alvisegperu - hacia un plan nacional de desarme civil
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La Importancia de implentar un Plan Nacional de DesarmeTRANSCRIPT
Ignacio Salamano – Jimena Pandolfi - Mauricio Vázquez – Valentina Torre
Observatorio de Impacto de Armas de Fuego
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay IELSUR
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HACIA UN PLAN NACIONAL DE DESARME CIVIL
Vengan señores de la guerra, ustedes que construyen todas las
armas (…), ustedes que se esconden detrás de escritorios, sólo
quiero que sepan que puedo ver detrás de sus máscaras (…).
Ustedes que nunca hicieron nada excepto construir para
destruir, ustedes juegan con mi mundo como si fuera juguetito de
ustedes, ponen un arma en mi mano y se esconden de mis ojos y
se dan vuelta y corren alejándose cuando vuelan rápidas las
balas (…). Ustedes ajustan los gatillos para que otros disparen y
luego retroceden y observan.
Bob Dylan, Master of War
¿Por qué es necesario un plan nacional de desarme civil? Uruguay es un país pionero en
políticas de control de armas al punto que su legislación data de la década de 1940. En
este sentido, en el país se han realizado esfuerzos por acompasar la normativa interna a
los estándares internacionales y llevar adelante políticas de control de armas. Sin
embargo, aún falta una propuesta de carácter integral que aborde las políticas de control
de armas como parte de una política pública de desarme y seguridad. Este desafío se
vuelve inminente dada una construcción de sentido en torno a la inseguridad que la
torna central en el debate público. Dada la ausencia de una propuesta que dé cuenta de
la complejidad de la situación se abre el paso a demandas represivas innecesarias y
adversas como como el aumento de la seguridad privada, la justicia por mano propia y
la preocupación de los actores políticos por dar señales mediante políticas penales más
punitivas. Es en este marco que se pretende poner sobre la mesa algunos disparadores
que habiliten pensar con más claridad en torno a esta temática.
i. Breve diagnóstico sobre la presencia de armas de fuego en Uruguay
Según datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RNA), a diciembre del 2012
Uruguay contaba con una cifra de 584.112 armas registradas. Un promedio de un arma
de fuego registrada cada cinco uruguayos. Si bien no es posible precisar la cantidad de
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armas de fuego en el mercado clandestino, estudios internacionales estiman la llamada
“cifra negra” en un arma ilegal por cada una registrada. En el país, este hecho también
se sustenta al observar la procedencia de las armas incautadas por la policía, del total de
las mismas al menos un 15% están debidamente registradas y fueron sustraídas a sus
dueños1. Por lo tanto, de acuerdo a las estimaciones más optimistas, el cálculo sería de
un arma de fuego cada 3 habitantes uruguayos, lo que situaría a Uruguay en la novena
posición del ranking mundial de cantidad de armas per cápita (Army Survey); similar
proporción que Irak, con 32 armas cada 100 habitantes; y muy superior a la de
Colombia, con 6 armas cada 100 habitantes. Las cifras son alarmantes, más si se tiene
en cuenta que Uruguay carece de la tradición bélica de los países anteriormente
mencionados.
Por otro lado, según el RNA, del total de armas registradas, solo un 11% pertenece a
policías, militares y coleccionistas. El restante 89%, está en manos de la población civil
(personas físicas o jurídicas). En 2012 se registraron 5.394 armas, de las cuales el 63%
fueron presentadas por civiles.
Los datos hacen de Uruguay un país con una población civil fuertemente armada que se
traduce en otros números. En 2011, según el Ministerio de Salud Pública (MSP), 578
personas se quitaron la vida en el país. 185 de los casos fueron perpetuados mediante
armas de fuego. De acuerdo al Ministerio del Interior, a su vez, durante 2012 se
registraron 267 homicidios, de los cuales el 60% fueron efectuados mediante armas de
fuego. Estos acontecimientos posicionan al país en décima posición mundial respecto a
tasas de homicidios con armas de fuego2.
Por otra parte, las consecuencias de estos hechos toman relevancias diferenciales según
sea el sexo de la víctima. Dichas diferencias toman una particular importancia en el caso
de la violencia familiar o doméstica. Numerosas son las investigaciones a nivel
internacional que dan cuenta del hecho. Según la organización Small Arms Survey
(2013), en materia de homicidios a mujeres se observa cómo entre el 40 y 70% de los
casos el perpetrador es pareja o expareja de la víctima. En contraste, en el caso de los
1 Ministerio del Interior, Observatorio de Violencia y Criminalidad 2 Global Firearms Deaths (Toronto: Small Arms/Firearms Education and Research Network, 2005)
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hombres víctimas de violencia armada, la mayor parte de los casos ocurren fuera del
ámbito doméstico por autores que no son sus parejas. Uruguay no escapa a esta
realidad, desde el año 2010 a la fecha se observa cómo los asesinatos a mujeres por
parte de sus parejas oscilan entre el 50 y el 60%.3 A su vez, si se analiza el total de
homicidios ejecutados por parte de una pareja se observa cómo el 80% de las víctimas
son mujeres mientras que un 20% son hombres.
Son todas estas cifras las que evidencian una clara necesidad de desarrollar un plan de
desarme civil. Ahora bien, con el fin de alcanzar dicho cometido resta preguntarse ¿Por
qué Uruguay, siendo un país sin conflictos armados, posee elevados niveles de tenencia
de armas de fuego en comparación con otros países de la región? Es una de las
preguntas cuya respuesta se intentará esbozar en el presente artículo.
ii. Entre la tradición y la defensa
Existen muy pocos indicios que puedan dar cuenta de modo íntegro y explicativo por
qué Uruguay se sitúa en el top ten de países con mayor índice de armas per cápita entre
su población civil. Una completa aproximación acerca de la tenencia de armas de fuego
por la sociedad uruguaya, la elabora Thomas Evans4 en su tesis de grado de la
licenciatura de sociología titulada “El sentido de armarse. Una mirada sociológica sobre
la tenencia de armas de fuego en la población civil uruguaya”. A partir de la teoría de la
acción social propuesta por Max Weber5, Evans distingue dos motivos por los cuales
los uruguayos deciden armarse, ni antagónicos ni excluyentes entre sí. Un primer grupo
se refiere fundamentalmente a aquellos que deciden tener un arma de fuego por un
sentido de defensa, y, un segundo grupo, integrado por aquellos que deciden tener un
arma de fuego por un sentido de afinidad (Evans, 2012).
En la primera categoría emergen discursos asociados a fenómenos contemporáneos
sobre seguridad pública. En este caso, el estado de inseguridad (vivida o percibida),
3 Datos del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad:
https://www.minterior.gub.uy/genero/index.php/violencia-basada-genero/estadisticas 4 Evans, Thomas (2012) “el sentido de armarse. Una mirada sociológica sobre la tenencia de armas de
fuego en la población civil uruguaya.” Facultad de Ciencias Sociales, Montevideo. 5 Max, Weber (1992), “Economía y Sociedad”, FCE, Ciudad de México.
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otorga sentido a adquirir un arma de fuego y se orienta fundamentalmente a una idea de
defensa personal. En este sentido, resulta pertinente señalar que, en estos casos, se trata
de un estado de inseguridad percibido y no un estado de inseguridad fáctica.
A partir de varios estudios como los de Rafael Bayce6 y Gabriel Kessler7, es posible
determinar la importancia de la construcción social de la percepción de inseguridad.
Kessler considera a la inseguridad subjetiva como un problema autónomo, separado de
la seguridad objetiva. “El miedo al delito en una sociedad, en un período determinado,
es el resultado de un proceso sociocultural cuya relación con la inseguridad objetiva no
es del orden “representación-realidad” (Kessler PNUD, 2008: 107) Asimismo, Bayce
cree necesario comprender que la inseguridad percibida no es menos real que la fáctica
pues orienta las creencias, actitudes y elecciones de los ciudadanos. “Corresponde pues
preocuparse de ambas, de la fáctica objetiva y de la subjetiva objetivable (…) el
combate a cualquiera de ellas tendrá poca influencia en la otra, porque nacen de
causalidades y construcciones muy distintas.” (Bayce, 2010:27)
Desde aquí, resulta relevante preguntarse acerca de algunas consecuencias que devienen
de esta construcción social. En definitiva, debemos desentrañar la percepción de
inseguridad pues, como observa Bayce, es un negocio político y económicamente
perverso. Es menester precisar que no necesariamente esto es producto de
intencionalidad de actores protagónicos sino que también son consecuencias de la
convergencia y acumulación de rasgos institucionales. No obstante, es inevitable
analizar la participación y el rol clave de algunos agentes como por ejemplo los medios
de comunicación. De forma similar, Kessler agrega que debemos indagar acerca de la
cultura de seguridad planteada, pues la misma instala algunos niveles de inseguridad
objetiva provocando comportamientos de control (articulados con demandas políticas)
muchas veces innecesarios. Es decir, puede tener consecuencias políticas preocupantes
como el impulso de políticas penales más punitivas.
6 Bayce, R. (2010) “Creando inseguridad: modelo para la construcción social de la desmesura”, Facultad
de Ciencias Sociales. 7 Kessler, G. (2008) “Inseguridad subjetiva: nuevo campo de investigación y de políticas públicas.”,
PNUD, Argentina.
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En el segundo grupo de motivaciones para decidir obtener un arma, según Evans, se
encuentran personas cuya idea de “armarse” o de tener un “arma” obedece
fundamentalmente a apegos a una determinada cultura basada en tradiciones.
Expresiones como “las armas siempre estuvieron”, “el país se hizo con armas”, “son
algo de toda la vida” o “es algo natural”, son ejemplos de los conceptos emergentes en
cada una de las entrevistas de su investigación, fundamentando así el sentido de afinidad
(Evans, 2012). Asimismo, dentro de este grupo, el arma de fuego figura en una
dimensión recreativa, ya sea para la caza, la colección, o la práctica de tiro.
Entonces, resulta necesario explorar las bases históricas que pueden haber estado
operando en esta cultura de la afinidad. Sin ahondar en detalles, una vasta literatura
acerca de nuestra historia permite constatar, a lo largo de todo el siglo XIX, una era de
fuertes conflictos armados y profunda inestabilidad política en un territorio, que a partir
de 1830 recibirá el nombre de República Oriental del Uruguay.
A este escenario, caracterizado por confrontaciones bélicas imperiales en la región,
también corresponde una sociedad donde la resolución de conflictos se encuentra
fuertemente marcada por el uso de la fuerza y el castigo del cuerpo, tanto a nivel
público como privado. A propósito, dice Barrán8, relatando el cuadro de fenómenos del
Uruguay del siglo XIX, que la violencia sobre el cuerpo es la forma legítima de castigo
entre la sociedad uruguaya “bárbara”.
Una rápida lectura de acontecimientos durante los siglos XVIII y XIX revela un
territorio que desde sus inicios atraviesa constantes disputas bélicas por la expansión de
fronteras de los imperios español y portugués, y más adelante entre argentinos y
brasileros. En la coyuntura interna, a su vez, los habitantes que poblaban esas tierras
disputadas también estaban divididos por distintos conflictos, vinculados o no a la lucha
por delimitaciones geográficas.
Es a partir de la Convención Preliminar de Paz, intervención inglesa mediante, que se
crea un nuevo estado en la región. Nace la República Oriental del Uruguay, un estado
8 Barrán, José Pedro (1997) “Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo I, La Cultura Bárbara:
1800-1860”. Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay.
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tapón fundado, tal como señala Gerardo Caetano9, precediendo a los uruguayos, que
pasan a componer una sociedad marcadamente dualizada (campo-ciudad) y carente de
un proyecto hegemónico de nación. Es así que durante los primeros 40 años siguientes a
1830, puede apreciarse la continuidad de una matriz belicosa que ahora atestigua el
enfrentamiento entre blancos y colorados, y se expresa de forma ecuánime con la
Guerra Grande; y más tarde con el último levantamiento de Aparicio Saravia. Será a
partir de 1870, con el militarismo de Latorre, que el “orden” se irá estableciendo en el
territorio sentando las bases del estado moderno. Todo ello dará cimiento material e
ideológico al primer batllismo que, a través de determinados pactos y equilibrios
sociales, consolidará un proyecto hegemónico en el Uruguay de los primeros treinta
años del siglo XX.
Será recién en la década de 1960, con el agotamiento de una matriz de acumulación, la
crisis del sistema político, y sobre todas las cosas, el colapso de ciertos pactos sociales
que durante gran parte del siglo XX hacen posible la viabilidad de un proyecto político
cimentado en la paz y convivencia democrática, que las armas de fuego (guerrilla
armada y ejército), vuelven a entrar en la agenda cotidiana del Uruguay.
A modo de conclusión, las razones por las cuales los uruguayos deciden armarse son
complejas, históricamente situadas y de diversa índole. Un plan de desarme civil deberá
tomar en consideración a todas ellas si posee como objetivo dar una respuesta integral a
la problemática.
iii. La necesidad de desarmarse
Desde el modo en que a lo largo de la historia se ha ido conformando un modo de
resolución de conflictos centrados en el ejercicio de la violencia mediante armas de
fuego hasta las formas en que hoy en día se construyen las percepciones en torno a la
seguridad se configuran un entramado de relaciones que dan lugar a una cultura
fuertemente armada en Uruguay. Las consecuencias de estos acontecimientos quedan en
evidencia al observar los índices de homicidios, suicidios y heridos con armas de fuego
9 Caetano, Gerardo y Rilla, José Pedro (1994) “Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al
Mercosur”, CLAEH
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en el país. En este marco, se torna indiscutible la necesidad de implementar un plan
nacional de desarme civil.
En la región, existen experiencias de implementación de dichos planes con resultados
sumamente positivos. Ya se tiene la experiencia acumulada de que la política represiva
y de enfrentamiento no ha hecho más que aumentar los índices de violencia y
corrupción en nuestras sociedades.
Brasil es un claro ejemplo de lo señalado anteriormente. Según Daniel Luz asesor
regional del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el período
desde 2003 (año en que se comienza a implementar el plan de desarme) a 2006 se
redujeron las muertes con armas de fuego en un 12 % en dicho país. Esto significó que
se salvaron unas 25 mil vidas por muertes de este tipo. De acuerdo al Informe de Planes
de Entrega Voluntaria de Armas en la Región (PEVA) realizado por el BID, la
recolección de las armas influyó en la baja del 16% de suicidios con armas de fuego
entre el 2004 y 2007. Los PEVA se han acompañado con una legislación más dura para
el tráfico ilegal de armas, el porte ilegal de las mismas, la prohibición de la venta a
menores de 25 años de edad, entre otras medidas. Estas campañas también son apoyadas
con un fuerte despliegue audiovisual, incentivando a los ciudadanos a entregar sus
armas en lugares especialmente dispuestos para ello. Las armas se cambian por una
suma de dinero (según el estado del arma y el calibre). Las mismas son destruidas en el
momento y en presencia de quien las entrega de forma anónima. Cabe destacar que un
plan similar se viene llevando a nivel nacional en Argentina, mostrando buenos
resultados en la baja de homicidios y heridos con armas de fuego10.
Los indicadores siguen siendo preocupantes y los efectos de los PEVA se han
constatado en regiones y ciudades donde hay fuerte presencia del Estado. Los planes de
desarme voluntario en estos países están demostrado ser un paliativo a la violencia en
general, pero deben ser acompañados de planes regionales integrales que, como se
menciona anteriormente, contemplen un cambio de paradigma en el combate al crimen.
10 http://www.desarmevoluntario.gov.ar
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En conclusión, los planes de desarme civil en la región muestran resultados positivos y
trazan un camino a seguir en un contexto nacional que amerita una acción de carácter
urgente pero que no deje de lado las complejidades propias del fenómeno en el país.