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2249Primera LegisLatura Ordinaria de 2008 - tOmO iii - Diario de los Debates

23.a B sesión (vesPertina) 11-12-2008 - Diario de los Debates

Obregón, Mekler Neiman, Menchola Vásquez, Mendoza del Solar, Morales Castillo, Moya-no Delgado, Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Núñez Román, Obregón Peralta, Ordóñez Sala-zar, Otárola Peñaranda, Pando Córdova, Pastor Valdivieso, Peláez Bardales, Peralta Cruz, Pérez del Solar Cuculiza, Perry Cruz, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Silva, Salda-ña Tovar, Santos Carpio, Sasieta Morales, Ser-na Guzmán, Silva Díaz, Sousa Huanambal, Su-mire de Conde, Uribe Medina, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Valle Riestra González Olae-chea, Vega Antonio, Venegas Mello, Yamashiro Oré y Zumaeta Flores.

Señor congresista que votó en contra: Gu-tiérrez Cueva.”

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene la palabra el presidente de la comisión dictaminadora.

El señor EGUREN NEUEN-SCHWANDER (UN).— Gracias, señor Presidente; gracias, señores congresistas.

Si lo tiene a bien la representación nacional, solicitamos que se exone-

re del plazo de segunda votación el proyecto re-cién aprobado.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Con la misma asistencia, se va a consultar la exoneración solicitada.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 70 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, exonerar del plazo de segun-da votación el texto de la Ley que modifica los artículos 542.° y 544.° del nuevo Códi-go Procesal Penal, sobre condiciones para el traslado y cumplimiento de condenas de extranjeros.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Ha sido exonerado del plazo de segunda votación.

Se deja constancia del voto a favor de los con-gresistas Zeballos Gámez, Chacón De Vettori, Urquizo Maggia, Vásquez Rodríguez, Wilson Ugarte, Rebaza Martell, Flores Torres, Falla Lamadrid, Maslucán Culqui, lo que da un to-

tal de 79 votos a favor, uno en contra y ningu-na abstención.

“Votación de la exoneración del plazo de segunda votación del texto sustitutorio

del proyecto de ley núm. 2191

Señores congresistas que votaron a favor: Acosta Zárate, Alegría Pastor, Alva Castro, Balta Salazar, Bedoya de Vivanco, Beteta Rubín, Bru-ce Montes de Oca, Cabanillas Bustamante, Ca-brera Campos, Cajahuanca Rosales, Calderón Castro, Cánepa La Cotera, Castro Stagnaro, Cu-culiza Torre, De la Cruz Vásquez, Del Castillo Gálvez, Espinoza Cruz, Espinoza Ramos, Florián Cedrón, Foinquinos Mera, Fujimori Higuchi, Ga-larreta Velarde, Galindo Sandoval, Gonzales Po-sada Eyzaguirre, Guevara Trelles, Herrera Pu-mayauli, Huerta Díaz, Isla Rojas, Lazo Ríos de Hornung, León Minaya, León Zapata, Lombar-di Elías, Luizar Obregón, Mekler Neiman, Men-chola Vásquez, Mendoza del Solar, Morales Cas-tillo, Moyano Delgado, Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Núñez Román, Obregón Peralta, Ordóñez Salazar, Otárola Peñaranda, Pando Córdova, Pas-tor Valdivieso, Peralta Cruz, Pérez del Solar Cu-culiza, Pérez Monteverde, Perry Cruz, Reátegui Flores, Reggiardo Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Silva, Sal-daña Tovar, Santos Carpio, Sasieta Morales, Serna Guzmán, Silva Díaz, Sousa Huanambal, Sumire de Conde, Uribe Medina, Urtecho Medina, Valle Riestra González Olaechea, Vega Antonio, Vene-gas Mello, Yamashiro Oré y Zumaeta Flores.

Señor congresista que votó en contra: Gu-tiérrez Cueva.”

Se aprueba en primera votación y es exo-nerado del plazo de segunda votación el texto de la Ley de ampliación de la protec-ción patrimonial y transferencia de parti-cipación accionaria del Estado en las em-

presas agrarias azucareras

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— A continuación, se va a iniciar la sustentación del texto sustitutorio de los Proyec-tos de Ley Núms. 1772/2007-CR; 2456/2007-CR; 2789/2008-GR; 2854/2008-CR y 2861/2008-CR, emitido por la Comisión Agraria, sobre la Ley de ampliación de la protección patrimonial y trans-ferencia de participación accionaria del Estado en las empresas azucareras.

Tiene la palabra el presidente de la comisión dic-taminadora, congresista Alegría Pastor, hasta por diez minutos.

cromero

(Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, a solicitud del Ministerio de Justicia, ha sido enviado por el Congreso de la República, mediante Oficio Nº 718-14227-2010-2011-DGP/CR, de fecha 19 de julio de 2011.)

Diario de los Debates - Primera LegisLatura Ordinaria de 2008 - tOmO iii

Diario de los Debates - 23.a B sesión (vesPertina) 11-12-2008

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El señor ALEGRÍA PASTOR (PAP).— Señor Presidente: De más está expresar la importancia de la industria azucarera en nues-tro país: en el tercer trimestre del presente año, la situación económi-ca financiera se debilitó en un 62%

con relación a las utilidades, debido fundamen-talmente a la caída de los precios internos del azúcar en un 30% y por la importación exagera-da de más de 200 mil toneladas.

Con la aplicación del Decreto Legislativo N.° 802 se procedió al cambio del modelo empresarial de las cooperativas agrarias azucareras y se capita-lizaron sus deudas: dentro de estas, las obliga-ciones con los trabajadores por beneficios socia-les y adeudos diversos.

Así, los trabajadores pasaron a ser accionistas de esas empresas, sin importar su condición actual de activos o de jubilados, los que también sufrie-ron las pérdidas porque el valor de las acciones en la Bolsa de Valores estaba muy lejos de su va-lor nominal.

Para reflotar o para que vuelva a ser rentable la industria azucarera, se publicó el 18 de julio de 2003 la Ley N.° 28027, Ley de la Actividad Em-presarial de la Industria Azucarera, mediante la cual se suspende la ejecución de las medidas cautelares, garantías reales o personales y simi-lares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tenía acciones y que a la fecha de su vigencia no hubieran trans-ferido más del 50% del capital social. Se estable-ció, además, la protección patrimonial por doce meses, plazo prorrogado sucesivamente median-te las Leyes Núms. 28288, 28448, 28662 y 28885 hasta el 31 de diciembre de 2008.

Por la Ley N.° 28885, se establecieron mecanis-mos para el saneamiento de las deudas contraí-das por las empresas azucareras mediante la presentación de un programa de reflotamien-to empresarial. Lamentablemente, no se esta-blecieron los procedimientos para su efectivo cumplimiento.

Paso a sustentar el dictamen aprobado por una-nimidad en la Comisión Agraria.

Quiero hacer mención que este dictamen recae en los Proyectos de Ley Núms. 1772; 2456; 2854; y 2861, presentados multipartidariamente por di-versos congresistas, y en el Proyecto de Ley N.° 2789 del Gobierno Regional La Libertad. El dicta-men emitido fue aprobado por unanimidad en la

undécima sesión ordinaria de la Comisión Agra-ria del 3 de diciembre de 2008.

La transferencia de la participación accionariada del Estado tiene que viabilizarse en el corto plazo en las empresas azucareras; empresas en las que al 1 de enero de 2009 el Estado mantenga parti-cipación accionaria y que no se haya transferido a inversionistas privados; así se estipula en el ar-tículo 1.° del texto que se propone.

Las empresas azucareras actualizarán y presen-tarán el programa de reflotamiento empresarial, el programa de reconocimiento de obligaciones y el cronograma de pagos a INDECOPI en un pla-zo máximo de un año. Así se propone en el ar-tículo 3.°.

El incumplimiento del programa de reconoci-miento de obligaciones y del cronograma de pa-gos por las empresas agrarias azucareras aca-rreará que se deje sin efecto el acogimiento a la protección patrimonial. Así está propuesto en el artículo 4.°.

Se precisa que el régimen de protección patrimo-nial no constituye impedimento para el pago total o parcial de las obligaciones contraídas por la em-presa agraria azucarera en el cronograma de pa-gos, así como de las obligaciones reconocidas por las empresas azucareras como capital de trabajo. Y se agrega que no están incluidos en la protec-ción patrimonial los contratos de molienda sus-critos entre las empresas agrarias azucareras y los sembradores de caña de azúcar independien-tes. Así está propuesto en el artículo 5.°.

La empresa azucarera Tumán ha firmado conve-nios extrajudiciales estableciendo un cronograma de pagos por adeudos a los gobiernos locales de Tumán, de Picsi, de Pucalá y de Pátapo.

Se propone ampliar el plazo hasta el 31 de diciem-bre de 2010 para que PROINVERSIÓN cumpla, bajo responsabilidad, con transferir la participa-ción accionaria del Estado de las empresas agra-rias azucareras e informe semestralmente a IN-DECOPI sobre los avances. Así se señala en el artículo 2.°.

También se propone que si vence el plazo fija-do en el artículo 2.° del proyecto, se proceda al traspaso de las acciones al respectivo gobier-no regional. Esto quiere decir que si el Esta-do no vende las acciones, estas serán traspasa-das al gobierno regional para la administración y venta de las acciones en la jurisdicción donde se ubica la empresa agraria azucarera. Así se es-



tipula en la primera disposición complementa-ria del proyecto.

El cultivo de caña de azúcar es la quinta activi-dad importante del sector agrario, por lo que es necesario el reflotamiento de la industria azuca-rera, que tiene relación directa con una población aproximada de 200 mil personas de Tumán, Po-malca, Pucalá y Cayaltí.

Es imperativo resguardar los intereses de los tra-bajadores activos y jubilados accionistas, pues sus adeudos por beneficios sociales fueron capitali-zados mediante acciones y representan el mayor porcentaje del accionariado. Por tanto, ellos se-rían los primeros perjudicados, si no se diera la prórroga del plazo de protección patrimonial.

¿Por qué la comisión está a favor de la propues-ta? El Estado tiene que vender sus acciones has-ta el 31 de diciembre del presente año, según el artículo 4.° de la Ley N.° 28885, y FONAFE debe obtener la mayor rentabilidad, lo cual resulta di-fícil por el corto de tiempo que queda.

El mayor valor de las acciones del Estado impli-cará que los trabajadores y jubilados tengan una oportunidad real de recuperar sus adeudos y que se incremente el fondo de financiamiento para el saneamiento de pasivos laborales, lo cual está es-tipulado también en el artículo 5.° de la Ley N.° 28027, cuya finalidad es pagar los adeudos de los jubilados y trabajadores.

Sin protección patrimonial, el inversionista que compre las acciones del Estado al 1 de enero de 2009 estará a merced de los acreedores que bus-carán ejecutar los bienes de las empresas. Por eso se requiere seguridad jurídica.

Las empresas agrarias azucareras tendrán que entregar a la CONASEV la información requeri-da por PROINVERSIÓN sobre su situación eco-nómica financiera y participación accionaria del Estado. Ellas actualizarán y presentarán el Pro-grama de Reflotamiento Empresarial, el Pro-grama de Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de Pagos al INDECOPI en un pla-zo máximo de un año. Así se estipula en el artí-culo 3.° del proyecto.

Se considera como instrumento de gestión al Plan Nacional de Desarrollo de la industria azu-carera, que difundirá e implementará el Poder Ejecutivo. Así se señala en el artículo 6.°.

Las empresas deben cumplir los convenios extra-judiciales suscritos con sus acreedores y se debe mostrar transparencia en la gestión.

Hasta el 2010 se amplía el plazo para que se transfiera la participación accionaria del Esta-do de las empresas agrarias azucareras conteni-das en el artículo 1.° de la presente propuesta. PROINVERSIÓN informará semestralmente al INDECOPI sobre los avances en la búsqueda de inversionistas para la venta de la participación accionaria del Estado.

El INDECOPI verificará la documentación reque-rida para acogerse a lo dispuesto en el artículo 1.° de la presente ley y determinará el procedimiento, la documentación y el seguimiento necesario para el presente proceso. También informará semes-tralmente a la Comisión Agraria del Congreso de la República sobre los avances en el cumplimien-to del Programa de Reflotamiento del Programa de Pagos, así como la transferencia de la partici-pación accionaria del Estado.

Según la evaluación de la información recibida, el INDECOPI podrá determinar el incumplimien-to de lo establecido en el artículo 3.° de la pre-sente ley o del Programa de Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de Pagos para las empresas agrarias azucareras y, por tanto, po-drá dejar sin efecto su acogimiento a la protec-ción patrimonial.

Se propone otorgar el plazo de 150 días hábiles para que las empresas agrarias azucareras aco-gidas al marco de la Ley N.° 28027, Ley de la Ac-tividad Empresarial de la Industria Azucarera, puedan iniciar procesos judiciales pretendiendo la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sin re-quisito del previo pago de la obligación de aque-llas deudas originadas o contenidas en resolu-ciones judiciales obtenidas con colusión o fraude o con violación del debido proceso que puedan afectar directamente al patrimonio de las em-presas agrarias azucareras. En los procesos ini-ciados en virtud de este artículo, no será aplica-do el tercer párrafo del artículo 178.° del Código Procesal Civil.

Señores congresistas, el dictamen que pongo a consideración del Pleno es fruto del consen-so de los integrantes de la Comisión Agraria, y tiene la finalidad de resguardar los intereses de los trabajadores activos y jubilados accio-nistas, pues sus adeudos por beneficios socia-les fueron capitalizados mediante acciones, que representan el mayor porcentaje del acciona-riado, por lo que ellos serían los primeros per-judicados si no se prorrogara el plazo de pro-tección patrimonial.

Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene la palabra el congresista Pedro Santos.

El señor SANTOS CARPIO (GPN).— Señor Presidente: Para hablar de las empresas azucareras agrarias, tenemos que referirnos a los antecedentes legales.

Desde hace 12 años, todos los bene-ficios, sin excepción, han sido dados para las em-presas azucareras.

En 1996, se dieron los Decretos Legislativos Núms. 802 y 885. Por este último decreto, se da la Ley de Promoción al Sector Agrario. Este sec-tor ha tenido muchos beneficios. Por ejemplo, en lugar de pagar el 30% del Impuesto de la Renta, solo pagan el 15%; en lugar de pagar el 9% de con-tribución al Seguro Social, solo pagan el 4%.

Posteriormente, en 1997, se dicta el Decreto de Urgencia N.° 043, relativo al proceso de capitali-zación de la deuda tributaria. ¿Qué significa ca-pitalización de la deuda tributaria? La deuda de las empresas agrarias por no pagar el Impuesto a la Renta ni el Impuesto General a las Ventas de-be ser capitalizada en acciones para los trabaja-dores. El Estado, que representa a todos los pe-ruanos, debe cobrar los impuestos, porque son sus ingresos. Como esas empresas azucareras no pagaban su deuda tributaria, entonces el Estado les daba la facilidad de que capitalicen su deuda. Entonces, en vez de que sea cobrada esa deuda por el Estado, se deben emitir acciones del capi-tal para los trabajadores.

También en 1997, se da el Decreto de Urgencia N.° 108-97, que otorgaba las mismas condicio-nes. Con la Ley N.° 26972, se establece un nue-vo plazo, hasta diciembre de 1998, para acoger-se al Programa Extraordinario de Regularización Tributaria PERTA AGRARIO; es decir, les die-ron facilidades para pagar a la SUNAT, incluso les condonaban los intereses, multas y recargos. Solo pagaban la deuda principal.

En el 2003, se da la Ley de la actividad empresa-rial de la industria azucarera, Ley N.° 28027, cu-ya nueva prórroga de plazo está en debate aho-ra. Con esa norma se establece que las empresas azucareras deudoras no pueden ser embargadas por la SUNAT, por EsSalud, ni por la ONPE. Es-tán blindadas. Por eso dice la norma: “la defen-sa de su patrimonio”.

Pero, ¿qué han hecho esas empresas azucareras?

Para mí, han cometido uso y abuso con los traba-jadores. Por ejemplo, esas empresas, en sus plani-llas de pago, les retienen a los trabajadores parte del sueldo que aporta a las AFP. Como esas em-presas están blindadas y no se les puede embar-gar, el dinero que les descuentan a los trabaja-dores no se destina a las AFP. Es decir, están en deuda las empresas azucareras.

¿Qué quieren ahora esas empresas? Prorrogar por un tiempo más el plazo del blindaje para no seguir pagando.

No convengo con la propuesta de prorrogar ese plazo, señor Presidente. Estas empresas tienen muchos beneficios y se están acostumbrado a re-currir cada cierto tiempo al Congreso, con mucha propaganda, incluso en el diario La República se publica tremendos avisos a página entera [...].

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional para que termine, señor Santos.

El señor SANTOS CARPIO (GPN).— Se está haciendo lobby pidiendo que se amplíe ese plazo a las empresas azucareras porque están en quie-bra. No es así, señor Presidente. Se están come-tiendo uso y abuso de los tributos que son de to-dos los peruanos.

Ahora, ¿qué quieren? Que se les prorrogue dos años más, porque se acostumbraron desde el 2003 a obtener muchos beneficios. El 2004 se amplió el plazo por un año; el 2005, por un año más; el 2006, por dos años más; y ahora piden nueva pró-rroga por dos años más. No es así, señor Presi-dente. La empresa azucarera es la única unidad económica que tiene todos estos beneficios. No los tiene otra unidad económica. Por ejemplo, no los tiene transportes o servicios en la actividad pri-vada. Las únicas empresas que tienen estos bene-ficios son las azucareras. Creo que no puede per-mitirse eso. Acá tenemos que poner orden. Si no, no estamos en un Estado de derecho.

Esas empresas azucareras tienen que cumplir con sus obligaciones laborales. No puede ser que las empresas azucareras dejen a sus trabajado-res sin beneficios laborales. La CTS no es pagada por todas las empresas azucareras. Por ejemplo, Chucarapi. Yo he analizado la situación de Chu-carapi. No se paga a los trabajadores, por mu-chos años, la compensación por tiempo de servi-cios (CTS). No se está pagando a las AFP la plata que se le ha retenido al trabajador. No están de-positando el dinero a la cuenta del trabajador. Esa conducta empresarial es, incluso, un delito.



Estas empresas azucareras tienen que cumplir, primero, las leyes laborales y las leyes tributa-rias de nuestro país.

Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la nueva ampliación del plazo, porque durante doce años las empresas azucareras han estado go-zando de muchos beneficios, lo que puede generar en un hecho (no sé qué término correcto utilizar). Pido que se corten esos beneficios y que esas em-presas cumplan con sus obligaciones. Luego ve-remos qué se puede hacer en adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra la con-gresista Marisol Espinoza.

La señora ESPINOZA CRUZ (GPN).— Señor Presidente: La preocupación surge cuando sale la ley de reestructuración para favore-cer a las empresas azucareras. Una parte del objeto de esa propuesta es proteger y fomentar el desarrollo y luchar contra la pobreza.

Sin embargo, doce años después, vemos pre-cisamente que los trabajadores, que son parte de esta estructura, siguen sin poder cobrar su pensión. Hay personas que han prestado servi-cios por 31 años y hasta hoy no pueden cobrar su pensión de jubilación. Esta es la preocupa-ción que tenemos nosotros: la situación de inde-fensión de los trabajadores. Como las empresas azucareras están protegidas por la ley, ellas no pagan a la SUNAT, no pagan a las AFP ni pa-gan a la ONP, Por ello los trabajadores no pue-den acceder al servicio de jubilación. Muchos de estos trabajadores tampoco pueden ser atendi-dos por el seguro social.

Ante esta situación, le proponemos al presiden-te de la Comisión Agraria lo siguiente: prime-ro, la eliminación de la primera disposición com-plementaria del texto, que trata del traspaso de acciones de la empresa a las regiones; y segun-do, que los primeros en ser protegidos deben ser los trabajadores, sobre todo los despedidos, cu-ya situación es preocupante, porque no tienen trabajo ni seguro ni pensión. Para ello, sugeri-mos que en el artículo 5.° se agregue un tercer párrafo que diga:

“Tampoco están incluidas las deudas laborales y previsionales de los trabajadores activos cesan-tes y jubilados”.

De esta forma se protege a los trabajadores y se lucha realmente contra la pobreza; sobre to-do se hace justicia a quienes menos tienen, por lo que sus intereses deben ser tutelados y salva-guardados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Rolando Sousa.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Señor Presidente: En pri-mer lugar, la idea del Grupo Parla-mentario Fujimorista no es que es-ta propuesta de ley sea de prórroga de la protección patrimonial de la empresa azucarera. Esta ha debido

ser una propuesta de ley de salida de la protec-ción patrimonial, que permita facilitar, finalmen-te, después de tantos años de prórroga, el retiro ordenado de la protección patrimonial a las em-presas azucareras.

Si se propone ampliar el plazo por dos años sin consignar expresamente la obligación de capita-lizar los adeudos tributarios, seguimos exacta-mente igual que en los años anteriores. Todos sabemos cuál es la única empresa que se va a be-neficiar con esta ley. Lo primero que tiene que contener el proyecto en debate es la obligación de que esa empresa capitalice la deuda tributa-ria. No veo esa obligación en el texto, presidente de la Comisión Agraria.

En segundo lugar, se propone en el texto una nor-ma absolutamente inconstitucional por intromi-sión en un proceso de ejecución de sentencia. El artículo 7.° que se propone establece un plazo adicional al legal —porque hay una norma legal del Código Procesal Civil: el artículo 178.°—, pa-ra que se pueda interponer judicialmente la nu-lidad de cosa juzgada fraudulenta.

¿Qué significa eso? Más o menos así: ha habido una serie de procesos judiciales contra estas em-presas azucareras, y durante años esos procesos han logrado acceder a la calidad de cosa juzgada, pero esas resoluciones no han podido ser ejecu-tadas porque las empresas azucareras tienen el amparo de la protección patrimonial.

Entonces, a alguien se le ha ocurrido poner el artículo 7.° en el proyecto para que las empresas azucareras puedan interponer dentro del plazo absolutamente ilegal e inconstitucional de 150 días hábiles procesos judiciales de nulidad de la



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cosa juzgada fraudulenta, con la finalidad de de-rogar todos los procesos judiciales que tienen la calidad de cosa juzgada y que se han realizado du-rante años. Se sabe que lo único que tiene la per-sona demandante es su sentencia y lo único que espera es ejecutar esa sentencia en el momento en que se levante la protección patrimonial. In-cluso, se pone en el texto que se pueden ejecutar medidas cautelares, lo cual no se puede dar. Todo esto significa la intromisión del Poder Legislati-vo en un proceso de ejecución de sentencia. Por eso pedimos que se retire el artículo 7.° del texto del proyecto por inconstitucional. Estoy seguro de que si no es retirado por el Congreso, va a re-tirarlo el Poder Ejecutivo.

En tercer lugar, no encontrábamos sustento para otorgar una prórroga de plazo de dos años más. ¿Por qué no generar la posibilidad de una pro-tección patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2008 y que la empresa azucarera empiece a pa-gar las deudas —como cualquier otra empresa—, a partir del 1 de enero de 2009?

Además, las empresas azucareras deben tener la obligación de informar a CONASEV de sus esta-dos financieros, con la finalidad de que PROIN-VERSIÓN, ordenadamente y dentro de un pla-zo legal, pueda valorar las empresas azucareras, para que sean vendidas las acciones que tiene el Estado en las empresas azucareras.

Entonces, observo que hay reparos de fondo y hay reparos de forma.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional, con-gresista Rolando Sousa.

El señor SOUSA HUANAMBAL (GPF).— Señor Presidente, esta-mos a favor de una solución orde-nada del tema azucarero.

Pero esa solución ordenada implica consignar la obligación expresa de

la empresa de presentar los estados financieros a CONASEV. Tiene que existir una norma que di-ga eso y que también diga que incluso los direc-tores pueden tener responsabilidad civil y penal si no presentan la información financiera.

No queremos que esta nueva norma sea una con-tinuación de lo que ha existido hasta hoy. Inclu-so convenimos con el Presidente del Congreso en este tema cuando dijo: “No a la Ley de protección patrimonial”. Incluso, dijo: “No voy a apoyar una ampliación de la Ley de protección patrimonial

por la sencilla razón de que solamente se propor-cionó esa norma para proteger a las empresas de cobranza de deudas fraudulentas”. Hay mucho de eso. Hay muchas deudas que se han creado. Por lo tanto, nosotros, como Parlamento, tene-mos que ordenar la casa.

Proponemos la ampliación del plazo solo por un año como máximo, con la obligación expresa de que las empresas azucareras tengan que presen-tar sus estados financieros concretos a CONA-SEV, para que PROINVERSIÓN valorice las ac-ciones y las venda. Además las empresas deben acogerse al objeto de la ley que se dio: capitalizar la deuda tributaria, lo que no han hecho las em-presas. Si no se consigna expresamente esa obli-gación en el texto de la nueva ley, no tienen esa obligación las empresas.

Esos son los cambios que sugerimos: la supresión del artículo 7.°, la incorporación de una sanción expresa si no presentan la información financie-ra a CONASEV y que se consigne la obligación de que se capitalice la deuda tributaria, que es obje-to de la ley que se dio el 2003.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Falla Lamadrid.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— La deuda tributaria es-tá pendiente de ser capitalizada so-lo en Tumán.

Las empresas azucareras de Ca-yaltí, de Pomalca, entre otras,

han cumplido con capitalizar su deuda tribu-taria. Los tributos que no abonaron las empre-sas azucareras al fisco han sido capitalizados. Quiere decir que FONAFE maneja el paque-te accionario de esas empresas y emite títulos por los tributos impagos, teniendo en cuenta los intereses moratorios establecidos en el Có-digo Tributario.

Por eso, el Estado tiene 32% de acciones en la em-presa azucarera Pomalca y tiene 10% en prome-dio en la empresa azucarera Tumán. De modo que si hoy está en alza la cotización de estas ac-ciones en bolsa, pues es importante que se abra un espacio.

Al respecto, hay una crítica fundada a PROIN-VERSIÓN, porque no ha encontrado el denomi-nado “socio estratégico” en el sector azucarero



para realizar la transferencia del paquete de ac-ciones del Estado, o para abrir un espacio de re-compra de los títulos por los propios trabajadores, teniendo en cuenta que muchos de estos, viudas y herederos incluidos, tuvieron que vender sus acciones a precio vil.

Estas empresas azucareras tuvieron su origen en la modalidad empresarial de la hacienda —nego-cio unipersonal gigantesco del patrono— y, lue-go, adoptaron el modelo asociativo de cooperati-va, bajo el gendarme de la CECOOAP (Central de Cooperativas Azucareras del Perú). Con la trans-formación, se convirtieron en sociedad anónima. En esta última modalidad ingresó a participar el Estado en las empresas azucareras.

Mediante el texto sustitutorio que presenta el presidente de la comisión dictaminadora, con-gresista Alegría Pastor, se obliga al Estado a di-señar un plan de desarrollo de la industria azu-carera, porque hasta ahora no lo ha hecho, y se precisa que el Poder Ejecutivo difundirá e imple-mentará ese plan.

Este proyecto propone condicionamientos en el artículo 4.°. Se señala que el incumplimien-to de presentar el programa de reflotamien-to, el programa de reconocimiento de obliga-ciones, el cronograma de pagos, así como la transferencia del paquete accionario del Esta-do, deja sin efecto el acogimiento a la protec-ción patrimonial.

Nosotros proponemos que se agregue un artícu-lo de obligatoriedad de reinversión de utilidades. Porque si las empresas azucareras están bien, si los campos están siendo abonados, si la produc-ción de azúcar tiene un mejor índice de sacarosa, si han pasado de la producción y productividad a la diversificación de sus cultivos, incorporan-do la oferta exportable, entonces esas empresas deben arrojar utilidades en su balance, y sobre estas utilidades nosotros podemos legislar esta-bleciendo un porcentaje del impuesto que puede ser del 30%. La Ley de Sociedades Mercantiles y el estatuto social de estas empresas contemplan esa posibilidad de reinversión.

Yo recuerdo que el congresista Franco Carpio, el Presidente del Congreso y yo defendimos el texto de la ley vigente, cuyo plazo termina el 31 de diciembre de este año, y se puso en la norma: “por última vez”. Pero las circunstan-cias sobrevinientes determinan hoy que el le-gislador tenga que hacer cobertura de nuevas hipótesis jurídicas, como limpiar los pasivos fraudulentos.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional, se-ñor congresista.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Señor Presidente: Cuando se dispuso la adecuación de estas empresas azucareras al modelo de sociedad anónima, bastaba la fe pública notarial para que se incorporasen determinadas obligaciones por pagar en el pasivo de ellas, incluso las obligacio-nes fraudulentas que son la gran mayoría de las obligaciones. Por eso, en el artículo 7.° del pro-yecto, se señala que se otorgan 150 días hábiles para que las empresas azucareras puedan inter-poner demandas, en la vía civil, sobre cosa juz-gada fraudulenta, sin el requisito de pagar pre-viamente la obligación puesta a cobro.

Reitero, bastaba la fe pública de un notario —que dice que un contrato de reconocimiento de deuda le genera al acreedor un derecho de cinco o de 10 millones de nuevos soles—, para que la empresa azucarera tuviera que incorporar la deuda en su pasivo. Por lo tanto, considero que es importan-te limpiar esos pasivos fraudulentos.

Creo que el Congreso tiene el derecho de poner un par de candados en este proyecto de ley, pa-ra que, como dice el congresista Sousa, las em-presas azucareras tengan una salida decorosa y planificada de la protección patrimonial. Porque si el Estado tiene un paquete accionario en esas empresas, y se presume que nunca es insolven-te el Estado, entonces no podemos dejar que el 1 de enero de 2009 se “canibalicen” esas empre-sas porque hay muchos acreedores postizos que tienen en su poder sentencias y medidas caute-lares por ejecutarse; principalmente esos acree-dores se han fijado en las tierras de esas empre-sas azucareras.

Es evidente que hay muchos cañicultores que han llevado sus cañas para la molienda, y tal vez algunas de estas empresas azucareras no han cumplido con ellos; pero, se trata de casos ex-cepcionales.

La Célula Parlamentaria Aprista fijó su posición favorable al proyecto. Esto es lo que tengo que opinar como representante de Lambayeque, en donde están ubicadas la mayor parte de las em-presas azucareras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Franco Carpio.



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El señor CARPIO GUERRERO (UN).— Señor Presidente: Esta-mos tratando nuevamente de re-solver un problema delicado, sobre todo más delicado para los congre-sistas de Lambayeque que conocen el problema.

Recuerdo cómo han defendido a su tierra los con-gresistas de Tacna cuando se trató el tema rela-tivo a la ZOFRATACNA, e interpreto que actua-ron como debe ser porque son conocedores del problema.

Con el respeto que se merecen, muchos colegas hacen alcances, sugerencias o criterios sobre el problema de la industria azucarera; pero no lo viven, no han tenido la experiencia cercana co-mo la han tenido Humberto Falla Lamadrid, el que habla y los demás congresistas del departa-mento de Lambayeque.

No es fácil resolver los problemas. No solo hay que tratar el tema de los que administran las em-presas azucareras. Digo esto porque el que en-tiende de empresas rápidamente va a preguntar cuántos dueños hay ahí: está el que inyecta el ca-pital, que es un grupo minoritario; está el Estado, en el caso de Pomalca, participando con un 34% de acciones; y está el resto de acciones que perte-necen a los socios jubilados, a los socios activos y a terceros con un porcentaje mayor del 50%.

Después de haber hecho un raciocinio —fui au-tor del texto sustitutorio de la Ley N.° 28885—, me ratifiqué hace dos años y medio en que se le debía dar una última prórroga de protección pa-trimonial a la industria azucarera.

Estoy de acuerdo en parte con las posiciones de algunos congresistas que ven el problema des-de afuera porque desde afuera cualquiera torea al toro. La situación cambia cuando se está den-tro. Ha habido situaciones que no han permiti-do avanzar en la venta de acciones del Estado para reflotar la industria azucarera, y el Estado —en el cual nos incluimos nosotros— tiene mu-cho que ver en ello.

Es cierto que existen grandes problemas y que el Congreso tiene que hacer suyo el tema de los adeudos laborales a favor de los trabajadores por-que los empresarios administradores están im-posibilitados de cubrir todas las exigencias la-borales.

Ayer, en el análisis de la ley de exoneraciones tri-butarias a las ganancias de capital, algunos con-

gresistas decían que esa norma iba a favorecer a los ricos, a los que tenían ahorros, a los que ha-cían inversión y a los que movían la Bolsa de Valo-res; otros congresistas, en cambio, señalaron ayer que esa norma iba a favorecer a los más pobres porque en el movimiento de la Bolsa de Valores participaba el fondo de jubilación de las AFP, in-tegrado por los aportes de los trabajadores.

Y sobre el tema en debate ocurre lo mismo. Mu-chos congresistas dicen que la propuesta tiende a favorecer a una persona.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional para terminar, señor Carpio.

El señor CARPIO GUERRERO (UN).— Yo sugiero buscar el momento oportuno para vender las acciones. El Estado, con PROINVERSIÓN, con el Ministerio de Agricultura y con el Minis-terio de Economía y Finanzas, no ha sabido in-formar a los legisladores sobre lo que ocurre en las empresas azucareras.

Tampoco se pudieron vender las acciones porque las empresas azucareras están en crisis; es de-cir, no están en una posición de bonanza: ha dis-minuido en un 64% el valor de sus acciones; por lo tanto, tenemos que perseguir y buscar el mo-mento más adecuado y oportuno para que el Es-tado, con la nueva ley que tiene candados y exi-gencias, pueda vender las acciones.

Por eso se está pidiendo la ampliación de la pro-tección patrimonial y, por eso, a pesar de faltar a mi palabra de hace dos años, voy a votar a fa-vor del proyecto. Pido a los congresistas que in-terpreten el problema azucarero en su verdade-ra dimensión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Werner Cabrera.

El señor CABRERA CAMPOS (GPN).— Señor Presidente: To-dos los colegas parlamentarios tie-nen conocimiento sobre el proble-ma azucarero. Ha habido cuatro prórrogas en cinco años y la mayo-ría de los trabajadores, jubilados y

despedidos no pueden cobrar sus beneficios socia-les ni sus remuneraciones, aun cuando existe un cronograma de pagos el cual hasta este momen-to no se ha cumplido.



Con las cuatro prórrogas en los largos cinco años, los trabajadores, hasta este momento, no reciben el depósito de su CTS. Durante las cuatro prórrogas, las empresas no pagan deu-da alguna a la SUNAT ni a los trabajadores ni a terceros.

Tampoco esas empresas azucareras han presen-tado sus estados financieros a la CONASEV du-rante las cuatro prórrogas. Y cuando las multan, pues tampoco pagan las multas porque están am-paradas en la protección patrimonial.

Esto no quiere decir que nosotros estemos en con-tra de las empresas azucareras ni en contra de la inversión. Al contrario, nosotros queremos que el Estado genere las condiciones necesarias pa-ra que las empresas nacionales puedan capitali-zarse, para que puedan crecer, para que incluso sigan enriqueciéndose los empresarios; a eso no nos oponemos nosotros.

Lo que queremos es que esas empresas azucare-ras cumplan y paguen las deudas a sus seis mil trabajadores.

Estamos de acuerdo con la prórroga de dos años porque necesitamos una salida concreta. Por eso convenimos con el congresista Carpio y con el congresista de la bancada aprista en la modi-ficación del segundo párrafo del artículo 5.° del texto contenido en el dictamen, sobre la aplica-ción de la protección patrimonial de las empre-sas azucareras.

El texto dice: “No están incluidos en la protec-ción patrimonial los contratos de molienda sus-critos entre las empresas agrarias azucareras y los sembradores de caña de azúcar independien-tes [...]”.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional para que termine, señor Cabrera.

El señor CABRERA CAMPOS (GPN).— Lo que nosotros planteamos, para que no se per-judiquen los empresarios y los trabajadores, es que se modifique el segundo párrafo del artículo 5.° como sigue: “No están incluidos en la protec-ción patrimonial el íntegro de las acreencias pro-venientes de derechos laborales y pensionarios y los contratos de moliendas suscritos entre las em-presas agrarias azucareras y los sembradores de azúcar independientes”. Con esta modificación, podemos dar una salida al problema.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Alejandro Aguinaga.

El señor AGUINAGA RECUEN-CO (GPF).— Señor Presidente: Es cierto que la aprobación o la nega-ción del proyecto en debate pueden tener sustentos.

Los que hemos crecido en el ámbi-to de la industria azucarera tenemos que infor-mar a la representación nacional que las empre-sas azucareras fueron expropiadas con la reforma agraria en la década del 70. Luego de la expro-piación y durante el primer año se presentó fal-samente un crecimiento; y, luego, cayó su pro-ducción durante 30 años. El Perú, que tenía una industria azucarera exportadora, pasó a ser un país importador de azúcar por la deficiente ges-tión en el agro lambayecano.

Tengo que señalar que, en mi gestión como mi-nistro en 1998, hubo la necesidad de crear nue-vos distritos en los lugares donde estaban ubica-das las empresas azucareras, con la finalidad de que puedan percibir recursos del FONCOMÚN, porque los pobladores y la mayoría de trabajado-res estaban en la completa indigencia por falen-cia económica y porque no tenían nada para po-der subsistir.

Hoy en día nos encontramos ante una situación dispar que podría generar codicias. Es cierto que la protección patrimonial ha permitido que em-piecen a surgir estas empresas azucareras, cuyas acciones valen un poco más que cero. Incluso con la mencionada protección patrimonial, en el de-partamento de La Libertad, las empresas azu-careras han logrado reencausar su producción y han iniciado un proceso de clara solvencia econó-mica. Las empresas azucareras lambayecanas es-tán en ese cause.

Creo que los contratos de molienda con los sem-bradores libres de caña de azúcar que poseen más de 10 mil hectáreas se tienen que cumplir para que aumente la producción del azúcar lam-bayecano.

Estamos de acuerdo con los candados puestos en esta ley, para que los trabajadores puedan percibir sus salarios. Dichos candados permiten generar estabilidad. Tampoco podrán escaparse los direc-tores porque tendrán responsabilidad civil y pe-nal si no se ejecutan los objetivos. Por otro lado, el Estado, que tiene el 34% de las acciones en una de las empresas azucareras, puede colocar dichas



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acciones, mediante PROINVERSIÓN, en el mer-cado y venderlas a la gente que pueda solventar y reencausar la situación difícil generada, inclu-so, por eliminación del arancel al azúcar impor-tado. Esto debo señalarlo. Con el actual gobier-no, se eliminó la aplicación del arancel a muchos productos para que bajen de precio, pero no hu-bo rebaja alguna: al trigo, para que baje de pre-cio el pan; al cemento; al azúcar, que permitió la importación de azúcar para favorecer a algunas empresas importadoras en detrimento del precio de la producción azucarera del norte.

El planteamiento es prorrogar el plazo por un año más y que en el transcurso del segun-do año, bajo responsabilidad de PROINVER-SIÓN, se puedan colocar las acciones del Esta-do en el mercado para que los trabajadores y la industria azucarera lambayecana estén en me-jores condiciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Oswaldo Luizar.

El señor LUIZAR OBREGÓN (BP).— Señor Presidente: El asun-to en debate se parece al cuento de la gallina de los huevos de oro. Digo esto porque después de las acciones del Estado de promover la produc-ción azucarera, hemos visto que hay resultados y efectos positivos.

Claro está que hay deudas que deben ser aten-didas de manera adecuada en la medida en que se fortalezca este sector. Por ello, nuestra res-ponsabilidad es obligar a los empresarios a que cumplan de manera progresiva la atención de esas deudas.

Yo entiendo que muchos congresistas ven con agrado que de una vez se elimine la protección patrimonial y que se meta mano a las empresas azucareras para despellejarlas y quedarse con una buena cantidad de huevos de oro. Pero es-te no es el caso.

Como grupo parlamentario, sugerimos que el texto del artículo 4.°, sobre el incumplimiento, sea más preciso porque nos preocupa la referen-cia que se hace al segundo párrafo del artículo 3.°. Dice el artículo 4.° que el incumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3.° deja sin efecto el acogimiento a la protección patrimonial. Y en el artículo 3.° se señala que las

empresas agrarias azucareras están obligadas a presentar el programa de reflotamiento empresa-rial, el programa de reconocimiento de obligacio-nes y el cronograma de pagos al INDECOPI.

Señor Presidente, si la legislación reconoce que el primer acreedor de una empresa es el trabaja-dor, entonces digamos de manera clara en el tex-to que el programa de reconocimiento de obli-gaciones tiene que atender, en primer lugar, las deudas laborales y los beneficios sociales, como el pago de compensación por tiempo de servicios. Si esto es así, entonces vamos a apoyar la propues-ta en debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene la palabra el congresista Aníbal Huerta.

El señor HUERTA DÍAZ (PAP).— Señor Presidente: Cada congresis-ta que ha intervenido en el debate defiende el proceso iniciado en los gobiernos anteriores. Por lo tanto, tenemos la obligación de apoyar el proyecto porque beneficia a las coo-

perativas azucareras que buscan salir del atra-so, de la intervención, de la descapitalización y del incumplimiento de las obligaciones laborales. Creo que hoy en día se está ordenando el proce-so de protección del patrimonio de las cooperati-vas azucareras para no disgregarlo.

Han surgido varios problemas, como las deudas magnificadas. Si se hiciera efectivo el pago de to-das ellas, tendríamos que asumir el patrimonio entre muchos dueños, lo cual sería perjudicial pa-ra el proceso que se está encausando desde ha-ce muchos años.

La mayoría de los congresistas tenemos que le-gislar para mejorar el patrimonio de los trabaja-dores, en este caso el patrimonio de las coopera-tivas azucareras.

Sin embargo, quiero proponer algunas modifica-ciones en los artículos 3.° y 5.°, para mejorar la redacción.

El texto del primer párrafo del artículo 3.° de-be decir:

“El Instituto Nacional de Defensa de la Compe-tencia y de la Protección de la Propiedad Intelec-tual (INDECOPI), bajo responsabilidad, verifica-rá la presentación de la documentación requerida



para acogerse a lo dispuesto en el artículo 1.° de la presente ley; y determinará el procedimiento para la presentación y el seguimiento necesario para el presente proceso. No se aplicará al pre-sente procedimiento la Ley General del Sistema Concursal, Ley N.° 27809”.

En el artículo 5.°, se debe agregar, en la parte fi-nal del segundo párrafo, lo siguiente:

“Todas las demás acreencias de cualquier natu-raleza tributaria o no tributaria, sin importar su estado u origen, quedando incluidas en la protec-ción patrimonial”.

Con estas modificaciones, estamos favoreciendo a la industria nacional y, fundamentalmente, esta-mos preservando a sus trabajadores y al país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene la palabra la congresista Elizabeth León.

La señora LEÓN MINAYA (BP).— Señor Presidente: El te-ma en debate es complejo, y el Par-lamento está para dar soluciones y para buscar la mejor forma de for-talecer las actividades productivas de nuestro país, en este caso la pro-

ducción azucarera. Pensando en los trabajadores, creemos que existe la necesidad de respaldar el proyecto en debate con la atingencia del congre-sista Luizar, de Bloque Popular, de poner en pri-mer término el tema de la deuda laboral.

En general, las empresas azucareras han comen-zado a recuperar la producción de años anteriores luego de haber pasado por innumerables crisis.

Ahora han sembrado tres mil nuevas hectáreas de caña de azúcar en Pomalca, Tumán, Pucalá y Andahuasi. También han presentado al Ministe-rio de Agricultura un programa de saneamiento económico-financiero y el reflotamiento empre-sarial. Asimismo, han planteado un cronograma de cumplimiento de compromisos supervisados por INDECOPI.

Actualmente estas empresas producen 920 mil toneladas de azúcar, cantidad que puede cubrir la demanda nacional. Pero, desgraciadamente, nuestro país importa más o menos 320 mil to-neladas de azúcar subsidiada, con menor pre-cio, porque les han suprimido los aranceles a la importación desde el 2007, mientras que la pro-

ducción nacional produce azúcar con insumos ca-ros. Estos temas tenemos que analizarlos, porque se necesita fortalecer la producción nacional pa-ra que los peruanos tengamos la oportunidad de consumir azúcar peruana, y creo que las empre-sas azucareras tienen la capacidad de producir to-do lo que necesitamos. Démosle la oportunidad, apostemos por la actividad azucarera, pensemos en los trabajadores para resolver este problema y salir adelante.

Sugerimos al presidente de la comisión que re-coja el aporte del congresista Luizar para apo-yar el proyecto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresistas Elías Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ZAVA-LETA (PAP).— Señor Presidente: Han pasado aproximadamente 12 años desde que el Estado peruano orienta y realiza esfuerzos impor-tantes y trascendentes para defen-der la industria azucarera en nues-

tra patria. Yo me pregunto hasta cuándo se va a proteger a la industria azucarera sabiendo que también existen otras actividades que requieren precisamente igual atención del Estado.

Voy a hablar como congresista de la región La Libertad, donde alguna vez una de las empresas más importantes de la región se amparó y se be-nefició indebidamente con la protección patrimo-nial azucarera. Recuerdo que hace varios años le escuché decir, señor Presidente, que la protección patrimonial estaba dirigida para favorecer sola-mente a las empresas azucareras que tenían ac-cionariado del Estado.

Hoy anuncio que voy a respaldar la protección patrimonial solo y exclusivamente para las em-presas que tienen accionariado del Estado. Digo esto por lo siguiente:

Es cierto que la ley de protección patrimonial protege el patrimonio de las empresas azucare-ras, pero también deja de lado las obligaciones contraídas en favor de los modestos y humildes trabajadores.

Durante la vigencia de la Ley N.° 28662, que pro-rroga el plazo hasta el 30 de setiembre de 2006 para acogerse al régimen de protección patrimo-nial para la industria azucarera, se transfirieron



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en enero de 2006 las acciones del Estado a favor de una de las empresas más importantes de la re-gión La Libertad, aunque en la misma ley se se-ñalaba que hay un plazo de gracia de seis meses más, por lo que la protección patrimonial vencía en marzo de 2007.

Sin embargo, esa empresa azucarera que ya no posee acciones del Estado se amparó con la pro-tección patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2008, por la Ley N.° 28885, y ahora pretende in-cluso beneficiarse seis meses más, hasta julio de 2009, con la protección patrimonial, pese a que, reitero, el Estado no tiene participación accio-naria alguna en esa empresa azucarera desde enero de 2006, fecha en que el Estado transfi-rió sus acciones.

Los hermanos trabajadores de los pueblos de Chi-quitoy, Casa Grande, Cartavio, Sintuco y Roma son los más afectados por la interpretación in-adecuada que hace un poder del Estado respec-to de una norma legal que erróneamente favore-ce a la empresa azucarera cuando le interponen acciones legales en su contra. Aquella empresa se sigue amparando en la protección patrimo-nial que no le corresponde porque ya no tiene capital estatal.

Le propongo a mi colega Alegría, que ha inclui-do en la norma al INDECOPI y a la CONASEV, hacer votos para que estas instituciones hagan cumplir bajo responsabilidad en el tiempo deter-minado el verdadero sentido que le estamos dan-do a esta nueva ley, como sigue:

“Precísase que el período adicional de seis me-ses, previsto en el numeral 4.4 del artículo 4.° de la Ley N.° 28027, es computado desde la fecha de vencimiento del plazo señalado en la ley vigente al momento de la transferencia”.

Es decir, a partir de la fecha de la venta de las acciones del Estado la empresa tiene el benefi-cio de la protección patrimonial y terminada la vigencia de la ley respectiva tiene seis meses de prórroga.

Voy a dar mi respaldo al proyecto en debate.

Antes también voté a favor de la ley vigente por-que supe que los pueblos hermanos de Lambaye-que necesitaban ayuda.

Pero, después, nos han dado la ingrata sorpre-sa de que, con una interpretación jurídica que no corresponde, algunas empresas han seguido amparándose en la ley de protección patrimonial,

cuando el espíritu de la norma señalaba —y aquí tengo las intervenciones de muchos colegas, ex-presadas años atrás— que solo continuaban re-cibiendo esa protección las empresas que tenían capital del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene la palabra el congresista Edgard Reymundo.

El señor REYMUNDO MER-CADO (BP).— Señor Presidente: Parece que el proyecto de amplia-ción de la protección patrimonial y transferencia de participación en debate fuese el otorgamiento de un cheque en blanco a favor de las em-

presas azucareras, porque las prórrogas se vienen repitiendo hace más de una década.

Esta nueva norma beneficia a Pomalca, Tumán y Cayaltí, que mantienen aún participación ac-cionaria del Estado; pero, fundamentalmente, se beneficia a una empresa.

Las empresas azucareras de Pomalca y de Tu-mán no han cumplido, señor Presidente, y usted lo sabe perfectamente, con presentar sus estados financieros desde el 2005. Así lo dice la informa-ción que aparece en la CONASEV. Esta informa que Cayaltí ha formalizado y ha presentado sus estados financieros; en cambio, Tumán y Pomal-ca no registran información desde el 2004.

Por otro lado, no podemos permitir que en el dic-tamen de la Comisión Agraria se digan cosas in-ciertas.

Señor Presidente, por su intermedio, le pido al presidente de la Comisión Agraria que tenga a bien escuchar la exposición.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Señor Presidente de la Comisión Agraria, sírvase usted escuchar al orador, que es-tá dando las recomendaciones del caso para que usted pueda aceptarlas o desestimarlas.

El señor REYMUNDO MERCADO (BP).— Gracias, señor Presidente.

Entre las opiniones recibidas por la comisión dic-taminadora, la Sociedad Nacional de Industrias opina que “el proyecto es un retroceso en la reac-tivación”; por su parte, el Ministerio de Agri-cultura señala que “la transferencia de la par-ticipación accionaria del Estado hasta el 31 de



diciembre de 2009 debe considerar las acciones necesarias para superar las dificultades presen-tadas en las transferencias de las acciones del Es-tado, no implicando la ampliación del régimen de protección patrimonial”.

Pero, en el dictamen, también se dice que se ha solicitado opinión al Ministerio de Economía y Finanzas y curiosamente se agrega que hasta la fecha no se ha recibido opinión alguna de di-chas entidades, lo cual es falso porque en mi ma-no tengo el informe del Ministerio de Economía y Finanzas de fecha anterior a la fecha de emi-sión del dictamen.

Para mejor ilustración, ya que el presidente de la comisión mueve la cabeza en sentido negativo, voy a proporcionarle en este momento copia del informe de fecha 2 de diciembre de 2008, recibido también por el Congreso el 2 de diciembre.

¿Qué dice el Ministerio de Economía y Finan-zas? Concluye diciendo: “Por lo expuesto ante-riormente, esta Dirección emite opinión desfavo-rable al proyecto de ley”.

Por otro lado, es necesario que el presidente de la comisión tenga a bien recoger esta sugerencia: que el numeral 4.1 del artículo 4.° de la Ley N.° 28027, que precisa el régimen de protección pa-trimonial, no incluya las obligaciones alimenta-rias, las remuneraciones, los beneficios sociales adeudados a los trabajadores, los aportes previ-sionales, los créditos de origen tributario al Esta-do, los contratos de molienda suscritos con pos-terioridad a la ley y otras obligaciones generales con posterioridad a la referida ley.

Además, no es admisible que en este proyecto de ley se proponga, como artículo 7.°, otorgar un pla-zo para que las empresas azucareras acogidas a la ley de la actividad empresarial de la industria azucarera puedan accionar judicialmente para pretender la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Esta propuesta es una afrenta porque no se pue-de colisionar con el orden jurídico establecido en el que ha habido todo un proceso judicial.

Termino solicitando que el presidente de la co-misión tenga a bien suprimir el artículo 7.° y, por otro lado, pueda aceptar el planteamiento de no incluir en la protección patrimonial las obliga-ciones alimentarias, las remuneraciones, los be-neficios sociales adeudados a los trabajadores, los aportes previsionales y los contratos suscri-tos después de la vigencia de la ley de amplia-ción de protección.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Wilder Ruiz.

El señor RUIZ SILVA (AN).— Se-ñor Presidente: Ayer debatimos las exoneraciones a los impuestos de la gente que invierte en la Bolsa de Valores, tema netamente financie-ro y económico que terminó en un tema político.

Ahora estamos tratando un tema técnico, econó-mico y financiero, que tiene un ingrediente social porque están involucrados miles de trabajado-res que podrían verse afectados si no se otorga-ra la prórroga.

¿Qué va a pasar? Que una serie de acreedores fraudulentos ha logrado o está logrando a lo lar-go de los últimos años que se le reconozcan deu-das que nunca han sido contraídas con las em-presas azucareras.

Si no otorgamos la prórroga, pues el 1 de enero estos supuestos acreedores, cuyas deudas no es-tán formalmente registradas ni aceptadas, van a ir sobre la empresa y la van a “canibalizar”; es decir, van a dividir la empresa en tantas partes como sea posible para que puedan cobrar esos acreedores. De esta manera la unidad producti-va de la empresa azucarera con miles de hectá-reas de azúcar y en pleno proceso agroexporta-dor será dividida en pedacitos.

Uno de los grandes errores de la agricultura pe-ruana es el latifundio y el minifundio. Ese es el primer problema del agro. Por tanto, si los su-puestos acreedores entran a la empresa, esta que-dará dividida en pequeñas partes.

Yo me estoy comprando el pleito, es cierto, por-que he estado con los trabajadores de las ex ha-ciendas azucareras, luego cooperativas azucare-ras y hoy empresas azucareras, que han venido con los problemas de hace años: deudas de más de 200 millones de nuevos soles, que ahora em-piezan a sanearlas. Estas empresas están ha-ciendo un esfuerzo por sanear sus patrimonios al amparo de la ley dada en la época de Fujimo-ri, y varias empresas azucareras han logrado sa-near sus deudas. Pero hay algunas empresas que se han quedado rezagadas en el saneamiento pa-trimonial porque, entre otras cosas, no han po-dido consolidar sus deudas.

El proyecto en debate tiene varios candados que no contemplaba la ley vigente: que PROINVER-



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SIÓN, que está a favor de la prórroga, se con-vierta en el responsable de la transferencia de la participación accionaria del Estado al 30 de diciembre de 2010. También estamos incluyen-do, en el artículo 2.°, la participación de CONA-SEV, vía PROINVERSIÓN, para que pueda fis-calizar.

En los últimos años, estas empresas, que antes pagaban 12 millones de nuevos soles en remu-neraciones, ahora están pagando 34 millones de nuevos soles, producto de la eficiencia en su pro-ducción. Además, han pagado más de 2 millones y medio de nuevos soles por adeudos atrasados a los jubilados. También se está capitalizando la deuda vía SUNAT por más de 20 millones de nuevos soles.

Sobre el plazo para accionar judicialmente la nu-lidad de cosa juzgada fraudulenta, debo señalar que se trata de un tema ya contemplado en el Có-digo Procesal Civil. Solo estamos recogiendo esa norma procesal.

El proyecto en debate tiene un contenido social, vía una presentación económica y financiera de prorrogar el plazo de protección patrimonial a es-tas empresas, para que estas terminen de sanear sus deudas y para que logren poner en azul sus contabilidades, con la finalidad de que sus accio-nes sociales tengan un precio competitivo y pue-dan ser vendidas. Ya las acciones han superado los 0,035 centavos de nuevo sol.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Martín Pérez.

El señor PÉREZ MONTEVER-DE (UN).— Empiezo mencionan-do que hace dos años usted, señor Presidente, me convenció, hace dos años, para apoyar el proyecto de protección patrimonial. En esa fecha señalamos que era la última

vez que se ampliaba el plazo. Pero entiendo que ese plazo no ha sido suficiente, por lo que debe-mos buscar una solución, para que no explote el problema el 1 de enero de 2009.

Es importante decir que hay un informe del Mi-nisterio de Economía y Finanzas (MEF) en con-tra, en el que se tratan temas que pueden con-vertirse en iniciativas legislativas. Ahora estamos yendo en contra del MEF porque el Congreso tie-ne la prerrogativa de aceptar o desechar la opi-nión del MEF.

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura tam-bién tiene opiniones interesantes, no necesaria-mente a favor del dictamen.

Mi bancada, en principio, está en desacuerdo con el proyecto en debate; pero si lográramos poner algunos candados, podríamos reconsiderar la si-tuación.

Yo quiero que me explique el presidente de la co-misión qué va a pasar en un año si no ha pasado nada en casi diez años porque no veo que pueda cambiar significativamente la situación de la em-presa azucarera.

Creo que es válido lo planteado por la colega Es-pinoza.

Creo que falta transparencia en el manejo de las empresas: Las empresas están inscritas en Bol-sa y desde el 2003 no presentan estados finan-cieros. Esa es una grave falta a la transparencia. Porque los accionistas actuales con 10% mane-jan el 100%, y con 12% manejan el 88% de otros acreedores criticados o cuestionados. Pero insis-to en que esas empresas deben presentar sus es-tados financieros a la CONASEV.

Una de las empresas azucareras tiene 75 mil nuevos soles en multas: se trata de Agroindus-trial Pomalca.

Tumán tiene 46 mil nuevos soles en multas.

Pomalca tiene 56 oficios, en los que la CONASEV le comunica a esa empresa que tiene que poner-se a derecho e informar; pero no lo está hacien-do. Desde el 2003 al 2008 esa empresa ha tenido suficiente tiempo para armar sus estados finan-cieros.

Por otro lado, con la protección patrimonial, surge una situación injusta para los compe-tidores, porque las empresas protegidas pue-den liderar por costos y, además, tienen ven-tajas competitivas que no las tienen los demás competidores.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional para que concluya, congresista Pérez.

El señor PÉREZ MONTEVERDE (UN).— Gracias, señor Presidente.

Al respecto, recordemos que según el artículo 103.° de la Constitución tenemos derecho a la igualdad.



Hablando de candados, propongo que los direc-tores de las empresas azucareras donde haya ac-ciones del Estado concurran con sus respectivos estados financieros al Congreso cada tres meses, acompañados por el presidente de FONAFE y por los representantes de la SUNAT, de la ONP, de las AFP y del Sector Salud, con la finalidad de informar a la Comisión Agraria.

Por otro lado, si después de 90 días de vigencia de esta nueva protección patrimonial las empre-sas no cumplen con presentar a la CONASEV los estados financieros, deben perder los beneficios de protección patrimonial.

Finalmente, propongo que la ampliación de la protección patrimonial tenga vigencia solo por un año, porque no se da un buen mensaje si se extiende el plazo por dos años.

Me pide una interrupción el congresista Raffo.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Raffo, puede inte-rrumpir.

El señor RAFFO ARCE (GPF).— Por supuesto que hay un proble-ma social. Lo hemos entendido así y, por eso, en el gobierno del in-geniero Fujimori se da este salva-vidas a favor de la actividad azu-carera.

Pero este salvavidas es temporal, no es eterno. No podemos convertir una solución temporal en la formalización del “perromuerto”. La verdad es esa. Tenemos, entonces, que encontrar una salida a este tema y vamos a votar a favor. Pero necesi-tamos, entonces, que se tome en cuenta, y ya lo ha pedido el congresista Sousa, que en un máxi-mo de 90 días se presenten los estados financie-ros. No hay razón alguna para que no lo hagan las empresas; de lo contrario, pierden su protec-ción, bajo responsabilidad. Y que las deudas solo sean hasta este año. No podemos tener una pro-tección patrimonial eterna, no podemos eterni-zar el “perromuerto”.

Finalmente, pido que en seis meses se pueda dis-poner este tema para su privatización.

Con estas adiciones, vamos a apoyar el proyec-to.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Martín Pérez, con-tinúe.

El señor PÉREZ MONTEVERDE (UN).— Gracias, señor Presidente.

En aras de la transparencia, los accionistas de una empresa, cuya situación es ventajosa, no de-ben participar en la compra del producto de las empresas que están bajo el régimen de protección patrimonial. Hago este planteamiento al presi-dente de la Comisión Agraria.

Me pide una interrupción el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista García Belaúnde, puede interrumpir.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Señor Presidente: La Ley Oviedo, porque aquí hay que decir las cosas por su nombre, debería contemplar que los accionistas o di-rectores que hacen préstamos sean los últimos en cobrar; porque sue-len ser los primeros.

Así que ese candado también se puede colocar en el texto, para que los accionistas, directo-res o los que manejan la empresa, como el se-ñor Oviedo que presta dinero, sean los últimos en cobrar, no los primeros en cobrar, tal como se está haciendo ahora en perjuicio de muchos trabajadores.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Pérez, puede conti-nuar.

El señor PÉREZ MONTEVERDE (UN).— Para terminar, quiero decir, señor Presiden-te, que no estamos de acuerdo con la amplia-ción sin límite alguno. Creo que hay que buscar una solución. Se nos ha pedido un apoyo polí-tico en buscar una solución, y estamos tratan-do de buscarla.

Pero la solución tiene que tener hitos durante el tiempo de nueva prórroga de protección patrimo-nial. Si no hay hitos ni penas para los compro-misos, entonces va a ser muy difícil lograr que el próximo año o dentro de dos años, como acuerde la mayoría, lleguen a un buen final las empresas y los trabajadores.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Luis Alva Castro.



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E l s e ñ o r A LVA CA S T R O (PAP).— Señor Presidente: A lo largo del debate de esta tarde, he-mos escuchado a varios congresis-tas, con mucho conocimiento, dan-do diferentes puntos de vista sobre el tema en debate, incluso han in-

tervenido muchos colegas que casi nada o na-da tienen que ver con lo que se está solicitan-do aquí.

La prórroga de la protección patrimonial comen-zó en la década del 90. Antes de esa fecha se tra-taba esa actividad solo mediante decretos, porque en aquella época la situación de la industria azu-carera exigía que se tomaran esas medidas.

Debemos recordar cómo estuvo antes la indus-tria azucarera, porque el tema real es que esta industria ha venido recogiendo problemas a lo largo de los últimos 30 años.

Desde el gobierno militar de la década del 70 se congelaron los precios en la industria azucarera durante once años, y los que han participado en gestión de empresas saben que no es posible el funcionamiento de una actividad productiva o de servicios si se obliga a aceptar precios fijados por un decreto, como sucedió en esa época.

Los costos de producción nada tenían que ver en el precio de venta; por lo tanto, esas empresas es-taban condenadas al fracaso. Por eso en el gobier-no del presidente Fernando Belaunde, el Minis-tro de Economía de ese entonces, Manuel Ulloa, tuvo que llegar a un acuerdo con todas esas em-presas azucareras dándoles préstamos en dóla-res, con lo cual empeoró la situación porque vino la devaluación y terminaron endeudadas las em-presas, con un costo financiero que nadie ha que-rido reconocer a lo largo de la historia. Por años las empresas azucareras sufrieron esta grave si-tuación y tuvieron que enfrentarla.

A inicios de la década del 90, todos reconocen que había una necesidad, y el gobierno del pre-sidente Fujimori quiso transferir todas las em-presas azucareras del Estado a la actividad pri-vada. Por esa fecha ningún empresario privado quiso intervenir ni participar en la compra si no le daban la seguridad y la garantía de que iban a ser honradas las deudas dudosas —que todavía existen hoy—, presentadas por distintas perso-nas o instituciones que decían que les debían di-nero las empresas azucareras.

El empresario privado decía: “yo puedo inter-venir, yo puedo participar, yo puedo asumir la

responsabilidad de tal empresa azucarera, pero quién me garantiza que mañana más tarde no van a aparecer 50 ó 70 acreedores presentándo-me documentos y diciéndome que tengo que pa-gar algo que, para mí, es dudoso.

Yo que vengo de la región La Libertad puedo decir todo lo que ha tenido que pasar la industria azu-carera de esa región. En muchos casos, la indus-tria ha tenido que reconocer las deudas dudosas; en otros casos, ha tenido que llegar a arreglos y transacciones. Finalmente, el primer escollo fue siempre esa deuda dudosa; y nadie sabía cómo se había realizado la transacción entre los que ha-bían sido directivos de las cooperativas azucare-ras y los que decían que le habían brindado un servicio o le habían hecho una venta a la empresa azucarera. En suma, había una deuda inmensa.

Entonces, año tras año, el gobierno del presidente Fujimori tuvo que seguir renovando la protección patrimonial hasta encontrar al socio estratégico, para que este se haga cargo de la empresa azuca-rera. No se logró encontrar al socio estratégico porque, incluso, hubo muchas dificultades.

A lo largo de los años siguientes, ustedes han po-dido ver en la región La Libertad que todas las empresas azucareras tienen hoy en día propieta-rios, los que también tuvieron que estar prote-gidos. Si no tenían protección, las empresas po-dían haber sido tomadas por las deudas dudosas de gente inescrupulosa que iba a poner en la ca-lle a miles y miles de trabajadores de la actividad azucarera; nadie sabía qué iba a pasar.

Es más. Muchos deben recordar que hubo transac-ciones financieras cuestionadas: se compraron ac-ciones a precios bajos a los trabajadores para, luego, venderlas a otras personas o a otras empresas.

Todo esto ha pasado en la industria azucarera.

Muchos se preguntarán de qué sirvió dar diver-sos decretos o resoluciones por tantos años para terminar dando leyes de protección patrimonial en el Congreso.

Han pasado más de 12 años, y con la protección arancelaria se ha duplicado la producción azuca-rera. Hace unos años atrás apenas podíamos pro-ducir 500 mil toneladas, por lo que teníamos que importar azúcar para el mercado interno. La cuo-ta americana no la podíamos cubrir, menos podía-mos pensar en otro tipo de producción interna.

Pero ¿qué ha ocurrido? El último informe que tenemos señala que hay una producción de un



millón de toneladas de azúcar, que se debe fun-damentalmente a que se pudieron ordenar las cosas en la región La Libertad; lo digo con legí-timo orgullo.

Yo sé y reconozco el aspecto importante que ha señalado un congresista de mi partido y com-pañero, de La Libertad. Pero ese tema nada tie-ne que ver directamente con el proyecto en de-bate.

El mal uso que se dé a la ley de protección o el alegato que los trabajadores puedan hacer con legitimidad hoy en día sobre la transferencia de acciones son temas de largo debate que nada tie-nen que ver con el proyecto presentado.

El proyecto en debate trata directamente la am-pliación de la protección patrimonial, para que suceda en Lambayeque lo mismo que ha ocurrido en La Libertad: el aumento de la producción. Ya cubrimos el mercado interno, nuevamente esta-mos en el mercado de los Estados Unidos y nue-vamente se está exportando alcohol.

Por ejemplo, en la actualidad, todas las empre-sas azucareras de La Libertad están dando es-tabilidad y garantía a los trabajadores: les han pagado sus deudas a todos los trabajadores. Es más, las empresas azucareras de La Libertad pa-gan el ciento por ciento de los salarios y demás beneficios.

Solo cuatro empresas azucareras de Lambaye-que no están en esa situación. Yo estoy seguro de que esas cuatro empresas tienen que salir de esa crisis, no por acción de las personas que es-tán ahí, sino porque el Estado tiene también ac-ciones que ofrecer y vender, aunque el Estado tampoco se puede meter.

El problema es también del Estado, que tiene que defenderse. Pierde todo el Estado, que tiene porcentajes importantes en acciones, si le qui-tan la protección patrimonial. También queda-rían en la calle los trabajadores y sus beneficios se perderían si se suprime la protección. Eso no ha ocurrido, en cambio, en La Libertad porque se ha protegido a las empresas.

El resultado productivo que tenemos hoy es sufi-ciente para arriesgar un año más de ampliación de la protección patrimonial.

Yo estoy de acuerdo con poner algunos candados y todo lo necesario para garantizar el pago a los trabajadores; pero no debemos detener lo que es-tamos viendo: los buenos resultados en la indus-

tria azucarera del norte. Es más, yo acabo de ha-cer la consulta, y la SUNAT [...].

Me pide una interrupción el congresista Castro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Raúl Castro, puede hacer uso de la interrupción.

El señor CASTRO STAGNARO (UN).— Muchas gracias, señor Pre-sidente; muchas gracias, colega con-gresista.

Ya que hay una intervención versa-da y conocedora del tema en profun-

didad, pregunto al señor congresista, por inter-medio de la Presidencia, si la norma de protección patrimonial es una ley contra esas deudas ocultas que pudieran aparecer, o es una ley para evitar un presunto quiebre de las empresas azucareras por falta de liquidez o por procesos de reestruc-turación patrimonial.

Creo que si hubiera procesos de reestructuración patrimonial, ya tendría que haber una relación de acreedores, una consolidación de deudas y, por tanto, el tema quedaría estrictamente cerrado. Ya no podrían aparecer, de acuerdo con la normati-va legal vigente, acreedores ocultos.

Este punto es muy importante, y agradezco, a tra-vés de la Mesa, la respuesta del congresista.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Continúe, congresista Alva Cas-tro.

El señor ALVA CASTRO (PAP).— Hay deudo-res dudosos, y usted, como abogado, y los aboga-dos que están en el Congreso saben los procedi-mientos legales que se tienen que seguir.

Yo conozco casos ocurridos en La Libertad, en los que jueces de paz se presentaban con una letra de cambio, firmada por el presidente de la Junta de Administración y por el presidente de la Jun-ta de Vigilancia de la Cooperativa Casa Grande, y decían: “la empresa debe cinco millones de nue-vos soles, se ordena el embargo”. Lo que han te-nido que hacer esas empresas azucareras, antes cooperativas, es contratar a destacados profesio-nales para defenderse.

Yo me acuerdo que incluso en el gobierno del pre-sidente Toledo se entendió perfectamente este problema y, por eso, se dio una ley de la actividad



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empresarial de la industria azucarera. La verdad es que esos “acreedores dudosos” nunca podían acreditar la deuda; y si las empresas no tenían un buen abogado defensor, terminaban recono-ciendo la deuda que las conducían a una situa-ción de embargo y de dificultades; por eso se da, por ley, la protección del patrimonio.

Es más, se ha propuesto en el proyecto que par-ticipen otros inversionistas, los que tendrán que participar cuando PROINVERSIÓN, que está au-torizado desde antes, ponga en oferta las accio-nes del Estado. ¿Ustedes creen que el inversio-nista privado va a comprar acciones sin tener la debida protección patrimonial de la empresa? Si no hay protección, nadie aparecerá.

Por eso, el gobierno de Fujimori, el propio gobier-no de Toledo y el gobierno de Alan García han seguido garantizando la protección patrimonial. Es que nadie, en su sano juicio, va a comprar ac-ciones del Estado si no tiene protección alguna. Se dio antes esa protección porque había mucha gente viva que se había hecho de algún documen-to, lo presentaba y, previo favor en el Poder Judi-cial, estaba lista para realizar el embargo.

En Lambayeque se conoce un famoso caso pre-sentado hace poco tiempo: hubo una empresa con mil hectáreas que no tenía protección patri-monial, y los acreedores le cayeron a esa empre-sa quitándole todo. De esta manera también les pueden quitar a todas las empresas azucareras si no tienen protección patrimonial.

Tampoco se trata de proteger a aquellos que es-tén haciendo algún manejo incorrecto; sin embar-go, el proyecto apunta a salvar no solo a la empre-sa, sino, sobre todo, a los trabajadores en relación con sus beneficios laborales y sociales.

Me acaban de decir —porque he llamado a la SU-NAT para actualizar la información que tenía— que la SUNAT ha logrado acuerdos con casi to-das las empresas azucareras.

Les digo una cosa más: COFIDE está en Cayaltí. Por una información que previamente proporcio-nó el presidente de entonces de la región Lamba-yeque, hoy Presidente del Consejo de Ministros, se ha llegado a un arreglo, y ahí está COFIDE con dinero del Estado para iniciar la reactivación de la empresa con el apoyo de los trabajadores.

Yo estoy seguro de que al final van a tener que llamar al sector privado, tal como ha ocurrido en La Libertad. Para eso hay que generar condicio-nes y facilidades que permitan el ingreso de los

inversionistas privados. Solo ingresarán ellos si les damos esta ley; les digo de verdad; así se lo-gró en La Libertad, así también se va a tener que lograr en Lambayeque.

Yo sé que hay una enorme expectativa y estoy con-vencido de que los trabajadores y los empresarios tendrán que comprender que esta ley tiene que ser vigilada por el Congreso, para que se cumpla exactamente lo que aquí estamos aprobando.

Decía que la SUNAT ya llegó a un arreglo con las empresas azucareras. Por ejemplo, estas ya están comenzando a pagar hasta el 85% de las obliga-ciones tributarias que están venciendo en la ac-tualidad. Las empresas azucareras Casa Grande, Cartavio y Laredo tienen deudas y obligaciones contraídas con la SUNAT. Ellas están pagando y seguirán pagando esas deudas en los próximos años, porque heredaron una deuda inmensa.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Termine, congresista Alva Cas-tro.

El señor ALVA CASTRO (PAP).— No estamos debidamente informa-dos, pero aquí tenemos que apos-tar por que continúe la inversión, el trabajo y el éxito de la industria azucarera. Pongamos todos los con-troles y candados que consideremos

necesarios, pero no detengamos la buena expe-riencia de producir de 500 mil toneladas de azú-car a un millón de toneladas, con la protección patrimonial que nos ha permitido obtener estos resultados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPF).— El congresista Sousa me ha pedido una interrup-ción, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Sousa, puede inte-rrumpir.

El señor SOUSA HUANAM-BAL (GPF).— Gracias, señor Pre-sidente.

Se ha dicho que hay un gran cre-cimiento productivo, y no hay du-



da al respecto. Incluso casi convenimos con el congresista Alva en la descripción del proble-ma azucarero.

Pero es fácil tener un gran crecimiento producti-vo cuando se dejan de pagar los tributos. Es fácil tener un gran crecimiento cuando la empresa de-cide a quien pagar y a quien no pagar. ¿Ha habi-do crecimiento productivo porque ha existido un buen manejo técnico del asunto o porque estoy haciendo el “perromuerto” a todo el mundo?

Hay que distinguir bien las cosas. El documento que tengo en mi mano es un informe de la SU-NAT, en el que se señala que en un año se ha ele-vado en 73 millones de nuevos soles la deuda tri-butaria de una de las empresas aludidas.

La empresa agroindustrial Tumán debe, a la fe-cha, 159 millones de nuevos soles.

Si comparamos la deuda de 2006 con la de 2007 y con la de 2008, observamos que se incrementa cada vez en un 40 ó 50% al año.

Entonces, es fácil crecer cuando no tengo que pa-gar mis obligaciones. Por eso, pido que se incor-pore en el texto la obligación de las empresas de informar a la CONASEV y a PROINVERSIÓN, bajo apercibimiento de perder la protección pa-trimonial. ¿Qué más habrá adentro? Solo las em-presas lo saben porque no cumplen con presen-tar sus declaraciones juradas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Reátegui, puede con-tinuar.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPF).— Señor Presidente: Yo quiero tratar este tema desde el punto de vista de los consumido-res y desde el punto de vista de los grandes emporios azucareros oligo-pólicos en el Perú.

Se trata de las mejores tierras productivas del Perú que están ubicadas en Lambayeque; son un fruto muy preciado, y todo el mundo quisie-ra agarrarlo. ¿Y por qué quieren agarrarlo? Por-que ahí pueden obtener los mayores beneficios en el campo de la agroindustria: si el próximo año hacen etanol tendrán la obligación de ven-der a las refinerías el 10% de etanol. De esta ma-nera, el beneficio del oligopolio va a ser mucho más grande. Por lo tanto, ya que no funciona el

INDECOPI, es imprescindible fortalecer la pre-sencia del Estado como un ente disociador fren-te al oligopolio.

Si el Estado es un ente disociador, va a poner las reglas de juego claras en el mercado: no va a per-mitir que los oligopolios se aprovechen ponien-do el precio que les da la gana. Es importante la presencia del Estado, no para hacer favores polí-ticos, sino como un instrumento que evite el mo-nopolio y el oligopolio.

Por ejemplo, hace doce años, INDECOPI dijo que hubo una concertación de precios en relación con el pollo. El tema sigue tratándose en el Poder Ju-dicial sin solución alguna por doce años, y el pro-blema continúa por otro año más. Si ese organis-mo regulador no puede poner orden, todos los consumidores están fritos.

Es fácil agarrar una empresa: haces mil manio-bras, la compras a precio “huevo” y logras el mo-nopolio. ¡Cuidado! La ley de protección que dio Fu-jimori ha sido sabia porque tenía la finalidad de defender no solo la estructura ante una falta de competencia en el Perú, sino también defender a los consumidores. Por eso es buena la ley de pro-tección. Que hay que ponerle candados, pues que se pongan candados; pero no debemos olvidarnos de esto: mientras no funcione, en el país, una ver-dadera regulación que beneficie al consumidor, no va a haber situaciones prósperas para el pueblo pe-ruano porque los bienes le van a costar más.

Me pide una interrupción el congresista Isaac Me-kler, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Isaac Mekler, pue-de interrumpir.

El señor MEKLER NEIMAN (GPN).— Gracias, señor Presi-dente.

Un congresista ha dicho, y voy a citar-lo textualmente para no equivocarme, “que han hablado congresistas que nada tienen que ver con el tema”.

Yo quisiera, entonces, para hacer más eficiente el debate, señor Presidente, que usted haga una lis-ta de los congresistas que tienen que ver con el tema en debate y otra lista de los que no tienen que ver con el tema en debate, con la finalidad de que hablen solo aquellos que tienen que ver con el tema, no aquellos que —en opinión de ese con-gresista— no tenemos que ver con el tema.



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Voy a definir la posición de la bancada naciona-lista para que sepan algunos congresistas que sí tenemos que ver con el tema en debate.

Nosotros queremos que así como crece la caña así también crezca el bienestar de los trabajadores. Así como se multiplica la producción de azúcar, así también se multipliquen los ingresos de los trabajadores activos, de los jubilados y de los ce-sados. Nuestra posición es simple y sencilla, se-ñor Presidente.

¿Hay que tener una ciencia especial para enten-der eso? Yo creo que no. Solo hay que pagar la deuda a los trabajadores. Nada más. No creo que se tenga que hacer una lista de oradores que es-tén al tanto del tema.

Eso es todo.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Continúe, congresista Reátegui.

El señor REÁTEGUI FLORES (GPF).— La concertación de pre-cios, tan dañina para el mercado, es difícil probarla en el país, sobre to-do si un oligopolio de turno domina no solo los canales de distribución, sino también los canales de informa-

ción. Con los canales de información distorsionan la verdad; y, con su poder, compran conciencias.

No hay que permitir que estas empresas pasen fácilmente a constituir un monopolio en el Perú, sino que hay que dar la oportunidad al Estado, para que sea un factor disociador de ese monopo-lio, y al consumidor para que a este le den precios justos por los productos que adquiere.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene el uso de la palabra el con-gresista José Saldaña.

El señor SALDAÑA TOVAR (BP).— Señor Presidente: Cuan-do escuchamos las intervenciones de los congresistas, podemos no-tar y sentir desorden, caos y anar-quía. Sentimos también que hay que atender a miles de trabajado-

res. Lo han dicho muchos congresistas: hay un problema social.

Pero año tras año no podemos estar prorrogando la ayuda y los aportes. Tenemos que señalar un

camino para resolver este tipo de problemas, por-que para eso hemos sido elegidos por el pueblo.

Así como se conforman comisiones para resolver problemas que aparecen en el ínterin de nuestro trabajo, así también se tiene que conformar una comisión en este caso. Por ejemplo, tal como esta-mos tratando la reposición de miles de trabajado-res despedidos, también tenemos que saber cómo resolver el problema de los doce grandes sindica-tos que tocan nuestras puertas todos los días. Co-mo presidente de la Comisión de Trabajo percibo eso. Tenemos que atenderlos, pero dándoles una posible solución para que no haya caos ni prórro-gas permanentemente. Por esa razón, plantea-mos que el Congreso de la República y el Ejecu-tivo den una pronta solución al problema.

Felizmente, señalan en su comunicado los 12 sin-dicatos, que están al día en el pago de sus remu-neraciones. O sea, antes no percibían sus pagos al ciento por ciento. Dicen además que hay total paz social y laboral, que se han creado 300 puestos de trabajo en agroexportación y que se han sembra-do más de 7 mil hectáreas de nueva caña y más de 500 hectáreas para agroexportación.

Pienso que se están atendiendo las demandas de los trabajadores. Esperemos que los sindicatos también sean responsables porque no pueden continuar permanentemente en esa situación. Y, por supuesto, como congresistas de la República, nosotros vamos a respaldar el proyecto.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene la palabra el congresista García Belaúnde.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Señor Presidente: Esta ley, que tiene nombre propio, ha sido prorrogada durante muchos años: 12 veces ha sido prorrogada. Al fi-nal, todas las ex cooperativas, ex haciendas, hoy empresas agrícolas

o agroindustriales, han salido adelante.

La única que no ha salido adelante es Tumán: es el gran paquidermo de la industria azucare-ra, que está buscando una absurda protección patrimonial.

Tumán fue una hacienda regalada por el gobier-no peruano a la familia de Manuel Pardo, que fue presidente del Congreso, como reparación a los servicios prestados a la nación.

Tumán enriqueció a mucha gente durante más de 100 años, y hoy en día parece que solo enrique-



ce a una persona, al señor Oviedo, que es, curio-samente, mayorista. O sea, antes compraba azú-car a todos; ahora se compra a sí mismo, pone los precios y decide la utilidad que va a obtener con su comercialización, mucho más que mediante su producción. Luego, regresa parte de la utilidad a la empresa para hacer préstamos; es decir, está prestando el dinero de la utilidad que genera la comercialización interna. Por tanto, realiza algo que no es muy ético que digamos.

Me parece una exageración dar una ley de pro-tección patrimonial con nombre propio, a favor de esa persona.

Yo sé que hay un problema laboral de por medio, aunque Alva Castro ha hablado de las mejoras en la industria del azúcar.

Pero, hoy en día, la industria nacional del azú-car tiene que mejorar también con los arance-les. Pues los aranceles se han venido abajo por-que el gobierno los ha bajado debido a los TLC con China, con Estados Unidos y con una serie de países.

Incluso los convenios con Ecuador y con Colom-bia van a hacer que el azúcar del Perú tenga que competir con la importación del azúcar que tie-ne arancel cero.

Pregunto cuál es el plan de reestructuración de Tumán y cómo se va a reestructurar.

Cuando se pide ayuda al banco se tiene que lle-var un programa de reestructuración.

Me pide una interrupción el señor Alva, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Alva Castro, puede interrumpir.

E l s e ñ o r A LVA CA S T R O (PAP).— Hay una disposición le-gal que se ha dado sobre este caso. Precisamente me está confirman-do el presidente de la comisión, co-lega Mario Alegría. Hay toda una reglamentación, y todas las empre-

sas han presentado sus planes, porque el Estado tiene acciones ahí.

PROINVERSIÓN y FONAFE han reclamado porque quieren conocer los estados financieros. No hay que olvidar que el Estado tiene directo-res que vigilan permanentemente la acción de

estas empresas azucareras porque el Estado tie-ne participación hasta el 38% en acciones. O sea, hay vigilancia. Incluso la CONASEV les acaba de poner un plazo a las empresas para que presen-ten y actualicen sus balances con la finalidad de conocer los estados financieros. Hay control, y la SUNAT también ha intervenido para que paguen la deuda tributaria esas empresas.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista García Belaúnde, puede continuar.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Si hay una ley que blinda a la empresa Tumán, no se ne-cesitan directores, sino interventores del Estado, incluso veedores del Estado, porque el director lla-ma solo una vez al mes. El tema es mucho más se-rio, porque de por medio está el dinero de todo el aparato del Estado: no solo la propiedad del Esta-do sino también los servicios que brinda el Estado a la empresa y los impuestos que debe recabar.

Pero pregunto dónde está el plan de reestructura-ción. Porque la Comisión Agraria ha hecho todo acá dando su dictamen. ¿Tumán es solo un tema agrario? No. Es básicamente un tema económi-co. Pregunto si la Comisión de Economía no tie-ne el derecho de opinar sobre temas económicos. Pregunto si la Comisión de Economía no puede opinar sobre los recursos del Estado en una em-presa, donde participa con capital en acciones. Pregunto por qué la Comisión de Economía no opina sobre este tema. ¿Por qué solo puede opi-nar la Comisión Agraria?

Acá se ha cometido un error muy importante.

Pero el tema es el siguiente: ¿Cuánto vale Tu-mán?, ¿cuánto debe Tumán?, ¿Tumán es un ne-gocio factible?

Si no es factible, nada hacemos con darle una pro-tección por uno o dos años más. Hay que darle protección toda la vida.

Una cosa es tener un negocio rentable y viable cuando no se pagan impuestos y otra cosa es te-ner un negocio rentable y viable cuando se pa-gan impuestos.

Si no hay un plan serio de reestructuración, ¿pa-ra qué aprobamos un blindaje de esa naturaleza? No va a servir de nada.

Si prorrogamos el blindaje, estamos desalentando a aquellos que con gran esfuerzo lograron salir de esa situación de caos en que se encontraban.



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Considero que este tema debe pasar por la Co-misión de Economía, la que tendría que opinar porque hay demasiados temas económicos que involucran al Estado. Curiosamente la Comisión de Economía no ha opinado ni ha tenido cono-cimiento de nada.

Yo entiendo que hay intereses de por medio, que el señor Oviedo es muy importante en Lamba-yeque, que tiene muchos amigos y que maneja muchos medios de comunicación. Pero, acá, es-tamos hablando de los intereses del Estado que están por encima de los intereses de cualquier persona.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— El congresista Alejandro Rebaza puede intervenir.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Señor Presidente: La propuesta de ampliación de los al-cances de la Ley N.° 28027 de pro-tección patrimonial tiene un fun-damento trascendente: evaluar el comportamiento de las empresas

azucareras que ayer estuvieron al borde de la quiebra y que ahora están en una franca línea de reflotamiento y de reestructuración.

La ampliación de esta protección patrimonial tiene candados muy importantes que debemos resaltar:

1. El plazo que se da para la protección patri-monial es igual al plazo que tiene PROINVER-SIÓN para que busque y aplique las estrategias que permitan transferir las acciones del Estado; por lo tanto, la protección alcanza solo a las em-presas en donde es accionista el Estado.

2. Se están estableciendo mecanismos de control en tanto las empresas queden obligadas a emitir la información necesaria para la supervisión de INDECOPI y de la CONASEV.

3. Se está señalando claramente en el artículo 4.° que el incumplimiento de las obligaciones esta-blecidas en el segundo párrafo del artículo 3.° trae como consecuencia el retiro de la protección pa-trimonial; es decir, las empresas están obligadas a remitir oportunamente sus programas de re-flotamiento, sus programas de pagos y otras obli-gaciones, recogiendo la inquietud justificada de verificar y velar por el cumplimiento de las obli-gaciones laborales y previsionales a favor de los trabajadores activos, cesantes y jubilados, pues

el incumplimiento de esas obligaciones trae co-mo consecuencia que se les retire la protección patrimonial.

4. Se ha recogido la inquietud justificada de que si las acciones del Estado fueran transferidas o vendidas a un tercero, la protección patrimo-nial solo alcanzaría seis meses después de dicha transferencia.

Por todo ello, señor Presidente, y en la línea de seguir buscando la reestructuración y el proceso concursal no formal que permita el reflotamiento y el rescate de estas importantes empresas para la industria nacional, vamos a votar a favor del proyecto de ley en debate.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— La congresista Sumire, puede in-tervenir.

La señora SUMIRE DE CON-DE (GPN).— Señor Presidente, se-ñores congresistas: Napayuykichis kay ratu, ninkichis manan wakin-qa yachanchu kay azucarera nisqa-mantaqa; noqallaykun yachayku. [Los saludo, en esta oportunidad.

Ustedes dicen que algunos de nosotros no sabe-mos nada sobre el problema azucarero; sin em-bargo, esa percepción está errada, pues nosotros sí sabemos.](2)

Se ha dicho acá que los que no somos de la zona no conocemos el problema azucarero.

Nosotros sabemos que a nivel nacional antes eran muy buenas las industrias azucareras. Teníamos azúcar para todos los peruanos y peruanas.

Actualmente el problema central es: ¿se protege o no se protege a las empresas azucareras?

El problema de fondo es: ¿a qué dueños se está protegiendo?, ¿quién es el dueño?, ¿los privados?, ¿los cooperativistas? Se dice que el Estado es tam-bién dueño, pero ¿en qué porcentaje?

Sobre la ley de protección, no se habla de los tra-bajadores azucareros, lo cual significa que no se les ha tomado en cuenta a ellos. Este es también un problema de fondo que debe esclarecerse.

Se dice que las empresas azucareras tienen deu-das con acreedores fantasmas. Entonces, ampliar

(2) Transcripción del quechua y traducción al español: Noemí Vizcardo Rozas.



el plazo de protección patrimonial, supone que las empresas serán liquidadas por sus acreedores, los créditos laborales se ejecutarán porque tienen preferencia, aunque hay algunos casos que no tie-nen sentencia porque están en trámite.

Por otro lado, veo que hay problemas técnicos en el proyecto en debate.

El artículo 7.° del proyecto de ley trata de prote-ger a las empresas azucareras contra los acree-dores que han obtenido sentencia favorable me-diante el fraude; sentencia que les da derecho a hacer efectivo su crédito con el patrimonio de la empresa azucarera. Con este artículo se le da a la empresa un plazo de cinco meses para accio-nar contra esos fraudulentos acreedores, plazo que no concuerda con el artículo 178.° del Có-digo Procesal Civil que establece seis meses pa-ra accionar.

Si se quiere proteger a las empresas azucareras de supuestos acreedores fraudulentos, ¿por qué se les recorta el plazo señalado en el Código Pro-cesal Civil? Sería razonable colocar en el texto un plazo igual o mayor a seis meses.

Observo, entonces, que hay incoherencias en el dictamen presentado: por un lado, se protege; por otro lado, se recorta; y, por último, no se ha-bla de los trabajadores azucareros. ¿En qué que-damos?

A mí me preocupa bastante que siempre se di-ga que mejor es lo privado y que lo peor es el Es-tado.

También me preocupa que se hayan enriqueci-do y se sigan enriqueciendo muchas empresas en nuestro país, como es el caso de la actividad mi-nera. ¿Qué está pasando? El bono voluntario ya no se quiere...

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Tiene un minuto adicional, con-gresista Sumire, para que termine.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Creo que es importante tener empresas del Es-tado porque no somos incapaces. Lo que sucede es que hay personas que no administran bien, y los diversos gobiernos cambian y cambian a las personas idóneas. Creo que es importante hacer un seguimiento para que esos profesionales idó-neos sigan en esos cargos.

También me preocupa lo de Cerro de Pasco, que se entrega a un costo de regalo, ¿y cómo se en-

trega? ¿Así también quieren entregar las empre-sas azucareras?

Entonces, acá hay que hacer un análisis del te-ma.

Tampoco podemos estar regalando nuestros re-cursos naturales. Esa es la posición del Partido Nacionalista. No regalar, sino vivir dignamente porque tenemos recursos naturales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— El presidente de la comisión dic-taminadora puede intervenir.

Mientras tanto, se va a registrar la asistencia an-tes de votar el texto del dictamen.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital pa-ra verificar el quórum.

El señor ALEGRÍA PASTOR (PAP).— Señor Presidente: Ha si-do muy importante la participación de los congresistas que han sugeri-do realizar algunas correcciones al proyecto, y la Comisión Agraria va a acogerlas.

Al congresista Santos Carpio quiero decirle que la empresa azucarera Chucarapi, en Arequipa, no está siendo beneficiada ni se está acogiendo a la ley de protección patrimonial.

La congresista Marisol Espinoza hizo mención a la modificación del tercer párrafo del artículo 5.° del proyecto, sugerencia que se está acogien-do en el texto final.

Hemos creído conveniente retirar el artículo 7.° del proyecto, atendiendo el pedido del congresis-ta Rolando Sousa, de la bancada fujimorista, pa-ra darle tranquilidad.

También se está incluyendo en el texto el plazo máximo de 90 días para que las empresas azuca-reras proporcionen el informe financiero a la Co-misión Agraria. En el artículo 2.°, se señala que el informe respectivo se entregará a la CONASEV.

El congresista Alejandro Aguinaga, con razón, se-ñala que la política arancelaria está afectando a la industria azucarera nacional porque no le ha permitido seguir cumpliendo con sus compromi-sos y proveedores.



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Me pide una interrupción el congresista García Belaúnde.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista García Belaúnde, puede interrumpir.

El señor GARCÍA BELAÚNDE (AP).— Señor Presidente: Yo le re-comendaría al presidente de la comi-sión que acepte la propuesta de in-cluir que los balances tienen que ser enviados a la Comisión de Economía porque esta tiene economistas de ta-

lla y especialistas en revisar y chequear balances y porque la Comisión Agraria probablemente no ten-ga tan buenos especialistas en esa especialidad.

En suma, todos los balances planteados deben re-mitirse también a la Comisión de Economía.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Alegría, puede con-tinuar.

El señor ALEGRÍA PASTOR (PAP).— Aceptamos que se infor-me también a la Comisión de Eco-nomía.

Señor Presidente, el congresista Wilder Ruiz me está pidiendo una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— ¡Vamos a reabrir el debate, pre-sidente de la comisión!

El señor ALEGRÍA PASTOR (PAP).— En-tonces, continúo, señor Presidente.

Al congresista Oswaldo Luizar le preocupa el tema de las deudas y beneficios laborales. Yo quiero ha-cerle mención que el artículo 24.° de la Constitución señala que el pago de la remuneración y los bene-ficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, por lo que el cronograma de compromisos de pagos tiene que adecuarse a lo estipulado en la Constitución.

El congresista Aníbal Huerta también ha hecho algunas sugerencias respecto de los artículos 3.° y 5.° del texto, las cuales han sido aceptadas por la comisión.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Se está distribuyendo el texto fi-nal, señores congresistas.

El señor ALEGRÍA PASTOR (PAP).— Asi-mismo, se precisa, en el artículo 1.°, que solo las empresas en donde tiene acciones el Estado se-guirán con la protección patrimonial. Al respec-to, el congresista Elías Rodríguez señala que, en La Libertad, mi tierra natal, la empresa azucare-ra Casa Grande podría acogerse indebidamente a la ley de protección patrimonial con la prórro-ga de seis meses, a partir del 1 de enero de 2009. Para prever esa situación, se precisa que las em-presas azucareras con acciones sociales privadas y sin participación accionaria del Estado no podrán acogerse a la ley de protección patrimonial.

El congresista Edgar Reymundo dijo que había ingresado un documento del Ministerio de Eco-nomía y Finanzas a la Comisión Agraria. Tengo en mi poder el referido documento, pero este ha ingresado a la comisión con fecha posterior a la fecha de la sesión en la cual se aprobó por unani-midad el dictamen. Este informe, reitero, ingresó a la comisión con fecha posterior. Le proporciono una copia, señor Presidente, para evitar que ha-ya intereses negativos de por medio.

Al mismo congresista le preocupa el tema del ar-tículo 7.°, que ya ha sido aclarado sobre la base del pedido del congresista Sousa.

El congresista Martín Pérez pide que se informe a la CONASEV, al FONAFE y a la Comisión Agra-ria cada tres meses. Ha sido acogido el pedido.

Finalmente, quiero agradecer la participación de los parlamentarios porque han permitido en-riquecer el proyecto, cuyo texto final, que hemos proporcionado a la Mesa, sometemos a conside-ración del Pleno del Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— El presidente de una comisión dic-taminadora recoge las sugerencias que considera necesarias. Si no se pronuncia sobre la propues-ta de un señor congresista, se entiende que no la ha acogido. La decisión soberana del Parlamen-to se expresa mediante la votación.

Han registrado su asistencia 74 señores congre-sistas, y con esta asistencia se pone al voto el tex-to final del proyecto.


—Efectuada la consulta, se aprueba en pri-mera votación, por 51 votos a favor, nueve



en contra y cuatro abstenciones, el texto de la Ley de ampliación de la protección patri-monial y transferencia de participación ac-cionaria del Estado en las empresas agra-rias azucareras.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Ha sido aprobado el texto final del proyecto en primera votación.

Se deja constancia del voto a favor de los con-gresistas Wilson Ugarte, Vargas Fernández, Balta Salazar, Pastor Valdivieso y Ordóñez Salazar, y del voto en contra de los congresis-tas Castro Stagnaro, Alcorta Suero, Yamashi-ro Oré y Reymundo Mercado, lo que da un to-tal de 56 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones.

—El texto aprobado es el siguiente:

“El Congreso de la República;

Ha dado la Ley siguiente:

Ley de amPLiación de La Protección Patrimo-niaL y transferencia de ParticiPación acciona-ria deL estado a Las emPresas agrarias azu-

careras

Artículo 1.°.— Ampliación de la protección patrimonial

Amplíase, hasta el 31 de diciembre de 2010, la protección patrimonial contenida en el numeral 4.1 del artículo 4.° de la Ley N.° 28027, Ley de la actividad empresarial de la industria azucarera, modificada por las Leyes núms. 28288, 28448, 28662 y 28885.

Se acogen a la presente Ley únicamente las em-presas en las que, al 1 de enero de 2009, el Esta-do mantenga participación accionaria.

Precísase que el período adicional de seis (6) me-ses previsto en el numeral 4.4 del artículo 4.° de la Ley N.° 28027 es computado desde la fecha de vencimiento del plazo señalado en la ley vigente al momento de la transferencia.

Artículo 2.°.— Transferencia de la partici-pación accionaria del Estado

Establécese un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de la pre-sente Ley para que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) inicie, bajo responsabilidad, el proceso de transferencia de

la participación accionaria que el Estado tiene en estas empresas.

Las empresas agrarias azucareras acogidas a la presente Ley tienen un plazo improrrogable de no-venta (90) días calendario para presentar a la Co-misión Nacional Supervisora de Empresas y Valo-res (Conasev) los estados financieros auditados y aprobados por la junta general de accionistas.

Los directorios de estas empresas son civil y pe-nalmente responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo. Las empresas que no cumplen con lo dispuesto en el presente artículo pierden la protección patrimonial.

Artículo 3.°.— De los programas requeri-dos

El Instituto Nacional de Defensa de la Competen-cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), bajo responsabilidad, verifica la pre-sentación de la documentación requerida para acogerse a lo dispuesto en el artículo 1.°, y deter-mina el procedimiento para la presentación y el seguimiento necesarios para el presente proceso. No se aplicará al presente procedimiento la Ley N.° 27809, Ley General del Sistema Concursal.

Las empresas agrarias azucareras actualizan y presentan el Programa de Reflotamiento Empre-sarial, el Programa de Reconocimiento de Obli-gaciones y el Cronograma de Pagos al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indeco-pi) en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente Ley. El Pro-grama de Reconocimiento de Obligaciones y el Cronograma de Pagos serán reajustados perió-dicamente hasta junio de 2010.

El cronograma de pagos prioriza los pagos de re-muneraciones y beneficios sociales, de conformi-dad con el artículo 24.° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se priorizan las obligaciones alimentarias y los aportes previsionales.

El Instituto Nacional de Defensa de la Compe-tencia y de la Protección de la Propiedad Inte-lectual (Indecopi) informa trimestralmente a las Comisiones de Economía, Banca, Finanzas e In-teligencia Financiera; y Agraria del Congreso de la República sobre los avances en el cumpli-miento del Programa de Reflotamiento Empre-sarial, del Programa de Reconocimiento de Obli-gaciones y del Cronograma de Pagos, así como de la transferencia de la participación acciona-ria del Estado.



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Artículo 4.°.— Incumplimiento

El incumplimiento de la suscripción de los conve-nios de pago con los municipios, contenidos en el artículo 5.°, de la entrega de la información pre-vista en el segundo párrafo del artículo 2.° y de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 3.° de la presente Ley o del Programa de Reconoci-miento de Obligaciones y el Cronograma de Pa-gos, por parte de las empresas agrarias azucare-ras deja sin efecto su acogimiento a la protección patrimonial dispuesta en el artículo 1.°, condición que será determinada por el Indecopi.

Artículo 5.°.— Precisión sobre la aplicación de la protección patrimonial

Precísase que el régimen de protección patrimo-nial, previsto en el numeral 4.1 del artículo 4.° de la Ley N.° 28027, no constituye impedimento para el pago total o parcial de las obligaciones contraí-das por la empresa agraria azucarera en el Cro-nograma de Pagos, ni de las obligaciones recono-cidas por las empresas agrarias azucareras como capital de trabajo y de los convenios de pago que deberán suscribir con los gobiernos locales.

No están incluidos en la protección patrimonial los contratos de molienda suscritos entre las em-presas agrarias azucareras y los sembradores de caña de azúcar independientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.° de la Ley N.° 28288, Ley que otorga nuevos plazos a las em-presas azucareras acogidas a la Ley N.° 28027. Todas las demás acreencias de cualquier natu-raleza tributaria o no tributaria, sin importar su estado u origen, quedan incluidas en la pro-tección patrimonial.

Artículo 6.°.— Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Azucarera

El Poder Ejecutivo difunde e implementa el Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Azucarera, dispuesto en el artículo 3.° de la Ley N.° 28662, Ley que prorroga el plazo para acogerse al Régi-men de Protección Patrimonial que establece la Ley N.° 28027, Ley de la actividad empresarial de la industria azucarera.

Disposición Derogatoria

Única.— Derogatoria

Deróganse o déjanse sin efecto las normas que se opongan a la presente Ley.

Comunícase, etc.”

“Primera votación del texto sustitutorio del Proyecto N.° 1772 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acosta Zárate, Aguinaga Recuenco, Alegría Pas-tor, Alva Castro, Beteta Rubín, Cabrera Campos, Cajahuanca Rosales, Calderón Castro, Cánepa La Cotera, Carpio Guerrero, Chacón De Vettori, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Del Casti-llo Gálvez, Espinoza Ramos, Falla Lamadrid, Flo-res Torres, Fujimori Higuchi, Galindo Sandoval, Giampietri Rojas, Herrera Pumayauli, Huerta Díaz, Isla Rojas, Lazo Ríos de Hornung, León Mi-naya, León Romero, León Zapata, Luizar Obre-gón, Maslucán Culqui, Menchola Vásquez, Mo-rales Castillo, Negreiros Criado, Núñez Román, Otárola Peñaranda, Pando Córdova, Peláez Bar-dales, Perry Cruz, Reátegui Flores, Rebaza Mar-tell, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Ruiz Silva, Saldaña Tovar, Serna Guzmán, Sumire de Conde, Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vás-quez Rodríguez, Vega Antonio, Venegas Mello y Zeballos Gámez.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Bedoya de Vivanco, Bruce Montes de Oca, Galarreta Velarde, García Belaúnde, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Monteverde, Sasieta Mo-rales, Tapia Samaniego y Uribe Medina.

Señores congresistas que se abstuvieron: Foinquinos Mera, Mekler Neiman, Obregón Pe-ralta y Santos Carpio.”

El señor ALEGRÍA PASTOR (PAP).— Señor Presidente: Quie-ro agradecer el respaldo mayorita-rio al proyecto que va a beneficiar no solo al Estado, sino también a la clase trabajadora, a la cual tene-mos que proteger. Por lo tanto, se-

ñor Presidente, pido la exoneración del plazo de segunda votación.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Con la misma asistencia, se po-ne al voto la exoneración del plazo de segunda votación.


El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresistas, en el texto final es-tán incluidas las sugerencias proporcionadas por ustedes. En la página dos del texto final, se di-ce: “El cronograma de pagos prioriza los pagos de remuneraciones y beneficios sociales, de con-



formidad con el artículo 24.° de la Constitución Política del Estado”.

En este momento, se está votando la exoneración del plazo de segunda votación.

—Efectuada la votación, se acuerda, por 47 votos a favor, 18 en contra y una absten-ción, la exoneración del plazo de segun-da votación respecto del texto de la Ley de ampliación de la protección patrimonial y transferencia de participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azu-careras.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Ha sido acordada la exoneración del plazo de segunda votación.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas Pastor Valdivieso, Urquizo Maggia, Zeba-llos Gámez, Maslucán Culqui, Carpio Guerrero y Vargas Fernández, y del voto en contra de los congresistas Foinquinos Mera, Reymundo Mer-cado y Moyano Delgado, lo que da un resulta-do total de 53 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

“Votación para exonerar del plazo de segunda votación el texto sustitutorio del

Proyecto N.° 1772 y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Acosta Zárate, Aguinaga Recuenco, Alegría Pas-tor, Alva Castro, Balta Salazar, Beteta Rubín, Cabrera Campos, Cajahuanca Rosales, Calde-rón Castro, Cánepa La Cotera, Cuculiza Torre, Del Castillo Gálvez, Espinoza Cruz, Espinoza Ramos, Falla Lamadrid, Flores Torres, Galindo Sandoval, Giampietri Rojas, Herrera Pumayauli, Huerta Díaz, Isla Rojas, Lazo Ríos de Hornung, León Minaya, León Romero, León Zapata, Lui-zar Obregón, Menchola Vásquez, Morales Cas-tillo, Negreiros Criado, Núñez Román, Obregón Peralta, Otárola Peñaranda, Peláez Bardales, Pe-rry Cruz, Reátegui Flores, Rebaza Martell, Rodrí-guez Zavaleta, Ruiz Silva, Saldaña Tovar, Santos Carpio, Serna Guzmán, Sumire de Conde, Urte-cho Medina, Vásquez Rodríguez, Vega Antonio, Venegas Mello y Wilson Ugarte.

Señores congresistas que votaron en con-tra: Alcorta Suero, Bedoya de Vivanco, Bru-ce Montes de Oca, Castro Stagnaro, Chacón De Vettori, De la Cruz Vásquez, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, García Belaúnde, Pando Cór-dova, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Montever-de, Reggiardo Barreto, Sasieta Morales, Sousa

Huanambal, Tapia Samaniego, Uribe Medina y Yamashiro Oré.

Señor congresista que se abstuvo: Mekler Neiman.”

Continuando el debate, se aprueba en pri-mera votación y es exonerado del plazo de segunda votación el texto de la Ley que sus-pende, a favor de la región de la selva, el Tí-tulo III del Decreto Legislativo N.° 978 que establece la entrega a los gobiernos regio-nales o locales de la región de la selva y de la amazonía, para inversión y gasto social, del íntegro de los recursos tributarios cu-ya actual exoneración no ha beneficiado a

la población

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Vencido el cuarto intermedio, continúa el debate del nuevo texto sustituto-rio presentado el 4 de diciembre de 2008 por los congresistas Lombardi Elías, presidente de la Comisión de Economía, y Pastor Valdivieso, res-pecto de los Proyectos de Ley núms. 2875/2008-CR y 2895/2008-CR, que suspende el Título III del Decreto Legislativo N.° 978 a favor de la re-gión de la selva.

Tiene la palabra el congresista Lombardi Elías.

El señor LOMBARDI ELÍAS (UN).— Señor Presidente: En rea-lidad, hemos estado conversando a lo largo de la jornada con repre-sentantes de distintas bancadas pa-ra lograr una fórmula que permita prorrogar la exoneración del pago

del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la zo-na de selva.

El consenso generado en las conversaciones in-formales —no representativas porque no ha ha-bido reunión de voceros ni de miembros de la Comisión de Economía— consiste en que la pró-rroga debe darse hasta el 31 de diciembre de 2010, no hasta el 2013, como se ha planteado en el proyecto.

Sin embargo —y luego de lo que pueda decir el señor Pastor para abundar en el resultado de esas conversaciones—, en el transcurso del de-bate, veremos la mejor fórmula para este pro-yecto.

El señor PRESIDENTE (Javier Velásquez Quesquén).— Congresista Pastor, puede inter-venir.

2008 - t iii 2249 - spijspij.minjus.gob.pe/graficos/peru/2008/diciembre/17/l-29299.pdf · primera...

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