SIETE REFLEXIONES URGENTES

Ante las denuncias de firmas falsas en los registros de las organizaciones políticas

César Montúfar, asambleísta de Concertación

1. La posibilidad de que entre las firmas que presentaron los partidos y movimientos

políticos se encuentren firmas falsas o falsificadas, es decir, que se tomó el nombre,

el número de cédula y la firma de personas sin consentimiento, es una traición

mayor a la fe pública, un hecho que espeluzna y que debe ser investigado

judicialmente hasta determinar a los responsables.

2. La ocurrencia de esta deplorable situación es corresponsabilidad del CNE y de las

organizaciones políticas. Del CNE porque falló en el proceso de verificación de las

firmas presentadas y porque su sistema informático no es confiable al adolecer de

errores que incluso permitirían adulterar información; y de las organizaciones

políticas porque, voluntaria o involuntariamente, faltaron en sus mecanismos de

control y depuración internos de las firmas presentadas a la autoridad electoral.

Por tanto, el CNE y todas las organizaciones políticas tienen la obligación de

ofrecer disculpas y dar explicaciones al país por lo sucedido.

3. Como asambleísta y militante de la Concertación, consternado por las denuncias de

ciudadanos porque sus nombres y firmas aparecerían en el registro del

movimiento sin que ellos o ellas hayan firmado por nosotros, pido disculpas por

esta situación y ofrezco la siguiente explicación:

a. La Concertación realizó su proceso de recolección de firmas, desde agosto de

2011 hasta mayo de 2012, con su militancia y mediante brigadas pagadas por

nosotros. No contratamos firmas con ninguna empresa u organización.

b. Realizamos una verificación interna de las firmas entregadas por las brigadas,

incluso devolvimos miles de ellas cuando las sospechamos falsas o falsificadas.

Sin embargo, al no contar con el padrón o ningún otro registro que nos

permitiera comparar entre la firma entregada y la real, nuestra verificación

interna fue siempre parcial. Por ese motivo, un número indeterminable de

firmas no auténticas pudieron habérsenos involuntariamente pasado y haber

sido entregadas por nosotros al CNE. Actuamos de buena fe pero escapaba a

nuestro ámbito de control evitar que aquello se produjera dado que nadie, que

no sea el CNE o el Registro Civil, puede contar con una base de datos que

contenga la firma autentica de todos los ciudadanos del país.

4. La presentación del 1.5 por ciento de firmas de respaldo que obliga la Constitución

(art. 109) y el Código de la Democracia (arts. 320 y 322) a las organizaciones

políticas para alcanzar su registro tiene la debilidad estructural de exigirles un

requisito imposible garantizar en cuanto a su autenticidad. Nadie que actúe de

buena fe y en el marco de la ley, aparte de instituciones públicas mencionadas,

tiene bases de datos de todo el universo de ciudadanos con su nombre, número de

cédula y firma, con que las organizaciones políticas que recogen firmas puedan

comparar y garantizar un efectivo control interno. El sistema, por tanto, presenta

un boquete inmenso para que se filtren firmas falsas o falsificadas en el proceso de

recolección. Se trata de una debilidad intrínseca del diseño constitucional y

legal, lo cual, obviamente, no exime penalmente a los responsables directos de

haber falsificado firmas y traicionado a la fe pública.

5. Es gravísimo que ahora la autoridad electoral, valiéndose de esta debilidad del

sistema y del delito de personas que la aprovecharon, inicie un proceso de re

verificación de las firmas presentadas por las organizaciones políticas, previo a

una posible descalificación de las mismas si es que luego de este procedimiento no

alcanzan el número de firmas exigido. Esto constituye un ilegítimo intento de

utilizar una lamentable situación para convertirla en un instrumento de

persecución y eliminación política. Así el CNE:

a. Violaría el Código de la Democracia pues en el mismo no existe sanción, peor la

descalificación, a organizaciones ya aprobadas por la autoridad electoral

mediante resolución. En derecho público se puede hacer solo lo que está

contemplado en la ley; y

b. Atropellaría el derecho a la participación y representación política de los

ciudadanos que sí firmaron por las organizaciones políticas sobre las que hoy

se cierne la amenaza de la descalificación. Con una acción ilegal, la autoridad

electoral estaría conculcando un derecho político fundamental de cientos de

miles de ciudadanos y ciudadanas que se afiliaron o adhirieron con toda su

voluntad a organizaciones registradas por la propia autoridad electoral.

6. Si algo así se consuma y, por el momento, tal parecería la intención del presidente

Correa (según sus diversos pronunciamientos) y del CNE, a través de una violación

a derechos fundamentales y de una abierta inobservancia de la ley se redibujaría el

mapa electoral del Ecuador y se cometería un fraude electoral anticipado a la

propia convocatoria a elecciones. La ilegal reacción de la autoridad electoral para

afrontar las denuncias presentadas obra en beneficio exclusivo del movimiento

oficialista, Alianza País, que a pesar de haber igualmente presentado cientos de

miles de firmas falsas y falsificadas no correría ningún riesgo de descalificación

por ser la organización que más firmas, entre buenas y malas, presentó. ¡Qué

paradoja! Para el CNE, el problema ha dejado de ser la presentación de firmas

falsas no auténticas sino el ser pequeños y haber presentado menos firmas que el

movimiento de gobierno. Si tal fuera la situación a castigar, la Constitución y la ley

deberían contemplarlo taxativamente y situar la vara por encima del 1,5 por ciento

de firmas del padrón electoral. El problema ha dejado de ser el presentar

firmas falsas sino el haber presentado pocas de ellas. Lo que cuenta no es el

hecho de la falsedad, sino el porcentaje. Este absurdo tiene un beneficiario: AP.

7. Un ventajismo de tal naturaleza para quien detenta el poder solo en países donde

ya no hay democracia. Va dirigido hacia el logro ilegítimo de un monopolio político

del partido de gobierno, es decir, pretende la conformación de un sistema de

partido único. En suma, Rafael Correa y el CNE, actúan en concierto, y buscan

aprovechar esta tragedia, esta traición intolerable a la fe pública de muchos

ciudadanos por personas inescrupulosas, para terminar con la ya raquítica

democracia ecuatoriana e instaurar una dictadura en el país. Sí, una dictadura

pura y dura, en la cual, la posibilidad de la alternancia en el poder quede reducido

a una competencia electoral vacía entre las organizaciones que el CNE y Correa

decidan dejar en la carrera. Abramos los ojos. Estamos al borde del asesinato del

pluralismo político en el Ecuador; del asesinato de la democracia ecuatoriana.

3 de agosto de 2012