6 / buscando siempre el consenso
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"PROINVERSIÓN 1991 -2011: APUNTES PARA UNA HISTORIA" Capitulo 6TRANSCRIPT
6 / Buscando siempreel consenso
4licencia social
10magistral
16aporte minero
18 las Bambas 20 Bayóvar 21 michiquillay 23 la Granja 24 alto chicama 25 Toromocho
26 Viñeta
ÍNDICE
¿Cómo lograr que los ciudadanosCoNfÍEN, apoyEN y sE bENEfICIEN
de las inVersiones?
2 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 3
GLOSARIOXstrata > Empresa global con sede en Suiza. En 2004 se adjudicó el derecho de explo-ración del proyecto Las Bambas. Su división Xstrata Cooper también es dueña, en el Perú, de minera Tintaya (Cusco) y tiene un 33% de participación en la minera Anta-mina. Es el cuarto mayor productor de cobre en el mundo.
Plan de Sensibili-zación Social > Do-cumento aprobado por ProInversión en 2009 para que su Dirección de Asuntos Sociales y Posprivatización pueda definir sus funciones y abor-dar el tema social de los proyectos mineros siguiendo una estrategia de negociación que prevenga eventua-les conflictos.
Minas a tajo abierto > También llamada explotación a cielo abierto. Son mi-
nas construidas mediante excavaciones mecánicas o con explosivos, econó-
micamente rentables cuando los yacimientos de minerales están cercanos a
la superficie. Las canteras son un ejemplo de ello.
Reasentamiento > Es la mudanza de una población para hacer posi-ble la construcción de obras en el espacio que ocupaban. En el caso de las mineras, éstas se encargan de pagar a los propietarios por sus terrenos y de construirles una casa con acceso a servicios básicos en la zona donde se ubicará el nuevo pueblo.
Posprivatización > Oficina que tiene a cargo el seguimiento de las obli-
gaciones de los concesionarios para resolver los contratos en cuando se
detecte el incumplimiento de los mismos. En 2008, ProInversión decidió
resolver el contrato de venta de un paquete de hoteles firmado en 1995.
El comprador, Compañía Distribuidora S.A., se había comprometido
a abonar US$ 11.3 millones por cinco antiguos hoteles de turistas (Ica,
Chimbote, Iquitos y dos de Huaraz); sin embargo, no cumplió con los
pagos que debían terminar en el año 2000. Tras un proceso, se optó por
anular la venta y recuperar los hoteles para volverlos a vender.
Canon minero > Es la dis-tribución de los ingresos y rentas obtenidas por el Es-tado por concepto de explo-tación minera. Este porcen-taje, fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a criterios de pobreza, población, y dé-ficit de infraestructura, es entregado a los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, el 40% del canon va para la provincia y el distrito donde se explota el mineral. Moquegua es la región que más dinero reci-be por canon minero.
Morococha > Distrito minero sobre los 4.500 metros de altitud, ubicado en la provincia de Yauli (Junín). El pueblo será trasladado a una nueva zona, a cuatro kilómetros del lugar, para que en sus terrenos la minera Chinalco construya el proyecto cuprífero To-romocho, que iniciará operaciones en 2012.
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SOCIALEN BUSCADE LA LICENCIA
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En los primeros años de la década del 90, el
Perú inició un amplio proceso de privati-
zaciones. El Estado se concentró en vender
activos de las empresas estatales como mi-
nas, fundiciones y refinerías. Sin embargo,
ante la fuerte presión política y la escasa
popularidad, los procesos de privatizacio-
nes perdieron impulso y dinamismo; a su
vez, se concluyó con la transferencia de los
activos operativos estatales. Es así que a
partir de los últimos años de la década se
da inició a una segunda etapa de procesos
basada en promocionar las inversiones en
prospectos y proyectos mineros de propie-
dad del Estado.
Luego de la promoción, el Estado con-
cesionaba un proyecto a una compañía
privada dispuesta a invertir lo necesario
para su desarrollo en un periodo determi-
nado, bajo un marco legal y económico
que ofrecía seguridad a ambas partes. En
el sector minería, por ejemplo, se dieron
experiencias exitosas desde las etapas de
exploración y explotación (con una clara
visión de desarrollo sostenible) de un
yacimiento concesionado.
REGLAS CLARAS Las concesiones mineras promovidas en
la última década tienen reglas mucho
más claras para el inversionista nacional
o extranjero. Por primera vez se incorpo-
raron penalidades por el incumplimiento
de compromisos y los inversionistas
asumieron los riesgos de las exploracio-
nes, fijando plazos y metas de inversión
mínima garantizada y asumiendo com-
promisos de ejecución.
El marco contractual también esta-
blece compromisos de Responsabilidad
Social Empresarial por el lado del inver-
sionista. En tanto por el lado del Estado,
se marca un hito social, al destinar las
contraprestaciones recibidas a la crea-
ción de Fondos Sociales para el desarro-
llo de proyectos sostenibles a favor de las
comunidades de la zona de influencia.
Los contratos que las empresas in-
versionistas firman con el Estado tienen
rango de ley. Las lecciones aprendidas a
lo largo de los años se han ido incorpo-
rando a los nuevos procesos encargados
a ProInversión. Como complemento,
se puede añadir que la experiencia en
minería ha permitido incorporar el tema
de la inclusión social a recientes procesos
de concesión de infraestructura como es
el caso del Terminal Portuario de Paita.
Allí se constituyó el Fondo Social - Paita
destinado a proyectos en educación,
salud y desarrollo de capacidades a favor
de la provincia.
LA LABOR DE CAmpO Desde hace varios años y en el marco de
los procesos de concesión (inicialmente
en los mineros) ProInversión ha prio-
rizado y desarrollado una estrategia de
sensibilización previa a la promoción de
los proyectos encargados. Gracias a este
mecanismo de acompañamiento social
se genera un proceso de participación
ciudadana (involucramiento) de abajo
hacia arriba en todas las comunidades
del ámbito de influencia.
ProInversión promueve el diálogo y
la búsqueda del consenso. Las comuni-
dades resultan una pieza vital en esta
tarea, ya que este espacio de comunica-
ción y diálogo genera confianza entre las
autoridades, representantes y comu-
neros. Experiencias como Las Bambas,
Michiquillay, Bayóvar son los mejores
ejemplos de que cuando se informa a
las comunidades también se superan las
resistencias y el rechazo a la inversión
privada. Por eso son los propios comu-
neros los que impulsan y legitiman el
proyecto.
La mayoría de los proyectos mineros
concesionados en la última década han
partido de escenarios similares, donde
los recursos minerales por explotar se
encuentran en zonas con un alto índice
de pobreza; es decir, donde existen ne-
cesidades inmediatas que suplir. Ello se
constituye en un primer reto.
Otro aspecto en la dinámica de
inserción con las comunidades es que
un proyecto minero genera expectativas
en la población. La comunidad ve a la
empresa o al futuro inversionista como
el agente que solucionará sus proble-
mas y cubrirá sus necesidades incluso
suplantando al Estado como impulsor
de servicios básicos y de infraestructura.
La información y difusión deben ayudar
a distinguir entre la responsabilidad del
Estado y la responsabilidad empresarial.
También se toma en cuenta la
realidad socioeconómica y cultural de
las comunidades. ProInversión en tal
sentido privilegia –en todos los pro-
yectos encargados– el diálogo con las
autoridades regionales, locales y con los
representantes de las comunidades para
conocer qué piensan acerca del proyecto,
y conocer sus demandas. Este último
aspecto ha permitido que ProInversión
–dentro de su labor de sensibilización
social– actúe en determinadas circuns-
tancias como el facilitador con sectores y
entidades del Estado a fin de desarrollar
proyectos orientados a cubrir necesida-
des insatisfechas.
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En este mismo proceso de experiencia
y aprendizaje, es fundamental la identifi-
cación de los líderes dentro de las comu-
nidades y regiones. Ellos posteriormente
desempeñarán el rol de interlocutores
entre el Estado y la población.
La labor de acompañamiento social
facilita las relaciones entre ProInversión,
que representa al Estado, el inversionis-
ta y las comunidades. Así se previenen
situaciones de conflicto que puedan
afectar el normal desarrollo del proceso.
La labor de ProInversión, como agen-
cia promotora de la inversión privada, es
fortalecer la institucionalidad y estable-
cer una gestión confiable, transparente
y responsable de los recursos. La idea
es contribuir activamente al desarrollo
de capacidades locales, la protección
del medio ambiente, el respeto de las
identidades culturales y valores sociales
locales y regionales, así como al esta-
blecimiento de relaciones de confianza
y el fortalecimiento de una cultura de
diálogo entre el Estado, el inversionista
y las comunidades.
INvERSIONES EN UN CLImA pROpICIO
ProInversión aplica una estrategia
de abajo hacia arriba, incorporando
a actores sociales. Esto ha permitido
desarrollar un verdadero mecanismo de
inclusión social en alianza con los más
pobres como directos beneficiarios de las
inversiones.
Lo que se busca es facilitar espacios
y herramientas de comunicación para
que los grupos a favor de la inversión
puedan difundir sus planteamientos
y contrarrestar el cuasi monopolio
mediático de los sectores opositores y
radicales, que en muchos casos hacen
usufructo de la pobreza.
Además, es una forma de prevenir
conflictos sociales y propiciar un clima
de paz, evitando la confrontación y el
enfrentamiento dentro de la comunidad.
La promoción de las inversiones sociales
y de un esquema de inclusión previenen
conflictos y pueden generar una base
sostenible de apoyo al desarrollo de las
comunidades adyacentes al proyecto
EL ABC SOCIAL: ACERCARSE A LA COmUNIDADLa idiosincrasia y cultura del mundo
andino permiten afirmar la existencia de
un pleno respeto hacia la comunidad y,
por ello, hacia las autoridades comu-
nales. Allí prevalece el principio del
respeto mutuo.
ProInversión ha entendido bien este
modo de organización social en las
comunidades del Perú. Por eso, el punto
de partida en los proyectos encarga-
dos (cualquiera fuera su naturaleza)
es relacionarse estrechamente con las
comunidades. Ello forma parte del ABC
social que en los últimos años caracteri-
za la labor social y la de sensibilización
de la agencia.
Una primera tarea de prospec-
ción social nos permite conocer a
los dirigentes legítimos, así como las
necesidades inmediatas de la comuni-
dad. También se conocen las posibles
inconveniencias que puede afrontar el
proyecto (presencias de algunos orga-
nismos no gubernamentales opuestos
a las inversiones y alto proselitismo
político en el entorno).
Conviene destacar que gran parte
de los conflictos registrados en algunos
proyectos obedecen a una intensa y
sistemática campaña de desinformación
y temores. Los dirigentes comunales,
en ciertas ocasiones, son atraídos por el
discurso de grupos políticos que dicen
que la minería acabará con sus cultivos y
su ganado. Aquí resulta necesario realizar
la promoción de la inversión en forma
preventiva y con credibilidad.
En esta etapa se inicia la labor directa
con los comuneros a través de reunio-
nes informativas, asambleas y talleres
descentralizados (comunidad principal
y anexos). Para ello los consultores de
ProInversión se establecen en la propia
comunidad. Este acercamiento tiene
como propósito generar un elemento
clave a lo largo de todo el proceso: la
confianza
La experiencia que se inició con el
proyecto minero Las Bambas hoy es re-
plicada en casi todos los proyectos que
lleva adelante ProInversión.
¿pOR qUé INfORmAmOS?
La confianza se adquiere haciendo
transparente el proceso. Por ello resulta
sustancial que a través de las reuniones,
asambleas y talleres, se informe a la po-
blación acerca del proyecto y los benefi-
cios que puede alcanzar si se cristaliza la
denominada licencia social (aceptación
de la comunidad) al proyecto. A veces
es en un proceso lento. Sin embargo,
permite empoderar a la comunidad y al
proyecto en sí.
No siempre las comunidades
esperan dinero, ni que se cubran sus
necesidades de inmediato. Les importa
la manera en que el Estado y los futuros
inversionistas se relacionen con la
población. La política del buen vecino
siempre es bienvenida.
La experiencia de ProInversión indica
que los diálogos y exposiciones a las
comunidades y anexos deben hacerse en
un clima de distensión (la clave es saber
escuchar y anotar sus inquietudes) y de
la forma más sencilla y fácil de entender.
Por ejemplo, en los proyectos mineros
es recurrente escuchar: ¿En que consiste
el proyecto? ¿Cuánto demorará la etapa
de exploración? ¿Cuándo comenzará la
explotación en la mina? ¿Cuánto pagará
la empresa? ¿En que consiste el canon
minero? Allí radica la importancia de dar
mensajes claros y brindar información
en forma transparente y de acuerdo a la
marcha y desarrollo del proceso.
¿CómO INfORmAmOS?Difundir e informar sobre las bondades y
alcances de un proyecto requieren de la
utilización de herramientas de comu-
nicación que sean de fácil acceso –y sin
costo alguno– para las comunidades y el
entorno de influencia.
En el Perú, y en particular en las zonas
rurales, el medio por excelencia es la radio
por su inmediatez y versatilidad para la
emisión de mensajes. No existe comunidad
que no cuente con un receptor, que mu-
chas veces se convierte en el acompañante
en sus faenas.
El papel de la radio en el proyecto Las
Bambas, en el departamento de Apurí-
mac, fue decisivo para poder «interac-
tuar» con las comunidades del ámbito de
influencia. Allí se estructuraron progra-
mas propios (en las localidades de Chall-
huahuacho y Haquira) que se emitían en
doble horario en quechua y español a
través de emisoras locales.
Ambos programas no estaban
orientados a favor de la minería, sino al
desarrollo de capacidades, de inserción
al mundo moderno y a la posibilidad de
convivir con la inversión privada en di-
versos rubros productivos. El programa,
conducido por lugareños, era una venta-
na para que los ciudadanos conocieran
nuevas oportunidades de desarrollo sin
perder su historia y costumbres.
Allí también –en una segunda etapa–
se distribuyeron boletines informati-
vos en las dos provincias del área de
influencia (más de 20 distritos). Se daba
a conocer los beneficios directos colate-
rales del proyecto minero con la creación
del Fideicomiso Social (hoy Fondo Social
Las Bambas) en proyectos de agricultura,
ganadería, carreteras, electrificación,
salud, educación, internet, etc.
Una experiencia similar se cristalizó
dos años después como paso previo a la
concesión del proyecto Minero Michi-
quillay, en Cajamarca. En las comuni-
dades de Michiquillay y La Encañada se
capacitó a jóvenes líderes locales que se
encargaron de la dirección de los progra-
mas de radio y boletines de prensa local.
De esta forma el acompañamiento
que realiza ProInversión con dirigen-
tes y líderes comunales tiene un mayor
efecto porque permite una difusión más
directa y rápida de los temas inherentes al
proyecto. Una vez logrado las condiciones
favorables para un proyecto, la empresa
que gane la concesión y los pueblos ubi-
cados en su zona de influencia deberán
garantizar una convivencia favorable para
todos. Es el inicio de una nueva historia.
1 0 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 1 1
¿CómO SE pUEDE DESARROLLAR UNA CONCESIóNmINERA qUE SAtISfAGA A tODOS:
INvERSIONIStAS, EStADO y COmUNIDAD?
1 2 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 1 3
En una muestra de que el Estado, la
empresa privada y las comunidades cam-
pesinas pueden llegar a acuerdos a través
del diálogo y sin violencia, el Poder Eje-
cutivo suscribió ayer un acuerdo con las
autoridades y los pobladores de Conchu-
cos y Pampas para que la empresa Milpo
ejecute el proyecto minero Magistral, en
la provincia de Pallasca, Áncash».
Así informaban los diarios al día
siguiente de la firma del acuerdo que
marcaba un hito en la historia reciente de
la minería. Era diciembre de 2011 y con
la firma se dejaba todo listo para que el
Contrato de Opción de Transferencia de
las concesiones mineras que conforman
el Proyecto Minero Magistral entrara en
vigencia y que el proyecto fuera puesto
en marcha por el ganador del proceso
desarrollado por ProInversión.
Pero, ¿qué hace que el proyecto
Magistral sea tan especial? ¿Por qué los
medios de comunicación resaltaban
la firma de la concesión con palabras
elogiosas, cosa poco frecuente en la
prensa? Lo que resultaba poco común es
que, en un contexto en que algunos de
los nuevos proyectos mineros eran re-
chazados por las poblaciones, Magistral
era bienvenido por la comunidad en la
que se iba a desarrollar.
«Nuestra comunidad ha decidido
aceptar el compromiso de llevar adelante
este proyecto a través de un Convenio
Marco de Acuerdo Social, porque repre-
senta una oportunidad de trabajo y la
ruta para el desarrollo sostenible, con la
inclusión social tan largamente espera-
da», dijo el presidente de la comunidad
de Conchucos, Santos Quiñonez, en la
ceremonia de la firma. «Los resultados
logrados en este sano ejercicio del diálo-
go alturado que nuestra comunidad ha
desarrollado con ProInversión demues-
tran que es posible enlazar el progreso
de nuestros pueblos con el desarrollo
responsable de la minería, que respete
nuestra cultura y nuestro medio am-
biente. Por ello consideramos que este
modelo debe servir de ejemplo para otras
comunidades campesinas del país».
Al respecto, el presidente del Consejo
de Ministros, Oscar Valdés, dijo: «Dos
comunidades antagónicas —Conchucos
y Pampas— se han puesto de acuerdo
para luchar contra la pobreza y explotar
los recursos minerales en la zona, en el
proyecto Magistral. La comunidad ha
recibido US$4,4 millones para el fondo
social, se les garantiza US$ 10 millo-
nes en etapa de exploración, y durante
explotación que se proyecta a 15 años, se
calcula US$ 90 millones».
Por su parte, el ministro de Energía y
Minas, Jorge Merino, dijo que las nego-
ciaciones de licencia social permitieron
llegar a consensos que derivaron luego
en los acuerdos. «Este acontecimiento
demuestra que sí se puede llegar a un
acuerdo entre el inversionista, el Estado
y las comunidades. Es un modelo que
se puede aplicar de manera responsable
con beneficios de mejores estándares de
vida para todas las comunidades».
¿CómO SE hIzO?No fue sencillo el camino que se siguió
para que el proyecto Magistral tenga un
final feliz. Todo empezó el 29 de setiem-
bre de 2010, cuando mediante acuerdo
del Consejo Directivo de ProInversión,
se aprobaron las Bases del Concurso
Público Internacional de Promoción de la
Inversión Privada en el Proyecto Minero
Magistral. Realizado el Concurso Público
Internacional, se adjudicó la buena pro a
la Compañía Minera Milpo S.A.A.
El 3 de junio de 2011, Activos Mineros
SAC (AMSAC), en su condición de ex
titular de las concesiones mineras de
Magistral, y Milpo, con intervención de
ProInversión, suscribieron el Contrato de
Opción de Transferencia de las concesio-
nes mineras que conforman Magistral.
Así, Milpo adquiría el derecho a realizar
todos los estudios que le permitan definir
la viabilidad técnica y económica del
proyecto y optar por continuar o desistir
de realizar la inversión en el depósito
minero.
ProInversión optó por seguir un mode-
lo diferente al que se había promovido en
otros proyectos mineros, de acuerdo a dos
aspectos importantes que fueron consig-
nados en las bases del concurso:
> El inversionista recibirá el proyecto con
un Convenio Marco de Acuerdo Social,
suscrito entre ProInversión y la Comu-
nidad Campesina de Conchucos. Allí se
establecerán las condiciones y compro-
misos de apoyo mutuo para el desarrollo
del proyecto así como el compromiso de
la comunidad de apoyar la aprobación de
los estudios de impacto ambiental. En esta
etapa se identificarán expresamente los
beneficios que la comunidad recibirá desde
el inicio del proyecto.
> Las negociaciones por el uso de los
terrenos superficiales para el desarrollo
del proyecto serán realizadas directamen-
te por ProInversión con la comunidad,
propietaria de las tierras. Allí se discutirán
todos los términos del Contrato para que
el inversionista, respetando los resultados
de esta negociación, suscriba el contrato
con la comunidad.
Fue un largo proceso que duró unos
18 meses. Durante ese tiempo se fue
construyendo pacientemente la rela-
ción de confianza entre ProInversión
y la comunidad. Esta recibió, desde el
inicio de la negociación, la informa-
ción técnica adecuada y traducida a
términos sencillos y comprensibles. Se
puso mucho énfasis en el trato respe-
tuoso de sus costumbres, desterrando
el «limeñismo» propio de algunos
funcionarios públicos o privados que
«llegan haciendo alarde de su autori-
dad», al decir de uno de los miembros
de la comunidad.
CONfIANzA máS CONfIANzALa confianza fue un factor clave. La
empatía del responsable del equi-
po que se asienta en el lugar y de su
personal influye mucho. Convivir con
los miembros de la comunidad, asistir
a las reuniones de trabajo, aceptar la
preferencia de que éstas sean en su
propio terreno, contribuyó mucho a
facilitar la negociación. La gente de
la comunidad comprendía que no
era fácil para los funcionarios viajar
por tierra para llegar a su distrito,
donde sólo hay transporte tres días
por semana. Son riesgosas las trochas
carrozables, zonas de intensa neblina
o lluvias torrenciales, a más de 3.000
metros de altura. Para ellos significa-
ba que el Estado se preocupaba por
su pueblo. Era la primera vez que los
visitaba representado por personal de
ProInversión.
Se participó en unas doce asambleas
comunales, realizadas sólo domingos o
feriados. Cada invitación a estas reunio-
nes para exponer algún punto de interés
sobre el proyecto o sobre los beneficios
esperados significaba trabajar todo el fin
de semana con mucha intensidad. Las
asambleas reunían a 500 ó 600 perso-
nas, y en ellas había grupos adversos a
la inversión minera, camuflándose bajo
un lenguaje ambientalista y defensor del
agua y de la «vida». Fueron reuniones en
muchos casos muy tensas debido a algu-
nos integrantes marcadamente opositores
al proyecto.
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EL CONtRAtO pOR ELUSO DE LAS tIERRASEl desarrollo del proyecto implica el uso de terrenos superficiales donde se encuentran las 250 hectáreas de concesión minera y las áreas adicionales necesarias para las diversas actividades operativas y extracti-vas, que hacen un total de 1,972 hectáreas. Por ello se ha suscrito un contrato de usufructo de los terrenos entre la empresa Milpo y el propietario de las tierras, la Comunidad Campesina de Conchucos.
El contrato tiene una vigencia de 22 años, plazo que va desde el inicio del período de la opción hasta el cierre de la operación minera. Por ello se establece una contraprestación que debe pagar el inversionista por el uso de los terrenos superficiales.
Antes de cada reunión, en ProInversión
se preparaba material de difusión para los
asistentes y se editaban boletines informa-
tivos ilustrados. Se realizaron también men-
sajes radiales explicativos para enfrentar la
oposición de los grupos radicales.
«Ha habido muchas veces situaciones
sorprendentes como, por ejemplo, la posi-
ción que adoptaban determinados líderes,
que en un momento se ponían del lado
nuestro y al siguiente día se habían cam-
biado al lado opositor. No obstante, la con-
fianza que se había logrado con muchos
de ellos permitía obtener la verdad de ese
cambio y lográbamos revertir la situación»,
dice Roger Incio, actual jefe (e) de Proyecto
en Asuntos Mineros de ProInversión.
La Asamblea Comunal designó a
un equipo negociador, liderado por un
dirigente de mucha ascendencia y que
inicialmente era el de mayor oposición
y desconfianza hacia ProInversión. Sin
embargo, a lo largo del proceso, se con-
virtió en el principal aliado y defensor
del proyecto. Roger Incio añade: «Con
este líder se conversó mucho y se logró
que sea uno de los convencidos de que
el proyecto era favorable para su pueblo
y de que debía confiar en el Estado,
es decir en ProInversión. De hecho la
calidad de dirigente ayudó mucho, por su
honestidad, sus principios, su firme pero
El pago acordado por el uso de las tierras, es de S/. 50.750.000 (cincuenta millones setecientos cincuenta mil nue-vos soles), pagaderos como sigue:
> S/. 15.225.000, equivalente al 30% del monto total, al inicio de la vigencia del contrato de opción.
> S/. 10.150.000, equivalente al 20% del monto total, a la firma del Contrato de Transferencia.
> S/. 25.375.000, equivalente al 50% del monto total, al inicio del período de producción de la operación minera.
alturada posición. Se convirtió luego en
un verdadero promotor de los beneficios
que su pueblo debía recibir».
Al final, se entregó a Milpo un proyec-
to de inversión acompañado de su res-
pectiva licencia social y del contrato por
el uso de las tierras. No había riesgo para
el inversionista de no poder comenzar
el proyecto por falta del indispensable
acuerdo social.
¿qUé ES EL fONDO SOCIAL mAGIStRAL?Es una asociación civil sin fines de lucro
constituida por el Estado, de acuerdo al
Decreto Legislativo N° 996. El fondo tiene
la finalidad de administrar los recursos
económicos obtenidos por los procesos
de promoción de la inversión privada en
proyectos de minería. El Estado destina
estos recursos, a través de ProInversión,
al financiamiento de programas de ca-
rácter social, en particular a la ejecución
de proyectos en beneficio de la población
ubicada en la zona de influencia del Pro-
yecto; en este caso, de las comunidades
campesinas de Conchucos y de Pampas.
El Fondo Social se ofreció durante
las negociaciones del Convenio Mar-
co. Allí se consignaba como uno de los
beneficios importantes que recibirían las
comunidades beneficiarias. Los montos
negociados finalmente fueron aceptados
por el Consejo Directivo de ProInversión.
En este caso específico, el Consejo Di-
rectivo de la agencia destinará al Fondo
Social Magistral:
> El 50% de la contraprestación fijada para
el Contrato de Opción.
> El 50% de la contraprestación fijada para
el Contrato de Transferencia.
> El 50% del monto de la penalidad por
incumplimiento del plazo ofrecido para
la ejecución de la etapa de exploración y
realización del estudio de factibilidad, si
fuera el caso.
> El 1.5% de los ingresos por las ventas netas
anuales, durante el período de producción,
(durante toda la vida útil de la mina).
Adicionalmente, el inversionista pa-
gará al Fondo Social Magistral la suma de
US$ 1.2 millones, dividida en tres cuotas
iguales, durante el período de opción de
transferencia. Esto constituye una obliga-
ción contractual del inversionista, ejerza
o no esta opción.
Los beneficios del Fondo Social son
independientes de los beneficios que las
comunidades del área de influencia reci-
birán dentro del ejercicio de la responsa-
bilidad social del inversionista. Es decir,
los recursos que recibe el Fondo Social
son los que el Estado destina de manera
directa para beneficio de la población,
lo que no exime al inversionista de su
responsabilidad de ejecutar programas
sociales, directamente en el marco de sus
políticas de responsabilidad social.
Todas estas lecciones aprendidas las
resume el presidente del Fondo Social
Magistral, Lúcas Vásquez Anticona,
de esta manera: «Hace unos 18 meses
nuestra comunidad inició un proce-
so de diálogo con el Estado, a través
de ProInversión. Producto del diálogo
alturado, de la información permanente
que hemos recibido sobre los alcances
del proyecto, así como del respeto a
nuestras aspiraciones y la confianza que
nos significó la presencia del Estado (en
negociación directa con nuestra comuni-
dad), hemos arribado a los acuerdos que
hoy día se van a suscribir. Estos acuerdos,
no solamente garantizan el clima social
adecuado para la inversión en el Proyec-
to, sino también aseguran la realización
de programas sociales en beneficio de la
comunidad y del área de influencia del
Proyecto a través de la constitución del
Fondo Social Magistral que me honro en
presidir».
COOpERACIóN y USUfRUCtO> Con fecha 18 de diciembre de 2011, ProInversión y la Comunidad Cam-pesina de Conchucos suscribieron el Convenio Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible del Proyecto Minero Magistral. > En la misma fecha, MILPO y la CO-MUNIDAD suscribieron el Contrato de usufructo, superficie y servidumbre sobre el terreno de propiedad de la COMUNIDAD en el que se desarrolla-rá el Proyecto Minero Magistral.
1 6 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 1 7
ProInversión actúa en representación del Estado para crear fideicomisos y luego fondos sociales con aporte de las empresas mineras. Estos fondos contribuyen a proyectos en salud, educación y construcción en las comunidades donde las empresas operan. A continuación, algunos resultados de este trabajo
mINERÍAEL ApORtESOCIAL DE LA
CM
H /D
aniel Silva
1 8 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 1 9
Ubicación: Provincias de Grau y
Cotabambas, Apurímac
Minerales: Cobre, oro y otros
Yacimientos: Chacobamba,
Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas.
Buena Pro: 31 de agosto de 2004
Inversionista: Xstrata (Suiza)
Compromiso de Inversión:
US$ 4.200 millones
EL ROStRO SOCIAL DE LA mINERÍA: GENERAR DESARRO-LLO AUtOSOStENIBLEEn plena región Apurímac, entre las
provincias de Cotabambas y Grau, se
enclava el proyecto minero Las Bambas,
uno de los más importantes del Perú y de
la región.
En 2003, ProInversión inició el proceso
de promoción. Fue un gran reto. Había
que sacar adelante un proyecto posterga-
do por más de 95 años, y generar una es-
trategia inédita que propicie el desarrollo
local sostenible con inclusión social. Los
beneficiarios eran de dos provincias con
los mayores índices de pobreza extrema
en el Perú, de acuerdo al mapa socioeco-
nómico de entonces.
LAS BAmBAS
La promoción del proyecto significa-
ba, como primera prioridad, generar un
clima social apropiado, promoviendo una
nueva imagen de la minería asociada al
desarrollo de un modelo ejemplar con
participación de la población. Con ello,
ProInversión ponía en marcha un nuevo
modelo con sello propio para la inver-
sión en la actividad minera. Consistía en
fomentar las inversiones, en contribuir
a la lucha contra la pobreza de miles de
peruanos y en establecer las condiciones
de los procesos para contar con inversio-
nistas y operadores de talla mundial, que
sigan y potencialicen el modelo propuesto
en otros proyectos.
Comunidades y anexos ubicados en el
área de influencia del proyecto entre los
distritos de Cotabambas y Grau fueron
visitados por los consultores de ProIn-
versión. Se logró como primer objetivo
dialogar con las autoridades provinciales,
locales, comunales y se las comprometió
con el inicio del proceso de promoción.
La tarea fue compleja al inicio. El
diálogo inicial se vio frustrado en algunas
comunidades, producto de la intensa labor
de desinformación y manipulación de
sectores radicales y algunos organismos no
gubernamentales opuestos a las inversio-
nes mineras. Ello contrastó con el ánimo
dialogante de las autoridades regionales
y locales (alcaldes), muchas de las cuales
provenían de movimientos de izquierda.
Fue precisamente el proceso de diálo-
go, información y consulta lo que permi-
tió generar en las autoridades locales un
factor de confianza. En los primeros meses
de 2004, los alcaldes de Challhuahuacho,
Tambobamba, Coyllurqui y Grau se con-
virtieron en los principales promotores del
proceso.
A su vez, esta tarea no sólo estuvo cir-
cunscrita a informar a la población de las
ventajas y beneficios que tendría el pro-
yecto minero, sino que se puso en marcha
un programa inicial de desarrollo sosteni-
ble dirigido a proveer de servicios básicos
a las poblaciones con el apoyo de diversas
entidades del sector público. El objetivo
fue reestablecer la presencia del Estado y
generar confianza en la población.
Este mecanismo de acercamiento per-
mitió brindar información más fluida hacia
las comunidades aledañas y zonas de in-
fluencia. También permitió diseñar –en ello
fue valiosa la labor de campo– un proyecto
minero comprometido con el desarrollo
sostenible y con responsabilidad social.
En esta línea de acción una de las prin-
cipales innovaciones –como parte de un
acuerdo social con las comunidades y el
Estado– fue la creación de un fideicomiso
social (mecanismo inédito en el sector).
Con ello se aseguraba que los recursos no
tuvieran otro uso que beneficiar social-
mente a las poblaciones de la zona de
influencia (más de 80 mil habitantes, 20
distritos y más de 150 comunidades).
El proceso culminó con la firma de un
documento modelo en su tipo –La Declara-
ción de Challhuahuacho–, que resume lo
que debe ser un proceso de promoción e in-
versión en el Perú. Esta declaración consig-
na las obligaciones de la empresa inversio-
nista en los siguientes tópicos: la protección
al medio ambiente; compromiso con el
desarrollo sostenible; el reconocimiento de
la cultura y valores de las comunidades; la
convocatoria de mano de obra y servicios
con preferencia de la zona, y apoyo para el
desarrollo de la infraestructura básica de las
comunidades. Estos compromisos fueron
posteriormente incorporados de manera
formal en el contrato que firmó la empresa.
EL pROCESO En agosto del año 2004, la empresa Xstrata
Copper adquirió el derecho exclusivo de
explorar el Proyecto Minero Las Bambas
mediante un concurso público inter-
nacional. Ofertó al Estado Peruano US$
121 millones, de los cuales se destinaron
US$ 45.5 millones como aporte social
inicial para la conformación de un fondo
denominado Fideicomiso Aporte Social
Proyecto Minero Las Bambas (hoy Fondo
Social - Las Bambas).
EL CLUB DEL mILLóN La concesión del proyecto minero consoli-
dó al Perú como productor de cobre y oro.
El Perú ingresaría al denominado club del
millón (de toneladas) que hasta entonces
agrupaba a Canadá, Indonesia, Chile y
Estados Unidos. También habría un nuevo
horizonte en las exportaciones mineras y
un aporte en el crecimiento anual del PBI.
Por si fuera poco, en 2010 Xstrata asumió
con el Estado un compromiso de inversión
superior a los US$ 4 mil millones.
Por primera vez en un contrato de
Estado, las exigencias iban más allá de
los usuales requerimientos mínimos de
inversión. Destacan 17 condiciones de ca-
rácter social que fueron planteadas por los
mismos pobladores en los diferentes foros
y audiencias públicas que se desarrollaron,
a lo largo de casi un año, en las diversas
localidades y comunidades campesinas
de la zona de influencia, y que la empresa
ganadora debía cumplir con la finalidad de
mantener una relación cordial y armoniosa
con la población y sus autoridades.
ROStRO SOCIALEl proyecto Las Bambas lleva inherente
una propuesta de inclusión social con
desarrollo sostenible, que se basa en el
principio de inversión minera con respon-
sabilidad ambiental y desarrollo social.
El llamado Fideicomiso Aporte Social
Proyecto Minero Las Bambas, encargado
en un primer momento de administrar
el fondo del aporte social del proyecto
minero, ha sido sustituido por el Fondo
Social Las Bambas - FOSBAM, el mismo
que cuenta con personería jurídica desde
el 15 de enero de 2009 y se encarga de su
administración.
FOSBAM es una asociación civil que
trabaja para mejorar las condiciones de
vida de la población de la zona de in-
fluencia del Proyecto Minero Las Bambas,
mediante la ejecución de proyectos de de-
sarrollo en las provincias de Cotabambas y
Grau en el departamento de Apurímac.
Al año 2010, este fondo social cuenta
con US$ 63 millones, debido a últimos
aportes hechos por Xstrata. Las Bambas
fue el primer proyecto minero del país
que consideró el aporte de beneficios a su
entorno desde el inicio, sin necesidad de
esperar a generar impuestos que retornen
a la región vía canon minero tras varios
años de operación.
Con el fondo social, el FOSBAN ha
logrado realizar inversiones hasta la fecha
por US$ 16 millones, que han permitido
electrificar la casi totalidad de las zonas
urbanas y rurales y dotar de infraestructu-
ra vial, educativa y de servicios de agua y
alcantarillado a 20 distritos de las provin-
cias de Cotabambas y Grau.
2 0 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 2 1
Ubicación: Provincia de Sechura, Piura
Minerales: Fosfatos
Buena Pro: 15 de marzo de 2005
Ganador: Vale Do Rio Doce (Brasil)
Inversión: US$ 566 millones.
Adicionalmente y debido a la
ampliación de planta, se estima una
inversión adicional de US$ 300 millones.
En abril de 2005, ProInversión transfi-
rió el proyecto de fosfatos a la empre-
sa brasilera Vale Do Río Doce con el
compromiso inicial de producir 3,3
millones de toneladas por año de roca
fosfórica, además de construir una
planta de procesamiento y un puerto
de embarque de minerales.
Vale Do Rio Doce es una de las ma-
yores empresas brasileras, con solvencia
técnica y económica para hacer realidad
un proyecto de la envergadura de Bayóvar.
La inversión inicial de US$ 300 millones se
BAyóvAR mIChIqUILLAy
incrementó al final a US$ 566 millones. La
empresa desarrolla un proceso de amplia-
ción de la planta que puede significar una
inversión adicional de US$ 300 millones.
Vale se ha asociado con Mocaico de USA y
Mitsui de Japón para el desarrollo integral
del proyecto.
Culminados los trabajos de construc-
ción, las operaciones se iniciaron el 10
de julio de 2010.
Parte de la estrategia del proceso de
promoción del proyecto Bayóvar fue
constituir una fundación a beneficio de
la comunidad campesina San Martín
de Sechura. Esta institución recibirá los
fondos que entregará el inversionista
por derecho de usufructo de la propie-
dad superficial. Del mismo modo, se
creó el fideicomiso social del Proyecto
Bayóvar que financiará con parte de los
ingresos de la empresa (3% de las ventas
netas), los proyectos sociales en benefi-
Ubicación: Distrito La Encañada,
Cajamarca
Minerales: Cobre, con potencial
aurífero por explorar
Buena Pro: 30 de abril de 2007
Ganador: Anglo American (Inglaterra)
Inversión mínima estimada:
US$ 700 millones
Firma de acuerdo social: junio de 2008
Todo proyecto de inversión mantiene sus
propias características. En el Perú, Las
Bambas en 2004 se constituyó en un hito
económico al hacer realidad por primera
vez en el país un modelo de minería con
desarrollo sostenible. Tres años después –
en 2007– el proyecto minero Michiquillay,
ubicado en la región Cajamarca, marcó un
nuevo desafío en los procesos de promo-
ción minera.
En Cajamarca desde los primeros años
de 2000, se impulsaron proyectos mineros
exitosos y de gran auge económico. Sin
embargo, el mismo escenario marcó el
inicio de una sistematizada oposición.
El crecimiento minero dio origen a
una serie de organizaciones no guberna-
mentales que estigmatizaron la minería
con capacidad de movilización política e
cio directo de la Provincia de Sechura.
De igual manera, la empresa ha
suscrito una serie de convenios con las
autoridades locales para la ejecución de
proyectos de salud, educación e infraes-
tructura que beneficien a la población
de las zonas aledañas al proyecto.
El Proyecto Bayóvar permitirá la
creación de una plataforma de exporta-
ción de productos con valor agregado y
es un hecho que la planta de fertilizantes
permitirá que Sechura se convierta en una
zona industrial de las más importantes de
la costa del Pacífico sudamericano.
ingente apoyo logístico y económico.
Durante el primer quinquenio de 2000
casi todas las protestas contra la minería
se centraron contra Yanacocha, proyecto
aurífero a cargo de la empresa Newmont.
Ello generó un clima hostil al que se
sumaron manifestaciones de la pobla-
ción en diversas provincias de la región.
Se trataba de un discurso al unísono: «la
minería atenta contra la agricultura, la
ganadería y el medio ambiente».
ACERCáNDONOS A LAS COmUNIDADESEl proyecto Michiquillay se ubica en el
distrito de La Encañada, a poco menos de
una hora de la capital Cajamarca. El ámbi-
to de influencia directa son las comunida-
des de Michiquillay y La Encañada.
En 2006 ProInversión inició los
trabajos de sensibilización social en las
comunidades y anexos de Michiquillay.
En ella había un alto grado de protesta y
proselitismo político contra las inversio-
nes mineras, alentado por el Comité de
Autodefensa de la zona.
En agosto del mismo año, activistas
del comité de autodefensa incendiaron el
campamento (propiedad de Centromín
Perú), destruyendo un número indeter-
minado de muestras minerales (que eran
evidencias para el proceso de promoción
del proyecto) y se apropiaron de insumos
químicos fiscalizados, que fueron desti-
nados hacia el narcotráfico y que ameritó
una investigación y posterior denuncia
penal de la Dirección Nacional Antidrogas
(DIRANDRO).
A pesar de estas contingencias, ProIn-
versión prosiguió el diálogo con los diri-
gentes y representantes comunales, tanto
en sus propias comunidades, como en
Cajamarca y Lima. En forma transparente
se les brindó información sobre el proceso
de concesión, así como los beneficios di-
rectos hacia las comunidades del ámbito
de influencia.
En el frente interno, durante 2006,
la labor de empoderar a los dirigentes y
comuneros fue lenta, aunque efectiva, a
pesar de las constantes amenazas y presio-
nes políticas que recibían estos últimos.
Colateralmente se aplicaron una serie
de herramientas de difusión del proyecto
en medios locales (radios y diarios), así
como la capacitación a comunicadores
(que concluyó con un programa de radio y
un boletín semanal dirigido a la comu-
2 2 - P R O I N V E R S I Ó N C O N S E N S O - 2 3
Ubicación: Distrito de Querocoto,
provincia de Chota, Cajamarca
Minerales: Cobre
Buena Pro: 16 de diciembre de 2005
Ganador: Rio Tinto (Inglaterra)
Inversión mínima estimada:
US$ 1.000 millones
Fondo Social: Constituido en marzo de 2009
En 1994, el Gobierno peruano entregó el
proyecto minero La Granja a la empre-
sa Cambior. En 2000, llevaría a cabo
un nuevo proceso de promoción para
buscar un inversionista de mayor nivel
que pudiera ejecutar el proyecto. La ad-
judicataria fue la empresa Billiton, que
poco después se fusionó con BHP. Luego
de realizar su etapa de exploraciones
con un adecuado manejo social, el año
2002 Billiton decide devolver el proyecto
LA GRANJA
minero La Granja al Gobierno peruano.
Es entonces que ProInversión toma
en sus manos la convocatoria, y le
adjudica la Buena Pro el año 2005 a la
empresa Rio Tinto. El contrato de trans-
ferencia se firmó el 31 de enero de 2006.
El compromiso de inversión por parte
de la empresa era de US$ 60 millones;
pero a la fecha se han invertido más de
US$ 300 millones en exploraciones e
investigaciones metalúrgicas superando
largamente el compromiso inicial.
El Estado, al igual que en otros proce-
sos mineros, asignó el 50% del pago de la
contraprestación que tiene que realizar
la empresa al Fondo Social de la comu-
nidad. Este Fondo, que es administrado
conjuntamente por la Municipalidad
de Querocoto y la empresa Rio Tinto, ha
recibido US$ 29 millones. Se utilizarán
en proyectos de desarrollo sostenible en
el distrito de Querocoto.
La empresa, además, desarrolla una
política de responsabilidad social con al-
tos estándares y trabaja en conjunto con
las comunidades en diversos proyectos
de desarrollo sostenible. Prioriza los
temas de educación y salud. Igualmen-
te está comprometida en promover el
empleo y autoempleo local. Ello hace
posible un óptimo ambiente social en
el distrito de Querocoto, así como en las
zonas rurales del río Paltic.
nidad de Michiquillay, La Encañada y
anexos).
LA CONCESIóNEl 30 de abril de 2007, en Lima, se realizó
el proceso de licitación del Proyecto Mine-
ro Michiquillay. Se adjudicó a la empresa
Anglo American, que presentó la mejor
oferta económica: US$ 403 millones. De
este monto, el Estado asumió el com-
promiso de destinar US$ 201.5 millones
a un fondo social orientado a proyectos
de desarrollo sostenible en el área de
influencia directa. Una vez más –al igual
que Las Bambas en 2004– se consolida-
ba un modelo de minería moderna, con
inclusión social.
Tras la firma, el siguiente paso fue alcan-
zar el acuerdo social entre la comunidad y
la empresa ganadora, así como la puesta en
marcha de un programa de remediación
ambiental producto de actividades mineras
previas al proyecto Michiquillay.
En esta etapa se intensificó la labor
de sensibilización social a través de jor-
nadas informativas, talleres y asambleas
comunales descentralizadas. En este
lapso no se realizó ninguna labor de ex-
ploración de parte de la empresa, y se dio
a conocer la importancia de contar con
una minería moderna, con los más altos
estándares de seguridad, salud y cuidado
del medio ambiente.
El 3 de junio de 2008 se aprobó el
anhelado acuerdo social y fue suscrito por
los dirigentes y representantes de todas
las comunidades y anexos de Michiquillay
y La Encañada.
EL fONDO SOCIAL mIChIqUILLAyEl principal aporte del proyecto ha sido la
constitución del Fondo Social Michiqui-
llay, que percibirá a lo largo del proyecto,
más de US$ 201.5 millones destinados a
programas de inversión social en las áreas
de influencia. El contrato establece que
este fondo será destinado a salud, educa-
ción, desarrollo de tecnología, infraestruc-
tura y capacitación.
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tOROmOChO
Ubicación: Distrito de Quiruvilca,
provincia de Santiago de Chuco, La Libertad
Minerales: Oro
Buena Pro: 15 de enero de 2001
Inversionista: Barrick Misquichilca
El proyecto minero Alto Chicama es
el mayor descubrimiento aurífero de
la década pasada, con reservas de 7,2
millones de onzas y una producción
estimada de 540.000 onzas al año. La mina
estaba tipificada como yacimiento de
carbón, pero fue la visión y la estrategia de
promoción de inversiones para considerar
la exploración de oro en este yacimiento
lo que permitió el hallazgo de un gran
depósito aurífero de características únicas
en la zona.
La empresa minera Barrick Misqui-
chilca S.A. obtuvo la buena pro para
desarrollar el proyecto. El 12 de diciem-
bre de 2002 se suscribió el Contrato de
Transferencia del Proyecto Alto Chicama
entre la Centromin Perú S.A. y Barrick.
La empresa se comprometió a pagar una
Ubicación: Distrito de Morococha,
Provincia de Yauli, Departamento de Junín
Minerales: Cobre
Buena Pro: 14 de mayo de 2003
Inversionista: Minera Peru Copper
Syndicate Ltd.
Se trata de un proyecto de larga data, del
que ya se tenía referencias desde 1920. Sin
embargo, las diversas campañas de explo-
ALtO ChICAmA
contraprestación de regalías contractua-
les de 2,51% sobre las ventas.
Antes de que la mina iniciara sus ope-
raciones en el año 2005, tanto el Estado
como la empresa fueron construyendo
una relación armoniosa con las comuni-
dades y gobiernos locales del entorno que
involucraba específicamente a las provin-
cias de Otuzco, Santiago de Chuco y Sán-
chez Carrión. Se llevaron a cabo talleres
para que la empresa diera a conocer sus
actividades y que la población expusiera
sus problemas y las expectativas que tenía
del proyecto.
ProInversión aprobó el Programa
Social para el Fideicomiso. El contrato
se suscribió el 25 de abril de 2006. El pa-
trimonio del fideicomiso está compues-
to por las regalías recibidas de Barrick,
y por otros ingresos que se obtengan
a través de cooperación nacional e inter-
nacional.
El 15 de setiembre de 2008 se estable-
ce la sustitución del régimen del «Fidei-
comiso Social» por el del «Fondo Social».
Los fondos del fideicomiso, que ascen-
dían a US$ 61 millones, fueron transfe-
ridos al Fondo Social en junio de 2009.
El objetivo de este Fondo es promover y
dinamizar la elaboración y ejecución de
proyectos de desarrollo sostenible para las
provincias de Otuzco, Santiago de Chuco
y Sánchez Carrión.
Es prioridad del Fondo destinar sus
recursos al financiamiento de proyectos
de desarrollo sostenible y de la provisión
de servicios básicos que contribuyan a
reducir los niveles de desnutrición en la
población infantil, elevar los estándares
de calidad de la educación y la salud y
aumentar la provisión de servicios de
saneamiento, entre otros.
El monto de inversión ejecutado por el
Fondo en proyectos de infraestructura edu-
cativa, vial, electrificación y saneamiento,
entre otros, alcanza la suma de S/. 177.5 mi-
llones a noviembre de 2011. Desde la fecha
de constitución del Fideicomiso, en junio
de 2009, se ha transferido al fondo social la
suma de US$ 54 millones.
ración recién se inician entre 1966 y 1971;
primero a cargo de la empresa Cerro de
Pasco Corp. y, posteriormente, de Centro-
min Perú.
Dada la complejidad metalúrgica de
este depósito, por su baja ley de cobre,
bajo nivel de reservas y la presencia de
diversos contaminantes que dificultan
su procesamiento, sumado al bajo precio
del cobre en ese momento (2001-2003),
promover este proyecto fue complicado y
difícil (se tuvo 3 intentos fallidos). Sin em-
bargo, un adecuado plan de promoción
despertó el interés de la empresa Minera
Copper, que asumió el reto de explorar e
invertir, de modo que confirmó las reser-
vas de cobre.
Posteriormente, la empresa Alumi-
nium Corporation of China (Chinalco)
adquirió las operaciones de Perú Copper,
las que incluirían el proyecto Toromocho.
En el año 2008, Chinalco firmó el contrato
de transferencia para desarrollar el pro-
yecto Toromocho, lo que la convertiría
en propietaria de una de las principales
minas de cobre del mundo. Se espera que
entre en producción a fines de 2021.
Este proyecto está ubicado a más
de 4.700 metros de altura en el distri-
to de Morococha, provincia de Yauli,
departamento de Junín. Morococha es
tradicionalmente una localidad minera: la
exploración en esta zona data de 1763. La
mayoría de los habitantes del distrito son
trabajadores mineros y las viviendas que
ocupan están ubicadas casi en su totali-
dad en antiguos campamentos. Cuentan
con servicios básicos precarios y además
se encuentran rodeadas de depósitos de
relaves en actual operación, que afectan
seriamente la salud de los pobladores.
Para hacer realidad el proyecto cuprífe-
ro de Toromocho, Chinalco invertirá alre-
dedor de US$ 2.200 millones. Es necesario
para la ejecución del proyecto la reubica-
ción del pueblo de Morococha, aledaño al
cerro Toromocho, donde se desarrollará la
mina a tajo abierto.
Su población, conformada por casi
cinco mil habitantes, será totalmente
reubicada en una nueva ciudad que está
siendo construida por la empresa, con
una inversión inicial de US$ 50 millones.
Allí se construirán 1.050 viviendas que
contarán con todos los servicios bási-
cos. El pueblo tendrá colegios, centros
médicos, edificio municipal y espacios de
recreación, entre otros.
Las negociaciones han tomado más
de dos años desde que los pobladores
aceptaran trasladarse a Carhuacoto, que
se encuentra a cuatro kilómetros de la
ubicación original. Como en todo proceso
de este tipo, siempre existe un pequeño
grupo de pobladores que se oponen a la
reubicación (aproximadamente el 2%).
Ellos exigían precios mayores por las
propiedades.
Otros temas con los que se tuvo que li-
diar fue negociar y llegar a un acuerdo sobre
la reubicación del cementerio. ¿Qué hacer
ahí? Los pobladores querían recibir un pago
por lo que supondría el costo de trasladar
a sus familiares enterrados a otro lugar. La
empresa propuso una alternativa: el antiguo
camposanto se mantendría intacto y se les
daría facilidades a los deudos para visitarlo
cuando quisieran.
El proceso para llegar a un acuerdo con
los pobladores requirió de una ardua la-
bor por parte de la empresa, y se tomaron
en cuenta los estándares internacionales
para los temas de reasentamiento. Con
una población donde el 85% de habitan-
tes no cuenta con título de propiedad,
se les ofreció, a pesar de todo, una pro-
piedad de 108 metros cuadrados libre de
costo; en el caso de aquellos que demos-
traron tener registro de propiedad, se les
dio lo mismo pero además se les hizo un
pago por sus terrenos.
La información y la gestión para
tomar acuerdos con la población siem-
pre fue pública: sin esto no se hubiera
llegado a un consenso en los acuerdos,
donde siempre primó la transparencia.
El éxito logrado en esta negociación
hace de Toromocho uno de los proyectos
mineros más importantes del país, y
representará para el Perú un incremento
del 25% de sus exportaciones de cobre.
Dentro de los compromisos de inver-
sión del Proyecto Toromocho, promo-
vido por el Estado, está la construcción
de la planta de tratamiento de las aguas
ácidas provenientes del Túnel Kingsmill.
Este tiene un caudal promedio de 1,0
m3/s, generados por las operaciones
mineras del distrito de Morococha. La
planta requerirá de una inversión de
más de US$ 43 millones y dará solución
a la contaminación de más de cinco
décadas de las aguas del río Yauli, uno
de los afluentes principales del río Man-
taro. Chinalco se hará responsable de la
operación de la planta durante la vida de
la mina y luego será transferida sin costo
al Estado.
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> Y ahora que por fin todos estamos de acuerdo, ¿no les provoca ir a almorzar?
Es una publicación de la Agencia de Promociónde la Inversión Privada (ProInversión)
Concepto: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - ProInversiónPrimera edición: Enero de 2012Tiraje: 500 ejemplares
Edición, investigación y diseño: Editorial Cometa Diseñador: Mario Segovia Guzmán / CometaIlustrador: Víctor Aguilar / CometaTextos: ProInversión y Cometa
Fotografías: ProInversión, El Comercio,Daniel Silva Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2012-06074
Preprensa: Editorial CometaImpresión: Imprenta Ríos S.A.C.
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