Valparaso, Marzo 2015.

"Propuesta de agenda para mejorar la transparencia y calidad de la poltica

Senadora Isabel Allende Bussi.

Senador Felipe Harboe Bascun.

Senador Hernn Larran Fernndez.

Senador Patricio Walker Prieto.

Senador Alberto Espina Otero.

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"Propuesta de Agenda para Mejorar La Transparencia y Calidad de la Poltica"

La actividad poltica como tal, es inherente, necesaria y consustancial al

desarrollo del Estado Democrtico de Derecho. En ese contexto, todas las

instituciones que permiten el desarrollo y perfeccionamiento del sistema

democrtico deben poseer una regulacin que permita la total probidad,

publicidad y transparencia en su actuar y en la toma de decisiones.

Es por lo anterior que, como Senadores de la Repblica, venimos en proponer

una serie de medidas que permitan perfeccionar nuestra democracia y sus

instituciones, resguardando su legitimidad, dignidad e integridad de stas y de

sus integrantes. Ello por cuanto es necesario regular de mejor forma que

quienes alcancen espacios de poder y autoridad tomen las decisiones que

respondan a las necesidades de la ciudadana, generando condiciones para un

desarrollo humano inclusivo1.

La develacin de financiacin irregular de campaas polticas, el

cuestionamiento a negocios de familiares de altas autoridades pblicas, el uso

de informacin privilegiada y trfico de influencias de parte de autoridades, ex

autoridades o familiares de unos u otros; y el conjunto de actos y contratos en

ciertas empresas privadas destinados a maximizar utilidades eludiendo (o

incluso evadiendo) su responsabilidad tributaria, concretizan la percepcin

ciudadana de que las instituciones polticas resultan poco confiables y que su

funcionamiento especfico es deficiente .2

1http://auditoriaalademocracia.org/web/wp-content/uploads/2014/05/S%C3%ADntesis.pdf 2 http://auditoriaalademocracia.org/web/wp-content/uploads/2014/05/S%C3%ADntesis.pdf

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El reciente Informe sobre Auditoria Democrtica del PNUD, confirma el

diagnstico sealado en cuanto a que la brecha existente en niveles de

confianza y apoyo electoral sitan a Chile en una posicin sin equivalencias

actuales en Amrica Latina. Tanto la incapacidad para representar

adecuadamente los intereses de la ciudadana como las tensiones internas a

las que estn sometidos los partidos, en especial el poder que detentan lideres

individuales por sobre las estructuras colectivas, constituyen luces de alerta en

el corto y mediano plazo para poder mantener los niveles de estabilidad y

eficacia gubernamental que ha exhibido la democracia en Chile. 3

En momentos complejos se requiere la conjuncin de un sinnmero de

voluntades, con el objetivo de plantear reformas profundas que revitalicen la

esfera poltica, dotando a algunas instituciones de poder de control,

fiscalizacin y sancin para quienes incumplan la normativa vigente.

Dado lo anterior, es necesario legislar con miras a hacer de la poltica una

actividad que implique la observancia cabal y absoluta a las normas sobre

Probidad y Transparencia, de modo tal que se genere la debida confianza de la

ciudadana, quienes en definitiva y en ltima instancia, depositan la soberana

nacional en los actores e instituciones polticas. En ese contexto, se debe

establecer una serie de regulaciones y obligaciones sobre los Partidos Polticos

y sus integrantes, entendiendo la fundamental labor que desarrollan en el

perfeccionamiento de nuestra democracia.

La realidad ha demostrado que los partidos polticos son instituciones que

detentan bajos niveles de confianza y valoracin, lo cual configura un riesgo

3http://auditoriaalademocracia.org/web/informe-item/cap-2-3-el-rol-democratico-de-los-partidos-politicos/

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grave para la poltica en general, puesto que la falta de credibilidad, si no se

corrige sustancialmente, puede derivar en una falta de legitimidad ante la

ciudadana con consecuencias impredecibles en la gobernabilidad y fortaleza

institucional. Dicha circunstancia ha sido favorecida por la existencia de un

cuerpo normativo que responde a la transicin poltica y por una legislacin que

no ha impuesto a los Partidos Polticos la obligacin de observancia a los

principios de publicidad y transparencia.

La Constitucin no define a los partidos polticos, pero s lo hace la Ley

Orgnica Constitucional de los Partidos Polticos en su artculo 2 como;

asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurdica, formadas por

ciudadanos que comparten una misma doctrina poltica de gobierno, cuya

finalidad es contribuir al funcionamiento del rgimen democrtico constitucional

y ejercer una legtima influencia en la conduccin del Estado, para alcanzar el

bien comn y servir al inters nacional. Asimismo, la ley considera que slo le

son propias las actividades conducentes a obtener cargos pblicos de eleccin

popular, sin perjuicio de reconocerles adems ciertas facultades limitadas4.

Es decir, los partidos polticos son asociaciones privadas con funciones

pblicas, definidos y limitados en sus fines a la consecucin de cargos pblicos

de eleccin popular. Tal definicin debe ser revisada exigiendo mayores grados

de integracin y responsabilidad social mediante la participacin en la

educacin cvica de la poblacin, la promocin de los valores democrticos y la

4 Artculo 2: Los partidos polticos podrn, adems: a) Presentar ante los habitantes del pas sus declaraciones de principios y sus polticas y programas de conduccin del Estado; y ante aqullos y las autoridades que establecen la Constitucin y las leyes, sus iniciativas y criterios de accin frente a asuntos de inters pblico; b) Cooperar, a requerimiento de los Senadores y Diputados, en las labores que stos desarrollen; c) Contribuir a la formacin de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades pblicas; d) Efectuar las dems actividades que sean complementarias a las anteriores y que no estn prohibidas por la Constitucin o las leyes.

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participacin ciudadana. De esta manera, se justifica su financiacin estatal y la

sujecin al principio de transparencia, acceso a la informacin y al control

social.

Por otra parte, las normas referidas al financiamiento de las campaas

electorales, que fueron un paso positivo cuando se instauraron en el ao 2003,

han mostrado vacos e ineficiencias de magnitud considerable. La falta de

control del origen y uso de los recursos que los candidatos emplean en sus

campaas, ha hecho posible situaciones que hoy se ventilan en los tribunales

de justicia. Resulta urgente asegurar la transparencia en el origen de los

recursos que se destinan a financiar esas campaas, permitir un financiamiento

que ayude a emparejar la cancha y, sobre todo, entregarle al rgano

competente atribuciones normativas, fiscalizadoras, correctivas, y

sancionatorias que aseguren el cumplimiento efectivo del ordenamiento legal.

Del mismo modo, la relacin dinero/actividad poltica se ve alterada por casos

de trfico de influencias, de acceso a informacin privilegiada o del abuso de

situaciones de poder, que generan conductas a veces delictivas, otras

irregulares y con frecuencia contrarias a la tica comn, todo lo cual conduce a

que los ciudadanos incrementen su nivel de sospecha respecto de las

conductas de quienes desempean cargos de poder o funciones pblicas.

Diversas situaciones que han ocupado las principales informaciones de los

medios de comunicacin y que en muchos casos se ventilan directamente en

los tribunales de justicia, han aumentado la desconfianza en la poltica. No slo

respecto de quienes apareceran directamente involucrados, sino de todo el

espectro. Ante ese escenario y considerando los antecedentes antes

mencionados que dan cuenta de un deterioro progresivo en los ltimos aos de

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la confianza y credibilidad en el mundo poltico, estimamos necesario definir

una Agenda de cambios a la actividad poltica que asuma esta situacin y

proponga modificaciones transcendentales en el funcionamiento de la poltica.

Todo ello, por cierto, sin conexin alguna con los procesos que se llevan

adelante o que se puedan presentar en el futuro, los que deben seguir su

camino sin interferencia alguna, permitiendo as el funcionamiento autnomo y

la total independencia del Ministerio Pblico y de los tribunales en la

investigacin y juzgamiento de esas causas, cualquiera sea su veredicto.

Por ltimo, resulta necesario entender que entre las malas prcticas que

afectan a la actividad poltica y pblica en general, la participacin del sector

privado tiene tambin responsabilidades que obligan a revisar sus conductas y

hbitos, particularmente en lo que se refiere a sus relaciones con distintas

autoridades del mbito pblico.

Como una reflexin final, afirmamos que los polticos debemos dignificar la

poltica y para ello se requiere que sea el propio sistema el que inicie una

profunda revisin de sus principales normas e instituciones, y proponga una

Agenda de calidad de la poltica. En momentos complejos se requieren

liderazgos capaces de planear y ejecutar reformas profundas que dignifiquen la

actividad poltica ms all de su popularidad.

Medidas concretas que proponemos.

Propiciamos una serie de medidas que estn contenidas en 20 puntos, que se

configuran como una reforma a la esfera poltica, la que debe ser realizada de

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un modo coherente y sistmico para conseguir el fortalecimiento institucional

que exige la ciudadana.

Para ello, creemos necesario un debate y la participacin de distintos actores,

de todo el quehacer nacional, que implique la aprobacin de normas que

establezcan altsimos estndares respecto de la probidad y transparencia que

debe regir el mbito pblico y privado.

Asimismo, las propuestas contenidas en este documento, deben ser capaces

de situar a Chile en la vanguardia internacional respecto de las normas de

probidad, publicidad y transparencia que ordenan las instituciones

democrticas.

Propuestas:

1- Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la Repblica, poner suma

urgencia a los Proyectos de reforma constitucional o de ley, que actualmente

se encuentran en tramitacin en el Congreso Nacional, los cuales buscan:

a) consagrar el principio de transparencia y el derecho de acceso a la

informacin pblica en la Constitucin;

b) establecer la rendicin de cuenta del Congreso Nacional, y de los

parlamentarios en particular;

c) consagrar los principios de probidad pblica, que permitan asegurar el

cabal conocimiento del patrimonio y de los intereses de las autoridades

que ejercen responsabilidades pblicas;

d) fortalecer la transparencia y dotar de medios y atribuciones al Consejo

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para la Transparencia.

2- Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la Repblica, el pronto envo

de un proyecto de ley que configure a los partidos como personas jurdicas de

derecho pblico, donde se consagren los principios de probidad, publicidad,

transparencia, acceso a la informacin pblica, democracia interna,

descentralizacin y participacin.

3- Consignar un sistema de financiamiento pblico a los partidos polticos y

a las campaas electorales de naturaleza pblico/privada, asegurando que

todo ingreso que reciban los partidos y candidatos tenga un origen conocido,

publicitando su fuente y limitando el tope del gasto. Urge al mismo tiempo,

fortalecer un sistema efectivo de fiscalizacin externa con capacidad

sancionatoria real, asociado a un rgimen de responsabilidad de sus dirigentes.

4- Aplicacin de normas sobre transparencia y probidad a los dirigentes de

partidos polticos, consignando expresamente la obligacin de presentar

declaraciones de inters y patrimonio.

5- Aplicacin de la ley del lobby (n 20.730) a los partidos polticos, para

conocer las reuniones de todas las autoridades y dirigentes polticos con

grupos de inters o de presin, los viajes realizados y los donativos recibidos.

6- Establecer siempre la prohibicin de postular a cargos de eleccin

popular a personas condenadas por delitos que afecten a la probidad pblica y

fe pblica.

7- Establecimiento de la obligacin de todo candidato a eleccin popular de

presentar y difundir su programa de gobierno (candidatos presidenciales y a

alcalde) o su compromiso de trabajo (parlamentarios, consejeros regionales y

concejales), institucin conocida como voto programtico, de lo cual debern

rendir cuenta peridica en el curso de su desempeo si son elegidos.

8- Prohibicin temporal a quienes se desempeen como autoridades en la

Administracin Pblica, de establecer relaciones comerciales, civiles y/o

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laborales con las empresas que estn bajo su fiscalizacin, regulacin o

control. Dicha prohibicin durar mientras se desempee en el ejercicio de sus

funciones pblicas y se extender por un ao luego de haber cesado en el

cargo.

9- Revisar y fortalecer la tipificacin penal de aquellas conductas que

permiten el abuso de poder, tales como el trfico de influencias o el uso de

informacin privilegiada.

10- Limitar el nmero de reeleccin de todas las autoridades, en todos los

cargos de eleccin popular, impidiendo con ello la reeleccin indefinida.

11- Transformar al Servicio Electoral (Servel) en un rgano constitucional

autnomo, con recursos suficientes, amplias facultades de superintendencia en

el mbito de los partidos polticos y con capacidad real para fiscalizar el

financiamiento de stos y de las campaas electorales, incluyendo en ello las

atribuciones para hacer extensivo ese control en las candidaturas

independientes.

12- Sancionar a los partidos polticos, incluso con la disolucin atendida la

gravedad de los hechos, en caso de afiliacin involuntaria de ciudadanos,

terminando con militancias fantasmas que afectan a ciudadanos que nunca han

firmado la ficha de un partido poltico.

13- Sancionar con la prdida del escao y la prohibicin de postular a

cargos de eleccin popular, a los parlamentarios, consejeros regionales,

alcaldes y concejales que hayan sido condenados por sentencia penal firme

por haber financiado su campaa electoral con aportes de terceros, obtenidos

a travs de actos fraudulentos que importen crimen o simple delito. Misma

sancin aplicarla cuando existan negociaciones incompatibles en las que se

vean involucradas las autoridades sealadas.

14- Solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la Repblica, que en el

proyecto de ley de presupuesto del sector pblico para el ao 2016, no se

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contemple reajuste de remuneraciones para las altas autoridades del Estado,

tales como; el Presidente de la Repblica, Ministros de Estado, Subsecretarios,

Senadores y Diputados, Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia,

Contralor General de la Repblica, Fiscal Nacional, y Consejeros del Banco

Central. Hacia el futuro se deber establecer un sistema que contemple la

posibilidad de reajustes diferenciados.

15- Establecer cdigos de conducta vinculantes para las autoridades y

funcionarios pblicos (nacionales, regionales, provinciales y municipales) que

contemplen fuertes sanciones en los casos de intromisin en asuntos ajenos al

mbito de su competencia, castigando particularmente el uso de recursos

pblicos y toda actuacin u omisin realizada en perodos de campaa que

busque influir en sus resultados.

16- Reforzar las normas que impiden a los parlamentarios desarrollar

actividades privadas que configuren conflictos de inters.

17- Sancionar de modo efectivo a los parlamentarios que voten o

promuevan asuntos en que tengan conflictos de inters.

18- Modificar la composicin de las Comisiones de tica y Transparencia del

Senado y de la Cmara de Diputados, incorporando en ellas a personas de

reconocido prestigio pblico, que no pertenezcan al parlamento y que den

garantas de ecuanimidad e independencia.

19- Incorporar en el sector privado (gremios y empresas), incluyendo a las

empresas que sean de utilidad pblica, cdigos de conducta y buenas

prcticas para mejorar y transparentar las relaciones con autoridades polticas

y administrativas.

20.- Fortalecer la normativa e institucionalidad tributaria, con la finalidad de

cerrar pasajes o intersticios, oscuros o contradictorios en el ordenamiento, y as

propender a evitar prcticas como la elusin y evasin tributaria en el mbito

poltico. Asimismo, surge como una necesidad la creacin de la Fiscala de Alta

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Complejidad que permita al Ministerio Pblico, la especializacin en la

investigacin y persecucin de conductas que revistan caracteres de delitos

complejos, como por ejemplo, los de corrupcin.

Las propuestas que hemos realizado se encuentran sustentadas en los

Principios de Probidad, Publicidad y Transparencia, los que deben regir sobre

las instituciones democrticas y sus integrantes.

El perfeccionamiento de nuestra democracia es una tarea y una obligacin de

todos, es por ello, que mirando el bien de Chile, hemos realizado este

documento como una contribucin al debate.

Isabel Allende B.

Felipe Harboe B.

Hernn Larran F.

Patricio Walker P.

Alberto Espina O.

SENADORES DE LA REPBLICA

Valparaso, 13 de marzo de 2015

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