Orígenes de la democracia participativa en Venezuela

Margarita López Maya Mayo de 2009

A diferencia de lo que uno podría pensar, en Venezuela la idea de usar la

participación como medio para alcanzar una sociedad más igualitaria, justa y

humana provino principalmente del pensamiento social de la Iglesia Católica. El

pensamiento marxista y/o de izquierda –sobre todo la vertiente del socialismo

democrático- si bien presente también en el proceso constituyente, en la Consti-

tución de 1999, y en los enfoques sobre la participación que nutren documentos

y políticas del primer gobierno de Chávez, son menos determinantes. El pensa-

miento marxista en sus distintos enfoques es más importante en la conformación

del modelo llamado de “Socialismo del siglo XXI”, que orienta el segundo go-

bierno de Chávez, pero no fue determinante en la democracia participativa y pro-

tagónica del primero. Resulta de interés por ello conocer estas fuentes y analizar

sus convergencias y diferencias que contribuyen a un mejor entendimiento de la

evolución de las modalidades y prácticas participativas desarrolladas en Vene-

zuela a lo largo de estos últimos diez años.

El Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965 bajo los papados

de Juan XXIII y Paulo VI, va a tener impacto perdurable en América Latina. En

1968, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en su Conferencia de

Medellín, bajo la influencia de las ideas del Concilio, dio impulso en todos los

países de la región a las comunidades eclesiales de base y otras iniciativas de

organización social, que usarían del método participativo. También a partir de

esa Conferencia se extendieron y ampliaron en la región las ideas que echarían

las bases de lo que se conocería como la teología de la liberación. Este giro

progresista de la Iglesia Católica tuvo efectos inmediatos en los sectores católi-

cos venezolanos, así como en la juventud y algunos líderes del partido social-

cristiano COPEI. Desde entonces se puede trazar una línea que se extiende casi

sin interrupción entre esas tempranas experiencias y debates y los artículos so-

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bre participación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

aprobada en 1999 en referendo popular.

En esta ponencia se examinan los antecedentes de la democracia partici-

pativa y protagónica de la Constitución de 1999 a través de cinco partes. En la

primera parte, revisamos las ideas participativas de la Iglesia Católica a partir de

Vaticano II. En la segunda, se analiza el concepto participativo que a partir del

pensamiento católico se desarrolló en el partido socialcristiano COPEI. En la ter-

cera parte se presentan algunos de los desarrollos que se dieron en la izquierda

venezolana entre los cuales destaca aquéllos que llevaron a algunos sectores a

abrazar ideas de descentralización político-administrativa y prácticas participati-

vas en gobiernos locales y regionales como formas de un socialismo democráti-

co. En una cuarta parte, examinaremos las primeras expresiones institucionales

de estas ideas participativas en las propuestas de la Comisión Presidencial de

Reforma del Estado (COPRE) y en la quinta parte, examinamos la fallida refor-

ma constitucional de la Comisión Bicameral del Congreso presidida por Rafael

Caldera entre 1989 y 1992, donde quedó ya expresado en el texto el principio de

la participación como orientador del contenido y estructura del Estado que poste-

riormente se consagraría en la carta magna de 1999.

Iglesia Católica y participación En los años sesenta del siglo pasado, la Iglesia Católica sufrió una sacu-

dida profunda en su pensamiento y en sus prácticas, fortaleciéndose su ala más

progresista. La institución, con la celebración de Concilio Vaticano II, va a incli-

narse por posturas más activas en la lucha contra la marginalidad y la desigual-

dad en el mundo y particularmente en América Latina. El CELAM, fundado en

1955, tuvo un rol muy activo en los debates de ese Concilio, recibiendo allí de

Paulo VI el mandato de preparar una Conferencia en América Latina para actua-

lizar la región con los postulados conciliares. Los preparativos, así como la reu-

nión celebrada en Medellín, Colombia, en 1968 cambiaron su rostro en la región

para convertirla en “signo e instrumento” de salvación, incorporándose intensa-

mente en los procesos de cambio social, que entonces se experimentaban en

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los distintos países (ver: http/es.wikipedia.org/Wiki/II_Conferencia_General_del_

Episcopdo_ Latinoamericano, bajado en febrero de 2009). A partir de Medellín

se extendieron la política de opción por los pobres y las prácticas participativas

influenciadas por Paulo Freire y la teología de la liberación como estrategias

perdurables en la lucha por la justicia social.

En los años siguientes, una Iglesia activa y progresista difundió por toda

la región el pensamiento cristiano más avanzado, como las encíclicas papales

de Juan XXIII y Paulo VI, el pensamiento de los filósofos franceses cristianos

Jacques Maritain, Teilhard de Chardin y Emmanuel Mounier, y planteamientos

del socialcristianismo chileno como los de Radomiro Tomic. En Venezuela, a

través de las escuelas y universidades católicas, los jesuitas y otras órdenes re-

ligiosas como lasallistas y benedictinos, comenzaron a formar una generación de

activistas sociales y políticos para el trabajo con los sectores pobres. En círculos

de estudios, retiros espirituales y seminarios, incentivaban la participación como

método práctico y democrático para la evaluación y la posterior toma de decisio-

nes. El Centro Gumilla (de la Compañía de Jesús), promovió la participación

como método en sus folletos sobre cooperativismo, que fueron asumidos por co-

lectivos como "Chivato" en Carora, el "Equipo de los Llanos" en Portuguesa,

"OCM" en Barquisimeto y en equipos de trabajo con las comunidades pobres en

la parroquia de Petare en Caracas (Rojas, conversación, 2009).

Para principios de los años setenta se difundió masivamente La pedagog-

ía del oprimido de Pablo Freire, donde se planteaba la democratización de la

participación a través de la educación. Se sostenían contactos con otras expe-

riencias, como el grupo Golconda de Colombia, donde participó el padre-

guerrillero Camilo Torres. La metodología participativa también la utilizaría el

partido de la Izquierda Cristiana (un desmembramiento de COPEI) en su trabajo

con el Banco Obrero en proyectos de urbanización para las comunidades popu-

lares (Rojas, conversación, 2009, Carnevalli de Toro, 1992). Estas prácticas in-

fluenciarían de allí en adelante el activismo social en Venezuela mucho más allá

de los grupos cristianos, pues dirigentes de partidos de izquierda como el MAS,

MIR y La Causa R fueron en algún momento o bien miembros de comunidades

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eclesiales de base, o de la Izquierda Cristiana, o fueron influenciados por esas

prácticas (MTS, entrevista 2008; CTA, entrevista, 2008). El enfoque participativo

de la Iglesia moldeó el significado de este concepto en el partido COPEI y a

través de éste, influenció la acepción del concepto en las propuestas de la CO-

PRE y en la fallida propuesta de reforma de la Comisión Bicameral en 1992. A

través de esta última, influenció finalmente el enfoque participativo de la Consti-

tución de 1999.

COPEI: reinventando la democracia

Estrechamente vinculada con el pensamiento de la Iglesia Católica, en los

años sesenta el partido socialcristiano COPEI vivió una etapa de intenso debate

interno y radicalización de parte de su juventud. Astronautas y Avanzados, dos

grupos dentro de la Juventud Revolucionaria Copeyana (JRC), influidos por las

nuevas ideas de los filósofos católicos y atraídos por los desarrollos de la revo-

lución cubana, se acercaron al marxismo y sus planteamientos antiliberales. Los

Astronautas estaban contra el capitalismo y combinaron el cristianismo con el

marxismo. Solicitaban una reforma de la propiedad privada en base al comunita-

rismo y solidarismo cristiano, y rechazaban el pluralismo y la democracia repre-

sentativa. Pedían que el partido se reformara, asumiendo un estilo de conduc-

ción comunitaria: participación de todos, responsabilidad de todos y tareas para

todos. Estos Astronautas fueron un grupo influenciado por Julio González, un

joven venezolano militante de las ideas progresistas católicas, que abrió en Ca-

racas la librería Nuevo Orden, donde llegaban los libros de los pensadores cris-

tianos franceses, se publicaba una revista y se discutía en seminarios y círculos

de estudios. González se consideraba un socialista cristiano y es mencionado

por muchos dirigentes en entrevistas posteriores como la figura más influyente

entre los jóvenes de la JRC de la época (Carnevalli de Toro, 1992). Astronautas

y Avanzados tuvieron poco apoyo de los dirigentes del partido, pero algunos

como Luis Herrera Campíns –futuro Presidente de la República- y Rodolfo José

Cárdenas, futuro ministro, los escuchaban y retomarían algunas de estas ideas

poco después. Estos jóvenes tenían no tanto un compromiso con la lucha de

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clases, sino con los pobres y con la reducción de la pobreza. Tuvieron buenas

relaciones con la juventud de izquierda de su época y muchos acabaron salien-

do del partido y fundando el partido de la Izquierda Cristiana; otros fueron expul-

sados y otros permanecieron en la organización por varias décadas más. Poste-

riormente algunos regresaron a COPEI y otros se fueron a partidos de izquierda

como el MIR, PCV, MAS, FLM, y otros (Carnevalli de Toro, 1992).

En la década del setenta, el debate continuó en el seno de COPEI, y par-

ticularmente Herrera Campíns, quien ganará las elecciones presidenciales de

1979, se dedicó a organizar en el país seminarios sobre democracia participativa

y a escribir en sus columnas sobre esta nueva propuesta de modalidad de go-

bierno (Velasco, 2008). La discusión sobre el comunitarismo cristiano como al-

ternativa política al modelo de democracia liberal trascendió el ámbito venezola-

no. En 1972 el Comité Ejecutivo de la Organización Demócrata Cristiana de

América (ODCA) organizó en Caracas un seminario internacional que se llamó

Hay que reinventar la democracia, y la ponencia de apertura le correspondió a

Herrera Campíns. El título de su ponencia fue “De la democracia representativa

a la democracia participativa” (1976: 23-39).

Herrera Campíns se refirió en su ponencia al concepto de la participación,

su alcance y su proyección. Consideró que ya se habían dado varias experien-

cias de participación democrática en Europa, EEUU, Israel y América Latina, de

donde se podían sacar evaluaciones. Para Herrera la democracia participativa

era distinta a la representativa, la perfeccionaba y debía sustituir. Señaló como

problemas del modelo representativo en Venezuela, la manera de votar por colo-

res y no candidatos, que reflejaba muy tenuemente la voluntad popular. Otro

problema tenía que ver con la discusión de una ley cualquiera, que el Ejecutivo

debía pasar al Congreso, y que habiendo sido parte del programa electoral del

Presidente, no se podía sin embargo aprobar por no tener éste mayoría en el

parlamento. ¿Cómo hacer? Herrera Campíns indicó que algunos países habían

tratado de resolver esto por mecanismos de referendo, como forma inmediata de

conocer la voluntad popular. También evaluó la participación como una tenden-

cia mundial. Se refirió a las mujeres que participaban no sólo en el mundo cultu-

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ral como en el pasado cuando en casa educaban a sus hijos, sino también de

manera creciente en el siglo XX en el hecho económico, y dijo que pronto de-

mandarían más participación política. Mencionó a minorías como los negros en

EEUU, que demandaban participación en todos los derechos civiles y políticos;

los jóvenes, o los pueblos como Vietnam que habían cambiado las característi-

cas de la guerra, haciendo que participaran no sólo los militares sino todo el

pueblo. Señaló el creciente peso de los trabajadores en la Iglesia Católica, men-

cionando la encíclica Mater et magistra de Juan XXIII, que les reconoció el dere-

cho a la cogestión en sus empresas. Planteó cómo desde después del CELAM

en Medellín, la Iglesia Católica reclamaba no sólo participar en asuntos religio-

sos sino en lo social. Herrera Campíns enfatizó que los democratacristianos

querían convertir las experiencias de la participación dispersas por el mundo, en

un nuevo modo de vida y de gobierno, la democracia participativa.

Herrera citó a la encíclica Pacem in Terra de Juan XXIII, donde se coloca

"la participación como el derecho a tomar parte activa y fecunda en la vida públi-

ca para contribuir al bien común, ubicándola así entre uno de los derechos natu-

rales del hombre, ampliando su escala tradicional en el orden político, social,

económico y cultural" (1976: 36). El diálogo frecuente de los gobernantes con los

ciudadanos hace que puedan conocer mejor los medios más convenientes para

el bien común. Así mismo, dijo Juan XXIII: " la reanudación periódica de las per-

sonas en los puestos públicos, no sólo impide el envejecimiento de la autoridad

sino que, además, en cierto modo, le da la posibilidad de rejuvenecerse para

acometer el progreso de la sociedad humana" (en Ibídem: 37). Herrera Campíns

finalizó argumentando la necesidad de inventar formas de democracia no sólo

dando al hombre la posibilidad de informarse sino de comprometerse en una

responsabilidad común: “hay que reinventar la democracia para oponerla al so-

cialismo burocrático, al capitalismo tecnocrático y a la democracia autoritaria"

(Joseph Folliet en Herrera Campíns, 1976: 37). Afirmará que después de casi

dos siglos de democracia representativa en Occidente el mundo necesita de un

sistema que la supere, en el cual su signo sea la participación. Sugirió irla inser-

tando dentro de la representación, pero afirmó que el objetivo final es reempla-

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zar "la democracia representativa por una democracia de participación" (Ibídem:

39).

Es de resaltar en los textos democratacristianos de la época el profundo

rechazo al pensamiento liberal, que los hace converger con corrientes y activis-

tas de la izquierda marxista. Ettiene Borne, por ejemplo, en esta misma reunión,

citando a Mounier, afirmó que la democracia vigente (liberal), era una falsifica-

ción de la democracia, porque había sido desviada por el dinero y el egoísmo

hacia el individualismo y el totalitarismo. En contraste, dijo, los cristianos entien-

den a la democracia como un régimen que reposa sobre la responsabilidad y la

organización funcional de todas las personas de la comunidad. Es una democra-

cia comunitaria que aún no ha sido realizada en los hechos (Borne, 1976).

Afirmó comprender que las revoluciones en el siglo XX cayeron en el totalitaris-

mo justamente por repudiar el individualismo liberal, pero se fueron al otro ex-

tremo produciendo una imagen degradada del ser humano, entregando la liber-

tad al colectivo. Los cristianos quieren un "hombre nuevo" como lo señalan los

discursos totalitaristas, pero no se trata de encontrar un "justo medio" sino una

vanguardia entre individualismo y comunitarismo. Según Borne, Mounier afirma-

ba que de ambos males el peor mal el individualismo. Contra ella era preciso

construir una democracia de la participación.

Estos debates ya revelaban la tensión presente en Venezuela entre el sis-

tema político de representación, que descansa en el liberalismo y su idea de los

derechos del individuo por encima del colectivo, y la participación, soportada por

la idea del hombre como parte de una comunidad. Esta diferencia en algunos

casos –como los jóvenes Astronautas- se extendía a ideas de rechazo a la pro-

piedad privada e incluso al pluralismo. En los años siguientes, sin embargo, este

debate cedió por una combinación de factores. La prosperidad económica de la

década del setenta -y en parte por ello el pragmatismo político que predominó en

COPEI- fue acallando la circulación de ideas y los partidos centrales del sistema

político venezolano -Acción Democrática (AD) y COPEI- entraron en una fase de

burocratización y declive de los cuales no se recuperarán. Pero, a mediados de

los años ochenta, cuando el régimen de partidos comenzó a ser cuestionado, las

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propuestas participativas revivieron. Al final del gobierno de Herrera Campíns

(1979-1984), el Viernes Negro de febrero 19831, puso al descubierto un profun-

do desarreglo de la economía venezolana, que impactó negativamente el régi-

men político. Se incrementaron las protestas y se cuestionó el modelo de Estado

instaurado en Venezuela desde 1958 y los partidos políticos que eran el centro

de la vida política. Partidos de oposición, organizaciones sociales y personalida-

des de la vida pública exigieron en la campaña presidencial de 1983 una reforma

del Estado.

En 1986, el partido COPEI organizó en Caracas el Congreso Ideológico

Nacional para la Democracia Nueva Arístides Calvani (COPEI, 1987). Este Con-

greso fue presidido por el ex presidente Rafael Caldera estando en la Secretaría

de Formación y Doctrina Eduardo Fernández, futuro candidato presidencial del

partido. En la exposición de Fernández en el evento, se asumió que Venezuela

pasaba una crisis institucional y la forma de salir de ella necesariamente sería a

través de una nueva democracia. Esa democracia, volviendo a las ideas del cris-

tianismo comunitario, debería ser personalista (centrada no en el individuo sino

en la persona humana), solidaria, autogestionada y comunitaria. Entre los docu-

mentos aprobados en el Congreso figuró el Programa Político Básico de Largo

Plazo, que desarrolló con detalle los contenidos de esta nueva democracia, re-

apareciendo el principio participativo como elemento clave.

A más de tres lustros del debate inicial, el Programa Político había reto-

mado pero modificado la idea de la participación como clave para una transfor-

mación de la sociedad que defendieron los jóvenes Astronautas y Avanzados de

los sesenta. Se partía ahora de considerar a la Constitución de 1961 como legí-

tima y llena de bondades y no se planteaba sustituirla sino perfeccionarla con las

ideas socialcristianas derivadas de la doctrina social de la Iglesia. En lo político,

se criticó la insuficiencia de la participación a través de los partidos y la necesi-

dad de ampliarla en las regiones y municipios a través de la descentralización e

1 El 18 de febrero de 1983 el gobierno de Luis Herrera Campíns, en el contexto mundial signado

por la moratoria mexicana, y confrontado con una intensa fuga de capitales tuvo que cerrar el mercado cambiario y devaluar la moneda nacional, que había sido símbolo de la estabilidad y solidez de la economía venezolana.

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incluso llevarla al ámbito económico. El partido planteó la participación orgáni-

camente relacionada con la descentralización político-administrativa y la demo-

cratización económica. La participación debía sustentarse principalmente en so-

ciedades intermedias y en comunidades de base. El documento, que alude

muchísimas veces a la participación, a la justicia social, a la transformación de-

mocrática de la sociedad, considera el concepto de democracia como sustantivo.

Presagiando contenidos de documentos oficiales del primer gobierno de Chávez

sostenía que no sólo el Estado debe ser democrático sino también la sociedad

en todos sus ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales (COPEI, 1986).

La participación en el socialismo real y en el socialismo democrático

La influencia de las ideas marxistas en la formación del concepto partici-

pativo en la Venezuela del primer gobierno de Chávez, es menos claro. Más que

influencia teórica –un debate en torno al concepto- es en la creación de prácticas

participativas concretas donde la izquierda destaca y se enlaza con el pensa-

miento participativo cristiano. Prácticas como las asambleas, las mesas técnicas

y los consorcios sociales, que se implementaron o fueron apoyadas en alcaldías

gobernadas por el partido LCR en los años noventa, son antecedentes inmedia-

tos de algunas modalidades participativas que se impulsan como política nacio-

nal desde 1999 bajo el gobierno de Chávez. Algunos de sus activistas fueron

constituyentistas y desde ese espacio influyeron en los artículos de la Constitu-

ción de 1999.

Para la izquierda venezolana, la derrota de la lucha armada, que en los

años sesenta protagonizaron el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), produjo profundas tensiones in-

ternas, críticas, debates teóricos y divisiones. Las intensas discusiones estuvie-

ron centradas principalmente en criticar las características autoritarias de los

partidos comunistas, su sujeción a los intereses de la URSS, el modelo totalitario

de éste, la incapacidad de la izquierda nacional de entender las complejidades

específicas de la realidad venezolana, y cómo encontrar un modelo de socialis-

mo democrático (ver Petkoff, 1976, 1981, Moleiro, 2006, Maneiro, 1971). En

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esos debates se mantuvo la concepción muy marxista-leninista de la democracia

directa de las bases trabajadoras –tipo gobierno de los soviets- como el “verda-

dero” socialismo, pero la principal preocupación era encontrar ideas para crear

una estructura política alternativa a los partidos comunistas, que fuese plural y

democrático en su vida interna, como único medio de superar el partido autorita-

rio y con él, al socialismo real. En partidos como el Movimiento al Socialismo

(MAS) y La Causa R (LCR), que se constituyen en la década de los setenta co-

mo escisiones del PCV, la idea de cómo construir una organización política hori-

zontal, abierta al pensamiento y al debate, y en contacto con los movimientos

sociales fue su mayor preocupación. Alfredo Maneiro, fundador de LCR, buscar-

ía una estructura política que fuera un “movimiento de movimientos”, donde los

cuadros fuesen activistas sociales y las estructuras completamente informales y

flexibles, capaces de replicar la frescura, dinámica y el liderazgo del movimiento

popular (López Maya, 1994). Igualmente, LCR buscó impulsar movimientos ur-

banos en ciudades como Caracas y Puerto Ordaz, donde su presencia en orga-

nizaciones de pobladores y sindicatos era fuerte, reconociendo el potencial de

nuevos actores, además del tradicional movimiento sindical, como portadores de

los cambios revolucionarios que propugnaba.

Teodoro Petkoff, fundador e ideólogo del partido MAS, reconoció las bon-

dades de algunos principios e instituciones liberales como el sufragio, los dere-

chos civiles y políticos, la división y autonomía de los poderes como bienes de-

mocráticos adquiridos por la humanidad y no simples demandas del “capitalismo

burgués” como se sostenía en los convencionales enfoques marxistas (1976).

Cuestionó el sesgo obrerista de los partidos comunistas latinoamericanos, pro-

nunciándose por un socialismo para Venezuela sostenido por una alianza socio-

política de sectores obreros y capas medias. Petkoff afirmó que la única manera

de que podía alcanzarse un socialismo democrático era que en el seno del parti-

do hubiera democracia, tolerancia a las distintas ideas y tendencias. Diría que no

se puede postergar la democracia para después, ni se puede supeditar los me-

dios a los fines. Y que la democracia interna significa romper con las relaciones

verticales entre los miembros del movimiento para abrir cauce a la circulación

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horizontal de ideas, a la interacción de los grupos, al debate real y no una farsa

manipulada como se daba en los partidos comunistas. Las “células” comunistas,

sostuvo, promueven el verticalismo y acaban con la posibilidad de disidencia.

Ni el MAS, ni LCR plantearon como lo hizo el pensamiento católico a la

participación como un método clave de democratización, porque en cierta mane-

ra lo daban por supuesto, dentro de la tradición marxista que consideraba la de-

mocracia directa como la verdadera democracia. Petkoff planteó en su Proceso

a la Izquierda (1976), que el poder socialista para ser democrático debía apoyar-

se en una vastísima red de organismos de poder popular, creada a partir de las

empresas mismas y de las demás instituciones sociales; los órganos de los tra-

bajadores deben ser elegidos por ellos mismos a partir de las empresas y demás

células de la vida social, siguiendo con las ramas de actividad industriales e ins-

titucionales, y de sectores económicos y sociales, para que sobre esta base se

levante "la pirámide de la estructura institucional y organizativa del país." (p.

151-152). Sostuvo que con la red de organismos del poder popular y la planifica-

ción socialista convergería la planificación desde abajo con la visión que se tiene

desde arriba. También sostuvo que el autogobierno –la aspiración del socialis-

mo- implicaba un sostenido proceso educativo y de socialización de los valores

que le son propios. Moleiro, líder del MIR, por su parte, planteó en línea parecida

a Petkoff, que la reformulación del socialismo debía incorporar la diversidad y el

pluralismo (2006: 93).

Resulta interesante destacar que en 1985, en la Tesis Política aprobada

en la X Conferencia Nacional del MIR se asentó la necesidad de crear una am-

plia alianza de fuerzas partidarias del socialismo revolucionario, dándole aten-

ción preferencial a los cristianos revolucionarios, en razón de su relevancia en

América Latina y por su "sustento teórico-filosófico, aunado a desarrollos concre-

tos, que le otorga al cristianismo revolucionario latinoamericano vigencia y per-

manencia como fenómeno social a largo plazo" (MIR, 1986: 2). Junto a esta

afirmación, apareció en la Tesis por vez primera el principio participativo. En el

capítulo referido a cómo entiende el MIR el socialismo, se dice que es un "orden

genuinamente democrático y participativo", lo que no había aparecido en el do-

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cumento de Tesis Política de la Conferencia anterior celebrada en 1982, reve-

lando la asimilación de esta idea de origen católico. Sí se repite, no obstante,

algo dicho entonces: la deseabilidad de una nueva democracia representativa,

que articule órganos de democracia directa con otros de democracia indirecta,

"articulación de formas participativas que permitirán el ejercicio posible de un

gobierno de los trabajadores" (p. 6-7). Posiblemente bajo la influencia del debate

del socialismo democrático europeo (Poulantzas, 1979), en el año 85 también se

incorporaron en el análisis categorías de Gramsci, y se expresó la necesidad de

obtener para el cambio revolucionario el favor de la mayoría de la sociedad civil

(MIR, 1982 y 1985).

Aunque pudiera no haber sido muy importante para activistas sociales,

que siguieron principalmente el pensamiento social de la Iglesia Católica en

cuanto al concepto de participación, o las ideas de democracia directa del

marxismo clásico, vale la pena señalar que desde los inicios de los ochenta el

debate venezolano sobre participación también está influido por pensadores so-

cialistas democráticos como Nikos Poulantzas, quien en Estado Poder y Socia-

lismo (1979), hizo el primer esfuerzo serio por construir una teoría participativa

democrática del socialismo (Vergara, 1998).

Poulantzas rebatiría la idea de Lenin de que para construir un socialismo

democrático basta con seguir la tradición autogestionaria y de democracia dire-

cta. Sostuvo que esa visión de la pura democracia directa partía de ver al Estado

como algo externo y homogéneo al que hay que asaltar y destruir en bloque pa-

ra reemplazarlo por otro, por los soviets, que consideraba ya la verdadera de-

mocracia, que era la directa de base con mandato imperativo y revocable. Por el

contrario, sostuvo, el Estado es algo complejo y como lo había planteado Rosa

de Luxemburgo, el apoyo exclusivo de Lenin a la democracia directa, secó la sa-

via de la democracia en la URSS y facilitó el triunfo del estatismo y su burocra-

cia. De allí al Estado totalitario de Stalin sólo había un paso: el reemplazo de los

soviets por el Partido Único.

Para Poulantzas la óptica de Lenin revelaba una visión simplista del Esta-

do. Por el contrario, éste es algo complejo y contradictorio, desgarrado por inter-

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eses diversos, es una condensación de las relaciones de fuerza de una sociedad

en un momento determinado. Como estrategia política Poulantzas plantea pene-

trar y transformar los aparatos del Estado en una larga marcha o transición al

socialismo, donde las masas van ganado espacios para la democracia socialista.

El dilema a superar, según Poulantzas, sería salir tanto del modelo que se

centra en democracia representativa que lleva al parlamentarismo liberal o al es-

tatismo socialdemócrata; como del estatismo estalinista. Se trata de emprender

una transformación radical del Estado articulando la ampliación y profundización

de las instituciones de la democracia representativa y de las libertades (que fue-

ron conquistas de las masas) con el despliegue de las formas de la democracia

directa de base y el enjambre de los focos autogestionarios. Este sería una vía

democrática al socialismo.

Estas ideas, debates y desarrollos en la izquierda formaron parte de esa

amplia discusión sobre la democracia que se dio en Venezuela a mediados de

los años ochenta, estimulada por el proceso de reforma del Estado adelantado

por el presidente Jaime Lusinchi a partir de 1984 a través de la Comisión Presi-

dencial de Reforma del Estado (COPRE). Pero además de éstas, tuvieron lugar

otros debates procedentes de fuentes distintas.

Según Roland Denis (2006), durante la lucha armada de los años sesen-

ta, los grupos insurreccionales procedentes del PCV y MIR, incorporaron políti-

camente a sectores sociales que siempre fueron excluidos de la participación

política formal de la democracia representativa. Si bien numéricamente estos

grupos eran pequeños, Denis sostiene que en ellos se gestó una cultura política

de autoorganización y de radicalización de la lucha popular con programas de

liberación, e incluso con un lenguaje socialista. Al abandonarse la lucha guerrille-

ra, algunos de estos sectores se transformaron en movimientos urbanos, estu-

diantiles, campesinos y obreros que se convirtieron en agentes muy fuertes de

rebelión y subversión social en el país a lo largo de los años setenta y ochenta.

De estos movimientos procederían los movimientos de pobladores en ciudades

como Caracas en los años noventa, cuyos líderes comunitarios fueron formados

o eran cercanos a partidos como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV)

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del jefe guerrillero Douglas Bravo, o Bandera Roja de los también ex guerrilleros

Gabriel Puerta y Julio Escalona (Denis, entrevista, 2005). Según Denis, a inicios

de los años noventa estos grupos se vincularon con la insurgencia militar de

1992, que lideró Hugo Chávez. A diferencia del desarrollo dado por los grupos

de izquierda críticos a la lucha armada, en estos movimientos se mantuvo un

ideario libertario y participativo de democracia radical, que no desechó la vía vio-

lenta como medio para hacer la revolución en Venezuela. Ellos apoyaron la can-

didatura de Chávez en 1998 aspirando a una revolución bolivariana que cons-

truiría un Estado distinto. Los comités de tierra urbanos y rurales, los círculos bo-

livarianos vendrían, según Denis, de esta historia e incorporarían al movimiento

bolivariano un concepto participativo radical, de democracia directa.

Descentralización y participación en las propuestas de la COPRE

Una nueva etapa en el proceso de emergencia del concepto participativo

ocurrió a partir de diciembre de 1984, cuando el presidente Lusinchi, cumpliendo

su promesa electoral de buscar mediante reformas un “nuevo pacto social” que

remontara la crisis económica y profundizara la democracia creó la COPRE

(Gómez Calcaño y López Maya, 1990)2. Para conformarla designó políticos y

funcionarios públicos de las élites de entonces, dentro de un concepto pluralista,

que incluyó personas de distintas ópticas y parcialidades políticas, que orienta-

ron el mandato dado hacia un proceso de amplia consulta y debate con los di-

versos actores sociales y políticos del país. Como resultado, esta Comisión en-

tregó un consensuado diagnóstico de los males de la democracia venezolana,

poniendo sobre la mesa un conjunto de propuestas para cambios políticos, que

obtuvieron importante respaldo durante el proceso.

El diagnóstico elaborado señaló dos nudos de problemas interrelaciona-

dos que erosionaban la legitimidad de la democracia venezolana. Por una parte,

estaba el problema de su creciente incapacidad de satisfacer las expectativas de

justicia e igualdad social que había ofrecido. Pese a que el país había escapado

2 Esta parte está sustentada por el texto de Gómez Calcaño y López Maya (1990). Por ello las

citas serán mínimas referidas a nuevas referencias o cuando sea una cita textual.

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del ciclo autoritario que se había abierto en América Latina, la preocupación so-

bre la viabilidad del régimen a mediano plazo persistía, toda vez que se recono-

ció que las promesas de inclusión e igualdad no se cumplieron y las circunstan-

cias de crisis económica que se vivía agudizaban la desigualdad. Por otra parte,

se dio desde 1958 una creciente concentración de poder en el sistema político,

que puso en manos de los partidos políticos el monopolio no sólo de la represen-

tación, sino también de la participación política (Combellas, 1985). En conexión

con esto último, si bien en lo formal la Constitución de 1961 mantenía el esque-

ma federal decimonónico, los procesos político-administrativos reales habían

conducido a una mayor concentración de recursos y atribuciones en el nivel na-

cional, y especialmente en el Ejecutivo, sobre el cual los mecanismos de control

legislativo eran débiles. Esto se había acentuado con el crecimiento del sector

público productivo y financiero, formalmente "descentralizado" pero de hecho

dependiente directamente del Presidente de la República y un grupo reducido de

ministros. Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de

Guayana (CVG) fueron puestos como ejemplos. En las regiones en las que es-

tos entes desarrollan sus actividades, se habían convertido en actores decisivos

para la dinámica socioeconómica, sobrepasando la capacidad política de otros

actores regionales o locales y debilitando su autonomía.

Al momento de las soluciones, se puso énfasis en propuestas que sacu-

dieran al régimen político y al sistema de partidos, entendiendo que irradiarían

de allí al resto del Estado promoviendo su transformación. Se reconoció que di-

chos cambios para ser efectivos debían además estar anclados en una trans-

formación social y estatal global. La COPRE presentó al Presidente y a la opi-

nión pública, a partir de mayo de 1986, una serie de documentos de reformas

políticas, que habían alcanzado un respaldo casi unánime por parte de los

miembros de la Comisión y un consenso apreciable entre los actores sociales y

políticos. En estas reformas, la descentralización del poder y la participación ciu-

dadana y de la sociedad civil, comenzaron a emerger como claves para la pro-

fundización democrática del Estado: “La democratización vertical y horizontal es

16

un principio estratégico en el proceso de reforma del Estado venezolano” (CO-

PRE, 1986a: 5).

La descentralización política administrativa propuesta reconoció a los mu-

nicipios como unidades primarias y autónomas de gobierno, con autoridades

electas por sufragio universal y secreto, creando por vez primera la figura del al-

calde municipal, y separando el ejecutivo y legislativos municipales hasta enton-

ces unidos en un sólo cuerpo de gobierno (1986 y 1987). También se propuso la

elección directa y secreta de los gobernadores por parte de las comunidades re-

gionales, pronunciándose por una paulatina y coordinada transferencia de facul-

tades y recursos del gobierno nacional hacia estos mandatarios estadales. Hasta

ese momento, si bien la Constitución de 1961 había asentado el principio federa-

tivo, éste no había sido activado por los gobiernos del bipartidismo, mantenién-

dose a los gobernadores como figuras nombradas y dependientes del Ejecutivo

Nacional, más precisamente del Presidente de la República. Otra propuesta fue

ir a un sistema electoral que acogiera el principio de la personalización del voto.

Se sugirió al Congreso un sistema uninominal en el nivel municipal y una combi-

nación de uninominal y lista en la elección de los cuerpos legislativos tanto re-

gionales como en el Congreso Nacional (COPRE 1986). Igualmente, se propuso

la necesidad de incorporar mecanismos de consulta directa como los referendos,

los cabildos abiertos, la participación de asociaciones civiles locales en la ges-

tión a ese nivel y la revocatoria de mandato para los concejales.

Una vez formuladas estas reformas políticas, el presidente Lusinchi y su

partido AD reaccionaron negativamente, sustrayéndoles el apoyo necesario para

ser aprobadas. Pero al final del período presidencial, gracias a una combinación

de factores entre los que destacaron la lucha sostenida y protagónica de movi-

mientos civiles a favor de las reformas, los apoyos a ellos por parte de partidos

de oposición y la campaña electoral de 1988, AD hubo de aceptar algunas. Se

aprobó la elección directa de los gobernadores en las últimas sesiones del Con-

greso saliente y con ese primer avance, en 1989, en el recién inaugurado go-

bierno de Carlos Andrés Pérez, se aprobaron otras reformas como las modifica-

ciones a la ley del Sufragio y una nueva Ley Orgánica del Régimen Municipal,

17

donde quedaron incorporadas las reformas propuestas. Gracias a estas nuevas

reglas políticas, partidos de izquierda como el MAS y LCR accedieron mediante

sus victorias en elecciones locales y regionales a espacios de gobierno y ensa-

yaron las primeras modalidades participativas para democratizar la gestión

pública como medio de profundizar la democracia.

El primer alcalde en ensayar modalidades de participación directa en la

gestión pública como cabildos abiertos y mesas técnicas fue Clemente Scotto,

electo por LCR en 1989 en la ciudad de Puerto Ordaz (Alcaldía de Caroní). Las

prácticas creadas en su gestión influenciarían de manera importante las formas

participativas desarrolladas tres años después por Aristóbulo Istúriz en la alcald-

ía de Caracas. Scotto se formó en las dos fuentes conceptuales de la democra-

cia participativa que hemos señalado, es decir, por una parte, su formación ini-

cial la obtuvo en el pensamiento católico progresista, pues frecuentó a Julio

González de la librería Nuevo Mundo y trabajó en la revista que éste publicaba.

Scotto, inclusive se inspiró en prácticas políticas católicas, como la del alcalde

La Pira de la ciudad de Florencia en Italia (Scotto, entrevista, 2009). Por otra

parte su militancia en LCR como abogado laboral del sindicalismo del movimien-

to Matancero de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), y sus largos intercambios de

ideas y discusiones dentro del partido con Maneiro sobre la importancia estraté-

gica para el cambio social de movimientos sociales urbanos pobres como los de

Puerto Ordaz, influenciaron la forma que adquirieron sus iniciativas participativas

para empoderar a los pobres. Istúriz llevaría esas prácticas a partir de 1992 al

municipio Libertador (Caracas), creando las primeras mesas técnicas de agua y

planteando la idea de los gobiernos parroquiales como profundización de la des-

centralización política.

Participación en la fallida reforma constitucional de 1989-1992

El último eslabón del proceso hacia la cristalización de la democracia par-

ticipativa y protagónica de la constitución de 1999 se dio con la creación por el

Congreso Nacional en junio de 1989 de una Comisión Bicameral Especial para

la revisión de la Constitución de 1961. Algunos han sostenido que dicha Comi-

18

sión fue impulsada por el Parlamento como resultado de la vasta revuelta popu-

lar ocurrida en febrero y marzo de ese año, conocida como el Caracazo, que

sumió al recién inaugurado segundo gobierno de Pérez en una profunda crisis

política (ver Peraza, 199?, Combellas, entrevista, 2008). Sin embargo, la Consti-

tución de 1961, ya había cumplido veinticinco años de vigencia y algunos habían

expresado ya con anterioridad al evento la necesidad de revisarla (Caldera, en-

trevista en Peraza, 199?). La iniciativa en todo caso provino del partido COPEI y

fue designado para presidirla el ex presidente y senador vitalicio Rafael Caldera,

quien además de ser abogado constitucionalista, había participado en la elabo-

ración de la Constitución de 1961 (López Maya y Gómez Calcaño, 1995)3.

El proceso de revisión y discusión de la Carta Magna que hizo la Comi-

sión Bicameral hasta 1992, fue planteado como parte de una normal transforma-

ción de las instituciones del Estado, y transcurrió en el espacio del Congreso, al

margen de la opinión y conocimiento del público (Kornblith, 1994: 2-3). Esto

cambió a partir del frustrado intento de golpe de Estado del 4 de febrero de

1992, cuando se abrió una aguda crisis política y con miras a superarla, adquirió

fuerza la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La

Comisión Bicameral y sus propuestas, pasaron inesperadamente al frente del

escenario, pensando actores políticos como AD y COPEI en la posibilidad de

transformar el proceso de enmiendas en uno mas profundo de reforma constitu-

cional, que obligaría a la convocatoria de un referendo popular, garantizando la

participación popular. La decisión de pasar a un procedimiento de reforma y no

de enmienda se tomó a inicios de marzo cuando el número de artículos por en-

mendar llegaba a cincuenta y cinco (Kornblith, 1994: 3-5; Aveledo, entrevista,

1995). El 20 de marzo, los artículos por reformar aumentaron a setenta. La

dinámica política desatada por el frustrado golpe produjo, entre muchos otros

efectos, la incorporación de propuestas cuyo objetivo era ampliar los canales de

democracia directa. Se incorporaron el principio de la participación como carac-

terística básica del Estado venezolano, la figura de la asamblea constituyente y

el referendo revocatorio. El principio de la participación fue incorporado por ini-

3 En lo que sigue tomamos extractos de esta ponencia y reducimos las referencias bibliográficas.

19

ciativa de la diputada Isolda Salvatierra, de la Comisión Permanente de Asuntos

Vecinales de la Cámara de Diputados (Actas de la Comisión Bicameral Especial,

1992).

A partir de su entrega para la discusión parlamentaria, comenzó un álgido

debate que se vería suspendido en septiembre de ese mismo año, cuando los

miembros del Senado consideraron que se había desvirtuado el sentido de la

reforma al haberse contaminado con la aguda crisis política del momento y por

evaluar que existía una alta probabilidad de rechazo popular de convocarse a un

referendo para su aprobación (Kornblith, 1994: 4). Para cuando se detuvo el de-

bate, el proyecto había pasado la primera discusión en las dos Cámaras y esta-

ba de nuevo en el Senado para segunda discusión. Llevaba 118 artículos refor-

mados.

En julio, poco antes de esta decisión de suspensión, y en estrecha co-

nexión con la misma, durante la primera discusión en Diputados, el proyecto en-

contró un serio escollo para su aprobación en la oposición frontal que le hicieron

los dueños de los medios de comunicación a las modificaciones introducidas por

dicha Cámara a los artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión.

Los diputados habían incorporado el derecho a la rectificación (más conocido

como el derecho a la réplica), en las mismas condiciones de ubicación y espacio

y/o tiempo que la información a rectificar. También habían añadido al proyecto

una regulación contra monopolio en los medios, que no permitía a un particular

tener directa, indirecta o por persona interpuesta, la propiedad o el uso de más

de un medio de comunicación. Esto desencadenó una protesta masiva de los

dueños de los medios, quienes amenazaron con apoyar el "no" en el necesario

referendo para la aprobación de la reforma, arriesgándose con ello al fracaso del

proceso en su etapa final4.

4 Esta vicisitud puede seguirse en los diversos diarios en los días siguientes al 1 de julio de

1992, cuando se produjo la aprobación en la Cámara de Diputados de los artículos en cuestión. Los dueños manifestaron que esta redacción era absurda y sólo se explicaba por el resentimien-to de los congresistas hacia los medios de comunicación por las duras críticas que venían reci-biendo por éstos en el transcurso de la crisis política. En las entrevistas que hiciéramos en 1995, un dueño de medio impreso (Otero, entrevista, 1995), aseguró que era una venganza de los polí-ticos por una columna de denuncia que salía semanalmente por su periódico, mientras que un

20

Simultáneamente a esta discusión parlamentaria, se desarrollaba extra

Congreso la alternativa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Esta propuesta estaba más centrada en buscar una salida a la crisis política en

desarrollo, difiriendo para las deliberaciones de dicha asamblea la finalidad de

perfeccionar las instituciones democráticas, objetivo principal de la discusión del

proyecto de la Comisión Bicameral. La propuesta de Constituyente obedecía a

una óptica distinta de la crisis política, más radical en su diagnóstico, esperán-

dose a través de esta vía relegitimar el sistema político y renovar su élite. Si bien

fue planteada inicialmente por Eduardo Fernández de las filas de COPEI, y utili-

zada en medio de la crisis política por el mismo presidente Pérez, fueron más

sinceros en su convicción por ella organizaciones sociales como el Frente Pa-

triótico, el Centro Gumilla, el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP) y

organizaciones políticas de poca fuerza en ese momento como LCR y Factor

Democrático (SIC, 1994; Arconada, 1992; Müller Rojas, entrevista, 1995). La

propuesta de una Constituyente si bien adquirió fuerza, no llegó a prosperar; en-

tre otros motivos, porque tuvo escaso apoyo por parte de los partidos fundamen-

tales, le faltaron los acuerdos y/o las cohesiones necesarias entre las distintas

fuerzas que la propugnaron en relación a sus características, objetivos y vías pa-

ra hacerla posible; y no existieron proyectos de Constitución por parte de los

proponentes. Tuvo también obstáculos de orden jurídico, puesto que esta figura

no estaba contemplada en la Constitución. El debate, sin embargo, abrió por

primera vez un proceso de cuestionamiento a la legitimidad de la Constitución de

1961, fenómeno que hasta entonces apenas existía.

Durante 1993, el proceso de reforma constitucional se mantuvo paraliza-

do, ya que se alcanzó un alivio relativo de las tensiones políticas a través de

otros canales: los procesos comiciales de diciembre de 1992 (locales y regiona-

les), la destitución presidente Pérez en mayo de 1993 y las elecciones presiden-

ciales de fines de ese año. Con la victoria de Caldera en diciembre se retomó el

proceso de reforma, pues entre sus promesas electorales él había ofrecido con-

político reconoció que había gran exaltación ese día en la Cámara y que en general los diputa-dos sentían que los medios los estaban tratando de modo muy injusto (Aveledo, 1995).

21

cretar las aspiraciones expresadas de mil maneras por actores sociopolíticos y

multitudes en las calles. Nombró al politólogo Ricardo Combellas, quien había

trabajado como asesor de la Comisión Bicameral, como ministro de la COPRE.

Hacia junio de 1994 el gobierno consiguió un acuerdo inicial con AD y

COPEI, que permitió reactivar la labor parlamentaria sobre la reforma constitu-

cional. Se acordó recorrer de nuevo todas las instancias de deliberación del

Congreso para lograr su aprobación, a cambio de la solicitud por parte del parti-

do del gobierno, Convergencia, de tomar como base de la discusión el proyecto

presentado por la Bicameral en marzo de 1992 (Kornblith, 1994: 14-15). En fe-

brero de 1995 la Comisión del Senado designada para iniciar la discusión convi-

no en crear de su seno una subcomisión conformada por cinco miembros repre-

sentantes de las cinco fuerzas políticas más importantes: AD, COPEI, MAS,

Convergencia y LCR (Montilla, 1995; Celis, 1995). Sin embargo, en este segun-

do período de Caldera, las dificultades surgidas de la crisis bancaria y económi-

ca, y la alianza informal del gobierno con AD, debilitaron la voluntad política del

Presidente por cumplir su promesa de reforma. Los partidos, por otra parte, no

lograban ponerse de acuerdo, y un actor clave, los medios de comunicación no

estaban interesados. Fue este frustrado esfuerzo uno de las tantos elementos

que contribuyó a la profunda insatisfacción de los venezolanos con el gobierno

de Caldera, y contribuyó a crear las bases para la inclinación del voto popular en

diciembre de 1998 a favor de Hugo Chávez Frías y su plataforma política, el Po-

lo Patriótico.

Chávez, el principal líder del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200,

responsable junto con sus colegas militares del frustrado golpe de Estado del 4

de febrero de 1992, abrazó tempranamente el llamado a Asamblea Nacional

Constituyente hecho por actores sociales como el Centro Gumilla y el Frente Pa-

triótico. Adicionalmente, prometió acabar definitivamente con las elites políticas

que por dos décadas se habían mostrado incapaces de remontar la crisis.

Chávez tomo posesión el 2 de febrero de 1999 como Presidente de Venezuela y

al hacer su juramento sobre la Constitución de 1961, para consternación del

presidente Caldera y los políticos ahí presentes, dijo jurar sobre “esta moribunda

22

Constitución”. Inmediatamente convocó a referendo para abrir cauce a un proce-

so nacional constituyente (ver López Maya y Lander, 2000).

En las semanas entre la victoria electoral y la toma de posesión, Chávez

conformó un equipo de personas para que lo asesoraran en la búsqueda de abrir

un proceso constituyente. Ricardo Combellas, ministro de la COPRE con Calde-

ra, fue incorporado con lo cual la labor de dicha Comisión tuvo cierta continui-

dad. También se incorporaron otras figuras públicas y/o abogados de derecho

constitucional como Carlos Escarrá, Jorge Olavarría, Oswaldo Álvarez Paz, Ja-

vier Elechiguerra, Angela Zago, Ernesto Mayz Vallenilla, Manuel Quijada, Tarek

William Saab. El equipo era de composición políticamente plural y según Com-

bellas, Chávez asistió todos los días a las deliberaciones (Entrevista, 2008).

Posteriormente, para la elaboración del proyecto de texto constitucional que el

Presidente presentó a la Asamblea, la comisión se redujo a Combellas, Escarrá,

Vallenilla y Saab. Por ello, la nueva Carta Magna aprobada en 1999 tiene víncu-

los directos con la reforma intentada la década anterior, particularmente, en sus

contenidos referidos al concepto de la participación.

Conclusión

El principio de la participación como uno de los orientadores de la forma

del Estado venezolano en su nueva etapa a partir de la Constitución de 1999,

fue el resultado de un proceso sociopolítico relativamente largo, que se inició

poco tiempo después de aprobada la Constitución en 1961. Surgió ante las debi-

lidades que actores políticos identificaron tempranamente en el funcionamiento

de los partidos como exclusivos canales de la mediación y representación de los

intereses de la sociedad. Su fuente de inspiración mayor provino de la doctrina

social de la Iglesia, particularmente la que se desarrolló después de Concilio Va-

ticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Son los filósofos católicos con

sus ideas de una sociedad comunitaria y su rechazo al individualismo liberal y

aún al capitalismo, quienes pusieron las bases para que en el correr de las

décadas se alzara una cultura política nacional desconfiada de instituciones de

23

la democracia liberal y propensa a ideas de democracia directa donde la partici-

pación sería actividad colectiva central.

El concepto de la participación en el pensamiento católico influenció de

manera importante al partido socialcristiano COPEI, padre en Venezuela del

concepto de la democracia participativa. En una fecha tan temprana como 1972,

ya algunos dirigentes como Herrera Campins consideraban que la participación

a través de los partidos era insuficiente y debía introducirse mecanismos de par-

ticipación directa para dar con un modelo político participativo, solidario y huma-

nista, entre otros atributos.

Pero las discusiones en el seno de COPEI en los años sesenta o setenta,

y durante el proceso de reforma del Estado de los ochenta no pasaron de allí. En

la práctica este partido no fue importante para extender o socializar la idea de la

democracia participativa entre los venezolanos, especialmente en las capas po-

pulares. La Iglesia, o mejor dicho, algunas órdenes religiosas sí lo fueron. Las

prácticas de participación se fueron extendiendo a diversas actividades en los

barrios populares impulsadas por las ordenes jesuitas, salesianos, lasallistas y

sobre todo activistas sociales formados en escuelas, liceos, universidades y ta-

lleres católicos. Las enseñanzas de Paulo Freire, el estímulo a las cooperativas,

la creación de círculos de estudios, el trabajo social en los barrios guiados por

esa idea de la opción por los pobres, se hicieron utilizando el método participati-

vo considerado democrático y preparatorio de esa comunidad cristiana ideal que

anhelaban sectores y jóvenes católicos, muchos de los cuales terminaron

acercándose a partidos y organizaciones marxistas, compartiendo con esta co-

rriente de pensamiento este valor de la participación como la genuina democra-

cia capaz de crear inclusión, igualdad y justicia social. Ambas corrientes de

pensamiento compartían un rechazo profundo a las ideas e instituciones del libe-

ralismo.

El principio participativo encontró años después acomodos menos radica-

les entre los dirigentes de COPEI, que fueron reconociendo bondades al capita-

lismo y a las instituciones de la democracia liberal y abogaron durante el proceso

de reforma del Estado por la inclusión de mecanismos de democracia directa

24

como medio capaz de mejorar la calidad de la democracia venezolana que con-

sideraban positivamente. Una mayor participación del ciudadano logró en el de-

bate institucional de la COPRE a instancias de COPEI ser reconocido como

elemento valioso en los cambios de las formas y estructuras del Estado venezo-

lano. En las propuestas presentadas al presidente Lusinchi en 1986 aparecen ya

propuestas de referendo y descentralización política, ambas vinculadas entre sí

para acercar el poder al ciudadano común. Allí comenzó su camino la participa-

ción hasta consagrarse como principio orientador del estado en la Constitución

de 1999.

Las prácticas e ideas católicas progresistas convergieron con principios

del socialismo, propugnados por el PCV y otras organizaciones políticas marxis-

tas. En estos grupos el debate no estuvo centrado en el concepto de participa-

ción sino más bien en ideas para hacer un cambio social profundo o una revolu-

ción e implantar la genuina sociedad socialista con sus consejos populares ac-

tuando en democracia directa. En la izquierda venezolana pos años sesenta, in-

fluyó mucho la experiencia de la derrota recibida en manos de la democracia re-

presentativa a la hora de definir sus temas de debate y estrategias políticas. Al-

gunos mantuvieron sus convicciones de buscar una sociedad socialista de de-

mocracia consejista, y se mantuvieron dentro de una relativa ortodoxia marxista.

En las corrientes de izquierda más radicales, representadas por movimientos

populares relacionados con partidos que como el PRV o Bandera Roja nunca

abjuraron de la lucha armada, el principio participativo formó parte de su con-

cepción libertaria y no influirá sobre el concepto participativo de la Constitución

de 1999 sino años después, cuando el presidente Chávez gire hacia un modelo

socialista del siglo XXI. En contraste, en otros grupos de izquierda, de la derrota

emergió una preocupación muy grande por democratizar sus organizaciones

políticas, antes moldeadas por el esquema vertical y autoritario del partido co-

munista ideado por Lenin para la Unión Soviética. Buscaron así mismo modelos

de sociedad alternativos a los socialismos reales. Entre los partidos de izquierda

que se originaron en la fragmentación del PCV y buscaron alternativas creativas

y democráticas se encuentran LCR y el MAS, que en los años noventa centraron

25

sus esfuerzos en democratizar al Estado venezolano a través de los principios

de la descentralización y la participación, entendidas como principios comple-

mentarios a los ya expuestos en la Constitución de 1961., que abrirían el siste-

ma político venezolano a una transformación profunda.

Clemente Scotto del partido LCR, el primer alcalde en desarrollar de ma-

nera sostenida formas participativas en la gestión pública local del municipio Ca-

roní del estado Bolívar, ilustra la simbiosis que se produjo en el proceso socio-

político de tres décadas entre grupos de distintos orígenes y experiencias. La

formación inicial de Scotto es católica, se formó con González en la librería y re-

vista Nuevo Mundo. Su militancia primero es de COPEI, pero después es

marxista, formando parte de LCR, luego del Patria Para Todos (PPT), organiza-

ción política que apoyará la candidatura de Chávez en la campaña presidencial

de 1998 como parte de la plataforma política llamada Polo Patriótico. En 2007

deja al PPT para incorporarse al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)

del presidente Chávez. Sus ideas del trabajo político se nutren provienen sobre

todo de los filósofos franceses católicos, pero también están marcadas por el

debate de la izquierda de los sesenta y setenta dentro del grupo liderado por Al-

fredo Maneiro, quien colocó a los movimientos populares y sus prácticas como

protagonistas principales del cambio social. Scotto combinó descentralización

con participación comunitaria directa en la gestión pública en sus gestiones co-

mo alcalde de Puerto Ordaz. Su partido LCR creció gracias a ellos en la década

del noventa y las propuestas de democratizar la democracia a través del “go-

bierno con la gente” fueron constituyéndose en el primer ladrillo de un proyecto

alternativo de sociedad. Para fines del siglo XX la participación como concepto

transformador de la democracia había alcanzado un amplio apoyo, pudiera de-

cirse que un consenso, que la Constitución de 1999 cristalizó institucionalmente.

Hugo Chávez Frías y su Movimiento Bolivariano 200 se adhirieron a estos

postulados expresando en la campaña presidencial de 1999 el consenso alcan-

zado por esta propuesta al ofrecer, de ganar un proceso constituyente para ela-

borar una nueva Carta Magna que incorporaría la democracia participativa. Co-

mo se sabe, ganaron con el 56,4% del voto popular. Concretaron la aspiración

26

en la Constitución de 1999 cambiando la democracia representativa por una par-

ticipativa y protagónica. Este logro es uno de los pilares que sostiene la legitimi-

dad de que ha gozado el Presidente y sus aliados, y constituye una de las más

importantes fortalezas del primer gobierno del presidente Chávez.

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