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MI IDEARIO LIBERAL Cecilia López Montaño

Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.

Nelson Mandela Ushuaia, 1998

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1ª edición: julio de 2009

© Cecilia López Montaño, 2009 [email protected]

© Editorial La Oveja Negra Ltda., 2009 [email protected] Cra. 14 Nº 79 - 17 Bogotá, Colombia

ISBN: 978-958-06-11xx-x

Preparación editorial: José Gabriel Ortiz Abella

Impreso por Impreso en Colombia - Printed in Colombia

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AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS

Deseo expresar mis agradecimientos a quienes, desde diversas perspectivas, me ofrecieron su desinteresada colaboración en la elaboración de este libro.

A Mauricio Cabrera, por la discusión sobre el contenido y la estructura del libro. A Elizabeth Ungar, por la revisión detallada de los capítulos I al IV. A Antonio Hernández Gamarra, cuya sugerencia sobre la importancia del problema del narcotráfico fue determinante en la inclusión de ese capítulo. A los integrantes de mi Unidad Técnica Legislativa en el Senado, así como al equipo de mi campaña, por el intenso debate que promovieron acerca de las propuestas, que fue definitivo para llegar a la versión final de ese capítulo. A María Claudia, mi hija, por el toque humano que le dio a las reflexiones finales. A Carlos Alberto García y a mi equipo por su paciente trabajo de edición y revisión de textos. Finalmente, al Partido Liberal y a José Noé Ríos en particular, por su contribución a la financiación de la publicación de este libro.

No podría dejar de agradecerle a todos aquellos que destinaron su precioso tiempo a debates sobre temas específicos que alimentaron los análisis que se incluyen en el libro, y fundamentalmente, las propuestas. Imposible mencionarlos a todos, pero entre ellos se cuentan selectos grupos de economistas, médicos, ambientalistas, politólogos, estudiosos de la violencia, empresarios, jóvenes, mujeres, y líderes de distintas vertientes políticas.

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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................... 1

UNA POLÍTICA RENOVADA ............................................................... 6

I. LA POLÍTICA SÍ IMPORTA............................................................................. 6

II. LOS PRINCIPIOS DEL LIBERALISMO .......................................................... 13

II.a. Liberalismo político y liberalismo económico ............................... 14 II.b. El bienestar de la población, derechos económicos y sociales ..... 16 II.c. Estado y mercado .......................................................................... 18 II.d. Las funciones del estado: provisión, vigilancia y regulación ......... 19 II.e. Progresividad ................................................................................ 19 II.f. Demanda interna .......................................................................... 21 II.g. Bienes públicos ............................................................................. 22

III. PROPUESTAS MÁS QUE POSICIONES ...................................................... 26

LA AGENDA DEL DESARROLLO ....................................................... 28

DE NUEVO EL ESTADO ................................................................... 41

EL RESTO DEL MUNDO TAMBIÉN IMPORTA .................................... 53

NARCOTRÁFICO: UN PROBLEMA DE FONDO ................................... 63

EL MODELO URIBE ......................................................................... 75

I. LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO URIBE ............................................. 79

I.a. Foco Del Modelo: Las Farc Y La Seguridad Democrática ............... 79 I.b. El Estado........................................................................................ 81 I.c. La Política ..................................................................................... 84 I.d. Descentralización .......................................................................... 84 I.e. Política Económica Y Confianza Inversionista ............................... 85 I.f. Política Social Y Cohesión Social ................................................... 87

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II. REFLEXIÓN FINAL .................................................................................... 91

LA HORA DE LOS DERECHOS .......................................................... 93

I. FOCO DE LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA: LOS DERECHOS ................... 95

II. LOS CUATRO PILARES DE LA PROPUESTA ................................................ 98

II.a. Seguridad con derechos ............................................................... 99 II.b. Economía con derechos .............................................................. 103 II.c. Política social con derechos ....................................................... 107 II.d. Ética y responsabilidad ciudadana .............................................. 111 II.e. Temas transversal ....................................................................... 115

LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA COMO META ............................... 121

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................. i

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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Este año 2009 es crucial para el futuro de Colombia, dado el complejo escenario que se evidencia tanto dentro del país como en el resto del mundo. La crisis financiera mundial lejos de resolverse se profundiza, no se vislumbra una rápida salida, y empieza a tener serias repercusiones políticas, derribando y debilitando gobiernos. Es evidente que el modelo de política económica del libre mercado, de la desregularización, está siendo sustituido por uno que fue despreciado durante décadas, y en el cual el Estado vuelve a tomar ese papel de liderazgo que, en su momento, le otorgó Keynes. El desempleo, la pobreza y la desigualdad, se posicionan como las grandes preocupaciones mundiales y serán el centro de la política pública por presiones, no solo de los especialistas y conocedores del tema del desarrollo, sino de la misma sociedad.

A su vez, en Colombia ya es una realidad la profunda desaceleración de la economía, resultado de una combinación de políticas nacionales erradas y del impacto de la situación mundial. Se ha puesto en evidencia que se desaprovechó la bonanza que se vivió durante los últimos seis años porque no se utilizó para generar las transformaciones económicas y sociales que el país demanda. A esto se suman una paz esquiva, graves brotes de inseguridad ciudadana, y una lucha ineficaz contra el narcotráfico. Se agrega, de otro lado, el profundo viraje que sufrirá la política internacional de Estados Unidos —país con el cual Colombia tiene las relaciones más importantes—, lo que implicará un serio replanteamiento no solo de la agenda colombiana con el país del norte, sino una revisión de la política

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internacional, ampliamente criticada por muchos sectores del país.

Finalmente, y no menos importante, este año 2009 será el del verdadero balance de la política estrella del presente gobierno, la seguridad democrática. ¿Están suficientemente debilitadas las FARC para entrar exitosamente en un proceso de negociación política? ¿Ha surgido el neo-paramilitarismo, igualmente violento y narcotraficante? ¿El país va a tolerar todas las muestras de violación de los derechos humanos que son evidentes en muchas actuaciones de la Fuerza Pública? ¿Resistirán indefinidamente los colombianos el secuestro y el desplazamiento? Adicionalmente, llegó realmente la hora de replantear unas políticas antidrogas que tienen muy poco que mostrar. Las conclusiones del Informe que hace poco hizo público la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, conformada por tres ex presidentes de la región, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo van en esa misma dirección1

Se combinan muchas circunstancias de gran calado que exigen respuestas claras que deben ser objeto del debate político que ya se inició. Por ello, la campaña para llegar a la Presidencia de la República en el 2010 tiene que ser el debate electoral más importante de la historia colombiana reciente, y su esencia misma debe ser la discusión de diferentes propuestas planteadas desde diversas orillas ideológicas, en busca del norte perdido.

.

1 Comisión latinoamericana sobre drogas y democracia. Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma. Río de Janeiro, 2009.

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Muchos meses de reflexión, de consulta con muchos colombianos en el país y en el exterior, y de debates con colegas en el Congreso de la República, sumados a mi larga trayectoria pública, han sido la fuente de inspiración para las ideas que se desarrollan en este libro, y que son la base de mi campaña para alcanzar la Presidencia de la República. Algunos éxitos y muchas frustraciones me han llenado de experiencias que someto a la consideración de mis copartidarios y de todos aquellos colombianos y colombianas, que creen en la imperiosa necesidad de encontrar soluciones de fondo a los viejos y nuevos problemas que afectan a nuestra sociedad.

Bajo los principios liberales, que siempre han guiado mi vida, he elaborado mi propuesta Para construir un país de ciudadanos: «La hora de los derechos». Cuatro pilares la conforman: seguridad con derechos, economía con derechos, política social con derechos y ética y responsabilidad ciudadanas. Mi gran propuesta es que todas estas reformas tengan como centro a la gente para hacer realidad sus derechos fundamentales como ciudadanos y ciudadanas de este país. Esta es la gran oportunidad para que Colombia se convierta en un país en donde todos sus habitantes seamos ganadores.

Pero como el 2009 será el año de la política colombiana, antes de iniciar la discusión sobre cualquiera de los puntos planteados es necesario reflexionar sobre este difícil tema. El ejercicio de la política ha perdido su norte, no solo en Colombia sino en el mundo. Sin embargo, la solución no es prescindir de ella, como se ha tratado con resultados aún peores, sino transformarla, llevarla de nuevo a su original sentido, adecuándola a las

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demandas de la sociedad de hoy, globalizada, compleja, insatisfecha. En su libro The Audacity of Hope2, el Presidente Barack Obama, analiza la situación de la política norteamericana que, para sorpresa de muchos, tiene elementos en común con la forma como esta actividad se ejerce en Colombia. Afirma que: «una gran mayoría de los norteamericanos están exhaustos de ver cómo la política se ha vuelto una zona muerta, en que favorecen minorías ideológicas que tratan de imponer sus verdades absolutas»3

Suena familiar esta dolorosa descripción de la que debe ser la más noble de las profesiones. Sin duda, una nueva forma de ejercer la política acercándola a las necesidades de la gente, ha sido un factor determinante en la llegada al poder del Presidente Obama. Esta experiencia reciente es un punto de partida para orientar el debate electoral que avanza en Colombia: se debe replantear la forma como se ejerce la política en nuestro país. La propuesta que aquí se presenta a consideración del país, tiene como elemento central esta consideración.

.

La complejidad del momento que se vive, exige que en esta contienda electoral se dé un debate distinto al de las contiendas anteriores. Se deben demandar respuestas a los problemas de la población que no han sido resueltos, que se vienen acumulando a lo largo de los años, así como a los nuevos que surgen de una realidad internacional difícil y de una situación interna que no da más espera. ¿Será posible que en vez de la simple mecánica política, el centro de la campaña sea la confrontación de ideas,

2 Barack Obama. The Audacity of Hope. Crown Publishers, Inc, 2007, New York. 3 Ibíd., p. 26.

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de propuestas en medio de un clima democrático y pluralista, que no descalifique sino que escuche, que no rechace sino que evalúe?

Para contribuir a este tipo de discusión, este análisis pretende ser una mirada al futuro, que debe partir necesariamente de evaluaciones sobre lo logrado y lo pendiente, pero que no se reducirá a una revisión del pasado del cual todos somos responsables, por acción o por omisión. Espero contribuir, en la medida de mis limitaciones, a darle a Colombia un nuevo rumbo, más actual y más generoso, que le permita al país participar, de manera positiva, en la búsqueda de alternativas en estos momentos difíciles, para que pueda insertarse con éxito en el mundo global.

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UUNNAA PPOOLLÍÍTTIICCAA RREENNOOVVAADDAA

II.. LLAA PPOOLLÍÍTTIICCAA SSÍÍ IIMMPPOORRTTAA

Si alguna actividad ha perdido credibilidad en Colombia esa es precisamente la política. A sus vicios históricos como el clientelismo, la corrupción y las promesas no cumplidas, se ha unido ahora la parapolítica, una masiva vinculación de miembros del Congreso de la República con el paramilitarismo —protagonista de masacres horripilantes y con claros vínculos con el narcotráfico— la Yidispolítica, compra descarada de conciencias para lograr la reelección del señor presidente Uribe; y lo que se considera un fenómeno nuevo en el país: el populismo de Estado, que consiste en comprometer recursos fiscales para obtener apoyo a la gestión gubernamental. Pero estas penosas situaciones no son exclusivas de Colombia, y precisamente por ello, es fundamental conocer los debates que actualmente se están dando sobre este tema. Ante todo, y pese a estos aspectos negativos, es fundamental empezar a reconocer que la política sí importa. Por consiguiente, la tarea es compleja pero vital. Debe quedar claro, entonces, que no se trata de borrar la política del escenario público, sino de redefinirla, replantearla y oxigenarla para que cumpla su misión de conformar el escenario natural donde la sociedad resuelve sus contradicciones y donde las preocupaciones privadas se hacen públicas.

Uno de los análisis más relevantes sobre el tema lo hace el premio Nobel de economía, Paul Krugman, en su libro «La

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conciencia de un liberal»1. Publicado en 2007, antes de que estallara la crisis mundial, hoy sus análisis parecen más pertinentes que nunca, no solo para Estados Unidos, sino para aquellas economías en desarrollo con serios problemas políticos como Colombia. El autor hace una crítica severa a las estrategias seguidas por los Estados Unidos en los últimos 30 años, que según él, borraron los grandes logros sociales obtenidos en el periodo conocido como el New Deal. Ese período creó, conforme a sus palabras, «[…] fuertes valores democráticos y una prosperidad compartida»2. Lo más pertinente para el análisis de la situación actual en Colombia, es la importancia que Krugman le concede a la política como elemento fundamental para explicar las transformaciones de ese período positivo de la vida norteamericana. Señala cómo esta experiencia demuestra que «[…] una reforma política puede crear una distribución de ingreso más equitativa y en el proceso crear un clima más saludable de democracia»3

De otro lado, el hoy presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hace un análisis sobre la política en su país que, guardadas las debidas proporciones, parece tomado de la realidad colombiana. Lo primero que debe destacarse de tal ejercicio es que esa separación artificial que, en los círculos de poder de Colombia se establece entre el Gobierno y la política, claramente no tiene cabida en el pensamiento de Obama. En su libro The Audacity of Hope afirma: «Un gobierno que

.

1 Paul Krugman. The Conscience of a Liberal. New York, W.W. Norton & Company, Inc., 2007. 2 Ibíd., p. 266. 3 Ibíd., p. 39.

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verdaderamente sirva a los americanos requerirá una clase diferente de política…»4. Por desgracia, en Colombia nos hallamos lejos de esta concepción. Por el contrario, para muchos, y especialmente para el círculo de adeptos del Presidente de la República, todas las ejecutorias del gobierno son buenas y bien intencionadas, mientras que los reparos y las advertencias de origen político, sobre todo cuando provienen de los sectores de oposición, son malos en esencia y propósito y, por consiguiente, descalificados o minimizados. ¿Será esto posible? No parece porque la relación es obvia: « […] la única manera de ejercer poder y de gobernar los designios de los países es por medio de la política […]5. Más aún: «…todo gobierno democrático depende de la política, para poder ejercer autoridad y tomar decisiones en favor de los ciudadanos»6. La importancia de esta aclaración radica en que si Colombia quiere un gobierno que realmente responda a las necesidades de todos sus ciudadanos, necesita una política muy distinta a la que tiene hoy. Y continúa diciendo el Presidente Obama: «[…] esa política necesita reflejar nuestras vidas como las vivimos actualmente […]. Tiene que construirse desde lo mejor de nuestras tradiciones, y deberá tener en cuenta los aspectos oscuros de nuestro pasado»7

4 Barack Obama. The Audacity of Hope. Crown Publishers, Inc., 2007, New York., p. 25.

. Sobrarían las palabras para destacar la sabiduría contenida en esta reflexión.

5 Tomado de Wikipedia. 2009, Tomado de página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica 6 Obama. Óp. Cit., p. 40. 7Ibíd., p. 25

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Por lo anterior, es evidente que Colombia necesita abrir un amplio debate sobre el ejercicio de la política, su vital importancia y sus profundas fallas, y lo que es más importante aún, sobre la forma de transformarla para que sirva como fundamento de un buen gobierno y de la salud de la sociedad. De nuevo, el Presidente Obama lo muestra claramente al señalar que parte del distanciamiento de la población obedece a que la política dejó de ser una misión para convertirse en un negocio, cuyos debates son un espectáculo, que aleja a la gente8. Por ello, lo que se considera el gran problema en Estados Unidos es absolutamente pertinente para el caso colombiano: «[…] lo preocupante es que existe una gran brecha entre la magnitud de nuestros problemas, y la pequeñez de nuestra política»9

Para no dejar prosperar esa solución simplista de la despolitización que le haría mucho daño al país, el primer foco

. Pero lo grave es que en nuestro país es tal el desprecio por la política, que aquellos que la repudian por la forma como se ha venido ejerciendo, insisten en que las alternativas que se le presentan al ciudadano, son las de salirse de los partidos, hacer política por fuera de ellos, y crear otro tipo de organizaciones despolitizadas. Tampoco debe desestimarse que el mismo desprestigio al que ha llegado la actividad política en nuestros países le haya hecho perder credibilidad entre la gente, y haya conducido a que la función propositiva y de control de las colectividades tradicionales haya sido asumida por otras instituciones como las asociaciones patronales o los medios de comunicación.

8 Ibíd., p. 24. 9 Ibíd., p. 22.

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de atención debe ser los mismos partidos, que son sin duda, corresponsables de la falta de credibilidad de los ciudadanos en el ejercicio de esta noble actividad.

Los partidos políticos se pueden conceptualizar como una asociación voluntaria de individuos que comparten un conjunto de principios o valores plasmados en un proyecto común de política arquitectónica. Max Weber afirma que son: " […] formas de socialización que, descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de su asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales10

Más aún, como se reconoce ampliamente, es difícil hablar de democracia […] sin considerar a los partidos políticos

.

11

El gran reparo a los partidos políticos —y el Partido Liberal Colombiano, uno de los más antiguos de América Latina, no escapa de él— es el abandono de la ideología, definida por

. De ahí que no sea aventurado decir que estos deben entrar en un proceso de autocrítica que lleve a identificar sus falencias e iniciar el proceso de una verdadera transformación de la política.

10 Tomado de Wikipedia. 2009. Tomado de página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico 11 Tomado de Biblioteca Digital, 2009, Partidos políticos y democracia. Jaime García Gracia. Tomado de página web: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_democracia.htm#1

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Norberto Bobbio12 como «[…] un conjunto de ideas y valores concernientes al orden político cuya función es guiar los comportamientos políticos colectivos»13. No obstante, para muchos, a quienes no les falta razón, en el mundo actual del ejercicio de la política, las ideas han sido sustituidas por lo que llaman la realpolitik, que no es más que la capacidad de negociar votos y alianzas dentro de esa triste dinámica del ejercicio pragmático de la política. Para el ciudadano del común es difícil entonces, diferenciar a un partido de otro, porque el debate político no gira en torno a las ideas ni a su propia ideología. Y resulta, además, que esta carencia de ideología representa un alto costo para el bienestar de la sociedad. Los partidos, […] donde la ideología es irrelevante, terminan siendo tan irrelevantes como su irrelevante ideología14

12 Norberto Bobbio (

. Los críticos de la falta de ideología del Partido Liberal colombiano, platean que cuando el Partido Liberal eliminó toda concepción ideológica seria destruyó el legado de ese gran liberal que fue John Stuart Mill, cuya claridad tributaria en temas de equidad no ha podido aún ser superada. Eso explica el más que pobre desempeño del Partido en la reforma tributaria de 2004, cuyo contenido la acredita para entrar en la historia del más flagrante atropello a la

Turín, Italia, 18 de octubre de 1909 - 9 de enero de 2004), jurista, filósofo y politólogo italiano. Bobbio ha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y del socialismo, tratando de mostrar que quienes defienden ambas ideologías basan sus actividades en el respeto al orden constitucional y en el rechazo a los métodos antidemocráticos, incluyendo, como es obvio, el análisis y la crítica a la corrupción que ha caracterizado la vida política italiana de los últimos años y el terrorismo al que se opuso con energía durante las décadas de los años 1960 y 1970. 13 Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. Diccionario de política, Madrid, Siglo XXI, 1982, Passin. 14 Luis Carlos Valenzuela. Ideología decorativa. Manuscrito, Bogotá, 2007, p. 1.

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coherencia, la progresividad y la justicia social. Quienes se hacen llamar liberales en medio de sus enfrentamientos y rencillas por ver quién logra mayor figuración mediática olvidaron que uno de sus grandes representantes como lo fue Alfonso López Pumarejo, por medio de la Ley de Aparcería, realizó una de las reformas más radicales que haya vivido este país.15

Para quienes cuestionan al Partido Liberal, aquello que Rawls y Sen, los grandes liberales contemporáneos, denominan las condiciones básicas para alcanzar una situación de equidad, ha sido ignorado por los dirigentes de la colectividad, porque esta, en su praxis de realpolitik, ha considerado que es un tema menor. «Algunos dirán que es irrelevante el olvido de lo que representan un Ezequiel Rojas, un Florentino González o un Alfonso López, pues eso no es más que historia. (La historia, la negación de lo coyuntural y lo mediático). Menos valor práctico aún —aseveran los áulicos de la realpolitik— podrían tener las ideas decrépitas de un Hume, un Locke o un Mill. Según estos críticos, el problema es que « […] el espacio llamado a ser ocupado por estas ideas ha sido colmado por debates histriónicos y faranduleros de control político»

.

16

15 Ibíd.

. Duras críticas que ameritan serias reflexiones dentro del Liberalismo.

16 Ibíd., p. 2.

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IIII.. LLOOSS PPRRIINNCCIIPPIIOOSS DDEELL LLIIBBEERRAALLIISSMMOO1

En lugar de descalificar las críticas, algunas merecidas y otras inmerecidas, es necesario aceptar que existe un profundo descontento en las filas de antiguos y nuevos liberales que debe convertirse en estímulo para la construcción de ese Liberalismo del siglo XXI que tanto se requiere. Este propósito exige volver a su historia y recuperar sus principios, así como aquellos aspectos de sus ideas originales para que ellos, combinado con elementos nuevos, se correspondan con la realidad de este momento histórico. De esta manera será posible plantear la ideología de un liberalismo moderno. Es necesario entonces, regresar a esa idea que plantea que:

177

El liberalismo es aquella concepción ideológica cuya práctica estricta conduce a la construcción de una sociedad en la que todos y cada uno de sus miembros presentes tienen el derecho y la capacidad de un pleno desarrollo de su individualidad, constituyendo esto el ejercicio mismo de la libertad. El único límite a la acción individual lo constituye el derecho y la capacidad que tienen los demás de ejercer su propia individualidad18

17 Cecilia López, Luis Carlos Valenzuela y Mauricio Cabrera. «Si los liberales fueran liberales…» El Tiempo, Bogotá, 2006, p.1.

.

18 Ibíd., Passin.

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I.a. LIBERALISMO POLÍTICO Y LIBERALISMO ECONÓMICO19

La coherencia entre el liberalismo político y el liberalismo económico se logra al adicionarle al derecho a ejercer la individualidad, la capacidad de realizarla, de tal forma que esta capacidad pueda ser practicada por los miembros de la sociedad. El derecho a la individualidad es una falacia para quien subsiste por debajo de los umbrales de miseria, y se convierte en una burla, en una validación de los excesivos derechos de unos pocos. Al resaltar en la definición que estos derechos y estas capacidades deben ser asignadas a los miembros presentes se elimina la noción de ínter temporalidad que valida tácitamente la miseria de muchos hoy, en aras de posibilitar la ilusoria riqueza de todos, mañana. No es liberal la concepción de que para lograr el crecimiento de la economía y sostenerlo en el tiempo se requiera la aplicación de políticas previas que concentran el ingreso de tal forma que, con posterioridad, los beneficios del progreso puedan distribuirse. Bienestar, en términos liberales, es más justicia que riqueza.

Es necesario retomar la cita de los principios que rigieron el gobierno del presidente López Pumarejo:

[El Partido Liberal…] Seguirá luchando contra la inseguridad y contra los privilegios de todas las clases en busca de una igualdad de medios y oportunidades para que todo hombre pueda desarrollar su personalidad y su capacidad de servicio […]. El Partido entiende que en la época

19 Cecilia López, Mauricio Cabrera y Luis Carlos Valenzuela. Liberalismo y política económica: el empleo. Mimeo, 2005, p. 1.

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actual la libertad sólo se realiza cuando el hombre alcanza a satisfacer dentro de la vida social el conjunto de sus necesidades económicas y sociales, y que la democracia es y debe ser la expresión del auténtico gobierno de las mayorías productoras20

La igualdad plena o, mejor aún, la igualación plena, no es condición necesaria para un Estado liberal, en razón de que la heterogeneidad de lo individual no es coherente con la homogenización de la sociedad, práctica afín a los regímenes comunistas, definitivamente no liberales. El liberalismo iguala puntos de partida, no puntos de llegada. Mientras que bajo una concepción capitalista pura, el valor fundamental es el de la eficiencia, y en un régimen comunista es el de la igualdad, en la ideología liberal el valor esencial es el de la equidad, entendida como el acceso de todos a las condiciones básicas, económicas y políticas que permitan a cada ciudadano elegir, de acuerdo con su propia ética, las características de su desarrollo individual, su autonomía y su libertad.

.

Debe agregarse la importancia de incluir en forma transversal en toda la política pública la equidad de género, más aún, en un país como Colombia donde las mujeres han tenido un papel protagónico, sobre todo en su historia reciente. Hoy son más educadas en promedio que los hombres. Además, sin contar con el apoyo de la Iglesia o de sus compañeros lograron encauzar al país en la transición demográfica, un cambio en los patrones de reproducción que se ha traducido en una baja tasa de

20 Ibíd., p. 1.

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crecimiento de la población. Hoy, en casi todos los países, las mujeres son protagonistas de primera línea en el mercado laboral, así como en el desempeño de cargos de dirección que anteriormente les fueron vedados, tanto en el sector privado como en el público. En consecuencia, lo menos que las mujeres podríamos esperar es que nuestras especificidades sean tenidas en cuenta, que se reconozca nuestra contribución tanto a la economía de mercado como a la del cuidado, de manera que se logre avanzar en la superación de las desigualdades inexplicables entre hombres y mujeres, y que se respeten nuestros derechos. Lo anterior sería lo mínimo que la ideología liberal podría ofrecernos a las mujeres de este país.

I.b. EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Más en una sociedad liberal que en una sociedad puramente capitalista, términos que no necesariamente significan lo mismo, el Estado es el agente responsable de garantizar el acceso a las condiciones básicas. Los derechos fundamentales son su responsabilidad, aquellos que se expresan en la Constitución colombiana que, en su cuerpo fundamental, es una constitución de corte puramente liberal: liberal en lo económico y, lo que es más importante, liberal en lo social.

Cuando, como sucede en Colombia, la política y su ejercicio han perdido su norte, las primeras víctimas son los gobiernos y sus políticas públicas: se intenta minimizar su función, se subestiman sus estrategias, o peor aún, se manipulan para convertirlas en instrumentos eficientes para los buscadores de rentas que predominan en democracias débiles como la colombiana. Sin

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embargo, ante el fracaso de modelos que minimizaron la importancia del Estado, el momento actual ofrece innegables opciones para revalorizar las políticas públicas.

Las realidades económicas y sociales no se transforman por decisiones individuales, mucho menos, cuando la situación existente favorece a unas reducidas elites, cuya habilidad consiste en capturar tanto las rentas da la actividad económica, como el poder político y las mismas instituciones del Estado. Para cambiar este estado de cosas, se requieren respuestas políticas que se traduzcan en estrategias públicas en forma de servicios dispensados por el Estado. Con ellos, entre otros propósitos, se debe buscar proveer a los pobres, tanto de activos —educación, atención en salud, crédito, agua potable, electricidad, caminos…—, como de un entorno institucional apropiado, con una burocracia transparente y eficiente, una justicia operante y la protección de los derechos de propiedad.

Son las políticas públicas las únicas que pueden convertir lo que tenemos ahora, que ha probado ir en contra de los pobres, en un modelo económico y un patrón de desarrollo orientados hacia su beneficio. Tal como la entiende el liberalismo, la democracia es un sistema político en el cual la gente escoge a aquellos dirigentes que, lejos de representar posiciones personales, interpretan tipos de políticas públicas acordes con su ideología. Cada vez más, hace carrera la afirmación de que la verdadera limitación del desarrollo no es la carencia de recursos, sino la ausencia de claridad ideológica para ejecutar un programa donde primen los conceptos, por encima de los liderazgos mesiánicos. En esta línea de razonamiento, cuando los

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principios que rigen las políticas públicas no son claros, priman los intereses que responden a la elite que se adueña del Estado, si es este el gran protagonista, o del mercado, cuando se le otorga a este la función de asignación de los recursos. No debe olvidarse que, sin importar su origen, los buscadores de rentas, como los monopolios, son siempre perversos.

I.c. ESTADO Y MERCADO

La autonomía es condición necesaria para la existencia del mercado, y la equidad es requisito ineludible para la existencia de la autonomía. O sea, que sin equidad no hay mercado, entendiéndose este como el lugar donde todos los individuos de la sociedad expresan sus preferencias relativas, con lo cual se genera un sistema de precios que es el más eficiente ordenador de la producción. La eficiencia es, entonces, el resultado final. En otras palabras, la eficiencia está plenamente subordinada a la equidad y a la autonomía. Ahora bien, el Estado es esencial dentro de una concepción económica liberal. El mercado es relevante, simplemente relevante. El mercado no existe, y para horror del simplismo económico, el mercado no es nada más que una construcción del Estado. Primero, el Estado tiene que garantizar que hasta el último miembro de la sociedad sea potencialmente un demandante autónomo. Segundo, el Estado por medio de sus funciones de vigilancia y regulación, tiene que generar las condiciones de suministrar perfecta información, y generar los marcos regulatorios que impidan cualquier posición dominante que conduzca a ejercicios monopólicos. En conclusión, el mercado es una construcción del Estado. Y,

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contrario a lo que generalmente se plantea, sin Estado no hay mercado.

I.d. LAS FUNCIONES DEL ESTADO: PROVISIÓN, VIGILANCIA Y REGULACIÓN

Dentro de esta concepción, son tres las funciones esenciales del Estado. La primera es la de provisión, que en Colombia se ejerce principalmente por medio del presupuesto general de la nación y de las empresas industriales y comerciales del Estado. La segunda es la de vigilancia, ejercida por las superintendencias, y a la que le corresponde generar transparencia y minimizar los costos de transacción para hacer posible el funcionamiento del mercado. La tercera es la de regulación, o sea, la responsable de diseñar las normas que permitan una asignación de rentas igual a la que se originaría en una situación de competencia real.

Sin un Estado activo en la función de redistribución, tomaría siglos alcanzar una distribución del ingreso que permita a todos los ciudadanos contar con las condiciones básicas para ser autónomos. Sin un Estado activo los costos de transacción harían imposible que todo ciudadano sea un agente del mercado. Sin un Estado activo no habría regulación que simule las condiciones de un mercado. La competencia perfecta, aquello que los economistas llaman el mercado, es una sana anomalía originada en la vigilancia y en la regulación.

I.e. PROGRESIVIDAD

De acuerdo con su función de provisión, el Estado debe financiarse de forma progresiva. Es decir, los impuestos deben

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ser pagados por las personas y sociedades con mayores rentas y utilidades, para posteriormente asignar estos recursos, por medio del gasto, a los estratos de la sociedad en mayor desventaja económica.

En términos prácticos, la progresividad consiste en financiar con impuestos como el de renta —pagado por quienes mayores ingresos perciben—, gastos tales como la educación pública gratuita, a la que acceden casi exclusivamente los estratos de bajos ingresos. Esto lo complementa el salario o el medio de subsistencia de los más pobres por medio del cobro que hace el Estado por la prestación de sus servicios a quienes mayor plus valor obtienen de ellos. Es la forma mínima y menos drástica en que el Estado puede recomponer la distribución del ingreso, que determina la probabilidad de éxito de una persona, más en su origen que en sus acciones o sus méritos.

Si las condiciones de progresividad en el recaudo y progresividad en el gasto no se cumplen perfectamente, la posibilidad de construir una sociedad acorde con el ideario liberal es nula. Si el Partido quisiera actuar realmente en forma liberal, utilizaría una especie de prueba ácida de progresividad fiscal para efectos de determinar la validez o invalidez de las políticas. Con solo desmontar aquellos programas y estrategias cuya financiación no tiene carácter progresivo, o cuyo gasto no tiene ese mismo carácter o, tal como ocurre frecuentemente, cuya financiación y cuyo objeto de gasto son regresivos, este país habría realizado la más radical y pacífica revolución social que se pueda concebir. Probablemente, la más radical trasformación desde la

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«revolución en marcha», realizada en esa época en la que los liberales de Colombia todavía eran liberales.

La única forma de construir equidad —bienestar asociado a justicia— se halla en la puesta en marcha de políticas fiscales progresivas. En la medida en que esto no se convierta en el criterio principal para determinar la manera de voto de la colectividad liberal, es posible que se obtengan resultados como mayor crecimiento y mayor riqueza. Pero lo que con absoluta certeza no se obtendrá es una sociedad viable, con mayor justicia social e igualdad de oportunidades, y se habrá fracasado por completo en la persecución del ideario liberal. Nada, absolutamente nada, es más importante en términos de generación de empleo y de construcción de sociedad que tener plena claridad con respecto al concepto de progresividad, tanto en el ingreso como en el gasto.

I.f. DEMANDA INTERNA

Más pertinente y menos demagógico que la búsqueda de formulas mágicas de creación de empleo, sería que el Partido Liberal Colombiano se concentrara en garantizar la progresividad de las políticas públicas. En la medida en que eso se logre, no solo mejorará la situación de las clases sociales en condiciones económicas más críticas, sino que estos ciudadanos, cuyo porcentaje del ingreso destinado al consumo de lo básico es infinitamente superior al de los ricos, incrementarán su demanda, y esto validará la inversión adicional, lo que producirá mayor empleo, y daría así, comienzo al más simple de los círculos virtuosos.

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Pretender incrementar la demanda interna, que es lo realmente relevante en un país, con una deplorable distribución del ingreso es absolutamente imposible: los ricos, por ricos que sean, llegan a un límite en su capacidad para consumir. Pretender, por otra parte, que haya inversión donde no hay demanda es buscar lo imposible. De nuevo, sin equidad no hay mercado.

Por otra parte, buscar solucionar el déficit de demanda interna, asociado parcialmente a un problema de distribución del ingreso, mediante acceso a mercados externos, vía tratados de libre comercio, es bastante ineficiente en la medida en que en Colombia, la demanda interna explica cerca del 85% del Producto Interno Bruto. Pero, además, implica desconocer de la forma más flagrante, que el problema del mercado interno no es de tamaño, sino de mínima capacidad de consumo, asociada a una de las peores distribuciones de ingreso de América Latina.

Por su parte, los tratados de libre comercio están lejos de ser la solución y también distan mucho de ser el problema. Bien negociados, podrían constituir un positivo complemento de una política de expansión de la demanda interna que, en la medida en que se desarrolle por medio de una política fiscal progresiva, enfocada estrictamente a la provisión de bienes públicos, no tiene por qué causar desajustes macroeconómicos. Los equilibrios macroeconómicos, valga decirlo, son bienes públicos.

I.g. BIENES PÚBLICOS

El haber menospreciado las funciones de regulación y vigilancia que le corresponde desempeñar al Estado, en lugar de crear un mercado, ha llevado a sustituirlo pobremente cuando ofrece

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aquellos bienes que no tienen carácter estrictamente público, ni connotaciones redistributivas. Con esto se ha logrado llegar al peor de los mundos posibles, ya que ni se crea un mercado que permita que el Estado se especialice en una parte de la provisión y el mercado en otra; ni se tiene un control pleno sobre los medios de producción, por lo cual los impuestos que se cobran son —y siempre serán— insuficientes para cubrir todas las obligaciones que, en su teórica e ideológica confusión, se han asignado al Estado. Es así como se termina con un Estado con obligaciones de régimen comunista avanzado, pero con recursos de régimen capitalista incipiente.

Como consecuencia de esta confusión con respecto a la función de provisión del Estado, el país terminó con una educación a medias, con unos maestros mal capacitados y peor pagados aún, mientras que en la última década, se despilfarraron más de tres billones de dólares en subsidios a la gasolina, para solo dar un ejemplo. Cuán diferente sería hoy el país si estos recursos se hubiesen destinado a construir capital humano, que es el patrimonio por excelencia del 99% de los colombianos y el principal vehículo de movilidad social; tal vez el único.

Públicos son aquellos bienes como la justicia y la seguridad, que no pueden ser excluyentes en su consumo. En un Estado de incipiente desarrollo social como el colombiano, públicos son la educación y la salud de los más pobres, por la magnitud de las externalidades negativas asociadas al sub consumo de estos servicios a precios de mercado. Públicos, finalmente, son los subsidios requeridos para que todo individuo tenga una provisión mínima de servicios domiciliarios, particularmente lo

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correspondiente a agua potable y saneamiento básico, de tal forma que le dejen un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Son estos los bienes estrictamente públicos y de carácter redistributivo que permiten garantizar esas condiciones humanas básicas que, en un Estado liberal, permiten el digno ejercicio de la ciudadanía.

En síntesis, bienes públicos son los que debe proveer, vía oferta directa o por medio de subsidios a la demanda, un Estado que ha optado por una economía de mercado. La definición de qué es y qué no es un bien público está lejos de ser un problema semántico. Cada vez que el Estado utiliza sus restringidos recursos en bienes que no tienen este carácter, que no nos acercan a la provisión universal de aquellos bienes y servicios básicos que generan equidad en una sociedad, está perpetuando o, al menos prolongando innecesariamente, una condición de miseria que está originada estrictamente en el no acceso de todos los ciudadanos a unas condiciones básicas y dignas, que nada tienen que ver con aventuras empresariales o con derrotas del Estado frente a grupos de presión, llámense estos sindicatos públicos, floricultores o bananeros.

La función del Partido Liberal no puede ser, como lamentablemente lo ha sido en el pasado reciente, apoyar las prebendas de los grupos de presión que acceden legal pero injustificadamente a lo público. El Partido Liberal debe ser representante de una mayoría de este país que a punta del juego de alianzas individuales en un parlamento sin verdaderos partidos ha terminado por constituirse en eterna minoría en el

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proceso legislativo. Pocas instituciones existen con menos carácter representativo que una democracia sin partidos.

En la medida en que el Partido Liberal se imponga como tarea principal el garantizar la progresividad en la financiación y el gasto de bienes estrictamente públicos cumplirá una función social, cuyo impacto se hará evidente en muy corto plazo. La conclusión lógica es entonces que la colectividad tiene que centrarse en este objetivo y abandonar la ansiedad mediática del diario titular.

La oportunidad de hacer este giro es inmediata y con un gran impacto sobre la economía del país. Sin embargo, diversos intentos realizados en esta dirección en el país no han tenido éxito. Uno de estos casos se encuentra en el fracasado proyecto de reforma del estatuto orgánico del presupuesto, uno de cuyos artículos intentaba definir qué se entiende por gasto público social, precisión que resulta fundamental ya que este gasto tiene prioridad sobre cualquier otro, en especial ante coyunturas que demandan recortes al presupuesto.

Este artículo es un desarrollo del artículo 350 de la Constitución y es particularmente importante porque le define al Estado exactamente la función de provisión que le corresponde desempeñar y también es allí donde la Constitución le confiere más amplitud conceptual al legislativo. Una concentración de la agenda legislativa en la aplicación de este artículo y en la concienzuda formulación de una reforma tributaria coherente económicamente y progresiva socialmente, es el mayor aporte que un Partido Liberal renovado le podría prestar a la sociedad colombiana.

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IIIIII.. PPRROOPPUUEESSTTAASS MMÁÁSS QQUUEE PPOOSSIICCIIOONNEESS

El director del Partido, el ex Presidente César Gaviria, lo ha expresado claramente. En los últimos tiempos, el Partido ha tomado posiciones definidas en temas vitales para el país, como el desarrollo rural, los desplazados, las víctimas del conflicto armado y de los actores ilegales, el manejo económico, la descentralización y la situación fiscal, entre muchos otros. Pero ahora necesita generar propuestas. Este es el tema vital: a partir de los principios liberales, tomando en consideración los planteamientos que sobre temas cruciales ha tenido el Partido, es fundamental que entre a la campaña presidencial de 2009 con planteamientos que le demuestren a los colombianos que esta colectividad tiene planes claros para enfrentar los inmensos retos de la sociedad colombiana. Además, que existen diferencias ciertas en temas esenciales con otras propuestas políticas, para que los electores tengan la posibilidad de escoger, de manera informada, la que consideren la mejor entre las alternativas políticas de la contienda electoral.

La próxima campaña que conducirá a la elección del Presidente de Colombia para el periodo 2010-2014 debe centrarse en ideas, en propuestas, y no solo en indicadores de popularidad. Frente a los innumerables retos que enfrenta el país, en medio de una clara desaceleración de su economía, con la certeza de que se agravarán los problemas sociales; con la evidencia de grandes falencias en la política de Seguridad Democrática, y con un cambio de fondo en las relaciones con Estados Unidos, la campaña presidencial debe ser distinta a las anteriores. Le corresponde entonces, al Partido Liberal, que ha demostrado su

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capacidad de ejercer una oposición seria, centrar la contienda política en propuestas. Por ello, el propósito de estas reflexiones que, como se dijo, deben partir de la urgencia evidente de reformar la política, es el de contribuir a este debate que debe nacer de la necesidad de fortalecer los partidos políticos, y entre ellos, como prioridad, el Partido Liberal.

Además de valorizar de nuevo la ideología, sus principios y sus propuestas, es fundamental que el Partido Liberal se comprometa a fortalecer el voto de opinión. Este voto les da a los miembros del Partido, la posibilidad de representar realmente las aspiraciones de las mayorías y no solo responder a las demandas y presiones de sus respectivas clientelas. Es una tarea difícil porque el clientelismo es parte de la historia de la política colombiana. Más aún, ante el fracaso de la educación y el deterioro de los mercados laborales, en muchísimos casos, la política se ha convertido en uno de los pocos canales de movilidad social en un país como Colombia, caracterizado por profundas desigualdades. Sin embargo, también hay registros de elecciones en las que el voto de opinión ha ido ganando terreno. Tal es el caso de regiones como la Costa Atlántica, donde candidatos sin maquinaria política lograron ganar importantes posiciones. Incentivar el debate y las ideas y, por consiguiente, fortalecer a aquellos candidatos mejor preparados para defender y exponer la ideología liberal, sería una tarea fundamental que debe realizar este partido tan arraigado en la tradición política del país.

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LLAA AAGGEENNDDAA DDEELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

En este esfuerzo por identificar los temas que deben ser objeto de debate en la próxima campaña electoral 2010-2014, el desarrollo colombiano tiene que ser, sin duda, uno de los prioritarios. Varias razones justifican esta idea. Existe una creciente preocupación por los problemas evidentes en muchos sectores claves del país. Durante seis años de la presente administración, se ha trabajado con la siguiente ecuación: seguridad democrática —confianza inversionista— cohesión social, y su punto de partida ha sido el mismo desde el comienzo del primer cuatrienio del Señor Presidente Uribe. Desde el Plan de Desarrollo, en 2002, se estableció una relación directa entre reducción del conflicto y más crecimiento económico. Es decir, el Gobierno se situó en una tesis distinta a la de Joseph Stiglitz1 y de otros analistas tanto colombianos como extranjeros. Una idea central de dicho Plan en relación con la política de seguridad democrática, y que ha permanecido a lo largo de sus dos administraciones, partió de asumir una relación inversa entre el conflicto, que el Gobierno llama terrorismo, y el comportamiento de la economía2

1 Joseph Eugene Stiglitz (

. Sin embargo, la situación actual, en la cual, a pesar de los avances en la seguridad democrática, la economía ha retrocedido demuestra la invalidez de esta correlación.

Gary, Indiana, 9 de febrero de 1943) es un economista estadounidense, famoso a raíz de la publicación de libros de divulgación masiva y por las críticas a los organismos internacionales de crédito. 2 Cecilia López, 2008, Las dos agendas: paz y desarrollo. Tomado de página web: www.cecilialopezcree.com

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Durante los últimos seis años, se ha defendido la siguiente tesis: gracias a la política de seguridad democrática, Colombia ha logrado las altas tasas de crecimiento de los últimos años, que han superado con creces las obtenidas después de la década de los años de 1970. La conclusión obvia, repetida incesantemente por el mismo presidente ha sido la siguiente: «Es necesario reelegir a la Seguridad Democrática para que continúen la confianza inversionista, el crecimiento económico, más empleo y la cohesión social»3

3 Álvaro Uribe Vélez, 2009. Declaraciones luego de reunión con Robert Gates, Secretario de Defensa de EE.UU. Tomado de página web:

. Sin embargo, es un desafuero insistir en su reelección sin beneficio de inventario mientras no se aclare el horror de los falsos positivos, no se frene el desplazamiento, no salgan del cautiverio los secuestrados, no se conozca la verdad sobre el paramilitarismo y sobre la situación actual de la guerrilla. Esta postura de ninguna manera significa que se tenga una posición «blandengue» ante las FARC. La confianza inversionista fue una realidad cuando la economía mundial estaba en auge y había una abundancia de capitales buscando donde ubicarse, pero ahora no hay liquidez en los mercados mundiales y la confianza de los inversionistas colombianos cae en picada. Y la cohesión social, puesta en la fórmula como un apéndice, jamás ha sido una realidad; no lo fue antes; mucho menos ahora. Entre los países más grandes de América Latina, Colombia es el único en el cual durante estos años de bonanza, empeoró la distribución del ingreso. Según la CEPAL, Colombia

http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/enero/14/03142009.html

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pasó de ser un país con alta desigualdad, a la máxima categoría de muy alta concentración de ingresos4

El resultado de este planteamiento gubernamental fue el descuido de muchos temas que constituyen la agenda del desarrollo, actualmente mucho más compleja que nunca por las grandes demandas de la globalización, y por la realidad de una situación de la economía mundial que se complica día a día y que afectará, tarde o temprano, a todos los países del mundo. No solo se dejó en manos de la iniciativa empresarial, la impostergable transformación productiva para mejorar la precaria oferta exportable del país, sino que se abandonó la idea de una política social incluyente. Por otro lado, el empleo nunca ha sido una verdadera preocupación gubernamental. Tampoco se abordó el tema de la disciplina fiscal para enfrentar la volatilidad propia de las nuevas realidades mundiales para resolver los déficits y además, en muchas áreas de la política, se actuó en contravía de lo requerido bajo la hipótesis peregrina del ministro de Hacienda, de que Colombia había encontrado la senda del crecimiento alto y sostenible

.

5

Ahora bien, al revisar la situación actual de los principales sectores económicos y sociales, es evidente que los problemas

.

4 Según el informe, Colombia es el único país de la región que empeoró sus niveles de desigualdad en años recientes, al pasar de un Índice de Gini de 0,57 en el 2000-2002, a 0,58 en el 2002-2005. Cepal, Panorama social de América Latina 2006, publicaciones CEPAL, diciembre 2006. Tomado de página web: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/27480/PSE2006_Cap1_Pobreza.pdf 5 «El crecimiento sigue siendo sólido y sostenido», en Revista Cambio, 2 de noviembre de 2008. Tomado de página web: http://www.cambio.com.co/portadacambio/722/ARTICULOWEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3534214.html

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afloran, incluso antes de considerar las consecuencias de la crisis internacional. Como se analizará más adelante en forma detallada, se perdieron las oportunidades de haber realizado las reformas económicas que el país requiere; se concentró el interés de manera absurda en buscar la aprobación a todo costo del TLC con Estados Unidos, y se ignoraron otras vías para mejorar la competitividad del país, así como para impulsar fuentes nuevas de crecimiento económico alto y sostenible. Por el contrario, temas tan complejos como la situación fiscal por malos manejos, como el exceso en el gasto público, y la ausencia de una estrategia de ahorro, hoy se han convertido en verdaderos problemas para el presente y el futuro del país. Por su parte, los sectores productivos o no aprovecharon coyunturas favorables, tal como ha sido el caso del sector agropecuario en la crisis alimentaria mundial, o no se prepararon para enfrentar los impactos de la reducción de la demanda interna y externa.

La realidad de los sectores sociales es aún más compleja. La «cacareada» confianza inversionista, al traducirse en un conjunto de estímulos al capital, contribuyó al deterioro del mercado laboral, aun en época de bonanza. Pero resulta que «el trabajo sí importa», ya que como dijo José Serra6 en un seminario en Colombia sobre generación de empleo: «la mejor política social es el empleo»7

6 José Serra. Candidato a la Presidencia de Brasil, de ideología social demócrata a favor de medidas económicas neoliberales, sucesor de

. La obsesión por la ampliación de cobertura, tanto en educación, como en salud, ha dejado de lado

Fernando Henrique Cardoso por su partido Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). 7 José Serra. «La gente primero: globalización, desigualdad y desarrollo internacional», en Macroeconomía, transformación productiva y generación de empleo. Fundación Agenda Colombia/Colciencias, Bogotá, 2007, p. 41.

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el tema de la calidad de estos servicios. En el sector de la salud, el Gobierno presenta la ampliación de cobertura como uno de sus mayores logros en lo social, pero esta situación es fiscalmente insostenible. El crecimiento desmesurado del régimen subsidiado, frente a una débil expansión del régimen contributivo, puede hacer colapsar rápidamente todo el servicio, especialmente con bajas tasas de crecimiento económico como las que se están dando. A su vez, en materia de avances educativos las comparaciones internacionales dejan al país en una posición vergonzosa. Para no mencionar los temas de vivienda y acceso a servicios públicos de buena calidad para los sectores marginados del país. Una buena muestra de la crisis social del país es la persistente brecha rural-urbana que pone en evidencia el gran atraso colombiano y la carencia de una verdadera estrategia de cohesión social. Es increíble que en estos años, cuando gracias al crecimiento de la economía se redujo un poco la pobreza, se haya incrementado de nuevo la brecha entre las dos zonas8

Todo lo anterior ha ocurrido durante uno de los periodos de más alto crecimiento económico. Se perdió, entonces, una oportunidad de oro para empezar a realizar las reformas estructurales que el país requiere, no solo para garantizar una senda de crecimiento alto y sostenible, sino también para empezar a construir una sociedad menos injusta que la actual. Gran parte de esta situación obedeció a la carencia de una

debido a que el número de pobres disminuyó mucho más en las ciudades que en el campo.

8 Cecilia López, 2008. ¿Tenemos la política social que el país necesita? Portal semana.com, septiembre de 2008. Tomado de página web: http://www.semana.com/documents/Doc-1767_2008106.pdf

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verdadera agenda de desarrollo con objetivos específicos y metas definidas, que partiera de reconocer los grandes cuellos de botella que se registran en la sociedad colombiana, para poder dar el salto cualitativo y cuantitativo que se requiere.

Además de una clara falta de voluntad política para buscarle soluciones a los problemas de fondo del país, distintos del conflicto armado, durante este largo periodo presidencial varios factores han frenado la verdadera transformación, tanto en lo productivo, como en lo social. En primer lugar, la prioridad asignada al tema de la seguridad concentró desde el comienzo las energías y los recursos gubernamentales en este aspecto, con el apoyo de grandes sectores de la sociedad colombiana. El tema ha sido, desde el inicio, finanzas para la guerra, conmoción interior para financiar la guerra, reclutamiento de nuevas fuerzas, ejércitos de informantes y apoyo a las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, implícita o explícitamente, la política social ha estado subordinada a la idea de que es el sector privado el motor del desarrollo, y por ello se justificaron en su momento estrategias como la flexibilización laboral con sus conocidas consecuencias de precarización del trabajo. En tercer lugar, la reelección que extendió el periodo presidencial no permitió hacer un verdadero balance del primer mandato del presidente Uribe, 2002-2006, un corte de cuentas que hubiera detectado objetivamente avances y retrocesos. El segundo Plan de Desarrollo de este Gobierno, para el periodo 2006-2010, partió de un diagnóstico incompleto y sesgado, basado en premisas falsas como la supuesta existencia de un mercado laboral sin mayores problemas, cuando ya era evidente su deterioro. Por último, la expansión de la economía mundial que se tradujo en

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altas tasas de crecimiento económico en el país durante los últimos seis años, eliminó toda presión por identificar problemas estructurales.

Pero hoy las circunstancias han cambiado radicalmente. Para aquellos del equipo económico del gobierno que afirmaban que el país había entrado en la senda de crecimiento alto y sostenible, quedó en evidencia que los ciclos económicos no han desaparecido y que antes de que estallara la crisis financiera mundial ya era evidente que el país había entrado en la fase descendente del ciclo económico. En el primer trimestre de 2008 el crecimiento descendió del 7,9% del trimestre anterior a 4,5%.9 Y cuando los síntomas apuntaban a una desaceleración de la economía nacional, el mundo entró en la peor crisis económica que se haya registrado desde la depresión de los años 30. Cada día que pasa, son peores los pronósticos en los países motor del desarrollo mundial, y más evidentes los coletazos sobre los países emergentes, entre los cuales se encuentra Colombia. Tampoco se ha reflejado en la realidad la afirmación del ministro de Hacienda, de que la economía colombiana estaba blindada frente a la recesión mundial. Ante la innegable realidad, la primera preocupación que surge es la incapacidad del Gobierno de aceptar la gravedad de la situación que ya se evidencia en el país y cuya recuperación será lenta, según las últimas cifras presentadas tanto por el Fondo Monetario Internacional como la CEPAL, sobre la situación en América Latina10

9 DANE. Cuentas Nacionales, tomado de página Web www.dane.gov.co

. No solo será difícil

10 CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2008, publicaciones CEPAL, diciembre de 2008. Tomado de página web: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/34845/LCG2401e.pdf;

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lograr un crecimiento de la economía colombiana superiores al 0,5% en 2009 sino que la recuperación mundial que se esperaba para finales de este año posiblemente solo llegará en el 2010.

Los analistas de Estados Unidos, donde se originó la crisis, plantean frente al ambicioso plan de reactivación del nuevo presidente, que es el momento de avanzar en todo aquello que no se podía hacer en tiempos mejores. Probablemente este es el mensaje más oportuno que puede recibir Colombia. Se vienen tiempos muy difíciles porque a los viejos problemas, que no se han resuelto totalmente, como es el caso del conflicto armado o a aquellos que se han agravado, se les suman otros nuevos, como la desaceleración de la economía, el desempleo y la inseguridad urbana. El debate electoral que se avecina es la oportunidad dorada para plantear esa agenda de desarrollo que la sociedad colombiana no ha exigido y que los sucesivos gobiernos han postergado. Es el momento de las grandes reformas que solo en momentos de crisis tienen viabilidad. En los tiempos en que el crecimiento económico era positivo quedó en evidencia que no hay un mercado de tierras para responder a los retos de las mayores demandas mundiales de alimentos. Esa reforma rural, en sus distintas modalidades, que el país ha venido postergando y evadiendo a lo largo de los años, debe estar entre las nuevas prioridades, no solo por sus implicaciones productivas, sino por sus connotaciones sociales. Pareciera que el país en general y esta administración en particular no quisieran aceptar que casi 12 millones de colombianos viven en

Fondo Monetario Internacional. Lidiando con la crisis financiera mundial, International Monetary Fund, octubre de 2008. Tomado de página web: http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2008/whd/wreo1008s.pdf

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zonas rurales, en condiciones precarias y que, mientras su situación no se resuelva, el logro de la paz y la reconciliación seguirá siendo esquivo.

A su vez, en ese tiempo de auge, el país no incrementó la oferta exportable y sus indicadores de competitividad frente al resto del mundo son deplorables. Más aún, la política social debe, por fin, encontrar una posición clara y prioritaria en la agenda del desarrollo nacional, así como es imperativo que se identifiquen y hagan explícitas sus interrelaciones con las estrategias macroeconómicas que no son neutras en términos de equidad, tal como se reconoce actualmente. Se ignoran los derechos de todos los ciudadanos, mientras las políticas de este Gobierno se concentran en los más pobres con programas de subsidios, cuando la salud y la educación siguen siendo pobres para los pobres, y dejan desprotegida a la clase media. Es decir, en el mejor de los casos se alivia la pobreza, pero no se saca de su precaria situación a cerca del 50% de la población, ni se rompe el círculo de la misma pobreza.

No menos importante es que esta nueva agenda retome el propósito de trabajar seriamente por lograr un desarrollo ambientalmente sostenible, concepto que ha desaparecido de las políticas actuales. A su objetivo de garantizar la equidad inter-generacional al lograr que el manejo de los recursos naturales garantice que se mantenga la oferta ambiental para generaciones futuras, se agrega ahora el complejo tema del cambio climático que ha venido a ocupar un lugar preponderante entre las prioridades de política a escala mundial. Se ha exacerbado el efecto invernadero en la atmósfera, por la

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emisión de gases sin control, especialmente en los países industrializados, lo cual se ha convertido en una verdadera amenaza ambiental con efectos sociales y económicos de gran trascendencia para la humanidad, pero especialmente para los países emergentes, tal como lo señala el nuevo informe del Banco Mundial11

En consecuencia, una gran pregunta que debe orientar el debate político que se avecina, tiene que ver con qué tipo de sociedad debe construirse, a partir de lo positivo que se ha logrado y de todo lo que falta. El tema es de fondo, porque se trata de plantearle al país distintas alternativas sobre el futuro de la Nación, desde diversas perspectivas ideológicas. Y de allí deben nacer distintas alternativas de agenda de desarrollo que el país y los colombianos deben estudiar y escoger.

. El elemento crucial para enfrentar esta amenaza ambiental se halla en una nueva política energética integral que promueva el uso de energías renovables y la eficiencia energética. Esta política debe articular modelos de planeación de uso del suelo que incluyan zonificaciones adecuadas, así como ciudades ordenadas en las que se fomente la eficiencia en el consumo de combustible. Solo la eficiencia en el uso de los recursos permite lograr los niveles de competitividad necesarios para el crecimiento económico, al tiempo que se optimiza el uso sostenible de los recursos.

11 Augusto de la Torre, Pablo Fajnzylber y John Nash, Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático, Fondo Monetario Internacional, Washington, 2009. Tomado de página web: http://siteresources.worldbank.org/INTBOLIVIAINSPANISH/Resources/desarrolloconmenoscarbono.pdf

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Esos deben ser prioridades para la campaña presidencial de 2009 y 2010. Pero aún hay más. Una de las principales recomendaciones del profesor Joseph Stiglitz cuando visitó nuestro país, en marzo de 2003, tenía que ver con la necesidad de que Colombia trabajara en dos agendas simultáneas, la de la paz y la del desarrollo, sin desconocer sus interrelaciones. Esta es la gran tarea pendiente en Colombia porque ni siquiera hemos logrado avanzar en la elaboración sobre las interrelaciones que existen entre las dos agendas. Cuando se combinan el conflicto y el postconflicto, tal como está sucediendo actualmente con la desmovilización de paramilitares y de guerrilleros que tanto proclama el gobierno, claramente las dos agendas, la de la paz y la del desarrollo, se complementan y no se excluyen. Es claro que una economía que no ofrece posibilidades laborales reales, que no garantiza preparación adecuada para el desarrollo humano es un freno para llevar al éxito un proceso de paz. Sin embargo, ni siquiera una frase ha sido dicha sobre este tema, que, como muchos otros, demostrará la interconexión que existe entre lo que se logre en el campo de la paz con lo que se realice en el campo del desarrollo.

Siete años después del ascenso al poder del presidente Uribe, las prioridades gubernamentales se han puesto sobre la mesa. La seguridad democrática ha tenido éxitos innegables: le devolvió la confianza al país y debilitó a las FARC, aunque no se sabe con certeza hasta dónde. Menos claro es el caso del paramilitarismo porque a pesar de que los grandes cabecillas fueron extraditados, hay evidencias claras del reciclaje de este fenómeno en bandas criminales en distintas partes del país. Y los

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resultados logrados en la estrategia contra el mayor drama colombiano, el narcotráfico, son actualmente duramente criticados por expertos mundiales. La ineficacia de la estrategia seguida ha quedado en evidencia, así el Gobierno se niegue a aceptar críticas y a revisar su política.

Pero, probablemente el talón de Aquiles de la Seguridad Democrática, no solo es que se encuentra lejos de poner a la población civil al margen del conflicto, sino que existen realidades muy preocupantes sobre los mayores costos que están pagando los sectores más débiles del país. No solo no se ha reducido el desplazamiento, sino que hay indicios de que ha aumentado y no se ha dado solución real a esta crisis humanitaria. Miles de secuestrados permanecen en la selva. Se agrega el horror de los falsos positivos y todo tipo de violación de los derechos humanos por parte de instituciones del Estado, sin que esta realidad haya obligado al Gobierno a revisar sus estímulos, sus recompensas y todas esas políticas que impiden que los ciudadanos queden por fuera de los enfrentamientos armados. En conclusión, se requiere una revisión de la que podría considerarse la «agenda de paz» del Gobierno.

Hoy, cuando la coyuntura mundial ha cambiado, no estamos propiamente en el momento de insistir tercamente en la confianza inversionista. En este año y los años por venir, no habrá capital extranjero en grandes proporciones, ni el comercio exterior será el salvavidas. En esto el país no puede equivocarse. El mercado interno vuelve y juega, y es allí donde el empleo y la verdadera cohesión social dejan de ser afirmaciones retóricas para convertirse en objetivos reales y alcanzables. Y todo lo

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anterior, sin enfrentar otros problemas como la crisis en infraestructura o la débil y dispersa política internacional, entre muchos más. El reto para los políticos, los académicos y los analistas en general, es ayudar a construir distintas alternativas dentro de las dos agendas, a partir de la realidad de un mundo global.

El propósito de este capítulo es hacer un llamado para que en el debate electoral que se aproxima se considere la necesidad de retomar la agenda de desarrollo del país y, por primera vez, construir esta propuesta conjuntamente con la agenda de la paz, identificando sus interrelaciones y sus contradicciones, así como la asignación de recursos en cada área de manera que se puedan diseñar e impulsar simultáneamente. No ha sido válida la hipótesis de que basta con apostarle a la seguridad del país para que se logre la dinámica económica que se requiere y los anhelados cambios sociales. Es fundamental retomar las afirmaciones de Stiglitz en su conferencia en 2003, en Bogotá: «Es cierto que solucionar el problema de la violencia es algo necesario en la resolución de los problemas de Colombia. Pero no se trata únicamente de resolver los problemas de la violencia y pensar que al eliminar la violencia se va a garantizar un crecimiento económico saludable»12. Y fue aún más contundente en una de sus entrevistas, cuando expresó: «Sin guerrilla, los problemas económicos continuarán»13

12 Joseph Stiglitz. «Colombia: políticas para un crecimiento sostenible y equitativo», en Hacia una economía sostenible. Conflicto y postconflicto en Colombia, Bogotá Fundación Agenda Colombia, 2003, p.72.

.

13 Cecilia López, 2003. «Frases de Stiglitz». Tomado de página web: www.cecilialopezcree.com

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DDEE NNUUEEVVOO EELL EESSTTAADDOO

Pasadas algunas décadas, el Partido Liberal encuentra en el momento actual, un espacio apropiado para plantear su tesis sobre la necesidad imperiosa de devolverle al Estado la función que le corresponde desempeñar. El logro del bienestar de la población tiene que ser su gran prioridad y nada ni nadie puede sustituirlo en esa tarea. Este es su objetivo fundamental, mientras que el sector privado se debe responsabilizar de la creación de riqueza, entre otras razones, para que con el pago de sus impuestos contribuya a garantizar la mejor calidad de vida de todos, especialmente la de los más débiles. «Lo público es lo público. Es lo que crea bienestar. Lo privado es privado. Es lo que crea riqueza. Lo importante es el bienestar, no la riqueza»1

1Luis Carlos Valenzuela. De cine, canciones y sector eléctrico. Un sincero homenaje a Andrés Caicedo, Manuel Puig y Guillermo Cabrera Infante", mimeo, Bogotá, 2008.

. Sin embargo, en varias ocasiones, esta premisa se ha diluido con inmensos costos para la sociedad: cuando al Estado le dio por crear riqueza fracasó estruendosamente, pero el mismo error se comete cuando se pretende que el sector privado, en ejercicio de la publicitada responsabilidad social, reemplace ineficazmente al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad social debe empezar a manifestarse en el pago de los impuestos que les corresponde a los sectores acomodados y en su acatamiento de la ley, en particular de la legislación laboral. Estos deberes, que aparecen como obvios, en la realidad no lo son y constituyen fuentes de irresponsabilidad social por parte de las empresas y de otros actores privados.

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A partir del periodo de las reformas de la economía de mercado, durante más de dos décadas, la acción de la mayoría de los Estados ha seguido la orientación de gobiernos conservadores, complementada por las pautas de los organismos multilaterales que tenían como punto de partida el eficiente funcionamiento de los mercados como el verdadero asignador de los recursos escasos de un país, a la vez que se pregonaba que el Estado, señalado como ineficiente, debía reducirse al mínimo.

Predominó, entonces, el liberalismo económico sobre el verdadero liberalismo político:

«[…] que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. La libertad económica o la libre empresa conducirían a una sociedad más armoniosa e igualitaria y al aumento indefinido de la prosperidad. El orden espontáneo sería generado por la mano invisible que conduce a los individuos que sigan su egoísmo particular»2

Pero la actual crisis mundial —que se inició en Estados Unidos y que se extendió al resto del mundo— afectó, en primer lugar, a los sectores financieros y después a la economía real, y ha servido para replantear muchas de esas supuestas verdades que llegaron a convertirse en dogmas. Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda y España, entre muchos otros países —para no hablar de los de Europa del este— han entrado en severas recesiones y ya se sabe que quizás ninguno de ellos escapará de la crisis, la que, por tanto, también ya ha llegado a los países

.

2 Wikipedia, 2009, Liberalismo económico. Tomado de página web: http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico

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emergentes. No solamente se ha cuestionado el modelo económico con todas sus premisas, sino que paralelamente se comienza a sentir la necesidad de replantear la función que debe desempeñar el Estado. Por consiguiente, lo interesante es que no solo se abre el camino para construir un nuevo paradigma de desarrollo, sino que en ese proceso se reviven esas funciones del Estado, en las que siempre ha creído el Partido Liberal. Y una demanda como esta no ha provenido inicialmente de quienes han visto en el Estado la oportunidad de lograr la equidad, el bienestar y el respeto por los derechos. Todo lo contrario, lo más interesante de esta difícil situación por la que atraviesa el mundo, es que quienes han venido clamando por una inmediata y profunda intervención del Estado han sido precisamente aquellos sectores que lo despreciaron y que pusieron todo su empeño en minimizar su campo de acción, los banqueros, los más ricos, quienes cuando vieron sucumbir sus instituciones reconocieron que solo el Estado puede evitar la hecatombe.

Lo que el mundo visualiza actualmente es algo hasta hace poco inconcebible: grandes corporaciones que han sido los símbolos del capitalismo mundial están en proceso de nacionalización y, tal como lo afirma Mauricio Cabrera, no como resultado de una revolución socialista, sino como consecuencia de los malos manejos y los excesos de un mercado que funciona a su libre arbitrio y sin la regulación y los controles suficientes por parte del Estado. En efecto, en el Reino Unido, el Estado ya nacionalizó dos bancos medianos y también es hoy el accionista mayoritario de dos de los más grandes (el Royal Bank of Scotland —RBS— y el Lloyds), con una alta probabilidad de llegar a ser el propietario único. Igual medida tuvo que tomar el gobierno de los Países

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Bajos con la principal entidad financiera de ese país (ABN-Amro); hasta en Alemania el gobierno conservador a recurrido a medidas similares, que son altamente contrarias a su ideología. Por otra parte, en Estados Unidos, la palabra «nacionalización» es una herejía, pero cada día aumenta el coro de voces que opinan que es la única solución para la supervivencia de nada menos que el Citigroup y el Bank of America3

Si se retoman las claras funciones que tiene el Estado, sobre las cuales el Partido Liberal ha sido explícito, se hace evidente que los graves problemas económicos actuales han hecho revivir la necesidad de que el Estado vuelva a tener una función activa en áreas como la vigilancia y, sobre todo, en la regulación, porque el mercado demostró su incapacidad de imponerse límites, lo cual ha llevado a las economías del mundo a la peor crisis financiera desde la depresión de los años 30. Hasta ahora, lo que se prevé de la intervención estatal es que, ante la impresionante pérdida en el valor de mercado de corporaciones como Citigroup, que ha perdido el 93% de su valor; el Bank of America, 77%; el RBS, 95% y el Deutsche Bank, 86%, el Estado debe salir al rescate de los bancos, no de sus accionistas, quienes ya perdieron su capital. Si la compra se hace a precios de mercado, las propuestas de comprarles a los bancos los «activos tóxicos» no van a ser efectivas, pues los bancos mantendrían las mismas pérdidas. Y si se hace a un precio más alto sería un subsidio

.

3 Mauricio Cabrera. «La nacionalización de la Banca», en Portafolio, Bogotá, 2009. Tomado de página web: http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/mauriciocabreragalvis/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4789825.html

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injustificado para los accionistas4. En consecuencia, y así muchos opinen lo contrario, es muy pertinente señalar, tal como lo hace Mauricio Cabrera, que esta intervención del Estado no debe interpretarse como un ataque a la propiedad privada. Por el contrario: «El Estado se ve forzado a intervenir para salvar a los bancos porque se han vuelto indispensables para el funcionamiento del aparato productivo»5

Ahora bien, no se trata de fortalecer, promover o construir cualquier tipo de Estado. Para ampliar esta afirmación nada mejor que recordar un reciente discurso pronunciado por la reconocida politóloga mexicana Denisse Dresser, quien afirma que:

.

«[…si] la respuesta se encuentra en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. La clave del éxito —o el fracaso— se halla en el modelo económico: en la decisión de promover el capitalismo de Estado o el capitalismo oligárquico o el capitalismo de las grandes empresas o el capitalismo democrático»6

Y cuando Dresser señala las falencias de México, se encuentran grandes coincidencias con Colombia, donde el Estado protege privilegios, con lo cual se aparta de su función primordial de lograr el bienestar de todos y buscar la equidad como pilar fundamental de su accionar. Para Dresser, este tipo de Estado,

.

4 Ibíd. 5 Ibíd. 6 Denisse Dresser, 2009. México ante la crisis. Tomado de página web: http://www.eluniversal.com.mx/notas/573207.html

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que propicia y protege la generación de rentas de grupos monopólicos u oligopólicos, es la causa real de que México tenga lo que Stiglitz denomina un capitalismo crony, esto es, un capitalismo de cómplices, que no se basa en el estímulo de la libre competencia sino en su obstaculización. Una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico7

Hoy, México —inmerso en la crisis— está aún lejos de acceder al capitalismo dinámico en el que el Estado no protege privilegios, defiende cotos, elige ganadores y permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder para vetar reformas que los perjudican. Al capitalismo en el cual las autoridades crean condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, que proveen mejores productos a precios más baratos para los consumidores. Para los ciudadanos

. El planteamiento más importante de Dresser, que es además absolutamente pertinente para el caso de la Colombia de hoy, es que la verdadera crisis de México, país que no logra ni competir eficientemente en el mundo global, ni reducir sus profundas desigualdades, nace fundamentalmente del tipo de Estado que ha construido. Así lo reconoce cuando afirma:

8

Es un consuelo que al menos en México, comience a producirse esta reflexión. Pero en cambio, en Colombia ni siquiera se admite que el país no ha encontrado su sendero real para llegar a la verdadera modernidad, para no mencionar la incapacidad de

.

7 Ibíd. 8 Ibíd.

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cuestionar su tipo de organización política. Obviamente, el conflicto armado, que sí existe, es uno de los grandes problemas nacionales, pero como ya se mencionó no todo puede atribuirse a la guerra. La pregunta pertinente es ¿si ahora cuando puede volver a plantearse el protagonismo del Estado en la agenda económica, no será el momento de evaluar claramente si Colombia, al igual que México, lo que ha construido precisamente es el Estado que concentra, que no distribuye y que promueve la captura de rentas por elites privilegiadas?

Pero también, el conflicto armado que se vive en Colombia exige un determinado tipo de Estado, ese Estado en el que cree el Partido Liberal. El Estado que asume la responsabilidad de proteger la vida y bienes de todos y cada uno de sus ciudadanos sin distingo de clase, religión, género o raza. El Estado que no permite la violación de los derechos humanos y que aboga, no solo por la satisfacción de sus derechos fundamentales, de tal forma que al menos se garantice a la población un mínimo vital en salud, educación, empleo, y vivienda, entre otros, sino que luche para que la sociedad civil quede por fuera del enfrentamiento con los grupos ilegales. Dentro de este concepto, ese Estado no solo tiene la obligación de lograr terminar con el secuestro como arma de guerra, sino que, tal como lo ha determinado la Corte Constitucional, tiene que abordar la tragedia humana que significa el desplazamiento forzado con sus más de 3.000.000 de víctimas, ignoradas por el Gobierno y subestimadas por amplios sectores de la sociedad colombiana. Incumple su función vital un Estado como el colombiano que no protege a los indígenas, ni a otras minorías étnicas, que permite los conocidos como «falsos positivos» o

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«ejecuciones extrajudiciales», que cierra las puertas a los avances de un Acuerdo Humanitario, y que al descalificar sus planteamientos pone en riesgo la vida de quienes disienten de las posiciones oficiales. En Colombia, es fundamental seguir directrices como las que el Presidente Barack Obama señaló en su discurso de posesión, cuando expresó: «rechazamos como falsa la elección entre nuestra seguridad y nuestros ideales»9

El Partido Liberal coincide plenamente con que el elemento que define el tipo de Estado que se está promoviendo en un país, empieza por la forma como se da la relación entre Estado y mercado. Sin Estado no hay mercado, es la premisa básica que el Partido Liberal plantea, y que debe ser reforzada: para que el mercado no genere rentas es fundamental garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su autonomía, esencia misma de una noción de bienestar liberal. Pero solo cuando en una sociedad existe equidad, sus miembros son realmente autónomos. Sin un Estado que promueve la equidad no hay autonomía de todos los ciudadanos y sin autonomía no hay mercado en términos reales. En resumen, sin equidad no hay mercado y es el Estado el que promueve la equidad. Por consiguiente, sin Estado no hay mercado. Así se lograría la verdadera eficiencia porque está subordinada a la equidad y a la autonomía. Para el Partido Liberal, el mercado es una construcción del Estado porque es el que tiene que garantizar

. Sin embargo, en Colombia se insiste en un Estado guerrerista como el actual que, en aras de la guerra, sacrifica sus principios.

9 Barack Obama, 2009. Discurso de posesión. Tomado de página web: http://www.eltiempo.com/mundo/euycanada/posesinobama/discurso-de-posesion-del-presidente-barack-obama-espanol_4764713-1

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que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de ser «potencialmente autónomos»10

Hoy más que nunca es evidente que las funciones de regulación y vigilancia son imprescindibles, especialmente cuando al mercado se le ha dado tanta preponderancia. En el proceso de replantear el tipo de Estado que necesita y de fortalecer las funciones de regulación y vigilancia, Colombia encontrará profundos vacíos que le han ocasionado inmensos costos al país. Es en el campo de la regulación y la vigilancia donde se evidencia si un Estado es cooptado por pequeños grupos de poder o no. Infortunadamente, en Colombia esta realidad se ha hecho más evidente ahora que la premisa de la confianza inversionista le ha otorgado tanto poder y facilitado tantas concesiones al sector privado. El debilitamiento de todas las superintendencias, los altos costos de transacción y la imposibilidad de los funcionarios de contar con el apoyo gubernamental cuando se enfrentan a sectores poderosos, han causado profundos daños a la sociedad. Si algo debe retomar el Partido Liberal en la próxima campaña es su compromiso de instaurar un Estado democrático que empieza por ejercer realmente las funciones que le corresponden y, sobretodo, de frenar la creación de rentas que explican parte de la desigualdad social colombiana. Como se ha reiterado, al sector privado le corresponde crear riqueza y el Estado no puede ser inferior a su responsabilidad de generar el ambiente propicio para que esto suceda. Pero es también su obligación evitar que

. El Liberalismo va aún más lejos. El Estado es esencial dentro de una concepción económica liberal y el mercado es relevante; simplemente relevante.

10 Cecilia López, 2003. Frases de Stiglitz. Op. Cit.

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esta riqueza se logre a costa del bienestar general, violando normas, o gracias a políticas que les garanticen privilegios. Son retos inmensos pero impostergables que deben enfrentarse si realmente se desea construir un país distinto del actual.

Pero sobre el tapete queda un tema que ha sido poco desarrollado: la función de provisión que debe ejercer el Estado, y sobre esta, como ya fue mencionado, el Partido Liberal ha sido explícito y particularmente crítico. En este campo entran dos temas muy sensibles: la generación de ingresos públicos y, por tanto, el sistema tributario del país y la forma como se elabora, aprueba y ejecuta el Presupuesto Nacional. De lo que se trata en el fondo es de la política fiscal elaborada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. Para muchos analistas, la política pública en el país se encuentra en una seria crisis, en la que el tema de fondo lo constituye la necesidad de creación de bienes públicos y la forma de financiar su satisfacción. En los últimos años, el sistema impositivo colombiano ha estado sometido a una serie de reformas que han favorecido a ciertos grupos de poder, mientras se ha eliminado la progresividad, elemento que es fundamental para empezar a construir equidad.

Adicionalmente, en el proceso no se ha avanzado en un tema fundamental: la carga impositiva de Colombia es muy baja para el nivel de necesidades del país, 16,8% del PIB11

11 Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Marco fiscal de mediano plazo, presentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 16 junio de 2008, Colombia.

. Al contrario de lo que pasa en los países desarrollados, aquí la gente rica no paga impuestos, y activos importantes como la tierra y el

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patrimonio se encuentran por fuera de los gravámenes fiscales. Pero no solo han sido los impuestos sino la abundancia de exenciones lo que ha terminado por perforar totalmente el sistema tributario colombiano. Los ciudadanos deben comprender que entre menos impuestos paguen las instituciones, más tendrán que pagar los individuos12

Con respecto al gasto público y a su principal instrumento, el Presupuesto General de la Nación, la situación es igual o peor que en el campo fiscal. Cargado de inflexibilidades, el manejo del presupuesto es también una muestra de la captura del Estado colombiano por grupos de poder. Colombia carece de lo que todo país serio posee: capacidad de que cada administración exprese su política claramente por medio del gasto público, y además de una agencia especializada en el Congreso que analice seriamente y con suficientes elementos el presupuesto, de

. A este panorama negativo se agrega el hecho de que en el proceso de ofrecer estímulos al capital, como prioridad, el trabajo se ha vuelto relativamente costoso, con implicaciones muy serias sobre la generación de empleo. En este aspecto, lo imperioso es la realización de una «misión de expertos» que prepare propuestas tanto para que se tramiten en el Congreso como para que las aplique el Gobierno en sus políticas, y que revise, además, asuntos de vital importancia en la situación actual del país, como las cargas parafiscales y la informalidad.

12 Juan Camilo Restrepo. «El efecto 'Pavlov' tributario», en Portafolio, 2 de febrero de 2009. Tomado de página web: http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/juancamilorestrepo/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4789811.html

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manera que con este instrumento se pueda responder a los ciudadanos con las acciones que les garanticen su bienestar.

El trámite anual del Presupuesto Nacional en el Congreso de la República ofrece uno de los espectáculos más deplorables de la democracia colombiana. En primer lugar, los procesos de conformación y aprobación se ven afectados por toda clase de presiones. En segundo término, el Gobierno de turno, como quizás en ninguna otra ocasión, aplica al máximo sus prácticas clientelistas y su capacidad de soborno al ofrecer puestos y contratos para lograr su aprobación. Como resultado, lo que se pierde en este penoso proceso es la progresividad del gasto estatal y, por consiguiente, la posibilidad de construir bienes públicos. Por todo lo anterior, para el Partido Liberal este tema debe ser parte fundamental de su propuesta: recuperar el Estado colombiano, de manera que su compromiso con la equidad lo obligue a replantear toda la política fiscal.

Las reflexiones anteriores llevan a pensar que, el tipo de Estado que el país tiene, la responsabilidad que le cabe en la desigualdad y la injusticia social que lo caracterizan, lo difícil que le ha resultado tratar de construir una paz duradera, y muchos otros temas vitales, deben ser ejes del debate electoral que se aproxima. Responsabilizar únicamente de los males nacionales solo a la guerrilla, o a la crisis mundial, sería, además de una acción irresponsable, algo inútil para encauzar al país por la senda de la modernidad.

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EELL RREESSTTOO DDEELL MMUUNNDDOO TTAAMMBBIIÉÉNN IIMMPPOORRTTAA

En medio de la que ha sido llamada la primera verdadera crisis de la globalización, cuando aún no se encuentra respuesta a la pregunta sobre sus causas y, menos, sobre sus implicaciones, es evidente que el mundo será distinto cuando finalmente encuentre una salida, y en los países se retome la senda del crecimiento económico. No se trata solo de problemas financieros ni de cómo se volverán a ordenar las instituciones responsables en este campo. Lo que ya claramente se perfila es la inmensa dimensión de los cambios que se avecinan. Probablemente, la pasada reunión de Davos, a la que asistieron muchos líderes mundiales tanto de gobierno como del sector privado, es una primera muestra de los numerosos temas que hoy forman parte de la agenda de discusión, —sin salidas claras y sin una comprensión real de lo que ha sucedido— y que colmarán los debates mundiales, regionales, y nacionales de los próximos meses y quizás de varios de los años por venir. Esta es, pues, la dimensión de lo que se vive actualmente en los centros de poder.

Al analizar los planteamientos del pasado encuentro en Davos, queda en evidencia el desconcierto en el que se encuentran tanto los gobiernos como los líderes empresariales y los analistas1

1 Foro Davos. 2009. Crises to Prevent at All Cost. Tomado de página web:

. El 51% de los asistentes afirmó que fue el fracaso del sistema de regulación de los mercados el que ocasionó la crisis financiera, y muchos de ellos plantearon, que la creación de un esquema regulatorio mundial debería ser la prioridad de los países ricos en cuanto al diseño de estrategias para enfrentar las

http://www.weforum.org/en/events/AnnualMeeting2009/Wednesday28/index.htm

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crisis. Se ha dicho además, una gran verdad: la crisis financiera internacional de hoy no solo implica grandes riesgos para la economía del planeta, sino que puede traer serias consecuencias en materia política. En medio de esta discusión, el mundo ha sido testigo del resurgir de la deteriorada imagen del primer ministro inglés, Gordon Brown, así como de las acerbas críticas a la primer ministro de Alemania, Angela Merkel a raíz de sus posturas ante la crisis mundial. Existe acuerdo acerca de que se dará un viraje radical en el paradigma de desarrollo y se producirán cambios en el comercio mundial y en las políticas públicas, mientras que se desconfía de los modelos y se revaloriza el sentido común, que según se dice, fue el gran ausente en la antesala de la crisis financiera. Se teme no solo una vuelta al proteccionismo comercial de antaño, sino también al proteccionismo financiero, los que, según el primer ministro inglés, harán más difícil la recuperación de las economías. Se habla de diplomacias activas, de responsabilidad financiera global, y de la necesidad de reconocer los elementos interdependientes tanto de la crisis como de la solución. Según otros, lo que la crisis ha puesto en evidencia es la necesidad de un nuevo conjunto de respuestas políticas. A su vez, se demanda un capitalismo fundamentado en la ética, y finalmente, se le anuncia al Presidente Obama que tendrá que ejercer una diplomacia económica.

Ninguno de los líderes mundiales encuentra una salida fácil. Enrique Iglesias, quien dirige la Secretaría de las Cumbres Iberoamericanas, afirmó recientemente: «[…] la crisis actual es aún peor que la de los 30 porque el mundo de hoy es urbano y global, no rural, con una inconforme clase media que urge

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soluciones a la crisis para mantener sus niveles de vida»2. Después de expresar sus múltiples preocupaciones, entre otras razones porque no existen salidas fáciles o expeditas. Ante la pregunta sobre el mundo que nos espera, reiteró: «Sin duda, será un capitalismo más regulado» e increpó a los dirigentes de todos los países a no repetir los errores del pasado, tales como un alto grado de intervención estatal que acabe con el mercado.3

Frente a este viraje en el escenario mundial, Colombia sigue concentrada en su propia agenda, como si el resto del mundo no existiera o no hubiese cambiado. Es innegable que no han sido las relaciones internacionales el fuerte de la actual Administración Nacional. Con excepción de Estados Unidos, país al que se le han dedicado muchos esfuerzos, para el resto del mundo solo se ha actuado por reacción, y es evidente la ausencia de estrategias diplomáticas claras para abrirle un espacio al país en el planeta. Liderazgo regional no ha existido, y siempre se ha tenido la sensación de que no es importante desarrollarlo, especialmente con los países vecinos con los que se tienen posiciones ideológicas distintas. Más aún, cada vez con mayor frecuencia se descalifica la intervención internacional cuando esta no coincide con las prioridades y la manera de pensar del Gobierno. Nunca, en estos largos años, se ha planteado claramente la importancia de la diplomacia, y menos aún de quienes ocupan cargos en el exterior. Ausencia de política internacional, prácticas clientelistas y sobornos, así como

2 «Enrique Iglesias propone salidas a la crisis mundial», en La República. 2009. Tomado de página web: http://www.larepublica.com.co//archivos/MACRO/2009-02-03/enrique-iglesias-propone-salidas-a-la-crisis-mundial_65250.php 3 Ibíd.

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errores crasos en el manejo de las relaciones con el resto del mundo, han sido características de esta esfera del quehacer gubernamental. Este manejo le ha merecido al Gobierno un acervo de críticas, y sin embargo este nunca les ha reconocido su trascendencia y, por el contrario, les ha restado importancia.

Pero como ya se mencionó, el escenario internacional es otro. Hoy se replantean temas trascendentales para el funcionamiento del mundo, con serias implicaciones para la política pública de los diversos países. Varios de los asistentes al pasado Foro de Davos fueron muy explícitos al urgir acciones de los países ricos, porque aquellos llamados emergentes, serán los que pagarán los mayores costos4. Pero Colombia, y en particular el Gobierno, no reacciona adecuadamente frente a estas nuevas realidades. Solo muy recientemente el alto gobierno ha empezado a reconocer que la economía colombiana no se encuentra blindada contra el shock mundial, realidad que hace ya varios meses ha sido aceptada por países mejor preparados para enfrentarlo. Solo ahora se reconoce que el gran costo lo asumirá el empleo, después de que en el mundo entero se ha aceptado que la generación de trabajo impulsada por los gobiernos será la reacción que predominará5

4 Foro Davos, 2009. Óp. Cit.

. Y no se percibe ni la menor intención de introducir cambios en la consabida fórmula gubernamental de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Es decir, para este país pareciera que el mundo sigue igual, cuando todo a su alrededor está cambiando, y cuando nuevas y viejas ideas

5 Ibíd.

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circulan buscando salidas a la peor crisis mundial, después de la gran depresión de los años 30.

Es la hora de aceptar la interdependencia; de buscar consensos regionales; de contribuir a la construcción de un nuevo paradigma que reoriente el crecimiento económico; de revivir políticas abandonadas como las de desarrollo rural; de buscar liderazgos regionales y no solo nacionales, como lo ha propuesto África en Davos, o como lo plantearon cinco presidentes latinoamericanos en el Foro Social de Brasil. Pero nada de esto sucede en Colombia, cuyos dirigentes siguen dominados por la compleja realidad nacional, mientras el tren de los cambios puede dejar de nuevo a Colombia anclada en el pasado.

Probablemente la transformación más significativa que se requiere es la de lograr una conexión permanente con lo que está sucediendo en el mundo, principalmente en el Gobierno, pero también en todos los sectores que inciden en la realidad nacional. Ya se evidenciaba esta carencia cuando el fenómeno internacional se limitaba a la globalización. Una falta de contacto con esa dinámica mundial, evitó que el país se beneficiara de la crisis de alimentos que se vivió hace pocos años, y que se aprovechara esa coyuntura internacional, para diseñar rápidamente una política de producción agropecuaria que nos permitiera entrar a los mercados mundiales, e impulsar el desarrollo rural, tan precario en Colombia. Sucedió todo lo contrario: aumentaron las importaciones de alimentos y sus altos precios ayudaron a disparar la inflación a niveles superiores a los esperados. Este es tan solo un ejemplo de los altos costos

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que le representa a una sociedad el vivir al margen de la dinámica mundial.

Pero hoy, cuando la crisis alimentaria de hace poco tiempo no se ha resuelto del todo y los precios de los alimentos siguen por encima de sus niveles históricos, surge la crisis financiera que ya se ha traducido en la profunda desaceleración mundial que ha obligado al mundo a debatir sobre causas y soluciones. Estar al margen de esta dinámica internacional no solo es un riesgo muy alto sino una profunda irresponsabilidad por parte de los dirigentes de cualquier país. Es la oportunidad de buscar alianzas entre los países emergentes y fortalecer posiciones ante las grandes potencias del mundo. Es un momento difícil, sin duda, porque a la compleja situación colombiana, que está lejos de encontrar una salida y no puede descuidarse, se le suma la imperiosa necesidad de contar con una política exterior coherente. Todo esto obliga a un replanteamiento de la política exterior y al ejercicio de la diplomacia en el país. ¡No más clientelismo en los cargos en embajadas y consulados!, ¡no más gente poco capacitada en la agenda multilateral o bilateral!, ¡no más desconocimiento de la economía mundial que será el eje de la nueva diplomacia!, ¡No más una agenda exclusivamente doméstica! pues nos aísla del resto del mundo y nos sustrae de alianzas que resultan estratégicas para nuestro desarrollo y el bienestar de la gente.

Ahora bien, un punto crucial de la política exterior colombiana ha sido y seguirá siendo la relación con Estados Unidos. Por ello, es fundamental empezar por entender cómo serán las relaciones del país del norte con América Latina, no solo por la presencia

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del Presidente Barack Obama en la primera magistratura, sino por el cambio drástico en los temas que recibirán prelación en ese país sobre todo en política internacional. Actualmente, es claro que la región no es propiamente la primera prioridad del nuevo presidente estadounidense, si bien han sido evidentes sus señales en busca de un nuevo acercamiento. En el ámbito doméstico, es obvio que la crisis financiera que tiene a la economía norteamericana en clara recesión, constituye las mayores preocupaciones del gobierno, y ya se empiezan a tomar decisiones importantes para reactivar la economía. En segundo lugar, el desplome del empleo es otra de las grandes preocupaciones del Primer Mandatario de Estados Unidos y, asimismo, es evidente que la imperiosa necesidad de reformar el sistema de salud de ese país figura entre los primeros problemas que deben atenderse. En el ámbito internacional, a nadie escapa que el presidente americano tiene que afrontar las consecuencias de la guerra contra el terrorismo que fue impulsada por el ex presidente George W. Bush. La situación de los presos en Guantánamo, sobre los cuales ya ha tomado decisiones, Irak y Afganistán, copan la política internacional inmediata del gobierno de Estados Unidos. A esto se le agrega el tema de las relaciones con el mundo musulmán, con mandatarios que han planteado un abierto desafío hacia ese país, y de cuyo manejo depende la posibilidad de mantener un cierto orden mundial.

Si bien es cierto que América Latina puede no ser la preocupación central del nuevo mandatario norteamericano, por las circunstancias que enfrenta en el ámbito doméstico e internacional, debe reconocerse que, de lo que sí se pueden

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beneficiarse los latinoamericanos, es del nuevo discurso de las prioridades del Presidente Obama. A América Latina, llena de injusticias sociales, donde se violan los derechos humanos, víctima de relaciones económicas injustas, las nuevas prioridades de la política norteamericana, la llenan de esperanza al ser una región tan cercana a esta potencia mundial. La búsqueda de la equidad, el combate a la codicia de los sectores privilegiados, las relaciones basadas en el multilateralismo y la lucha contra la pobreza y la injusticia, corresponden a las verdaderas necesidades de esta parte del mundo.

En un esfuerzo por ayudar a concretar una agenda para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, con el apoyo de un grupo de personalidades de América Latina y de expertos norteamericanos, la Brookings Institution ha elaborado un documento titulado «Repensando las relaciones Estados Unidos-América Latina». En este documento se consignan planteamientos que buscan demostrar la importancia de aprovechar esta coyuntura para construir algo que no ha existido, como es una verdadera alianza para enfrentar los grandes retos regionales y globales6. Afirma, con razón, que si esta asociación hemisférica continúa siendo débil, los costos para Estados Unidos y sus vecinos serán muy altos, en términos de riesgos y de oportunidades perdidas7

6 The Brookings Institution. “Rethinking US-Latin American Relations”, en A Hemispheric Partnership for a Turbulent World. The Brookings Institution, 2008, Washington, D. C.

. Es sin duda una agenda construida desde los intereses de Estados Unidos, pero con el sano propósito de demostrar la importancia de desarrollar

7 Ibíd, p.7.

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nuevos vínculos a partir de puntos específicos, como nuevas formas de abordar el tema de la droga, la energía, el cambio climático y las relaciones comerciales, entre muchos más.

En este contexto, nada fácil, es donde Colombia debe revisar su relación con el país del norte. Es evidente que será una tarea compleja, que requiere realismo, imaginación, y un cierto grado de humildad para aceptar los errores cometidos y buscar enmendarlos. Todos conocen los antecedentes que demuestran el manejo poco adecuado que el Gobierno ha tenido frente al Partido Demócrata estadounidense, hoy en el poder, y en medio de la campaña política norteamericana, cuando el Gobierno se alineó de manera abierta y ostensible con el candidato republicano. Pero más que esto, lo grave es lo lejos que se ve el discurso del gobierno colombiano actual, frente a las nuevas prioridades del Presidente Obama. Se exigen grandes esfuerzos para replantear la forma como se manejan las relaciones con Estados Unidos porque es necesario reconoce problemas graves como la realidad de la política de seguridad democrática que se niega a aceptar el horror de los falsos positivos. Una confianza inversionista que se asocia con irrespeto al sindicalismo y a los derechos de los ciudadanos. Y Una cohesión social que no avanza en medio de una sociedad dividida y de un gobierno que no ha logrado redistribuir los beneficios del alto crecimiento registrado en los últimos seis años.

Colombia tiene que entender que nos hallamos frente a un replanteamiento de muchas de las ideas y de las políticas que fueron tomadas como dogmas, y que este país adoptó sin mucho beneficio de inventario. Por ello, es absolutamente

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improcedente insistir en reelegir unas políticas que respondieron a circunstancias muy distintas a las actuales. No se trata de dejar a un lado el tema de la seguridad, cuando es evidente que el conflicto armado no se ha resuelto. Pero, en términos de las relaciones internacionales, el talón de Aquiles de esta política —el desplazamiento y los falsos positivos— tiene que encontrar una respuesta si se quiere una sintonía con las nuevas políticas de Estados Unidos y con los valores globales de respeto a los derechos humanos.

No se trata de abandonar el estímulo al sector privado, pero dados los resultados obtenidos, y la crisis económica actual, es fundamental poner la generación de empleo y la búsqueda de la equidad en el centro de la agenda. No es el momento de esperar que se cree riqueza y que después se distribuya; ese modelo se ha replanteado y, por tanto, la cohesión social no puede ser un resultado sino un claro objetivo. Solo así se logrará sintonizar al país no solo con los debates mundiales que se están dando en este momento, sino con las prioridades del gobierno que más le interesa a Colombia, como lo es el de Estados Unidos. ¡El resto del mundo sí importa!, es sin duda un mensaje claro dirigido a quienes nos gobiernan y que además exige revaluar las políticas no solo en materia de relaciones internacionales, sino también las nacionales que han perdido grados de libertad en todos los países del mundo.

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NNAARRCCOOTTRRÁÁFFIICCOO:: UUNN PPRROOBBLLEEMMAA DDEE FFOONNDDOO

Por lo doloroso que ha sido, y por lo vergonzoso que es, Colombia se niega a abordar el fenómeno del narcotráfico como una, si no la más grave, de todas las dolencias que se han convertido en un freno para que la sociedad colombiana alcance su sueño de convertirse realmente en un país moderno. Sin embargo, lo anterior no ha impedido que este país se haya embarcado en una de las más duras guerras contra las drogas, no solo en América Latina sino en el mundo entero. Es ya extenso este capítulo de la historia colombiana y, lejos de resolverse, el narcotráfico continúa, los carteles se han trasformado y el fondo del problema de la violencia prosigue. El tema no puede seguir enmarcándose en la afirmación de que Colombia es el mayor exportador de coca en el mundo y que es en nuestro territorio donde deben concentrarse las acciones para reprimir el cultivo de la planta, sino que, en aras de construir un mejor futuro para el país, la estrategia antidrogas debe partir de considerar lo que este fenómeno significa para los colombianos, en términos de la búsqueda de la paz, el desarrollo, y el logro de la convivencia. La persecución de estos objetivos y mucho más, está comprometida por la persistencia disociadora del narcotráfico en el territorio nacional.

Este es el momento de replantear la estrategia seguida hasta ahora, cuando la política anti-droga ha vuelto a la agenda de los debates mundiales. Hace tan solo cuatro años la Fundación Agenda Colombia y la Universidad de los Andes organizaron un seminario académico y una conferencia abierta al público sobre el tema, con reconocidos expertos de Estados Unidos, Europa y América Latina. Sin embargo, a pesar del nivel académico de los

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conferencistas internacionales invitados, y de la actualidad de los temas de la agenda de trabajo, a excepción de la Contraloría General de la República, el apoyo recibido de parte de los sectores público y privado del país fue prácticamente nulo. Es pertinente contar esta historia para entender cómo ha cambiado el ambiente para la discusión acerca del narcotráfico en Colombia. Lo único que sigue igual o peor es la posición del señor Presidente Uribe y de su Gobierno, que insisten en la guerra contra la droga financiada por Estados Unidos1

Desde la perspectiva colombiana, el punto focal del análisis debe ser el de «narcotráfico y conflicto armado», en su sentido más amplio, de manera que se considere la incidencia que este flagelo ha tenido sobre la vida y muerte de los colombianos, sobre los valores de esta sociedad; sobre la corrupción en el ejercicio de la política; sobre la seguridad ciudadana y ante todo, y no menos importante, sobre la situación fiscal del país, ya que esta guerra también ha representado enormes sacrificios para el desarrollo. Es este probablemente uno de los debates de fondo que deban alimentar la próxima campaña electoral porque la droga con todas sus secuelas está carcomiendo las bases democráticas de Colombia. La conclusión es irrefutable: sin dejar de reconocer los esfuerzos que se han realizado, los hechos demuestran que estos han sido poco menos que un absoluto fracaso.

, en la que ellos ponen el dinero y nosotros las víctimas.

1 Álvaro Uribe Vélez. Intervención en el Foro de Líderes de la U, Bogotá, 27 de octubre de 2005. Tomado de página web: http://www.presidencia.gov.co

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Al retomar las palabras de Paul Collier2, en su presentación en Colombia en el seminario Hacia una economía sostenible, conflicto y postconflicto en Colombia3, es evidente que, en el caso de la violencia en nuestro territorio, como en otras partes del mundo, la persistencia de los grupos ilegales depende, en lo fundamental, de los recursos financieros de que dispongan para mantenerse en actividad. En el caso colombiano, según el mismo autor, esta fuente de recursos, o la yugular financiera como él la llama, se encuentra en el narcotráfico. Las FARC y el paramilitarismo, en sus viejas y nuevas versiones, se siguen alimentado del cultivo y de la comercialización de la droga. Y, según Collier, estos grupos continuarán mientras su actividad se alimente de estos recursos. Según sus propias palabras: «Independientemente de la situación política de un país, si no hay dinero para financiar los grupos, (insurgentes ilegales), pues sencillamente estos grupos no existen»4

2 Paul Collier,

. Su otra fuente de financiación, o sea el secuestro con fines de extorsión, se ha reducido significativamente, sin duda, y ahora surgen las extorsiones a empresas urbanas, pero el narcotráfico principalmente sigue alimentando la violencia ocasionada por la persistencia de estas y otras organizaciones criminales. Por sus profundas articulaciones con el conflicto colombiano, no es posible seguir postergando el debate sobre el narcotráfico ni

CBE es Profesor de Economía, Director del Centro para el Estudio de las economías africanas en la Universidad de Oxford y Fellow del St. Antony's College. From 1998–2003 he was the director of the Development Research Group of the World Bank. De 1998–2003 fue director del Grupo de Investigaciones de Desarrollo del Banco Mundial. 3 Fundación Agenda Colombia. Hacia una economía sostenible, óp.,cit. Bogotá; Fundación Agenda Colombia, 2003. 4 Ibíd., p.130.

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seguir insistiendo en la implementación de políticas que hoy se reconoce han sido un rotundo fracaso, así cuenten con el apoyo y el dinero de Estados Unidos, país que parece aún obstinado en continuar con esta estrategia.

Actualmente se dispone de una serie de documentos que analizan los resultados de treinta años de una «guerra a las drogas» centrada en la criminalización del consumo y en la represión de la producción. Un reciente informe de la Brookings Institution que contiene un capítulo sobre el tema de las drogas y el crimen organizado anota que actualmente en la región andina se cultivan 236.000 hectáreas, cifra superior en 200.000 hectáreas a las registradas en la década de 1980.5

«[…] Nadie sabe cuántas son las reservas y el mercado está más globalizado; algunos dicen que es como presionar un globo, otros dicen que es como golpear mercurio»

El resultado efectivo de estas políticas represivas ha sido un permanente desplazamiento de la localización de la producción y de los principales centros de comercialización. Es lo que se conoce como «el efecto globo». Sobre este particular, el experto en el tema Ethan Nadelmann afirma, refiriéndose al cultivo de la coca:

6

5 Ernesto Zedillo y Thomas R. Pickering, «Rethinking U.S.-Latin American Relations: a Hemispheric Partnership for a Turbulent World. Protecting the Hemisphere from Drugs and Organized Crime», Report of the Partnership for the Americas Commission, Washington, The Brookings Institution, 2009, p. 26.

.

6 Ethan Nadelmann. 2006. «La reducción de los daños de la prohibición de las drogas en las Américas», en Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina. Editor: Álvaro Camacho Guizado, 2006, Bogotá, p. 64.

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El efecto globo es, entonces, una explicación a la aparición de nuevos cultivos de uso ilícito en áreas donde tradicionalmente no han existido. Un ejemplo característico de Colombia es que cuando comenzaba a implementarse el Plan Colombia la zona con mayores cultivos ilícitos se hallaba en el departamento del Guaviare, área que, por esta razón, fue objeto de continua fumigación. Como consecuencia, se registró una reducción en los cultivos en ese departamento, disminución que contrasta con el crecimiento de estos en departamentos cercanos como Putumayo o Caquetá7

Nadie niega la importancia del Plan Colombia, concebido y diseñado durante la administración Pastrana de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos. Los recursos del Plan se ubican alrededor de los US$ 4.000.000.000, solo entre los años 2000 y 2005, de los cuales el 80% fue destinado a las fuerzas militares y policiales

.

8

7 Jairo Alejandro Sánchez Ramírez. La Política de erradicación de fumigaciones con glifosato y el efecto globo. Tesis de grado, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad Javeriana, 2005, Bogotá. Tomado de página web:

. En años recientes, la orientación de los recursos ha cambiado y se han dirigido más al componente social. Pero, pese a la magnitud de la inversión y a la ayuda militar estadounidense, el país sigue siendo el mayor productor de cocaína en el mundo y continúa produciendo la mayoría de la cocaína que llega al país del norte. Además, Colombia ha pasado a ser la segunda fuente más importante de

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis53.pdf 8 Colleta A. Youngers. «Drogas, narcoterrorismo y relaciones entre Estados Unidos y América Latina», en

Narcotráfico Europa, Estados Unidos, América Latina. Editor: Álvaro Camacho Guizado, 2006, Bogotá, p. 111.

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provisión de heroína de ese país. Importa registrar que el hecho de que los precios de exportación no hayan crecido en los últimos años es otro indicativo del fracaso en esta política antinarcóticos9

En términos de los precios de las drogas, esta lucha tampoco ha arrojado los resultados esperados. Según el informe anteriormente citado de la Brookings Institution, entre 1980 y 2007, el precio de la cocaína y la heroína en las calles bajó ostensiblemente, hecho que lleva a inferir que la oferta se mantiene estable. Es más, el estudio demuestra que, desde 1990, el precio de un gramo de cocaína se ha reducido de US$ 300 a US$ 100

. La realidad ha demostrado que la producción continúa siendo suficiente para suplir el mercado mundial.

10. Por el lado del consumo, las cifras tampoco son alentadoras. Según el informe del año pasado de la Oficina para las Drogas y el Crimen Organizado de las Naciones Unidas, actualmente 208.000.000 personas en el mundo usan algún tipo de drogas ilícitas, por lo menos una vez por año. De ellas se calcula que el 15 % sufren problemas crónicos de dependencia. Entre las drogas, la marihuana es la droga más consumida (160.000.000 de personas) y por el lado de las nuevas drogas, el informe concluye que las drogas sintéticas y el ecstasy, ya superan, en consumidores, a la cocaína y la heroína11

9 Peter Reuter.«Sobre la coherencia de la política de EE.UU hacia Colombia», en Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina. Editor Álvaro Camacho Guizado, 2006, Bogotá, p. 100.

.

10 The Brookings Institution. Óp. Cit., p.25. 11 UNOC, World Drug Report, 2008. Tomado de página web: http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf

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Si bien es cierto que los niveles globales de consumo de estas drogas se han estabilizado relativamente en los últimos años, no ha sido así en el caso de América Latina, donde el uso de drogas ilícitas continúa creciendo. Las consecuencias de esta situación son muy serias: por un lado, las mafias que han surgido alrededor del negocio han desarrollado poderes paralelos en los espacios donde el Estado ha sido débil y donde su incipiente representación se ha dejado corromper. Por el otro, se ha infiltrado en la vida pública de los países, lo que ha llevado a que los conflictos políticos traigan consigo un tinte criminal12

Colombia ha vivido esta situación y los resultados han sido devastadores. No solo hay miles de personas que han sido secuestradas por los actores ilícitos del conflicto que permanecen en las selvas del país sin esperanza de liberación, sino que el número de víctimas, muertos y desaparecidos es imposible de determinar. Además, el conflicto armado ha ocasionado la peor crisis humanitaria del país, representada en el desplazamiento de más de 3.000.000 de personas que hoy constituyen el grupo de población más vulnerable del país

. Todo esto nos dibuja un panorama muy sombrío, en el cual, aun con la fuerte represión policial y militar operando en un marco legal punitivo, los márgenes de lucro del crimen organizado en torno al tráfico de drogas ilícitas superan considerablemente sus perjuicios.

13

12 Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009, Óp. Cit.

. Este

13 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, 2007, Departamentos de llegada años 2006‐2007, Bogotá. Tomado de página web: http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=51. Ver también: Corte Constitucional, 2004, Sentencia T-025/04, Bogotá.

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drama humano, que está claramente asociado a la contra reforma agraria de más de 4.000.000 de hectáreas hoy en manos de testaferros, narcotraficantes y paramilitares, no se detiene ni se resuelve ante la imposibilidad demostrada de que los desplazados puedan regresar a sus parcelas de origen. Sin duda, el desplazamiento interno constituye el talón de Aquiles de la política de Seguridad Democrática14

PROPUESTAS ALTERNAS

.

Colombia no se puede dar el lujo de seguir equivocándose. No se puede seguir librando una guerra que, a todas luces, no ha arrojado los resultados esperados y que sigue manteniendo intacta la estructura del narcotráfico, con las graves consecuencias que el país sufre. Esto debe ser un tema crítico de cualquier programa serio de gobierno para el futuro próximo, ya que el narcotráfico es el principal dinamizador de la violencia en el país. Aunque es cierto que aún no se ha llegado a una propuesta de solución clara y definitiva al problema, sí hay elementos que muchos especialistas en el tema han anotado y que valdría la pena recoger para enriquecer un debate que muchos insisten en dejar a un lado.

Crece el consenso sobre la necesidad de tratar el consumo como un tema de salud pública y de no penalizarlo. La política de combate a las drogas, adoptada oficialmente por diversos países, ha hecho uso de la descriminalización como un instrumento para reducir los daños asociados al consumo. Esta perspectiva está probando ser un modelo más eficaz y humano, en

14 Cecilia López. Tenemos la política social…Óp. Cit., p. 21.

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contraposición al enfoque prohibicionista. Experiencias en numerosos países siguen demostrando los beneficios que trae este tipo de enfoque más liberal15

15 Son muchos los ejemplos que se pueden citar para ilustrar el caso. En Portugal, España e Italia la posesión de drogas para uso personal fue descriminalizada. Las personas solo pueden estar sujetas a sanciones administrativas, como multas. Por otro lado, en Holanda, la posesión de pequeñas cantidades de marihuana y su cultivo en pequeña escala para uso personal fueron despenalizados. Se puede conseguir en los llamados coffee shops, lugares que también fueron descriminalizados. La experiencia ha demostrado que la oferta legal de marihuana no ha producido mayores consumidores que en varios países europeos donde el comercio permanece ilegal. En Alemania, la posesión de pequeñas cantidades de cualquier tipo de droga también fue despenalizada. A mediados de los 90 fueran abiertos más de 50 centros para inyección segura de heroína. En Francia, aunque el uso de estupefacientes no ha sido despenalizado, la fiscalización decide, dependiendo del caso, si advierte por una primera infracción, lo examina como un delito de tipo penal o direcciona el usuario para tratamiento. Por su parte, en Rusia fue presentada en 2004 una nueva ley que sustituye la prisión de usuarios por multas administrativas para la posesión de "hasta dos dosis" de cualquier droga para uso personal. Incluso en Estados Unidos, varias legislaciones estatales y municipales garantizan tratamiento diferenciado a los usuarios de drogas leves. En 1973, el estado de Oregon redujo la infracción de posesión inferior a 30 gramos de marihuana a una "violación civil", con pena máxima de una multa de 100 dólares. En ese país, El uso de marihuana para fines medicinales y terapéuticos fue descriminalizado a comienzos de diciembre de 2008 en el estado del Michigan, volviéndose el 13avo estado del país en legalizar la marihuana para uso clínico y terapéutico. Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009, Óp. Cit., p. 25

. En el caso más concreto y dramático de la realidad colombiana, también se deben discutir posibles soluciones para el caso de los cocaleros. Se trata de diseñar algún mecanismo que ayude a redireccionar los recursos de esta guerra hacia campañas más agresivas de sustitución de cultivos, cuyo objetivo final sea garantizar que el anterior productor pueda llevar a cabo una vida digna en cultivos legales y rentables. Si la erradicación no es acompañada por alternativas económicas sostenibles, estos esfuerzos solo van a servir para reubicar los cultivos ilícitos en Colombia y en sus países vecinos, en lugares donde la población se encuentra marginada de los

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círculos productivos tradicionales. Infortunadamente, el problema es que en Colombia actualmente no hay una propuesta para enfrentar el drama humano de los cocaleros.

Siguiendo esta línea de la descriminalización, los analistas de este tema proponen que todos los esfuerzos invertidos en capturar y encarcelar a los consumidores se enfoquen en otros frentes y que, se le dé prioridad a la lucha contra los efectos más nocivos para la sociedad, como la violencia, el crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción de las instituciones, el tráfico de armas y el control de territorios, entre otros efectos que sí tienen una incidencia negativa en el conjunto de la sociedad.

Aunque la política europea de hacer énfasis en la reducción de daños causados por las drogas mediante el tratamiento de los usuarios, se muestra más humana y eficiente16

16 Según el documento Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma, el enfoque se basa en las siguientes ideales:

, la solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas sigue estrechamente relacionada con la reducción de la demanda en los principales países consumidores. Es por ello que el país debe liderar un proyecto regional que surja del diálogo entre las partes afectadas, para desarrollar, en forma conjunta, nuevas alternativas a la política de «guerra a las drogas». Colombia, con base en su experiencia y los centenares de errores que ha tenido que padecer en esta larga guerra, debe ser el actor que articule

Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.

Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.

Focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009, Óp. Cit., p. 6

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una sola voz en América Latina. Una voz que sea capaz de influir en el debate internacional sobre drogas ilícitas. Un segundo paso, es el de lograr que el principio de corresponsabilidad sea una realidad, y para ello es fundamental lograr compromisos serios con estos actores del drama del narcotráfico. Temas como las campañas de reducción del consumo, atacar el tráfico de drogas en sus territorios, o perseguir el lavado de activos, son solo algunos de los elementos que deben ser parte de un debate franco entre los países productores y los que son los mayores consumidores de sustancias psicotrópicas, esto es, los países industrializados.

Se trata de diseñar una estrategia de dos niveles: de un lado, un liderazgo internacional para encontrar salidas, y de otro una acción interna que parta de cuestionar lo que antes era incuestionable, al reconocer los fracasos de las actuales políticas y sus consecuencias en la población colombiana, como una condición indispensable para llegar a la concreción de políticas más eficientes y humanas. En últimas, el objetivo es minimizar el daño que las drogas le pueden causar a las personas, y a la sociedad en general, al tiempo que se reconoce que mientras exista narcotráfico será poco menos que imposible hallar soluciones eficaces y sostenibles frente al conflicto armado de nuestro país. Las víctimas, que han sido hasta ahora la parte más débil de esta guerra, deben ser el gran motor para actuar contra este flagelo.

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EELL MMOODDEELLOO UURRIIBBEE

Les sobra razón a quienes destacan la pobreza del debate político actual en Colombia. Este ha sido capturado de una manera desmedida por el señor Presidente Uribe, al copar todos los espacios permanentemente con pronunciamientos agresivos que han ubicado generalmente a la oposición en actitud de reacción. Pero llegó la hora de un cambio sustancial en las actuaciones de aquellos que se suponen deben plantear alternativas de poder en este año electoral de 2009. Propuestas y lineamientos desde distintas orillas ideológicas, y no descalificaciones, es lo que requiere el país en estos momentos de su historia. Son muchas las razones que exigen este viraje en el discurso político. En primer lugar, han pasado seis años de una misma administración sin que se haya realizado un balance objetivo de sus logros reales, de lo que debe reorientarse y de lo que definitivamente debe corregirse o eliminarse de todas las actuaciones y políticas gubernamentales. Reconocer los avances no es óbice para reconocer los grandes problemas, viejos y nuevos que enfrenta la sociedad colombiana.

En segundo lugar, esta es la gran oportunidad de la política colombiana de salir de su profundo y bien ganado desprestigio, para propiciar debates que marquen rumbos, y poder así superar la etapa de la mera discusión de la mecánica política que se agotó en el país. En esta contienda se reivindicará la política si su primer objetivo es acercarse a la gente, responder por los derechos que les otorga la Constitución de 1991 y las sentencias de la Corte Constitucional, sin la demagogia que conllevan las promesas imposibles de cumplir, o insostenibles en el tiempo. En tercer lugar, la democracia exige alternación en el poder, y

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dadas las condiciones que vive Colombia, esto solo se logrará si se muestran alternativas reales que respondan a las necesidades de hoy del pueblo colombiano y no a las de ayer.

Dos periodos presidenciales de una administración fuerte, con altísima popularidad y con limitaciones claras para la controversia civilizada, han delineado un modelo en lo económico, lo político, lo social, en el conflicto armado, en fin, en todas las esferas del accionar público. El planteamiento de fondo del Gobierno que busca, sin duda, su reelección, es mantener ese modelo que impuso con relativo éxito durante estos largos años. Volver a elegir la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, como fórmula de desarrollo, es el discurso permanente no solo del presidente Uribe, sino de todos aquellos que aspiran a reemplazarlo en caso de que la segunda reelección no se dé. Lo primero que debe evaluarse es si este es el camino correcto, o si por el contrario, lo que corresponde es hacer los ajustes necesarios ante realidades distintas o, mejor aún, replantear las prioridades en muchas áreas claves del desarrollo nacional, y de la búsqueda de la paz y la seguridad ciudadana.

Surge la pregunta obvia de si se justifica la reelección de la fórmula del actual Gobierno sin ningún cambio. Si realmente ha sido tan exitosa, sus objetivos debieron cumplirse y lo lógico sería que el uribismo planteara, al menos, una segunda etapa. La lógica para hacer esta revisión es evidente: si se insiste en seguir con las mismas estrategias es porque no se han logrado los propósitos planteados hace siete años. Luego, le cabe un reajuste a esta política, y un juicio de responsabilidades al

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Gobierno. Además, si sus metas no se lograron, no se justifica seguir con la misma estrategia, y más bien, lo que se necesita es identificar los nuevos derroteros para avanzar hacia el logro de la paz, en la reconciliación nacional y en la búsqueda de nuevas rutas de crecimiento económico, así como en la reducción de la desigualdad y la pobreza. La información disponible demuestra que la receta solo funcionó en parte, en este largo periodo presidencial, con todos los elementos favorables que se han dado. Pero, como el uribismo se niega a cambiar la fórmula inicial, le corresponde, entonces, a otras fuerzas políticas, trazar los nuevos lineamientos y las políticas alternativas.

Probablemente el argumento más importante para buscar otro modelo, es que la situación de hoy es muy diferente a la que originó la fórmula uribista. Las condiciones internacionales y nacionales son otras: en vez de bonanza económica, hay crisis nacional e internacional; las características del conflicto armado han cambiado, entre otras razones, por los llamados éxitos de la seguridad democrática; la política de la confianza inversionista se «desinfla» frente a las nuevas circunstancias de la economía mundial, hecho que demanda replanteamientos frente a las prioridades actuales en las estrategias para impulsar el crecimiento económico; la situación social se complica cada minuto más y más, y la gran urgencia hoy, es la generación de empleo decente, y no solo la de dar limosnas a los afectados por la reducción de oportunidades laborales o por la pobreza.

Además, la nueva situación económica y los menores ingresos fiscales que tendrá el país a partir del 2009 plantean grandes dilemas: una mayor población requerirá apoyo gubernamental,

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pero el Gobierno tendrá muchas menos posibilidades de responder a estas mayores demandas. Por otro lado, más que el comercio internacional, hoy en declive por culpa de la crisis, el mercado interno adquiere prioridad y esto exige políticas económicas y comerciales muy distintas. Llegó la hora de adentrarse en las propuestas que corresponden a un nuevo modelo para el país, para su economía, para su gente, para la paz y, en fin, para todas aquellas áreas en las que el Estado debe hacer presencia.

Ahora bien, si se quiere construir realmente una propuesta seria sobre los nuevos rumbos que debe seguir Colombia, en este caso bajo los principios liberales, el primer ejercicio que debe hacerse es no limitarse a lo que podría denominarse la fórmula explícita del gobierno Uribe, sino tratar de entender los lineamientos que subyacen sus actuaciones en muchos otros campos. Este ejercicio permite identificar objetivamente estrategias que deben continuar porque han demostrado sus éxitos; aquellas que deben reorientarse porque han cumplido sus propósitos o bien porque ante nuevas situaciones exigen ajustes; y finalmente, señalar falencias que demandarán nuevas actuaciones gubernamentales. De esta manera, será posible construir lo que será denominado el modelo post-Uribe, para que sea sometido al debate político que se avecina. Propuestas, como se ha mencionado, que respondan a los principios liberales ya expuestos.

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II.. LLAASS CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS DDEELL MMOODDEELLOO UURRIIBBEE

Como es lógico deducirlo, se debe empezar por entender los presupuestos de la seguridad democrática, de la confianza inversionista y de la cohesión social, pero hay mucho más. En el trasfondo de esta receta hay una concepción de la democracia, de la función del Estado y del sector privado, de la política, de la pobreza, de la equidad, de la justicia, de la importancia del resto del mundo, de la descentralización, del medio ambiente, en fin, de aquello que construye desarrollo y paz, de lo que finalmente afecta la vida de la gente. Imposible dilucidarlo todo, pero lo que sí debe hacerse es tratar de sacar a la luz pública lo que el modelo Uribe entiende en los temas cruciales que terminan definiendo el carácter de un tipo de gestión pública, el que se ha estado aplicando.

I.a. FOCO DEL MODELO: LAS FARC Y LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Independientemente de lo que han planteado los dos planes de desarrollo de estos dos periodos presidenciales, el eje central de la estrategia del Gobierno Uribe en sus dos mandatos, ha sido la lucha contra las FARC, identificado como el grupo terrorista que debe derrotarse. La clara respuesta ha sido la política de seguridad democrática. El presidente Uribe se identificó con la guerra antiterrorista de George Bush, con lo cual logró un gran apoyo para su gobierno que se tradujo en alianzas políticas y recursos para esta guerra. El Gobierno nunca ha aceptado que Colombia vive un conflicto armado, lo cual le ha generado dentro y fuera del país, grandes debates. Aunque no se ha

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planteado explícitamente como tal, el paramilitarismo se ha tomado como el mal menor, tesis aceptada por amplios sectores nacionales que se sintieron acorralados por la guerrilla. Mientras que en el caso de las FARC la solución es la guerra, para el paramilitarismo ha sido la desmovilización que termina en la extradición de sus principales cabecillas, cuando se reconoce que violan lo pactado. Sin duda, esta ha sido una fórmula ganadora especialmente durante el primer mandato del actual presidente de Colombia. Es innegable, como ha sido reconocido ampliamente, que esta era la respuesta que deseaban muchos sectores nacionales.

La seguridad democrática ha logrado, sin duda, darle a los ciudadanos una sensación de seguridad que se había perdido, y que se expresa en una reducción de los indicadores de violencia, como los secuestros y los asesinatos. Además, no solo la población ha podido movilizarse por las carreteras del país sin correr el riesgo de ser atacado por grupos armados ilegales y delincuentes en general, sino que, al liberarse de presencia guerrillera el centro del país, los empresarios han podido recuperar su capacidad productiva y sus mercados. Su mayor éxito ha sido el debilitamiento de las FARC y probablemente del ELN y, en segundo lugar, la desmovilización de los cabecillas del paramilitarismo, así como de muchos de sus ejércitos. Su mayor debilidad, sin duda, se encuentra en los denominados «falsos positivos» o «ejecuciones extrajudiciales» que demuestran la forma perversa como la presión por el éxito se ha traducido en una flagrante violación de los derechos humanos de la población joven y débil. No son casos marginales, y se dice, con frecuencia, que el número de víctimas de esta perversa estrategia puede

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superar los mil quinientos jóvenes. A esto se le agrega el tema de las interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la oposición, a la justicia, y a los periodistas, que en otras latitudes habrían generado crisis severas para los gobiernos que usan o han usado estas prácticas, a todas luces antidemocráticas. No es el primer escándalo de esta institución que depende directamente de la Presidencia de la República. Peor aún, el Primer Mandatario no ha ofrecido información que aclare quién conforma la mafia que realiza estos actos que constituyen un delito y atacan directamente a la democracia colombiana.

Son los procedimientos utilizados en la seguridad democrática como las recompensas que lejos de evaluarse se estimulan, y el espionaje que no se aclara, los que sin duda no pueden ser reelegidos. Se debe agregar la imperiosa necesidad de diagnósticos transparentes sobre la magnitud de los éxitos frente a los grupos alzados en armas. Muchos indicios señalan que ni la guerrilla está llegando a su fin, ni el paramilitarismo ha desaparecido, como se reitera en las esferas del Gobierno.

I.b. EL ESTADO

En el modelo Uribe el Estado se denomina «Estado Comunitario», el cual, definido bajo la idea de promover la democracia directa, se ha hecho explícito en los consejos comunitarios, en los cuales el Primer Mandatario entra en contacto con la población, ofrece dádivas y resuelve problemas locales y personales, al margen de las políticas y de los funcionarios con responsabilidades en los distintos niveles territoriales. Por otro lado, el país percibe un Estado fuerte que

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ha retomado el control territorial del país y que ha enfrentado a la guerrilla especialmente a las FARC con mucho éxito, y que las ha debilitado sustancialmente. Sin embargo, como sucede con otros temas, la percepción del tipo de Estado que define ideológicamente a este Gobierno se aparta de la realidad, en la cual es posible identificar al menos tres problemas graves.

En primer lugar, la idea de un Estado Comunitario ha llevado al debilitamiento de la institucionalidad democrática, de manera que funciones que corresponden claramente a las autoridades locales terminan siendo asumidas por el Presidente. A lo anterior, debe sumarse que en el plano nacional la reelección presidencial provocó un marchitamiento de los contrapesos institucionales, ya que el Ejecutivo se ha adueñado de estos, y ha generado una personalización del poder que afecta a las otras ramas. En segundo lugar, la idea del Estado se ha consolidado alrededor del fortalecimiento de la fuerza pública que ha generado indicadores positivos en la lucha contra las FARC, y en la reducción de los indicadores de algunos delitos como el homicidio y el secuestro. El problema surge cuando con el objeto de alcanzar los mejores resultados en la lucha contra el terrorismo, se menosprecian las normas nacionales e internaciones de derechos humanos y el principio de legalidad. En tercer lugar, se ha dado un trato desigual por parte del Gobierno a los diversos grupos armados ilegales. Las negociaciones con los grupos paramilitares son una señal inequívoca de un manejo poco riguroso que no se compadece con los delitos cometidos por estos grupos, y que son el resultado no de una persecución del Estado, sino de un acuerdo

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con poderes ilegales que dominan territorios completos de la geografía nacional.

Por último, el modelo de Estado comunitario que en el discurso inicial proponía un diálogo para promover una comunidad de valores como eje del accionar del Estado ha terminado en realidad con la implantación de la lógica amigo–enemigo, con lo cual se afecta el modelo democrático y se impide que otros valores como la participación, el disenso y la oposición, puedan afianzarse. Bajo el argumento de que la popularidad es la legitimidad, toda posición contraria a esta mayoría termina siendo señalada como enemiga de la comunidad, como si se tratara de una sociedad con un pensamiento único. En conclusión, el modelo de «Estado Comunitario» ha implicado que en muchas regiones del país se presente un Estado fuerte pero carente de los principios básicos del Estado de Derecho y de los valores democráticos. La apuesta por ejercer el control y el monopolio de la fuerza y la violencia se ha hecho sin tener en cuenta costos o efectos colaterales. De esta manera, el Estado Comunitario se aparta de la concepción adoptada por la Constitución de 1991, según la cual Colombia es un Estado Social de Derecho democrático, participativo, pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general1

1 Muchas de estas ideas fueron tomadas del articulo de Hernando Gómez Buendía, El Estado comunitario, en Revista Semana, Bogotá, No. 1088, Marzo 10, 2003, p. 17.

.

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I.c. LA POLÍTICA

Con respecto a la política, el modelo Uribe es bastante contradictorio. Por un lado ha dado pruebas fehacientes de que no cree en los partidos, y por ello el Presidente llega al poder por fuera del Liberalismo dentro del cual realizó su actividad pública. Mientras por el otro apoya, desde la presidencia, la creación de una serie de partidos políticos que le son totalmente afines, con los cuales fundamenta su gestión política. Otra contradicción surge cuando se compara, de nuevo, el discurso de campaña con la realidad en estos dos periodos presidenciales. Se atacó duramente los reconocidos vicios del ejercicio de la política colombiana como el clientelismo y la corrupción, pero en el desempeño de su gestión no solo ha florecido el clientelismo y las denuncias de mal manejo de los recursos públicos en entes estatales, sino que le ha agregado el populismo, el uso de fondos del Estado para obtener beneficios electorales. En conclusión, la política en el modelo Uribe se aleja totalmente del objetivo de reivindicarla, de reformarla para que se reconozca como la más noble de las profesiones. Por el contrario, este modelo ha contribuido a profundizar su desprestigio y ha llevado el clientelismo a los cargos diplomáticos, entregando nombramientos que le corresponden a la Presidencia, a los partidos políticos afectos al gobierno, y no actuando duramente en los casos de corrupción en las instituciones estatales.

I.d. DESCENTRALIZACIÓN

Mientras en los planteamientos de las bases del modelo uribista se reconoce la necesidad de fortalecer este proceso y de darles más autonomía a municipios y departamentos, las estrategias y

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propósitos del gobierno central han ido en contravía. La prueba más fehaciente fue su posición frente a las transferencias al hacer aprobar el acto legislativo número 04 del 2007, gracias al cual entre el 2006 y el 2016 se reducen en sesenta billones de pesos—a precios constantes del 2006— los recursos nacionales que deben dirigirse a municipios y departamentos2

I.e. POLÍTICA ECONÓMICA Y CONFIANZA INVERSIONISTA

. Como elementos adicionales en esta misma dirección deben señalarse, por un lado, la centralización del Fondo Nacional de Regalías y los mecanismos de cofinanciación para municipios y departamentos, lo que termina llevando las decisiones de los proyectos regionales al ámbito nacional. Finalmente, los consejos comunitarios que se muestran como la gran vocación del Gobierno por descentralizar decisiones, terminan concentrando todo el poder en el Primer Mandatario y, en el proceso, se debilitan funcionarios regionales e instituciones de este nivel. En cada consejo comunitario se desvirtúan los planes de ordenamiento territorial, y los planes de desarrollo departamental y municipal, aprobados por las asambleas y concejos municipales.

La política económica del Gobierno durante su primera etapa no ha sido un tema suficientemente debatido porque contó con la fortuna del periodo de alto crecimiento mundial que se tradujo en el país no solo en la salida de la crisis de finales de la década de los años de 1990, sino en el mayor periodo de crecimiento en muchas décadas. Pero ahora que se entró en la fase recesiva del

2 Jorge Bustamante. En defensa de los municipios y departamentos", vol. II, Bogotá, Editorial Instituto de Pensamiento Liberal, 2008. p. 47

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ciclo y se vive el impacto de la crisis mundial, la política económica está en el centro del debate. Las características de la política económica del modelo Uribe se pueden sintetizar en cuatro puntos. Primero, la estrategia ha sido la de incentivos a la oferta, lo que se traduce en rebaja de impuestos y de costos laborales a los empresarios para que aumenten la producción y generen empleo. Nunca el país había presenciado un monto de incentivos tributarios al sector empresarial de tal magnitud, a lo que se agrega, pactos de estabilidad jurídica que congelan impuestos a las empresas por veinte años, y zonas francas a domicilio. Todo lo anterior se traduce en una reducción significativa de ingresos fiscales y, lo más grave es que con esta política se ha abaratado el capital y encarecido el trabajo. Segundo: la privatización de las utilidades y la socialización de las pérdidas, lo que se tradujo en un modelo pro-rico, que aumentó la ya altísima desigualdad en el país. Las utilidades aumentan su participación en el PIB, mientras la contribución de salarios e ingresos de los informales cae. Tercero, y en concordancia con lo anterior, se da en el país desde hace ya cuatro años, un crecimiento sin empleo, tanto en las ciudades como en el campo: no se generó suficiente ocupación en las épocas de bonanza y ahora en plena desaceleración económica el desempleo se dispara3

3 De acuerdo con el último boletín del DANE el desempleo llegó al 14,2% en enero de 2009. Tomado de página web:

. Adicionalmente, y no menos complejo, estas prioridades han llevado a un crecimiento del gasto público sin precedentes, hasta generar un déficit del gobierno central de más del 4% del PIB, y a un acelerado proceso de privatizaciones que no democratizó la propiedad como lo manda la Constitución

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene09.pdf

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Nacional. Puesto en términos populares; se vendió la nevera para comprar el pan.

Los elementos anteriores conforman la «confianza inversionista» que según el Gobierno ha sido el gran resultado de la seguridad democrática a la cual se le atribuyó en su momento, la bonanza económica. Pero la evidencia demostró que a pesar de haber contribuido al crecimiento al atraer inversión nacional y extranjera, los factores determinantes habían sido el boom de la economía mundial y la abundancia de capitales en el mercado internacional. En el sector rural, el programa Agro Ingreso Seguro así como el caso de Carimagua representan claramente este modelo y se convierten en muestras evidentes de su orientación. El primero canalizó un gran monto de recursos especialmente dirigidos a grandes productores agropecuarios, y el segundo demostró la premisa del gobierno de que son los empresarios del campo los que crean riqueza y que por ello hay que otorgarles privilegios, mientras los campesinos, especialmente los desplazados, son considerados minusválidos productivos4

I.f. POLÍTICA SOCIAL Y COHESIÓN SOCIAL

y por consiguiente solo pueden ser peones.

En el modelo Uribe la política social es fundamentalmente asistencialista, y no tiene como objetivo romper la trampa de la pobreza, y mucho menos hacer de Colombia un país más equitativo. Más aún, sus resultados se desprenden de las premisas de la Seguridad Democrática y, sobretodo, de la

4 Cecilia López. Carimagua: un modelo desplazador. Bogotá, Editorial Partido Liberal, 2008.

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confianza inversionista. Su mayor contradicción se halla en que se le reconoce como factor de éxito la cercanía del Primer Mandatario a la gente por medio de los consejos comunitarios. Pero a su vez, las políticas sociales del Gobierno son su mayor debilidad. Es inexcusable que en un período de más de cuatro años con tasas de crecimiento económico de 6% en promedio, los descensos en pobreza se han reducido, y lo peor, se ha concentrado aún más el ingreso, como lo demuestra la CEPAL en sus informes recientes5. Como ya se mencionó, la gran falencia del modelo gubernamental ha sido el empleo, que sin duda es la mejor política social. El último informe del DANE señala que con un 14% de desempleo abierto, se ha llegado al peor nivel de desocupación en los últimos cinco años, y a una informalidad cercana al 60%, las peores tasas de América Latina6

. Estas son consecuencias de la política económica y laboral del Gobierno. Por un lado, se ha informalizado el trabajo formal, con el apoyo implícito que el Gobierno le ha dado a las cooperativas de trabajo asociado que realizan intermediación laboral, cuando la ley lo prohíbe. Por otro lado, la confianza inversionista al abaratar con toda clase subsidios el capital, volvió relativamente costoso el factor trabajo, con las consecuencias que se conocen de desempleo, baja participación laboral en algunos sectores y regiones, y pérdida de la participación de los ingresos de los trabajadores en el ingreso nacional. Ver Gráfico 1.

5 CEPAL, 2008. Op. Cit. 6 DANE, 2008. Tomado de página web: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_ech_ene09.pdf. CEPAL, 2008, Op. cit.

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La premisa fundamental es la vieja idea del chorreo, es decir, que el crecimiento económico per se favorece a toda la población, y que para los más pobres basta con tener políticas asistencialistas. Con este postulado se desarrollan todos los subsidios condicionados como los programas Familias en acción y Familias guardabosques, entre otros.

Se han ignorado los vínculos de las políticas económicas con la calidad de vida de la gente. Es decir, la política social no interactúa con la política económica. En educación, y sobre todo en salud, el criterio ha sido la ampliación de cobertura, sin criterios de calidad y con graves problemas financieros que tienen a la salud al borde de la crisis. Temas como la vivienda social, lejos de resolver esta carencia en sectores pobres, se han convertido es en un negocio para los contratistas, apoyados por sectores políticos sin que el Gobierno actúe. No se han dimensionado las consecuencias de la carencia de una verdadera

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25%

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2006

Gráfico 1.Composición del PIB(construcción Mauricio Cabrera)

Remuneración asalariados Ingreso Mixto Excedente bruto de explotación

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70,1% 70%

62,1%

50,4%

47,9%

39,1%

2002 2003 2004 2005 2006

Gráfico 2. Brecha Rural - UrbanaFuente: MERPD - DNP

Pobreza Rural Pobreza Urbana

política ambiental sobre la vida de los sectores más débiles, víctimas recurrentes de los veranos y los inviernos excesivos. El resultado no solo ha sido el deterioro de los indicadores sociales o su no recuperación, sino el estrangulamiento de las clase medias que además de no encontrar empleo decente, no son suficientemente pobres para recibir limosnas, ni suficientemente ricos para recibir subsidios. En consecuencia, la cohesión social es solo un discurso para la galería, y una prueba de ello es el crecimiento de la brecha existente entre la población urbana y la población rural, que lejos de reducirse en los años de crecimiento, se ha ampliado. Ver Gráfico 2.

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IIII.. RREEFFLLEEXXIIÓÓNN FFIINNAALL

Los altos niveles de popularidad que aún conserva el señor presidente Uribe demuestran que su modelo hasta ahora le ha resultado exitoso. Dos hechos claramente explican este resultado. En primer lugar, la seguridad democrática que por sus acciones, especialmente frente a las FARC, le ha devuelto al país la sensación de seguridad, especialmente en las carreteras del país y en sectores productivos. En segundo lugar, después de gobiernos anteriores que la ciudadanía percibió como muy débiles, el gobierno Uribe ha transmitido la idea de un Estado fuerte, hecho que se fundamenta en un mayor control del territorio nacional. En tercer lugar, el señor presidente Uribe se muestra como muy cercano a la gente, al pueblo, y esto se explica en gran parte por los consejos comunitarios que realiza semanalmente en distintas regiones. En tercer lugar, en un Estado como el colombiano en el cual los grupos de poder tienen mucha influencia, el hecho de estar en un Gobierno que ha favorecido tanto a grandes empresarios rurales y urbanos con su política de confianza inversionista, le ha garantizado el apoyo del establecimiento. En cuarto lugar, los pobres han recibido subsidios que aunque están lejos de resolverles su situación, sí los alivian dada la precariedad del mercado laboral. Esta es una solución que le garantiza apoyo político al Gobierno. Todo lo anterior se había visto favorecido por el auge de la economía mundial durante gran parte de estos seis años de Gobierno, pero hoy la situación es distinta.

Frente a las nuevas realidades económicas, la pregunta obvia es qué tanto ha preparado al país el modelo uribista para afrontar

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las complejas situaciones que se avecinan, y que dificultarán aún más las condiciones de vida de amplios sectores nacionales. No solo no hay recursos fiscales para promover políticas que generen empleo y demanda agregada, sino que la confianza inversionista redujo por 20 años los impuestos a las grandes empresas que son los mayores contribuyentes hoy en día. Esto sumado al inmenso déficit en las cuentas públicas, a las exenciones que el Gobierno se niega a eliminar, y a los programas sociales de raigambre populista, se traducirá en un panorama fiscal muy preocupante. No hay recursos con que atender las nuevas demandas y tampoco hay un plan de choque realmente importante. La conclusión obvia es que sin negar sus aciertos en seguridad, el modelo Uribe no preparó al país para enfrentar los difíciles años que se avecinan. Pero también debilitó la institucionalidad económica para enfrentar los nuevos y viejos retos. El ya precario equipo económico del Gobierno, en particular, Planeación Nacional, ha perdido su protagonismo como coordinador y evaluador de las políticas públicas. Precisamente en este momento, se eliminó la que se llamó Misión Social, lo cual impide el seguimiento a los indicadores sociales.

Debe destacarse, la capacidad del Presiente para concentrar la opinión pública en los aspectos positivos de su Gobierno, especialmente en el tema de la seguridad, en su aparente cercanía a la gente, en su inmensa capacidad de trabajo. Las obvias falencias definitivamente no corresponden a lo que la mayoría del país considera importante: la necesidad de reformas que modernicen la economía y la vuelvan más competitiva y que construyan una sociedad menos polarizada y más equitativa; la

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democracia, el respeto a los derechos humanos, la precariedad laboral, los problemas internacionales. Pero el país ya entró en un proceso de desaceleración económica que se evidencia aún más en los sectores, motores del crecimiento: industria, construcción, servicios, y en problemas graves de desocupación. Esta es una situación totalmente diferente de la que vivió el Gobierno durante los primeros años de su administración.

Lo más importante es reconocer que los problemas que el país ha subestimado no solo aflorarán con fuerza en los años venideros, y se hará necesario abordar las transformaciones que se han postergado por décadas. Además, muchas de estas falencias ya empiezan a repercutir en la imagen del país en el ámbito internacional, especialmente todas aquellas que se apartan de lo que hoy se consideran los valores globales como el respeto a todos los derechos de los ciudadanos, la transparencia, la equidad, la sostenibilidad ambiental y la civilidad en la solución de los conflictos. Para muchos que viven a Colombia desde una perspectiva muy doméstica, será una sorpresa comprobar que precisamente los temas que en el país no preocupan, en el resto del mundo son de suma importancia, y de no cambiar, esta situación limitarán el futuro del país.

A partir de los éxitos del modelo Uribe, pero reconociendo su profundas falencias y las nuevas circunstancias, es fundamental construir una nueva etapa, no solo del desarrollo colombiano, sino de la misma democracia, para que finalmente Colombia se constituya en lo mandado por la Constitución de 1991, esto es, en un Estado Social de Derecho.

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LLAA HHOORRAA DDEE LLOOSS DDEERREECCHHOOSS

PPaaííss ddee cciiuuddaaddaannooss

Al analizar seriamente la compleja situación actual del país es evidente que existe una coincidencia que debería ser muy afortunada para Colombia. La desaceleración de la economía colombiana y el impacto de la crisis financiera mundial, los resultados negativos de muchas de las políticas públicas y los nuevos retos que se le plantean al país, deben abrir los espacios para debatir alternativas que permitan convertir este difícil momento en una oportunidad para reencauzar el desarrollo colombiano y fijar objetivos más compatibles con las disparidades sociales, la violencia y el aislamiento internacional que han caracterizado el modelo económico del país. A su vez, este 2009 es un año electoral en el que el debate no puede concentrarse solamente en el tema de quién asumirá el poder en el 2010, sino en las diversas propuestas que los distintos candidatos y candidatas puedan presentarle al país. Plantear dificultades frente a alternativas, en un debate democrático, con civilidad, puede marcar una nueva etapa en la vida nacional y, tal como se ha reiterado, reivindicar la política como el escenario donde se resuelven, en forma pacífica, las contradicciones propias de toda sociedad.

El ejercicio realizado a lo largo de este libro, que se ha enriquecido con las ideas de muchas personas a quienes he consultado en conversaciones francas y abiertas, ha tenido como objetivo elaborar mi ideario liberal para buscar la Presidencia de la República, camino que comienzo con mi participación en la consulta popular del Partido Liberal. Bajo los principios liberales de defensa de la Constitución de 1991, de fortalecimiento del

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Estado de Derecho, de respeto por los derechos humanos, económicos, políticos y sociales de la población y, sobre todo, con el compromiso de orientar al país hacia la verdadera modernidad, presento a consideración de los colombianos y colombianas mi propuesta: La hora de los derechos para construir un país de ciudadanos. Cuatro pilares la conforman: seguridad con derechos, economía con derechos, política social con derechos, y ética y responsabilidad ciudadanas.

Parto del principio de que las grandes reformas que el país requiere en lo económico, lo social, lo laboral y lo rural, entre muchas más que han quedado en evidencia en los momentos actuales, deben tener como centro a la gente, para hacer realidad sus derechos fundamentales como ciudadanos y ciudadanas de este país. Como se ha reiterado a lo largo de este libro, frente a los inmensos retos que enfrenta la sociedad colombiana, no solo por una coyuntura en crisis, sino por un futuro incierto, es imprescindible que la campaña electoral se aparte de los esquemas de la política tradicional, y que, más que en componendas políticas, se centre en propuestas concretas. Las mejores ideas deben ser las que definan el triunfo del hombre o la mujer que llegue a la Presidencia de la República en 2010. Tiene que ser, por tanto, una confrontación distinta a las anteriores porque, lo que el momento actual exige son respuestas a los problemas de la población que no han sido resueltos, que se han venido acumulando a lo largo de los años, así como frente a los nuevos desafíos que surgen de una realidad internacional difícil y de una situación interna que no da espera.

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II.. FFOOCCOO DDEE LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAA:: LLOOSS

DDEERREECCHHOOSS

La propuesta que presento a consideración de los colombianos y de los liberales en particular, parte de reconocer que el centro de las políticas públicas será volver realidad los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos, de los que deben disfrutar por el hecho de ser ciudadanos, sin distingo de género, de raza, de riqueza, o de ubicación geográfica. Quien deba asumir esta responsabilidad no será un Estado que se limite a ofrecer servicios sociales a ciertos sectores que se declararán agradecidos, sino un Estado que cumpla con el mandato de hacer de Colombia un Estado Social de Derecho, tal como lo manda la Constitución de 1991. Esta satisfacción de los derechos en seguridad, educación, salud, vivienda y empleo digno, entre muchos más, se logrará gradualmente, de acuerdo con las posibilidades fiscales del país.

El viraje de la política pública hacia la satisfacción de los derechos de los ciudadanos es además, un compromiso mundial. Por medio del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, promovidos por las Naciones Unidas, los países miembros de este organismo, incluyendo a Colombia, adquirieron el compromiso global de reducir la pobreza y eliminar los fenómenos de exclusión y discriminación que padecen las sociedades del mundo1

1 Organización de las Naciones Unidas,1966. “Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales”. Tomado de página web: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm

. Hoy más que nunca, cuando

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las dificultades económicas mundiales amenazan con destruir los estándares de crecimiento y los niveles de calidad de vida de la población, muchos Estados empiezan a replantearse cuál debe ser la función que deben cumplir. Su preocupación debe ser entonces la de constituirse en garantes de los derechos sociales. Y dentro de ellos sobresalen el acceso a un trabajo digno y la garantía de los derechos laborales como un primer eslabón en la materialización de otros derechos tales como la vivienda, la salud y la educación. De otro lado, la interdependencia de estos derechos exige del Estado políticas económicas que, además del crecimiento, se preocupen por un adecuado sistema de distribución de la riqueza y la consolidación de un Estado fuerte para vigilar y controlar los excesos del mercado que van en detrimento de la población más vulnerable.

Las Naciones Unidas han establecido claramente los principios que deben regir el cumplimiento de estos derechos:2

Universalidad e inalienabilidad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Indivisibilidad: Todos los derechos poseen el mismo rango y condición, y no pueden ser clasificados, con anterioridad, en orden jerárquico.

Interdependencia e interrelación: La realización de un derecho a menudo depende, totalmente o en parte, de la realización de otros derechos.

Igualdad y no discriminación: Todos los individuos son iguales como seres humanos en virtud de la dignidad inherente de todo ser humano.

2 Ibid..

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Participación e inclusión: Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a una participación activa, libre y significativa en el desarrollo.

Responsabilidad e imperio de la ley: Los Estados y otros titulares de deberes deben responder por el cumplimiento de derechos humanos.

En Colombia estamos en mora de construir una política con enfoque de derechos, tal y como lo exige su vinculación a los diferentes convenios internacionales suscritos sobre derechos económicos, sociales y culturales y como se lo manda su Carta Fundamental. No se puede seguir hablando de crecimiento y desarrollo con los altos niveles de pobreza existentes y que, por desgracia, se van a elevar debido a la crisis actual, y cuando tampoco existe universalidad en el acceso a la seguridad social, cuando la educación y la salud son pobres para los pobres y cuando no se han puesto en marcha políticas claras, progresivas e incluyentes para enfrentar la difícil situación laboral de muchos compatriotas. Por las razones aducidas, es entonces impostergable hacer de la satisfacción de los derechos de la población, sin excepción alguna, el foco de las políticas públicas.

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IIII.. LLOOSS CCUUAATTRROO PPIILLAARREESS DDEE LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA

Seguridad con derechos

Economía con derechos

Política social con derechos

Ética y responsabilidad ciudadanas

Al focalizar la propuesta en los derechos: seguridad con derechos, economía con derechos, política social con derechos, y ética y responsabilidad ciudadanas, se busca construir un país de ciudadanos, es decir, de individuos que por el hecho de pertenecer a un Estado-nación —Colombia en este caso— tienen una serie de derechos y de obligaciones que comparten con todos los otros colombianos3. Reconocer la imperiosa necesidad de centrar las acciones públicas en la realización de los derechos esenciales de los individuos implica fortalecer la democracia, porque, tal como lo asegura Bobbio: «[…] en una democracia todos los ciudadanos tienen que ser iguales en algo»4

3 Andrenacci, Luciano y Fabián Repetto. 2006. Un camino para reducir la desigualdad y construir ciudadanía. En “Universalismo Básico Una nueva política Social en América Latina”. Banco Interamericano de Desarrollo. Editorial Planeta. Washington D.C. p. 87.

. En este caso, en un paquete de derechos básicos, iguales para todos, en los aspectos fundamentales de la vida de los habitantes del país. Pero aún más, si se acepta que los derechos son el norte, la seguridad no puede violar los derechos humanos, ni puede la economía evadir su responsabilidad con garantizar el derecho al trabajo ni la política social, el derecho a una vida digna. El cuarto

4 Lagos, Ricardo. 2008. “Llegó el Tiempo de dar Protección y Garantías” El Clarín. Buenos Aires. 27 de abril del 2008.

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pilar reconoce que también el hecho de ser ciudadanos exige responsabilidades y un comportamiento regido por la ética.

I.a. SEGURIDAD CON DERECHOS

Existe en Colombia un conflicto armado que hace imprescindible continuar debilitando a las FARC y a los otros grupos ilegales que siguen ocasionando muerte, destrucción, desalojos y desasosiego, tanto en el campo como en los centros urbanos del país. Es indiscutible la necesidad de que el Estado recupere totalmente el monopolio de las armas y del territorio, lo que no ha logrado plenamente. La respuesta liberal frente al tema de la seguridad tiene que poseer, en primer lugar, un enfoque de derechos que necesariamente remite no a una política de guerra sino a una política de paz, basada en la seguridad, que abra el espacio para la negociación política cuando estén dadas las condiciones para este proceso.

En segundo lugar, se le debe sustraer la base social a la guerrilla, conformada por el campesinado cocalero, que ha sido abandonado a su suerte por haberse visto forzado a abandonar, en muchas ocasiones, los centros urbanos, al no encontrar una fuente de ingresos en las actividades productivas formales. En tercer lugar, se debe reconocer que han surgido el neo-paramilitarismo y el crimen organizado que actúa como lo hacía en la década de los 805

5 El investigador Jorge Restrepo, quien lleva varios años estudiando el fenómeno de la

violencia en Colombia, acuñó la expresión neo-paramilitarismo para explicar el surgimiento de las nuevas bandas paramilitares que han surgido después del acuerdo de paz entre el gobierno del Presidente Uribe y las AUC al comenzar su mandato. Para

. La guerra frente a estos grupos es la que

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aún no ha librado la Seguridad Democrática, como tampoco ha logrado la recuperación del territorio nacional que sigue en manos de estos grupos. En cuarto lugar, es fundamental conocer la verdad sobre la situación real de los actores del conflicto porque una política de seguridad basada en un diagnóstico errado no puede tener éxito. En quinto lugar, la seguridad exige estrategias sociales que respondan por los derechos de la gente, empleo, bienes públicos e infraestructura, porque sin desarrollo

no hay paz.

Mi propuesta de Seguridad con derechos es la siguiente:

I.a.1 Proteger a los ciudadanos y a sus comunidades y garantizar los derechos de todos los habitantes.

I.a.2 Sustraer a la población civil del conflicto. El foco son las víctimas y nos los victimarios. Apoyar una ley que reconozca que también hay víctimas de actores del Estado.

I.a.3 Reconocer que sin justicia no hay paz. Respetar y consolidar la independencia del poder judicial.

I.a.4 Enfrentar con igual decisión a todos los grupos armados al margen de la ley que cometan actos terroristas: guerrilla, neoparamilitares y narcotraficantes. En el conflicto colombiano no hay un mal menor.

más información sobre el tema, ingresar a la página web del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC: http://www.cerac.org.co/

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I.a.5 Asumir el conflicto dentro de las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Esta es la base de acción del Estado porque el fin no justifica los medios.

I.a.6 Atender la crisis humanitaria del desplazamiento, recuperar el proyecto productivo de los desplazados y devolverles su tierra. Garantizar la seguridad en las zonas de expulsión y de retorno. Los desplazados no son minusválidos productivos.

I.a.7 Construir una política productiva y social para el conflicto que impida el acceso de los sectores más débiles de la población a las filas de los grupos armados ilegales. Guerra sin desarrollo es más guerra.

I.a.8 Volver a los cocaleros sujetos de política pública para eliminar la base social de los actores armados del conflicto. Diseñar e implementar una estrategia eficiente de sustitución de cultivos.

I.a.9 Priorizar la seguridad ciudadana tanto en las ciudades como en el campo. Establecer un plan coordinado entre gobierno central, las autoridades locales y la sociedad, que genere un ambiente seguro en nuestro entorno.

I.a.10 Evaluar y reenfocar la estrategia militar y de inteligencia para fortalecer la acción del Estado y así llegar a un fin responsable de la guerra.

I.a.11 Asegurar nuestras fronteras y construir alianzas con nuestros vecinos. La seguridad de las fronteras no es exclusivamente militar, la verdadera seguridad se alcanzará cuando estas se conviertan en puntos de

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encuentro, de comercio y de productividad con reglas claras.

I.a.12 Hacer de la reinserción una responsabilidad de la sociedad colombiana y no solo del Estado. Reconocer que Colombia vive conflicto y postconflicto simultáneamente.

La paz es la meta. Frente al odio, la objetividad; frente a las recompensas, la justicia; frente a los falsos positivos, los derechos humanos; frente a la represión, la protección, y frente a la seguridad nacional, la seguridad con derechos.

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I.b. ECONOMÍA CON DERECHOS

Cuando la economía creció en promedio, al 6% anual, Colombia perdió la oportunidad de realizar las grandes transformaciones que el país requiere para encontrar la senda de ese crecimiento alto y sostenible que le pueda permitir insertarse con éxito en la globalización, así como sentar las bases para construir la sociedad que todos deseamos. La economía empezó a desacelerarse a principios de 2008, antes de que se sintieran los impactos de la crisis internacional, y hoy presenta síntomas claros de un serio deterioro. Una propuesta liberal debe enfrentar este reto a partir del reconocimiento de la necesidad de vincular la economía con los derechos de los ciudadanos.

Se necesita un nuevo modelo económico que genere crecimiento con empleo; que no reduzca relativamente el costo del capital y encarezca la mano de obra y que estimule el trabajo digno. Se requiere un modelo económico que no insista en la confianza inversionista como motor de desarrollo, cuando los capitales buscan inversiones más seguras y cuando su talón de Aquiles ha sido su incapacidad de generar empleo formal. Se requiere un modelo que no socialice las pérdidas del sector privado mientras se privatizan sus ganancias, que no concentre los beneficios del progreso en los sectores de altos ingresos, y que no estrangule a las clases medias. También es necesario lograr una verdadera transformación productiva, con subsidios a actividades con potencial y una política activa especialmente en el sector rural, de manera que el agro pueda convertirse en un motor del desarrollo y en un nuevo generador de empleo. Urge contar con un modelo en el que se reconozca que la

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competitividad comprende la formación de capital humano, y que se fundamente en la innovación y el desarrollo tecnológico. En últimas, es imperativo que se reconozca que la política económica sí incide, y de manera sustantiva, en la vida de la gente.

Entre los derechos económicos es fundamental darle prioridad inmediata al derecho a elegir libremente el trabajo, a gozar de unas condiciones laborales justas y a formar sindicatos y unirse a ellos6

Mi propuesta de Economía con derechos es la siguiente:

. Con ello, se asegura la satisfacción de derechos económicos tan fundamentales como el de la alimentación y la vivienda y otros que se derivan de poder disponer de un ingreso como producto de la actividad laboral. Por ello, la acción gubernamental tiene que focalizarse de inmediato en el freno al creciente desempleo y en lograr minimizar los efectos negativos de la desaceleración de la economía. Colombia se aproxima a los 3.000.000 de desempleados, cifra a la que se llegó en la crisis económica de 1999, cuando el PIB decreció en 4,2%.

I.b.1 Acabar con el gasto público irresponsable y desmedido. Realizar un análisis detallado de los gastos existentes del Presupuesto Nacional y eliminar todos aquellos que favorezcan una política populista.

I.b.2 Reconstruir la estructura impositiva y de gasto del Estado con criterios de progresividad, y terminar de una vez por todas con los subsidios y las exenciones

6 Amnistía Internacional. Derechos económicos, Sociales y Culturales. http://www.amnestyusa.org/derechos-economicos-sociales-y-culturales/derechos-economicos-sociales-y-culturales/page.do

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innecesarias. Cada colombiano debe pagar impuestos de acuerdo con sus capacidades y cada empresa de acuerdo con sus utilidades.

I.b.3 Diseñar y ejecutar una estrategia de generación de empleo digno, como eje de la política económica. Eliminar los impuestos al trabajo formal y los subsidios a la informalidad, con el fin de aumentar la productividad y el crecimiento de la economía.

I.b.4 Impulsar la trasformación de la base productiva del país para ser competitivos, crear empleo y aumentar la oferta de bienes y servicios. Esto es, identificar nuevos sectores, productos o servicios que generen mayor valor agregado para competir en los mercados internacionales.

I.b.5 Fortalecer la descentralización de las regiones. Crear el Fondo de Compensación Regional que corregirá la persistencia de las desigualdades, al canalizar recursos hacia las zonas más deprimidas del país.

I.b.6 Reforma rural inmediata que libere la tierra, la distribuya equitativamente y la vuelva rentable, que cierre la brecha rural-urbana. Los campesinos y los empresarios son el motor del desarrollo y no su ancla.

I.b.7 Estimular la innovación e invertir como mínimo dos puntos del PIB en ciencia y tecnología. La nueva institucionalidad no basta si no cuenta con recursos suficientes.

I.b.8 Establecer políticas comerciales y de inversión que protejan los intereses nacionales y que amplíen mercados internos y externos. En el comercio siempre

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habrá ganadores y perdedores y el Estado debe mitigar sus efectos negativos. Diseñar el marco jurídico para la negociación de los acuerdos internacionales en esta materia, de manera que se respeten los intereses nacionales y la soberanía.

I.b.9 Impulsar la demanda interna como eje del desarrollo porque las exportaciones aún no son el motor de la economía nacional. Son los ingresos de los colombianos provenientes de su trabajo los que conforman, en gran medida, el mercado interno. Por consiguiente, es el empleo digno el que impulsa la demanda interna. La creación de empleo formal debe ser el centro de la política económica.

La crisis mundial va a pasar y el reto no es solamente sobrevivir sino prepararse para el futuro. Se requiere replantear tanto la política económica actual como su estructura. La transformación productiva e institucional le garantizará al país el fortalecimiento de la economía para ubicarnos un paso más adelante de los demás países emergentes.

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I.c. POLÍTICA SOCIAL CON DERECHOS

Durante los últimos años se consolidó en el país el modelo social que acompañó las fracasadas políticas económicas en toda América Latina, el cual lejos de lograr un desarrollo con equidad polarizó, aún más, a la sociedad colombiana. El énfasis ha sido puesto en los pobres, para quienes se diseñaron políticas de claro corte asistencialista y se abandonó a la clase media. La cohesión social ha sido solamente un discurso retórico porque la políticas públicas así concebidas profundizaron aún más las diferencias entre los colombianos. Aunque las políticas de ampliación de cobertura en educación y salud continuaron, presentan gravísimos problemas de calidad en el caso de educación, de sostenibilidad financiera en el de salud, y de baja cobertura en vivienda, agua potable y nutrición, entre otros.

La obsesión por la eficiencia, la privatización y la focalización, terminó fracturando la política social en tres pisos; un primer piso para la población pobre, no siempre la más pobre, que ha sido el objeto de Familias en acción y programas similares de transferencias de ingresos y contraprestación familiar; un segundo piso, cada vez más débil y desfinanciado, para los trabajadores formales, sin posibilidades de acceder al tercer piso, dirigido a sectores de altos ingresos que compran en mercados de seguros de salud, de pensiones y de educación, los mejores servicios del país. En plata blanca, los pobres reciben limosnas con obligaciones, los ricos compran todo lo que necesitan y tienen lo mejor en salud, educación y pensiones, y las clases medias van perdiendo acceso, y muchas familias de este estrato se descuelgan al primer piso. Los sectores de altos

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ingresos están satisfechos y poco les interesa que los otros tengan malos servicios o no tengan nada. Los pobres están agradecidos porque se les alivia la vida, aunque estas transferencias nunca los saquen de la pobreza, dado que la educación y la salud siguen siendo pobres para los pobres. Y las clases medias, las grandes perdedoras, no califican ni para limosnas ni para comprar lo mejor en educación, salud y seguridad social.

Pero lo más grave es que esta política social subsidia la actividad informal con programas como Familias en acción y otros, al tiempo que grava el trabajo formal con los parafiscales. Esto incentiva la informalidad y penaliza el trabajo formal, lo que reduce la productividad del país y frena el crecimiento económico. Se requiere que los colombianos tengan acceso a un paquete de derechos esenciales con independencia de sus condiciones laborales. Las transferencias de ingresos para los pobres serían para aliviar el impacto de nuevos impuestos que financiarían los derechos de todos. Así lo dice Santiago Levy7

7 Santiago Levy, Good Intentions, Bad Outcomes: social policy, informality, and economic growth in Mexico, Brookings Institution Press, 2008, Washington.

, vicepresidente del BID, quien diseñó el tipo de programas como Familias en acción. De esta manera se acaba con el populismo porque la población, lejos de estar agradecida por las limosnas del Gobierno, demanda sus derechos frente a los cuales el Estado tiene que responder. ¿Cómo se construye ese paquete esencial? Esto es parte del debate que la sociedad colombiana tiene que dar. Adicionalmente, han surgido en el mundo alternativas a las transferencias condicionadas que pueden ser de mayor impacto: las estrategias de garantía de empleo o de

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empleador de última instancia, promovidos por el Estado. Esta alternativa debe estudiarse de inmediato.

Mi propuesta de Política social con derechos es la siguiente:

I.c.1 La política social con enfoque de derechos establecerá el acceso de todos los ciudadanos a un paquete de servicios esenciales de calidad de manera progresiva, de acuerdo con las condiciones fiscales del país. La niñez, la juventud y la vejez son grupos prioritarios dentro de esta política.

I.c.2 Garantizar a todo colombiano el derecho al mínimo vital. Es decir, adoptar las medidas necesarias para hacer realidad una vida digna.

I.c.3 Hacer del empleo digno un derecho fundamental y reconocer que es la mejor política social.

I.c.4 Diseñar e implementar una política de empleo de última instancia de carácter transitorio para poblaciones vulnerables. El Estado debe retomar su responsabilidad en la generación de empleo.

I.c.5 No más educación pobre para pobres. Establecer progresivamente la gratuidad en todos los niveles de enseñanza y garantizar el ingreso al sistema educativo desde los dos años de edad.

I.c.6 No más salud pobre para pobres. Una revisión profunda a la salud. Preservar un seguro público que defina los lineamientos para la prestación del servicio y asegurar calidad y sostenibilidad financiera del sistema general de salud.

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I.c.7 Separar la seguridad social del empleo. Es decir, adoptar un esquema de flexiseguridad que permita la movilidad laboral sin perder los derechos sociales.

I.c.8 Eliminar la miseria entendida como el no acceso a servicios mínimos. Fijar metas de reducción de pobreza en el cuatrienio y de mejoras en desigualdad.

I.c.9 Retomar el liderazgo en políticas de equidad de género para resolver de manera definitiva los desequilibrios que aún afectan a las mujeres. Reconocer que no se logrará igualdad entre los géneros mientras no se acepte la contribución de la mujer a la economía del cuidado.

I.c.10 Estrategias específicas para grupos en condiciones de vulnerabilidad, de riesgo o históricamente discriminados.

I.c.11 Definir una política social que ofrezca bienes públicos en el sector rural para cerrar la brecha en términos de calidad de vida entre la población rural y urbana.

El país demanda una política social que rompa el círculo de la pobreza, que incentive la formalización del trabajo y que, por tanto, contribuya a la equidad y al crecimiento económico del país.

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I.d. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Colombia requiere la construcción de un ideal colectivo como sociedad, basado en la paz, la equidad y el respeto por la vida como su fundamento ético. Este proceso colectivo, que no es tarea exclusiva de un gobierno sino de una sociedad de ciudadanos comprometidos, parte del hecho de reconocer que nuestra historia tiene influencias nefastas como la corrupción, el narcotráfico y los grupos armados.

La falta de transparencia en muchos niveles de la administración deterioró la confianza en sus instituciones y permitió que parte de la sociedad acudiese a prácticas clientelistas en sus relaciones con el Estado. Algunos sectores políticos se prestaron para el uso de influencias indebidas y la gestión de intereses privados, y un buen número de administraciones en los ámbitos nacional, regional y local, fueron presa fácil de los poderes mafiosos, la guerrilla y el paramilitarismo, que cooptaron al Estado como camino para la consecución de sus propósitos.

La cultura del narcotráfico trastocó valores como el respeto por la vida, la justicia, la educación, y el trabajo, como mecanismos legítimos de ascenso social. La posibilidad de acceder al poder, y el dinero fácil, se infiltraron en muchas instancias sociales. De igual forma, la crisis vivida por Colombia con ocasión del colapso de los sistemas de captación conocidos como «pirámides», dejó en claro que la cultura del enriquecimiento rápido, sigue siendo dominante entre la población del país. En un momento en que la economía legal se debilita por la crisis, aumenta el peligro de una penetración mayor de dineros ilícitos.

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La ética pública impone un respeto por el ser humano que se concreta en la forma como los funcionarios públicos realizan sus labores en la búsqueda del bienestar para todos. Pero también los ciudadanos se someten a la ética pública en el sentido de que su relación con el Estado debe centrarse no en pedir favores y obtener beneficios, sino en asegurarse de que el trabajo de todos genere las condiciones para alcanzar el interés general.

Dentro de estos lineamientos, el presidente de la República es ante todo un ciudadano y como tal, es el primero que debe respetar los valores de la sociedad y regirse por los principios de la ética pública. A su vez, los funcionarios públicos tienen responsabilidad política cuando existan indicios serios sobre acciones u omisiones en su gestión que afecten directamente el interés público, o acerca de que hayan incurrido —ellos o sus familiares— en acciones contrarias a la ética y a los derechos humanos. En aras de recuperar la ética pública, ante casos de corrupción, el Presidente de la República debe actuar en consecuencia.

Este pilar debe consolidar la participación ciudadana que lleve a todos los habitantes del país a asumir sus responsabilidades frente al Estado. Para lograr lo anterior, es necesario establecer una respuesta institucional que recupere el sentido de lo público, acompañada de una estrategia que lleve a todos los ciudadanos a asumir el respeto por las normas, y por las instituciones, y que cambie las formas de relación entre los ciudadanos y el Estado.

Mi propuesta de Ética y responsabilidad ciudadanas es la siguiente:

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I.d.1 Recuperar la dignidad de la figura presidencial como símbolo de unidad y primer responsable en el respeto de los valores democráticos. El presidente de la República tiene un compromiso de respeto a la Constitución, las instituciones, y los ciudadanos.

I.d.2 Crear y difundir las cartas ciudadanas para que todos los colombianos conozcan sus derechos y aprendan a ejercerlos y exigir su satisfacción como base de la ciudadanía.

I.d.3 Fortalecer las conductas éticas por parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos, que establezcan las reglas de comportamiento dentro del Estado. La transparencia es el compromiso de la administración pública de dejarse ver y fundamentar sus actuaciones y decisiones.

I.d.4 Promover la sanción social. Hacer visibles las sanciones contra funcionarios públicos y ciudadanos por la realización de delitos de corrupción y conductas contrarias a la ética.

I.d.5 Reevaluar los mecanismos de participación existentes y abrir nuevos espacios que impliquen que los ciudadanos tengan que asumir responsabilidades. Implementar nuevos mecanismos de denuncia y queja que garanticen respuesta inmediata del Estado.

I.d.6 Establecer una relación diferente entre los sectores público y privado. Los empresarios son ciudadanos privilegiados que tienen obligaciones y responsabilidades mayores frente a toda la sociedad.

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I.d.7 Apoyar a los gobiernos locales para que alcancen la capacidad administrativa que requieren. Promover un proceso de coordinación nacional para formar a los funcionarios y avanzar en criterios de eficiencia y probidad en la gestión pública local.

Si logramos un conjunto de valores comunes que todos compartamos, el ejercicio de los derechos fundamentales será viable.

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I.e. TEMAS TRANSVERSALES

El actual modelo de gobierno que se aplica en nuestro país tiene su propia concepción sobre la política y el Estado, así como sobre la descentralización, el narcotráfico, el desarrollo sostenible, la diversidad cultural y las relaciones internacionales. Esta percepción marca claramente el estilo del manejo de lo público en la actual Administración Nacional. Una vez expuestos los elementos de la propuesta política en consideración, es fundamental señalar o bien los cambios que se requieren, o la concepción liberal sobre estos puntos, para comprender el viraje que será necesario dar en busca de hacer realidad las estrategias que se ponen a consideración de la opinión pública nacional.

La Hora de los Derechos será una realidad en Colombia, cuando el desarrollo de los pilares expuestos se dé en el siguiente contexto:

I.e.1 Un ejercicio renovado de la política. Dos premisas básicas orientarán la política en esta propuesta. En primer lugar, solo una buena política permite garantizar un buen gobierno y, en segundo lugar, la política es una misión y no un negocio. Se reconoce su correcto ejercicio como elemento fundamental para ejercer el poder, lo cual parte de aceptar que es fundamental blindarla contra los intereses particulares, la corrupción y los vínculos con los actores ilegales del conflicto. Adicionalmente, y no menos importante, la política debe estar alejada del clientelismo y del populismo, que comprometen irresponsablemente los recursos del

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Estado para obtener prebendas políticas y el favoritismo de la opinión pública

I.e.2 Un Estado que retome el liderazgo del desarrollo nacional y que no esté capturado por los círculos de poder. No se trata de construir cualquier tipo de Estado. En sociedades tan desiguales como la colombiana, con círculos con tanto acceso a las altas esferas del poder, existe el riesgo de que el Estado siga siendo capturado por ellos. Romper estos vínculos perversos que concentran aún más la riqueza y agravan la desigualdad es probablemente el gran reto que esta propuesta política enfrenta. Se asume, por tanto, la responsabilidad de construir un Estado que adopte el mandato ineludible de construir sociedades igualitarias y democráticas.

I.e.3 Un debate franco y amplio sobre el impacto del narcotráfico en los males de la sociedad colombiana. Asumir un liderazgo internacional en la búsqueda de alternativas reales. Este es un gran tema que tiene que estar en la agenda de la campana presidencial. Es el momento de revisar seriamente la estrategia colombiana tanto en términos de la política interna como en el ámbito internacional. Están dadas todas las condiciones para realizar exitosamente esta tarea. En el frente interno han empezado a surgir serias dudas sobre el Plan Colombia, circunstancia que será utilizada para impulsar una verdadera evaluación de su eficiencia actual, en términos de la lucha contra el narcotráfico, del monto de recursos nacionales e internacionales que absorbe, y de la oportunidad para un viraje acorde con metas realistas.

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En el frente internacional, como ya se mencionó, en momentos en que se ha llegado a plantear hasta la legalización, Colombia debe liderar un gran debate mundial para recoger todas las nuevas propuestas que han abierto el camino para analizar las ideas que circulan en búsqueda de soluciones a este gran problema mundial pero que en el caso colombiano constituye una gran fuente de dolor y de costo económico, político y social.

I.e.4 Una agenda que trabaje por el desarrollo sostenible, y que propenda por un dialogo intersectorial que nos lleve a una visión común y estratégica sobre el medio ambiente, que incluya el problema del cambio climático y que replantee la política energética para promover el uso de energías renovables de manera eficiente. Sin un verdadero Ministerio del Medio Ambiente porque el actual se ve copado por el tema de la vivienda, y por el desprecio que se tiene sobre los debates mundiales, Colombia no ha puesto el tema del cambio climático en su agenda de gobierno. Pero la amenaza ambiental existe para países como Colombia, porque se ha exacerbado el efecto invernadero en la atmósfera por la emisión de gases sin control, especialmente en los países industrializados. El elemento crucial para enfrentar este problema es una nueva política energética integral, que promueva el uso de energías renovables y la eficiencia energética.

I.e.5 Un respeto a la diversidad e identidad cultural del país. Fortalecer la institucionalidad responsable de la cultura.

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A pesar de haberse creado el Ministerio de la Cultura en 1996, la cultura sigue siendo la cenicienta de la administración pública. Sin recursos suficientes, sin políticas claras y, sobretodo, sin apoyo político, no se ha logrado capitaliza la gran riqueza del país y de los colombianos en este campo. Darle la prioridad que corresponde, apoyar su desarrollo y promoción, estimular su diversidad, son parte de esta propuesta.

I.e.6 Una Política Exterior sin improvisaciones, que abra al país al resto del mundo y especialmente a Asia. Este es probablemente uno de los campos donde se exigen los mayores virajes. No más improvisación en las relaciones internacionales, ni más proliferación de voceros dentro del Gobierno. Replantear la mirada exclusiva de Colombia hacia Estados Unidos porque se está llegando a niveles de pérdida de soberanía. Reconocer que las relaciones con los países de América Latina son fundamentales. Y dentro de este reconocimiento, debe propenderse por una estrategia diplomática clara: con México, por ejemplo, país con el que se pueden sellar nuevas alianzas para la lucha contra la droga. Políticas similares pueden seguirse con el grupo de países que hoy giran alrededor de Venezuela para evitar que sean caja de resonancia de las diferencias de Colombia con el país vecino. Una nueva estrategia diplomática con los países vecinos debe reconocer que Venezuela y Ecuador son, junto a Estados Unidos, los socios comerciales más importantes. También se requiere un nuevo esquema de relaciones con el Brasil, en este momento en el que ese

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país busca afianzar su liderazgo en la Región. Es tiempo también de proyectarnos hacia las potencias emergentes de Asia, ahora sí de manera seria.

Ha llegado el momento de fortalecer la presencia del país en los espacios multilaterales y aprovecharla para resolver conflictos con los vecinos. Pero darle a la diplomacia el valor que debe tener así como usarla con fines estratégicos demanda respetar y fortalecer la carrera diplomática, hoy tan menospreciada y atropellada por las prácticas del clientelismo y el favorecimiento para obtener ventajas políticas. Finalmente, el país debe conectarse con los debates mundiales para poder reaccionar a tiempo —crisis alimentaria, crisis financiera, cambio climático—, y aceptar que existen valores globales como los derechos humanos, la equidad, la transparencia, el respeto al medio ambiente y a la equidad de género, para así no ser juzgados negativamente por el mundo de hoy.

Descentralización. Es parte del ideario liberal reconocer que Colombia es un país de regiones diversas, con potencial de desarrollo diferente y que esta diversidad a pesar de constituir su gran riqueza es también una fuente de desigualdad dentro de la sociedad colombiana. Lograr un desarrollo regional armónico del país pasa por comprender a cabalidad su proceso de descentralización. Colombia se ha descentralizado fiscalmente pero sigue centralizando el desarrollo y frenando el potencial de crecimiento de los entes territoriales. Este proceso se ha acentuado en esta Administración y es urgente volver a fortalecer la descentralización, pero con un objeto adicional: apoyar las regiones más rezagadas por medio de mecanismos como el Fondo de Compensación Regional, y la expedición de

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leyes que incentiven el desarrollo de las zonas más pobres del país. Será imposible lograr que Colombia sea una sociedad equitativa si persisten las profundas inequidades entre las diversas regiones del país.

Reorientar a Colombia por el sendero de los principios liberales exigirá un gran esfuerzo que solo será posible mediante amplios consensos sobre temas fundamentales. La sociedad colombiana, dividida ideológicamente, se va a enfrentar a la necesidad de identificar mecanismos de encuentro para impulsar las transformaciones que Colombia necesita. Pero esos acuerdos deben empezar a construirse de inmediato, y por ello es fundamental que esta campaña a la Presidencia de la República, se diferencie de muchas otras, y se caracterice por el debate de propuestas, de programas de ideas. Espero contribuir a este gran debate nacional que debe ser la contienda política en curso.

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Las reflexiones y propuestas consignadas en este ideario liberal tienen una meta concreta: llegar a la presidencia de la República. No se trata, ni mucho menos, de un problema de ambición personal ni de deseo de poder. Son largos años sintiendo al país, produciendo análisis sobre su realidad, reflexionando sobre sus debilidades y sus fortalezas, investigando sus problemas, pensando, escribiendo y sobre todo, escuchando frustraciones y lidiando arrogancias. Mi ya larga vida profesional, que se inició a principios de la década de 1970, pasó primero por la investigación en el CEDE de la Universidad de los Andes, y en Fedesarrollo, donde tuve el privilegio de contar con maestros como Álvaro López Toro —sin duda uno de los grandes científicos sociales que ha tenido el país—, quién me dedicó horas enteras para que entendiera las complejidades de la demografía económica. En Fedesarrollo, bajo la dirección de Rodrigo Botero, en una larga caminata por el oriente antioqueño aprendí una lección de vida: la política y los negocios son incompatibles. Fue él quien me enseño a escribir y sobre todo, a pensar, a mirar el mundo y desde esa perspectiva, a tratar de entender a mi país. Tuve un corto paso por el sector privado como vicepresidenta de ANIF, cuando el ex presidente Ernesto Samper, su presidente en ese momento, me ofreció el cargo.

Después de no haber aceptado, por razones personales, la Dirección del DANE, durante el gobierno del presidente López Michelsen, Eduardo Wiesner me sustrajo de mi vida de investigación y me llevó al Departamento Nacional de Planeación, como jefe de la Unidad de Desarrollo Social, durante el gobierno del presidente Turbay. Allí empezó ese largo paso

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por la administración pública que me marcó para siempre. Cinco presidentes: Turbay, Betancur, Barco, Gaviria y Samper, encauzaron mi vida profesional con designaciones para cargos públicos basadas en mi desempeño profesional y sin mucho apoyo político, dado que fui parte de esa generación de tecnócratas de la Universidad de los Andes que fue vacunada contra la política. Gracias a la generosidad del, en ese momento, jefe del DNP, Federico Nieto Tafur, llegué a la Dirección de Fonade cuando era lo que aun debería ser, un fondo de pre-inversión. Descentralizar la pre-inversión fue mi más grata tarea y en ella conté con el apoyo de Ana Milena Muñoz de Gaviria. Cuando el presidente Betancur les abrió esa ventana de oportunidad a las mujeres, fui vice ministra de Agricultura, honor que compartí con profesionales valiosas como María Teresa de Saade, María Eugenia Correa, y muchas otras que se han destacado en el país. En el Ministerio de Agricultura aprendí mucho sobre el campo con el ministro de ese entonces, Roberto Junguito, quien fue mi compañero de estudios en la Universidad de los Andes. Mi gran recuerdo de ese cargo es haber sido reconocida por mi trabajo con los cultivadores de fique del Cauca, Nariño, Antioquia y Santander y, en general, con los productores pobres del país, especialmente los de la Costa Atlántica. Cuando se controlaban las importaciones, los empresarios me recuerdan por mis posiciones firmes y de pocas concesiones. Mi preocupación por las mujeres logró que se presentara, por primera vez en el Conpes, un documento sobre la mujer rural que desarrollaba una política para las productoras del campo. Fue una hermosa y gratificante tarea que me ha dejado grandes amigos y una gran comprensión de las

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necesidades del agro y de los denodados esfuerzos que hacen los campesinos.

Después de tres años como viceministra de Agricultura, el Presidente Betancur me dio la gran oportunidad de ser embajadora de Colombia en los Países Bajos. Fui ratificada por el presidente Barco y viví momentos excepcionales como el caso de la Barcaza que generó el sonado conflicto con Venezuela, y que me obligó a aprender francés para poder relacionarme con la Corte Internacional de la Haya. Recuerdo la visita casi clandestina que le organicé al presidente Alfonso López Michelsen con el presidente de la Corte para tratar los problemas con el vecino país. Pero sin duda, mi mayor logro fue el haber impedido que, a finales de la década de 1980, sancionaran a Cuba, y de paso a Colombia, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Con la dirección permanente del presidente Barco se logró desmontar la sanción por violación de derechos humanos que se le preparaba a Colombia después del doloroso episodio del Palacio de Justicia. Rompí todas las reglas de Naciones Unidas y así, México, Perú y Colombia, impedimos las sanciones a Cuba y a nuestro país. El éxito radicó en que el presidente Barco me autorizó a decir que en Colombia sí se violaban los derechos humanos, pero que no era una política de Estado. Eso me costó sangre en Colombia y la Cancillería decidió mantener el episodio en secreto porque el tema de derechos humanos no era, según ellos, un tema de la agenda nacional.

Después de tres años en la Embajada, Naciones Unidas me ofreció la dirección del Programa Regional de Empleo de la OIT

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para América Latina y el Caribe (PREALC), con sede en Santiago de Chile. El presidente Barco me aconsejó que lo aceptara porque había muy pocos colombianos en organismos internacionales. Tuve el privilegio de vivir en ese país la transición de la dictadura de Augusto Pinochet a la democracia. Conocí al hoy ex presidente Ricardo Lagos, por quien profeso una gran admiración, y a muchos de los que hoy son grandes figuras de la política chilena. Recuerdo con gran afecto a Alejandro Foxley, hasta hace poco canciller de ese país, quien aceptó dirigir el trabajo sobre la Deuda Social en Colombia, con una nómina de profesionales chilenos y colombianos de lujo. Con ese trabajo logramos dejar en claro que Colombia era el único país en América Latina que no había perdido la década de los años de 1980. El presidente Barco entendió la importancia de esa conclusión y por ello me dio todo el respaldo, lo mismo que el ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón. Desempeñaba ese cargo cuando recibí una llamada de Rudolf Hommes, quién me invitó a regresar a Colombia para dirigir el Instituto de Seguros Sociales, que atravesaba por una de sus tantas crisis. No lo pensé dos veces y regresé al país a trabajar en el gobierno del presidente Gaviria, con quien me unía un gran afecto, tras haber compartido pupitre en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

Dos años intensos y apasionantes en los que ataqué la corrupción, sorprendí a los médicos, y con la ayuda de un gran equipo, logramos mejorar el servicio, como lo reconocen muchos colombianos. Mi paso por el ISS terminó abruptamente cuando renuncie junto con otras 20 personas de la dirección, por estar en desacuerdo con la Ley 100, y tener un duro

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enfrentamiento con Juan Luis Londoño. Escribimos el libro «Análisis de las alternativas para una reforma pensional en Colombia», cuyo prólogo fue escrito por Álvaro Uribe Vélez, senador de la República y ponente de la Ley 100. Se sucedieron duros debates en el Congreso, contra el ministro del Trabajo de la época. Como simple ciudadana, me abrieron la posibilidad de ser llamada por el entonces candidato a la Presidencia, Ernesto Samper, para que fuera parte de su equipo técnico, dirigido por Guillermo Perry, en compañía de Antonio Hernández Gamarra y Luis Bernardo Flórez, entre otros. Por no tener apoyo político explícito no pude ser designada ministra de Agricultura ni de Educación, como inicialmente se me ofreció, sino del Medio Ambiente, cargo poco atractivo, entonces, para los otros futuros miembros del gabinete. José Antonio Ocampo, quien sería el primer director del DNP de la administración Samper, me aconsejó que lo aceptara. Siempre se lo agradeceré porque allí descubrí que también tenía un corazón verde.

Pasé después a ser ministra de Agricultura, donde mi obra, de nuevo, fue atacar la corrupción, sobre todo mediante la liquidación del IDEMA y desarrollar políticas que hoy todavía están vigentes; entregarles tierra, por primera vez, a las negritudes, y fortalecer el ICA. Pero fue el Contrato Social Rural, mi mejor apuesta, pues acercaba el gobierno a las necesidades de la población campesina. Sin embargo, rápidamente salí del Ministerio por mi enfrentamiento con la clase política tradicional de la Región Caribe. Sin embargo, con el apoyo de algunos sectores de esta región, llegué al Departamento Nacional de Planeación, desde donde daría por terminado mi paso por el Ejecutivo. Debo recordar que durante todo el gobierno fui la

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ministra Responsable de la Mujer, y recuerdo la anécdota del presidente Samper, quien afirmaba que solo cuando se trataba de ferrocarriles, yo no sacaba a relucir en el Consejo de Ministros el tema de las desigualdades de la mujer. Pero solo en el DNP logré impulsar lo que siempre he querido, una política transversal de equidad de género.

Trabajé allí con un equipo de lujo en el último año de uno de los gobiernos más difíciles de la historia colombiana. Se lograron avances importantes que el país aún no reconoce, como ejecutar la ley 100, con la cual muchos no estábamos de acuerdo, pero que, en el caso de la salud, reconocíamos el costo de frenar su desarrollo. La mayor ampliación de cobertura se dio en ese gobierno al pasar del 25% al 62% así como la consolidación de las concesiones en infraestructura que si no se hubieran suspendido en los gobiernos siguientes, otra sería la situación actual de las carreteras del país.

Un periodo de reflexión en Estados Unidos como consultora del Banco Mundial, del BID, y de Naciones Unidas, me permitió entender el mundo económico, y ponerme al día con los nuevos desarrollos sobre economía, política social, y medio ambiente. Esa mirada de lejos me indujo a escribir mi primer ensayo sobre «Los costos ocultos de la paz en Colombia», gracias al apoyo del Banco Mundial. Durante esos años fui invitada a participar en consejos directivos en el ámbito internacional, en representación o bien de América Latina o bien de las mujeres. Durante muchos años he sido parte de la dirección mundial de IWMI, Instituto Internacional del Agua, del IFPRI, Instituto Internacional para la Investigación Agrícola y de Rawoo, que

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asesoró a la Ministra de Cooperación de los Países Bajos. Regresé a Colombia a finales del 2001 con la voluntad de entrar a la consulta del Partido Liberal pero fui recibida como «paracaidista» por el director del Partido en ese momento, Luis Guillermo Vélez. Decidí, con un grupo de amigos, ente ellos Pedro Medellín y Carlos Alberto García, crear la Fundación Agenda Colombia para abrir en el país el debate sobre el modelo de desarrollo, con la presencia de grandes figuras de la economía mundial. En tres años desfilaron por los seminarios de Agenda Colombia, 80 figuras mundiales como Joseph Stiglitz, Dani Rodrik1, Paul Collier2, Nafis Sadik3, Germán Velazquez4, Ethan Nadelmann5, Coletta Youngers6, Jagdish Bhagwati7

1 Dani Rodrik, destacado

, entre muchos más. Hoy, alejada de la Fundación, esa tarea continúa gracias a la voluntad de Carlos Alberto García.

economista y Profesor de Economía Política Internacional en el John F. Kennedy School of Government, de la Universidad de Harvard 2 Paul Collier, Profesor de Economía, Director del Centro para el Estudio de las economías africanas en la Universidad de Oxford y Fellow del St. Antony's College. De 1998-2003 fue director del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo del Banco Mundial. 3 Dra. Nafis Sadik, actualmente Asesora Especial del Secretario General de Naciones Unidas con responsabilidades adicionales como Enviada Especial para el VIH / SIDA en Asia, y ex jefe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 4 Germán Velásquez, coordinador del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. 5 Ethan Nadelmann , fundador y director ejecutivo de la Alianza sobre Políticas de Drogas, y trabaja para poner fin a la guerra contra las drogas. Uno de los más respetados y de alto perfil de los críticos y comentaristas del mundo y de EE.UU. en políticas de fiscalización internacional de drogas. 6 Coletta Youngers, Asociada Senior con the Washington Office on Latin America (WOLA), analista en derechos humanos y desarrollo político en la región andina y de política exterior de los Estados Unidos en esa región. 7 Jagdish Bhagwati Natwarlal, Economista Indú. Ha sido profesor universitario en la Universidad de Columbia y mejor conocido por su defensa del libre comercio.

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El resto de la historia es más conocida. Entré a la consulta del Partido Liberal en 2005, de la cual me retiré ante el ofrecimiento del director del Partido, el ex presidente Gaviria, para encabezar la lista liberal al Senado. Se sabía que el ganador sería, como de hecho lo fue, Horacio Serpa. Muy difícil salir elegida simplemente con voto de opinión, pero lo logré, y estos tres años han sido la mejor escuela para completar esa dimensión que me faltaba en mi vida profesional, trabajar en el poder legislativo.

Durante mi trajinar por el Ejecutivo, mi condición de liberal fue evidente, aunque no siempre participé en los gobiernos con respaldo de mi partido. La equidad, la transparencia en el manejo de lo público, la igualdad de género, la importancia del Estado, la vocación por lo rural y lo ambiental, son los lineamientos que hoy me motivan más que nunca. Pero ha sido mi llegada al Congreso la que me llevó a las conclusiones más importantes que hoy orientan mi ejercicio político. Primero, descubrí el gran valor del voto de opinión porque le da libertad, a quienes son elegidos de esa manera, de ejercer tranquilamente la oposición cuando corresponde, de dedicarse a estudiar y debatir los problemas nacionales, lejos de las presiones de unas clientelas que exigen favores personales o locales. Segundo, a reconocer que la política sí importa, y que lo que se requiere es transformarla y no evadirla o vilipendiarla.

Ha sido una larga vida dedicada al trabajo, pero que ha sido premiada con el amor de mis dos hijos, María Claudia y Carlos Alberto, dos profesionales serios, trabajadores y exitosos; con la generosidad permanente de mi yerno Kyle y de mi nuera María

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Isabel. Y sobre todo con el profundo amor, muy bien correspondido, de mis tres nietos: Nicolás, de 19 años, y los mellizos de 7 años, Joaquín y Emilia. Soy una mujer muy orgullosa y muy comprometida con lograr un futuro mejor para mis hijos y mis nietos y los de todos los colombianos.

Esta es la hoja de vida que pongo a consideración de los colombianos: hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y pobres, sin distingo de raza, de orientación sexual o de ubicación geográfica. Una trayectoria llena de experiencias buenas y malas, de aciertos y errores, de éxitos y frustraciones, pero, sobre todo, con suficientes vivencias, tanto personales como profesionales, y deseos de trabajar para contribuir a hacer de Colombia una sociedad justa y en paz, que responda por los derechos de todos los colombianos. Sé que he construido una vida de servicio público que me ha preparado para llegar a la Presidencia de la República, pero este sueño solo será realidad si cada uno de ustedes, los que leen este mensaje, lo hacen posible.

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