a 6 años del 'baguazo' aún queda mucho por hacer

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A 6 años del "Baguazo"... aún queda mucho por hacer

Por Juan José Quispe Capacyachi

5 de junio, 2015.- La madrugada del 5 de junio del 2009, en la zona denominada “La curva deldiablo” en Bagua – Amazonas, se dio inicio a la ejecución de una de las peores decisiones políticasdel ex Presidente Alan García Pérez: el desalojo desproporcionado de los manifestantes indígenasempleando armas letales para conseguir su objetivo.

El saldo: 33 personas muertas (23 policías y 10 civiles), un policía desaparecido (FelipeBazán Soles), 205 personas heridas (172 entre indígenas y mestizos, 50 de ellos conimpacto de bala, y 33 policías); y más de 100 personas detenidas entre nativos ymestizos.

Seis años después, las consecuencias del mal llamado “Baguazo” son catastróficas para losmiembros de las comunidades indígenas: el Estado aún no establece con absoluta claridad latitularidad de sus tierras y territorios, más de 50 procesados en cuatro mega-procesos judiciales endonde se solicita la imposición de penas severas que llegan hasta la cadena perpetua, 04 líderesregionales mantienen una orden de captura vigente.

El mestizo Juan Ramón Cruz Cotrina, es quien hasta ahora permanece injustamente recluido en elestablecimiento penal “San Humberto en la localidad de Bagua Grande.

No se puede soslayar el emblemático caso del Mayor PNP Felipe Bazán Soles. La falta de ubicaciónde sus restos constituye -sin duda alguna- una deuda del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público, dela propia Policía Nacional y por qué no decirlo, un saldo pendiente de las propias comunidadesindígenas para con la familia del citado efectivo policial.

En esa línea, resulta doloroso y funesto señalar que el Ministerio del Interior, del cual depende laPolicía Nacional, durante 72 meses no haya realizado una búsqueda implacable para dar con elparadero de los restos de Bazán Soles. Se han contentado con la captura y procesamiento de AsterioPujupat Wachapea, indígena quien junto a otros manifestantes aparecen en una muestra gráficabajando con vida al Mayor Bazán, pero no hay ni un solo detenido que se encuentre dentro del grupoque finalmente se llevó y desapareció al Mayor.

Sin embargo, desde la otra orilla, ningún funcionario del gobierno aprista que se relacionarondirectamente con la toma de decisiones en el desalojo de los protestantes indígenas han sidoprocesados penalmente. Quiere esto decir que, Alan García Pérez (en su calidad de PresidenteConstitucional de la República), Mercedes Cabanillas Bustamante (Ministra del Interior), YehudeSimon Munaro (Presidente del Consejo de Ministros) y Mercedes Aráoz Fernández (Ministra de

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Comercio Exterior) en todos los procesos a donde sean citados, lo harán en condición de testigos.

A la fecha, el Poder Judicial de Amazonas aún no resuelve el pedido de inclusión de MercedesCabanillas como presunta autora en el proceso que se sigue contra altos oficiales de la PNP, por lamuerte y lesiones de mestizos e indígenas. Creemos que pruebas para su procesamiento hay(Memorándum Múltiple N° 711-2009, declaraciones de Luis Mugurusa Delgado y de José SánchezFarfán en la justica común, llamadas que hacía a Luis Mugurusa para que le informe lo que veníasucediendo, etc.).

Solo pesa sobre los ex ministros la responsabilidad política encontrada por la Comisión investigadoradel Congreso, presidida por Guido Lombardi Elías. No hay nada más, ni una sanción política.

Dicho todo esto, pasemos a revisar el significado y las consecuencias del denominado “ParoAmazónico” y qué se viene.

¿Fue legítima la protesta de las comunidades indígenas?

Consideramos que sí. Recordemos que en el segundo gobierno de Alan García se emitieron variosdecretos legislativos con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio con los EstadosUnidos de Norteamérica. Estas normas en puridad vulneraban el derecho a la tierra y al territorio, laidentidad, el uso de los recursos naturales y al desarrollo de las comunidades indígenas.

Ante esta situación, las organizaciones indígenas en agosto del 2008 realizaron un contundente paroque concluyó con la derogación de algunas normas.

Es por ello que a partir del 09 de abril del 2009 los nativos retomaron su lucha pacífica. El puntocentral de protesta se ubicó en Bagua - Amazonas, donde miles de nativos awuajún-wampis semovilizaron por la carretera Fernando Belaunde Terry y la Estación N° 06 de Petro-Perú.

¿Los manifestantes indígenas cometieron delitos durante el paroamazónico?

Definitivamente no. Si bien la protesta fue pacífica pero bastante prolongada, era la única forma quetenían las poblaciones indígenas para decirle al Estado que sus tierras, aguas y territorio, no sevenden, que son parte esencial de su cosmovisión y supervivencia.

Durante el denominado “paro amazónico”, no existe reporte policial que evidencie la comisión dedelitos realizados por los manifestantes, sea contra la integridad física de los efectivos policiales olos bienes y servicios públicos o privados. Sobre este punto se ha dicho mucho pero se sabe poco. Locierto es que hasta la noche del 4 de junio del 2009 ningún efectivo policial fue agredido ni seincautaron armas de fuego a los manifestantes indígenas.

¿Quiénes, cuándo, cómo y por qué acordaron realizar el desalojo de losmanifestantes indígenas?

Conforme lo señala Yehude Simon Munaro en su declaración testimonial brindada ante el Poder JdeBagua, en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros del 3 de junio del 2009, el entoncesPresidente Alan García reunió a sus ministros para evaluar y determinar acciones inmediatas y

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urgentes, para poner fin a la prolongada protesta de los indígenas en diversos sectores deldepartamento de Amazonas, especialmente en “La curva del diablo” y la “Estación N° 06 de Petro-Perú”.

Para el Ejecutivo era una situación insostenible. Tenía de un lado a representes de gobiernos localesy regionales que tocaban la puerta de palacio de gobierno para que dé solución al conflicto. Y delotro, a su Ministra de Comercio Exterior Mercedes Aráoz, brindando infortunadas declaraciones,señalando sin mayor análisis que en caso el gobierno derogue todos los decretos legislativos porpresiones de los protestantes indígenas, peligraba la estabilidad del Tratado de Libre Comerciocelebrado con los Estados Unidos. Nada más surrealista.

Es por ello que el presidente Alan García ordena a la Ministra del Sector Mercedes Cabanillas llevaradelante el desalojo de los manifestantes indígenas. Inmediatamente se coordina con el DirectorGeneral de la Policía para la materialización de la decisión política.

Sobre este punto, la versión brindada a la Comisión Lombardi por la ex Ministra de la Mujer, CarmenVildoso -quien también participara de esa sesión del Consejo de Ministros-, fue más precisa. Enaquella oportunidad “Alan García le miró a Mercedes Cabanillas y le dijo que ya era hora de actuar”.

Ese mismo día, el Director General de la Policía José Armando Sánchez Farfán emite dos documentosde especial importancia:

1.- El Memorándum Múltiple N° 711-2009, donde se dispone que:

a) Que el General Luis Mugurusa Delgado se traslade el mismo 3 de junio del 2009 a la localidadde Bagua y reemplace en el comando operativo a Javier Uribe Altamirano.

b) Que Luis Mugurusa proceda a realizar una “apreciación de la situación” para el posteriordesbloqueo de la carretera.

c) Que Luis Mugurusa “informe permanentemente sobre el avance del planeamiento delas operaciones realizadas para el conocimiento de este comando y el de la señoraMinistra del Interior, para la toma de decisiones”.

2.- El Memorándum Múltiple N° 712-2009, que entre otras cosas dispone:

a) Ejecutar el Plan General de Operaciones N° 08-2009 - “Paro Amazónico 2009” procediendo aldesbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry del sector “La curva del diablo”.

b) Coordinar con el jefe de la 6ta. Brigada EP de “El Milagro”, para que el ejército asuma la seguridadla Estación N° 7 – el Valor, la central hidroeléctrica de El Muyu, el Puente Corral Quemado y refuercela Estación N° 6 de Kuzu Grande.

¿Qué sucedió entonces en la curva del diablo el 05 de junio de 2009?

En cumplimiento de lo dispuesto al más alto nivel, y a pesar que las autoridades políticas,eclesiásticas y el propio General PNP Javier Uribe Altamirano venían negociando el retiro pacífico delos manifestantes indígenas de los lugares de protesta, siendo aproximadamente las 06.00 de lamañana del 5 de junio miembros de la Policía Nacional portando armas de alto contenido bélico,iniciaron el desalojo de cientos de indígenas acantonados en la zona denominada “la curva deldiablo”. El saldo del operativo policial ya es conocido.

El brutal desalojo de manifestantes se extendió a las poblaciones de Bagua Grande y Bagua capital,distantes a media hora de “La curva del diablo”. La consecuencia del operativo se vivió al interior delas instalaciones de la Estación 6 de Petro-Perú, distante a cuatro horas en donde fallecieron 9efectivos de la Policía Nacional del Perú.

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¿Cuál fue el aporte de las comisiones investigadoras en la búsqueda de laverdad?

Definitivamente que tienen un valor especial, no solo por la información de primera mano a la quetuvieron acceso, sino porque directamente recogieron testimonios de diversas autoridades políticas,funcionarios públicos, de policías sobrevivientes, nativos involucrados, así como por la gran cantidadde documentos relacionados con el operativo de desalojo.

Sin embargo, es útil y pertinente señalar que los informes rubricados por los congresistas orepresentantes del poder ejecutivo que formaron parte del gobierno aprista jamás iban a encontrarresponsabilidad política y penal en los altos funcionarios afines a García. Fueron las comisiones queelaboraron los informes en Minoría las que dan cuenta de cómo se dieron los hechos, cuál fue larespuesta del Estado frente al paro amazónico, el planeamiento y ejecución del operativo, así comolas consecuencias del desalojo de los manifestantes de las comunidades indígenas. En tal sentido seconformaron:

La Comisión investigadora del Congreso: se emitieron tres informes en Minoría. La de GuidoLombardi Elías, Víctor Isla y Luis Humberto Falla. El Informe en mayoría fue suscrito por MarthaMoyano, Eduardo Espinoza y Juan Perry.

La Comisión investigadora del Poder Ejecutivo: el Informe en mayoría lo rubricaron Pilar Mazzetti,Susana Pinilla, Walter Gutiérrez y Ricardo Álvarez. Mientras que el Informe en Minoría fue suscritopor la hermana María del Carmen Gómez Calleja y el representante indígena Jesús Manacés.

Revisemos sus coincidencias y divergencias más importantes sobre los hechos.

1.- Sobre el acuerdo para el retiro de los lugares de protesta

Según los informes Lombardi, Isla, Manacés y Moyano, establecen que el general Javier UribeAltamirano fue informado del retiro voluntario de los manifestantes. Sin embargo, los informes deMazzetti y de los legisladores apristas niegan la existencia de dicho acuerdo.

Lo que se puede inferir razonablemente, es que de haberse mantenido a Javier Uribe en el comandode operaciones en la zona de conflicto, otra quizás hubiese sido la historia, ya que la posibilidad deun retiro pacífico de los lugares de protesta se esfumó con la llegada de Luis Muguruza Delgado,quien no tenía la misión de negociar un retiro sino de ejecutar la orden de desalojo.Lamentablemente Javier Uribe no hizo nada para impedirlo y cumplió a rajatabla una orden quesabía perfectamente vulneraban los derechos humanos de los manifestantes indígenas. Poco o nadale importó las disposiciones contenidas en su Manual de Derechos Humanos aplicado a la funciónpolicial, que impide usar armas letales para controlar disturbios pacíficos.

2.- Sobre el encuentro de policías y nativos en “La curva del diablo”

Los informes Lombardi, Isla y Manacés, concluyeron que un grupo de policías ubicados en la cima delcerro fue rodeado firme, pero a la vez pacíficamente, por un grupo de manifestantes indígenas. Alverse arrinconados, algunos efectivos policiales dispararon al cuerpo de los indígenas produciéndoselos primeros heridos. En ese contexto, con la finalidad de evitar un enfrentamiento mayúsculo, ellíder Santiago Manuín Valera se acercó a negociar con los policías y recibió un disparo que lo dejógravemente herido, perdiendo la conciencia. Ante tal situación y al darlo por muerto, losmanifestantes arremetieron contra los policías.

Sin embargo, los informes Mazzetti, Moyano y del partido aprista, concluyen que los manifestantesindígenas emboscaron a la policía, los atacaron y que por tanto los efectivos se vieron en lanecesidad de repeler el ataque en defensa propia. Además refieren que los nativos los atacaron conpiedras, objetos contundentes y armas diversas. Ante aquel ataque, la policía habría ejecutado

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“disparos disuasivos” que generó una confusión general, y que es en ese contexto que caen losprimeros heridos y que finalmente los policías solamente usaron armas de perdigones (nada creíblepor cierto).

3.- Los sucesos en la estación N° 06 de Petro-Perú

Los Informes Lombardi, Isla, Moyano, del partido aprista, Mazzetti y Manacés, son uniformes enseñalar que la reacción de los indígenas en la Estación N° 06 es consecuencia lógica de lo sucedidoen “La curva del diablo”.

El desalojo a sangre y fuego en “La curva del diablo” constituyó el rompimiento de un “pacto de noagresión” que mantenían los manifestantes con los miembros de la policía nacional al interior de laEstación N° 06.

La muerte de los 9 efectivos policiales se produce como consecuencia del desborde de las masas,desconocen el liderazgo de sus propios dirigentes. Una vez tomado el control de la Estación N° 6, ungrupo de nativos se llevan a los policías con dirección al cerro y los eliminaron.

¿Cuántos procesos penales se encuentran pendientes de resolver por elPoder Judicial?

Como consecuencia de los sucesos de ese 5 de junio se instauraron varios procesos penales. Sinembargo, los que aún no tienen sentencia son 04:

1. ”La Curva del Diablo”, seguido contra 53 acusados entre mestizos e indígenas. La Fiscalía Superiorformuló acusación por los delitos de Homicidio Calificado, Lesiones Graves, atentados contra losmedios de Transporte de Servicios Públicos, Motín, Disturbios, Tenencia Ilegal de Armas y arrebatode Armamento o municiones de uso oficial en agravio de 30 personas (12 fallecidos y 18 heridos).Para este caso, la Fiscalía ha solicitado se les impongan penas que van hasta la de cadena perpetuapara 08 personas entre líderes y autores directos. Se encuentra en juicio oral desde mayo del 2014.

2. “Estación N° 06 de Petro-Perú”, seguido contra 26 acusados, todos indígenas, por la comisión delos delitos de Secuestro Agravado, Extorsión, Disturbios y Arrebato de armas y municiones de usooficial, en agravio de 38 efectivos de la policía nacional (09 muertos y 29 heridos). El Fiscal Superioraún no emite Dictamen Acusatorio o de Archivamiento del caso.

3. “Mayor Bazán”, seguido contra 04 procesados entre indígenas y mestizos, por la comisión de losdelitos de Secuestro, Homicidio Calificado y Disturbios en agravio de Felipe Bazán Soles.

4. “Generales de la PNP”, seguido contra 07 efectivos policiales y una civil por la comisión de losdelitos de Homicidio Calificado, Lesiones Graves, Lesiones Leves y Encubrimiento Real en agravio de22 personas entre mestizos e indígenas. La Fiscalía Superior aún no emite Dictamen Acusatorio o deArchivamiento.

EL JUICO ORAL POR LOS SUCESOS EN LA “CURVA DEL DIABLO”

La Fiscalía Superior de Bagua acusó a 53 personas, entre líderes y miembros de las comunidadesindígenas, así como a un grupo de mestizos, por la muerte de 12 policías y lesiones de otros 18.

A los acusados se les imputa la comisión de 8 delitos descritos anteriormente. Y es por el delito dearrebato de armas de uso oficial agravado que la Fiscalía solicita para 6 líderes (Segundo Alberto

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Pizango Chota, Joel Shimpukat Atsasua, Leo Timias Tananta, Santiago Manuín Valera, Héctor OrlandoRequejo Longinote y José Gilberto Chale Romero) además de 2 indígenas (Feliciano Cahuasa Rolín yDanny López Shawith), la pena de cadena perpetua.

Llama poderosamente la atención que el Fiscal Superior sostenga que los policías realizaron eldesalojo de los manifestantes utilizando únicamente gases lacrimógenos. Esta primera premisafáctica ha sido desvirtuada por los propios policías sobrevivientes, quienes han sostenido queemplearon armas letales de largo alcance (FAL y AKM) para desalojar a los manifestantes.

La segunda falsa premisa del Ministerio Público se sustenta en el hecho de que en la madrugada deldía 5 de junio del 2009 llegaron al cerro de "La curva del diablo” 5 mil indígenas y que ese mismodía fueron desalojados. Lo cierto es que no existe una cifra oficial del total de manifestantes quehabía en ese sector.

La imputación contra los líderes

Según la acusación fiscal, los máximos representantes indígenas y un dirigente mestizo tienen lacalidad de “instigadores” de los delitos investigados. Entendiendo como “instigación” a laconducta por la que una persona hace surgir en el autor la decisión de realizar un delito dolosoconcreto.

La imputación contra los autores directos

Para la Fiscalía, 44 acusados entre indígenas y mestizos, resultan ser autores directos o inmediatosde todos o algunos de los 8 delitos que contiene su acusación.

¿Durante el Juicio Oral, la Fiscalía ha logrado probar sus imputaciones?

El desarrollo del juicio Oral que se inició el 14 de mayo del año pasado ha permitido establecer conclaridad que no existen pruebas sólidas y concretas que permitan vincular a los acusados con losdelitos. La Fiscalía ha visto que sus tesis es débil. Veamos:

1.- Según las declaraciones brindadas por los acusados, apoyados por intérpretes awajún-wampís,así como por las versiones testimoniales de diferentes agraviados (policías y otros funcionariospúblicos que estuvieron en los lugares de protesta), se ha podido demostrar que los acusados nohan sido las personas que atentaron contra la integridad física de los policías, que no fueron los queatacaron los bienes públicos (camionetas de la Fiscalía, ambulancia y del cuerpo general debomberos), y menos que fueron los que bloquearon las carreteras.

2.- Habiéndose demostrado que la causa de muerte de los efectivos policiales fue a consecuencia dedisparos de armas de fuego (PAF), éstas no pueden ser imputadas o atribuidas a los acusados yaque existe una prueba de Absorción Atómica que demuestra que en las palmas de las manos de losmanifestantes no existieron restos de plomo, bario y antimonio; es decir, nunca les dispararon.

3.- Los testimonios de los policías sobrevivientes que pudieron acudir al juicio oral, dan cuenta deque los indígenas no tenían armas de fuego, que siempre los vieron con lanzas. Que los que seenfrentaron a los policías y ocasionaron disturbios era un grupo de gente infiltrada, distintos a losacusados.

4.- Que la gran mayoría de los acusados, sobre todo los miembros de las comunidades indígenas,durante su detención fueron objeto de actos de tortura que atentaron contra sus derechos humanos.

5.- Que los acusados, luego de ser detenidos, fueron llevados al cuartel militar de “El Milagro” o a laSEINCRI de Bagua Grande, y en esos lugares brindaron sus declaraciones sin la presencia deintérpretes que les permitan expresarse en sus lenguas awajúm y wampís. Tampoco fueronasesorados por abogados de su libre elección.

6.- Los acusados indígenas han señalado que durante sus manifestaciones preliminares, los efectivospoliciales les preguntaban por algunos líderes indígenas y que les obligaron a firmar bajo presión.

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¿Cómo debería concluir el juicio oral?

Con una sentencia absolutoria. Sería muy cuestionable para el sistema de justicia condenar a losacusados a sabiendas de que no existen pruebas plenas contra ellos. La inocencia de los acusadosen todos los delitos materia de acusación, va más allá de toda duda razonable.

Por lo demás, consideramos que sería un pésimo precedente para los casos de criminalización de lasprotestas sociales -el “Baguazo” es el más emblemático”-, que la Sala Penal de Apelaciones yLiquidadora Transitoria de Bagua presidida por el magistrado Gonzalo Zabarburú Saavedra, por“congraciarse” con la política peruana o sucumbiendo a la presión mediática, emita una sentenciacondenatoria contra los acusados por el delito de Disturbios o entorpecimiento de los serviciospúblicos.

¿Aún queda alguien en prisión?

A 6 años de los sucesos ocurridos en Bagua, es Juan Ramón Cruz Cotrina el único mestizo que seencuentra recluido en el establecimiento penal “San Humberto” en Bagua Grande. Contra él pesa laimputación de ser el autor de varios disparos que le habrían ocasionado la muerte al Mayor PNPFelipe Bazán.

El encierro de Juan Ramón Cruz es –no cabe duda–, uno de los casos donde se demuestra una altairresponsabilidad del Poder Judicial. ¿Por qué decimos eso? Veamos:

1.- Juan Ramón es fármaco-dependiente comprobado. Fue detenido el 5 de junio del 2009 en BaguaGrande, acusado de ocasionar disturbios y colaborar con los manifestantes indígenas.

2.- Antes de que su proceso sea archivado y obtener su libertad, debido al consumo compulsivo dedrogas, se auto-inculpa de haber asesinado al mayor PNP Felipe Bazán. Su versión fue delirante eirreal. Señaló que llegó a la cima de “La curva del diablo” y se encontró con el Mayor Bazán, a quiensin mediar palabra alguna con su propia arma que estaba “tirada por ahí” le descerrajó 3 tiros en lacara y 3 en el pecho y luego se retiró del lugar.

3. Esta febril autoinculpación nunca fue tomada en cuenta por los fiscales de la época y luego debrindar una declaración aclaratoria, obtiene su libertad.

4.- Sin embargo, durante los primeros meses del 2013, un nuevo fiscal “encuentra” su declaracióninicial y formaliza denuncia contra él por el delito de Homicidio Calificado. El Juez le abre proceso conmandato de detención y dispone su inmediata ubicación y captura. Lamentablemente para él, enabril del 2013 fue detenido en Chiclayo.

5.- Ningún Juez quiere variarle el mandato de detención por el de comparecencia, a pesar que en elexpediente existen: a) fotos y videos donde se observa al Mayor Bazán bajando del cerro de “Lacurva del diablo” sin ninguna herida de bala en la cara ni en el pecho; b) una segunda declaracióndonde se rectifica de su inicial autoinculpación; c) documentos que acreditan no solo el consumo dedrogas, sino también que estuvo internado en un centro de rehabilitación para fármaco-dependientes en Chiclayo y e) tener un trabajo conocido y arraigo familiar.

¿Aún quedan indígenas perseguidos por la justicia?

Lamentablemente es una cruda realidad. Por los sucesos de la Estación N° 06 de Petro-Perú, sobre 4líderes de las comunidades indígenas pesa a la fecha una orden de captura. Los magistrados deAmazonas tampoco les quieren variar el mandato de detención por el de comparecenciaargumentando que “persisten elementos de convicción en su contra”.

Lo cierto es que conforme se desprende del Auto de Apertura de Instrucción, ningún policíasobreviviente los sindica como las personas que ordenaron dar muerte a los efectivos policiales.Además, existe el testimonio del Ingeniero Miguel Urizar, ex gerente de Petro-Perú, quien conabsoluta certeza ha declarado ante el Poder Judicial que estos líderes no tuvieron nada que ver con

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las lesiones y muertes de los policías. En todo caso, dice Urizar que fueron una masa indígenadescontrolada los que ingresaron a la estación de Petro-Perú, atacaron a los líderes (entre ellos losrequisitoriados) y luego se los llevaron con dirección al cerro para ultimarlos.

Los olvidados

Casi nadie se acuerda de las víctimas civiles del Baguazo. Según el expediente judicial, son 22personas entre muertos y heridos las que fueron alcanzadas por las balas disparadas por losefectivos policiales, tanto en el cerro de “La curva del diablo” como en la ciudad de Bagua Grande.

Estas personas siguen esperando que se inicie el juicio oral contra 07 oficiales de la PNP. No buscanvenganza, buscan justicia y reivindicación.

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