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18 Abogados / Febrero 2012

EN PORTADA PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA PARA MEJORAR LA JUSTICIA

anteriores), en 2010 ya se produjo undescenso del coste total de un 4%, pro-piciado en buena medida por el ámbitode extranjería.

El principal incremento del servicio enlos últimos años se ha producido por lassucesivas reformas legislativas que han idoaumentado el número de guardias y actua-ciones (menores, violencia de género, juiciosrápidos…) e incluso vía jurisprudencial(extranjería o inclusión de la acusaciónparticular), cuyo mandato ha sido asumi-do de inmediato por la Abogacía.

2. Exigencia de cumplimiento de las obli-gaciones de pago por parte de lasAdministraciones y necesidad de pre-supuestos realistas. En los últimos meses se vienen sucedien-do en diferentes autonomías gravesproblemas de demoras e impagos e inclu-so reducción de baremos, frente a los quedesde el CGAE se viene exigiendo y urgien-do, el cumplimiento íntegro y puntual delas obligaciones económicas contraídascon los profesionales de oficio, cuyo bare-mo de pago es, de por sí, muy inferior alcoste de mercado y debe revisarse, máxi-me cuando en muchos casos lleva años sinni siquiera actualizarse con el IPC. Debeevitarse toda demora en el pago a los pro-fesionales y que en ningún caso quedensin cobrar cantidad alguna de ser dene-gado el derecho al solicitante. Lospresupuestos deben ser realistas y conte-ner previsiones que se adapten a la actualrealidad y suficientes para afrontar congarantías y sin dilaciones su coste, en todocaso, los profesionales que desarrollan esteservicio merecen el expreso reconoci-miento, asi como el respeto y consideraciónpor un excelente trabajo.

3. Sostenibilidad del sistema y eventualreforma de la ley vigente.Tras más de 15 años de vigencia de la Leyactual pueden buscarse elementos demejora de la misma que, salvaguardan-do el modelo actual, adapte el servicio a

los cambios sociales, legislativos y eco-nómicos operados durante este tiempo.Deben buscarse fórmulas que permitanahorrar costes en el servicio –sin menos-cabo de derechos- y evitarse la concesiónindebida del derecho, así como otras quepermitan la sostenibilidad del servicio.

4. Interlocución necesaria de la Abo-gacíaEn todo proceso que se lleve a cabo en posde la reforma y mejora del servicio y susostenibilidad, debe participar de formaactiva y principal la Abogacía a través desus diferentes órganos representativos,dado su papel protagonista en la JusticiaGratuita y posición siempre activa en sumejora. Buen ejemplo de ello han sido,en los últimos meses, la implantación, porcuenta de la Abogacía que, además, lo haofrecido gratuitamente a todas las Admi-nistraciones, del expediente electrónicoque ahorra tiempo y costes al sistema ymolestias al ciudadano en la tramitacióndel derecho, o la Carta de Derechos yDeberes del ciudadano en la Justicia Gra-tuita. Por ello es imprescindible unainterlocución directa, inmediata y per-manente entre la Administración y laAbogacía en relación con esta materia.

5. Homogeneidad de los criterios parala concesión del derechoSe ha constatado una importante dispa-ridad de criterios en las diferentesComisiones de Asistencia Jurídica Gra-tuita Provinciales. Razones de seguridadjurídica, igualdad y correcto desempeñodel servicio recomiendan que se profun-dice en conseguir una cierta uniformidadde tales criterios.

6. Gratuidad universal de la asistencialetrada a mujeres víctimas de violenciade género en los primeros trámitesAsesoramiento previo, denuncia y soli-citud de orden de protección. Precep-tividad de la asistencia letrada desde elprimer momento.

7. Implantación de los Servicios deOrientación Jurídica en todos los cen-tros Penitenciarios, con financiaciónpúblicaA pesar de estar acreditada y reconocidasu necesidad y buenos resultados, no exis-ten en todos los centros penitenciarios,ni todos los Servicios de Orientación Jurí-dica existentes gozan de financiación,motivo por el cual algunos de ellos hanido desapareciendo y otros presentan gra-ves problemas.

8. Mayores garantías jurídicas para ladefensa de personas extranjeras.

9. Recomendaciones del V Observato-rio Justicia gratuita.El Observatorio de Justicia Gratuita ensu V Informe contiene éstas y otras reco-mendaciones alcanzadas por expertos dediversos ámbitos jurídicos y sociales parala mejora de un servicio que prestan36.000 abogados 24 horas al día, 365 díasal año –en 2012, uno más al ser bisiesto-en todos los lugares de España. ●

En todo proceso quese lleve a cabo en posde la reforma y mejoradel servicio y susostenibilidad, debeparticipar de formaactiva y principal laAbogacía a través desus diferentes órganosrepresentativos, dadosu papel protagonistaen la Justicia Gratuita y posición siempreactiva en su mejora

Febrero 2012 / Abogados 19

esde mediados de los añossesenta del siglo pasado, laLey de Enjuiciamiento Cri-minal ha venido siendo

parcheada por numerosas y diferentesreformas procesales y penales –desdedentro y fuera de la LECrim- en las quese puede observar una mayor delegaciónde facultades de la investigación en losprocesos penales al Ministerio Fiscal y ala Policía Judicial.

La LECrim data de 1882 y todos lossectores políticos, jurídicos y judicialescoinciden en que no soporta más refor-mas. Solamente desde el año 1978 hatenido 44 modificaciones. El compromi-so del ministro de Justicia, AlbertoRuiz-Gallardón, de llevar al Parlamentoun proyecto para la aprobación de unanueva Ley de Enjuiciamiento Criminal,es por su envergadura, uno de los prin-cipales planes de esta legislatura. Laslíneas adelantadas por el ministro sebasan en someter a plazo el secreto desumario, en el adecuado control de lasintervenciones telefónicas, en la necesi-dad de limitar las situaciones procesalespasivas, en el papel que debe cumplir enla investigación de los delitos una poli-cía judicial moderna al servicio de juecesy fiscales, y en la regulación de la fase deinvestigación a fin de garantizar que estase realice con total imparcialidad y porsupuesto con absoluto respeto a las garan-tías procesales fundamentales.

El último proyecto de procedimientopenal, no viable por el anticipo electoral,recogía un elenco de derechos de la per-sona investigada y del papel del abogadoen el procedimiento judicial que esta-blecía importantes avances en lasgarantías de defensa.

Ante una mayor intervención delMinisterio Fiscal en la instrucción duran-te el proceso penal, desde la Abogacía sepropugna que esta asunción de compe-tencias se realice con la condición de laexistencia de una auténtica igualdad dearmas con el papel desarrollado por ladefensa y la función de los abogados defen-sores.

Para poder hablar de una Justiciaespañola comprometida con la igualdady el derecho fundamental a la defensa, laformación de jueces, fiscales y abogados,no sólo debe ser exigente y suficiente, sinoque debería ser la misma. Este avancesería una actuación excelente para mejo-rar la calidad de la Justicia.

El Consejo General de la Abogacía hamostrado su disposición por la eficienciay eficacia del proceso penal mediante lafirma del Protocolo de Conformidad sus-crito por la Fiscalía General del Estado yel CGAE para establecer un sistema decoordinación entre Fiscalías y Colegios deAbogados con la finalidad prioritaria deanticipar conformidades a un momentoanterior del juicio oral.

Esta actuación promoviendo las con-formidades reduce la carga de trabajo delos órganos judiciales, evita inútiles moles-tias y pérdidas de tiempo a los ciudadanosinvoluntariamente implicados en el pro-ceso penal. Este Protocolo refuerza lasgarantías de legalidad, unidad de actua-ción y protección de la víctima en el ámbitode la conformidad penal.●

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LECRIM: IGUALDAD DE ARMAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

La LECrim data de 1882 y todos los sectores políticos,jurídicos y judicialescoinciden en que no soporta másreformas. Solamentedesde el año 1978ha tenido 44modificaciones

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EN PORTADA PROPUESTAS DE LA ABOGACÍA PARA MEJORAR LA JUSTICIA

l 24 de Abril de 2009 el Con-sejo de Ministros creó unaComisión Institucional paradeterminar, estudiar y pro-

poner los elementos esenciales para laelaboración de una nueva Ley de Demar-cación y Planta Judicial, en la que formóparte Victoria Ortega, secretaria generaldel CGAE. El objetivo era adaptar la Leyde Demarcación y Planta del año 1988,que, si bien había cumplido su función,no responde ya a la realidad social y a laconfiguración actual de la Administra-ción de Justicia ni a las nuevasnecesidades y demandas de los ciudada-nos en el siglo XXI.

El incremento de la población espa-ñola, la concentración de la poblacióndebido a los flujos migratorios, con lasimultánea despoblación de ciertas áreas;el incremento de la litigiosidad en por-

centajes superiores al 100 por ciento enlas últimas décadas, adaptado a los cam-bios socioeconómicos y demográficosexperimentados; la propia modificaciónde su texto en 14 ocasiones con constantecreación de unidades judiciales que, noobstante, no han servido para disminuirel volumen de asuntos; y todo un conjun-to de circunstancias aconsejan, si noimponen, abordar un cambio de modelo.

El trabajo de la Comisión se estructu-ró en cinco recomendaciones principales:superar el Partido Judicial; decisión y orga-nización colegiadas; suprimir los Juzgadosde Paz y crear tribunales de base; creaciónde Tribunales de Instancia; y que la Inves-tigación sea para el Ministerio Fiscal

También se efectuaron una serie derecomendaciones asociadas relativas a laefectiva implantación de procedimientosde solución extrajudicial de conflictos; la

desjudicialización de la función de cons-tancia y publicidad de los estados civiles;una mayor agilización y simplificación delos procesos; concentración de recursos ycreación de una ambiciosa red institucio-nal de colaboración con agentes públicos;actualización del proceso selectivo de jue-ces y fiscales; mayor celeridad en laprovisión de los cargos judiciales; creaciónde un sistema de control de la eficacia delgasto; perfeccionamiento y depuración dela estadística judicial, y maximización delas posibilidades que ofrecen las nuevastecnologías con el establecimiento de unnuevo régimen de formación del personalauxiliar en dicho ámbito. Una reformaimprescindible.●

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a integración de las tecnologí-as de la información en laAdministración de Justicia esuna apuesta imprescindible

para lograr una mejora trascendental en laagilización y calidad del sistema judicial.Sin embargo, la variedad de desarrollos tec-nológicos que se han implantado en lasdistintas comunidades autónomas con com-petencias transferidas en materia de Justicia

han supuesto un importante freno para sucorrecta integración. Y, además, algunasaplicaciones que se han intentado, en algu-nos casos, con alto coste, no han dado elresultado esperado. La modernización tec-nológica de la Justicia sigue siendo un obje-tivo tan imprescindible como inmaduro.

Las siete ciudades españolas donde hansido implantadas las oficinas judiciales “sonun desastre”, por lo que en Asturias no se

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LEY DE PLANTA: PONER EL MAPA JUDICIAL EN EL SIGLO XXI

NUEVAS TECNOLOGÍAS:EN SERIO Y CON UN PLAN RIGUROSO

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