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Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

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ACTA DEL TALLER DE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS Indicadores para el seguimiento y estrategias de adaptación al Cambio Global

PROYECTO GLOCHARID

18 de Junio de 2012 El pasado 18 de junio de 2012 en la Universidad de Almería, se celebró en el marco del proyecto GLOCHARID, el Taller “Biodiversidad y Ecosistemas. Indicadores para el seguimiento y estrategias de adaptación al Cambio Global”. Dicho taller, organizado por el Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global (CAESCG) y con el auspicio de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Almería, convocó a un conjunto de investigadores y gestores con el objetivo de reunirlos nuevamente en torno a los problemas ambientales identificados en el primer taller celebrado en 2011 y trabajar en:

- Concretar y profundizar en los problemas ambientales identificados. - Identificar nuevos problemas si se considera necesario. - Clasificarlos en la matriz de dominios de transferencia (Rudd 2011) de acuerdo

con el gradiente de concreción del problema por parte de los gestores y del gradiente de conocimiento científico existente.

- Identificar y establecer binomios de transferencia ciencia-gestión para trabajar en el tratamiento de los problemas que sean clasificados en el dominio de las buenas prácticas.

Los asistentes al Taller BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS fueron: Ámbito de la gestión:

- Eugenio Cano Serrano, Delegado Provincial de TRAGSA en Almería - Juan Higinio Pérez y Pedro Egea, técnicos de TRAGSA Almería - Emilio Roldán del Valle, Jefe de Servicio de la RENPA. Delegación Provincial de

Medio Ambiente, Almería. - Juan Carlos Nevado, Jefe de Servicio de Gestión del Medio Natural. Delegación

Provincial de Medio Ambiente, Almería - Salvador Parra Gómez, Director conservador del P.N. de Sierra María-Los Vélez - Javier Navarro, técnico del P.N. Cabo de Gata-Níjar - José Luís Caparrós, Técnico Provincial de Biodiversidad de la Agencia de Medio

Ambiente y Agua - Vicky Schwarzer, Técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

Ámbito de la investigación:

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- José Luis González Rebollar y Ana Belén Robles Cruz, investigadores del subproyecto del GLOCHARID “Cambios de uso del suelo y abandono de tierras”

- Miguel Cueto Romero, del subproyecto “Flora de ecosistemas áridos” - Enrique López Carrique y Juan Miguel Mullor, del subproyecto “Fauna:

mamíferos” - Nuria Guirado, del subproyecto “Fauna: Anfibios y reptiles” - Patricia Lourenço, del subproyecto “Ecosistemas y Hábitats” - Sara Jorreto, técnico para la coordinación y el desarrollo de la interfaz ciencia-

gestión, CAESCG - Javier Cabello, subdirector CAESCG y co-responsable proyecto GLOCHARID - Hermelindo Castro, director CAESCG, y responsable proyecto GLOCHARID

El Taller comenzó con la bienvenida e introducción a cargo de Hermelindo Castro y Javier Cabello como representantes del CAESCG y de la dirección del proyecto GLOCHARID, que comentaron las siguientes cuestiones:

- Recordatorio de los resultados del taller anterior y los objetivos planteados para el presente taller y la dinámica que se propone para su ejecución. Se informa de que algunos de los problemas detectados en el taller anterior han sido reformulados y se han planteado cuatro nuevos (todos ellos, para ser tratados y discutidos en el taller de hoy).

- Adopción de la matriz de relaciones entre el conocimiento científico y la gestión, y los dominios que se establecen en ella según Rudd (2011) como marco de trabajo para el análisis de los problemas ambientales y la propuesta de acciones e indicadores vinculados a ellos.

- El objetivo de formar binomios de transferencia para el tratamiento de los problemas ambientales que se estimen como mejor articulados y conocidos entre investigadores y gestores. Esta metodología de trabajo ha sido ya puesta en marcha en el marco del proyecto GLOCHARID, habiéndose constituido dos binomios, uno entre los técnicos de Gestión del Medio Natural y los investigadores del subproyecto “Aves” en relación al seguimiento de áreas de distribución de las rapaces: águilas real y perdicera y, otro entre los responsables del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y los investigadores del subproyecto “Especies Exóticas Invasoras” en relación a la eliminación de la especie invasora Pennisetum setaceum en los ecosistemas áridos de Andalucía..

PROBLEMA 1: Los habitantes locales de los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) no aprueban los procedimientos administrativos que actualmente se asocian al aprovechamiento de los recursos naturales que tradicionalmente han usado y de los que depende su economía. La existencia de este problema es corroborada por Enrique Carrique exponiendo ejemplos reales de rechazo de los espacios protegidos en el sureste árido andaluz. Ana Belén Robles opina que el tratamiento de esta problemática corresponde a otros estudios o especialidades en lugar de atribuirlos a los estrictamente científicos (botánicos). Piensa que

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la clave está en implicar también a la gente, no debiendo tratarse como un problema en el que sólo deban opinar gestores y científicos. Hermelindo Castro opina lo mismo y admite que los usuarios de los recursos naturales (stakeholders) también deben estar presentes en los futuros talleres que se celebren. El triángulo (“trialogue”) debe está formado indiscutiblemente por Administración-Científicos-Sociedad. José Luis G. Rebollar piensa que la clave para que este triángulo se entienda la tienen los gestores ya que son ellos los que pueden estar en contacto real con los otros dos vértices: científicos y sociedad. Hay que encontrar la fórmula de trabajar juntos. No obstante, para él, ésta no es una tarea sencilla ya que por ejemplo, en el caso de la población rural, ésta desconfía de los gestores y de los investigadores. Además el control que la sociedad ejerce sobre los ecosistemas es muy complejo, y señala que por ejemplo los cambios de uso de suelo están dominados por los mercados (las externalidades), y éstos en la actualidad los mercados se regirán por la PAAC. Juan Carlos Nevado cree que hay dos enfoques diferentes: por un lado está la pregunta de “¿qué hace la administración para gestionar y facilitar al administrado el aprovechamiento de los recursos?” y por otro, la de “¿ha interiorizado la sociedad las limitaciones que la normativa ambiental impone para la protección de bienes comunes, como lo ha hecho con respecto a la normativa urbana u otras?”. En primer lugar, considera que la administración ha hecho un gran progreso acercándose bastante al ciudadano para agilizar la tramitación burocrática de actuaciones en el medio natural. Se ha hecho un gran esfuerzo por elaborar una normativa específica que agilice estos procesos, pero reconoce que aún queda por hacer (se menciona el ejemplo del trabajo realizado por la Consejería de Medio Ambiente en relación a la tramitación de expedientes en los Parques Naturales). De hecho, considera que aún no se ha logrado la completa satisfacción del ciudadano, por lo que cree que la administración tiene que agilizar y facilitar aún más estas tareas. En segundo lugar, también piensa que los ciudadanos son muy selectivos y “caprichosos” a la hora de asumir y cumplir las diferentes normativas. Mientras que no se plantean ni discuten el cumplimiento de la legislación relacionada con urbanismo o con el tráfico, no ocurre lo mismo cuando se trata de medio ambiente. Opina que la culpa, en cierto modo la tiene la propia administración, que no ha sabido transmitir la importancia del cumplimiento de la política medioambiental. El ciudadano critica la tutela de la administración pero no consigue ver o entender las contraprestaciones que ello tiene. Por otra parte, tampoco se han transmitido adecuadamente las obligaciones que los ciudadanos como propietarios del suelo tienen, debiendo incluso asumir que aunque el monte o la propiedad de que disponga no genere ningún beneficio económico, deberá asumir ciertos gastos para cumplir con la normativa. El problema es que frente a este gasto, los ciudadanos no perciben contraprestaciones (e.g. beneficios fiscales), ni beneficios materiales (servicios de abastecimiento), lo que resulta especialmente menos valorado en las zonas áridas donde los ecosistemas son poco productivos. Emilio Roldán añade que los ciudadanos perciben la protección del medio natural como un freno al desarrollo. Está de acuerdo con el hecho de que la administración no ha sabido explicar y transmitir los beneficios de la creación de los ENPs. Cree que este es un pensamiento compartido por un gran colectivo ciudadano. En cualquier caso, considera a este problema como un problema menor.

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Salvador Parra, por su parte, discrepa sobre el enunciado de este problema. Es cierto que los ciudadanos se quejan de la burocracia ambiental, pero cuando se les pregunta no son capaces de concretar los problemas específicos a los que se refieren. Por ejemplo, en lo que respecta al P.N. Sierra María-Los Vélez, no es tanto un problema de procedimientos lentos y farragosos, es más bien la mala percepción de los habitantes que ven la protección del medio natural como freno al desarrollo. En este parque, el número de autorizaciones roza el 100% y el tiempo de respuesta estimado está en torno a 3 días (datos de 2011). Este dato no representa una excepción, ya que se señala en el debate que el P.N. de Cabo de Gata-Níjar, el número de aceptaciones de de un 75%. Los progresos alcanzados en esta materia se deben en parte a los efectos beneficiosos de un Decreto reciente de agilización de trámites administrativos en los parques. De todos modos, y a pesar de estos datos, piensa que sería posible agilizarlo más, sobre todo en el caso de peticiones de acceso a las áreas de reserva. Este tipo de peticiones se hacen muy próximas a los fines de semana y con poco margen, por lo que en algunos casos requieren de una respuesta casi inmediata. Para ello propone que sería de gran utilidad que este tipo de repuestas pudieran ser dadas por técnicos o guardas del parque. Por último comenta que se debería ver al Parque como una oportunidad y no como una limitación. En el caso del P.N. de la Sierra de maría, gracias al PORN la gente se va concienciando y los alcaldes también. Por el contrario, Eugenio Cano dice sí apreciar la lentitud de los trámites, ya que se basan en normativas muy complejas. El sistema tal y como lo tenemos configurado, a nivel autonómico, hace que algunas peticiones tengan que ser enviadas y aprobadas en Sevilla, hecho que retrasa considerablemente el trámite. Piensa que es necesario delegar con objeto de agilizar trámites al igual que opina que sería necesaria una jerarquización de los problemas. También añade que es fundamental y necesario saber explicar las cosas en un lenguaje que entienda el usuario, ya que esto es clave para el acercamiento de la administración al ciudadano. En resumen, cree necesaria una descentralización para agilizar trámites (descentralizar en Sevilla y delegar más en los gestores de los Parques) así como el uso de un lenguaje más cercano. Miguel Cueto añade que, desgraciadamente, el medio ambiente nunca ha sido valorado como se merece. En el enunciado de este problema suprimiría la etiqueta de “habitantes locales” ya que esta expresión enfatiza en la distinción entre los de “dentro” y los de “fuera” , apareciendo los primeros como ciudadanos limitados en el manejo de los recursos naturales, mientras que los segundos como aquellos que hacen lo que quieren. Javier Cabello opina que existen grandes diferencias en las problemáticas ambientales y socioeconómicas de los ENPs de áreas de interior y montaña, frente a los costeros. Por ejemplo, el P.N. Cabo de Gata-Níjar es considerado como un freno al desarrollo por los habitantes locales, y sin embargo, no existe ninguna duda en la sociedad de que representa el principal atractivo turístico de la provincia. Piensa que el problema está en que no se ha sabido transmitir desde la administración el valor de los ENPs y denuncia falta de comunicación en este sentido. Emilio Roldán recuerda que sólo en la provincia de Almería, el 38% del territorio está protegido, lo que en la práctica representa una gran superficie en la que confluyen intereses de los administrados y normativas para la gestión de los recursos naturales, y añade que la jerga que se usa en torno a los ENPs es difícil de

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asimilar para los ciudadanos de entre 30 y 50 años. Reconoce, por ejemplo, que el concepto de servicio ecosistémico es algo que la gente no entiende en absoluto. Enrique López piensa que no se ha llegado a explotar eficientemente la marca Parque Natural y Ana Belén Robles denuncia la falta de información y comunicación con la gente, que ante todo debe continuar sintiendo que aquello es suyo. Hay una falta total de formación por parte de los dos: gestores y población. PROBLEMA 2: Los habitantes (locales) de los ENPs superan la capacidad de carga (resiliencia)de los ecosistemas cuando realizan aprovechamientos con nuevas tecnologías generando sobrexplotación y degradación de los mismos. José Luis González Rebollar nos aconseja quitar la expresión “falta de respeto” (inicialmente empleada en la formulación del problema para referirnos a su capacidad de exceder la resiliencia de los ecosistemas) en relación al aprovechamiento que hacen los habitantes locales de los recursos naturales. Comenta que si queremos hacer de ellos nuestros interlocutores cómplices, no deberíamos utilizar este lenguaje. José Luís Caparrós piensa que esta forma de actuar sólo es mostrada por una minoría, ya que la mayoría de los habitantes están concienciados con la necesidad de una gestión sostenible de los ecosistemas (textualmente opina que “no es el sentir mayoritario”). Apunta que las agresiones a los ecosistemas de los ENPs suelen venir desde fuera del espacio. Javier Navarro añade que esta forma de gestionar superando la capacidad de carga es consentida por la propia administración que admite determinadas acciones que afectan al interés general, ya que deterioran “bienes comunes”. Juan Miguel Mullor piensa que la clave para la solución de éstos problemas está en la Educación Ambiental. La visión de la naturaleza como una fuente de recursos que hay que explotar tiene unas raíces muy profundas en nuestra sociedad y viene de bien lejos, como lo muestra la cita bíblica (Nuevo Testamento) …PREGUNTAR A JUANMI. Cree que las soluciones a corto plazo no eliminan el problema de fondo, esto es, la necesidad de incorporar los principios de sosteniblidad en la educación. Enrique López en cambio, piensa que la clave está en enfatizar en el valor económico de los servicios que prestan los ecosistemas. Es fundamental informarles sobre los servicios ambientales con valoración económica: en ocasiones, es el único nexo real con la gente. Pone como ejemplo lo sucedido en La Cañada de las Norias. Por otro lado piensa que hay una mala definición de crecimiento económico. Se le llama así cuando en realidad se enriquecen unos pocos. En cambio, G. Rebollar opina que hay que ser cuidadoso con el dinero, porque puede ocurrir que no se alcancen los objetivos perseguidos. Si ese dinero se percibe por un reconocimiento, está bien. Pero cuando esto no es así, se puede potenciar la picaresca. Emilio Roldán aconseja redactar este problema 2 entero. Javier Cabello comenta que ya se conocen bien los problemas y se pueden reformular o redactar, pero piensa que se debería dar un salto y empezar a buscar soluciones. PROBLEMA 3: La población no es consciente de la existencia de servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas (servicios ecosistémicos) y de los cuales depende su bienestar y su seguridad (recarga de acuíferos, secuestro de carbono, generación de suelo fértil, etc.). Sólo identifican como valores de los mismos la biodiversidad, la ecodiversidad,

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el paisaje y los recursos naturales con precio de mercado (caza, pesca, madera, fibra, corcho, etc.). Este problema ha quedado de algún modo ya tratado en el problema 2. PROBLEMA 4: Falta de conexión entre científicos y gestores, lo que viene motivado entre otras razones por las diferencias en la organización temporal del trabajo, en el conjunto de normas profesionales, en la jerga propia de cada colectivo y en los medios para lograr los objetivos. Este problema ya ha sido tratado en en talleres anteriores. PROBLEMA 5: No existe una política de ordenación integral del territorio y de control de usos incompatibles, especialmente del paisaje invernado y de los suelos programados como urbanizables, acorde con la vocación de dichos suelos y su grado de vulnerabilidad. Los cambios de uso del suelo que son ilegales o irregulares generan destrucción, degradación y fragmentación de hábitat de interés comunitario. Según Emilio Roldán, ya se trabaja en esta línea y comenta que esta política ya existe. Existen los planes de ordenación regionales y subregionales. José Luis Caparrós añade que los planes ya existen pero no tiene claro que exista una participación efectiva de la población. Los planes no se han aprobado con la participación ciudadana. En este sentido se debería imitar al CAMP, resaltando que lo más importante es la participación activa más el consenso. Enrique pregunta si los criterios seguidos para redactar los POTA tienen en cuenta otros criterios que no sean los estrictamente urbanísticos. Melo comenta que todos los planes están hechos teniendo en cuenta principios ambientales, pero lo que no es cierto es que exista una participación real de la sociedad civil. No hay una metodología de participación activa. En este sentido, un ejemplo a seguir sería el CAMP. Los planes integrales sí existen. Lo que se hace mal su adaptación a escalas más pequeñas (a la realidad). Algunos son de reciente aprobación (llegan tarde). Juan Carlos Nevado por su parte cree que los planes están bien, pero se quedan cortos. Sí incorporan la normativa sectorial ambiental (no sólo tienen contenido urbanístico) aunque es cierto que puedan parecer más urbanísticos que ambientales. Miguel Cueto pregunta si alguien ha propuesto o pensado alguna vez que todo tiene un límite. Nunca se ha expresado el límite de la explotación de los recursos. ¿Podría ser el resultado de la reflexión ciudadana? Enrique sugiere que los problemas 5, 6 y 9 podrían refundirse. En términos generales se podría afirmar que existe una visión negativa de la política ambiental vs las respuestas positivas obtenidas. Pedro Egea dice que deberíamos pensar que los habitantes locales en realidad somos todos. No es raro que muchos de los habitantes de la ciudad tengan un pequeño terreno o bancal en su pueblo al cual van los fines de semana. Entonces sí se convierte en habitante local y se ve afectado por todo lo que se está comentando aquí. En ese caso sí mira el plano para ver “si le pilla o no le pilla” la línea. Nuria, por su parte, echa de menos que se tenga en cuenta la vocación del territorio y sugiere plantear los servicios de manera

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coloquial. Hablar de integridad natural y cultural. Hay que hablar el idioma de los usuarios. Miguel Cueto denuncia la falta de continuidad (financiera) como un obstáculo a la hora de alcanzar determinados propósitos e incide también en que la educación ambiental es clave. Javier Navarro habla de que sí se está haciendo la búsqueda de conectividad entre ENPs, como es el LIC de conexión entre Cabo de Gata y Sierra Alhamilla. Considera que las cosas se han hecho mucho mejor y que no es todo tan negativo como lo ha pintado Nuria, quien responde que los LICs no tienen planes de manejo. Emilio Roldán, por último, añade que los LICs están en un “limbo legal” aunque desde 2012 existen instrumentos de gestión en LICs. Las actuaciones en los LICs son informadas con evidencias científicas según Emilio. PROBLEMA 6: Necesidad de ambientalizar las políticas sectoriales que se desarrollan en la matriz exterior a las áreas protegidas (ordenación del territorio, agua, agricultura, transporte, etc.) ya que, a lo largo de los últimos 20 años, los problemas de gestión de las áreas protegidas han pasado de ser mayoritariamente internos y ecológicos a ser externos y socioeconómicos. G. Rebollar comenta que gracias a documentos como el AN+20, se deja constancia de que los EENN no son islas y sí contemplan esta visión. Emilio Roldán añade que se está trabajando en esta línea ya que la Ley GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental) contempla los términos de impacto directo e indirecto; matriz exterior e interior). Salvador hace mención de incongruencias del sistema reales tales como que la Consejería de Medio Ambiente subvenciona la plantación de setos vivos mientras que por otro lado la PAAC los descuenta. Ana y Eugenio matizan algunas afirmaciones de Salvador a favor de la PAC y sus condicionalidades ambientales. PROBLEMA 7: Los ecosistemas terrestres del sureste árido andaluz están sometidos a procesos de invasión biológica (ejemplos: la expansión del arruí en el P.N. de Sierra de María-Los Vélez o el Pennisetum setaceum y diversas especies de Ágave en el P.N. Cabo de Gata-Níjar). Nuria sugiere incluir las enfermedades emergentes (hongos, virus y bacterias). Salvador comenta el problema que tienen con el Arruí y Melo menciona las contradicciones graves existentes en Sierra Espuña entre cazadores y agricultores, respectivamente a favor y en contra del exceso de carga de rebaños de arruis. Enrique añade que no tiene claro que el ágave se pueda considerar como invasora en Cabo de Gata. José Luis Caparrós contesta que existen estudios que así lo afirman ya que, entre otras cosas, el ágave incide directamente en la desaparición de la alondra ricotí. Javier Cabello informa además de que se han aplicado dos protocolos mundiales que confirman su consideración como invasora. Aporta un dato: en algunas áreas donde se aprecia gran densidad de ágaves, se han llegado a contabilizar 1.500 individuos en una parcela de 25 m x 25 m. El problema es que, efectivamente, desplaza comunidades vegetales que llevan asociadas otras comunidades animales. Juan Carlos Nevado sugiere que una solución podría ser mantener

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la variedad histórica (Agave americana) asociada a setos y zonas dunares e interiores y mantener los agaves mejicanos aclimatados en los años 50 en parcelas testigo (Agave sisalana y Agave furcroides), como podrían ser en los 100 m próximos a las carreteras, con idea de mantener su presencia testimonial ya que hay que admitir que se han convertido, de manera popular, en la imagen del Cabo de Gata. Juanmi comenta que este problema 7 es el primero que proviene realmente del taller anterior y cree que es el primero sobre el que se pueden tomar medidas reales. Vicky se queja de que un fallo habitual de la administración es que se hace cosas pero no las explica, con lo cual, es como si no las hiciera. Por último, Javier Cabello menciona el ejemplo de binomio de gestión que se ha puesto en marcha gracias al Pennisetum. PROBLEMA 8: No existen procesos de identificación de prioridades de conservación, no existen bancos de proyectos preparados, no se ejecutan en la época adecuada, no se controlan los objetivos previstos, no se evalúan los resultados alcanzados y no se corrigen y se reformulan objetivos en función de los resultados. Emilio Roldán considera que este problema no existe como tal puesto que sí existen esos bancos de proyectos, aunque es cierto que se podrían mejorar (existen proyectos de recuperación de especies para la conservación). Sí hay prioridades de conservación en la normativa andaluza (e.g: altas cumbres) y también se hace evaluación y seguimiento de los resultados, pero no se difunden. Sale a relucir nuevamente un problema que ha salido varias veces a lo largo del taller: la mala (y en algunos casos inexistente) difusión y comunicación por parte de la administración. Otro problema es que esta evaluación de resultados suele ser a largo plazo (períodos de 5 años) y la estimación presupuestaria de la administración es anual. Con lo cual, resulta muy difícil (por no decir imposible) presupuestar este tipo de evaluaciones a largo plazo cuando en lo que respecta a presupuesto no se hacen a más de un año vista. Nuria Guirado se pregunta cuáles son los criterios de prioridad seguidos a la hora de seleccionar proyectos y si realmente se tienen programadas las prioridades de conservación. La respuesta es que hay dos líneas: forestal (planes de ordenación de los montes) y conservación (mejora de hábitats en altas cumbres). José Luis Caparrós pregunta si los presupuestos están desglosados por unidades de trabajo. Salvador Parra comenta no estar de acuerdo con el mecanismo de reparto y distribución presupuestaria. En su opinión, los presupuestos deberían ser de cada parque, y no depender de presupuestos regionales. Juan Carlos Nevado informa que la última vez que entregó una lista de proyectos fue en 2010. No existe un procedimiento reglado para hacer el seguimiento. En general, no hay cultura de la evaluación de los resultados. PROBLEMA 9: La conectividad ecológica del territorio no se considera una prioridad en las políticas de conservación del medio natural. Se está de acuerdo con este problema en general y se hace mención de que se utiliza la Ley Forestal 42/2007 por ser mucho mejor aplicable a los LICs diseñados pensando en la conectividad que las propias leyes ambientales (Ley autonómica 2/89 y Ley Básica estatal 42/07).

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PROBLEMA 10: Existen ecosistemas representativos de ecoregiones ibéricas que no han sido catalogados y protegidos jurídicamente (ej: estepas cálidas y frías de ambientes semiáridos). La mayoría de los presentes opina y comenta que este problema, sobre la propuesta de Parque Nacional de los Subdesiertos, no procede en este tipo de Taller. No es una cuestión sobre la que podamos hacer algo o dar alguna respuesta, ni el sector de la investigación ni el gestor. Esta pregunta debería estar más bien dirigida a la sociedad o población afectada y a los responsables públicos (ayuntamientos) en lugar de estar dirigida a los gestores. Se comenta que la causa de que se paralizara la propuesta de P. Nacional se debió al interés por la perdiz de reclamo. Otra pregunta que habría que hacerse a “otro nivel”, es si existe verdadera voluntad política de hacer este tipo de actuaciones. PROBLEMA 11: Los valores inmateriales e intangibles de nuestros paisajes no se consideran a la hora de justificar la protección de la naturaleza. G. Rebollar afirma que en realidad sí se consideran pero no se implementan mecanismos para tenerlos en consideración. Considera que es fundamental establecer lazos con la población local. Se deberían tener en cuenta en la redacción de los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN). Todos están de acuerdo con esta afirmación. José Luis Caparrós añade que cuando se habla de Patrimonio no se debería hacer distinción entre el cultural y el natural. Europarc-España ha puesto en marcha en el 2011 un grupo de trabajo para identificar, sistematizar e implementar en los PORN los bines y servicios intangibles que también forman parte de las áreas protegidas. PROBLEMA 12: No se promueven incentivos fiscales hacia los habitantes locales de los ENPs por parte de los beneficiarios externos de los servicios ambientales que los primeros contribuyen a mantener. Juanmi vuelve a mencionar que echa en falta tratar la Educación Ambiental y los incentivos económicos como dos problemas más. También hay que saber decir las cosas en un idioma que se entienda y saber comunicar y difundir. Y en caso de no saber, no descartar utilizar interlocutores. Por último, Emilio Roldán echa de menos en la sala a personal gestor relacionado con la ordenación del territorio, como Alberto Marín. Se propone la asunción de un NUEVO PROBLEMA a considerar en los próximos talleres: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL