administración privada de los fondos de salud
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Nota periodística de La jornada sobre la administración de los fondos de saludTRANSCRIPT
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Administración privada delos fondos de salud
ASA CRISTINA LAURELL
n 1998 el gobierno mexicano firmó un préstamo con el Banco Mundialpara introducir la competencia de mercado y la libre elección en elInstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un objetivo fue crearOrganizaciones Administradoras de Servicios de Salud (OAS) cuyafunción sería recibir el financiamiento de ese instituto y comprar
servicios para sus afiliados. Inicialmente las OAS deberían ser internas, pero conel compromiso de tener varias de ellas privadas operando en 2000. No ocurrió;sin embargo, con la reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en2015 está de nuevo en la agenda. No es casual que la Asociación MexicanaInstituciones de Seguros (AMIS) dedicó su reunión más reciente al tema desalud. Para ello encargó la elaboración de un documento a Funsalud y a laUniversidad Anáhuac. Debe verse como un paso para concretar el propósitogubernamental de desarrollar el mercado de salud.
Este documento plantea varias propuestas de asociación públicoprivada quesignificarían la transferencia de fondos públicos a las aseguradoras privadas conel argumento de mayor eficiencia y calidad de lo privado. La primera sedenomina el “Seguro Popular (SP) competitivo”, en la que las autoridadesfederales y estatales transferirían sus fondos de salud a las aseguradoras para quecompren servicios para los afiliados al SP. Es decir, se introduciría unintermediario privado en el sistema. Este esquema también prevé la posibilidadde que el afiliado pague un complemento a la aseguradora para ampliar sucobertura de servicios. Otra propuesta es que las aseguradoras sólo gestionen laatención de padecimientos de gastos catastróficos organizando redes públicoprivadas de atención.
Una tercera propuesta sería el “SP para la clase media” pensada para 50 porciento de la población que debería pagar una prima al afiliarse, pero no lo hacepor su rechazo a los servicios públicos. Los fondos públicos se complementaríancon pólizas de cobertura complementaria de enfermedades no cubiertos por el SP
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con acceso a prestadores privados. Sería un Seguro PopularPlus. Este último essemejante a la llamada “Protección para microempresarios”. Otra propuesta es“el SP integral” que sería un seguro complementario, que el afiliado paga a laaseguradora para tener la misma cobertura de servicios que la del IMSS. Seríauna especie de seguro de gastos médicos mayores. Por último, se propone“cobertura efectiva para enfermedades crónicas” para ofrecer al SP y al IMSS unesquema de gestión privada de prevención y manejo de enfermedades crónicas,pero excluyendo al cáncer.
Sobra señalar que estas propuestas incrementan la inequidad en salud enfunción de la capacidad de pago y segmentan todavía más el sistema de salud.No son, sin embargo, ajenas a las políticas gubernamentales. El IMSS yaexperimenta con la subrogación de la atención de diabéticos y la Secretaría deSalud advierte que hay que buscar nuevas alternativas de atención yfinanciamiento ante las restricciones del presupuesto del SP y desarrollar elmercado de salud.
Las propuestas de AMISFunsalud vienen justo cuando los paíseslatinoamericanos pioneros en el aseguramiento obligatorio con asociaciónpúblicoprivada, Chile y Colombia, están revisando sus esquema. El primero deesos dos países ha tenido enormes dificultades para regular a las aseguradorasprivadas (ISAPRE), con la finalidad de que cumplan con proteger la salud de susafiliados. Para ilustrarlo, se puede señalar que ofrecen mil 200 diferentes planesde salud con topes de gasto, copagos y exclusiones muy variadas, cuyasimplicaciones son muy difíciles de desentrañar. Siguen además con prácticas deselección adversa de sus afiliados, asegurando a personas de altos ingresos y bajoriesgo de enfermar. Logran apropiarse de 46 por ciento de la recaudaciónnacional para salud con el propósito de atender a 17 por ciento de la población ytienen ganancias de entre 44.5 y 18 por ciento, según el método de cálculo.
El sistema colombiano, que da prioridad a las aseguradores privadas y tieneun fondo único de salud, literalmente quebró en 2008, entre otras cosas, por losfraudes, desvío de recursos, el mal cálculo de las cotizaciones y la violación delderecho constitucional a la salud. Además, se ha desmontado el sistema públicoincluso vendiendo hospitales y modificando la contratación del personal con unacreciente precariedad del empleo y esquemas de pago por desempeño. Noinesperadamente se han unido exitosamente los trabajadores de la salud, usuariosde los servicios, organizaciones de izquierda y académicos para formular unapolítica alternativa y una nueva legislación que garantice el derecho a la salud.
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