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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.QUEJOSA: **********.
MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ.
S I N T E S I S
I. TEMADeterminar si es procedente el estudio sobre la constitucionalidad de los artículos 266, 267, 271, 287 del Código Civil y 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de tres de octubre de dos mil ocho -que regulan la tramitación del divorcio incausado- son inconstitucionales, porque no cumplen con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADONegó el amparo al considerar que los artículos 266, 267, 271, y 287 del Código Civil y 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de tres de octubre de dos mil ocho, no contravienen la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, pues regulan un procedimiento sui generis –divorcio incausado- respetando las formalidades esenciales del procedimiento, aunque en diferentes momentos a los procedimientos tradicionales, debido a las prioridades que el legislador estimó, con la finalidad de que con el trámite no se favorezcan mayores deficiencias a fin de obtener el divorcio, evitando mayores problemas con una unión disfuncional y dejando para después los aspectos de alimentos, custodia de los hijos, etcétera.
III. EL PROYECTO PROPONEConfirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado en virtud de que los artículos impugnados no son violatorios de la garantía de
Idéntico criterio sostuvo esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 917/2008 por unanimidad de cuatro votos -ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo- en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil nueve.
audiencia, toda vez que las reformas cumplen con las formalidades esenciales necesarias, pues disponen que la parte demandada debe ser llamada al procedimiento de divorcio, debiéndosele correr traslado con la demanda y documentos anexos, situación con la cual se respeta su garantía de audiencia, pues se le brinda la oportunidad de conocer la cuestión materia de la litis y de las consecuencias del procedimiento, además, la parte enjuiciada tiene derecho a contestar la demanda y a manifestar su conformidad con el convenio, o en su caso a presentar una contrapropuesta, para establecer cuál es la forma en que se deben distribuir los bienes comunes, el pago indemnizatorio, los alimentos, la guarda y custodia y la convivencia con menores e incapaces.
Además, debe mencionarse que los agravios devienen infundados, ya que como correctamente lo sostuvo el Tribunal Colegiado del conocimiento, las disposiciones que regulan el divorcio sin causales no conculca la garantía de audiencia, contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, puesto que, en la reforma citada, el legislador no derogó el artículo 256, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece que una vez presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la parte contra la que se proponga y se les emplazará para que la conteste dentro del término de nueve días, sino que este precepto legal permanece intocado, de ahí que contrario a lo que afirma la recurrente, la aludida reforma no conculca la garantía de audiencia pues se tiene la obligación de llamar al procedimiento del divorcio al cónyuge demandado.
En tal virtud, los artículos aludidos no son violatorios de la garantía de audiencia, toda vez que las reformas cumplen con las formalidades esenciales necesarias, pues disponen que la parte demandada debe ser llamada al procedimiento de divorcio, que se le debe correr traslado con la demanda y documentos anexos, situación con la cual se respeta su garantía de audiencia, pues se le brinda la oportunidad de conocer la cuestión materia de la litis y de las consecuencias del procedimiento, además, la parte enjuiciada tiene derecho a contestar la demanda y a manifestar su conformidad con el convenio, o en su caso a presentar una contrapuesta, para establecer cuál es la forma en que se deben distribuir los bienes comunes, el pago indemnizatorio, los alimentos, la guarda y custodia y la convivencia con menores e incapaces.
IV. PUNTOS RESOLUTIVOSPRIMERO. En la materia de a revisión, se confirma la sentencia
recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** en contra de la autoridad y por el acto señalado en el resultando primero de esta ejecutoria.
TESIS Y JURISPRUDENCIA APLICABLE:AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL.
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.QUEJOSA: **********.
MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.SECRETARIO: JAVIER MIJANGOS Y GONZÁLEZ..
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
diecisiete de febrero de dos mil diez.
Vo. Bo.SR. MINISTRO:
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
COTEJÓ:
PRIMERO. Por escrito recibido el **********, en la Oficialía de
Partes Común en Materia Familiar 13 Plaza Juárez, del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal **********, por derecho
propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión,
en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se
indican:
AUTORIDAD RESPONSABLE:
Juez Décimo Tercero Familiar del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal.
ACTO RECLAMADO:
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
La sentencia definitiva pronunciada el **********, en los autos
del expediente **********, formado con motivo del juicio ordinario
civil promovido por ********** contra la recurrente.
SEGUNDO. La parte quejosa invocó como garantías
individuales violadas en su perjuicio, las consagradas en los
artículos 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, expresó los antecedentes del caso y formuló
los conceptos de violación que estimó pertinentes, entre ellos, los
relativos a la inconstitucionalidad de los artículos 266, 267, 271,
287 del Código Civil y 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272 A,
272 B y 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos
para el Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de tres de octubre de dos
mil ocho.
Los argumentos de inconformidad tendentes a demostrar la
inconstitucionalidad de las normas impugnadas, en esencia,
establecen lo siguiente:
Que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos consagra el principio de supremacía
constitucional, cuya esencia es la autoridad suprema del Código
Político, respecto de cualquier otra disposición normativa
aplicable.
Que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución
Federal, custodia la garantía de audiencia, definida como el
derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad
legislativa, la cual queda obligada a consignar en sus leyes los
procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y
se les dé la oportunidad de defensa en aquellos casos que
resulten afectados sus derechos; por lo que los artículos 266, 267,
271, 287 del Código Civil y 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272
A, 272 B y 685 bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos
para el Distrito Federal, que autorizan la disolución del vínculo
matrimonial ante la petición de uno de los consortes, sin que se
escuche judicialmente en defensa, a aquel que no lo desea,
conculcan la garantía de audiencia.
Que si bien al matrimonio no se le puede considerar como
un contrato civil, sí tiene una naturaleza análoga, porque entre los
derechos y obligaciones que nacen con él, se encuentra: la
contribución a los fines del matrimonio, la vivienda en común en el
domicilio conyugal, la contribución económica para el
sostenimiento del hogar y la autoridad e igualdad en el hogar; por
lo que al estar establecido el matrimonio como una relación
jurídica indeterminada propiciada a través de un acto de
naturaleza análoga a un contrato, es ineludible considerar que su
duración no puede quedar al arbitrio de uno de los consortes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1797 del Código Civil,
aplicado analógicamente.
Que si la reforma a los preceptos tildados del Código Civil y
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
determina que el divorcio puede ser solicitado por uno de los
cónyuges cuando no desee continuar unido en matrimonio y que
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
presentada la solicitud de divorcio, contestada la demanda o no,
se decretara la disolución del vínculo matrimonial; con ello no se
satisface la garantía de audiencia, y se viola en su perjuicio lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley Fundamental.
Que al estatuir la normatividad tildada de inconstitucional
para la procedencia del divorcio, el simple deseo de uno de los
cónyuges, implica la privación de los derechos del demandado
inherentes al matrimonio, sin que para ello sea sujeto a juicio
previo; pues afirma que con independencia de la defensa del
demandado, la sentencia del juicio de divorcio siempre culminará
con la condena de divorcio y por ende la privación de derechos
nacidos del matrimonio.
Que la normatividad tildada de inconstitucional pugna lo
dispuesto en el artículo 14 de la Carta Magna, pues establece el
derecho del demandado de contestar la demanda, pero no evita
la declaratoria de divorcio porque éste siempre se decretará sin
oportunidad para ofrecer y desahogar pruebas, expresar alegatos,
ni de ser sentenciado el demandado congruentemente.
Que los artículos 266, 267, 271, 287 del Código Civil y 255,
fracción X, 260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 bis del Código
de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal,
contravienen lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues permiten la
disolución del vínculo matrimonial con el solo deseo de uno de los
cónyuges, mientras que el artículo constitucional establece a la
familia como núcleo de la sociedad y por ende tiende a preservar
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
las relaciones familiares y considera a los problemas de esa
naturaleza de orden público, con lo cual afirma, los preceptos
impugnados no se alinean al texto constitucional.
Que el concepto de seguridad familiar es un elemento
predominante contenido en el artículo 4° de la Constitución
Federal, que obliga al Estado a la promoción, orientación,
protección y asistencia a la familia, cuyo cimiento afirma, es el
matrimonio; por lo tanto, estima que las causas de disolución del
vínculo matrimonial deben estar precisadas en la ley y más aún
demostradas, por lo que el divorcio es un acto excepcional en el
cual, quien lo solicite debe probar sus afirmaciones respecto de
los hechos que lo motivan.
TERCERO. Por razón de turno le correspondió conocer del
asunto al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito, cuya Presidenta, mediante acuerdo de **********
admitió la demanda de garantías registrándola con el número
**********.
Seguidos los trámites correspondientes, el ********** se dictó
sentencia en la cual se determinó negar el amparo solicitado.
Las consideraciones que sustentan esa resolución, en la
parte que interesa, relativa a la constitucionalidad de los
preceptos reclamados, en síntesis, son las siguientes:
Consideró que los artículos tildados de inconstitucionales no
pugnan con la garantía de audiencia prevista en el numeral 14,
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues regulan un procedimiento sui generis
–divorcio incausado- respetando las formalidades esenciales del
procedimiento, aunque en diferentes momentos a los
procedimientos tradicionales, debido a las prioridades que el
legislador estimó, con la finalidad de que con el trámite no se
favorezcan mayores deficiencias a fin de obtener el divorcio,
evitando mayores problemas con una unión disfuncional y
dejando para después los aspectos de alimentos, custodia de los
hijos, etcétera.
Al respecto, determinó el Tribunal Colegiado, los artículos
reclamados no privan los derechos inherentes al matrimonio sin
previa audiencia, pues la solicitud unilateral sin causa no es
acordada de inmediato, dado que se requiere admitirla a trámite y
otorgar al demandado el derecho de contestarla, máxime que el
procedimiento prevé una audiencia de conciliación y avenencia, lo
cual satisface este derecho.
Sigue diciendo que el divorcio en comento no es procedente
en todos los casos, pues el legislador dispuso que se debe
acreditar la legitimación de las partes, asimismo que a la solicitud
debe acompañarse un convenio para regular las consecuencias
de la disolución del vínculo matrimonial.
A su vez, señaló que el divorcio exprés se decretará una vez
que se haya contestado la solicitud o haya precluido el término
para contestarla, declarándose la disolución del vínculo, juzgando
a priori, lo cual podría parecer violatorio de la garantía de
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
audiencia, empero, no debe perderse de vista que las normas son
preventivas del daño físico y mental del que pudieran ser objeto
los consortes, en caso de excesiva protección al citado vínculo, ya
que la función del Estado no es mantener unidos de forma forzosa
a los cónyuges contra su voluntad, debiéndose acudir al método
de proporcionalidad en la ponderación con base al contenido de
la exposición de motivos de la reformas; lo anterior ante la
concurrencia del derecho de audiencia y excesivo fin de unidad
familiar frente al derecho de integridad física y psicológica de los
seres humanos.
De esta forma, se tiene que, conforme a la teoría en
comento, el divorcio sin causa es admisible, dado que no hay
precepto constitucional que lo prohíba; es necesario, por las
múltiples razones aducidas en la exposición de motivos,
evitándose daño físico y psicológico; y es proporcional, en la
medida en que evita la existencia de violencia y colocar a los
menores en medio de una dinámica poco afortunada, aunado a
que los factores que originan al divorcio hacen inoperantes y
obsoletas las causales previstas en el artículo 267 del Código
Civil para el Distrito Federal, siendo así -el divorcio incausal- una
solución menos dañina para las relaciones disfuncionales, las
cuales son cada vez a mayor escala.
CUARTO. Inconforme con la anterior determinación, la parte
quejosa interpuso recurso de revisión mediante escrito recibido el
********** ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, por lo que
su Presidenta, en acuerdo de ********** remitió los autos a este
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
Alto Tribunal, a efecto de que éste resolviera lo que en derecho
proceda.
El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en proveído de ********** recibió el asunto indicado, lo
registró bajo el número A.D.R. 2446/2009, sin perjuicio del estudio
posterior de los requisitos de importancia y trascendencia que
condicionen su procedencia; ordenando pasar el asunto a la
Primera Sala, en virtud de que la materia del asunto corresponde
a su especialidad.
El Agente del Ministerio Público de la Federación autorizado
por el Procurador General de República para intervenir en el
asunto, se abstuvo de formular pedimento en la sentencia
recurrida.
Por auto de ********** el Presidente de esta Primera Sala
tuvo por recibidos los autos del asunto y ordenó turnarlo al
Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del
presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los
artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II de la Ley de Amparo;
21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Federal, y en relación con los puntos segundo y cuarto del
Acuerdo General número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de
este Alto Tribunal, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo
mes y año, en virtud de haberse interpuesto en contra de una
sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en la que
se aduce la inconstitucionalidad de los artículos 272 A y 272 B del
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y en el
caso, no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en
razón de que debe confirmase la sentencia que se recurre.
SEGUNDO. El recurso de revisión es oportuno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de
Amparo, ya que la sentencia recurrida se notificó, por lista, a la
parte ahora recurrente el **********, la cual surtió efectos el
**********; por tanto, el plazo de diez días para la interposición
del recurso transcurrió del ********** al **********, descontando
los días ********** y ********** y ********** y ********** por ser
sábados y domingos inhábiles, de conformidad con los artículos
23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; por lo que si el recurso fue interpuesto
el **********, es claro que el mismo resulta oportuno.
TERCERO. La promovente tiene legitimación para
interponer el presente recurso de revisión, habida cuenta que lo
hace en su calidad de quejosa.
CUARTO. Por su parte, el recurrente en vía de agravios hizo
valer lo que se expone a continuación.
Que la resolución atacada nada dice de la formalidad
esencial del procedimiento, fincada en el derecho
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
fundamental de desahogar los medios de prueba, el cual, tal
y como lo adujo en la demanda de amparo, vedó el
reformador en los artículos 266, 267, 271, 287 del Código
Civil y 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685
bis del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el
Distrito Federal, reformados mediante Decreto publicado en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de tres de octubre de
dos mil ocho, específicamente en el último párrafo del
numeral 272 (sic) del Código Adjetivo Civil del Distrito
Federal, y que hace nugatorio el derecho fundamental de
audiencia previa del acto privativo.
Que el Tribunal Federal de Amparo no señala de qué
forma el legislador, al proponer la reforma de divorcio
incausado, cubrió la formalidad esencial del procedimiento,
consistente en la oportunidad de desahogar pruebas como
presupuesto a la sentencia definitiva, al no expresar dónde
está contemplada la prerrogativa formal de desahogar las
pruebas propuestas en los escritos de solicitud y
contestación con anticipación a la conclusión del juicio, lo
cual consideró necesario para cumplir con el requisito de dar
congruencia a la resolución recurrida.
Insistió en que el Tribunal Colegiado no expuso los
razonamientos ni los fundamentos necesarios para imponer
como verdad jurídica que el procedimiento de divorcio
incausado, “protege el derecho procesal de desahogar
pruebas, con anticipación al acto de finalización del juicio”, lo
cual acontece con la sentencia que disuelve el matrimonio.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
Además, señaló que el Cuerpo Colegiado no precisó a
plenitud, cuál es la interpretación que corresponde al artículo
272-A, párrafo in fine, el cual señala que en los casos de
divorcio no se abrirá periodo probatorio en relación a las
pruebas ofrecidas en los escritos de solicitud y contestación,
reservando la preparación y desahogo de los medios de
prueba hasta que tengan verificativo los incidentes que en
forma accesoria a la principal se promuevan.
QUINTO. Conforme a lo previsto en los artículos 107,
fracción IX, de la Constitución General de la República y 21,
fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como en los puntos Primero y Segundo del
Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado el veintidós de junio
de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la
Federación, el recurso de revisión que se interponga en contra de
la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito es
procedente cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad
de una ley federal, en la sentencia recurrida se decida u omita
decidir sobre tal cuestión, debiendo limitarse la materia del
recurso a las cuestiones propiamente constitucionales, siempre y
cuando la resolución que vaya a pronunciar la Suprema Corte de
Justicia de la Nación entrañe la fijación de un criterio de
importancia y trascendencia.
El acuerdo precitado en lo que interesa dispone:
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/1999, APROBADO EL VEINTIUNO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.
“ACUERDO:
PRIMERO.- Procedencia
I. El recurso de revisión es procedente contra las
sentencias que en materia de amparo directo
pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito,
si se reúnen los supuestos siguientes:
a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una ley, tratado
internacional o reglamento -federal o local-, o se
establece la interpretación directa de un precepto
constitucional; o bien, si en dichas sentencias se
omite el estudio de las cuestiones acabadas de
mencionar, cuando se hubieren planteado en la
demanda de amparo.
b) Si el problema de constitucionalidad referido en
el subinciso anterior, entraña la fijación de un
criterio jurídico de importancia y trascendencia a
juicio de la Sala respectiva.
Se entenderá que un asunto es importante cuando
de los conceptos de violación (o del planteamiento
jurídico, si opera la suplencia de la queja
deficiente), se vea que los argumentos (o
derivaciones) son excepcionales o extraordinarios,
esto es, de especial interés; y será trascendente
cuando se aprecie la probabilidad de que la
resolución que se pronuncie establezca un criterio
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
que tenga efectos sobresalientes en la materia de
constitucionalidad.
II. Por regla general, se entenderá que no se surten
los requisitos de importancia y trascendencia
cuando:
a) Exista jurisprudencia sobre el tema de
constitucionalidad planteado;
b) Cuando no se hayan expresado agravios o
cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces,
inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre
que no se advierta queja deficiente que suplir;
c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala
correspondiente”.
En este orden de ideas, atendiendo a los antecedentes que
informan el presente recurso, por principio, cabe señalar que en
esta instancia sí subsiste una cuestión propiamente
constitucional, pues en el fallo recurrido el Tribunal Colegiado del
conocimiento fundamentalmente consideró que los artículos 266,
267, 271 y 87 del Código Civil y 255, fracción X, 260, fracción VIII,
272 A, 272 B y 685 bis del Código de Procedimientos Civiles,
ambos para el Distrito Federal, reformados mediante Decreto
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de tres de
octubre de dos mil ocho, no contravienen la garantía de audiencia
prevista en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución
Federal; y ahora en los agravios expresados en el presente
recurso se argumenta lo contrario, esto es, que los preceptos
impugnados de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles,
ambos para el Distrito Federal reformados, son violatorios de la
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
citada garantía, razón por la cual esta Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá que pronunciarse
sobre la constitucionalidad de dichos numerales.
En este sentido, el análisis de la constitucionalidad de los
artículos 266, 267, 271, 287 del Código Civil y 255, fracción X,
260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 bis del Código de
Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal,
reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, de tres de octubre de dos mil ocho, entraña la
fijación de un criterio de importancia, pues sobre el tema no se ha
integrado jurisprudencia.
SEXTO. Por razón de método en la exposición, los agravios
serán examinados en su conjunto dada la estrecha relación que
guardan entre sí.
Al respecto, la recurrente aduce, esencialmente, que los
artículos 266, 267, 271, 287 del Código Civil y 255, fracción X,
260, fracción VIII, 272 A, 272 B y 685 bis del Código de
Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal,
reformados mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, de tres de octubre de dos mil ocho -que regulan
la tramitación del divorcio incausado- son inconstitucionales,
porque no cumplen con la garantía de audiencia consagrada en el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Los razonamientos antes señalados son infundados.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
El precepto constitucional citado, en relación con la garantía
de audiencia, establece:
“Artículo 14. …
Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho”.
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha determinado los criterios contenidos en las tesis
aislada y de jurisprudencia que se citan a continuación:
“AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE
EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE
DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR
PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO
FORMAL SINO MATERIAL. La Suprema Corte ha
establecido que dentro de los requisitos que deben
satisfacer los ordenamientos que prevean
procedimientos que puedan concluir con la privación
de derechos de los gobernados se encuentran los de
ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, con base en
los elementos en que el posible afectado finque su
defensa. En las leyes procedimentales, tales
instrumentos se traducen en la existencia de
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
instancias, recursos o medios de defensa que permitan
a los gobernados ofrecer pruebas y expresar
argumentos que tiendan a obtener una decisión
favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las
condiciones materiales necesarias que permitan
ejercer los medios defensivos previstos en las leyes,
en respeto de la garantía de audiencia, resulta
indispensable que el interesado pueda conocer
directamente todos los elementos de convicción que
aporten las demás partes que concurran al
procedimiento, para que pueda imponerse de los
hechos y medios de acreditamiento que hayan sido
aportados al procedimiento de que se trate, con objeto
de que se facilite la preparación de su defensa,
mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de
los plazos que la ley prevea para tal efecto”
(Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo VII, abril de
mil novecientos noventa y ocho, Tesis P. XXXV/98).
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por
el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al
gobernado la oportunidad de defensa previamente al
acto privativo de la vida, libertad, propiedad,
posesiones o derechos, y su debido respeto impone a
las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en
el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento’. Estas son las que
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
resultan necesarias para garantizar la defensa
adecuada antes del acto de privación y que, de manera
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1)
La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3)
La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con
el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la
indefensión del afectado” (Publicada en la misma época
del órgano de difusión oficial, visible en el Tomo II,
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Tesis 47/95).
Del texto de dichas tesis se concluye que las formalidades
esenciales del procedimiento son aquellas necesarias para
garantizar la defensa del gobernado antes de un acto de
privación. De manera genérica se traducen en los siguientes
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar;
y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones
debatidas.
De acuerdo con las tesis citadas, la garantía de audiencia
constituye un derecho de los particulares frente a las autoridades
judiciales, administrativas y legislativas. En consecuencia, las
normas que regulan los procedimientos judiciales deben contener
las condiciones que faciliten al particular la aportación de los
elementos en que funde su derecho para excepcionarse y ofrecer
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
las pruebas que acrediten esa excepción, así como alegar lo que
a su derecho convenga, de manera que no se produzca un
estado de indefensión, es decir, las leyes que regulan los
procedimientos judiciales deben contener disposiciones que
permitan el respeto a la garantía de audiencia, ya que el
legislador se encuentra obligado a prever en dichos
procedimientos la oportunidad para el ciudadano de defenderse y
de respetar la garantía de audiencia.
Ahora bien, del texto de los artículos 266 y 267 del Código
Civil reformado, se advierte que cuando cualquiera de los
cónyuges reclame el divorcio ante la autoridad judicial
manifestando su voluntad de no querer continuar con el
matrimonio sin que sea necesario justificar la causa por la cual lo
solicita. El cónyuge que unilateralmente lo pida acompañará el
convenio que contendrá la propuesta para regular las
consecuencias derivadas de la disolución del vínculo matrimonial.
De lo expuesto se aprecia que la tramitación del divorcio
tiene dos fases, a saber: A) la no contenciosa, en la cual una vez
cumplidas las formalidades de ley el divorcio se decretará con la
sola voluntad del que solicite sin dar explicación de la causa que
origina esa petición y B) cuando exista oposición de alguno de los
consortes con el convenio se autorizará el divorcio y los puntos
divergentes de éste se reservarán para la vía incidental o en la
controversia familiar.
Cabe señalar que si bien es cierto en la primera etapa, en la
cual no existe controversia, es innecesario que el otro se
18
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
excepcione manifestando su oposición a la disolución del vínculo
matrimonial; también lo es que, ello obedece a que el matrimonio
es una institución del derecho civil que tiene como base la
autonomía de la voluntad de las personas, lo cual implica una
decisión libre de ambas para continuar o no unidas a ese vínculo;
y por tanto, no se priva de defensa alguna al cónyuge que esté en
desacuerdo, con la solicitud unilateral de divorcio, pues si no
existe la voluntad del otro consorte para continuar con el
matrimonio, el divorcio debe autorizarse, puesto que esa decisión
les compete solamente a ellos, razón por la cual no puede ser
motivo de controversia; además, la resolución que la autoridad
judicial llegue a pronunciar no será constitutiva de derechos sino
de carácter declarativo, pues sólo se limita a evidenciar una
situación jurídica determinada como lo es el rompimiento de facto
de las relaciones afectivas entre los cónyuges, lo cual no implica
modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.
Asimismo, los artículos que regulan el divorcio sin causales
cumplen con la garantía de audiencia en el que se observan las
formalidades esenciales del procedimiento, como se advierte de
los numerales 282, 283, fracciones IV, V, VI, VII, y VIII, 283 Bis,
287 y 288, los cuales prevén lo siguiente:
“Artículo 282. Desde que se presenta la demanda,
la controversia del orden familiar o la solicitud de
divorcio y solo mientras dure el juicio, se dictarán
las medidas provisionales pertinentes; asimismo
en los casos de divorcio en que no se llegue a
concluir mediante convenio, las medidas
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia
interlocutoria en el incidente que resuelva la
situación jurídica de hijos o bienes, según
corresponda y de acuerdo a las disposiciones
siguientes:
A. De oficio:
I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo
considere pertinente, de conformidad con los
hechos expuestos y las documentales exhibidas en
los convenios propuestos, tomará las medidas que
considere adecuadas para salvaguardar la
integridad y seguridad de los interesados,
incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá
la más amplia libertad para dictar las medidas que
protejan a las víctimas;
II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título de
alimentos debe dar el deudor alimentario al
cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda;
III.- Las que se estimen convenientes para que los
cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus
respectivos bienes ni en los de la sociedad
conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, cuando
existan bienes que puedan pertenecer a ambos
cónyuges, la anotación preventiva de la demanda
en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares
en que se conozca que tienen bienes;
IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre
los cónyuges se hubieran otorgado, con las
20
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
excepciones que marca el artículo 2596 de este
Código;
B. Una vez contestada la solicitud:
I.- El Juez de lo Familiar determinará con audiencia
de parte, y teniendo en cuenta el interés familiar y
lo que más convenga a los hijos, cuál de los
cónyuges continuará en el uso de la vivienda
familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y
enseres que continúen en ésta y los que se ha de
llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios
para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que
esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de
su residencia;
II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que
de común acuerdo designen los cónyuges,
pudiendo estos compartir la guarda y custodia
mediante convenio.
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar
resolverá conforme al Título Décimo Sexto del
Código de Procedimientos Civiles, tomando en
cuenta la opinión del menor de edad.
Los menores de doce años deberán quedar al
cuidado de la madre, excepto en los casos de
violencia familiar cuando ella sea la generadora o
exista peligro grave para el normal desarrollo de
los hijos. No será obstáculo para la preferencia
maternal en la custodia, el hecho de que la madre
carezca de recursos económicos;
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo
presente el interés superior de los hijos, quienes
serán escuchados, las modalidades del derecho de
visita o convivencia con sus padres;
IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le
exhiban, bajo protesta de decir verdad, un
inventario de sus bienes y derechos, así como, de
los que se encuentren bajo el régimen de sociedad
conyugal, en su caso, especificando además el
título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor
que estime que tienen, las capitulaciones
matrimoniales y un proyecto de partición. Durante
el procedimiento, recabará la información
complementaria y comprobación de datos que en
su caso precise; y
V.- Las demás que considere necesarias”.
“Artículo 283. La sentencia de divorcio fijará la
situación de los hijos menores de edad para lo cual
deberá contener las siguientes disposiciones:
(…)
IV.- Tomando en consideración, en su caso, los
datos recabados en términos del artículo 282 de
este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo relativo
a la división de los bienes y tomará las
precauciones necesarias para asegurar las
obligaciones que queden pendientes entre los
cónyuges o con relación a los hijos. Los
excónyuges tendrán obligación de contribuir, en
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
proporción a sus bienes e ingresos, al pago de
alimentos a favor de los hijos.
V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las
psicoterapias necesarias para corregir los actos de
violencia familiar en términos de la Ley de
Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar y
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de
Violencia para el Distrito Federal. Medidas que
podrán ser suspendidas o modificadas en los
términos previstos por el artículo 94 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
VI. Para el caso de los mayores incapaces, sujetos
a la tutela de alguno de los excónyuges, en la
sentencia de divorcio deberán establecerse las
medidas a que se refiere este artículo para su
protección.
VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo Familiar,
en la sentencia de divorcio, habrá de resolver sobre
la procedencia de la compensación que prevé el
artículo 267 fracción VI, atendiendo a las
circunstancias especiales de cada caso.
VIII.- Las demás que sean necesarias para
garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y
el interés de los hijos menores de edad.
Para lo dispuesto en el presente artículo, de oficio
o a petición de parte interesada, durante el
procedimiento el Juez se allegará de los elementos
necesarios, debiendo escuchar al Ministerio
Público, a ambos padres y a los menores”.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
“Artículo 283 bis. En caso de que los padres hayan
acordado la guarda y custodia compartida en
términos de lo establecido en la fracción II del
apartado B del artículo 282, el Juez, en la sentencia
de divorcio, deberá garantizar que los divorciantes
cumplan con las obligaciones de crianza, sin que
ello implique un riesgo en la vida cotidiana para los
hijos”.
“Artículo 287. En caso de que los cónyuges lleguen
a un acuerdo respecto del convenio señalado en el
artículo 267 y éste no contravenga ninguna
disposición legal, el Juez lo aprobará de plano,
decretando el divorcio mediante sentencia; de no
ser así, el juez decretará el divorcio mediante
sentencia, dejando expedito el derecho de los
cónyuges para que lo hagan valer en la vía
incidental, exclusivamente por lo que concierne al
convenio”.
“Artículo 288. En caso de divorcio, el Juez
resolverá sobre el pago de alimentos a favor del
cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos,
durante el matrimonio se haya dedicado
preponderantemente a las labores del hogar, al
cuidado de los hijos, esté imposibilitado para
trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta
las siguientes circunstancias:
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;
II.- Su calificación profesional y posibilidad de
acceso a un empleo;
III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y
futura a la familia;
IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades
del cónyuge;
V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así
como de sus necesidades; y
VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge
deudor.
En la resolución se fijarán las bases para actualizar
la pensión y las garantías para su efectividad. El
derecho a los alimentos se extingue cuando el
acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en
concubinato o haya transcurrido un término igual a
la duración del matrimonio”.
De lo expuesto se advierte, que es a partir de la
presentación de la demanda y sólo mientras dure el juicio, que se
dictarán las medidas provisionales pertinentes. En los casos, en
los cuales el juicio no concluya por convenio, las medidas
subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el
incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes,
según corresponda; para lo cual el juez deberá dictar las medidas
que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y
seguridad de los interesados, incluyendo la violencia familiar,
donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que
protejan a las víctimas; también señalará y asegurará las
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
cantidades a título de alimentos, podrá dictar las medidas
pertinentes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicio
en sus bienes, ni en los de la sociedad conyugal. Igualmente,
podrá ordenar la anotación preventiva de la demanda en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal y de los lugares en donde tengan bienes, podrá revocar o
suspender los mandatos que entre las partes se hubieran
otorgado (artículo 282).
Una vez contestada la solicitud, el juez determinará –con
audiencia de parte y teniendo en cuenta el interés familiar- lo más
conveniente a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso
de la vivienda familiar, y previo inventario, precisará cuáles bienes
y enseres se ha de llevar el cónyuge, incluyendo los necesarios
para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado,
pondrá a los hijos al cuidado de la persona que de común
acuerdo designen los cónyuges, éstos podrán compartir la guarda
y custodia mediante convenio, y a falta de acuerdo, el juzgador
resolverá tomando en cuenta la opinión del menor.
Igualmente, se establece que los menores de doce años
deberán quedar al cuidado de la madre, excepto cuando ésta
genere violencia familiar o exista peligro grave para el normal
desarrollo de los hijos, el juez resolverá teniendo presente el
interés superior de los hijos, quienes serán escuchados y
requerirá a las partes para que, bajo protesta de decir verdad,
exhiban inventario de sus bienes y derechos, así como de los que
se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, para lo cual
deberán especificar el título bajo el cual se adquirieron o poseen,
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
el valor que tienen, las capitulaciones matrimoniales y un proyecto
de partición.
El numeral 283 del código sustantivo invocado, es claro al
precisar que la sentencia de divorcio debe resolver de manera
definitiva todo lo relativo a los siguientes puntos: la patria
potestad, la guarda y custodia, la convivencia con los
progenitores, la protección contra actos de violencia familiar y
medidas indispensables para corregir esos actos de agresión, el
pago de alimentos, la compensación para el cónyuge dedicado al
hogar, así como las demás condiciones necesarias para
garantizar el bienestar, el desarrollo, la protección y el interés de
los hijos menores de edad.
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 Bis del
mismo ordenamiento, en caso de que los padres hayan acordado
la guarda y custodia compartida, el juez en la sentencia deberá
garantizar que los divorciantes cumplan con la obligación de
crianza.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 287 del aludido
código, en caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo
respecto del convenio y éste no contravenga ninguna disposición
legal, el juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio
mediante sentencia, de no ser así, decretará el divorcio mediante
sentencia, dejando expedito el derecho de las partes para que lo
hagan valer en la vía incidental, exclusivamente en lo
concerniente al convenio.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
Acorde con lo dispuesto por el artículo 288 del mismo
código, en caso de divorcio, el juez resolverá sobre el pago de
alimentos, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: a) la
edad y salud de los cónyuges, b) su calificación profesional, c)
duración del matrimonio y posibilidad de acceso a empleo, d)
colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge, e) los
medios económicos de uno y otro, así como las de sus
necesidades, y d) las demás obligaciones que tenga el cónyuge
deudor. En la resolución el juez deberá fijar las bases para
actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.
Además, el juicio de divorcio sin causales no se sigue de
forma arbitraria, anárquica, ni se torna en inquisitorio, pues para
dictar la respectiva sentencia debe observar el marco jurídico que
lo rige, es decir, de conformidad a lo establecido en el artículo
266, del Código Civil para el Distrito Federal, la disolución del
vínculo matrimonial se puede solicitar por uno o ambos cónyuges,
manifestando que es su voluntad no querer continuar con el
matrimonio, es decir, se otorga un trato igualitario a cada uno,
pues el derecho que tiene uno para solicitar el divorcio también le
asiste al otro.
Por su parte, el código adjetivo de la materia prevé la
parte procedimental del divorcio, de la manera siguiente:
“Artículo 255. Toda contienda judicial, principal o
incidental, principiará por demanda, en la cual se
expresaran:
(…)
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
X.- En los casos de divorcio deberá incluirse la
propuesta de convenio en los términos que se
establece en el artículo 267 del Código Civil, con
excepción de lo preceptuado en el segundo párrafo de
la fracción V del presente artículo, debiendo ofrecer
todas las pruebas tendientes a acreditar la procedencia
de la propuesta de convenio”.
“Artículo 260. El demandado formulará la contestación
a la demanda en los siguientes términos:
(…)
VII.- Se deberán acompañar las copias simples de la
contestación de la demanda y de todos los
documentos anexos a ella para cada una de las demás
partes; y
VIII.- En los casos de divorcio podrá manifestar su
conformidad con el convenio propuesto o, en su caso,
presentar su contrapropuesta, debiendo anexar las
pruebas respectivas relacionadas con la misma”.
“Artículo 272-A. Una vez contestada la demanda, y en su
caso, la reconvención el Juez señalará de inmediato
fecha y hora para la celebración de una audiencia
previa y de conciliación dentro de los diez días
siguientes, dando vista a la parte que corresponda con
las excepciones que se hubieren opuesto en su contra,
por el término de tres días.
Si asistieran las dos partes, el juez examinará las
cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego
se procederá a procurar la conciliación que estará a
cargo del conciliador adscrito al juzgado. El
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
conciliador preparará y propondrá a las partes,
alternativas de solución al litigio. Si los interesados
llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si
procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de
cosa juzgada. En los casos de divorcio, si los
cónyuges llegan a un acuerdo respecto al convenio, el
juez dictará un auto en el cual decrete la disolución del
vínculo matrimonial y la aprobación del convenio sin
necesidad de dictar sentencia.
En caso de desacuerdo entre los litigantes, la
audiencia proseguirá y el juez, que dispondrá de
amplias facultades de dirección procesal, examinará,
en su caso, las excepciones de conexidad,
litispendencia y cosa juzgada, con el fin de depurar el
procedimiento.
En los casos de divorcio, no se abrirá el periodo
probatorio a que se refiere el artículo 290 de este
código, toda vez que las pruebas relacionadas con el
convenio propuesto debieron ofrecerse al momento de
presentarse la solicitud y, en su caso, la contestación a
la misma, por lo que únicamente se ordenará su
preparación y se señalará fecha para su desahogo en
el incidente correspondiente”.
“Artículo 272-B. Tratándose de divorcio, el juez lo
decretará una vez que se haya contestado la solicitud
presentada o en su defecto, haya precluido el término
para contestarla. En caso de diferencias en los
convenios propuestos, el juez, dentro de los cinco días
siguientes, citará a las partes para promover el
acuerdo entre las pretensiones expuestas en los
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
citados convenios. De no ser así, se procederá en los
términos del artículo 287 del Código Civil para el
Distrito Federal, y 88 de este ordenamiento”.
Con base en lo anterior, se concluye que como el tribunal
colegiado lo consideró, las disposiciones que regulan el divorcio
sin causales no conculcan la garantía de audiencia, contenida en
el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, pues
en la reforma citada, el legislador no derogó el artículo 256, del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal1, al
establecer que una vez presentada la demanda con los
documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la
parte contra la cual se proponga y se le emplazará para que la
conteste dentro del término de nueve días, sino que este precepto
legal permanece intocado, de ahí que contrario a lo afirmado por
la recurrente, la aludida reforma no conculca la garantía de
audiencia pues se tiene la obligación de llamar al procedimiento
de divorcio al cónyuge demandado.
En tal virtud, como correctamente lo estimó el Tribunal
Colegiado del conocimiento, los artículos aludidos no son
violatorios de la garantía de audiencia, toda vez que las reformas
cumplen con las formalidades esenciales necesarias, pues
disponen que la parte demandada debe ser llamada al
procedimiento de divorcio, debiéndosele correr traslado con la
demanda y documentos anexos, situación con la cual se respeta
su garantía de audiencia, pues se le brinda la oportunidad de
1 “Artículo 256. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidos, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que la contesten dentro de nueve días.”
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
conocer la cuestión materia de la litis y de las consecuencias del
procedimiento, además, la parte enjuiciada tiene derecho a
contestar la demanda y a manifestar su conformidad con el
convenio, o en su caso a presentar una contrapropuesta, para
establecer cuál es la forma en que se deben distribuir los bienes
comunes, el pago indemnizatorio, los alimentos, la guarda y
custodia y la convivencia con menores e incapaces.
En tales consideraciones, ante lo infundado de los agravios
hechos valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar,
en la materia de la revisión, la sentencia de **********, emitida por
el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********.
Idéntico criterio sostuvo esta Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en
revisión 917/2009 por unanimidad de cuatro votos -ausente el
Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo- en sesión de veintitrés de
septiembre de dos mil nueve.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la
sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a
********** en contra de la autoridad y por el acto señalado en el
resultando primero de esta ejecutoria.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2446/2009.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los
autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca
como asunto concluido.
Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los
señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José
Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero
de García Villegas y Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo.
Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el
Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA:
________________________________________MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
PONENTE:
___________________________________________MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
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SECRETARIO DE ACUERDOSDE LA PRIMERA SALA:
____________________________LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.
En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracciones II, XIV y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
JMG*Lng.
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