Nº 81 Bogotá, ColombiaValor $500 Junio de 2011

Alcaldesa: Retire el proyecto de privatización y nombre un gerente que fortalezca la ETB como patrimonio público de los bogotanos

“Resultaría incomprensible que permita que las sesiones extras se desarrollen para este nefasto propósito, creemos que los ponentes ni siquiera deben posesionarse y menos hacer ponencia al respecto. Permitirlo es darle oportunidad a los privatizadores que acechan

a esa importante entidad desde hace lustros, y que saben que genera importantísimas utilidades, las que en vez de ir para logros sociales irán a parar en las arcas de los monopolios”. Carta de la CUT / p. 7

Concluye conflicto en C.I. Splendor Flowers

Se consolida la estabilidad laboral de los provisionalesEsta batalla por la estabilidad laboral no ha terminado, las normas legales y legítimas aprobadas tienen enemigos dentro y fuera del Estado. Se hace necesario que cada provisional se apropie de lo aprobado, que junto a su organización sindical y la CUT, exija su cumplimiento inmediato. Preparemos una gran movilización nacional a la Cnsc para que se someta a lo aprobado. La hono-rable Corte Constitucional deberá entender que el actual acto legislativo que ampara a los provisionales, que son más de 120 mil empleados públicos, desarrolla los principios del mérito con-sagrados en la Carta Magna y la Ley 909 de 2004. / p. 9

Acuerdo entre Gobierno y Fecode

El pasado 23 de mayo terminó el período de concertación del pliego de peticiones presentado al Gobierno Nacional por la Federación Colombiana de Educadores, Fecode; concertación adelantada en el marco del Decreto 535 de 2009 que regla-mentó la concertación con los empleados públicos. Esta vez el Gobierno y el magisterio sindicalizado lograron un acuerdo después de 40 días de negociaciones. Es un acuerdo con temas positivos, que representan conquistas importantes, pero también con peticiones no resueltas que se tienen que seguir “peleando” con la movilización de los educadores. / p. 12 y 13

Después de 200 días de permanencia, los trabajadores de C.I. Splendor Flowers liderados por su Organización Sindical, Sintrasplendor, llegaron a acuerdo de reconocimiento de de-rechos laborales. Movimiento que fue posible gracias a la so-lidaridad de muchas organizaciones sindicales y sociales que contribuyeron con la manutención de los huelguistas en las largas jornadas de frio, inclemencia del tiempo, presión empre-sarial y desidia de los entes gubernamentales. El Ministerio de la Protección Social, desde la territorial Cundinamarca hasta el Viceministro del Trabajo, no actuó como le corresponde. / p. 6

Aspecto de la movilización de los trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) frente al Concejo capitalino, el viernes 17 de junio.

2 Nº 81, junio de 2011dere chos humanos

July González Villadiego

Dpto. Mujer DD.HH. y SoliDariDaD

“Me van a matar”, repetía una y otra vez Ana Fabricia; una de las tantas víctimas de la violencia política en Colombia. Esta frase retumbó en muchos esce-

narios; Ana Fabricia tocó las puertas de las autoridades gubernamentales locales; las autoridades de policía; la Fiscalía General de la Nación; la Vicepresidencia de la República; pero no la escucharon. No la escucha-ron y ¡la mataron! Esta, como muchas otras, fue una muerte anunciada.

En los distintos eventos don-de participó Ana Fabricia nos repetía, una y otra vez, que la iban a matar. Denunció el ase-sinato de varios miembros de su familia. Hace dieciséis años en el Urabá Antioqueño, los paramilitares cegaron la vida de su esposo, la expropiaron de sus tierras y, tiempo seguido, asesinaron a dos de sus hermanos, lo que la obligó a desplazarse a la ciudad de Medellín.

A esta negra chocoana no le tembló la voz para denunciar estos crímenes y para exigir

justicia. Esa justicia que nunca llegó. Por el contrario, como si quisieran acabar con todos los miembros de su familia, le asesinaron a su hijo Jonathan, de escasos 19 años.

Ana Fabricia siempre denunció que a su hijo lo asesinó la Policía, pero el Gobierno nunca la escuchó. Y digo, nunca la escuchó, porque autorizaron al organismo de seguridad del

Estado que, según Ana Fabricia asesinó a su hijo, para que hicie-ra el estudio de seguridad. Un estudio que muy seguramente arrojaría el resultado de “ordi-nario” como muchos otros; lo que no hubiese permitido que le asignaran seguridad para proteger su vida.

Rechazamos que el Gobierno Nacional siga insistiendo en que Ana Fabricia no aceptó la seguridad. ¿Cuál seguridad?, esa misma que, al igual que

los demás miembros de su familia, terminó con su vida.

Hoy, las mujeres trabajadoras denunciamos el incremento de la violencia contra las mu-jeres. Los índices que las investigaciones revelan, son alarmantes. Se asesina a las mujeres por su ideología y opinión política; se asesina a las mujeres que se organizan para exigir sus derechos, y se sigue asesinando a las mujeres que lideran procesos de recupe-ración de tierras, y que transgreden la cultura impuesta que las excluye y discrimina.

El gobierno de la “Prosperidad Democrática” pregona el respeto por los derechos huma-nos pero, a su vez, no los garantiza. No basta con proyectar por los medios de co-municación, el “respeto por los derechos” o manifestar que estamos mejorando, cuando la práctica muestra lo contrario. Mientras en Ginebra vociferaban los “avances” en derechos humanos y la disminución de la violencia contra el sindicalismo, en Colombia asesinaban a dos sindicalistas; asesinaban a Ana Fabricia, en plena discusión, igualmente, de la Ley de Víctimas.

¡No más indiferencia de la población colom-biana frente a los rigores del conflicto en Colombia! Denunciemos las violaciones de los derechos humanos, que son el pan da cada día. No permitamos que acaben con nuestros sueños.

Exijamos al gobierno de Juan Manuel Santos que responda por nuestros muertos y nuestras muertas. Esas y esos que fueron capaces de entregar hasta su propia vida por construir una sociedad distinta, una so-ciedad justa.

La muerte de Ana Fabricia no puede quedar impune. Exigimos verdad, justicia y repara-ción. ¡Que el Gobierno responda!

Agencia de noticias EFE

Noventa representantes sindicales fueron asesinados durante 2010 en todo el mundo, 49 de ellos en Colombia, según el informe anual

de la Confederación Sindical Internacional (CSI), publicado hoy.

El informe de la CSI, que recoge datos de 143 países correspondientes al año pasado, señala que Sudamérica "continúa siendo el lugar más peligroso para el ejercicio de los derechos sindicales".

De los 90 sindicalistas asesinados en todo el mundo, 75 murieron en América del Sur, 49 de ellos en Colombia, según la CSI, que también señala que el dato referido a dicho país es similar al de años anteriores (en 2009 fueron 48).

Los siguientes países con más víctimas mor-tales fueron Guatemala (10), Panamá (6), Bangladesh (6), Filipinas (3) y Uganda (2); mientras que Brasil, Honduras, El Salvador, Pakistán y Suazilandia registraron una muer-te cada uno.

El informe también destaca la detención de un centenar de sindicalistas en América del Sur, la mayoría de ellos en Panamá, así como los ataques sufridos por un millar de trabajadores mientras se manifestaban, 700 de los cuales en este mismo país.

Asimismo, sindicalistas de Guatemala, México y Haití denunciaron numerosas amenazas de muerte, mientras que en todo Sudamérica unos 300 trabajadores fueron despedidos por ejercer sus derechos sindi-cales, 200 de ellos en Venezuela.

La CSI denuncia la "completa inmunidad" de los crímenes contra sindicalistas genera-lizados en gran parte de América del Sur, lo que permite a los empleadores utilizar "una amplia variedad de tácticas para reprimir actividades sindicales".

En muchos países la negociación colectiva es "un fenómeno muy marginal" debido a la resistencia de los empleadores y a la falta de una base legal, destaca el informe.

En el caso de Colombia, la persecución de la actividad sindical "continúa siendo sistemáti-ca", una situación que "no ha mejorado" pese a la creación de nuevas leyes y normativas destinadas a aumentar la protección de los sindicatos y a evitar interferencias en la ac-tividad de los mismos.

En 2010 los sindicalistas colombianos volvie-ron a ser víctima de "asesinatos, amenazas de muerte, ataques y actos discriminatorios", cuyos responsables "no fueron castigados", según la CIS.

En Panamá, seis trabajadores fueron asesi-nados y unos 700 fueron atacados durante

las manifestaciones contra la llamada ley "chorizo", que introduce modificaciones sig-nificativas en la normativa laboral.

La "brutal represión" de las fuerzas del orden panameñas también incluyó un centenar de detenciones de manifestantes.

En Guatemala "continúa reinando el clima de violencia e impunidad", gracias a que la "cul-tura antisindicalista" aplicada por los emplea-dores es tolerada por el Estado, denuncia la Confederación Sindical Internacional.

Además de las 10 muertes de trabajadores registradas, la mayoría de las organizaciones sindicales del país fueron objeto de campa-ñas difamatorias, infiltraciones, discrimina-ciones y exclusiones del diálogo social.

Honduras, por su parte, está inmerso en una "espiral de violencia" desde el golpe de Estado de 2009, que incluye frecuentes ata-ques y amenazas a miembros a trabajadores miembros del Frente de Resistencia.

El informe también señala el caso de México, donde también se dan "ataques sistemáti-cos" a sindicalistas, así como interferencias de los empleadores destinadas a suprimir las legítimas peticiones de los trabajadores. Bruselas, 8 junio

AnA FAbriciA córdobA cAbrerA

“Una muerte anunciada”Asesinados 90

sindicalistas en 2010¡Más de lA MitAd en coloMbiA!

Nº 81, junio de 2011 3pág ina ed i to r ia l

El Informativo CUT Bogotá Cun-dinamarca presenta apartes de la presentación del informe pre-sentado ante la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo por parte

de la Central Unitaria de Trabajadores Colombia (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), organizaciones sindicales de tercer grado afiliadas a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), y a la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas (Ccsa) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC):

El problema fundamental de los trabajadores en el mundo es el modo de conducción de las eco-nomías nacionales dirigido a una redistribución del ingreso y la riqueza a favor del capital y en contra del trabajo.

Esto es particularmente notorio en Colombia donde se ha reducido ostensiblemente la parti-cipación de la remuneración al trabajo dentro del ingreso nacional. En efecto, en 1990 los traba-jadores percibían alrededor del 38% del ingreso nacional, en el 2007, última cifra disponible en las estadificas nacionales, esa participación se ha reducido al 31%, lo que significa una pérdida de importancia económica del trabajo de alrededor del 7% en un lapso de 17 años.

Muchos son los factores que han determinado este comportamiento:

1. Desde el punto de vista laboral, está la legis-1. lación que progresivamente ha ido recortando la remuneración y las prestaciones sociales de los trabajadores. Tal como ha ocurrido con la Ley 50 de 1990 y la 789 de 2002. La estigma-tización del movimiento sindical por Gobierno y empresarios nacionales no es de los últimos 20 o 25 años, sino, desde la creación de los sindicatos, existe persecución, en contra del derecho de asociación sindical y de las orga-nizaciones sindicales, por un lado, particular-mente desde finales de la década de los años 50, es así, como los dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) perseguida y su dirigencia asesinada, actividad dirigida a descalificar las organiza-ciones sindicales como algo colindante con la delincuencia y a los dirigentes sindicales como sus agentes proclives; y la persecución física a los sindicalistas, eliminándolos por la actividad sindical, los que están por encima de los 3.000 dirigentes. Lo anterior, es pro-ducto de la falta de vigilancia y control de las normas de derecho social por la carencia de una Inspección del Trabajo calificada, bien orientada y donde los funcionarios sean dig-namente remunerados.

Hechos que han desmotivado física y anímicamente la sindicalización, al tiempo que la negociación colectiva ha perdido su objeto esencial de mejorar la situación contractual de los trabajadores, reducién-dola al papel de preservar las conquistas obtenidas. Mientras que empleadores y Gobierno argumentan que los elevados costos laborales impiden la expansión del empleo y ponen en riesgo la existencia de las empresas existentes.

Al tiempo que la política económica gene-2. ral ha privilegiado el capital en contra del empleo y los trabajadores, las políticas tri-butarias han desplazado sus gravámenes en contra de los trabajadores reduciendo las cargas del capital. Las solas exencio-nes tributarias a las inversiones han tenido un costo anual de más de cuatro billones de pesos, estimulando, de esta forma, la sustitución de mano de obra por capital, contribuyendo gravemente al desempleo y la informalidad.

La revaluación de la moneda nacional es-3. timula las importaciones y desestimula las exportaciones. De esta forma se deteriora la competitividad de la producción y el mer-cado interno es abastecido con productos del exterior y se reduce la posibilidad de vender en el exterior. Los efectos de esta política son nefastos para la generación de empleo, el fortalecimiento del derecho fundamental de asociación sindical y ne-gociación colectiva, y para el crecimiento económico.

La concentración de la propiedad de la 4. tierra y la violencia de todos los matices que se ha impuesto en los campos ha ex-pulsado alrededor de cuatro millones de campesinos que deambulan como despla-zados en las grandes ciudades, deterioran-do su calidad de vida y la de los citadinos, creando un panorama de desempleo y miseria, con gran impacto en la seguridad de las ciudades, que afecta gravemente las expectativas económicas y la armonía social, indispensables para la generación de empleo y para las expectativas empre-sariales.

Las políticas de libre mercado y de desre-5. gulación económica han exponenciado la corrupción en sus más graves y disímiles matices, que han penetrado en todos los resquicios del quehacer nacional. El enri-quecimiento fácil y rápido ha sido el objetivo prioritario de sectores privilegiados que ha hecho metástasis en amplios sectores de la sociedad colombiana.

Informe ante la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT)Presentado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) (apartes)

A manera de EDITORIAL

¿Telecom sin fondo?Felipe Zuleta Lleras

toMaDo De elespectador.com

En 2005 el gobierno estuvo a punto de venderle a Carlos Slim una importante participa-

ción accionaria en Telecom.

Sin embargo, se realizó una subasta que ganó Telefónica de España, a la que aparentemente le ha ido muy bien con ese negocio si nos atene-mos a lo que informó a la bolsa:

“Telefónica Telecom ha registrado en 2010 una importante mejoría comer-cial y operativa. Telefónica Telecom gestiona 2,3 millones de accesos al cierre de 2010 (+6,8% interanual), tras captar en el año 150.000 acce-sos. Los accesos de banda ancha se sitúan en 548.000 al cierre de 2010 (+30,4% interanual). Los accesos de televisión de pago ascienden a 205.000 (+61,4% interanual). Los resultados económico-financieros continúan reflejando un trimestre más y de forma gradual la mejora en las tendencias operativas. Así, el importe neto de la cifra de negocios (ingresos) asciende a 700 millones de euros en 2010, tras registrar por segundo trimestre consecutivo un crecimiento interanual positivo. En el conjunto de 2010 el resultado opera-tivo antes de amortizaciones muestra una mejora y alcanza 249 millones de euros (+2,9% interanual en mo-neda local). La inversión (CapEX) en 2010 asciende a 178 millones de euros”.

Sin embargo, el Estado colombia-no, que aún tiene casi la mitad de las acciones, opina diferente. El pasado 29 de marzo en Portafolio se publicó la siguiente noticia refe-rida al futuro de Telecom: “El vice-ministro de Hacienda, Bruce Mac Master, reveló ayer que a finales

opinión

de este mes el banco de inversión Corficolombiana, apoyado por la firma de investigación de mercados Pyramid Research, entregará al Gobierno una recomendación sobre este tema... la empresa perdió el año pasado $451.900 millones, que se suman a los $341.900 millones ‘en rojo’, observados en 2009, y redujo sus ingresos de $2,04 a $1,93 billo-nes. Para el funcionario estos resul-tados son más preocupantes si se tiene en cuenta que dicha empresa es la responsable del fondo con el que se pagan las pensiones de los empleados de la antigua Telecom”. Pagos que Telefónica dejó de hacer desde abril. ¿Por qué?

Raro que el viceministro afirme que la operación pierde valor por no tener una oferta convergente, mientras que Telefónica afirme que ha crecido considerablemente en internet y en televisión. Es ilógico que mientras Telefónica informa en las bolsas de Madrid y Nueva York que su inversión en Telecom va bien, el Gobierno manifieste que el negocio va mal. ¿Cómo puede ser tan diferente la visión de una y otra parte, y tan opuesta al rol que debería estar asumiendo un comprador que quiere comprar barato y un vendedor que debería querer vender caro? ¿Quién quiere bajarles el precio a las acciones del Estado en Telecom y por qué? ¿Cuánto paga Telefónica Telecom a su casa matriz en servi-cios, transferencias, royalties, know how, etcétera, antes de mostrar uti-lidad o pérdida contable?

¡Urgente que la Contraloría inter-venga para evitar un detrimento patrimonial!

4 Nº 81, junio de 2011s ind i ca les

Agencia de Información Laboral 13 de junio de 2011

Resistir, es el verbo que por estos días más conjugan los trabajado-res de Palmas del Cesar, que hoy lunes 13 de junio cumplen exac-

tamente 60 días de huelga en medio de las dificultades y privaciones que una situación de esas acarrea.

Con cerca de 4 mil hectáreas de extensión y más de 600 trabajadores, ésta es una de las empresas palmeras productoras de aceite más importantes del departamento del Cesar, ubicada en el corregimiento Minas, munici-pio de San Martín. Su planta de personal la componen 138 trabajadores con contrato indefinido (107 de ellos afiliados al sindicato de industria Sintrainagro), 226 a término fijo (contratos de menos de un año, de hasta un mes), 230 por cooperativas de trabajo aso-ciado y 32 por empresas temporales.

Se trata de un conflicto laboral sobre el cual los trabajadores y el gremio palmero tienen los ojos puestos, porque marca pauta a ne-gociaciones en otras empresas del sector; un sector caracterizado por la masiva contrata-ción tercerizada y en condiciones bastante precarias. Prueba de ello es el contrapliego –nefasto según el sindicato– que inicialmente la empresa presentó a la mesa de negocia-ciones, con el cual pretendía tener vía libre para contratar mediante cualquier modalidad; rebajar salarios; suprimir las primas extrale-gales de los trabajadores, lo mismo que el restaurante y el servicio médico; reducir en 50% los permisos sindicales; y una conven-ción colectiva con vigencia a 8 años, cuando actualmente está en 4.

“La empresa lo que quiere es tenernos en las mismas condiciones que los trabajadores de Malasia, donde los salarios y el trabajo son casi de esclavos, y la gente trabaja prácti-camente por la comida, por el arroz. Pero gracias a nuestra lucha la empresa retiró ese contrapliego. Sólo quedan dos puntos por resolver, y son la causa para que siga-mos en huelga: la contratación y el aumento salarial”, señaló Rubén Samacá, presidente de Sintrainagro, seccional Minas.

En el primer punto el desacuerdo es por el nú-mero de trabajadores que, estando contratados a término fijo, pasarían a término indefinido, o sea gozarían de todos los beneficios de la convención colectiva, pues los fijos sólo se be-nefician del aumento salarial, no de las demás prerrogativas de la convención. Inicialmente el sindicato pidió que el cambio de contrato fuera para 45 trabajadores, luego rebajó a 32. La em-presa por su parte ofreció 20, pero después, en vez de subir el número, lo bajó a 14.

Y en el tema salarios, la empresa ofrece aumento de 3,5% para el primer año y el IPC más 0,25 para los otros tres años. La propuesta del sindicato es ,5% para el pri-

mer año y el IPC más medio punto para los otros años.

El dirigente Samacá dice que la reticencia de la empresa a mejorar las condiciones de sus trabajadores, no se compadece con las gran-des ganancias que ha obtenido en los últimos años, en los que en el mercado internacional los precios del aceite son los mejores en toda la historia de la actividad palmera. Es más, recordó que en una reunión le oyó decir al gerente de la empresa, Fabio González, quien a su vez es el vicepresidente de Fedepalma, el gremio de los empresarios, que en el tema de la contratación su empresa no podía ceder nada porque “no podemos mandar un mensa-je al sector palmero en ese sentido”.

Tibio papel del Minprotección

Otro punto a tener en cuenta en el desarrollo de este conflicto, es el pobre papel asumi-do por el Ministerio de la Protección Social. Según Hernán Correa, vicepresidente na-cional de Sintrainagro, no ha intervenido el viceministro sino sus asesores, funcionarios de bajo perfil que se limitan a facilitar que las partes conversen pero no presionan una solución. “Los empresarios tienen la libertad de hacer lo que quieran”, señaló.

“En este momento que el Gobierno habla de formalizar el empleo y mejorar las con-diciones laborales, Ministerio debería tener un papel más protagónico. El vicepresidente Angelino Garzón está tratando de ayudar, y ha conversado con la empresa, pero el papel suyo es más político que ejecutivo, porque no puede tomar medidas vinculantes ni san-cionatorias”, agregó Hernán Correa, quien además informó que mañana la Junta de Sintrainagro se reunirá para tomar una deter-minación en torno a si solicitan o no tribunal de arbitramento para dirimir el conflicto.

Otro asunto que también tendrá que ser dis-cutido entre empresa y sindicato, es qué va a pasar con los 230 trabajadores contrata-dos por cooperativas, pues ya está vigente el Decreto 2025 del 8 de junio de 2011, por el cual el Gobierno prohíbe y sanciona la in-termediación laboral por parte de las CTC, que es lo que justamente hacen las coope-rativas de Palmas del Cesar y del resto de empresas del sector palmero. La empresa ha dicho que ese punto será tratado en otro marco de discusión.

El presidente de Sintrainagro Seccional La Mina ve, sin embargo, una luz de esperanza cuando este jueves 16 de junio se reúnan con el vicepresidente Angelino Garzón, escenario donde empresa y sindicato tratarán de llegar a un acuerdo que permita levantar la huelga.

“60 días en huelga es algo muy duro, nos ha tocado hacer de tripas corazón. Si no es por la solidaridad del sector sindical nacional que nos ha acompañado, y la población de San Alberto y San Martín, no hubiéramos resistido esta lucha”, añadió el directivo.

los trAbAjAdores de PAlMAs del cesAr

60 días de huelga se completan hoy

Nº 81, junio de 2011 5l abora les

Tomado de Portafolio.co

Cerca del 7,9 por ciento aumentaron los accidentes laborales de trabajadores afiliados a las ARP.

Unos 13 millones de trabajadores colombia-nos, que equivalen al 65 por ciento del total de ocupados, están por fuera del sistema de riesgos profesionales, lo que significa total desprotección en materia de accidentes y enfermedades laborales.

La abultada cifra corresponde, en su inmensa mayoría, a los llamados trabajadores infor-males que, por esta condición, no tienen acceso al sistema, por lo que sus acciden-tes laborales y las enfermedades derivadas de su trabajo están siendo cubiertas con recursos de la salud. Cuando alguna de las personas que laboran en el sector informal, que es una franja muy grande, sufre un acci-dente "pierde su único capital, que es el tra-bajo", advirtió la directora de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (Oiss), Gina Magnolia Riaño.

La experta señala que el ministerio de la Protección Social ha hecho un trabajo impor-tante en ampliar la cobertura del sistema de riesgos profesionales, "pero las cifras están allí", con lo cual indica que es mucho el cami-no que todavía falta por recorrer. Información

de Fasecolda, donde están agremiadas las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y que solo cubren a trabajadores for-males, muestra que el año pasado la afilia-ción creció 1,8 por ciento respecto del 2009 al tiempo que los accidentes aumentaron 7,9 por ciento en el mismo periodo, lo que llevó la tasa de accidentalidad de 6,1 a 6,4 por ciento.

Las muertes, por su parte, bajaron de 588 a 499 entre un año y otro, 15 por ciento menos, con lo cual la tasa de mortalidad se redujo de 8,8 a 7,2 por cada 100.000 trabajadores. Riaño comentó que la incidencia de los ac-cidentes de trabajo y riesgos profesionales en el mundo compromete el 4 por ciento del PIB, pero que en América Latina y el Caribe (ALC) se eleva al 10 por ciento.

En ALC, agregó, se producen 30 millones de accidentes laborales al año, que dejan 30.000 muertos, "lo que nos tiene muy angustiados en la Oiss y por esto estamos tratando de generar una cultura de la prevención como estrategia iberoamericana de seguridad y sa-lud en el trabajo". Y precisamente el primero de los cinco objetivos de la estrategia es la formalización laboral para evitar el dumping social y para que los trabajadores ingresen al sistema de riesgos profesionales, ya que, explicó, en la medida en que ellos no tengan ninguna cobertura su accidentalidad e inci-

dencia de enfermedades profesionales "va a afectar muchísimo la salud y la productividad y la competitividad".

Prevencia 2011 organizado por la Oiss, del 29 de junio al primero de julio se realizará en Cartagena el V Congreso de preven-ción de riesgos laborales en Iberoamérica (Prevencia) y el II Encuentro de prevención

de la neumoconiosis en América Latina. Este foro reúne periódicamente a todos los agentes que intervienen periódicamente en la prevención de riesgos laborales: adminis-traciones públicas, organizaciones empre-sariales y sindicales, entidades y empresas gestoras de riesgos profesionales, organis-mos internacionales y ONG.

Hay 13 millones de personas sin protección laboral

6 Nº 81, junio de 2011s ind i ca les

Manuel A. Téllez G.

Secretario General cut BoGotá cunDinaMarca

Después de 200 días de permanencia, los trabajadores de C.I. Splendor Flowers liderados por su organi-zación sindical, Sintrasplendor,

llegaron a acuerdo de re-conocimiento de derechos laborales. Movimiento que fue posible gracias a la soli-daridad de muchas organiza-ciones sindicales y sociales que contribuyeron con la ma-nutención de los huelguistas en las largas jornadas de frio, inclemencia del tiempo, pre-sión empresarial y desidia de los entes gubernamentales. El Ministerio de la Protección Social, desde la territorial Cundinamarca hasta el vice-ministro del Trabajo, no actuó como les corresponde.

Doscientos días de estar golpeando puertas, la Vicepresidencia de la República, los estra-dos judiciales, la Personería Municipal de El Rosal, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección Territorial Cundinamarca del mismo Ministerio de la Protección Social tanto en Facatativá como en Bogotá: se quedaron en ve-remos las denuncias, las pruebas, las promesas de intervención, las sanciones, los inspectores del Trabajo que traspapelaron los expedientes, en fin, el maremágnum de la justicia inoperante; todo quedó a la vera del camino.

Doscientos días de confianza en la dirección del sindicato se deben resaltar; la tenacidad y verticalidad en la defensa de los derechos de los trabajadores merece el respeto del movi-miento sindical y de las autoridades políticas. Batallaron, persistieron en largas jornadas de trabajo, pero le cumplieron a sus repre-sentados; a hombres y mujeres aguerridos, a todos ellos el reconocimiento por la fuerza que le imprimieron al conflicto, vencieron las dificultades, mantuvieron la dignidad.

El Grupo Nanneti, propietario de Splendor Flowers y de otras floras o cultivos, quiso que-brantar la moral con exiguos ofrecimientos a los trabajadores, ellos no se doblegaron a pe-sar de tener que pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias en la carpa. Pretendían ama-sar más capital con los derechos de los traba-jadores, utilizando los favores del Ministerio de Agricultura. Subsidios por invierno, verano, oscilación de la tasa de cambio, contingen-cias invernales, beneficios arancelarios del Aptdea, incentivos para creación de empleo estable, préstamos preferenciales que este grupo recibió con Agro Ingreso Seguro, como se demostró en diferentes instancias

Resaltamos la ayuda de Sintraemsdes Bogotá; Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uneb; Sindicato Nacional de Trabajadores de Cartón de Colombia, Sintracarcol; Caja de Vivienda Popular, Sintracvp; Sindicato de Trabajadores Distritales, Sindistritales; Sindicato de la Universidad Distrital, Sintraud; Sindicato de

Medicina Legal, Sindicato de Bienestar Social, Sinbienestar; Cooperativa de Profesores de Cundinamarca, Cootradecun; Asociación de Educadores de Bogotá, ADE; Funtraenergética; Sintraenergética; Sindicato de Trabajadores de la Universidad de América, Uita; FNV de Holanda; Sintramérica; Unión Sindical Obrera, USO; CUT Nacional y Subdirectiva Bogotá

Cundinamarca, y muchos otros sindicatos que consignaron en la cuenta de Sintrasplendor. A todos ellos gracias, muchas gracias

Puntos de acuerdoPago de salarios a los trabaja-dores desde el 16 de diciem-bre 2010 al 22 de junio 2011.Cancelación de la prima legal y extralegal a diciembre 2010. Cesantías a 2010 y 2011. Intereses causados a las ce-santías. Prima de junio 2011. Prima de vacaciones causadas y proporcional al 22 de junio

2011. Reintegro de valores descontados y no enviados a las diferentes entidades financie-ras. Pago 100% de indemnización. Devolución a los trabajadores de cuotas sindicales rete-nidas. Cancelación de valores al sistema de seguridad social integral. Reconocimiento de valores correspondientes al Subsidio Familiar. Reconocimiento en bonos de los valores co-rrespondientes a las dotaciones. Cancelación de la indemnización.

ReflexionesLas condiciones en que se encuentra en este momento la finca Splendor Flowers son deplo-rables; lo ideal sería reabrirla para continuar adecuándola para la producción, pero sobre esta finca, a la fecha de este acuerdo recaen múltiples acciones de embargo, sin embargo, Sintraesplendor con el acompañamiento de la CUT seguirá insistiendo en esto. Cuando se emprende una acción que se sabe cuándo empieza, pero no se vislumbra cuándo termi-na, se requiere de una logística en lo organi-zativo, pero, en especial, en lo financiero. Nos hemos acostumbrado a brindar la solidaridad por momentos y en sitios cercanos; cuando son fuera del perímetro urbano de la capital no nos desplazamos. Debemos volver por la constitución del “Fondo Pro Huelga” para afrontar la contingencia del tiempo. Se requie-re en este tipo de acciones brindar capacita-ción desde las escuelas sindicales, para que el tiempo no pase porque sí; que sea cada acción de huelga, cada instalación de carpa para visita permanente, movilización, plantón, caminata, que sea de formación de liderazgo al fragor de la lucha.

Quedan muchas anécdotas, cuitas, vivencias, momentos, tanto en el sitio donde se desarro-llaba la acción, como los que se sucedieron dentro del grupo familiar, que no fueron fácil sortearlos, en fin, ha terminado esta gesta sindical, si podemos llamarla así. Fue la construcción colectiva la que hizo posible un acuerdo, no el mejor, pero fue un acuerdo, no una imposición, reconocieron lo que debían de haber reconocido hace 200 días.

HecHos y reAlidAdes

Concluye conflicto en C.I. Splendor Flowers

Nº 81, junio de 2011 7pat r imon io púb l i co

Rodrigo Acosta

Secretario General De la unión nacional De uSuarioS De loS ServicioS púBlicoS

www.rodrigoacosta.com

Todo en su punto: El primer anuncio de la venta de la propiedad que tiene Bogotá en la Empresa de Telecomunicaciones

de Bogotá, fue realizado por el alcalde Samuel en la asamblea de accionistas de ETB el 22 de marzo de 2011, siendo el pre-ludio de una nueva estrategia de expropiación del patrimo-nio público de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB promovido por las bancas de inversión, la administración de ETB y la familia de ban-queros.

Nombrada María Fernando Campo como alcaldesa encargada de Bogotá y ante su conflicto de interés al disponer de acciones de ETB en su propiedad, no pudo presentar el conocido acuerdo de privatización que se había anunciado radicar desde el primero de mayo, día internacional del trabajo, a la letra coincide textualmente en un 100% con el aho-ra radicado por la otra alcaldesa ad hoc María Cristina Plazas Michelsen, nombrada por el gobierno del presidente Santos.

Hasta aquí, en un primer término, Samuel Moreno deja lista la iniciativa en desaire al Comité Ejecutivo Nacional y Distrital de su partido de gobierno el Polo Democrático, que había rechazado la iniciativa de socio estra-tégico y la de enajenación total de ETB por la flagrante violación del programa de gobierno y del Ideario de Unidad del PDA.

Al lado de ello, el Procurador General de la Nación con una arrojada intervención en política suspende con acelerada prontitud al alcalde, lo que ocasiona el nombramiento de la Campo mediante el Decreto 1390 de 3 de mayo de 2011, expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá aliada del empresariado y desde luego asidua neoliberal.

En Decretos firmados por Santos y Vargas Lleras se nombra como Alcaldesa ad hoc del Distrito Capital de Bogotá, a María Cristina Plazas Michelsen, familiar del banquero Jaime Michelsen reconocido por sus autoprésta-mos del Grupo Grancolombiano, durante el gobierno de Belisario. Con los Decreto 1755 de mayo 26 de 2011 y el 1921 de junio 1 de 2011 la ad hoc, quien se desempeña como secretaria del Consejo de Ministros, se le en-carga “para que conozca y decida lo relacio-nado con la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo Distrital, a través del cual se autoriza al Distrito Capital para enaje-nar la propiedad accionaria de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB.” Posteriormente, el ilegal Decreto establece que la alcaldesa ad hoc procederá a “la convocatoria a sesio-nes extraordinarias con sujeción al Decreto 1421 de 1993 y demás normas pertinentes,

y sancionar y promulgar el acto una vez sea aprobado por el Concejo Distrital.”

Todo esto en un inusitado afán y con la viola-ción de los mínimos legales: el nombramiento de la ad hoc María Cristina Plazas, no recae en persona alguna del Polo, como lo manda el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, y ade-

más se le faculta en un exceso de funciones públicas y sobre la excusa de un impedimento para presentar un Proyecto de Acuerdo y además de citar a unas también sesiones ex-traordinarias del Concejo de Bogotá, arrogándose derechos de un Alcalde Mayor conforme lo establece la Carta Política, el Estatuto Orgánico de Bogotá (D.L. 142 de 1993) y el mismo reglamento del Concejo de Bogotá, que ahora se le impone

sesionar para estudiar un Proyecto que irres-peta los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Por otro lado, ha sido visible la imposición del presidente Santos sobre una agenda “condi-cionante” y su supuesta preocupación en los asuntos de Bogotá, que intenta de fondo en el cuarto punto de la agenda la privatización de E.T.B. Al respecto ha sido muy enfática Clara López, al indicar que rechaza como mandataria la privatización de ETB, pues representa una violación al programa de go-bierno, aunque se debió haber pronunciado sobre su rechazo a la privatización de ETB y no aceptar la presentación del Acuerdo por la ad hoc.

Entiendo... son los momentos de la política, pero es ahora cuando se debe entender que en ejercicio del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 que establece que “el alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del Alcalde elegido por voto popular...” la alcaldesa Clara López debería retirar el Proyecto de Acuerdo 172 de 2011 que propone la enajenación total de las acciones que tiene Bogotá y sus entidades en ETB y hacer una excepción de inconsti-tucionalidad por las violaciones normativas impuestas por el Gobierno Nacional.

Quedan dos caminos frente al grave riesgo al patrimonio: en primer lugar, que el Concejo de Bogotá en sano debate comprenda ma-yoritariamente o por consenso que se debate un Proyecto de Acuerdo ilegal e ilegítimo, y que se le ha impuesto una agenda externa a Bogotá con los afanes de quienes desean apropiarse de lo que es nuestro, que el Concejo se abstenga de votar o voten nega-tivamente el proyecto de acuerdo o incluso que ante la brevedad de un tiempo tan corto y acelerado sea archivado.

En segundo, lugar que Clara López expresi-denta del PDA y Alcaldesa encargada pro-ceda a retirar el proyecto de acuerdo 172, en cumplimiento del artículo 106 de la Ley 136 de 1994 que le manda a gobernar sobre la base del programa de gobierno, votado por cerca de un millón de ciudadanos, y que contrario a la privatización apueste por el for-talecimiento del patrimonio público de ETB, aún más, que se exprese positivamente ante el derecho de petición que le he radicado en vías a que se declare el decaimiento del acto

de nombramiento de la ad hoc y la ilegalidad de la presentación y debate del Proyecto 172, por cuanto no subsiste en la Alcaldesa Mayor ningún conflicto de interés en ETB como sí lo tenía la Campo.

Finalmente, ya es la hora de que todos les digamos la verdad a las élites de banqueros enclavadas en ETB, al respecto me he venido expresando en el Concejo de Bogotá:

Existe una notoria premeditación del 1. presidente de ETB y su administración de promover un marchitamiento de la empresa, he de recalcar en las próximas horas los hechos concretos de mi afirma-ción y de presentar cifras desentrañando las falsas motivaciones que configuran una falsedad ideológica para promover la venta de ETB a precio de huevo. Creo que es suficiente que Santander 2. Investment se haya llevado del bolsillo de los bogotanos $4.800 millones en ase-sorías, lo lamentable es que para hacer lo mismo de nuevo (valorar, hacer segui-miento a la privatización) hace quince días contraten a otra banca, Valor y Estrategia S.A., por otros $395 millones a los cuales, como es costumbre, se le hacen infinitos otrosíes, y en plena falta de vergüenza le pidan al Concejo que le ratifiquen esta banca de inversión.

Esto ya no debe ser un debate político de izquierda y derecha, o de neoliberales y esta-tistas, creo que esto ya debe ser un debate de todos contra hechos de corrupción y desgreño administrativo en ETB.

Ya es la hora de un recambio en serio: que Clara cambie toda la Administración, desde el presidente y vicepresidentes nombrados por Samuel, y que también cambie toda la Junta Directiva nombrada por Samuel. Es la hora de que el Concejo y las fuerzas vivas de la ciudad exijan colocar en la dirección a gente buena que desee defender y garantizar el fortalecimiento de ETB.

El Concejo no debería girar un cheque en blanco a los mismos ilegítimos de antes aún presentes, no podemos arriesgar un activo de la ciudadanía que vale en libros 4,9 billones de pesos y que le dado importantes bene-ficios sociales a Bogotá D.C., no podemos dejar a ETB a expensas de los especulado-res de bolsa que han calibrado el valor de la acción de ETB al mínimo de $515 pesos en el 2011, porque si se aprueba el Proyecto de Acuerdo 172, el mecanismo fijado es el de la subasta al mejor postor que ya es conocido e integrado accionariamente con las bancas de inversión y al cual se le ha dado con anti-cipación el precio.

La sabiduría y la destreza política se ponen al orden del día por el Concejo de Bogotá y la alcaldesa Clara, y al lado la fuerza de las ideas nobles y de la movilización social que son determinantes para detener las malévolas intenciones. Finalmente, la gente de la Ciudad y los trabajadores de ETB deben expresar el aprecio por la insigne ETB.

Cómo detener a los banqueros y el proyecto de privatización de ETB

Bogotá, 13 de junio de 2011

Respetada doctora Clara:

Le expresamos nuestra felicitación por la delegación que acaba de recibir como Alcaldesa (e.) de la ciudad capital y le desea-mos el mayor de los éxitos en su gestión.

La postura de la CUT respecto a la ETB ha sido siempre la de mantener la empresa en la órbita pública, pese a que algún antecesor suyo privatizó casi 11% y logró imponer un Estatuto que permite que esa minoría tome decisiones de trascendencia en la adminis-tración de la empresa. No vamos a enumerar las equivocaciones que han conducido a dificultar un mejor desempeño de la misma, incluidas las maniobras financieras, hoy materia de investigación, y aprovechadas por los neoliberales en el despropósito de privatizarla.

Nos oponemos rotundamente a la privatiza-ción de la ETB y, por el contrario, la ciudad debería readquirir el pequeño porcentaje que le impide adecuarse estatutariamente y lograr avanzar a una empresa pujante y competitiva en materia de telecomunicacio-

nes haciendo alianzas con otras entidades de naturaleza pública. Reclamamos de usted el retiro del proyecto de acuerdo que propone semejante atentado contra este patrimonio de los bogotanos.

Resultaría incomprensible que permita que las sesiones extras se desarrollen para este nefasto propósito, creemos que los ponen-tes ni siquiera deben posesionarse y menos hacer ponencia al respecto. Permitirlo es darle oportunidad a los privatizadores que acechan a esa importante entidad desde hace lustros, y que saben que genera im-portantísimas utilidades, las que en vez de ir para logros sociales irán a parar en las arcas de los monopolios.

Por lo anterior, la Central considera que debe retirarse el proyecto de privatización de ma-nera inmediata, para que no haya sustancia de deliberación en el Concejo.

Agradecemos su atención. Atentamente,

Rafael Alberto Molano P. (Presidente (e.)), Gustavo Triana Suárez (Segundo Vicepresidente), Fabio Arias Giraldo (Fiscal), Alfonso Velásquez Rico (Tesorero)

cArtA de lA cUt A lA AlcAldesA (e) clArA lóPez en relAción con lA etb

8 Nº 81, junio de 2011juventud / sindicales

Óscar Fredy Ariza R.

Docente De SocialeS De MunDo nuevo, la calera

Los jóvenes por lo general son sujetos heterodoxos (disconformes con los dogmas) en las que expresan diver-sas ideas materializadas en accio-

nes novedosas. Esto es un atributo especial de la herejía (pensamiento diverso) hecha por herejes, primos hermanos de los profetas (pro-fari) que son los que hablan delante de los importantes, de los serios, los aceptados, los rentables, los legiti-mados, los decentes. Por ello, casi siempre la juventud representa la alegría, el rechazo por parte de la sociedad adulta, la rebeldía y el romper moldes tradicionales. No es raro por ello encontrar com-bos, parches, barras y clubes juveniles, destacándose las tribus urbanas. En la parte histórica la juventud se ha destacado, empezando por la rebelión del Mayo Francés en el 68, que repercutió en el mundo entero; los jóvenes hippies en los 60-70; los guardias rojos en la Revolución Cultural en China; la reforma educativa en Córdoba (Argentina) en 1918 que se extendió en América Latina; la ju-ventud palestina con la Intifada; los jóvenes rebeldes en las revueltas en Norte de África y Medio Oriente; etc.

El decálogo de un hereje joven

Ser irreverente distinto al irrespeto o el 1. insulto. Es la capacidad de criticar, cues-tionar y disentir. Esto fue más palpable en el origen del movimiento rebelde del Mayo 68 en Europa, iniciado por los jóvenes de Francia. Ser testarudo diferente a la terquedad, 2. que es la firmeza en las convicciones, de lo que cree y está seguro de sus ideas. Ser apasionado que es comprometer todas 3. las energías en un propósito. Buscar la reflexión que es la capacidad 4. de discernir sobre sus actos y consecuen-cias. Ser audaz en la que es consciente de que 5. los desafíos son superiores a ellos mismos, pero que alimenta ese espíritu de alcanzar las estrellas. Pidamos lo imposible fue una consigna de los jóvenes franceses en la Revolución de Mayo en el 68. Impulsar la entrega diferente al egoísmo, 6. individualismo, mesianismo y caudillismo. Ser humilde que es corregir sus propios 7. errores y salir adelante con más firmeza. Ser eficaz diferente al idealismo. En pocas 8. palabras significa pasar del testimonio a la acción.

Ser sincero contrario a la mentira.9. Serenidad. En la tormenta y tempestad 10. se conoce al buen marinero.

Lo anterior para confirmar que sin un reto, el potencial de un joven y líder juvenil nunca se desarrollara. El líder juvenil precisamente descansa sobre dos pies: el sueño (ideales, metas, retos) y la acción (capacidad de trans-

formar el entorno, un hecho, de hacer factible lo deseado en algo real y objetivo). Los jóvenes han transformado el mundo cuando

toman la iniciativa sin necesariamente tener el poder en sus manos. Basta no más la de-cisión y acción con un objetivo preciso para incendiar la pradera.

Un filósofo alemán, Federico Nietzsche, había establecido el concepto de hombre rebaño para referirse al hombre carente de identidad que es objeto de manipulación. Lo contrario de un sujeto crítico, con participa-ción pero con poder de decisión. Esto pre-cisamente lo deben conquistar los jóvenes para desarrollar una cultura incluyente que tiene tres ejes fundamentales:

Vencer la cultura de la impotencia con 1. el arte rebelde o alternativo, la música crítica, la opción política juvenil, la acción ambiental, etc. Ejercer la participación con poder de de-2. cisión en todas las instancias posibles. En una Institución Educativa se llevan a cabo con decisión y vocería en el Consejo Directivo, en la Asamblea de Estudiantes, en los cursos, y proyectando poder de convocatoria en la Asamblea de padres y madres de familia. Actuar en común y unidad (comunidad) 3. en cohesión con objetivos claros y soli-darios.

Características de un líder juvenil

Entrega resultados.1. Entiende la importancia de las relaciones 2. interpersonales. Comete errores.3. Ama la nueva tecnología.4. No crea seguidores, crea líderes.5. Es apasionado.6. Sabe que el entusiasmo genera entusias-7. mo. Posee gracia, elegancia y encanto.8. Es curioso. 9. Sabe decir gracias.10. Tiene una gran historia.11. Sabe reír.12.

El liderazgo juvenil

El Comité Ejecutivo de la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, denuncia ante las organizaciones sindicales,

sociales, agremiaciones de DD.HH. y la comunidad en general, la pretensión de la multinacional Codensa, de ingresar a la fuer-za en los predios de un área común de pro-piedad de la comunidad del Centro Urbano Antonio Nariño, ubicado en la localidad de Teusaquillo, el pasado lunes 20 de junio.Mediante un despliegue de más de 100 agen-tes de antimotines, dos tanquetas, policía montada, arremetieron contra la comunidad y agredieron adultos mayores, pensionados y mujeres, hecho que fue transmitido por los diferentes medios de comunicación que se hicieron presentes en el lugar.Codensa ha venido explotando el lugar y pretende apropiarse y adelantar obras de remodelación sin las respectivas licencias de construcción, ni los permisos ambientales co-rrespondientes, por ser un bien de patrimonio

C O M U N I C A D O ScUt bogotá cUndinAMArcA

Multinacional Codensa agrede a la comunidad del Centro Nariño en Bogotá

cultural de la ciudad y cuenta además con el aval de la inspección de policía y de la alcaldía local quienes intentan desconocer que el bien pertenece a la comunidad.Hacemos un llamado a la autoridad compe-tente a velar por el cumplimiento de las obliga-ciones legales y constitucionales y otorgar las garantías de respeto a los derechos humanos, y a las organizaciones sindicales, sociales y de-fensoras de derechos humanos, a solidarizarse con la movilización pacífica de una comunidad que está defendiendo lo que le pertenece.Fraternalmente,

Héctor I. Bermúdez rojas Presidente

manuel téllez González Secretario General

FraydIque alexánder GaItán Departamento de Asuntos relacionados con

Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial

Bogotá D.C., junio de 2011

Durante el desarrollo de la 100ª Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, la reunión

de su Comité de Normas, inició incluyendo a Colombia en la lista de los 44 países a exa-minar por el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo y la protección de los derechos humanos.La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, solicitamos que el gobierno de Colombia, se incluya en la lista de los veinticinco (25) países, que debe ser objeto de procedimientos por parte del Comité de Normas, pues la negación del de-recho de asociación sindical, de contratación

colectiva y los asesinatos de sindicalistas, siguen siendo un factor evidente en la vida de los trabajadores colombianos. No com-partimos la postura de la CGT y de la CPC, de aceptar que Colombia sea declarada país en progreso y, por lo tanto, sea excluido de la lista.Seguiremos fundamentando con denuncias concretas y con el acompañamiento del sindi-calismo internacional, esta justa petición.Ginebra, Suiza, 2 de junio de 2011

Tarsicio Mora Godoy Presidente

Domingo Tovar Arrieta Secretario General

La CUT pide que el gobierno colombiano quede incluido en los 25 países que más

violan los DD.HH. y sindicales

En la Sesión de hoy de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y ante la solicitud del Presidente de la

CUT, los integrantes de la Comisión de Normas: empleadores, gobiernos y trabajadores, hicie-ron un minuto de silencio en honor Carlos Julio Gomez y Freddy Antonio Cuadrado Nuñez, sin-dicalistas asesinados en Cali, Valle del Cauca y Ciénaga, Magdalena, respectivamente, en 27 y 29 de mayo, del año en curso.

conFerenciA 100ª de lA oit

Minuto de silencio, a petición de la CUTEn lo corrido del año, han sido asesinados 10 sindicalizados, por lo que la Central exige medi-das concretas del gobierno y autoridades com-petentes, para esclarecer estos crímenes.Ginebra, Suiza, 3 de junio de 2011

Tarsicio Mora Godoy Presidente

Domingo Tovar Arrieta Secretario General

C O M U N I C A D O S

Nº 81, junio de 2011 9s ind i ca les

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Héctor Bermúdez Rojas (Presidente); Maria Doris González (Vicepresidenta, Responsable de Asuntos de Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, Responsable Relaciones Internacionales); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Winston Francisco Petro (Departamento de la Juventud y Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo Penagos (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización y Trabajadores Informales y Relaciones con Organizaciones Sociales); Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial).

Consejo editorialCarlos Ernesto Castañeda Ravelo (Director del Departamento de Comunicaciones),

Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales y Medio Ambiente ),

Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail: elperiodicocut@gmail.com

cutsubdirectiva@hotmail.com issn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora, Manuel téllesy tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez.edición: 20.000 ejemplares.

tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva

responsabilidad de sus autores.

Francisco Maltés Tello

Director De coMunicacioneS cut nacional franmaltes@hotmail.com

Próximamente cumplirá 20 años de promulgada la Constitución Política, la cual ha sido reformada muchas veces, la mayoría de éstas

en detrimento de los sectores sociales me-nos favorecidos y de los trabajadores, esta vez ha sido modificada para corregir las inconsistencias que ha generado la Ley 909 de 2004.

En el artículo 53 se consagran los principios mínimos de los trabajadores: igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, situación más favorable al trabajador en la interpretación y aplicación del derecho, entre otros; uno de los más relevantes es la estabilidad en el empleo, con el fin de proteger al trabajador de las actua-ciones arbitrarias del patrón, sea el Estado o del sector privado.

En la tercera semana de junio el Congreso de la República aprobó por unanimidad las 2 conciliaciones: una del Acto Legislativo 015/2010 Senado, 147/2010 Cámara, y otra conocida como el Retén Social, toda vez que los textos aprobados en Senado fueron diferentes de los aprobados en Cámara de Representantes, convirtiéndose ambos en normas legales que enuncian lo siguiente: “por medio del cual se implementa el Retén Social que garantiza la estabilidad laboral a grupos vulnerables” y el Acto Legislativo “por medio del cual se incorpora un Artículo tran-sitorio a la Constitución Política de Colombia” que buscan garantizar la estabilidad laboral de más de 120 mil empleados públicos en provisionalidad.

El trabajo político-sindical de Sintrenal, Sindistritales, Sindesena y el apoyo irrestricto de Sintrasendentol y Sinspublic permitieron lograr este objetivo.

Se concertaron los textos con los ponentes en Cámara y Senado, se realizaron reunio-nes con los voceros de todas las fuerzas polí-ticas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, se visitó a cada uno de los senadores y representantes a la Cámara en Bogotá y las regiones, se realizaron mo-vilizaciones permanentes a los debates, también como asambleas y mítines en las en-tidades para defender la estabilidad laboral, y movilizaciones a la Cnsc, organismo que pretende desconocer la voluntad legítima del Congreso de modificar las normas cuando las encuentre inapropiadas e injustas.

Todos los senadores y representantes sien-ten como propios estos proyectos, evitamos que se politizara la estabilidad laboral, lo cual

es una gran enseñanza que nos dejó Carlos Rodríguez Díaz, expresidente de la CUT, cuya conducción política-sindical fue clave para que se aprobara el Acto Legislativo 01 de 2008, que buscaba la inscripción extraor-dinaria en la carrera administrativa.

¿A quiénes cobijan las normas aprobadas?

A los padres y madres cabeza de fami- •lia.

A quienes a la fecha les •falten menos de tres años para acceder a la pensión de jubilación por edad o semanas cotizadas al sistema de seguri-dad social en pensiones.

A quienes estén en con- •dición de discapacidad física, mental, visual o auditiva.

A quienes sufran una en- •fermedad que implica trata-miento médico continuo y permanente.

A quienes laboren en zona •de difícil acceso o de orden público. A quienes a 31 de diciembre de 2010 •llevaban laborando más de cinco años en provisionalidad por la omisión del Estado. A quienes lleven más de tres años labo- •rando en encargo.

Esta batalla por la estabilidad laboral no ha terminado, las normas legales y legítimas aprobadas tienen enemigos dentro y fuera del Estado.

Se hace necesario que cada provisional se apropie de lo aprobado, que junto a su organización sindical y la CUT exija su cum-plimiento inmediato. Preparemos una gran movilización nacional a la Cnsc para que se someta a lo aprobado.

La honorable Corte Constitucional deberá entender que el actual acto legislativo que ampara a los provisionales, que son más de 120 mil empleados públicos, desarrolla los principios del mérito consagrados en la Carta Magna y la Ley 909 de 2004, y por lo tanto declararlo exequible.

Los empleados públicos no pueden bajar la guardia en esta lucha por la estabilidad la-boral, y deben prepararse para aplicar esta positiva experiencia, más adelante, en la exi-gencia de sus derechos laborales y sociales, en particular por la ampliación de las plantas de personal en cada entidad y la negociación colectiva plena.

Se consolida la estabilidad laboral de más de 120.000 empleados

públicos en provisionalidad Rebanadas de Realidad

cut BoGotá, cunDinaMarca, 07/06/11

Con la firme decisión de representar a los trabajadores que laboran para la multinacional Crown de Colombia S.A.,

a través de Sintravidricol Cogua y con la parti-cipación directa de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, se tomó la decisión de que hi-cieran parte de Sintrametal, Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos, Mecánicos, Metalmecánicos, Siderúrgicos, Mineros, del Material Eléctrico y Electrónico.

Crown Colombiana S.A. es una empresa es-pecializada en la elaboración de envases me-tálicos, con sede en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, en la vía a Tibitó. Hace presen-cia en Colombia desde hace 15 años; su casa matriz esta en Filadelfia, EE.UU.

Por decisión unánime de los trabajadores y su organización sindical, presentaron pliego de peticiones, donde plasman sus más sentidas reivindicaciones, entre ellas:

Garantías para la negociación. •Garantía de estabilidad en el empleo. •Participación en eventos y gestión sin- •dical. Estabilidad y cubrimiento de vacantes. •Incrementos salariales, primas y recar- •gos nocturnos. Casino, dotaciones y servicio de trans- •porte. Servicio médico, vivienda y mejoramien- •to de la calidad de vida.

Aspiramos desde la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca a concluir este proceso con la firma de la convención colectiva de trabajo.

Asimismo, desde la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, desarrollando los mandatos congresionales de la CUT, se auspició el for-talecimiento de Sintrametal con la afiliación de trabajadores de Industrias Reynols, con sede en Barranquilla; fusión de Sintraave co-lombiana a Sintrametal; en procesos de fusión Sintragecolsa y Procables.

Solo conformando sindicatos fuertes, tendremos interlocución valida

Trabajadores de la multinacional Crown se organizan

10 Nº 81, junio de 2011s ind i ca les

Debido a la difícil situación por la que atraviesan más de 100 tra-bajadores activos y despedidos de G.M. Colmotores, con enfer-

medades profesionales como: síndrome del manguito rotador, túnel carpiano, bursitis en hombros, epicondilitis (afección en los co-dos), discopatías lumbares (hernias), entre otras; a quienes no se les practicó ningún tratamiento, y les es negado o mutilando el reporte de enfermedad profesional por parte del departamento médico existente en la empresa, asistidos por funcionarios de la ARP-Colpatria y de relaciones laborales de la empresa G.M., cuya responsabilidad debe ser asumida y compartida por las partes.

La Asociación ha convocado para el próximo lunes 13 y martes 14 de junio, para realizar una denuncia pública frente a las instalacio-nes de la empresa, ubicada en la Avenida Boyacá Calle 56 A sur (#33-53) en Bogotá, de 1:00 a 5:00 p.m. de cada día.

Invitamos a las organizaciones sindicales, cívicas y populares a brindar la solidaridad moral, haciendo presencia en el lugar de la protesta para acompañarlos con pancartas y exigir a la empresa:

El reintegro a sus labores de los trabaja- •dores enfermos que fueron despedidos, y a realizar los reportes de accidente o en-fermedad y procedimientos legales para determinar el origen de las enfermedades, que en estos casos son profesionales. A las Juntas Calificadoras regional y na- •cional a realizar las evaluaciones de forma objetiva e imparcial para determinar la discapacidad y no la arbitraria calificación del 16% que reciben los inválidos. A la ARP un trato humano, calificando •estas enfermedades como profesionales, pensionando a quienes están discapacita-dos o inválidos; practicar los tratamientos médicos quirúrgicos, ordenar la reubica-ción de quienes tienen limitaciones y de-cretar las incapacidades pertinentes.

Fraternalmente,

Comité Ejecutivo Funtraenergetica CUT-FSM

Asotrecol-Sintraime

¡no más aBusos con la salud de los traBajadores!

¡cese la dIscrImInacIón laBoral en la empresa G.m. colmotores!

Los trabajadores que laboramos para el Grupo Saludcoop tomamos la decisión en forma autónoma, libre y espontánea de conformarnos como

organización sindical, con el deseo de pre-servar nuestros puestos de trabajo, obtener reconocimiento como trabajadores para el bienestar de los usuarios a quienes les prestamos nuestros servicios en las diferen-tes áreas de la institución, que con nuestra presencia hemos ayudado a fortalecer con el paso de los años.

Las circunstancias por las que atravie-sa el Grupo Saludcoop no son ajenas a la pretendida desazón que se quiere generar pretendiendo diezmar las posi-bilidades de continuar prestando nues-tros servicios y no somos insolidarios a la situación que se vive, por el contrario continuaremos desde nuestro sindicato prestando los servicios en forma eficien-

Caracol. Mayo de 2011. Un nuevo escándalo de corrupción denuncian médicos y abogados quienes ase-

guran que las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, convirtieron en plata de bolsillo más de un billón de pesos.

Según uno de los denunciantes, Germán Fernández, exdirector nacional de Riesgos Profesionales, por lo menos 11 ARP que reciben los recursos de los empresarios colombianos para atender accidentes de trabajo y enfermedades laborales de sus trabajadores, los gastan en asuntos que la ley no permite.

"En gastos de comercialización y comisiones los dineros pueden llegar a 380 mil millones de pesos, gastos de funcionamiento interno, también hay otros gastos de publicidad. Se encontró además que hay desviación en el pago de la cuotas a Fogafyn", explicó el profesional.

El médico indica que esta denuncia no es nueva y se hace desde hace por lo menos 12 años.

"La Superintendencia Financiera con su actitud omisa, tiende un manto para impe-dir conocer la cifra exacta de la desviación de recursos públicos que se utilizan para el enriquecimiento de algunas empresas. Cálculos generales nos permiten saber que se han gastado más de 800 mil millones de pesos en otros compromisos fuera de la ley", explicó.

La denuncia está contenida en una ac-ción popular contra la Superintendencia Financiera instaurada en el Tribunal Superior de Cundinamarca y hoy se cumple el plazo para los alegatos finales que permitirán en-tregar una sentencia sobre el posible desvío de recursos parafiscales.

Al consultar a Fasecolda, sus voceros asegu-ran que no se pronuncian, porque consideran que es una acción sin piso jurídico. Por su parte, la Superintendecia anuncia que revi-sará el caso.

La Federación Médica Colombiana y el se-nador Jorge Robledo ya se han pronunciado y respaldan la denuncia.

denUnciAn Médicos y AbogAdos

Más de un billón de pesos habrían desviado las ARP

con lA AsociAción de trAbAjAdores y extrAbAjA-

dores, enFerMos de g.M. colMotores, Asotrecol

Urgente solidaridad moral

coMUnicAdo de PrensA nº 1 sintrAsAlUdcooP

Conformada organización sindical

te, diáfana y ante todo con la honestidad que nos ha caracterizado.

Invitamos a todos los trabajadores a engro-sar nuestras filas sindicales para beneficio de Saludcoop, diligenciando el formulario de afiliación.

Denunciaremos los hechos que atenten con-tra la estabilidad institucional de Saludcoop; propendemos por fortalecer la institución que hemos forjado por años con nuestro trabajo.

No aceptamos que se presione en forma inmisericorde a los trabajadores para hacer parte del “Sindicato” que forman los direc-tivos de Saludcoop; quienes lo conforman hoy, ayer fueron enemigos acérrimos de la organización autónoma de los trabajadores, combatieron ferozmente la creación hace tres años de un verdadero sindicato para los trabajadores.

En Asamblea General del pasado 23 de mayo 2011 elegimos nuestra Junta Nacional conformada por:

Principales SuplentesPresidenta Luz Fanny Zambrano Elizabeth GutiérrezVicepresidenta Fabiola Nossa Marisol AlmanzaTesorera Teresa Moyano Yaneth LeónSecretaria General Xiomara Morales Andrea BarreraFiscal Diana Núñez Teresa Montealegre

Invitamos:A los directivos de Saludcoop a respetar la libre decisión

de nosotros los trabajadores.

A los trabajadores a rodear masivamente la conformación del sindicato, nuestro sindicato.

A los usuarios a continuar solicitando los servicios que tradicionalmente prestamos en todas las instalaciones.

Al movimiento sindical a solidarizarse con nuestra organización sindical.

Fraternalmente, Junta Directiva

Luz Fanny Zambrano, Presidenta

Xiomara Morales, Secretaria General

Sogamoso, 25 mayo de 2011

Nº 81, junio de 2011 11cund inamar ca

María Cristina Orozco Lugo

aDec-GirarDot

El pasado 8 de junio, en las ins-talaciones de la Escuela Normal de Girardot, se desarrolló el III Encuentro de Personeros y Líderes

Escolares, evento que desde hace tres años viene liderando Adec Girardot en unión con la institución formadora de maestros de la ciudad, desde su proyecto ‘Participar, un acto de ciudadanía’. Sesenta jóvenes entre personeros, presidentes de consejos estudiantiles y otros líderes escolares, llegaron con sus rostros un poco tímidos y ex-pectantes al evento. Seis de las siete Instituciones Educativas oficiales de Girardot (Normal, Atanasio Girardot, Manuel Elkin, Francisco Manzanera, Policarpa y Fundadores), el Departamental de Ricaurte e instituciones educativas privadas como los colegios militares, Club de Leones, Liceo Moderno, Colegio Americano, Santa María e Instituto Kennedy, hicieron presencia.

Desde las 7:00 a.m. hasta el medio día tu-vieron la oportunidad de escuchar desde el personero municipal, Dr. Pedro Vallejo, hasta líderes universitarios como Óscar Rodríguez de Fusagasugá, Dennis Taso y Diego Ramírez de la Udec Girardot. Además, tuvieron la oportunidad de conocerse y comentar sus experiencias como líderes. “Yo no pensé que uno pudiera aprender tanto en una mañana y, sobre todo, ver que aunque tengamos uniformes diferentes, tenemos los mismos sueños”, expresó con entusiasmo Tatiana, una de las jovencitas participantes.

Vale la pena destacar que fueron mucho más allá del objetivo propuesto y en lugar de la Red de Personeros Escolares, decidieron conformar la Mesa Ampliada de Líderes Juveniles, lo cual da mucha más posibilida-des a todos los líderes que deseen sumarse, para que desde allí emprendan acciones en pro de la cultura, el deporte, la defensa de la educación como derecho y más respeto por las ideas y derechos de los jóvenes de la ciudad y la región. Pero, sobre todo, la posi-bilidad de formarse como personas críticas, objetivas y dotadas de herramientas que les permitan aportar en la construcción de la región que quieren para ellos en lo político, económico, social y cultural.

Primer gran foro estudiantil con candidatos a la Alcaldía de Girardot

El viernes 10 de junio y también en la Escuela Normal de Girardot, esta vez desde el nú-cleo temático de Desarrollo Humano III, los estudiantes de Formación Complementaria,

próximos a ser maestros, decidieron orga-nizar con su docente el primer gran foro estudiantil con los tres candidatos que en este momento se disputan la llegada a la di-rección del municipio de Girardot. El abogado Jairo Beltrán Galvis, el Dr. Diego Escobar Guinea y la señora Carmen Lucía Arias, ac-tual diputada, fueron invitados a socializar con la comunidad educativa normalista sus propuestas, fundamentalmente en lo rela-

cionado con educación, salud, empleo y oportunidades para los jóvenes.

Lamentablemente, por com-promisos en la Asamblea, según dijeron, la Sra. Arias no asistió. Los candidatos, Beltrán y Escobar, asistieron muy puntuales al encuentro con estos jóvenes, maestros y padres de familia que tuvieron la oportunidad de escucharlos, preguntarles sobre todos los te-mas y conocer la investigación

que los jóvenes adelantaron con su docente frente al desarrollo humano en la ciudad, visto desde la comunidad normalista, lo cual impactó, pues solicitaron que se tenga en cuenta este estudio para sus propuestas y el Plan de Desarrollo de quien llegue a la Alcaldía.

En general, los dos candidatos se compro-metieron a velar por la educación como el principal baluarte para el desarrollo de la ciudad y a generar empleo como garantía de progreso y paz. Además, fueron enfáticos en rechazar las concesiones en el tema de

Así se construye desde Girardot, el liderazgo y la participación

educación y procurar mayor inversión para el mejoramiento de la planta física de las siete Instituciones Educativas existentes y dotarlas con lo necesario para garantizar calidad en la educación.

Ahora solo resta esperar que quien llegue a ser Alcalde, haga realidad sus promesas, pues como lo manifestaron los jóvenes estu-diantes a partir de su estudio, “las promesas no se comen”.

De esta manera se cumplió con dos eventos de verdadera participación y democracia, que

es en la práctica lo que forma a los jóvenes y a las personas en general. No es posible tener ciudadanos más comprometidos, par-ticipativos y democráticos solo desde el dis-curso o desde el aula, hay que vivenciarlo, ejercerlo e interactuar con la diferencia de manera real.

Agradecer a la Escuela Normal, a su rector y a Adec Girardot por brindar estos espacios; así como a los jóvenes que asumen estos retos que les permitirán ser cada día mejores seres humanos y verdaderos ciudadanos.

Asistentes al primer gran foro estudiantil con candidatos a la Alcaldía.

12 Nº 81, junio de 2011

Agencia de Información Laboral

El pasado 23 de mayo terminó el período de concertación del pliego de peticiones presenta-do al Gobierno Nacional por la

Federación Colombiana de Educadores, Fecode; concertación adelantada en el mar-co del Decreto 535 de 2009 que reglamentó la concertación con los empleados públicos. Esta vez el Gobierno y el magisterio sindica-lizado lograron un acuerdo después de 40 días de negociaciones.

Es un acuerdo con temas positivos, que representan conquistas importantes, pero también con peticiones no resueltas que se tienen que seguir “peleando” con la moviliza-ción de los educadores, según Senén Niño Avendaño, presidente de Fecode, quien por esa razón lo calificó como un acuerdo que deja un sabor agridulce.

Por considerarlo de importancia, sobre todo para los cerca de 250 mil educadores que se benefician estos acuerdos, la Agencia de Información de la ENS conversó con Senén Niño. Esta es la entrevista:

Primero que todo, ¿Fecode quedó satisfecha con este acuerdo?

Digamos que nos queda un sabor agridulce. Por un lado, gracias a la movilización del ma-gisterio, logramos puntos muy importantes y poner en discusión temas claves como el estatuto único de la profesión docente. Los maestros hemos recibido bien este acuerdo, nos sentimos satisfechos porque es una con-quista, así hayan quedado faltando cosas.

Empecemos entonces por lo que quedó faltando.

Todos los puntos fueron discutidos en la mesa de negociación, pero los relacionados con la política educativa y la calidad de la educación, con el trabajo decente de los maestros, el incremento salarial y los de-rechos prestacionales que hemos ganado en procesos ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, fueron temas que el Gobierno no quiso negociar, le faltó vo-luntad. Se crearon sí unas comisiones para tratar asuntos pendientes, como el plan na-cional de vivienda para los maestros con el Fondo Nacional del Ahorro, y la financiación y realización de los juegos nacionales del magisterio.

Sobre el estatuto único de la profesión do-cente, vieja aspiración del magisterio y tema central en todas las negociaciones, ¿qué tanto se avanzó?

Se avanzó. Se acordó conformar una comi-sión tripartita entre Gobierno, Congreso de la República y Fecode, con el propósito discutir y presentar un proyecto de ley que unifique el régimen laboral de los maestros colombia-nos. Es un punto muy importante.

Otro tema recurrente es del pasivo presta-cional, una deuda de vieja data que tiene el Gobierno con el magisterio. ¿Qué hubo en ese punto?

Le expresamos al gobierno nuestra voluntad de buscar un acuerdo de pago de ese pa-sivo, que asciende a 49 billones de pesos,

por concepto de cesantías y prestaciones sociales. Pero el Gobierno se mostró inflexi-ble, dijo que no hay dinero y no le interesa lo que le ocurra al Fondo de Prestaciones del Magisterio. Denunciamos esa actitud autori-taria y desobligada del Gobierno de no querer buscar mecanismos de pago a través de un plan a largo plazo, unos bonos para liberarlos en los próximos 10 o 15 años y cubrir así esa deuda tan elevada.

¿Qué se acordó en cuanto a la jornada la-boral?

Ahí hubo un desacuerdo total. El Gobierno no quiso aceptar ninguna propuesta de Fecode. Pretende explotar laboralmente a los maestros al máximo, al punto que los está obligando a cubrir el trabajo de quie-nes se encuentran enfermos o en licencia por período inferior a 30 días. El Gobierno pretende, y lo está logrando, extender la jor-nada laboral de los educadores, frente a lo cual hemos tomado la decisión de iniciar una desobediencia en las actividades y acudir a los tribunales para que diriman ese conflicto. Vamos a hacer una gran movilización contra esa forma inmisericorde de explotar a los educadores.

¿Sigue entonces la movilización de los maestros?

Hemos definido que todos los temas que no fueron negociados por falta de voluntad polí-tica del Gobierno, seguirán siendo banderas de lucha, y los maestros nos seguiremos mo-vilizando junto con la comunidad educativa,

los estudiantes, el pueblo en su conjunto. Porque en últimas eso es importante para la educación, tiene que ver con las condiciones de estudio de los niños, el hacinamiento, la calidad de la educación; temas que el Gobierno no quiere abordar. Propusimos que para el preescolar fueran 20 niños por curso, en primaria 25 niños y en secundaria 30. Pero el Gobierno mantiene la política de que sean 45 en secundaria y 40 en primaria. Hay cursos que llegan a los 50 niños. Es decir, existen unas condiciones muy difíciles de trabajo y de estudio. El Gobierno tampo-co acepta la petición de que no siga, con la plata del Estado, entregando la educación a intermediarios particulares.

¿Está hablando de la privatización de la educación?

En efecto. El Gobierno tiene claramente es-tablecida su política de seguir privatizando, en cumplimiento de los mandatos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ven con muy buenos ojos lo que está ocurriendo en Perú, en México y en Chile. En este último se ha privatizado el 50% de la educación. Ahora pretenden llevarnos a esos niveles en Colombia. Están contratan-do el servicio del preescolar, la primaria y secundaria con particulares. Ya hay en el país 1´200.000 niños entregados a particula-res a través de lo que llaman educación por concesión y atención de cobertura con ope-radores privados. Cínicamente el Gobierno niega que esté privatizando la educación, cuando en realidad el 11,5% de la matrícula

entrevistA con senén niño, Presidente de Fecode

Acuerdo entre Gobierno y Fecode: una conquista agridulce

Nº 81, junio de 2011 13nacional ya está en manos de particulares, y amenaza con incrementarse. Se alistan 44 nuevos colegios para entregar en concesión. Es decir, se sigue intermediando y mirando la educación como una oportunidad de negocio para unos particulares.

¿Cómo quedó el tema de los permisos sin-dicales?

El Gobierno se comprometió a modificar el Decreto 2813 para que los permisos sindi-cales sean expeditos por parte de los entes nominadores. También a modificar la circular 09, para que no haya la interferencia a la au-tonomía sindical por parte de las Secretarías de Educación. Esta circular, como requisito para los permisos sindicales, presentar un cronograma minucioso de las actividades a desarrollar, algo que afecta la autonomía sindical. Algunos nominadores de manera autoritaria niegan ese derecho.

El magisterio es el gremio que en los últimos años más ha sufrido la violencia antisindical y son frecuentes las amenazas a docentes. ¿Qué se acordó en ese tema?

La resolución 3900 que acaba de ser espedi-da, establece un plazo para estudiar el nivel de riesgo de los maestros amenazados. En todo caso se tiene que producir dentro del año siguiente la reubicación definitiva de es-tos docentes, y es causal de mala conducta por parte de los nominadores el esconder plazas vacantes para hacer politiquería. Esas vacantes las deben ocupar los maestros amenazados.

En el tema de la salud, ¿hubo avances?

Sí hubo algún avance, pero no como quisié-ramos. Avances en el sentido de buscar más responsabilidad por parte de quienes ganen la licitación para prestar el servicio médico. Por lo menos se logró que el Gobierno asuma con más seriedad el cumplimiento riguroso de la Ley 80, y de la Ley 11 de 1971 sobre contratación. Hay otros temas pendientes por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como el relacionado con la sostenibilidad financiera de nuestro régimen de salud. Sucede que los dineros

que nosotros aportamos con destino a la salud, los están desviando para pagar pen-siones de los maestros, lo cual consideramos una apolítica abusiva y hasta delictiva. El Gobierno, por ley, tiene que aportar el 12% del valor de la nómina de los maestros, pero nos viene quitando dineros para la salud con el propósito de disminuir la carga prestacio-nal del magisterio. Este tama es grave y por eso volveremos a movilizarnos, para exigir al Gobierno que respete nuestro régimen especial.

Otro punto acordado fue el de las compensa-ciones para maestros que trabajan en zonas rurales de difícil acceso. ¿Nos puede explicar ese acuerdo?

El Gobierno aceptó que se establezcan zo-nas rurales que, por ser de difícil acceso, ten-drían un reconocimiento económico adicional equivalente al 15% del salario mensual. Pero también existen zonas urbanas de difícil ac-ceso, y para considerarlas el Gobierno acep-tó conformar, entre el Ministerio y Fecode, una comisión que determine los criterios y el porcentaje que se ha de pagar a los maestros que trabajan en esas zonas urbanas de difícil acceso; como también en zonas de extre-mas condiciones climáticas o geográficas: la selva, los páramos, que podrían tener un estímulo superior al 15%.

Finalmente, ¿notaron algún cambio en la negociación con este Gobierno, en compa-ración con el anterior?

Con el gobierno de Uribe Vélez también ne-gociamos un pliego de peticiones. Logramos un acuerdo en lo del régimen pensional, que andaba muy enredado por un concepto del Consejo de Estado. Pero hay que advertir que el gobierno Uribe utilizó ese acuer-do para llevarlo a Ginebra y lograr que a Colombia la sacaran del listado negro de los países que violan los derechos humanos y sindicales. Y aún así, esos acuerdos fueron incumplidos en una buena proporción, sobre todo en lo relacionado con la jornada laboral y el traslado de los maestros por actividades del servicio. Ese reclamo se lo estamos ha-ciendo ahora a este Gobierno, tanto que en

la negociación de este pliego de peticiones presentamos un punto que llamamos el es-tricto cumplimiento de los acuerdos que el gobierno de Uribe nos incumplió. Pero no se nos aceptó, Santos no quiso honrar la pala-bra empeñada por el anterior Gobierno.

¿Temen que el gobierno Santos también incumpla estos acuerdos?

Esperamos que no, que, como en el pasa-do, este acuerdo no lo usen como un do-cumento para conseguir sus propósitos en la OIT, o le sirva al Gobierno para agilizar el TLC con Estados Unidos. Esperamos que más allá de eso, el Gobierno asuma con honradez la palabra empeñada y los acuerdos se cumplan a cabalidad.

14 Nº 81, junio de 2011medioambien te

sed con el agua al cuello. Otra de las pro-puestas del Referendo era precisamente la de proteger el ciclo hidrológico, destinando los ecosistemas esenciales para dicho ciclo a su función natural, es decir no deforestan-do las cuencas, no dedicando los páramos a la minería, no desecando los humedales, respetando los territorios étnicos.

La ola invernal que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de un “modelo de desa-rrollo” y de urbanización en contravía con la realidad hídrica del país, constituye un desolador escenario en el cual ciudades como Cúcuta y Yopal han visto inutilizados sus acueductos, al igual que numerosas po-blaciones ribereñas del Magdalena y otros ríos que arrastran tal cantidad de lodo que hace imposible la operación de las plantas de potabilización. Este problema ha llegado incluso a poner en riesgo el suministro de agua proveniente de la planta de Tibitoc en Bogotá. Se confirma así que la carencia de agua potable y las inundaciones son un doble desastre y constituyen fenómenos interconectados.

El Gobierno sin embargo anuncia una re-construcción basada en obras de “aconduc-tamiento” del agua: canalizar ríos, dragar, elevar jarillones, construir más represas, etc. Estas seudosoluciones, soportadas en la llamada infraestructura gris y basa-das en la creencia de que es la naturaleza la que esta equivocada y causa el mal, parecen más encaminadas a favorecer los carteles nacionales y transnacionales de la contratación y al sistema financiero que a resolver los problemas de fondo y demuestran que quienes nos gobiernan no han aprendido un ápice de la lección que estamos recibiendo.

Por ello, a un año del portazo que la mayo-ría uribista dio al Referendo por el Derecho Humano al Agua, reafirmamos que solo una política fundamentada en su reconocimien-to, en la gestión pública y comunitaria, sin ánimo de lucro, del servicio público de acue-ducto y alcantarillado, y en la protección de los diversos elementos del ciclo hídrico (la infraestructura verde), es la única manera de evitar el doble desastre de las inunda-ciones y la carencia de agua potable.

Primeras firmas

Organizaciones:

Sintramesdes. Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos. Avocar. Censat. Liga de Usuarios de Bogotá.

Personas:

Hernán Darío Correa, Enrique Galán Roa, Rafael Colmenares Faccini, Óscar Gutiérrez, Tatiana Roa, Martha Cañón y Humberto Polo.

A Un Año de lA negAción del reFerendo Por el AgUA

Carta al pueblo colombianoU

n año después de que la Cámara de Representantes negara el Referendo por el Derecho Humano al Agua los problemas de acce-

so al agua potable y de gestión del ciclo hidrológico en el territorio nacional se han agudizado, al tiempo que los Planes Departamentales de Agua, publicitados por el gobierno anterior y continuados por el actual como “la solución”, naufragan en un mar de corrupción e ineficiencia.

Hace pocos días fue revelado el informe de la Contraloría General de la República sobre dichos planes en el cual se concluye que los PDA no son viables, se señala que de 600 municipios inscritos en ellos solo en 200 se construirían las obras de acueducto necesarias, mientras que los 400 restantes pignoraron sus recursos para la ejecución de obras que nunca verán.

El informe revela que de los 1,1 billones de pesos aportados por los municipios, solo se ha ejecutado el 20% y que los prin-cipales beneficiados han sido los bancos en los cuales se encuentran depositados los dineros. Numerosos municipios no tie-nen cómo pagar el costo de la fiducia que maneja sus propios recursos. En departa-mentos como el Cesar y otros de la Costa Atlántica, pioneros en la ejecución de los PDA, la Contraloría ha encontrado graves episodios de corrupción.

Recordemos que los Planes Departamentales de Agua, al igual que el esquema de privati-zación y mercantilización del agua de la Ley 142 de 1994, fueron esgrimidos por la en-tonces viceministra de Agua, Leyla Rojas, como la alternativa a nuestra propuesta de consagrar en la Constitución el derecho humano al agua, el mínimo vital gratuito y la gestión pública y comunitaria del agua. Nuestras iniciativas fueron presentadas por la mencionada funcionaria y la bancada uri-bista como perniciosas para que el Estado pudiera cumplir de manera planificada con el objetivo de calmar la sed de más de nueve millones de compatriotas. Muchos municipios fueron obligados y chantajeados para que ingresaran a los PDA y los críticos de la iniciativa fuimos calificados de ilusos o extremistas.

Hoy el informe de la Contraloría confirma nuestros pronósticos. Altos funcionarios del Gobierno, algunos de los cuales tam-bién formaron parte del gobierno anterior, aceptan que los PDA requieren una rees-tructuración, que seguramente resultará en un nuevo fracaso pues a lo que no quieren renunciar es al modelo que convierte el agua en una mercancía, y los dineros del Estado y de los ciudadanos en alimento de las jugosas ganancias del sistema fi-nanciero.

Entretanto el país continúa inundado, la otra cara de la moneda. En Colombia se padece

Nº 81, junio de 2011 15t l c / i n fo rmal idad

Libardo Gómez

toMaDo De Diario Del Huila

Rubén y Mónica, al igual que mi-les de jarreadores están felices y tienen sobrados motivos para estarlo, el Gobierno a través de

los Ministerios de Protección y Agricultura, dictó el Decreto 1880 que reconoce como lícita y necesaria la venta de leche cruda en cantina, y elimina la prohibición expresa en el Decreto 616 del 2006.

Las consideraciones consignadas en la nue-va norma son algunas de las que la cadena láctea popular venia argumentando para controvertir la absurda medida: que más del cincuenta por ciento del consumo nacional lo atiende la venta informal, que su mercado lo constituyen especialmente los más pobres de Colombia, que es un comercio que forma parte de una costumbre muy arraigada en la población, que la leche es un alimento fun-damental para la nutrición de la población, especialmente la infantil y se consume dia-riamente, todas estas verdades finalmente fueron aceptadas por el Gobierno y con ellas dispuso de reglamentación para la comercia-lización de leche cruda en establecimientos y de manera ambulante.

El decreto, presiona ahora a los ganaderos a registrar sus predios en el ICA y a garantizar que los mismos estén libres de Brucelosis y Tuberculosis, para lo cual deben vacunar sus hatos, darles un adecuado manejo y recibir una certificación.

La Cadena Láctea Popular siempre tuvo la razón, desde el momento en que se pretendió proscribir su actividad, pero solo con la or-ganización y la resistencia logró acumular la fuerza suficiente para persuadir al Gobierno de cesar en su terrible propósito.

Sin embargo, los peligros para la Cadena láctea Popular, que incluye a pequeños y medianos ganaderos, transportadores y

comercializadores, procesadores y consu-midores, no terminan aún; continúan cami-nando los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea y Mercosur, que representan un riesgo letal para la actividad en nuestro país, porque los excedentes lácteos de esas naciones, con las múltiples gabelas que reciben, terminarán tomándose nuestro mercado interno, copando la fuente de ingre-sos que garantiza la actividad de nuestros productores.

Algunos despistados dirán que simplemente sustituiremos la cuajada por el queso gru-yer, pero la realidad no es tan sencilla, de destruirse el hato nacional, no solo desapa-recerán numerosos puestos de trabajo, sino que nuestra seguridad alimentaria en lácteos y cárnicos quedará a merced de los comer-cializadores internacionales, especuladores de oficio. Un ejemplo para reflexionar está en Cuba, que en la época de sus acuerdos con la extinta Urss, a cambio de azúcar recibía el suministro de carne desde las estepas rusas, con lo que desatendió su ganadería perdiendo las especies criollas y marchi-tando los programas de pastos y forrajes; ahora es muy escasa la carne vacuna para consumir, salvo la que se importa a precios astronómicos.

El decreto preserva la comercialización de leche cruda, pero no resuelve las innume-rables exigencias a los procesadores que trata por igual, ya sea que cuaje para el mercado de la vereda o el barrio o el que lo haga para mercados especializados o de exportación, de tal suerte que la tarea de la Cadena Láctea Popular aún no ter-mina; debe fortalecer la organización y la cohesión para que se adelanten progra-mas de modernización con el apoyo de recursos estatales, concluir la revisión de la normatividad diferenciando las condi-ciones exigidas, según el mercado que se vaya a atender, siempre en el propósito de defender la producción nacional y hacerla evolucionar positivamente.

Pedro Luis Ramírez Barbosa

preSiDente nacional De uGti-cut y MieMBro De Streetnet internacional

En la última reunión de la Junta Directiva del Ipes donde se me comunicó que en virtud del Decreto 099/11 ya no

pertenecía a dicha institución y en la que se me permitió señalar las razones por las cua-les dicho decreto era ilegal e inconstitucional, en las que ya hemos abundado en otros artí-culos de este Informativo CUT, se llegó igualmente al acuerdo, por iniciativa de la presidenta de la Junta, Mariela Barragán, de que el documento median-te el cual el director pretendía surtir el procedimiento para elegir los nuevos miembros de la misma en representación de los vendedores ambulantes, sería primero discutido como propuesta de Aljure en el seno del Comité Distrital de Vendedores para que dicho pro-cedimiento fuese consultado, discutido y de-cidido autónomamente por este organismo de representación. Como siempre, el director del instituto no solo no cumplió el compromiso sino que adelanta, de acuerdo a su amañado, caprichoso y arbitrario entender, el proceso de delegación para señalar a dedo al ungido de su preferencia, como estaba escrito en el documento presentado a la Junta.

El paralelo de Aljure con los procedimientos del Procurador y Santos en la suspensión de Samuel y de este con la supresión de la repre-sentación de los V. A. en la Junta del instituto no es sólo casualidad cronológica sino paradó-jica, por cuanto se trata del desconocimiento de la representación de origen popular a la cual se le borra apelando a la leguleyada, en un caso por ineficiencia y en el otro por autoritarismo. La discrecionalidad que da la norma al Procurador para suspender al Alcalde es la misma que le da al Alcalde y Aljure para suprimir a la repre-sentación de los V. A., con la diferencia que el alcalde está asociado a investigaciones por corrupción y nosotros no.

Aunque las semejanzas no acaban allí, por cuanto podríamos señalar cómo el objetivo del Procurador y Santos no es Samuel sino el Polo, el objetivo de Aljure no es los repre-sentantes sino acabar con los Comités y el proceso institucional de concertación de los

Vendedores Ambulantes, y así podemos con-tinuar, en cómo patrocina a quienes cuentan con su aval para mostrar las divisiones y así poder elegir a quien siendo enemigo de los Comités pueda representar la comunidad de vendedores, mientras Santos designa a una representante, a dedo, de los bogotanos, ella sí honesta, eficiente etc., pero enemiga del Polo, para irrespetar a quienes son partido de gobierno y a quienes se les juzgó y condenó

como un todo por deshonestos, corruptos que promueven las mafias y sobre todo incapaces, sin mencionar la imposición de la agenda que el Gobierno Nacional hace al nombrar una Alcalde ad hoc para la venta de la ETB y Aljure impone los te-mas que se le ocurren por fuera de la política pública de espacio público y vendedores ambu-lantes y las funciones del Ipes en este marco, por supuesto sin concertar y desconociendo

la representación de origen electoral de los Comités Locales y Distrital.

La participación ciudadana como mandato constitucional es el mecanismo que puede salvar a la nación de la barbarie, sin embargo, los poderes establecidos desean y posibilitan una participación eunuca o como lo decía el secretario de Gobierno de la anterior adminis-tración, Juan M. Ospina, que no cogobierne. Lo que significa, que no afecte la distribución del poder y los recursos que están en juego en la cosa pública y confirme que el mundo en que vivimos es el mejor de los mundos al que podemos aspirar. La mala noticia para quienes vienen participando de la “cosa po-lítica” con la aspiración, por ejemplo, de la Casa Rojas, a reencaucharse en los intereses creados para quedarse con su “pedacito”, o de Aljure para tener una mejor carrera en su inane vida profesional, es que, frente a la pérdida de poder del Estado, la revolución en las expectativas de vida de los de abajo y la re-autonomización del sistema económico, sólo queda la anarquía, la fragmentación, la corrupción generalizada y, en últimas, la di-solución del Estado mismo, proceso en curso en el que estamos inmersos, o la apuesta por la reconfiguración de lo colectivo con participación cierta y decisoria de los hasta ahora excluidos, de lo que es un ejemplo el proceso de los Comités Locales y Distrital de Vendedores Ambulantes.

Leche y TLC

AljUre, director del iPes

Enemigo de la democracia y los vendedores ambulantes

16 Nº 81, junio de 2011s ind i ca les

CSICSICSICSICSIc o n F e d e r A c i ó n s i n d i c A l i n t e r n A c i o n A l ( c s i ) e n l í n e A

AUMentA el APoyo Político A UnA tAsA sobre lAs trAnsAcciones

FinAncierAs

$605 billones de especulación en de-rivados durante 2010. Ya es hora de que los mercados financieros paguen su parte en la economía global, afirma

organización sindical internacional

Bruselas, 22 de junio de 2011 (CSI EnLínea): Se incrementan las presiones sobre los res-ponsables económicos para que hagan que los mercados financieros paguen su cuota en la economía global, conforme aumenta el desempleo tras la crisis financiera mundial y los trabajadores y trabajadoras en el mundo entero rechazan los recortes como próximo paso para financiar un sistema financiero cada vez más deficitario.

El día de hoy, sindicatos y ONG llevan a cabo acciones en todo el mundo apoyan-do el establecimiento de una Tasa sobre las Transacciones Financieras. La CSI ha pedido a los encargados de tomar deci-siones en los Gobiernos que lleguen a un acuerdo para implementar dicha tasa lo antes posible.

La TTF está recibiendo cada vez mayor apo-yos políticos, incluyendo un voto unánime para su establecimiento en el Parlamento de Brasil y un llamamiento por parte del presidente de la Comisión Europea, Manuel Barroso, para incluir la cuestión en el orden del día de la

Cumbre europea que tendrá lugar los días 23 y 24 de junio.

Las transacciones especulativas, incluyendo los derivados financieros, aportaron a los bancos $605 billones en 2010, según la Ocde, lo que representa 10 veces el PIB mundial. Estas ganancias están prácticamente libres de impuestos.

“Este capital especulativo fue uno de los principales causantes del colapso financiero en 2008, sin embargo es una industria que continúa creciendo, sin aportar nada a la economía real ni a los Gobiernos nacionales”, comentó hoy la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

“La industria debe empezar a pagar, en lugar de limitarse a generar beneficios obscenos para los banqueros y financieros en todo el mundo”, añadió la Sra. Burrow.

“Una simple tasa sobre las transacciones financieras generaría miles de millones de dólares que podrían destinarse a crear em-pleos decentes, hacer frente a la pobreza en el mundo y emprender acciones respecto al cambio climático. Es hora de que los bancos dejen de obtener beneficios a costa de los tra-bajadores y trabajadoras y empiecen a pagar para reparar el daño que han ocasionado a la economía”, dijo la Sra. Burrow.

Los sindicatos afirman que la iniciativa, que incluiría la introducción de una tasa corres-pondiente a una fracción de un porcentaje

de las transacciones, contribuiría además a desalentar la especulación financiera, uno de los principales factores que provocaron la recesión iniciada en 2008.

“Los argumentos a favor de esta tasa resultan convincentes y tienen sentido económicamen-te. Los bancos utilizan su enorme influencia sobre los políticos para intentar parar el impul-so inicial, pero los Gobiernos deben resistirse a las tácticas opresoras del sector financiero y gobernar en interés de la población”, explicó la Sra. Burrow.

Los sindicatos y sus aliados en la sociedad civil, apoyados por numerosos economistas y políticos, buscan centrar ahora la atención de la opinión pública en todo el mundo respecto a la demanda de una tasa sobre las transac-ciones financieras, y esta cuestión figurará de forma destacada entre las reivindicaciones sindicales para la Cumbre del G20 en no-viembre de este año, acogida por Francia. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha sido un ferviente defensor de dicha tasa.

lAs FAMiliAs y los trAbAjAdores sAlen Perdiendo con los recor-

tes de servicios clAves eFec-tUAdos Por los gobiernos PArA

rescAtAr los bAncos

L os trabajadores y trabajadoras y sus familias en todo el mundo están viéndose afectados por los recortes salvajes efectuados en el sector

público, conforme los Gobiernos del mundo entero vuelven a recurrir a los fondos de los ciudadanos para financiar los errores en que han incurrido los sectores financiero y bancario.

Coincidiendo con el lanzamiento de una campaña global en apoyo de unos Servicios Públicos de Calidad, el día de hoy, jueves 23

de junio, en Ginebra, la Confederación Sindical Internacional ha pedido a los Gobiernos nacio-nales que se castigue a aquellos que ocasio-naron la deuda y la inestabilidad financiera, en lugar de recortar los servicios públicos y atacar a los trabajadores del sector público.

"El mercado financiero internacional espe-culativo no ha parado de crecer desde que ocasionara el colapso financiero y, sin em-bargo, los contribuyentes, los trabajadores y sus familias están siendo castigados por los Gobiernos", afirmó hoy la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

"Servicios públicos de calidad, como la sa-nidad, la educación y el transporte, fueron establecidos por los ciudadanos con gran esfuerzo y resultan esenciales para garan-tizar una buena calidad de vida", añadió la Sra. Burrow.

"Los actuales recortes de los servicios pú-blicos efectuados por unos Gobiernos que tienen miedo a enfrentarse a los mercados monetarios internacionales son una vergüen-za, apoyamos a la población que se ha alzado y que intenta combatir a aquellos Gobiernos que pretenden despojar a las comunidades de sus servicios", indicó la Sra. Burrow.

El día de hoy, sindicatos de España a Ucrania, de Estados Unidos a Egipto, de África, y de Asia y el Pacífico participarán y planificarán acciones de solidaridad y visitas destinadas a poner de manifiesto la importancia de unos servicios públicos de calidad.

Sindicatos y asociados del mundo político y la sociedad civil están invitados a sumarse a sus campañas o a emprender sus propias inicia-tivas bajo la enseña de la campaña Servicios Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la Acción!, y les instamos a firmar la Carta de Ginebra sobre unos Servicios Públicos de Calidad. Podrán encontrar más información sobre la campaña, así como carteles y puntos de de-bate en www.qpsactionnow.orgEl lunes 21 de junio, como resulta-

do de la gestión adelantada por el compañero Jaime Ardila, se realizó

una reunión de líderes de vendedores informales del municipio de Duitama con el señor secretario de Gobierno, doctor Orlando Sáenz, el comandante de la Policía y los inspectores de Policía, con el fin discutir el Decreto 210 de 2011, mediante el cual la Administración de la ciudad prohíbe las ventas ambulantes en el perímetro urbano y establece severas medidas contra los vendedores informa-les, y buscar alternativas a dicha norma. 10 voceros representaron a los vendedo-res informales y estuvieron acompañados por Gustavo Montero, presidente de la CUT Boyacá, y Alfredo Manchola Rojas, fiscal nacional de la Unión General de Trabajadores Informales Ugti-CUT.

En un clima de franco diálogo se acordó establecer una mesa de trabajo para la concertación en la que la administración municipal y los voceros de distintos sec-

tores del gremio buscarán acordar alter-nativas de solución para el manejo de la situación, considerando organización y “autorregulación” del sector, incluyendo compromisos serios y obligatorios por parte de los vendedores informales y la adminis-tración municipal.

Según el doctor Sáenz, el Decreto seguirá aplicándose, sin tolerar ventas ilícitas ni trabajo infantil, en espera de los resultados de la mesa de concertación, que debe ins-talarse lo más pronto posible.

Con el fin de elegir y/o ratificar a los de-legados de los vendedores informales de Duitama para la mesa de trabajo, discutir aspectos de la autorregulación (carnés, chalecos, blusas, etc.) y presentarlas como propuestas, se realizó una gran asamblea general el 24 de junio.

Sindicato de Trabajadores Informales de Duitma, Sintrainformal Duitama, Unión General de Trabajadores de la Economía Informal en Colombia, Ugti-CUT Boyacá.

Se instalará mesa de concertación entre los vendedores informales de Duitama

y la administración municipal

Nº 81, junio de 2011 17op in ión

Miguel Ángel Delgado Rivera

FiScal cut BoGotá cunDinaMarca

Había adelantado algunos párrafos para escribir esta nota sobre otro asunto: la venta de la ETB y su relación con el problema de la co-

rrupción generalizada en el país y el papel del Alcalde Samuel en este embrollo. Pero me remito a: 1) Mi nota pu-blicada en el Informativo CUT del mes de marzo (Samuel al desnu-do) donde señalo el papel de trai-ción jugado por el alcalde Moreno frente a los acuerdos de no enaje-nación del patrimonio público sus-critos con el movimiento sindical, 2) A las inminentes medidas de aseguramiento e imputación de cargos contra Samuel Moreno, anunciada por la Fiscal Viviane Morales, y 3) Al artículo sobre la ETB, del exalcalde Jaime Castro, publicado en razonpublica.com el 19 de mayo pasado. Esto para dejar sentado que la propensión existente en el sindicalismo y en alguna dirigencia del Polo de sindicar solamente al gobierno de Santos de agenciar la venta de la ETB es sesgada. En las dos cosas, privatización y corrupción, Samuel se entremezcla con los partidos de la llamada unidad nacional.

Pero el martes 21 de junio, en horas de la noche, sucedieron unos hechos que me impresionaron y afectaron tanto, que sin po-der conciliar el sueño, me hicieron tomar la decisión de escribir sobre ellos.

Salí hacia las nueve de la noche de una re-unión de trabajo con mi candidato al concejo de Bogotá, tome una buseta con destino a mi hogar, y a la altura del Parque de Lourdes un joven no mayor de 17 años, respaldado por dos más, con una puntiagudo puñal apun-tando ferozmente a la altura de mi corazón, me obligaba, de manera soez, a entregarle el celular, fueron segundos de duda y tor-mento aterradores, estaba a centímetros de la muerte. Nunca antes, a pesar de varios incidentes similares o la represión en mo-vilizaciones populares, había sentido a la muerte rondar tan cerca. De pronto una som-bra paso por mi lado y el sujeto fue arrojado hacia la salida de la buseta, dándome tiempo a reaccionar. Desalojamos a los facinerosos del vehículo como producto de la reacción de todos los ocupantes. La sombra fue un señor que oportuna y valerosamente actuó sobre el agresor. No faltaron mis agradeci-mientos al bienhechor. Se los reitero donde quiera que esté.

Al llegar a mi aposento, más calmado, es-cuche la desgraciada noticia del execrable asesinato de dos niñas en la localidad de Kennedy, Erika y Sandra Patricia Rocha, mi tribulación fue mayor.

La memoria de estas dos inocentes criatu-ras, la huella de la herida en la mano de mi

compañera vicepresidenta Doris González, producida en igual situación, el recuerdo de los dos hombres asesinados recientemente por robarles un celular (uno de ellos capellán de la Universidad Minuto de Dios) y las miles de víctimas muertas a manos de la delincuen-cia, la intolerancia y la inseguridad merecen una reflexión de todos los bogotanos.

Por supuesto que las condiciones que pro-ducen el hambre, la miseria, el desempleo y la exclusión son el origen último y superior de las lacras sociales. El sistema, di-ríamos. De eso partimos. Pero frente a los ciudadanos comunes y corrientes, que son millones en Bogotá y que sufren a diario esta cruel e inhumana situación, esta explicación maximalista no sirve. Ellos necesitan acciones inme-

diatas ahora.

Es odioso ocupar este espacio en relatar un suceso personal, pero decidí hacerlo porque a partir del “triunfo” de los ocupantes de la buseta sobre el crimen, inmediatamente se dio una asamblea, un intercambio de opiniones, espontáneo y revelador, sobre apreciaciones y acciones concretas que se pueden implementar para abatir este flagelo cotidiano.

He aquí algunas ideas de esta deliberación popular, ordenadas y resumidas:

La desconfianza total en la policía. Su 1. depuración y puesta al servicio de las gen-tes. El aumento sustancial de su número y la eficacia de su accionar. Mejorar sus condiciones materiales y espirituales. La inusitada ola de corrupción oficial y 2. privada. El castigo real y ejemplarizante a todas las formas de corrupción y de delito. Desde los delincuentes de “cuello blanco” y el crimen organizado, hasta la delincuencia común. La organización de la ciudad. Su sistema 3. de transporte. Su iluminación nocturna. La eliminación de los focos de degeneración social. El aseo. La ordenación del uso del espacio público. Incentivar el empleo, la cultura, el deporte 4. y la recreación de la juventud bogotana. Campaña masiva y generalizada de con-5. vivencia ciudadana. La solidaridad traducida en acción, como 6. elemento esencial para lograr una sólida salvaguardia de la ciudadanía.

Los bogotanos esperan que la actual cam-paña para elegir las autoridades políticas y administrativas de la ciudad, sirva para poner este tema en el centro de las soluciones in-mediatas que los centenares de candidatos en pugna por la Alcaldía, el Concejo y las Juntas Administradoras Locales pongan en práctica de ser favorecidos por el respaldo popular. Yo abogaré porque mis candidatos, a todos estos niveles, lo hagan.

La inseguridad ronda a los ciudadanos en Bogotá

Por Alejandro Torres Bustamante

toMaDo De notaS oBreraS (aparteS)

El Congreso aprobó la conciliación entre Cámara y Senado de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana –quedando pendiente solo la sanción presiden-

cial–, “Por medio de la cual se reforman el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; iniciativa presentada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, inmediatamen-te tomó posesionado el actual Mandatario, ley que, junto con la de inteligencia y contrainteligencia y la que reforma el Código de Policía, que hacen trá-mite en la actualidad, configuran un arsenal de normas represivas, que no tiene nada que envidiarle al tristemente célebre Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, y que tiende a hacer aún más gravosas las penas vigentes en contra de los derechos democráticos a la movilización y a la protesta; a castigar con más tiempo de cárcel conductas derivadas fundamentalmente de la miseria a la que se ha sometido a las masas; a castigar con mayor inclemencia las luchas de la pobrería por hacerse a una parcela para trabajarla o a un techo; a sancionar más duramente a los pequeños mineros o a los pescadores arte-sanales que sobrellevan sus carencias en estas arduas labores; a reprimir con sevicia a los jóvenes, ya por sus justas reclamaciones ora porque la propia descomposición de la sociedad, el consumismo inducido y la falta de oportunidades de progreso ha llevado a muchos a caer en la delincuencia.

Poco se ha dicho sobre este engendro anti-democrático, a excepción si acaso de lo rela-cionado con las disposiciones acerca del robo de teléfonos celulares con lo que los medios de comunicación han ocultado y banalizado el contenido real de la nueva norma. Mientras tanto, la cúpula oficial ha desatado una alga-rabía interna y externa sin antecedentes sobre su compromiso con los “derechos humanos” en torno a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuyos preludios han hecho patente su verdadero futuro. Para solo citar dos ejemplos: la represión desatada contra los destechados y los sin tierra en Urabá y otras regiones del país, y el vil asesinato en Medellín de la líder de desplazados Ana Fabricia Córdoba Cabrera, crimen anunciado por la propia víctima pero fa-cilitado por la más aberrante y dolosa indolen-cia oficial, y sobre el que se viene informando que hay serios indicios de haber sido cometido por personal de la Policía. La misma suerte han corrido en los pocos meses transcurridos del mandato santista por lo menos 16 personas vinculadas a las organizaciones y luchas de los despojados del campo.

Démosle, pues, un repaso a algunas de las medidas de “seguridad ciudadana” tomadas por la Prosperidad Democrática. El artículo

10 determina subir en más o menos un 50% las penas de prisión por lanzar sustancias peligrosas “contra persona, edificio o medio de locomoción”, contempladas en los artícu-los 358 y 359 del Código Penal –Ley 599 de 2000–, las que se agravan si se hace “con fines terroristas”. Se trata de imponer penas desproporcionadas, incluso contra quienes en

las demostraciones públicas arrojan las llamadas papas que, aunque ruidosas, en ge-neral son inocuas, mientras que en esos mismos actos la Fuerza Pública utiliza contra los manifestantes gases de distinta clase cada vez más agresivos, propina atroces golpizas que han llevado per-sonas a la muerte, y en no po-cas ocasiones dispara a matar con sus armas de dotación,

que supuestamente está prohibido portar para el control de esta clase de actos.

El artículo 44 estatuye un nuevo delito, que se plasma en el artículo 353 A del Código Penal: “obstrucción a vías públicas que afecten el or-den público”, el cual se castigará con entre 2 y 4 años de prisión y multa de 13 a 75 salarios mínimos legales vigentes. Una coincidencia de posiciones entre el suspendido alcalde del Polo, Samuel Moreno y Santos y Vargas Lleras. El primero, a raíz de los bloqueos de los camio-neros de febrero pasado, cuando el gobierno hacía oídos sordos a sus razonadas peticiones, solicitó estatuir medidas represivas de ese corte: “Yo creo que el Congreso de la República debe legislar, en unas penas mucho más severas para quienes perturban el transporte público y masivo, y que en últimas perjudican a las per-sonas que quieren llegar a sus trabajos y sitios de estudio.” Fantochada despótica frente a la cual el resto de la cúpula polista ni chistó. La re-cién nombrada alcaldesa, Clara López, cuando ejercía la Secretaría de Gobierno, también le ordenó al Esmad reprimir a miles de habitantes del suroccidente de la capital que protestaban por carencia de servicios públicos y el abandono de las calles del sector: “No se puede afectar a otros ciudadanos con el bloqueo de vías”, argu-mentó. Es claro que Santos pretende convertir las protestas populares, cuando las autorice, en simples procesiones adornadas con pancartas y bombas multicolores que le permitan hacer alarde de su vocación democrática, y no solu-cionar ninguna de las exigencias de las masas. En concordancia con el anterior, el artículo 45 modifica el 353 sobre “perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial”. Este se castigaba con prisión de uno a tres años y pasará a entre 4 y 8 años.

Frente a esta andanada reaccionaria los sec-tores progresistas y patrióticos, las masas de obreros y campesinos, los sectores estudian-tiles y capas medias, la juventud relegada y sin oportunidades, los trabajadores de la rama judicial, habrán de levantarse a exigir que se revoquen las medidas penales anti-democráticas, pero, en todo caso, éstas no serán óbice para que el pueblo despliegue su lucha valerosa por el pan, la tierra, el trabajo, la libertad, la soberanía nacional y demás de-rechos conculcados.

ley de segUridAd ciUdAdAnA

La naturaleza fascista del gobierno de Santos

18 Nº 81, junio de 2011l abora les

Edwin Mauricio Villamil

reSponSaBle juventuD y SinDicaliSMo enS

Gustavo Toro, fundador de Almacenes Éxito, tuvo como postulado: “cuidar del empleado para que el empleado

cuide del negocio”. Pero para las 3.000 per-sonas que prestan el servicio de empacado-res en la cadena de almacenes, tal postulado sólo se materializará a partir de este mes de junio, cuando pasen a ser parte de la planta de personal del Grupo Éxito.

A pesar de ser el mayor em-pleador privado del país (más de 60.000 personas a su servi-cio) y una de las empresas con mayor reconocimiento entre los colombianos, desde el año 1996 Almacenes Éxito fue precari-zando el servicio de empaque a través de terceros. Entre más creció la compañía, más se precarizó la vinculación de los jóvenes empacadores a través de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), concretamente a las CTA Futuro, Creser y Nacer1.

Las grandes cadenas de hipermercados, como Almacenes Éxito, Carrefour, Supertiendas Olímpica y Supermercados Cafam, pagaban por hora trabajada a las CTA, pero dicho monto sólo cubría la seguridad social, com-pensación por descanso, programas de re-creación, bonificación de fin de año y créditos educativos. En ese sentido, eran los clientes quienes terminaban pagando el salario de los empacadores mediante las propinas, si-tuación inaudita, ya que los jóvenes empaca-dores prestan un servicio que hace parte del engranaje cotidiano, misional y de servicio al cliente de dichas compañías.

A mediados de mayo del año en curso Carrefour determinó finalizar el contrato que tenía con la CTA La Virtud, la cual desde el 2006 operaba el servicio de empaque de mer-cancía, acopio de carros de mercado, arreglo de canastillas, devolución de perecederos y limpieza del puesto de trabajo. Tal determi-nación implicó la vinculación de 600 perso-nas de manera directa por contrato laboral. Según Marie Claude Joachim, vicepresidenta de Gestión Humana, el enganche de los em-pacadores implicará un aumento del 6% del valor de la nómina, el cual asciende a $5.000 millones anuales. De la misma manera, el 1º de junio el Grupo Éxito anunció la vinculación de 2.500 empacadores, enganche que podría representar unos $16.500 millones anuales de incremento en la nómina.

Aunque las plantas laborales se incrementan y los costos de la nómina crecen, no se com-padece que compañías que ocuparon en el 2010 el segundo y octavo lugar en ingresos operacionales en Colombia, tuviesen 3.600 personas prestando servicios de empaque, revisión de precios y mensajería por cuen-

ta de propinas, donación o compensación variable.2

Las cifras son dicientes. Durante el 2010 Almacenes Éxito registró ventas por $7,5 billones, lo que la ubicó como la segunda empresa en Colombia después de Ecopetrol. Asimismo, presentó un crecimiento de 7,7% con relación a 2009 y tuvo ganancias netas por $254.834 millones; y cuenta con un patrimonio $4,4 billones. Según la Revista Dinero, para el año en curso el Grupo Éxito

tiene proyectadas inversio-nes por $200.000 millones.3 Entre tanto, en 2010 el grupo Carrefour Colombia obtuvo ingresos operacionales por $4 billones, con un crecimiento de 8,8% con relación a 2009; y tuvo ganancias por $85.498 millones y patrimonio por algo más de $2 billones.

Al ser contratados directamente y sin intermediarios los empa-cadores en Almacenes Éxito

y Carrefour, se superan los siguientes aspectos: 1) Precarización del empleo. 2) Tercerización de cargos. 3) Salarios so-bre la base de propinas o compensacio-nes variables. 4) Inestabilidad laboral. 5) Degradación de las funciones desempeña-das. 6) Imposibilidad de sindicalización.

Marie Claude Joachim, de Carrefour, asegu-ró a diferentes medios que la medida no se efectuó por cuestionamientos al modelo de contratación a través de CTA: “La decisión no surgió por los cuestionamientos, sino que se vio la necesidad de revaluar el modelo en el marco de la estrategia de reforzar el servicio y de ser generadores de servicio de calidad”4.

Es claro que las medidas y sanciones que se plantean en el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 sobre Formalización y generación de empleo, el Decreto Reglamentario 2025 de 2011, y el Proyecto de Ley 215 de 2011, que establece como actividad misional el ofi-cio de empacadores en establecimientos de comercio, grandes almacenes e hipermerca-dos, que actualmente cursa en la cámara de representantes, puso a pensar a las grandes superficies.

El Artículo 63 de la Ley de Formalización y Generación de empleo establece sanciones de hasta por $2.678 millones a empresas privadas y entidades públicas que contraten mediante CTA a personas que desarro-llen actividades misionales permanentes. Asimismo, la contempla la disolución de las cooperativas y precooperativas que se presten para ofrecer servicios de personal de carácter misional. Entre tanto, el artículo 7 del Proyecto de Ley 215 de 2011 propone que se prohíba a “los establecimientos comerciales, grandes almacenes, hipermercados, minoris-tas entre otros tener en cuenta las propinas como parte del salario, prestaciones sociales

y demás garantías señaladas en la ley labo-ral colombiana, consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo o su equivalente”5.

Tal determinación nos dice que sí era posible emplear a jóvenes estudiantes de manera directa, con horarios flexibles y concertados, y lo más importante: con contratos de trabajo laboral6. Dicha situación muestra la falta de voluntad de los empresarios para general empleo formal y digno por iniciativa propia. Asimismo, queda claro que dichas cambios se presentan por varias razones: a) la presión de las organizaciones sindicales a nivel nacional e internacional, b) el marco legislativo que se presenta actualmente, y c) el descrédito de un modelo que a todas luces es precario y vulnera un sinnúmero de derechos.

Para que los nuevos empleos que generan las grandes superficies sean empleos dignos y estén en el marco del trabajo decente, de-ben confluir los siguientes aspectos:

En el proceso de enganche se debe dar 1. prioridad a los jóvenes que hacen parte de las CTA.No excluir del proceso de enganche a 2. las mujeres embarazadas y personas en discapacidad.La jornada laboral debe ser concertada 3. entre la empresa y cada uno de los em-pacadores.No se debe presionar a los empleados 4. a desistir o firmar cláusulas de no sindi-calización.No debe haber ningún tipo de discrimi-5. nación por orientación sexual, raza o género.

Por eso es inaudito que en el Grupo Éxito no se esté teniendo en cuenta en el proceso de selección a todos los jóvenes que hacen parte actualmente de las CTA, y que las plazas que se están generando sean menores a las que se tenían a través de las cooperativas. De la misma manera, merece todo el repudio por parte de sindicatos, entes gubernamentales de control y ciudadanos del común, que durante el proceso de enganche Carrefour no esté aceptando a mujeres en estado de embarazo. Aunque hay que resaltar la determinación de enganchar directamente a los jóvenes empa-cadores, las dos situaciones anteriormente enunciadas merece todo el rechazo, con eso dichas empresas terminan borrando con el codo lo que hacen con la mano. Y no hay que olvidar que ha sido imposible el surgimiento de organizaciones sindicales en estos almacenes de cadena por las prácticas antisindicales que por años han implementado.

Finalmente, las instituciones del Estado y las empresas privadas que contratan personas en funciones misionales y permanentes a través de cooperativas de trabajo asociado, deberían estar preocupadas por las siguien-tes razones: a) las sanciones a las que se pueden enfrentar, b) la censura pública y moral por parte de la ciudadanía, c) la presión y denuncia por parte de las organizaciones

sindicales, y d) la lesión de su imagen institu-cional a nivel nacional e internacional.

Bien podrían estas empresas emprender cuanto antes procesos de vinculación directa mediante contrato de trabajo, con garantías para el ejercicio de la libertad sindical, de los cerca de un millón de personas que ac-tualmente trabajan sin derechos laborales en CTA. Este se el camino a seguir, y no el que algunas empresas empiezan a anunciar: nuevas formas de precarización laboral a través de contratos comerciales. Esperamos que las medidas de fortalecimiento de la ins-pección laboral alcancen para frenar estas intenciones.

Creemos que llegó la hora de que los empre-sarios y las instituciones del Estado muestren su responsabilidad social vinculando labo-ralmente, sin discriminación, a todos estos trabajadores.

Notas

1 Hasta mayo del año en curso Almacenes Éxito tenía aproximadamente 3.000 empacadores, que prestaban sus servicios a través de las coo-perativas Futuro, con 547; Creser con 1.500; y Nacer con 1.000 empacadores.

2 El antropólogo David Andrés Diez caracterizó la compensación variable en los siguientes términos: “corresponde a las propinas que los clientes voluntariamente brindan a los empa-cadores por su servicio y atención en las cajas de pago. Y es variable precisamente por eso: porque depende de la generosidad del cliente. O sea que el día en que la generosidad se acabe, ese día los empacadores no reciben salario.” David Andrés Diez. “Las cooperativas de trabajo asociado de empacadores de los hipermercados: Propina convertida en salario otra forma de explotación laboral”. Medellín, Escuela Nacional Sindical, 2009, p. 1.

3 “Grupo Éxito invertirá $200.000 millones en 2011”, Revista Dinero. Bogotá, 27 noviem-bre de 2010. Consultado el 30 de mayo de 2011, tomado de: http://www.dinero.com/ne-gocios/grupo-exito-invertira-200000-millones-2011_81043.aspx

4 “Carrefour contratará directamente sus empa-cadores”, Portafolio. Bogotá, mayo 17 de 2011. Consultado el 1º de junio de 2011. Tomado de: http://www.portafolio.co/negocios/carrefour-contratara-directamente-sus-empacadores

5 Congreso de la República de Colombia. “Proyecto de Ley 215 de 2011”, Gaceta del Congreso, No. 206. Bogotá, 27 de abril de 2011, pp. 7-8.

6 Al pasar a ser empleados directos del Grupo Éxito y Carrefour Colombia los empacadores van a tener la posibilidad de acceder de manera paulatina a los siguientes beneficios en el Grupo Éxito: programas de capacitación, pasantías, intercambios, tutorías, aprendizaje de un se-gundo idioma, créditos de vivienda, fondo de empleados, y créditos de libre inversión. Entre tanto en Carrefour los empacadores podrán ac-ceder a los siguientes aspectos: seguro de vida, auxilios escolares y de salud, kits para los hijos y días adicionales de vacaciones, entre otros. “Carrefour contrata directamente 600 empa-cadores”, Revista Dinero. Bogotá, 20 de mayo de 2011. Consulado el 30 de mayo de 2011, tomado de: http://www.dinero.com/actualidad/noticias/carrefour-contrata-directamente-600 empacadores_88308.aspx

cooPerAtivAs de trAbAjo AsociAdo en cAdenAs de HiPerMercAdos

Un camino que jamás se debió recorrer

Nº 81, junio de 2011 19sector solidario

Oswaldo León Gómez Castaño

Gerente corporativo De la cooperativa Financiera conFiar “Militante De la cooperación”

Creo que vivir quiere decir ser partidarios. Quien vive verdaderamente no puede no ser ciudadano y tomar partido. Odio a los

indiferentes... La indiferencia actúa poderosamente en la historia.

Actúa pasivamente, pero actúa.

Antonio Gramsci

El mal-estar, con su potente dinámica depredadora, que inquieta al coo-perativismo, no es gratuito: es un espejo donde se proyecta el rostro

que se ha acogido de un tiempo a esta parte. En ese sentido, más que el producto de lo que aparentan las formas de lo exterior, lo que pasa y pesa es la consecuencia lógica de lo que se ha venido produciendo como proyecto cooperativo al interior: Empresas tradicionales exitosas, que no son escenarios reales de cooperación.

El cooperativismo decidió darle la mano al mundo seductor de la economía neoliberal, facilitándole las estructuras para consolidar-lo, como es el caso del cooperativismo de trabajo asociado, y se creó “un monstruo”: las CTA, dedicadas a la intermediación labo-ral, sin querer admitir que con ese gesto se elegía un camino que nos alejaba del propio, por hablar sólo de un camino de equivocación y no señalar otro más azaroso, como es la trampa de la salud, de la que también somos malos actores.

Por ello, aunque sigamos vociferando, con un lenguaje ya casi vacío de sentido, que hay que defender a Saludcoop y al cooperativis-mo de trabajo asociado, con nuestros actos construimos lo contrario, lo indefendible. Hemos olvidado, o quizás nunca lo hemos considerado, que la palabra hecha acto es la verdad en ejercicio, lo contrario es dis-curso vano, palabras huecas, y por huecas erráticas, que a la larga cosechan fracasos y nos hacen sordos, hasta imponer incluso una especie de censura camuflada a quienes proponen posturas críticas o simplemente diferentes a lo existente.

El cooperativismo y sus dirigentes terminaron adaptados a estas lógicas. Las pocas con-quistas (si es que alguna vez se han tenido) se fueron diluyendo y se cambiaron por una adaptación servicial integrada al modelo de desarrollo del país y del nuevo orden global, que ingenuamente en el escenario de provin-cia llamamos “Cultura E”. La cual no es otra cosa que la consolidación de la economía de mercado (eficientista por excelencia), esto es, la privatización en serie y en serio del po-der de los medios masivos de comunicación y de las tecnologías digitales y de banalización de la cultura. Un contexto en el que la gente cuenta si compra, pues paga por la salud, la educación y la seguridad que le debería brindar el Estado, y con el poco dinero que le queda termina arrinconada, adquiriendo a

manos llenas cositas, artefactos, cada vez más baratos: televisores, celulares, carros, zapatos y todo tipo de cachivaches.

Es este el mundo que los cooperativistas estamos ayudando a construir, distinto, muy distinto del que propone la teoría de la cooperación. Para tal efecto conviene recordar las palabras de un antiguo director de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, publicadas en el libro Las cooperativas en el año dos mil: “La verdadera diferencia entre la cooperativa y otra clase de organización económica se basa precisamente en que la cooperativa subordina las técnicas econó-micas a las ideas morales. Si no existiese esa diferencia, no tendría razón de ser el movimiento cooperativo”.

Y agrega esta publicación en otro de sus apartes:

Deberá existir un gran número de dirigentes –mujeres y hombres– cuyo papel no con-sista solamente en buscar el éxito de las cooperativas, sino que trabajen igualmente en la organización de una nueva sociedad. Los mejores dirigentes no verán la coope-rativa como un fin en sí mismo, sino más bien como el medio para perfeccionar el orden social. Sin la participación de tales dirigentes elegidos, los administradores y tecnócratas se dejarán llevar por la tenden-cia de considerar a las cooperativas como simples negocios y desearán orientarlas y dirigirlas con las normas propias de la em-presa lucrativa.

Todo esto para afirmar que la crisis del cooperativismo colombiano no es la del modelo cooperativo como tal, sino la de quienes conducen las cooperativas: sus dirigentes, quienes en la mayoría de los ca-sos constituyen la tecnocracia (gerentes), una cúpula inexpugnable y cerrada que no acepta ninguna crítica, porque sustenta su verdad en las cifras del balance, en el flujo de caja de la entidad cooperativa que dirige y en las posiciones de privilegio que alcanza en el cooperativismo nacional e internacional. Una cúpula que, además, no se reflexiona y menos aun le atañen la filosofía y la doctrina cooperativas y su coherencia con las acciones y los logros obtenidos, que se halla muy alejada del interés de la gente y que poco practica la cooperación, ese proceso social que se lleva a cabo pensando y actuando en co-mún para el beneficio de la colectividad, los asociados y la comunidad.

La dirigencia cooperativa se ha sumido en la indiferencia. Da la impresión que no le interesa el proyecto cooperativo, el proyecto colectivo. Su afán se centra en el resultado empresarial y el éxito personal, muy poco se autocritica y por nada se deja tocar de la crí-tica, no la acepta, no le gusta. La dimensión del acto cooperativo, que es la solidaridad y la cooperación, no la entiende conjugada con los actos económicos y termina replicando el modelo del capital que le apuesta funda-mentalmente a la acumulación y la ganancia, a la que le antepone una nueva estrategia

de marketing denominada responsabilidad social empresarial.

El acto cooperativo es un acto humano que ennoblece y permite la satisfacción personal y la felicidad colectiva, que propone ideales verdaderos de transformación y desarrollo. Un acto, una acción que no abusa de la nece-sidad y la docilidad de la gente, Esa docilidad –un efecto aletargante y permanente–, que todo lo permite y que conduce, además, a la pérdida de la memoria.

Lo mágico es que el cooperativismo verda-dero, el que hacen mejor y más auténtico las pequeñas cooperativas, que son la ma-yoría, sigue dando la batalla –como Don

la CUT en las redes sociales

¿Crisis cooperativa o dirigencia débil?Quijote– ahí sigue vivo, con ese adjetivo que lo resume: quijotesco. Con el cual po-demos designar a las empresas nobles y, a veces, casi que imposibles. El cooperativis-mo sigue vivo en millares de personas cuya divisa es la bondad y su camino el servicio al prójimo.

Ahí sigue, como si supiera que la derrota tie-ne más dignidad que la ruidosa victoria, como si se hubiera triunfado, porque “después de todo, las cosas grandes con intentarlas bas-ta”, le decía el Quijote a su querido Sancho. Y algo grande es no seguir sumidos en tan-ta conformidad, que empieza a rayar en un ambiente cómplice.

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20 Nº 81, junio de 2011s ind i ca les

Bogotá, 15 de junio de 2011Central Unitaria de Trabajadores, CUTSubdirectiva Bogotá

Desde febrero 20 del presente año, cuando nuestro sindicato creó la subdirectiva de Funza, Cundinamarca, con trabajadores

de Ajecolombia (Big-Cola) multinacional de capital peruano con sede en Funza, hemos tenido que enfrentar la más dura persecución de esta empresa contra los trabajadores que valientemente tomaron la decisión de organi-zarse, haciendo uso del derecho fundamental de asociación sindical.

Empezó la persecución con una suspensión de 8 días al presidente de la subdirectiva, compañero Javier Sandoval Feo, utilizan-do medios como el chantaje, la calumnia y testigos falsos. Luego trasladó sin ninguna justificación al compañero Ómar Ospina, miembro de la junta directiva a un sitio don-de no tiene contacto con los trabajadores sindicalizados. Ahora empezó a despedir a los compañeros cuando se entera que están afiliados al sindicato, hasta el día de hoy van más de 14 despidos del personal sindicalizado. El compañero Hugo Iguarán, secretario general de la subdirectiva, de una manera violenta, fue citado a una diligencia de cargos y descargos, y en principio se le pretendía obligar a contestar unos cargos sin la representación sindical, la posición

Sinaltrainbec denuncia a Big-Cola en Funzadel compañero permitió que esos descargos se realizaran al día siguiente acompañado de dos miembros del sindicato, agotada la diligencia de cargos y descargos hoy somos mortificados por el inicio de un proceso de levantamiento de fuero contra el compañero. Los compañeros Jesús Soto y Juan Carlos Valderrama fueron encerrados en la oficina de Talento Humano por más de ocho horas, sin representación sindical, obligándolos a responder por cargos que imputara la empresa y, lo más grave, sin permitirles ni siquiera salir a realizar sus necesidades en los baños; sobre los casos de estos com-pañeros se presentó ante la Fiscalía un denuncio por secuestro, sin embargo los compañeros fueron despedidos aduciendo justa causa.

Al compañero Javier Sandoval, presidente de la subdirectiva, le enviaron a otro trabajador para que lo agrediera físicamente dentro de las instalaciones de la empresa y seguramen-te esperaban que el compañero respondiera la agresión para iniciar también proceso de levantamiento de fuero contra este compa-ñero, pero afortunadamente el compañero pudo controlarse y en el día de ayer se puso en conocimiento de la Fiscalía la agresión de la que fue víctima. Lo sorprendente de esto es que ese trabajador que agredió al presidente de la subdirectiva todavía está en la empresa y hasta el momento no ha sido llamado absolutamente para nada, siendo

que la agresión la hizo en presencia de varios supervisores.

Como ven ustedes compañeros, la situación que viven los compañeros de esta empresa es bastante difícil. Para combatir esta situa-ción se requiere de la solidaridad económica, moral y presencial de todo el movimiento sindical.

Por ello solicitamos de su colaboración:

Enviando su solidaridad económica a 1. la cuenta corriente de Davivienda Nº 05810228-6 Sinaltrainbec, lo más pronto posible para iniciar los trabajos de denun-cia, judicialización y demás.

Solidaridad moral enviando sus notas de 2. protesta a Silvia Marcela Betancur Hoyos, Jefe de Talento Humano de Ajecolombia S.A. kilómetro 2 vía Funza-Siberia, parque empresarial San Antonio, Bodega 1-2-3.

Su solidaridad presencial, para lo cual los 3. convocamos a un plantón el día viernes 17 de junio a las 11:30 a.m. frente a las instalaciones de la empresa.

Por su solidaridad, nuestra organización sin-dical quedará altamente agradecida.

Cordialmente,

Carlos alfonso ortiz (presidente naCional)

everaldo Marulanda (seCretario naCional)

Nº 81, junio de 2011 21l abora les

Ana Teresa Vélez Orrego

eScuela nacional SinDical

En el marco del 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es importante analizar esta proble-mática en nuestro país. Después de

dos años de puesta en marcha la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, como parte de la política nacional en la materia, los resultados son preocupantes. Toda vez que los esfuerzos realizados, y los pre-mios entregados a las alcaldías y gobernaciones por este tema, no se compadecen con el aumento porcentual que, en la mayoría de los indicadores, registró el trabajo infantil en el año 2009, con res-pecto al 2007.

En el 2009 el Dane registró una tasa de trabajo infantil de 9,2%, que repre-sentó un aumento en 2,3 puntos porcentua-les con respecto al 2007, año en el que la tasa fue de 6,9%. Esto representa 1.050.147 de personas entre 5 y 17 años de edad que trabajaban, además de los 799.916 niños que se dedicaban a oficios del hogar por más de 15 horas a la semana, para un total de 1.850.063 niños trabajadores en el país.

Pero esta situación no es sorpresiva. Las precarias condiciones laborales de los tra-bajadores colombianos tienen como efecto directo el aumento de la pobreza, con efectos colaterales como el aumento de los niños que ingresan al mercado laboral en búsqueda de ingresos para ayudar al sostenimiento de sus hogares, en oficios para los que, por su corta edad, no tienen condiciones físicas ni psicosociales.

En el año 2009 había cerca de 20 millones de colombianos en la pobreza, con mayor acento en la zona rural, donde el 64% de la población estaba en la línea de pobreza. Y como correlato de esta situación, el trabajo infantil en el área rural llega al 15,9%, su-perior en 5 puntos porcentuales a la tasa registrada en 2007.

La situación del mercado laboral colombia-no en el 2009 se caracterizó por el aumento en la ocupación, pero en circunstancias informales, como el cuentapropia (el 42% de los ocupados). A la vez se presentó un crecimiento en la población económicamente activa, lo que produjo una expansión en la oferta laboral, mayor a los puestos de trabajo disponibles, lo que se tradujo en un aumen-to del desempleo y la informalidad (58%). Ambas condiciones son relacionadas con el trabajo de niños.

El aumento en la tasa de trabajo infantil lo que muestra es que las pérdidas de ingresos impulsaron a otros miembros de las familias afectadas (niños y jóvenes) a ofrecerse en el mercado laboral y así contribuir al ingre-

so del hogar. La principal razón por la que trabajaron los niños y adolescentes en el 2009, con el 36,1%, fue “debe de participar en la actividad económica de la familia”. Esto explica la mayor presencia de la población infantil en posición ocupacional de la cate-goría “trabajador familiar sin remuneración”, al pasar de una tasa de 33% en 2007, a una del 49,5% en 2009.

La legislación existente prohíbe el trabajo infantil en las empresas formales, pero la informalidad se ha convertido en un escenario desregularizado y de nula vigilan-cia, por lo que es en este sector donde se desarrolla la mayor parte de la explotación laboral de la infancia. Es una de las pocas opciones laborales, no sólo para quienes son expulsados de la economía formal, sino también

para los niños que, como acompañantes de sus padres o solos, tratan de aportar ingresos a sus familias.

Frente al comportamiento del fenómeno en las ciudades se puede destacar el incremen-to de 1,2 puntos del trabajo infantil en la ca-becera municipal, con 6,6% con respecto al 2007. Las ciudades donde tuvo más incidencia el trabajo infantil fueron Montería (12,9%) y Bucaramanga (12,1%) La primera tiene altas tasas de desempleo e informalidad, la segunda sí sorprende, pues venía presentando reduccio-nes en dichos indicadores. Las ciudades con menores tasas fueron Cartagena y Bogotá. La primera deja in-terrogantes ante la baja en el indicador (0,9%), una ciudad con una gran problemática de explotación sexual co-mercial infantil, que tiene como únicos datos formales la denuncia de 400 casos ante la Fiscalía. Y Bogotá con una tasa de 2,8% donde era posible esta reducción por las políticas sociales con énfasis en la gratuidad de la educación, la cobertura y acceso a derechos básicos de los niños.

Para el caso particular de Medellín, el trabajo infantil aumentó en 2,2 puntos, al pasar de 4,1% en 2007 a 6,3% en 2009. Esto significa 43.160 niños trabajadores, 14.509 más que en 2007. Una ciudad que invierte un monto importante en recur-sos para políticas de niñez,

la pregunta es entonces por la eficiencia de las mismas.

Otro dato importante es que a nivel nacional el 14,7% de los niños y adolescentes de 5 a 17 años que trabajaron, no estaba afiliado a seguridad social en salud (15,5% de los hom-bres y 12,8% de las mujeres), y el 78% estaba afiliado al régimen subsidiado. Este último dato se resalta por ser la población objetivo del Programa Familias en Acción que pretende reducir las tasas de trabajo infantil.

En cuanto a las ramas de actividad econó-mica en la cual trabajaban los niños y ado-lescentes de 5 a 17 años, la agricultura fue la que registró la mayor participación, con un 37,3%, porcentaje que se explica en su mayoría por la participación de los niños y adolescentes en el área rural (69,7%). El co-mercio, con el 30,5%, se ubica en el segundo lugar, y la industria fue la tercera rama de actividad con la mayor participación de niños y adolescentes ocupados (13,6%).

Al considerar la cantidad de niños y adoles-centes entre 5 y 17 años que realizan oficios del hogar, se debe tener en cuenta que es una situación afectada por la estructura de la población, los patrones culturales que

La precariedad en el mercado laboral revierte en incremento del trabajo infantil

rigen la formas de convivencia, los hábitos tradicionales por los que las mujeres tienden a concentrar estas tareas y delegarlas a las personas más jóvenes del hogar.

El 11,6% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizaban oficios del hogar 15 horas o más. Por sexo, se observó una dife-rencia de 12,4 puntos porcentuales en contra de las mujeres, para quienes la participación fue 17,4% en la realización de los oficios del hogar 15 horas o más a la semana, mientras que para los hombres esta participación fue 5,0%.

Ante este panorama se genera la pregunta por la efectividad de la actual política nacional de erradicación de trabajo infantil, sustentada principalmente en el programa Familias en Acción, que condiciona la entrega de subsi-dios a la no participación en trabajo infantil. Estos programas carecen de políticas eco-nómicas y de trabajo decente que articulen diversos sectores públicos y privados en la intervención de la problemática con las cua-les se generen ingresos suficientes para cu-brir las necesidades de las familias, además de un real acceso a los derechos sociales y económicos tanto de los niños como de sus familias.

22 Nº 81, junio de 2011i n te rnac iona l

Óscar Murillo Ramírez

HiStoriaDor, univerSiDaD nacional De coloMBia oScarMur@GMail.coM / twitter: @oScarMur

El pasado 5 de junio se realizó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en el Perú. Una ca-racterización del proceso señalaría

la permanente polarización que disminuyó el impacto de las propuestas programáticas, una apelación al pasado para proyectar in-certidumbres sobre el fututo, y unas cifras electorales que muestran el peso del fujimo-rismo, un impacto relativo de las adhesiones de cada uno de los candidatos y una reacción antilimeña de la sierra y la amazonia peruana que permitió el triunfo de Ollanta Humala.

Polarización y miedo

El pasado 29 de mayo, CNN trasmitió el debate presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza 2011 y Ollanta Humala de la coalición electoral Gana Perú. Allí presenciamos la condensación de los elementos que carac-terizaron el debate electoral durante la se-gunda vuelta. Los ataques personales entre los candidatos eclipsaron sus planteamientos programáticos.

Fujimori concentró sus propuestas en el “bono gratitud” para adultos mayores, la protección infantil, las mejoras para maestros, agua po-table, apertura de mercados y continuidad del TLC con participación ciudadana.

Humala puso el énfasis en el programa vaso de leche, la descentralización, la promoción de industrias, la infraestructura vial, el turismo, la agricultura, la menor flexibilización laboral, postgrados y primer empleo para jóvenes, e inclusión social junto al crecimiento eco-nómico.

Sin embargo, frases como las siguientes tuvieron mayor resonancia en la opinión pú-blica: Humala: “Cuando usted fue primera dama fueron esterilizadas más de 300 mil indígenas”, “Hay una minoría que se robó el país y hoy en día está prófuga”. Fujimori: “Yo me enfrenté a Montesinos y usted no”, “Usted está acusado de sobornar testigos e intentó dos golpes de Estado”1.

El pasado se usó para desprestigiarse mu-tuamente. El miedo estuvo compuesto por hechos del pasado como antídoto para crear incertidumbre acerca del futuro. Keiko fue re-lacionada con la década de Alberto Fujimori para evocar el retorno a una “dictadura” y a la corrupción, así como Humala fue vinculado con su pasado militar y su presunta partici-pación en casos de violación de derechos humanos en el valle de Huallaga y su talante “golpista” o de “dictador chavista”.

Los Resultados

Keiko Fujimori obtuvo el 48,52 por ciento de la votación contra un 51,47% de Ollanta Humala. Una diferencia muy reducida del

2,95% le dio la victoria a éste último. El es-trecho margen evidencia que Fuerza 2011 alcanzó a remontar significativamente la ventaja de 8 % que obtuvo Humala en la primera vuelta.

Fujimori se alzó con la victoria en 6 departa-mentos ubicados en la costa norte y central, en tanto que Humala ganó en 19 departa-mentos de la costa sur, la sierra y la amazo-nia, obteniendo porcentajes importantes del total de la votación en estas últimas zonas geográficas, particularmente en departamen-tos como en Apurímac (68,4), Arequipa (66), Ayacucho (72), Cusco (77), Huancavelica (72,2), Puno (77,9), Madre de Dios (66,2), Moquegua (66,7), Tacna (73,5).

La dispareja relación entre el número de depar-tamentos obtenidos por cada uno de los candi-datos y el estrecho margen se explica porque la candidata fujimorista obtuvo los primeros lugares en tres de los departamentos de mayor concentración demográfica como se observa en la tabla del censo electoral de 2007.

En un Perú altamente centrista, la votación de Humala fue justamente una reacción contra esta concentración de poder que se sostiene sobre concepciones racistas. Una característica general del voto humalista es su composición indígena y ubicada en las zonas más pobres.

De primera a segunda vuelta

Fujimori logró la adhesión de los ex candida-tos Luis Castañeda y Pedro Pablo Kuczynski, junto con las marginales de Juliana Reymer y Mercedes Aráoz (retirada de la contien-da electoral por el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, Apra) en tanto Humala obtuvo el apoyo de Alejandro Toledo, además del simbólico, pero electoralmente incierto, de Mario Vargas Llosa.

Los departamentos donde los excandidatos habían triunfado pasaron efectivamente a manos de su respaldado: Loreto, territorio de Toledo, pasó a manos de Humala, y Fujimori ganó en el Callao y Lima, zonas de Kuczynski.

Sin embargo, las ventajas no fueron tan im-portantes como se preveían. Humala solo obtiene el 13,06% de ventaja en Loreto, muy por debajo de su ventaja promedio del 30% en los departamentos donde salió triunfa-dor, en tanto Fujimori obtiene un 13,95% de ventaja en el Callao y 15,07% en una Lima esquiva a Humala donde pese a todo logró obtener resultados apreciables.

La sombra fujimorista

La razón del viaje de Alberto Fujimori de Japón hacia Chile en noviembre de 2005 era tratar de permitir su retorno para las presi-denciales de 2006. Luego de ser detenido por la Interpol y extraditado a Perú en sep-tiembre de 2007 para el juicio que lo llevaría a su condena de 25 años por delitos de lesa

humanidad y corrupción, los fujimoristas no perdieron su capacidad de acción.

Por los cables de WikiLeaks es posible esta-blecer que el retorno de su líder era una es-trategia que incluyó acuerdos con el Apra en el Congreso y con la excandidata presidencial Lourdes Flores2. A pesar de su revés, el fuji-morismo aspiraba a mantenerse en la escena pública y hoy resulta claro que la candidatura de Keiko fue la alternativa ante la imposibilidad de imponer a su propio padre.

Los resultados expresan que, lejos de lo que pareciera, el fujimorismo aún cuenta con amplias bases sociales. Los resultados en la elección presidencial, más las 37 curules obtenidas por Fuerza 2011, no descartan una posible liberación de Alberto Fujimori de haber triunfado su hija.

El fujimorismo solo podrá marginarse defi-nitivamente del poder si se agravaran las condiciones de salud de Alberto Fujimori o ante resultados efectivos del nuevo gobierno que impidan cualquier capacidad de oposi-ción de esta fuerza.

Los retos de Humala

Acatar la decisión de La Haya sobre el con-flicto limítrofe con Chile será una prueba

para las relaciones internacionales del nuevo gobierno. Adicionalmente, mantener el creci-miento económico actual del 5 % anual, fruto de un modelo minero-exportador, permitirá medir resultados e influirá en las percepcio-nes sobre su gestión.

A ese modelo de crecimiento habrá que inyectarle la inclusión social prometida en campaña. 30% de pobres que esperan los beneficios del crecimiento, además de brin-dar tranquilidad a los inversionistas extranje-ros tras la caída de la bolsa en un 12% luego de las elecciones.

Para estos retos, Humala tendrá un Congreso equilibrado de 67 que suman los miembros de Gana Perú y Perú Posible de Alejandro Toledo, contra los 62 congresis-tas de Fuerza 2011, Solidaridad Nacional de Castañeda Lossio y Alianza por el Gran Cambio de Kuczynski y un disminuido Apra, con solo 4 congresistas, luego de tener 36.

Notas

1 Seguimiento a través de los twitter: @oscarmur @caretas.

2 El Comercio. WikiLeaks. Cables del 10 de agosto de 2003.

elecciones en Perú

La China versus el Comandante

Nº 81, junio de 2011 23cu l tu ra l

Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte

El vallecaucano Fabio Palacios presenta la exposición "Proyecto los BMR (bamba, martillo y refilón), tercera muestra que hace parte del 6º Premio Luis Caballero, organi-zado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes.

La instalación estará abierta hasta el 30 de junio en la Galería Santa Fe del Planetario, y su inauguración será el 8 de junio a las 7:00 p.m. en la Galería Santa Fe. Entrada libre.

"Proyecto los BMR" es una instala-ción de 582 machetes usados por los corteros de caña durante varios años, que han sido desechados por sus dueños luego de cumplir una vida útil y que corresponden a los nombres bamba, martillo y refilón.

Tecnologías aquí y allá

Acompañando la muestra habrá un video sobre cómo es la labor de cortar caña. Las siglas BMR buscan predisponer al espectador a ver una muestra de "lujosos automóvi-les" (por ejemplo, los BMW), para adentrarlos hacia una experiencia sensible que nada tiene que ver con la célebre casa automotriz germana. Hay que contextualizar el significado real de la sigla del proyecto: Bamba es una reconocida marca de mache-tes, codiciada por cualquier cortero de caña gracias a su corte (Gavilán Colora'o Bamba); el Martillo lo usan para complementar sus oficios de corte de caña; y el Refilón es la técnica más apropiada para hacer cortes exactos de la caña.

Este proyecto busca reconstruir y revalorar toda una serie de suce-sos del diario vivir, costumbres de

una comunidad, la identidad de una nación, o simplemente gestos que están presentes en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto somos conscien-tes del riesgo del otro y cómo los objetos nos cautivan y nos invitan a estar a la expectativa? Estos ob-jetos evocadores, como los son los machetes, buscan declarar con su huella la lucha de un poder negro incansable ante una constante su-pervivencia racial.

¿BMR ó BMW? He ahí la cuestión

El ser humano siempre está en búsqueda de una identidad (social, política, económica, intelectual, artística, etc.). Para algunos esta posibilidad está ya definida por su manera de ser, por lo que hacen, por sus gustos o por sus formas de relacionarse. Para muchos el estar in es lo mejor pero esta cualidad del esnobismo (tendencia a ir por el lado de las modas) es muy relativa dependiendo de los espacios, los lugares y las comunidades donde se manifieste.

Por ejemplo, para nadie es deshon-roso tener un lujoso auto BMW, o tener a su disposición las últimas tecnologías; por su parte, para un cortero de caña su honra está en su herramienta de trabajo: un afila-do machete ojalá de marca Gavilán Colora'o Bamba. Este objeto es su amuleto y es como el auto que le da el confort, la distinción dentro de su gremio, y es el objeto que tienen que consentir constantemente para mantenerlo a punto.

Desde este punto de vista, Fabio Melecio establece una analogía entre el objeto hermoso-lujoso y el objeto desechado-reciclado, y el riesgo que contrae cada uno.

"¿Hasta qué punto somos conscien-tes del riesgo del otro y de cómo los objetos nos cautivan y nos invitan a estar expectantes?", afirma el artista. "Estos objetos evocadores buscan declarar con su huella la lucha de un poder negro ante una constante supervivencia racial".

Habla Fabio Palacios

En cuanto a la instalación, ¿cuál es su objetivo con el público?

Mi idea es predisponer al espec-tador a ver una muestra de autos, los BMW. Para sorpresa de ellos dentro de la Galería se encontrarán con los BMR, colgados de la parte superior de la sala: son solamente machetes usados por los corteros durante varios años y que han sido desechados. A eso responden las iniciales de mi proyecto: Bamba, Martillo y Refilón.

¿Qué otros elementos acompañarán esta instalación de los machetes?

Habrá un video mostrando a un cor-tero realizando su incansable labor de cortar tallos de caña de azúcar, y en el que se evidencian diversos aspectos propios del gremio de los corteros.

¿Qué objetivo se propone frente al espectador?

Me interesa poner acento en la ex-periencia sensible del espectador ac-tual en esta particular circunstancia, y plantear la posibilidad de recuperar su capacidad de conmoción ante lo grandioso o amenazante. En gran medida porque conecta un senti-miento de vulnerabilidad y temor que es inherente a nuestro horizonte his-tórico y nos hace tomar conciencia de las consecuencias del avance de los proyectos modernos que privilegian el medio que habitamos.

‘Proyecto Los BMR’ de Fabio Melecio Palacios, Tercera Exposición del Premio Luis Caballero

24 Nº 81, junio de 2011

La constitución deL estado nacionaL

La exclusión política, base del orden conservador

Miguel Ángel Urrego

inStituto De inveStiGacioneS HiStóricaS univerSiDaD MicHoacana De San nicoláS De HiDalGo

La ordenación de la política por La Regeneración buscó el surgimiento de un nuevo ciudadano, definido des-de la moral y un conjunto de atributos alternos al propuesto por el liberalis-

mo. Para el logro de este objetivo se limitaron los espacios tradicionales de acción del liberalismo (colegios, universidades, bancos, etc.,) con el establecimiento de pautas de control y exterminio de la actividad radical en lugares “tradicionales” (prensa, asociaciones políticas, elecciones, etc.,) y alternativos (teatro, arte, etc.,).

El control de la prensa fue una exigencia tem-prana del clero. El 14 de noviembre de 1873, el Arzobispo Arbeláez hizo la siguiente recomen-dación:

(...) todos los católicos están obligados, tanto por el amor natural que se den á sí mismos, como por el deber que tienen de conservar el mayor de to-dos los bienes que es la fe, la moral y la religión, á evitar toda clase de lecturas que puedan causar su perversión.

En un sentido similar dirigentes de La Regeneración comentaron el uso libre de la prensa. Rafael Núñez, por ejemplo, en carta a Jorge Holguín sostuvo: “La imprenta es incompatible con la obra, necesariamente larga, que tenemos entre manos; porque no es elemento de paz sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad (es decir enemigo del género humano)”.

Las consideraciones anteriores dieron origen al Decreto Nº 151 de 1888. Para su promulgación se recurrió al artículo 42 de la Constitución Nacional –sobre la protección de “la honra de las perso-nas, la tranquilidad pública y el orden social”–; al Código Penal (artículos 138, 141, 209 y 578 a 592) –donde se consideraba que “la palabra y la imprenta pueden ser instrumento de delincuen-cia contra el Estado y contra los particulares, y que los delitos y culpas que por tales medios se cometen deben ser prevenidos y reprimidos”–; y a las facultades denominadas “omnímodas”, que otorgaba al presidente el artículo K.

A partir de estos elementos se dividieron las pu-blicaciones en subversivas, (donde intervendría el gobierno por ser asunto de alta policía), como aquellas “que dañan ó alarman á la sociedad” y ofensivas “las que vulneran derechos individua-les”, reprimidas y castigadas por el poder judicial. Los delitos considerados contra la sociedad fueron los siguientes: 1) atacar la fuerza obligatoria de las instituciones ó leyes, ó provocar á desobede-

cerlas; ó a tratar de justificar actos que las leyes califican de delitos, ó excitar á cometerlos; 2) atacar la religión católica; 3) desconocer u ofender la dignidad y prerrogativas de cualesquiera autoridades en el orden civil ó el eclesiástico; atacar las corporaciones depositarias del poder público ó las órdenes religiosas reconocidas por el Estado; 4) tomar el nombre y representación del pueblo; combatir la legítima organización de la propiedad; concitar unas clases sociales contra otras, ó concertar coaliciones con el mismo objeto; 5) Anticiparse á publicar, sin competente permiso, actos oficiales; hacer revelacio-nes que comprometan los intereses de la República ó perturben una negociación diplomática; 6) Impugnar directa o indirectamente la moneda legal o propender á su depreciación; 7) Ofender la decencia pública con escritos obscenos ó noticias escandalosas.

En aplicación de la ley de prensa se produjeron censuras, encarcela-mientos y destierros de periodistas y se autorizó a los gobernadores –resolución del 21 de enero de 1896– la suspensión de periódicos que indirecta o directamente fomentaran el trastorno del orden público.

La Regeneración entendió bien pronto la necesidad de eliminar los instrumentos de movilización liberal en espacios que tradicionalmente habían sido utilizados por los partidos para la acción política (asocia-ciones, clubes, colegios), por ello casi paralelamente al decreto sobre prensa estableció una ley que cerraba la posibilidad de organización a partir de formas aceptadas socialmente como neutrales o inocuas. La Ley 61 de 1888, conocida como la “Ley de los Caballos”, otorgó amplias facultades al presidente de la República:

nÚMeRo 10

Artículo 2. El presidente de la República ejercerá el derecho de inspección y vigilancia sobre las aso-ciaciones científicas e institutos docentes; y queda autorizado para suspender por el tiempo que juz-gue conveniente, toda sociedad o establecimiento que bajo pretexto científico o doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria o de enseñanzas subversivas.

Bajo estas consideraciones la sospecha recayó fácilmente sobre toda la actividad desplegada por la intelectualidad liberal, que no solo vio restrin-gida la difusión de sus principios sino también la negación, en algunos casos, del desempeño de un trabajo.

El tercer instrumento de control político fue la creación de la Policía. Sus principales funciones fueron: llevar un registro de las personas que vivían en las distintas calles; vigilar las personas de mal carácter, pendencieros o sospechosos, y a los individuos con quienes hablaran y a las casas que visitaran; impedir que en los lugares públicos se formaran diversiones escandalosas, se ejecu-taran actos semejantes ó se profirieran palabras obscenas; arrestar a quienes estando en un tem-plo ó presenciando, en cualquier lugar público, un acto religioso, no guardara el debido respeto y reverencia, causando escándalo u ofendiendo la piedad de los concurrentes; arrestar a quienes profirieran en público palabras obscenas, cantar canciones torpes, ejecutaran acciones deshones-tas o exhibieran objetos que ofendan el pudor, la decencia pública o las buenas costumbres; y perseguir a los vagos.

La Policía, además de agente de control moral, también funcionó como cuerpo de vigilancia po-lítica, especialmente la sección secreta que se encargó del seguimiento de los radicales en las diferentes regiones del país. Lo especial de la sección fue que no tuvo un control directo por parte del director de la Policía, pues aunque se conocieran los informes de sus miembros éstos gozaron de una amplia autonomía. Esta carac-terística tendió a generar una sección altamente “irresponsable”, particularmente cuando Arístides Fernández, director de la Policía, adquirió poder en Bogotá y cuando se estableció que los poli-cías no podían ser llamados a juicio por actos desempeñados durante el cumplimiento de sus funciones.

El auge de los informes de la policía secreta tomó mayor importancia luego del motín de artesanos de 1893. Se encuentran informes sobre: los diá-logos que se daban en tiendas y chicherías; el encarcelamiento de individuos que gritaba en las calles abajo al gobierno o vivas al partido Liberal; los procesos de reorganización liberal y las acti-vidades de sus directores; y búsqueda de armas y de personas que las distribuían en la ciudad a los artesanos o a los radicales.