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  • 7/28/2019 Alerta Urgente TPP Inversiones

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    1Alerta Urgente

    Urgente No 16 - Mayo de 2013

    TPP Y PROTECCINDE INVERSIONESHecho el depsito legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2013-06957

    Superderechos de los inversionistas ponen en riesgo

    la salud pblica y la capacidad reguladora del Estado

    Es empo de revisar nuestra polca de atraccin de inversionesEl Per viene parcipando de las negociaciones del Acuerdo deAsociacin Trans Pacco (TPP por sus siglas en ingls), un nuevotratado comercial entre, hasta el momento, 11 pases, incluyendo aEstados Unidos, Mxico, Canad, Per, Chile, Singapur, Brunei, Australia,Nueva Zelanda, Vietnam y Malasia. Las negociaciones de este acuerdocontemplan un importante captulo de proteccin de las inversionesy la incorporacin de un mecanismo de arbitraje que permite a losinversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales sinpasar por la juscia nacional.Este po de sperderechos surgen a parrde los Tratados Bilaterales de Inversin y Tratados de Libre Comercio(TLC), que establecen que los empresarios extranjeros pueden recurrir atribunales internacionales, tales como el CIADI (Centro Internacional deArreglo de Diferencias Relavas a Inversiones) o el UNCITRAL (Comisinde las Naciones Unidas para el Derecho Mercanl Internacional). Estemecanismo ya est incluido en otros acuerdos que ha rmado el Per,como el TLC con Estados Unidos y otros Acuerdos Bilaterales de Inversin(BIT). Pero a la luz de la experiencia cabe preguntar si debemos reforzar y

    ampliar este modelo de atraccin de inversiones que viene generando serios problemas a los Estados, o es empo de evaluarlo y corregirlo.

    Malas experiencias: ambiente y salud amenazados

    Cada vez son ms los inversionistas que recurren a los captulos de Proteccin de Inversiones de los acuerdos internacionales para llevara los Estados al banquillo de los acusados cuando alguna decisin administrava, legislava o judicial afecta de una u otra manera susexpectavas de ganancia. Un reciente informe de la UNCTAD (Conferencia delas Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) advierte queen el 2012 se iniciaron 62 nuevos casos de demandas de arbitraje de inversionistas contra Estados. Nunca hubo ms demandas en un soloao. Los inversionistas privados ya han obtenido 3,000 millones de dlares de los contribuyentes a travs de este po de mecanismos, y lasdemandas pendientes de resolucin suman ms de 15,000 millones de dlares.

    Este rcord muestra una creciente tendencia donde los inversionistas evaden la juscia nacional, y va los arbitrajes cuesonan decisiones

    legmas de los Estados en temas de salud pblica, medio ambiente, entre otros.

    Industrias Extracvas vs.EstadosCaso Doe Run vs. Per

    En el 2010 la empresa norteamericana Renco Group/Doe Run Per inici una demanda contra el Estado peruano por 800 millones de dlares,al amparo del Tratado de Libre Comercio Per Estados Unidos. Como se recuerda, esta empresa operaba un centro minero-metalrgico enla ciudad de La Oroya, considerada una de las 10 ms contaminadas del mundo. Doe Run haba solicitado varias prrrogas para ejecutar su

    Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA), pero a pesar de ello no culmin con la construccin de una planta de cido sulfricoque garanzaba un aire ms puro para la poblacin. Ante la negava del gobierno de extender el PAMA una vez ms, la empresa alega nohaber recibido un Trato Justo, lo que constuira una violacin del arculo 10.5 del Captulo de Inversiones del TLC Per EE.UU. (Nivelmnimo de trato).

    Este caso muestra cmo una empresa que ha incumplido de manera sistemca sus obligaciones ambientales y que ha generado gravesimpactos en la salud de la poblacin, se encuentra amparada por los mecanismos de proteccin de las inversiones y puede hacer uso del

    mecanismo de arbitraje establecido en el TLC.

    Farmacucas vs. EstadosCaso Eli Lily vs. Canad

    La trasnacional farmacuca de origen estadounidense, Eli Lilly and Company, entabl una demanda por 100 millones de dlares contraCanad, amparada en el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN).

    Eli Lilly realiz la demanda luego de que un tribunal canadiense invalidara los derechos monoplicos de la empresa relavos a su medicamento

    Straer para tratar el trastorno de dcit de atencin por hiperacvidad (TDAH) ya que determin que el medicamento no proporcionaba losbenecios promedos por la compaa al obtener la patente.

    Cada vez ms inversionistas globales ulizan

    los mecanismos de arbitraje y proteccin

    de inversiones para bloquear la capacidad

    reguladora de los Estados en temas de Salud

    Pblica. El Per, en el TPP que negocia con

    hasta el momento 10 pases de Asia y el

    Pacfco, podra incorporar nuevamente estos

    mecanismos. Pero casos como el de La Oroya

    y otros ejemplos internacionales nos muestran

    que es necesario reconsiderar este modelo de

    atraccin de las inversiones.

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    La empresa sosene que el rechazo a una patente de medicamentos constuye una expropiacin de sus derechos de propiedad protegidosen el TLCAN. Esta tcca de Eli Lilly es el primer intento de una empresa farmacuca de aprovechar los privilegios para los inversionistas enel marco de un acuerdo comercial, como herramienta para presionar por mayores protecciones a las patentes, que aumentan el costo de

    los medicamentos para los consumidores y los gobiernos.

    Tabacaleras vs. EstadosCaso de Philip Morris vs. Uruguay

    En el 2005, Uruguay decidi seguir las recomendaciones de la Organizacin Mundial de la Salud, y se adhiri al convenio marco para elcontrol del tabaco. A parr de ello, promovi una serie de reformas para combar el consumo del cigarrillo, cuyas enfermedades asociadasconstuan una de las mayores causas de mortalidad en ese pas.

    Algunas de las medidas tomadas por el gobierno fueron la prohibicin de vender disntos pos de presentaciones de una misma marca decigarrillos, la difusin de imgenes de advertencia sobre el riesgo de fumar que deban ocupar el 80% de la caja de cigarrillos, el aumento deimpuestos, la prohibicin de la publicidad de cigarrillos en los medios de comunicacin, y del patrocinio que hacen las marcas de tabaco encualquier po de eventos.

    En el 2010, la mulnacional Philip Morris, principal empresa productora de tabaco a nivel global (propietaria de siete de las veinte marcas defbrica globales de cigarrillos), demand ante el CIADI al Uruguay por un monto de USD 2,000 millones de dlares alegando una violacin delTratado Bilateral de Inversiones entre Suiza y Uruguay.

    La empresa arma que la aplicacin de la reforma (mediante el Decreto N 287/09, la Ordenanza Ministerial N 466/09 y la resolucin delMinisterio de Salud Pblica N 514/09) lesion sus intereses expropiando su propiedad intelectual sin compensaciones y no fue tratada deforma justa y equitava. Philip Morris alega que la aplicacin de estas normas le provocara una prdida sustancial del mercado. Argumentaque al exigir equetas contra el tabaco de un tamao que no permiten mostrar las marcas, Uruguay est indirectamente expropiando -sin

    compensacin- una inversin de origen suizo, protegida por el Acuerdo.

    S hay alternavas: nuevos modelos para la regulacin de inversiones

    Este modelo de proteccin de inversiones viene siendo cuesonado y revisado, pues se considera que no es la nica manera de atraercapitales para el desarrollo de nuestras economas.

    En la propia negociacin del TPP hay pases con posiciones diferentes. Existen propuestas alternavas en la mesa de negociaciones, que elPer debera acompaar. Australia, por ejemplo, se ha negado pblicamente a ser parte de un sistema de solucin de diferencias inversionista-Estado en el TPP o en ningn otro acuerdo comercial. Recientemente, Nueva Zelanda ha propuesto la inclusin de una Exclusin General,para resguardar su capacidad reguladora del Estado y acotar el mbito de estas demandas, tomando como base el arculo XX del GATT, unacuerdo comercial previo a la Organizacin Mundial del Comercio. Esta exclusin general plantea que el acuerdo no debe impedir que losEstados adopten medidas importantes en diversos campos, como la salud y la vida de las personas, animales y vegetales, la conservacin delos recursos naturales agotables o materias primas nacionales, o la preservacin de bienes culturales.

    Ms an: recientemente Sudfrica ha anunciado que evitar aceptar este rgimen, y un pas como Brasil la principal economa de AmricaLana nunca ha suscrito este po de mecanismos. En tanto, otros pases de nuestra regin ya han anunciado e incluso iniciado acciones

    legales para rerarse de la competencia de este po de tribunales de arbitraje, tales como Argenna, Ecuador y Venezuela con respecto alCIADI (el tribunal asociado al Banco Mundial).

    Someterse a tribunales internacionales que protegen a los inversionistas pero desprotegen a los ciudadanos y ciudadanas no es la nica nila mejor alternava para atraer capitales e impulsar el desarrollo. La experiencia nos indica que es posible y necesario replantearse estosmecanismos a n de garanzar la capacidad reguladora de los Estados.

    Acciones Urgentes

    Deben establecerse pblicamente y al ms alto nivel del Ejecuvo lneas rojas en materia del rgimen de inversiones que promueve elTPP, de manera que se resguarde la capacidad reguladora del Estado en materia de Salud Pblica y regulaciones ambientales necesarias.

    Deben incluirse medidas especcas que permitan acotar los mecanismos de proteccin de inversiones. Para ello, debe tomarse encuenta la posicin presentada por Nueva Zelanda en esta negociacin, que busca incorporar la Excepcin General del Arculo XX del

    GATT para el resguardo de la salud pblica, las regulaciones ambientales y otros de inters nacional. Se debe evaluar con mucha atencin la posicin de Australia en esta negociacin, que busca exceptuar la incorporacin del mecanismo

    de demanda inversionista Estado del Acuerdo.

    Debe abrirse un espacio de discusin pblica acerca de la pernencia de estos mecanismos de proteccin a las inversiones, considerandoque el pas se encuentra en un proceso de mejora y modernizacin de sus instrumentos de gesn ambiental, as como de reforma yampliacin de los servicios de salud pblica, que podran verse obstaculizados por esto sperderechos de los inversionistas.

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