CAPÍTULO 3

Agenda de investigación

D E LOS CONCEPTOS Y PROBLEMAS anteriores pueden derivarse los siguientes te­

mas de investigación sobre gobierno y gobernabilidad en las universidades

públicas:

A. Órganos o instituciones de gobierno. El primer problema de estudio se

refiere a la homogeneización de los órganos y las instituciones de gobierno, re­

glada por la Ley 30 de 1992, entonces:

• ¿Cuáles fueron los fundamentos o supuestos de esta homogeneización?

¿A qué racionalidad respondió esta homogeneización?

• ¿Es necesario y/o deseable continuar con esta forma homogénea de

gobierno?

• ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos de:

1. ¿Continuar con el modelo homogéneo para todas las universidades?

2. ¿Permitir la diversidad de formas, órganos e instituciones de gobierno?

• ¿Qué órganos o instituciones alternativas al CSU podrían ser propuestos?

¿Cuáles serían sus respectivas ventajas comparativas respecto al actual CSU?

• Interrogantes similares para el Consejo Académico.

B. El segundo problema de estudio es el de la composición (social, ideoló­

gica, de representación de poderes y actores, etc.) de los principales organismos

internos de toma de decisiones . En tanto máximos órganos de poder institu-

1 Como el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Consejo Académico, según la legislación colombiana sobre el gobierno de las universidades públicas (Ley 30 de 1992, Capítulo II).

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GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD

EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

cional, la naturaleza de su composición es tal vez el factor de mayor influencia sobre las principales decisiones de gobierno. Por composición se hace referen­cia tanto a los poderes y actores representados formalmente por sus miembros, como a la competencia, idoneidad, valores e ideas encarnados en dichos indi­viduos .

De acuerdo con la normatividad colombiana ya citada, los miembros de los dos máximos órganos de gobierno no deben representarse a sí mismos sino a los actores y poderes internos y externos a la institución, esto es, los estamen­tos, el gobierno, el sector productivo, los ex-rectores, etc., en el caso del CSU, o las autoridades de las unidades académicas en el caso del Consejo Académico. En ambos casos se parte de los supuestos de organicidad y coherencia política e ideológica de tales actores y poderes, cuyos respectivos representantes se supo­nen voceros objetivos -no subjetivos- de esas visiones orgánicas respecto a la universidad. Sin embargo, este es un supuesto de escasa validez, pues son pocos los actores y poderes, internos o externos, con una concepción orgánica sobre el desarrollo académico o sobre el futuro deseable de la institución, razón por la cual la función de representación en el gobierno es, en muchos casos, más formal que orgánica y más subjetiva que objetiva, lo cual genera importantes problemas de legitimidad y gobernabilidad.

La participación en el gobierno universitario de diversos actores o sectores

externos a la universidad ha sido legitimada bajo el criterio de lograr una mayor

pertinencia y responsabilidad en el contexto social externo. Sin embargo, estos

importantes objetivos también pueden lograrse mediante diversas

modalidades de consulta, asesoría y estudios, que no implican la participación

directa en los órganos del gobierno universitario. En España, por ejemplo, los

Consejos Sociales, de carácter consultivo y propositivo, son el principal órgano

2 Entre las ideas, valores e imaginarios de mayor incidencia en las decisiones del gobierno universitario merecen resaltarse las siguientes: las referidas a la autonomía académica y económica, al papel del Estado y del mercado en la educación superior, al grado y naturaleza de control y las evaluaciones externas, al grado deseable de participación de los estamentos, al papel de la competencia en el mercado de educación superior, al financiamiento público y privado, y a las concepciones sobre la jerarquía y deseabilidad de algunos conocimientos sobre otros (por ejemplo, los aplicados y tecnológicos sobre las ciencias básicas, los pragmáticos sobre los críticos, los de coyuntura sobre los históricos, los rentables sobre los costosos, etc.).

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AGENDA DE INVESTIGACIÓN

de participación de la sociedad en la universidad (Ley 5/1995). Existen además Subcomisiones de Evaluación de la enseñanza universitaria, en las que participan sectores académicos, empresariales, sindicatos, colegios, asociaciones profesionales y otras organizaciones. En Francia, esta función es desempeñada por la Comisión Interministerial de Prospectiva y Orientación de la Educación Superior.

Portante: ¿Cuáles son las principales dimensiones, positivas y negativas, de los cri­

terios de conformación del Consejo Superior Universitario (artículo 64, Ley 30 de 1992)? Según este artículo, de los ocho miembros con voz y voto, la mayoría, es decir, 5 miembros, representan a los estamentos, actores y poderes internos a la institución, incluyendo a egresados y ex rectores.

¿A quiénes realmente 'representan' los representantes de los egresados y ex rectores? ¿Conforman los egresados un grupo orgánico, organizado, coheren­te, con una visión holística y de futuro sobre la universidad, y tienen el derecho legítimo de participación en el máximo órgano de gobierno? ¿No debería su fun­ción, más bien, ser consultiva y propositiva en lugar de decisoria? ¿Cómo se eligen los representantes de este cuerpo o grupo, tal vez inorgánico, difuso y no repre­sentativo? Estos supuestos representantes, ¿a quién representan? ¿A quién le rinden cuentas de su gestión? ¿Ante quién son responsables? ¿Quién los evalúa y contro­la? ¿Existen mecanismos de evaluación y/o revocatoria de su gestión? ¿Es legítimo el criterio de rotación para designar a los representantes de los ex rectores?

Interrogantes similares son válidos también para los representantes del lla­mado sector productivo. Éste tampoco existe como una entidad orgánica y coherente sino como la yuxtaposición de múltiples y diversos intereses y pers­pectivas, ni tiene una visión homogénea sobre el deber ser de la universidad pública. ¿La función de este supuesto sector no debería ser, más bien, de índole consultiva y propositiva, y no decisoria?

En algunas universidades el nombramiento de algunos miembros del CSU, como es el caso de los representantes del gobierno, se hace según criterios

3 Esta comisión está encargada de estudiar la evolución de la investigación, el empleo y las calificaciones profesionales en los diversos sectores productivos, y de recomendar nuevas ofertas de formación o reestructuración de las existentes. Tomado de la Ley de enseñanza superior, 1985,Art. 5.

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GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD

EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

políticos y clientelistas, en lugar de meritocráticos y de capacidad de aporte al gobierno de la institución, lo que afecta negativamente la legitimidad y eficacia de este órgano de gobierno. En otras, los representantes (del gobierno, del sector productivo, y aún de los estamentos) se representan más a sí mismos que a sus representados, lo que implica un alto grado de subjetividad y personalismo, y por tanto de arbitrariedad en la función de gobierno.

Un tema de gran importancia en la legitimidad de la modalidad colegiada de gobierno es la función de representación de los dos principales estamentos universitarios: el cuerpo docente y los estudiantes. ¿Cuáles son los criterios y procedimientos de postulación y elección de dichos representantes? ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación, control y revocatoria de su gestión? ¿Qué puede decirse sobre la calidad de la participación de los representados en dichas elec­ciones? ¿Qué puede decirse sobre la representatividad de estos representantes? ¿Cómo podría mejorarse el proceso de elección de representantes y la posterior evaluación de su desempeño?

En algunas universidades es mínima o muy baja la participación de docentes y estudiantes en los procedimientos de elección de sus respectivos renresentant*^ de tal manera ^ue dicha función de representación tiene una legitimidad más formal o burocrática que real. En otras, son cuestionados los procedimientos de postulación y elección (por ejemplo, los realizados mediante asambleas masivas u otros recursos de 'mercadeo' político impersonal) que impiden el análisis de temas complejos y desestimulan la participación de los docentes y estudiantes. Estos procedimientos favorecen más a candidatos con propuestas 'promeseras', populistas, inmediatistas, y a los activistas de gremios y organizaciones políticas, que a los candidatos con propuestas complejas y de perspectiva institucional a mediano y largo plazos.

De otra parte, en la composición del CSU hay una representación mayorita-ria de los poderes y actores internos a la institución (docentes, estudiantes, egresados y ex rectores), lo cual ha sido justificado en nombre de una 'democra­cia universitaria'. Sin embargo, en muchos países e instituciones se ha cuestionado recientemente este alto poder de los actores internos, por su estrecha relación con fenómenos como el corporativismo, la endogamia, el conservadurismo, los inte­reses creados y la resistencia al cambio, que limitan significativamente la capacidad

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AGENDA D £ INVESTIGACIÓN

institucional de innovación y adaptación a las nuevas necesidades y demandas del entorno. El gobierno institucional puede sufrir entonces la paradoja de una alta legitimidad interna y con una poca eficacia en su función de innovación y adap­tación, lo cual puede conducir a la pérdida paulatina de su pertinencia institucional y del correspondiente apoyo social y político.

Un factor tan decisivo en la función de gobierno como la composición de sus máximos órganos, se decide entonces a partir de un conjunto de supuestos o mitos de escasa validez en la realidad: la organicidad y coherencia en las ideas, los imaginarios y propuestas de los actores y poderes representados, y la representación objetiva -y no subjetiva- por parte de sus representantes respectivos. En este contexto de representación, en gran medida formalista, asume entonces gran importancia la representación personalista y subjetiva, lo cual cuestiona la legitimidad tanto de estos órganos de gobierno como de sus miembros, y conduce a la necesidad de concebir formas alternativas de gobierno universitario.

La Ley 30 de 1992 definió para todas las universidades una forma homogénea de gobierno, basada en dos órganos principales de toma de decisiones: el CSU y el Consejo Académico. Ya han sido señalados algunos de los supuestos y mitos en los que se ha basado esta norma homogeneizante y sus correspondientes problemas de gobernabilidad y legitimidad. Uno de los temas centrales en la reforma a esta Ley es la necesidad de una verdadera autonomía institucional en la concepción y el diseño de diversas nuevas formas e instituciones de gobierno, en lugar de someter a todas las instituciones a un patrón uniforme de gobierno. Diversas alternativas a este patrón único permitirían evaluar comparativamente aquellas con mayor y menor incidencia en la capacidad de innovación institucional.

C. Criterios y procedimientos de elección del Rector, según el estatuto or­gánico de cada universidad (artículo 66, Ley 30 de 1992).

Aunque la designación del Rector es función del CSU, cada universidad puede definir sus propios criterios, requisitos y procedimientos para la postulación de los candidatos, incluyendo el grado y la calidad de la participación de los diversos grupos o estamentos universitarios (por ejemplo, mediante una consulta directa o indirecta, el voto unitario o calificado, etc.). Los diversos criterios y procedimien­tos reflejan las respectivas tradiciones y la cultura institucional de cada universidad.

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GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

En los últimos años han sido evidentes ante la opinión pública nacional los numerosos conflictos suscitados por el proceso de designación del Rector en diversas universidades: Distrital, Cauca, UIS, Pedagógica, Atlántico, Nacional, Surcolombiana, Cartagena, etc. En algunas de éstas dicho proceso ha estado acompañado de diversas manifestaciones violentas como paros, bloqueos de instalaciones, retención temporal de los funcionarios, presiones y amenazas a la integridad física, etc. En otras, han primado diversas manifestaciones de violencia simbólica en contra de determinados candidatos, como los epítetos, la denigración del carácter y del género, hojas, letreros y pancartas descalificantes, boicot de conferencias e intervenciones de ciertos candidatos, prácticas de macartismo político, etc. En otras, se han denunciado presiones externas, tanto de intereses políticos y económicos locales como de organizaciones armadas de diverso signo. Asimismo, se ha denunciado el desconocimiento, por parte del CSU, de candidatos con mayor votación o favoritismo entre los estamentos. En otras se han utilizado prácticas de la política tradicional, tales como la compra de votos, el tráfico de notas por votos, presiones académicas y laboralp<: ptrptm 4

1 U U U 1 CIU. J , V L*-*_ LC1 a

4 Estos problemas en la elección de los rectores en las universidades públicas han sido extensamente cubiertos y divulgados por la prensa nacional durante los últimos meses. Ver al respecto. Anónimo. 2000. "¿Academia o locademia? Una guerra política por la U. del Cauca". Cambio, No. 349, febr. 28; Anónimo. 2000 "Preocupación por 'guerra de carteles' en Unicartagena", El Universal, marzo 22 p. 6A; Anónimo. 2000. "Piden rector académico, no político. Carta de profesores notables de la U. Nacional a la comunidad universitaria". El Tiempo, abril 2 Anónimo. 2000. "¿Decisión política en la U. Nacional?" El Tiempo, Abril 5, p. 3C Anónimo. 2000. "Entre disputas se realizó el escrutinio en la U. de Cartagena' El Universal, abril 15, p. 2A; Anónimo. 2000, "Se busca un Rector". El Mundo abril 24, p. 2; Carlos Villalba Bustillo. "La Universidad al azar. Botín electorero El Tiempo, Lecturas Dominicales, abril 24; Anónimo. 2000. "Toma de Universidad de Cartagena". El Espectador, agosto 15; Anónimo. 2000. "A Fiscalía, irregularidades en elecciones en Unicórdoba". El Universal, agosto 1; Anónimo. 2000. "Cuestionan elecciones del Rector. Violencia política ronda procesos electorales en universidades públicas". El Tiempo, sept. 13, p. 2A; Anónimo. 2000. "Malestar en Universidad Distrital por elecciones". El Tiempo, sept. 21, p. 1-7; "Polémica elección del rector (UÑAD)". La Patria, sept. 25, p. 2A; Anónimo. 2001. "¿Democracia o politiquería en la elección del Rector en las universidades públicas?" La Revista del Espectador, No. 43, mayo 13; Anónimo. 2003. "Universidad: organizaciones internas rechazan elección", El Tiempo, abril 3, p. 1 -20

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AGENDA DE INVESTIGACIÓN

En el reciente proceso de designación del Rector en la Universidad Nacional

(abril de 2003), tanto Aspu como algunos representantes profesorales

denunciaron el desconocimiento de las preferencias de la consulta a los

profesores y estudiantes por parte del CSU, y sus implicaciones potenciales

sobre la gobernabilidad y la ruptura de la normalidad en la institución . Esta

posición supone que la consulta concebida como mecanismo para la elección

de la terna a candidatos equivale a la elección del candidato con el mayor

número de votos, lo que convertiría a la consulta en elección. Tanto la Aspu

como los representantes profesorales pretenden desconocer así la autonomía

del CSU en la designación del Rector y el peso de otros criterios cualitativos

(como la trayectoria académica, el programa de gobierno, etc.), de tanta o

mayor importancia que la consulta, en dicho proceso de designación. Por otra

parte, se intenta legitimar el resultado de la consulta recurriendo al argumento

de la 'democracia universitaria', según el cual las preferencias de los profesores

y estudiantes son el único factor que cuenta en la designación del Rector. Cabe

señalar, al respecto, que la universidad pública no le pertenece ni a los

profesores ni a los estudiantes de turno sino a la sociedad en general, cuyos

intereses deben prevalecer sobre las preferencias de determinado porcentaje

de estos sectores. El destino, orientación y las políticas de la universidad no

pueden ser determinadas solamente por las preferencias de los actores internos

por tres razones: a) estos actores no son los dueños de la universidad (como

en el caso de cooperativas o las empresas) y deben compartir las decisiones

con otros actores sociales externos a la universidad; b) en el proceso de

expresión de las preferencias (consulta) hay un fuerte peso - y sesgo- de

intereses creados, subculturas part iculares, prácticas clientelistas,

'promeserismos', además de las prácticas comunes de intimidación y

descalificación de otros candidatos, todo lo cual pudo observarse claramente

en la pasada consulta a elección de la terna; c) pero la razón más importante

es la necesidad democrática de que tanto el Estado como los otros actores

sociales externos a la universidad participen activa y legítimamente en la

orientación de la política de la universidad. Es más democrática una

participación pluralista en el gobierno universitario, que una participación

limitada a las preferencias de quienes siendo juez y parte del proceso no

necesariamente representan el mayor interés general o bien común en el

gobierno de la universidad.

' Comunicado Aspu, abril 3.

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GOBIERNO Y GOBERNABILIDA.D

E N LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Los problemas hasta aquí señalados evidencian una crisis importante en el actual sistema de postulación y designación del Rector, con diversas implica­ciones negativas para las universidades públicas:

Una escasa legitimidad y gobernabilidad en algunas. Una imagen negativa ante la opinión pública. Unos designados que no son necesariamente los mejores y los más capa­ces sino quienes logran un mayor apoyo de los estamentos. Una creciente desconfianza de la sociedad y del Estado en la bondad del subsidio público a estas universidades.

Otro importante problema es la introducción al seno de las universidades de lógicas y prácticas de la lucha política por el acceso al poder. En este caso, las prácticas del poder burocrático, económico, institucional y simbólico de la uni­versidad pública, amparado por la autonomía, al servicio no necesariamente de los intereses académicos y sociales generales, sino de diversos intereses perso­nalistas, grupistas, partidistas o clientelistas. Surge el espectro de la universidad pública como objeto y ambición de poder en sí mismo, para lo cual se justifi­can las diversas lógicas y prácticas de la lucha política por el poder: el dientelismo, el 'promeserismo', el populismo, el inmediatismo, la descalificación y la macartización del adversario, etc.

Estas prácticas de la lucha política generan efectos profundamente nega­tivos en el seno de las universidades:

Polarizan, dividen y antagonizan a los docentes y a los estudiantes entre sí. Generan desconfianza, recelo e incomunicación entre los docentes, ya de por sí atomizados y desarticulados. Excluyen de la participación a quienes cuestionan dichas prácticas y favorecen la participación de los activistas gremiales y políticos, generando así un proceso de autoselección sesgado a favor de estos últimos, razón por la cual muchos designados no son los mejores ni los más capaces. Desestimulan el análisis racional y argumentativo de problemas complejos y subordinan la dimensión académica a los intereses políticos.

Es muy probable que los problemas mencionados asuman una mayor im­portancia y gravedad en el futuro próximo, con consecuencias negativas para la universidad pública. De ahí la necesidad de iniciar una evaluación cualitati­va de los actuales criterios y procedimientos de postulación y designación del Rector en las universidades públicas, con todo lo anterior:

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AGENDA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los principales criterios y procedimientos de postulación y de­signación del Rector? ¿Cuáles han sido los eventos, situaciones o problemas más significativos al respecto? ¿De qué manera y en qué medida se han introducido en la universidad lógicas y prácticas de la lucha política externa por el poder? ¿Cuáles han sido sus principales manifestaciones? ¿Qué efectos han tenido so­bre el proceso de designación del Rector? ¿Se han dado manifestaciones de violencia directa y/o simbólica?, ¿cuáles? ¿Qué interpretación y significado pue­den atribuírseles?

D. La democracia universitaria, el gobierno colegiado, la participación de los docentes y estudiantes en el gobierno. Este tema está relacionado con los an­teriores y se refiere al concepto y la práctica de la 'democracia universitaria', entendida como el conjunto de criterios y procedimientos de participación de los estamentos internos, endógenos, en la toma de decisiones institucionales . Al respecto se plantean dos opciones:

Que la participación tenga un carácter decisorio, como en la actual estructura

del CSU, o Que tenga solamente un carácter consultivo y propositivo, como el del Consejo Académico, lo que implicaría, o un CSU con una composición diferente, o unos órganos de gobierno alternativos al CSU. En esta segunda opción se reduciría significativamente el poder de los estamentos institucionales internos en favor de otros actores y poderes externos.

Ya han sido señalados diversos cuestionamientos al efecto conservador, inercial y de resistencia al cambio, propio de quienes tienen fuertes intereses crea­dos desde el interior de la institución. También se han analizado algunos aspectos positivos y negativos de la tendencia hacia una mayor profesionalización del go-

6 "Democracia (universitaria) significa involucrar en la responsabilidad de las decisiones (relativas a la investigación y a la didáctica) a todos los que participan en el trabajo académico, según su grado de participación real, y con criterios de representatividad efectiva en los órganos de gobierno de la universidad. En este sentido, Democracia no significa nada más que respeto hacia las personas que, en cuanto intelectuales (cualquiera que sea su nivel de formación), deben ser siempre corresponsabilizadas en la definición de sus tareas". (Pinto. 1999)." La universidad entre la democracia y la barbarie". En Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura. No.38,p.80.

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GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD

EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

bierno universitario y la consiguiente disminución del poder decisorio de los profesores y estudiantes, entonces:

¿Cómo estudiar y analizar este tema -de tanta sensibilidad política- con

quienes son juez y parte del mismo? ¿Qué grado de objetividad al respecto po­

dría esperarse de los gremios, las asociaciones, los profesores y los estudiantes

de las universidades públicas?

E. El estudio de la cultura y las representaciones simbólicas predominantes de determinada institución: sus principales tradiciones, prácticas, imaginarios, valores, ideologías, representaciones, etc., sobre los temas de mayor importancia para el gobierno institucional, tales como:

La autonomía académica e institucional, las relaciones con el Estado y con el mercado, las fuentes de financiación de la educación superior pública (el Estado, las familias, las empresas, etc.), el papel de la evaluación y control externos a la institución.

Lo público y lo privado, la legitimación de la educación superior pública, el papel de la educación superior privada, el papel de la competencia interinstitucional (pública y privada), la calidad y pertinencia de la educación, la equidad social y la selectividad en las oportunidades educativas.

La jerarquía de estamentos y el papel diferencial de éstos en el gobierno institucional, los derechos y deberes de los estamentos, los criterios y mecanismos de participación, las acciones y conductas legítimas o reprobadas (como paros, bloqueos, violencia, amenazas, etc.). La legitimidad y eficacia de los criterios y mecanismos de representa­ción de los diferentes actores, estamentos y poderes en los diversos órganos de poder (CSU, Consejo Académico, etc.). La auto y heteroevaluación del desempeño académico de los docentes, departamentos, facultades y programas. La acreditación externa.

Los patrones culturales prevalecientes en determinada institución pueden tener efectos poderosos, positivos o negativos, en la dinámica del gobierno, en tanto orientan, definen, legitiman o descalifican las acciones, conductas y ex­pectativas de sus miembros, ya sean éstos individuos, grupos o estamentos, en relación a las autoridades, las políticas o los eventos institucionales. Las diver-

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AGENDA DE INVESTIGACIÓN

sas ideas y propuestas que circulan en cada institución -en tanto 'mercado po­lítico'- asumen un determinado grado de aceptación o rechazo en función de su congruencia relativa con los patrones culturales prevalecientes. Estos pue­den reproducir las inercias conservadoras, la resistencia al cambio, los intereses creados y las visiones localistas y particularistas, o bien pueden ser una fuente de innovación intelectual, valorativa e institucional, de apertura a intereses más generales o universalistas, y de apoyo a políticas de renovación institucional . Lo anterior explica por qué cada institución "tiene el gobierno que se merece"; que puede darse y legitimarse en un momento institucional determinado.

Más aún, el estudio de otras dimensiones cualitativas de gobierno, como el liderazgo, la comunicación, las interacciones, las redes, la negociación, etc., a tra­vés de las cuales se expresan demandas, expectativas y propuestas, depende en gran medida de la aceptación cultural, en la institución, de determinadas modalida­des de liderazgo, participación, comunicación e interacción entre sus miembros.

F. Estudios de caso de procesos significativos de gobierno en diversas ins­tituciones, en relación a decisiones, reformas académicas o laborales de importancia, etc. El objetivo es comprender la naturaleza cualitativa de los pro­cesos de gobierno: el origen y la formulación de las iniciativas, los procedimientos de divulgación y discusión, la naturaleza de la participación de los estamentos y actores significativos, los obstáculos y dificultades encontrados (de índole cul­tural, política, técnica, administrativa, gremial, etc.), las estrategias de solución de dichas dificultades, los resultados logrados, su evaluación y seguimiento en el tiempo, etc. Se trata de lograr conocimientos sobre la naturaleza y dinámica de las dimensiones cualitativas del gobierno: liderazgo, legitimidad, coordina­ción, participación, comunicación, eficacia, etc.

G. Un estudio de las diversas propuestas de formas alternativas de gobier­no en las universidades públicas. A partir de una evaluación cualitativa de las actuales formas de gobierno se sustenta la necesidad de formular alternativas y proponer nuevos criterios y formas, bajo el supuesto de su mayor deseabilidad y conveniencia. Este tema es corolario y síntesis de los anteriores. Su objetivo es la definición y fundamentación de nuevas formas, órganos e instituciones de gobierno universitario, que puedan ser una alternativa válida a la actual forma homogénea reglada por la Ley 30.

' Ver los autores ya citados: J. Alexander, Burton Clark y Fierre Bourdieu.

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GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

La anterior agenda de investigaciones sobre gobierno y gobernabilidad pre­tende señalar la amplitud, complejidad y sensibilidad de las diversas dimensiones de análisis del tema, y la necesidad de que éste se constituya en un objeto for­mal de investigación en las universidades. Este tema es de una alta sensibilidad y susceptibilidad política, sobre todo en el actual contexto de nuevas relaciones económicas y de regulación entre el Estado y las universidades públicas, lo que pone en juego la objetividad analítica de los investigadores y actores participan­tes, todo lo cual presenta importantes retos de índole metodológica. Por otra parte, es muy escasa en este país la reflexión y documentación existente sobre dichos temas. Por tales razones, este estudio debe ser visto como un primer es­tudio exploratorio en temas y metodología, del que se esperan mayores conocimientos al respecto y nuevas perspectivas y estrategias de investigación sobre gobierno y gobernabilidad.

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