contexto político lunes 15 de septiembre
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Presentación
En distinto escenarios dos gobernadores están en la punta de la picota, se trata
del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Guillermo Padrés de Sonora.
El mandatario poblano recibió un sendo revés por parte de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en el sentido de desmotar su versión que eximia a la
policía estatal de ser responsable del asesinato de un menor el pasado mes de
julio. Mientras que en el caso del sonorense, si de por sí la tragedia
medioambiental que provocó el derrame de tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi
por la empresa minera Buenavista del cobre, subsidiaria de Grupo México, activó
las movilizaciones de la población y del aparato institucional del gobierno federal
para castigar a los responsables, Guillermo Padrés terminó por complicar su
imagen al solicitar la expulsión de funcionarios federales, una vez que se ventiló
en los medios la construcción de una presa en una de sus propiedades.
Son dos casos por separado y bajo aristas diferentes que ilustran una profunda
insuficiencia y de tensión entre las instituciones que dejan mal parados a sus
gobiernos. Moreno Valle y Guillermo Padrés están hasta el cuello de
comprometidos y sus declaraciones solo sirven para empantanar sus respectivas
gestiones.
Otro tema para esta primer quincena de septiembre que resulta clave es la
presentación de firmas que los diversos partidos políticos han promovido para
poder celebrar en junio del siguiente año sus propuestas de consulta popular. El
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el PRD hizo lo propio, así como
los panistas y priistas ya cumplieron su objetivo. El primer punto ya esta zanjado y
ahora será el turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir si
proceden constitucionalmente o no, sobre todo las de los temas energéticos que
encabezan Morena y el PRD y la supresión de algunas diputaciones (100) y 32
senadurías que el PRI ha acogido como estandarte para dicho ejercicio. Serán así
cuatro propuestas de Consulta las que se perfilen. Veremos cuáles avanzan.
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Crisis de gobiernos
Desde que explotó el escándalo por la muerte de un menor de 13 años, José Luis
Alberto Tehuatlie, justo cuando manifestantes del pueblo de San Bernardino
Chalchihuapan, en el estado de Puebla contra elementos del cuerpo de
granaderos de la policía estatal, el gobierno cometió una cadena de errores que
solo terminaron por desacreditar la versión oficial de los hechos y que hoy
confirman un profundo desaseo por limpiar su imagen.
Resulta que la movilización comenzó porque las oficinas del registro civil en dicha
localidad serían retiradas, lo cual representa un serio problema para quienes se
ven en la necesidad de obtener una acta de defunción, se retrasan los trámites y
con ello las exequias, entre otras derivaciones que parecen imposibles de creer en
pleno siglo XXI. Esta garrafal decisión motivó a los habitantes a protestar y como
ya es costumbre la toma de vialidades y bloqueos desquició la autopista Puebla-
Atilxco. Por eso las autoridades respondieron con mano dura, mejor pretexto
imposible para estrena la reciente ley (Ley para Proteger los Derechos Humanos y
Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública) que el gobernador Rafael Moreno
Valle había impulsado para evitar escenarios de tal dimensión.
Después de la muerte del menor, el gobierno se deslindó y echó a andar una
estrategia no solo para contener la crisis, sino para culpar a los propios
manifestantes y grupos infiltrados de ser los responsables. La presión social,
desde la redes sociales y la opinión pública, lo doblegaron, terminó por derogar la
Ley Bala, pero aún así no aceptó su culpabilidad.
Dos meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos por fin entregó
su informe en el que constata que, en efecto, la muerte del menor fue provocada
por el disparo de un proyectil, presuntamente el de uno de gas lacrimógeno. Con
esto, es un duro manotazo al escritorio del gobernador, desmotan su defensa y
desnuda el ominoso aparato que trabajó para limpiarle el rostro. Además asistimos
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al que podría ser un severo golpe a las aspiraciones políticas de un
presidenciable. La sombra de la Ley bala lo seguirá por un buen rato, al tiempo en
que su gobierno tampoco termina por contrastar con las administraciones
encabezadas por el PRI. Moreno Valle confirma la tesis que la estrategia aliancista
obedece a la coyuntura electoral, pero con un profundo vacío de contenido y plan
de gobierno.
Otro de los gobernadores que la está pasando terrible es el sonorense y panista
Guillermo Padrés. El derrame tóxico que provocó la minera Buenavista del cobre,
que pertenece a Grupo México dirigida por el tercer hombre más rico de México,
Germán Larreaga, destapó varias cosas. Primero el exiguo control y supervisión a
este tipo de industrias quedó rebasado, las consecuencias medioambientales,
económicas y por supuesto políticas apenas están floreciendo, la cuantiosa multa
impuesta a GMéxico demuestra la firmeza del gobierno federal, al tiempo en que
ya provocó una reacción temperamental del gobernador. En ese sentido,
Guillermo Padrés solicitó la expulsión de tres delegados federales por su presunta
irresponsabilidad y omisión a los mensajes que advertían de la posible tragedia
ambiental.
La gota que derramó el vaso fue el campanazo que reveló la prensa sobre la
construcción de una presa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad nada menos que
del gobernador. Lo anterior no solo molestó a Padrés sino que puso en entredicho
su relación con el gobierno federal al punto de elevar la discusión en un plano
ajeno a su cause institucional. La reacción del gobierno federal, desestimó el
berrinche de Padrés y lo conminó a limitarse al ámbito de sus facultades, es decir,
la “expulsión” los tres delegados de la Semarnat, la Profepa y de Conagua, no
procedió porque eso compete al Ejecutivo Federal.
El sonorense erró porque además matizó sus acusaciones con cierto tufo de que
los representantes federales están operando electoralmente, cosa que sale de
toda proporción para desviar el problema de fondo. Guillermo Padrés dejó el bajo
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perfil para confrontarse con la federación. Un pleito que además ilustra su dejadez
y que los tiempos políticos ya andan en otra coyuntura. La respuesta del gobierno
federal así lo confirma y la muestra del desdén en el sentido que no hay
condiciones que garanticen un diálogo político entre el gobierno de Sonora y la
federación marcan esa distancia de cara a los comicios intermedios del próximo
año.
Si el panismo de Gustavo Madero no quiere echarse un pleito mayor, será mejor
que atempere a Guillermo Padrés, hasta ahora no se ha visto al dirigente nacional
que se le acerque. Tal vez ya con mayor mesura el gobernador pondrá las cosas
sobre la mesa y si el Ejecutivo federal se decide podría ser muy demoledor que su
presa no cumpla con la normatividad requerida para haberse construido. Es un
problema que seguramente seguirá en las próximas semanas. Habrá que seguir
hasta dónde se extrapolan las diferencias.
Consulta Popular
La fiebre de las consultas populares para el próximo año a propósito que entrará
en juego este instrumento de participación impulsadas por los partido políticos,
como era de esperarse, parece haber llegado para quedarse. Esta medida, no
obstante, se encamina para desvirtuar su esencia y ser una más de las
chabacanerías que los partidos confieren limitaciones como un mero recurso de
legitimidad política para sus banderas y estandartes electoreros.
Este 15 de septiembre venció el plazo para que los institutos políticos deseosos de
proponer una consulta popular presentaran el requisito mínimo de las firmas
estimadas en dos por ciento del padrón electoral, es decir, poco más de un millón
600,761. Pasado este primer requisito seguirá ver si el máximo tribunal de la
nación, la Suprema Corte de Justica, admite la constitucionalidad de las preguntas
planteadas, lo temas, pues, porque los temas excluidos para ser tratados son en
materia de derechos humanos, seguridad nacional e ingresos y gastos del estado,
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dentro del cual entran aspectos de la reforma energética, así como del ámbito
electoral. Entonces las propuestas del PRD, Morena y del PRI ya despertaron la
inquietud y seguramente el debate en la SCJN será el tema que llamará la
atención en las subsecuentes semanas.
Son cuatro ejercicios de consulta popular los que han presentado sus firmas.
Primero el PRD entregó 2 millones 356,664 firmas para solicitar una consulta
popular sobre la revocación de la reforma energética; Morena entregó 2 millones
7,285 rúbricas bajo el mismo argumento. Los panistas entregaron 2.5 millones de
rúbricas para solicitar una consulta sobre el salario mínimo, mientras que el PRI
presentó 1.8 millones de firmas para solicitar la supresión de legisladores
plurinominales.
El asunto de trivializar las consultas populares por supuesto un trasfondo político
en el sentido de erigirse como lema de campaña para los comicios intermedios.
Para las izquierdas se trata también de una rivalidad hermanada por un tema que
ambas propuestas, la de Morena y del PRD, se disputarán al electorado
enemistado con el gobierno federal. Todo parece indicar que de prosperar será
dos preguntas sobre el mismo tema, tal vez si logran convocar a un grueso de la
población será un aliciente en la lucha por revertir la reforma energética, por lo
mientras esta discusión entrará a la Suprema Corte.
Del lado de la propuesta del PAN es evidente que el incremento al salario mínimo
le atrae reflectores y simpatías, pero quedarán rebasados porque el Gobierno del
Distrito Federal y el gobierno de la República ya tiene una propuesta mucho más
acabada, incluso para que se discuta en este periodo legislativo. De la estrategia
del PRI, sin duda, es de las que más polémica ha desatado porque llega en un
momento en que la clase política no goza de buena salud y porque además le
quita reflectores a la izquierda. El verdadero asunto de fondo también obedece al
espinoso tema de la representatividad que muchos partidos tienen gracias a la
designación de espacios plurinominales. De prosperar será un dardo envenenado.
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