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MAYO de 2011 11

Artículo elaborado en el marco del Proyecto “Capacitando comunidades para el ejerci-cio de sus derechos sobre los recursos naturales en Huancavelica”, con el apoyo deHEIFER PERÚ.

Las denuncias y soluciones propuestaspara estos conflictos parecen sacadas deun libreto común: la actividad minera, con-taminante; la prepotencia de las empresasmineras, que inician sus actividades sinrespetar los derechos de las comunidades;el Estado, que pretende solucionar a des-tiempo el conflicto y se parcializa a favorde la empresa minera; la instalación de unamesa de diálogo; la firma de un acta, parael cese de hostilidades; fotos de por me-dio; y listo: conflicto solucionado. ¿Solu-cionado?

Las autoridades solo salen al frente unavez que el caos aparece, y buscan deses-peradamente la firma de un acta como sali-da al problema. No hay ningún trabajo deprevención para evitar los conflictos. Lasuscripción de un papel no es la solución,pero las autoridades insisten en ello.

La minería es una actividad económicaimportante para el país, pero es necesarioque opere cumpliendo reglas que incluyanel respeto de los derechos de las poblacio-nes que se encuentran en su área de in-fluencia, sean comunidades, pequeñosagricultores o habitantes de los pueblos.

Sin embargo, en una muestra más de fal-ta de visión y voluntad para evitar estetipo de problemas, el gobierno aprobó el12 de mayo el D.S 23-2011-EM, Reglamen-to del derecho a la consulta para activida-des mineroenergéticas, contraviniendo loestipulado por el Convenio 169 de la OIT,que establece que cualquier medida admi-nistrativa o legislativa que afecte a los pue-blos indígenas debe ser consultada. Pues-to que el reglamentó no se consultó, esilegal y, por tanto, nulo ipso jure.

Nos preguntamos, entonces, por la res-ponsabilidad del Estado frente a los con-flictos sociales. ¿Acaso es proponer e im-pulsar medidas que vulneren derechos depoblaciones menos favorecidas, como elreglamento recientemente aprobado? Larespuesta es no. Su deber es proponer yejecutar políticas públicas que, con unamirada al futuro, garanticen que los dere-chos de todos los actores —empresas ycomunidades— sean respetados por igual.Ello supone decisión, programas concre-tos, procedimientos, asignación de respon-sabilidades y medidas que garanticen el

ejercicio pleno y sin restricciones de dere-chos por igual.

Respetar el derecho de las comunida-des a ser consultadas sobre decisiones delEstado que afecten sus derechos —espe-cialmente los concernientes al aprovecha-miento de los recursos naturales que seencuentran en sus tierras o cercanos aellas— es medular si se quiere una solu-ción real a los conflictos que surgen porsu explotación.

En este contexto, y estando cerca la elec-ción de un nuevo presidente de la Repú-blica, es necesario recordar que fue el go-

bierno de Alberto Fujimori el que diseñólas políticas que favorecen —en desme-dro de las comunidades— a las empresasmineras hasta el día de hoy. Pero ¿cuálesson las propuestas de los candidatos paraevitar que continúen estos conflictos?Fujimori pretende repetir lo hecho por supadre en los noventa, mientras que Huma-la plantea respetar los derechos de las co-munidades.

En Huancavelica se firmó, el 4 de mayo,una nueva acta y la instalación de unamesa de diálogo. El libreto común de losconflictos no debe continuar.

Al toro por las astas: urge unasolución efectiva a los conflictospor el uso de recursos naturalesEn los últimos días de abril, un nuevo conflicto estalló: los

pobladores y las comunidades de los distritos de Secclla y Lircay(Angaraes, Huancavelica) se manifestaron en contra de la

presencia de la minera Pampamali, que opera en la zona desdehace años, contaminando las aguas de los ríos Sicra y Atuna y

sin haber presentado su proyecto de impacto ambiental.F

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