflo-ra con el ejercicio del poder, que es co-rrosivo y que, al perforar la piel, permite que aparezca el interior de cada persona, en el ejercicio o usufructo del poder.

Luego de cinco aos de gobierno del compaero presidente Evo Morales y del mas, constatamos con indignacin que se est produciendo un quiebre an-tidemocrtico, revanchista y autoritario. Slo as se entienden los actos de perse-cucin poltica en contra de todo aquel que disienta de la voz oficial. En los lti-mos tiempos, con una frecuencia que es cada vez mayor y por tanto cada vez ms preocupante, el gobierno del compaero presidente Evo Morales, recurre al uso de la fuerza, de la crcel, del hostigamiento y de la violencia en contra de todo aquel que se permite criticar u oponerse a las equvocas determinaciones del rgimen o a la verdad del gobierno.

Juicios sin el debido proceso, inculpa-ciones calumniosas a hombres y mujeres de probada integridad que con su vida de servicio a su pas y a su pueblo han dado cuenta de sus convicciones y enterezas son ahora el pan de cada da en la labor del gobierno. En lugar de hacer la trans-formacin con cinco aos en el gobierno,

ya no son tiempos de campaa electoral ahora el gobierno no deja de insultar, de agredir y de transgredir toda norma y toda ley, para demostrar su hegemona.

Ser slo por intolerancia? Ser por temor? Ser porque la prepotencia y el ego alimentados por los cortesanos de turno han mellado la personalidad del compaero Presidente? O ser por-que existen otros derroteros, de carcter antidemocrtico y caudillista, los que se quieren imponer en Bolivia?

Todos quienes confiamos y apoya-mos este proceso esperamos rectifica-ciones inmediatas. Las grandes tareas de la revolucin boliviana todava estn muy lejos de ser alcanzadas.

La equidad, la justicia, la libertad plena, la inclusin social, la participacin ciudadana, la integracin nacional y lati-noamericana, la igualdad de gnero y de oportunidades, el respeto a la diversidad cultural, el fortalecimiento de los pueblos e identidades nacionales, la proteccin y conservacin de la madre naturaleza, en suma: el buen vivir, es la gran tarea que, en democracia, se plante y que, en de-mocracia, debe alcanzarse.

Los verdaderos revolucionarios no podemos cometer los mismos errores que caracterizaron a quienes siempre combatimos.

Rectifique, compaero presidente Evo Morales.

*Arquitecto ecuatoriano. Asesor del proceso de construccin democrtica en Bolivia.

contrapuntos

2da. quincena de enero 2011 / 9debate

Buen vivir: un relanzamiento necesarioEduardo Gudynas*

La idea del Buen Vivir gan amplia difusin en Amrica Latina en los ltimos aos. Representa tanto la disconformidad con la marcha del

desarrollo convencional, como la bsqueda de cambios sustantivos bajo nuevos compromisos con la calidad de vida y la proteccin de la naturaleza.

Antes que un concepto acabado, el Buen Vivir expresa un proceso, una construccin paulati-na donde intervienen una amplia variedad de voces. Por lo tanto, existen distintas versiones,

cada una de ellas con sus nfasis y respondiendo a co-yunturas especficas. Nadie puede reclamar obediencia a un declogo, y todava hay mucho camino para reco-rrer. Esta diversidad no es necesariamente un aspecto negativo, ya que permite nutrirse de los mejores apor-tes de cada corriente, y a la vez revitaliza el debate so-bre las polticas en desarrollo. Adems, estos primeros pasos han tenido efectos positivos concretos, y el mejor ejemplo es el reconocimiento de esta idea en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia (como sumak kaw-say en el primer caso, y suma qamaa entre otros, en el segundo caso).

En esta diversidad de voces de todos modos exis-ten coincidencias en varios aspectos esenciales. Por ejemplo, el Buen Vivir es ostensiblemente una crtica a las ideas del desarrollo convencional que defiende el crecimiento econmico perpetuo, obsesionado con la acumulacin material, y que celebra la mercantiliza-cin de la naturaleza. El bienestar de las personas apa-rece como una preocupacin central, y no se espera que resulte apenas del derrame econmico del crecimiento de las economas.

Tambin es una construccin multicultural. Los aportes de las cosmovisiones de algunos pueblos ind-genas han sido muy importantes, tanto al romper con muchos de los problemas anclados en la modernidad europea, como en permitir que se expresaran saberes subordinados y marginados por mucho tiempo. Por ejemplo, desde all se renovaron las discusiones sobre el bienestar y la calidad de vida, o sobre las comunida-des y sus territorios.

Finalmente, el Buen Vivir alberga otra postura sobre el ambiente, reconocindose los derechos de la naturaleza, tal como sucedi en Ecuador. Y esto no es una mera adicin de un derecho ms, sino que implica un cambio radical en cmo se reconocen los valores frente a lo que nos rodea, donde el ambiente se con-vierte en un sujeto.

Esta breve enumeracin no pretende brindar una definicin del Buen Vivir, ni agotar las dimensiones en juego, sino que tan solo apunta a dejar en claro que en esa diversidad de posiciones, poco a poco se est cons-truyendo un consenso. Esos acuerdos implican un cam-bio radical sobre nuestras ideas acerca del desarrollo. Es que el Buen Vivir no es solamente uno ms entre otros desarrollos alternativos, sino que pone en discusin toda la base conceptual del desarrollo occidental.

Pero a pesar de todas estas potencialidades, el proceso de construccin del Buen Vivir parecera que se est ralentizando y asoman algunas amenazas. Un primer conjunto de problemas reside en banalizarlo. Desde un extremo hay crticas conservadoras, con un retrogusto neoliberal, que consideran todo esto como meras reivindicaciones indigenistas, que fomentan la haraganera y llevaran a nuestros pases al atraso. En el medio estn unos cuantos acadmicos, en es-pecial en la economa, quienes ven esta problemtica como muy alejada de sus ctedras o investigaciones. Finalmente, desde otro extremo, se lo reduce a meros planes asistencialistas, tal como acontece en Venezue-

deberan reconocer que marginar la sociedad civil slo resultara en ideas empobrecidas y sin mucha legitima-cin social.

Es necesario reaccionar contra todos los proble-mas que se indicaron arriba, sea la banalizacin del Buen Vivir, o la disolucin de los espacios colectivos de construccin. Es tiempo de re-apropiarse de las discu-siones sobre el Buen Vivir, y volver a lanzarlo. Es una tarea necesaria tanto en el mbito de la sociedad civil como en la sociedad poltica, y unos y otros se necesi-tan mutuamente. Esta es una idea que no tiene dueos, y donde todos tienen algo para aportar, y en varios ca-sos esta tarea se est volviendo urgente.

Sean organizaciones ciudadanas, movimientos indgenas, como acadmicos, todos deberan recar-gar sus energas, y presentar sus ideas, dudas, y pro-puestas sobre el Buen Vivir. Todos pueden contribuir en esta tarea, y de alguna manera todos son dueos, autores y constructores de ese concepto. No me re-fiero solamente a enunciar las metas, sino tambin a ir ms all de las invocaciones genricas dando pasos hacia elaboraciones y propuestas ms concretas. Por ejemplo, cmo sera el consumo de la buena vida? cmo reemplazar el extractivismo minero o petrole-ro?, cules son las necesarias reformas del Estado?, cules son las semejanzas y diferencias entre el sumak kawsay y las visiones occidentales del bienestar? y as sucesivamente.

Esto es particularmente urgente en Bolivia y Ecuador, donde el Buen Vivir aparece en sus consti-tuciones. Es necesario precisar esas formulaciones, y explorar las formas de implementacin, seguimiento y evaluacin. En el caso ecuatoriano, la aprobacin de un plan nacional sobre el Buen Vivir, con metas futuras post-extractivistas, es un gran paso adelante, pero a la vez obliga a precisar los contenidos de las futuras etapas que propone, y por lo tanto la tarea aqu es ms exi-gente, y el concurso de todos se vuelve indispensable. Un debate similar est en marcha en Per, donde un conjunto de acadmicos y ongs est debatiendo sobre transiciones ms all del extractivismo. Pero la situa-cin se ha vuelto ms compleja en Bolivia, ya que en el ltimo plan de desarrollo prevalecen las estrategias convencionales, y la apertura poltica a debatir estas cuestiones es ms reducida que en los pases vecinos.

Mucho ms atrs se encuentra el debate en otros pases, como por ejemplo Argentina, Brasil o Uruguay, donde los xitos exportadores refuerzan visiones con-vencionales del desarrollo, y los espacios para discutir el Buen Vivir son todava ms estrechos. En Venezuela, la polarizacin poltica hace que muchos actores claves comprensiblemente se centren en conflictos que les aparecen como mucho ms urgentes.

Todas estas limitaciones que se viven en estos pases refuerzan la relevancia del debate sobre el Buen Vivir en Ecuador, Per o Bolivia. Lo que all suceda, sea en su xito o en su fracaso, influir directamente en las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de los dems pases. Por todas estas razones, es indis-pensable relanzar el debate sobre el Buen Vivir, y ste deber contar con todas las voces.

*Investigador principal en claes

(Centro Latino Americano de Ecologa Social).

la, con una tarjeta plstica gubernamental, idntica a una de crdito, pero que tiene una etiqueta sobre el vivir bien.

El Buen Vivir no es ni lo uno ni lo otro. Nadie postula regresar a sociedades de cazadores recolectores viviendo en la selva, sino que se exige poner el centro de atencin en la calidad de vida de las personas, y no en el aumento del pbi. No es un slogan alejado de una reflexin rigurosa, sino que poco a poco se nutre de ba-ses conceptuales complejas, que incluyen aportes que van desde la economa post-material a la antropologa ecolgica. Tampoco se desprecia el saber tradicional, sino que se apoya en l con respeto e incorpora sus lec-ciones, como pueden ser sus prcticas agroecolgicas o la reciprocidad. De la misma manera, el Buen Vivir es mucho ms que pagar bonos asistencialistas, ya que reclama cambios profundos en las dinmicas econ-micas, las cadenas productivas y la redistribucin de la riqueza.

Otro conjunto de problemas que est deteniendo esta temtica gira alrededor de las interacciones entre grupos no-gubernamentales y el Estado. Algunos acto-res de la sociedad civil enfrentados con un Gobierno, abandonan los espacios de debate sobre el Buen Vivir, al entender que este tema ha sido acaparado y controla-do por agencias estatales. Sus discrepancias se expresan en abandonar el debate. Como espejo de esta situacin, hay actores gubernamentales que parecera que ya todo lo saben y no toleran la crtica, y de ese modo cercenan el dilogo con la ciudadana, sin ofrecer oportunida-des para avanzar colectivamente en la construccin del Buen Vivir. Aqu, la suficiencia estatal es la que impide el debate.

Una vez ms encontramos extremos que estn impidiendo avanzar en la construccin de las ideas so-bre el Buen Vivir. Por un lado, guste o no, el Estado es un espacio clave en la construccin de este concepto, por lo que es necesario incidir en su seno, interactuar con responsables de programas y participar activamen-te. Por otro lado, los funcionarios gubernamentales

2da. quincena de enero 201110 / crnica

La Ley Avelino Siani a examenDaniela Espinoza M.

Luces y sombras del instrumento que normar la educacin de los bolivianos. El gobierno defiende su propuesta. Los analistas cuestionan la falta de soluciones a los problemas educativos identificados y un exceso de ideologizacin en el contenido de la Ley.

Para el gobierno, se trata del instrumento que per-mitir finalmente ajustar las caractersticas de la educacin a los principios que sustentan el nuevo Estado plurinacional. Los analistas reconocen as-

pectos positivos, pero tambin alertan sobre la existencia de errores y algunos elementos tendenciosos en el con-tenido de la Ley Avelino Siani-Elizardo Prez.

La ex ministra de Educacin, Magdalena Cajas dice que la ley es resultado de un proceso y no obra de un gobierno ni de un grupo de personas. Recuerda que a principios de la dcada de los 80, apenas establecida la democracia, ya se comenzaron a debatir trminos como el de interculturalidad, descolonizacin, educacin bi-linge, inclusiva que no fueron recogidos en la Reforma Educativa aprobada en 1994, pero que el actual gobier-no retom en la formulacin del proyecto.

Hubo mucha discusin desde los tiempos de la udp en torno a estos aspectos. El plan de accin edu-cativa, por ejemplo, se debati en ese entonces. Incluso el tema de la educacin productiva que hoy reivindica como propio el gobierno, est inscrito en el Cdigo de 1955. El concepto de educacin popular fue muy im-portante a fines de la dcada del 70 y principios del 80. Lo mismo que se perfilaron en los congresos educativos de la poca una serie de conceptos filosficos que ahora recoge la Ley Avelino Siani. Del Congreso educativo que organiz la cob en 1989 emergi la nueva ley de educacin popular, que ya analizaba la importancia de la descolonizacin, de una educacin capaz de recoger las races histricas propias, los modos de pensar, los sa-beres. La csutcb tambin trabaj mucho el concepto de lo bilinge, la importancia de que la gente aprenda primero en su lengua materna. De manera que estamos hablando de una Ley, la Avelino Siani, cuyo contenido tiene una larga historia, explica.

El tema de lo comunitario, aspecto clave de la Ley Avelino Siani, tambin fue planteado bajo la influen-cia de Paulo Freire, aunque sin exclusividad hacia lo indgena, pero s hacia todo lo popular, aade.

La especialista advierte, sin embargo, que el go-bierno recoge todo el debate con una carga indigenista que ms que reflejarse en la ley lo hace en el discurso del cambio educativo, aspecto que considera negativo, pues lo que se debera hacer es crear un paraguas que englobe a las distintas realidades del pas, desde una perspectiva que responda a las mayoras populares y no slo a los indgenas.

Para el ex vicepresidente de la Repblica, Vctor Hugo Crdenas, quien particip activamente del Equi-po Tcnico de Apoyo a la Reforma Educativa (etare), conformado a principios de la dcada de los 90, para evaluar el estado de la educacin y elaborar una pro-puesta de cambio que fue la que finalmente vio la luz en 1994, la Ley Avelino Siani es una mala copia del modelo anterior.

Es una repeticin de lo que se hizo, salvo porque ahora se pretende eliminar lo que se considera neolibe-ral. Efectivamente hubo algunos cambios formales, pero no de fondo. El objetivo fue diferenciarse de lo anterior, pero uno puede observar que la matriz en su esencia es la misma. Es una transformacin aparente, pero de una forma vergonzante, sin pies ni cabeza, opina.

Tanto Crdenas, como Cajas destacan el tema de la intraculturalidad, porque va a permitir el desarro-

llo de las culturas a travs de sus propias lenguas; sin embargo el ex Vicepresidente observa que existe una contradiccin entre interculturalidad con un manejo centralizado del proceso, donde el Ministerio de Edu-cacin, el Estado, retoma el control y prcticamente anula el rol de los gobiernos departamentales.

Al respecto, el viceministro de Educacin Supe-rior, Diego Pari, al igual que la ex Ministra del sector, sostiene que es correcto que el Ministerio juegue un papel rector, para manejar una misma lnea que pos-teriormente se ajustar tambin a las particularidades y necesidades regionales, especialmente en aspectos que tienen que ver con las culturas locales, como el bilin-gismo en las diversas lenguas nativas.

Considerando a la educacin como el principal instrumento integrador de la sociedad se ha visto por conveniente su centralizacin para integrar al Estado Plurinacional de Bolivia, pero respetando la diversi-dad de culturas. En lo educativo, especficamente, esto

quiere decir que va a haber un currculum base para todo el pas, con contenidos similares para todos los bolivianos, pero tambin habr un currculum regiona-lizado, por ejemplo para el caso de la materia de cos-movisin indgena, que se dictar de manera particular para cada pueblo, explica Pari.

No hay remedio para los malesEntre las omisiones, Cajas menciona el hecho de que tras haber realizado un diagnstico sobre los grandes males de la educacin en Bolivia, la Ley no especifica qu acciones concretas se van a realizar para superar los problemas y en temas como el de la formacin docente, introduce elementos que pueden inclusive representar un retroceso.

Ese retroceso tiene que ver con que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Avelino Siani, la normal formar a los maestros tanto para la educacin prima-ria, como para la secundaria. Hasta ahora, los educado-res de secundaria eran profesionales egresados de las universidades, lo que garantizaba una formacin posi-blemente ms adecuada en funcin de las demandas de ese ciclo.

Un tema grave es la desvinculacin de las nor-males de las universidades. En toda Amrica Latina las escuelas que dependen del Estado slo forman a pri-maria, las otras que forman a secundaria dependen de las universidades. Adems al poner como requisito que sean egresados normalistas quienes estarn a cargo de

la docencia, se deja fuera a aquellos que tengan estudios universitarios, observa Cajas.

Insiste en la necesidad de un plan que especifique dnde atacar y cmo atacar. Creo que ah no se ha trabajado lo suficiente y no se ataca casi en nada las terribles falencias de la educacin, sobre todo de la superior. Tampoco ayuda mucho el rescate de viejas tradiciones, como es el caso de Warisata, cuando han pasado muchas cosas en el pas y en el mundo, dice.

Adems la ley, contina Cajas, no ha sabido trans-mitir a la sociedad la confianza y el optimismo de que de aqu a cinco aos podremos contar con una educa-cin no solamente ideolgicamente bien orientada sino pedaggicamente bien orientada.

La inamovilidad en cuestinEn la lista de errores, Vctor Hugo Crdenas apunta el de la inamovilidad de los maestros. Y es que con la nue-va Ley la permanencia en la funcin docente no est condicionada por la capacidad. El maestro bueno o el malo, valen lo mismo, nada ms que en el caso de aquel que no cumple adecuadamente con sus funciones, pue-de ser cambiado de distrito y llevarse sus deficiencias a otra parte.

Antes, aade el ex Vicepresidente, haba inmovili-dad, pero tambin incentivos al desempeo de los me-jores, lo que obviamente se reflejaba en la voluntad que ponan los profesores por mejorar sus conocimientos y prcticas magisteriales.

La inamovilidad docente, recuerda Magdalena Cajas, se concibi como un gancho para atraer maes-tros en aquellos tiempos en que pocos eran los que se formaban en la actividad. Los incentivos estaban bien para la poca, pero a estas alturas ya no se justifican.

El viceministro Pari seala que la Ley garantiza la inamovilidad como una demanda histrica de los maestros y asegura que s habr manera de supervisar y evaluar el trabajo de los docentes a travs del nuevo Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa que incorporar procesos de evaluacin y seguimiento a la promocin en la educacin.

La inamovilidad busca evitar que se cometan ar-bitrariedades en el nombramiento y destitucin de los maestros, es decir que se respete el espacio laboral de un maestro que ha ingresado por concurso de mritos. De ninguna manera la inamovilidad encubrir la inefi-ciencia en el cumplimiento de las funciones del docen-te, aade Pari.

Segn Crdenas, el problema radica en que el gre-mialismo vuelve a pisar fuerte en la educacin, ya que las polticas del Ministerio van a estar definidas por las Confederaciones urbanas y rurales. El Consejo Nacio-nal de Evaluacin de la Calidad Educativa (conamed) desaparece y hay una especie de inercia en el trabajo educativo. Pari rechaza esa crtica y sostiene que, por el contrario, la nueva Ley fortalece la institucionalidad en el sector, si los maestros no se apropian de la ley educativa difcilmente la van a aplicar, por lo que se han hecho acuerdos con ellos, lo que no significa que hayan tomado el liderazgo de las decisiones.

Dudas sobre los principiosPara Vctor Hugo Crdenas, la Ley no responde a una propuesta pedaggico- educativa, sino a un proyecto

2da. quincena de enero 2011 / 11

ideolgico poltico, que busca imponer la ideologiza-cin revolucionaria, antiimperialista y descolonizadora, lo cual no significa otra cosa que utilizar la educacin para adoctrinar sobre las ideas que promueve el gobierno.

Por eso, aade, hay monopolio gubernamental en la formacin del docente y la designacin de los maestros, de la primera hasta la ltima escuela. Ya no son los seducas los que designan, sino el Ministerio de Educacin a travs de meras direcciones. Hay una especie de estatalismo en la educacin. En suma, hay control ideolgico, control gremial y orgnico.

Pari defiende esta decisin, porque los seducas ya no obedecan, ni seguan la lnea del Ministerio y eran arbitrarios en la designacin o destitucin de los profesores.

El Viceministro de Educacin Superior afirma que los pilares sobre los que descansa la Ley Avelino Siani son la identidad cultural, porque la educacin deja de ser alienante y con nfasis en la parte productiva, para que la formacin no quede al margen del proceso de transformacin.

Cajas, por su parte, cree necesaria la descentrali-zacin administrativa de la educacin, pero comparte con Pari la decisin sobre el destino de los seducas. Por experiencia propia puedo decir que esas institucio-nes ya no obedecan en nada el mandato del Ministerio de Educacin, principalmente en aquellas regiones que iniciaron primero su proceso autonmico, como Beni, Santa Cruz, entre otras.

La ideologizacin de la educacin no es mala, es un instrumento importante para la difusin de ideolo-gas, pensar lo contrario es ser ingenuo. Otra cosa es el adoctrinamiento a travs de la educacin, cuando esa ideologizacin est cargada de partidismo e impuesta de manera autoritaria, aclara.

FinanciamientoSegn Crdenas, la primera etapa de implementacin de la Ley ser financiada ntegramente con 92 millones de dlares provenientes de los gobiernos de Holanda, Suecia, Dinamarca y Espaa. Lo curioso, seala, es que no hay un solo peso del Estado, lo que eviden-ciara una pobre imagen desde el punto de vista de la pretendida descolonizacin.

Pari, sin embargo, asegura que el gobierno destinar los ms de 5 millones de bolivianos que tiene presupues-tados para educacin en el Tesoro General de la Nacin como contraparte, una cifra mnima si se la compara con el financiamiento de la comunidad internacional.

Demoras en el currculumVctor Hugo Crdenas sostiene que hay demoras en la aprobacin de los nuevos contenidos educativos y que eso determinar postergaciones en la ejecucin de los objetivos de la Ley. Seala que los cuatro ministros que pasaron por el Ministerio de Educacin elabora-ron, tambin, cuatro diferentes diseos curriculares y se conoce el planteamiento desde 5 hasta 15 reas de educacin, lo que demostrara mucha dispersin.

Se dice que el cuarto diseo curricular que lleva adelante el ministro Aguilar no est concluido y que se acabar a mediados de ao, lo que significa que una vez concluido deber ser socializado, luego enseado a las normales a travs de cursos de capacitacin a docentes. Con suerte, todo el proceso, estar concluido a fin de ao para iniciarse en 2012, seala Crdenas.

El Viceministro de Educacin Superior afirma que los programas van a ser muy flexibles. Vamos a seguir cambiando, dice, mientras asegura que la nue-va currcula entra en vigencia en 2011 para primero y segundo de primaria y en 2012 seguir con tercero y cuarto, y as sucesivamente de manera gradual. Asegura que ser un currculum de permanente actualizacin, que ya ha sido socializado y se va a profundizar con todos los sectores involucrados.

Un discurso con poco mensajeLos analistas Mara Teresa Zegada y Fernando Mayorga consideran que los discursos

del Presidente Morales y del Vicepresidente Garca Linera, con motivo decelebrar el primer ao del establecimiento del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia,

no reflejaron la expectativa de la poblacin respecto del momento que se viveni del futuro del pas.

crnica

Mara Teresa Zegada Lo que los ciudadanos estaban esperando en este discurso, en

particular, eran seales que permitan ver cul ser el derrotero del pas en el futuro prximo. En ese sentido, los dis-cursos del Presidente y del Vicepresi-dente del Estado no han dejado mayo-res resultados respecto de la expectativa de la poblacin.

En el contexto, es importante ver que el Gobierno est atravesando por un momento crtico con dos contradic-ciones complicadas: la primera, tiene ver con su relacin con los movimien-tos sociales. La medida de fin de ao ha dejado abierta una zona muy vulnerable y crtica en la relacin gobierno-movi-mientos sociales; se ha hecho evidente que el apoyo no es tan acrtico ni tan incondicional como se pensaba, sino que est cargado de bastantes intereses. La segunda contradiccin, tan o ms importante que la primera, hace refe-rencia a una decisin que deber tomar el gobierno en el mediano plazo, y que consiste en seguir garantizando una sostenibilidad de la economa a travs de medidas de inversin, eliminacin de subvencio-nes, etc., o continuar con la poltica de redistribu-cin directa de los recursos.

Ambas posiciones parecen encontradas y el go-bierno va a tener que tomar una decisin entre se-guir redistribuyendo los recursos o reorientarlos ha-cia un proceso ms sostenible de la economa. Entre esas dos contradicciones se va a jugar el derrotero del pas en los prximos meses. Por lo que cualquier decisin, incluso la cumbre social planteada por el Presidente en su discurso como una espacio de dis-cusin y de bsqueda de soluciones, va estar media-da por ellas.

El llamado a la unidad del pas y la propuesta de evitar las broncas deber estar acompaado de actitudes que muestren la verdadera predisposicin del gobierno de acabar con ellas. Sera importante que se eviten las tensiones con los sectores de oposi-cin y aquellas otras, innecesarias, con instituciones como la prensa o la Iglesia catlica.

Fernando MayorgaNi el Presidente ni el Vicepresidente han dado en sus discursos una respuesta a la coyuntura del pas, que es hacia donde estaba dirigido el inters de la audiencia.

Ha habido, sin embargo, una estrategia dis-cursiva clara, el vicepresidente Garca Linera hizo una especie de interpretacin del proceso poltico, intentando explicar lo sucedido despus de navidad y que caus el enfrentamiento con sectores sociales que son la base poltica del mas. El mensaje del pre-

sidente Morales, en cambio, enfatiz en los aspectos econmicos y trat de hacer una mirada retrospec-tiva a los cinco aos de gobierno, como si quisiera diluir el gasolinazo y los desafos actuales que se presentan para la poltica econmica del pas.

Mientras el Vicepresidente habl de la relacin de antagonismo con algunos sectores de la oposi-cin y de las tensiones que se han presentado con ellos, el Presidente habl de acabar con las broncas e hizo una especie de interpelacin a los movimientos sociales, consciente de que el punto de partida para cualquier despliegue de gestin, de aqu en adelan-te, tendr como requisito la recomposicin de su coalicin interna y, por lo tanto, el restablecimiento de sus lazos con los movimientos sociales. Sin esa recomposicin de su frente interno difcilmente se podrn adoptar polticas a futuro.

Sin embargo, el actual panorama poltico nos muestra que las cosas se han puesto en su lugar. Hasta antes del gasolinazo haba una percepcin errnea del poder del mas y del gobierno. Despus de lo ocurrido en diciembre de 2010, es posible ver los lmites de cualquier poder poltico, as como el grado de autonoma de la ciudadana respecto de las decisiones que toma, ya sea votando en elecciones municipales, generales, o rechazando medidas como fue el caso.

Hemos vuelto al juego poltico, y el juego poltico siempre implica los dilogos de concerta-cin. Cuando el Presidente llama a acabar con las broncas quiere decir, en realidad, sentmonos a dialogar. (dem).

2da. quincena de enero 201112 / debate

Perdidos en su laberintoEdgar Cadima G.*

La Ley Avelino Siani-Elizardo Prez no presenta una verdadera revolucin educativa, sino una apresurada restauracin con remiendosy retoques de la educacin del siglo pasado.

De acuerdo a la Constitucin Poltica del Estado la educacin boliviana constituye una funcin suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligacin indeclina-

ble de sostenerla, garantizarla y gestionarla. (Art. 77.I) y se enmarca en el proceso de cambio de la revolucin democrtica cultural del actual gobierno.

En esa perspectiva, veamos qu se ha hecho en el campo de la educacin desde el ao 2006.

Por una parte, se ha deslegitimado e interrumpido el proceso de la Reforma Educativa implementado des-de 1994. Se puso en la congeladora dicho proceso y no se estableci ningn otro criterio tcnico pedaggico que mejore la calidad de la educacin. Los maestros fueron desorientados y abandonados en su actividad docente. En cinco aos (2006-2010) la educacin bo-liviana funcion con la inercia del impulso anterior, de acuerdo al buen criterio de los maestros y sin un nor-te claro de poltica educativa estatal. Tampoco se con-sider a la educacin como la primera responsabilidad financiera del Estado, sino vanse los Presupuestos Generales de la Nacin de los ltimos aos.

El ao 2006 se llev a cabo el Congreso de la Educacin Boliviana en Sucre y se establecieron cri-terios para una nueva reforma educativa en el marco del proyecto de Ley Elizardo Prez-Avelino Siani, que acaba de sufrir un apresurado proceso de cesrea por tiempo y materia, respondiendo al mandato de su aprobacin hasta fines del ao 2010.

El ao 2008 fue declarado, demaggicamente, como el Ao de la revolucin educativa, pero no se cont con ningn hecho trascendente en materia de educacin escolarizada. Ese ao, con el aporte de algunos indivi-duos autonombrados como sabios, se elabor el nuevo diseo curricular para la reforma educativa enmarcada en la Ley Elizardo Prez-Avelino Siani. Justamente en este momento, los responsables de la educacin nacional comenzaron a perderse en su laberinto.

El nuevo proceso debi iniciarse a fines de 2008, pero se posterg para el ao 2009 con la idea de lle-var adelante una reforma global que abarque todos los niveles y todos los cursos en uno, evitando repetir la tan criticada reforma gradual del 94. Sin embargo, la evidencia de la imposibilidad de un proceso de esa

envergadura, modific la idea de iniciar la reforma en 200 unidades educativas.

De entonces a ahora no se ha presen-tado ningn proceso tcnico pedaggico significativo, por lo que todo parece indicar que lo que comenzar este ao tiene mucho de improvisacin. Documentos van, docu-mentos vienen, aos vienen y aos pasan y la educacin boliviana se encuentra a la deriva, cabe entonces preguntarse Cmo se puede implementar un nuevo proceso de reforma educativa con el enredo principista y conceptual de quienes la dirigen?

Restauracin educativaEl gobierno se precia de llevar adelante una revolucin educativa, pero lo que en reali-dad hace es una restauracin remendada de

varios aspectos de la educacin de principios y mediados del siglo pasado, muchos de los cuales, desde el punto de vista tcnico y pedaggico, fueron superados por la realidad. Veamos algunos casos.

Educacin antiimperialista?El Cdigo de la Educacin Boliviana de los aos 50 ya planteaba la educacin antiimperialista, revolucionaria e inclua otros conceptos ideolgicos que no tuvieron mayor trascendencia. En la actualidad, esa posicin antiimperialista parece una pose demaggica para con-tentar a unos cuantos dirigentes. Es similar a la declara-cin simblica de que Bolivia es anticapitalista, cuando no se ha modificado el ds 21060 que expresa la esen-cia del neoliberalismo y la economa de libre mercado campea en todo el comercio formal e informal.

Una correcta posicin antiimperialista no admite eslogans demaggicos sino el desarrollo de la bolivia-nidad econmica, social y tecnolgica con dignidad y soberana.

Estructura tcnica primaria-secundariaLa Ley Avelino Siani-Elizardo Prez establece la divisin de la educacin escolarizada en dos niveles: primaria y secundaria (6-6). Esa estructura educativa se estableci con la Misin Belga de Georges Rouma hace 100 aos y responda a criterios nicamente ad-ministrativos, sin considerar el desarrollo biolgico y psicolgico de los/las estudiantes.

Por el contrario, la estructura: bsico, intermedio y medio (5-3-4) tena relacin con el desarrollo de los es-tudiantes. El nivel bsico corresponda a la edad infantil, intermedio corresponda a las caractersticas de desarro-llo de los preadolescentes y el nivel medio a los jvenes. Esta fundamentacin bio-psico-social ha sido totalmen-te desconocida por la actual reforma. Un lamentable re-troceso sin mayor fundamento y justificacin.

Educacin productivaConsiderar que la educacin productiva debe realizarse en la escuela es una idea errada, cuando la educacin debe ser desarrollada para el modelo econmico pro-ductivo del pas. Una cosa es contar con talleres y la-boratorios para la orientacin vocacional y otra formar tcnicos en la escuela secundaria. La Ley Avelino Sia-ni-Elizardo Prez busca formar bachilleres tcnico-hu-

mansticos (matar dos pjaros de un tiro?), sin precisar el nivel que alcanzarn esos bachilleres (oficio, auxiliares, tcnico medio o superior). Para lograr ese tipo de ba-chillerato se requiere cumplir con dos aspectos: infraes-tructura y equipos tcnicos en todos los establecimientos educativos (incluidos los del rea rural) y, por otra parte, racionalizar el currculum quitando contenidos y horas a lo humanstico para introducir los temas tcnicos. Es posible esto? La experiencia en educacin no da pautas de que un enredo de dichas caractersticas permita una educacin de calidad, por el contrario, se corre el riesgo de aumentar la mediocridad tcnica y humanstica de los/las bachilleres.

En la lgica que plantea la Ley se percibe la for-macin tcnica de los estudiantes de manera funcional a un modelo productivo extractivista (elitista por la alta tecnologa), de comercio informal (contrabando para la masa) y agropecuario, cuya aplicacin est siendo pre-parada para dentro de tres aos.

Centralizacin administrativa(Direcciones distritales)

La Ley Avelino Siani-Elizardo Prez modifica la es-tructura administrativa y la divide en un nivel central, otro descentralizado y uno autnomo.

A contracorriente con la Constitucin Poltica del Estado y con la Ley de Autonomas, que propugnan la descentralizacin en los diferentes servicios del Estado, se anulan los Servicios Educativos Departamentales (seducas), cuya funcin era, justamente, descentrali-zadora, y se pasa a centralizar la educacin escolar por la va de las Direcciones Distritales dependientes del Ministerio de Educacin, una accin vigente en el C-digo de la Educacin Boliviana el siglo pasado.

Con ello, las autoridades del gobierno central designarn autoridades departamentales, definirn cri-terios tcnico pedaggicos y, finalmente, retrasarn la posibilidad de un profundo y real proceso autonmico.

Desorientacin pedaggicaAl desahuciar el constructivismo por considerarlo neo-liberal, la Ley se enreda en el aprendizaje social de Vi-gotsky (colonialismo?) y deja de lado el paradigma pe-daggico. Una educacin que no cuenta con las lneas pedaggicas precisas da lugar a que cada maestro pueda hacer lo que considere conveniente, en funcin de sus criterios y que todo el proceso educativo nacional sea un activismo sin norte.

Por la informacin con que se cuenta sobre la can-tidad de asignaturas que propugna la nueva estructura curricular, se puede inferir que refuerzan, inconscien-temente, el aprendizaje memorstico del modelo peda-ggico conductista del siglo pasado.

Currculum general y diferenciadoLa Reforma Educativa de 1994, expresada en la Ley 1565, ya sealaba el contenido curricular diferenciado para las realidades departamentales o regionales y el tronco comn establecido como contenidos curricula-res a ser desarrollados en todo el pas. Esa misma lgica se propone ahora con la Ley Avelino Siani-Elizardo Prez. Habr que preguntarse La Reforma Educativa no era acaso un fracaso neoliberal?* Maestra en Educacin y Desarrollo.

2da. quincena de enero 2011 / 1

Qu hace caso a qu? Rafael Lpez V.*

Gran parte de las normas elaboradas en los ltimos aos han sido cambiadas ante hechos contundentes, corresponder ahora amoldar los hechos a las normas, sobre todo si se toma

en cuenta que, adems de nuevas, stas han sido paridas con mucho esmero.

Bartolo de Sassoferrato, jurista italiano del si-glo xii, sugera que la tensin permanente de la norma es si sta debe amoldarse a los hechos

o stos amoldarse a la norma. Tomando la primera cara de la tensin, es decir, el amoldamiento de la norma al hecho, podemos encontrar como ejemplo mximo un momento de reforma constituyente en el que la realidad social ha rebasado las fronteras de la legalidad de forma legtima y por tanto, se ne-cesita adaptar el sistema jurdico a estas realidades. Una vez hecho esto, la legalidad debera funcionar como la cara opuesta, es decir como corrector de las desviaciones del canon jurdico.

Poniendo la figura de la tensin como filtro de nuestra realidad, vemos que en estos ltimos 5 aos hemos cambiado apasionadamente las normas ante hechos contundentes como las demandas autonmi-cas, pero tambin ante hechos difusos como la sus-pensin de autoridades. Se hizo incluso, una lista de aproximadamente 100 leyes, que segn sus autores, asentaran el modelo constitucional y supuestamen-te pasaramos despus de este ritmo maratnico en la construccin de la arquitectura legal a la vivencia misma de un nuevo Estado. Hemos pasado nuestro tiempo mayoritariamente en un lado de la medalla, con cuestionamientos naturales sobre los hechos que motivan la reforma, pero ese es otro debate.

El sentido comn nos dira que ahora corres-ponde amoldar los hechos a las normas, consideran-do adems que stas son tan nuevas y paridas con tanto esmero, que no hacerlo sera como no comer el tan demandado pan recientemente horneado. Sin embargo, hay evidencias de que algunos hechos es-tn nuevamente ignorando el tejido legal 0 kil-metros que tenemos.

Una primera muestra de lo sealado es la pro-mulgada Ley de Lotera y Juegos de Azar que pa-sando por alto la directriz constitucional, crea una institucin de fiscalizacin a cargo del nivel nacional y le da la potestad a ste de reglamentar con decre-to supremo la ley, cuando segn la Constitucin en materia de juegos de azar y lotera, el nivel nacional se limita a promulgar una ley bsica, por tanto, no puede fiscalizar y peor reglamentar, en sntesis, no puede hacer nada atribuible al rgano Ejecutivo. Lo penoso de este caso fue la defensa retrica de la oposicin argumentando que con esta norma el pas se convertira en un prostbulo, en lugar de defender la evidente i