2. motores de la productividad y crecimiento · 2017-11-14 · esta publicación fue realizada por...

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Motores de la productividad y crecimiento Elementos Considerar Integrales Mínimos Esenciales 10 A

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Motores de la productividad y crecimiento

Elementos Considerar

Integrales

MínimosEsenciales10 A

Esta publicación fue realizada por FOSDEH, con el apoyo �nanciero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE y la iniciativa Think Tank.

Las ideas y opiniones expresadas en el texto son de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no re�ejan necesariamente la visión ni la opinión de la entidad cooperante, en este caso COSUDE y Think Tank.

Se autoriza la utilización total o parcial de este documento, siempre y cuando se cite la fuente.

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras© FOSDEH 2017Col. Alameda , avenida Tiburcio Carías Andino, Casa 1011, Tegucigalpa, Honduras. Tel/Fax: (504) 2239-3404 | (504) 2239-2110Correo Electrónico: [email protected] web o�cial: www.fosdeh.netfb: Facebook/fosdehTwitter: @fosdeh

Índice

Introducción 1

Proyecciones Generales de la Economía Hondureña 2017-2018 2

Entonces ¿Los logros macroeconómicos impulsados por los sectores antes encionados se trasladan al bienestar general de la población o son un efecto placebo más? 3

Entonces, los sectores que verdaderamente son el motor y sustento de la mayoría de los hogares hondureños ¿Tienen prioridad o no? 8

Bueno, y las reformas a la ley de tarjetas de crédito ¿Beneficiará los bolsillos de la mayoría de los usuarios? 11

Conclusiones 13

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Introducción En este capítulo se discutirá como el bienestar macroeconómico amparado por los motores beligerantes de los últimos años -Servicios, Comunicaciones e Intermediación Financiera- no se han podido trasladada a lo micro, es decir, el bienestar de los hogares. Cabe destacar que, si bien, el crecimiento económico no es una condición suficiente para que se disfrute de un desarrollo económico, éste si es una condición necesaria para llevar a cabo dicho desarrollo Entiéndase por crecimiento económico el aumento sustancial en el nivel de producción de bienes y servicios; mientras que desarrollo económico, no es más que la capacidad de los países para generar riquezas a fin de mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes. Siguiendo esta línea, se puede observar que la sociedad hondureña posee una renta per cápita de 2,608.6 US$, de acuerdo con el informe de acometividad global 2017-2018, mientras que otros países centroamericanos como Costa Rica y Panamá poseen rentas per cápita de 11,834.8 US$ y 13,654 US$ respectivamente, reflejando lo mencionado en líneas anteriores. Por lo tanto, se discutirán las proyecciones económicas para el bienio 2017-2018

contextualizando el escenario y discutiendo si el crecimiento

proyectado genera desarrollo económico o no en los hondureños; las prioridades del Presupuesto General de la Republica 2017 y su relación con la inversión real; y finalmente las reformas a la ley de tarjetas de crédito y su “compromiso” por erradicar los problemas estructurales en el área emisora de tarjeta de crédito y deudora -tarjetahabientes-.

Proyecciones Generales de la Economía Hondureña 2017-2018

El Banco Central de Honduras (BCH), posee un Programa Monetario mismo que establece las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria, así como las perspectivas de la economía hondureña para un horizonte de dos años, con el fin de orientar a los agentes económicos y a la sociedad hondureña en general en la toma de decisiones y formación de expectativas .[1]

En cuanto al Programa Monetario 2017-2018 publicado a inicio de año, el BCH proyecta un crecimiento económico para ese mismo bienio que oscila entre 3.4 y 3.7% explicado principalmente por: Intermediación Financiera derivado de los ingresos provenientes de un mayor volumen de préstamos; seguido de la Agricultura explicado por el aumento en la producción de Palma Africana, Café y Banano, principalmente; La Industria Manufacturera por la elaboración de alimento procesado, bebidas y la fabricación de prendas de vestir a base de fibra sintética; Actividad de Comunicaciones explicado por la inversión en nueva tecnología por parte de las compañías telefónicas; finalmente el crecimiento será impulsado por el rubro de la Construcción dado la ejecución de obras públicas de infraestructura vial y proyectos residenciales.

Posterior a la publicación del Programa Monetario, el BCH pública una Revisión del Programa Monetario el cual contiene la actualización del marco macroeconómico para un bienio dado, adecuándolo a la evolución del primer semestre de la economía internacional y doméstica, así como a las perspectivas más recientes de la economía mundial [2].

seguir la evolución y dinamismo de los rubros más importantes en la economía. Se observa, entonces, que los rubros con una mayor evolución en los últimos seis meses son: Intermediación Financiera, Telecomunicaciones y Transporte & Almacenamiento principalmente, situando al IMAE en 223.83 con un crecimiento en su evolución y dinamismo de 5.17% con respecto a los primeros seis meses de 2016.

Es por lo antes mencionado que el BCH hizo pública la Revisión del Programa Monetario 2017-2018 a mitad de año, donde modifica el crecimiento económico, proyectándolo entre 3.7 y 4.1%, mayor al estimado a principio del año, impulsado por: Industria Manufacturera derivado de la elaboración de bienes alimenticios, textiles y prendas de vestir; Intermediación Financiera efecto de mayores interese recibidos de préstamos y comisiones por servicios financieros; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca impulsada por el alza en los cultivos de Café, Palma Africana, Banano y Caña de Azúcar; y finalmente por Comunicaciones por la mayor gama de servicios en la transmisión de datos y un mayor número de suscriptores.

En cuanto al nivel de inflación, el Programa Monetario 2017-2018 prevé que oscile en un rango de 4.5 ± 1 punto porcentual. Donde la trayectoria de la inflación esperada estaría explicada por factores externos, primordialmente el ajuste al alza en los precios de los combustibles y energía, así como de algunas materias primas. De este modo, el nivel general de los precios está directamente relacionado con variables exógenas a la economía nacional con la principal característica de no poder influir en ellas. Por ejemplo, el barril del petróleo en los últimos meses se ha encontrado en una situación de estancamiento entre 46.18 y 51.23US$ según datos de Central América Data Express; beneficiando la “baja” tasa de inflación acumulada que reporto el BCH a septiembre de 2017 (3.24%) y ayudando a la autoridad monetaria a cumplir la meta inflacionaria establecida.

Entonces ¿Los logros macroeconómicos impulsados por los sectores antes mencionados se trasladan al bienestar general de la población o son un efecto placebo más?

Siguiendo el análisis realizado por la autoridad monetaria del país y tomando como base el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y teniendo en consideración que no es un indicador de producción total como tal, pero si un indicador de referencia para

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Introducción En este capítulo se discutirá como el bienestar macroeconómico amparado por los motores beligerantes de los últimos años -Servicios, Comunicaciones e Intermediación Financiera- no se han podido trasladada a lo micro, es decir, el bienestar de los hogares. Cabe destacar que, si bien, el crecimiento económico no es una condición suficiente para que se disfrute de un desarrollo económico, éste si es una condición necesaria para llevar a cabo dicho desarrollo Entiéndase por crecimiento económico el aumento sustancial en el nivel de producción de bienes y servicios; mientras que desarrollo económico, no es más que la capacidad de los países para generar riquezas a fin de mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes. Siguiendo esta línea, se puede observar que la sociedad hondureña posee una renta per cápita de 2,608.6 US$, de acuerdo con el informe de acometividad global 2017-2018, mientras que otros países centroamericanos como Costa Rica y Panamá poseen rentas per cápita de 11,834.8 US$ y 13,654 US$ respectivamente, reflejando lo mencionado en líneas anteriores. Por lo tanto, se discutirán las proyecciones económicas para el bienio 2017-2018

contextualizando el escenario y discutiendo si el crecimiento

proyectado genera desarrollo económico o no en los hondureños; las prioridades del Presupuesto General de la Republica 2017 y su relación con la inversión real; y finalmente las reformas a la ley de tarjetas de crédito y su “compromiso” por erradicar los problemas estructurales en el área emisora de tarjeta de crédito y deudora -tarjetahabientes-.

Proyecciones Generales de la Economía Hondureña 2017-2018

El Banco Central de Honduras (BCH), posee un Programa Monetario mismo que establece las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria, así como las perspectivas de la economía hondureña para un horizonte de dos años, con el fin de orientar a los agentes económicos y a la sociedad hondureña en general en la toma de decisiones y formación de expectativas .[1]

En cuanto al Programa Monetario 2017-2018 publicado a inicio de año, el BCH proyecta un crecimiento económico para ese mismo bienio que oscila entre 3.4 y 3.7% explicado principalmente por: Intermediación Financiera derivado de los ingresos provenientes de un mayor volumen de préstamos; seguido de la Agricultura explicado por el aumento en la producción de Palma Africana, Café y Banano, principalmente; La Industria Manufacturera por la elaboración de alimento procesado, bebidas y la fabricación de prendas de vestir a base de fibra sintética; Actividad de Comunicaciones explicado por la inversión en nueva tecnología por parte de las compañías telefónicas; finalmente el crecimiento será impulsado por el rubro de la Construcción dado la ejecución de obras públicas de infraestructura vial y proyectos residenciales.

Posterior a la publicación del Programa Monetario, el BCH pública una Revisión del Programa Monetario el cual contiene la actualización del marco macroeconómico para un bienio dado, adecuándolo a la evolución del primer semestre de la economía internacional y doméstica, así como a las perspectivas más recientes de la economía mundial [2].

seguir la evolución y dinamismo de los rubros más importantes en la economía. Se observa, entonces, que los rubros con una mayor evolución en los últimos seis meses son: Intermediación Financiera, Telecomunicaciones y Transporte & Almacenamiento principalmente, situando al IMAE en 223.83 con un crecimiento en su evolución y dinamismo de 5.17% con respecto a los primeros seis meses de 2016.

1. Información recopilada del Programa Monetario 2017-2018 publicado por el BCH2. Información obtenida de la Revisión al Programa Monetario 2017-2018 publicado en julio por el BCH

Es por lo antes mencionado que el BCH hizo pública la Revisión del Programa Monetario 2017-2018 a mitad de año, donde modifica el crecimiento económico, proyectándolo entre 3.7 y 4.1%, mayor al estimado a principio del año, impulsado por: Industria Manufacturera derivado de la elaboración de bienes alimenticios, textiles y prendas de vestir; Intermediación Financiera efecto de mayores interese recibidos de préstamos y comisiones por servicios financieros; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca impulsada por el alza en los cultivos de Café, Palma Africana, Banano y Caña de Azúcar; y finalmente por Comunicaciones por la mayor gama de servicios en la transmisión de datos y un mayor número de suscriptores.

En cuanto al nivel de inflación, el Programa Monetario 2017-2018 prevé que oscile en un rango de 4.5 ± 1 punto porcentual. Donde la trayectoria de la inflación esperada estaría explicada por factores externos, primordialmente el ajuste al alza en los precios de los combustibles y energía, así como de algunas materias primas. De este modo, el nivel general de los precios está directamente relacionado con variables exógenas a la economía nacional con la principal característica de no poder influir en ellas. Por ejemplo, el barril del petróleo en los últimos meses se ha encontrado en una situación de estancamiento entre 46.18 y 51.23US$ según datos de Central América Data Express; beneficiando la “baja” tasa de inflación acumulada que reporto el BCH a septiembre de 2017 (3.24%) y ayudando a la autoridad monetaria a cumplir la meta inflacionaria establecida.

Entonces ¿Los logros macroeconómicos impulsados por los sectores antes mencionados se trasladan al bienestar general de la población o son un efecto placebo más?

Siguiendo el análisis realizado por la autoridad monetaria del país y tomando como base el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y teniendo en consideración que no es un indicador de producción total como tal, pero si un indicador de referencia para

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Introducción En este capítulo se discutirá como el bienestar macroeconómico amparado por los motores beligerantes de los últimos años -Servicios, Comunicaciones e Intermediación Financiera- no se han podido trasladada a lo micro, es decir, el bienestar de los hogares. Cabe destacar que, si bien, el crecimiento económico no es una condición suficiente para que se disfrute de un desarrollo económico, éste si es una condición necesaria para llevar a cabo dicho desarrollo Entiéndase por crecimiento económico el aumento sustancial en el nivel de producción de bienes y servicios; mientras que desarrollo económico, no es más que la capacidad de los países para generar riquezas a fin de mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes. Siguiendo esta línea, se puede observar que la sociedad hondureña posee una renta per cápita de 2,608.6 US$, de acuerdo con el informe de acometividad global 2017-2018, mientras que otros países centroamericanos como Costa Rica y Panamá poseen rentas per cápita de 11,834.8 US$ y 13,654 US$ respectivamente, reflejando lo mencionado en líneas anteriores. Por lo tanto, se discutirán las proyecciones económicas para el bienio 2017-2018

contextualizando el escenario y discutiendo si el crecimiento

proyectado genera desarrollo económico o no en los hondureños; las prioridades del Presupuesto General de la Republica 2017 y su relación con la inversión real; y finalmente las reformas a la ley de tarjetas de crédito y su “compromiso” por erradicar los problemas estructurales en el área emisora de tarjeta de crédito y deudora -tarjetahabientes-.

Proyecciones Generales de la Economía Hondureña 2017-2018

El Banco Central de Honduras (BCH), posee un Programa Monetario mismo que establece las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria, así como las perspectivas de la economía hondureña para un horizonte de dos años, con el fin de orientar a los agentes económicos y a la sociedad hondureña en general en la toma de decisiones y formación de expectativas .[1]

En cuanto al Programa Monetario 2017-2018 publicado a inicio de año, el BCH proyecta un crecimiento económico para ese mismo bienio que oscila entre 3.4 y 3.7% explicado principalmente por: Intermediación Financiera derivado de los ingresos provenientes de un mayor volumen de préstamos; seguido de la Agricultura explicado por el aumento en la producción de Palma Africana, Café y Banano, principalmente; La Industria Manufacturera por la elaboración de alimento procesado, bebidas y la fabricación de prendas de vestir a base de fibra sintética; Actividad de Comunicaciones explicado por la inversión en nueva tecnología por parte de las compañías telefónicas; finalmente el crecimiento será impulsado por el rubro de la Construcción dado la ejecución de obras públicas de infraestructura vial y proyectos residenciales.

Posterior a la publicación del Programa Monetario, el BCH pública una Revisión del Programa Monetario el cual contiene la actualización del marco macroeconómico para un bienio dado, adecuándolo a la evolución del primer semestre de la economía internacional y doméstica, así como a las perspectivas más recientes de la economía mundial [2].

seguir la evolución y dinamismo de los rubros más importantes en la economía. Se observa, entonces, que los rubros con una mayor evolución en los últimos seis meses son: Intermediación Financiera, Telecomunicaciones y Transporte & Almacenamiento principalmente, situando al IMAE en 223.83 con un crecimiento en su evolución y dinamismo de 5.17% con respecto a los primeros seis meses de 2016.

Es por lo antes mencionado que el BCH hizo pública la Revisión del Programa Monetario 2017-2018 a mitad de año, donde modifica el crecimiento económico, proyectándolo entre 3.7 y 4.1%, mayor al estimado a principio del año, impulsado por: Industria Manufacturera derivado de la elaboración de bienes alimenticios, textiles y prendas de vestir; Intermediación Financiera efecto de mayores interese recibidos de préstamos y comisiones por servicios financieros; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca impulsada por el alza en los cultivos de Café, Palma Africana, Banano y Caña de Azúcar; y finalmente por Comunicaciones por la mayor gama de servicios en la transmisión de datos y un mayor número de suscriptores.

En cuanto al nivel de inflación, el Programa Monetario 2017-2018 prevé que oscile en un rango de 4.5 ± 1 punto porcentual. Donde la trayectoria de la inflación esperada estaría explicada por factores externos, primordialmente el ajuste al alza en los precios de los combustibles y energía, así como de algunas materias primas. De este modo, el nivel general de los precios está directamente relacionado con variables exógenas a la economía nacional con la principal característica de no poder influir en ellas. Por ejemplo, el barril del petróleo en los últimos meses se ha encontrado en una situación de estancamiento entre 46.18 y 51.23US$ según datos de Central América Data Express; beneficiando la “baja” tasa de inflación acumulada que reporto el BCH a septiembre de 2017 (3.24%) y ayudando a la autoridad monetaria a cumplir la meta inflacionaria establecida.

Entonces ¿Los logros macroeconómicos impulsados por los sectores antes mencionados se trasladan al bienestar general de la población o son un efecto placebo más?

Siguiendo el análisis realizado por la autoridad monetaria del país y tomando como base el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y teniendo en consideración que no es un indicador de producción total como tal, pero si un indicador de referencia para

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Introducción En este capítulo se discutirá como el bienestar macroeconómico amparado por los motores beligerantes de los últimos años -Servicios, Comunicaciones e Intermediación Financiera- no se han podido trasladada a lo micro, es decir, el bienestar de los hogares. Cabe destacar que, si bien, el crecimiento económico no es una condición suficiente para que se disfrute de un desarrollo económico, éste si es una condición necesaria para llevar a cabo dicho desarrollo Entiéndase por crecimiento económico el aumento sustancial en el nivel de producción de bienes y servicios; mientras que desarrollo económico, no es más que la capacidad de los países para generar riquezas a fin de mantener la prosperidad o el bienestar económico y social de sus habitantes. Siguiendo esta línea, se puede observar que la sociedad hondureña posee una renta per cápita de 2,608.6 US$, de acuerdo con el informe de acometividad global 2017-2018, mientras que otros países centroamericanos como Costa Rica y Panamá poseen rentas per cápita de 11,834.8 US$ y 13,654 US$ respectivamente, reflejando lo mencionado en líneas anteriores. Por lo tanto, se discutirán las proyecciones económicas para el bienio 2017-2018

contextualizando el escenario y discutiendo si el crecimiento

proyectado genera desarrollo económico o no en los hondureños; las prioridades del Presupuesto General de la Republica 2017 y su relación con la inversión real; y finalmente las reformas a la ley de tarjetas de crédito y su “compromiso” por erradicar los problemas estructurales en el área emisora de tarjeta de crédito y deudora -tarjetahabientes-.

Proyecciones Generales de la Economía Hondureña 2017-2018

El Banco Central de Honduras (BCH), posee un Programa Monetario mismo que establece las medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria, así como las perspectivas de la economía hondureña para un horizonte de dos años, con el fin de orientar a los agentes económicos y a la sociedad hondureña en general en la toma de decisiones y formación de expectativas .[1]

En cuanto al Programa Monetario 2017-2018 publicado a inicio de año, el BCH proyecta un crecimiento económico para ese mismo bienio que oscila entre 3.4 y 3.7% explicado principalmente por: Intermediación Financiera derivado de los ingresos provenientes de un mayor volumen de préstamos; seguido de la Agricultura explicado por el aumento en la producción de Palma Africana, Café y Banano, principalmente; La Industria Manufacturera por la elaboración de alimento procesado, bebidas y la fabricación de prendas de vestir a base de fibra sintética; Actividad de Comunicaciones explicado por la inversión en nueva tecnología por parte de las compañías telefónicas; finalmente el crecimiento será impulsado por el rubro de la Construcción dado la ejecución de obras públicas de infraestructura vial y proyectos residenciales.

Posterior a la publicación del Programa Monetario, el BCH pública una Revisión del Programa Monetario el cual contiene la actualización del marco macroeconómico para un bienio dado, adecuándolo a la evolución del primer semestre de la economía internacional y doméstica, así como a las perspectivas más recientes de la economía mundial [2].

seguir la evolución y dinamismo de los rubros más importantes en la economía. Se observa, entonces, que los rubros con una mayor evolución en los últimos seis meses son: Intermediación Financiera, Telecomunicaciones y Transporte & Almacenamiento principalmente, situando al IMAE en 223.83 con un crecimiento en su evolución y dinamismo de 5.17% con respecto a los primeros seis meses de 2016.

Estos mismos rubros económicos, absorben, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) provenientes de la Encuesta Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples (ENPHPM) 2016, un total de 72.9% de las personas ocupadas, o lo que es igual a un total de 2,663,611 personas [3] .

Entre los rubros que poseen la mayor cantidad de personas ocupadas destacan: Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca con 26.70%; Comercio por Mayor/Menor, Hoteles y Restaurantes con 20% y la Industria Manufacturera con 14.30%; con un total de 975,561; 730,757 y 522,492 personas respectivamente. Cabe destacar que esos rubros son los que han reportado un dinamismo y una evolución bastante moderada en los últimos seis meses, con excepción de Comercio, Hoteles y Restaurantes, que sumada su evolución y dinamismo económico ronda en 367.1; alrededor de dos quintas partes de la evolución que ha mostrado intermediación

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH

Es por lo antes mencionado que el BCH hizo pública la Revisión del Programa Monetario 2017-2018 a mitad de año, donde modifica el crecimiento económico, proyectándolo entre 3.7 y 4.1%, mayor al estimado a principio del año, impulsado por: Industria Manufacturera derivado de la elaboración de bienes alimenticios, textiles y prendas de vestir; Intermediación Financiera efecto de mayores interese recibidos de préstamos y comisiones por servicios financieros; Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca impulsada por el alza en los cultivos de Café, Palma Africana, Banano y Caña de Azúcar; y finalmente por Comunicaciones por la mayor gama de servicios en la transmisión de datos y un mayor número de suscriptores.

En cuanto al nivel de inflación, el Programa Monetario 2017-2018 prevé que oscile en un rango de 4.5 ± 1 punto porcentual. Donde la trayectoria de la inflación esperada estaría explicada por factores externos, primordialmente el ajuste al alza en los precios de los combustibles y energía, así como de algunas materias primas. De este modo, el nivel general de los precios está directamente relacionado con variables exógenas a la economía nacional con la principal característica de no poder influir en ellas. Por ejemplo, el barril del petróleo en los últimos meses se ha encontrado en una situación de estancamiento entre 46.18 y 51.23US$ según datos de Central América Data Express; beneficiando la “baja” tasa de inflación acumulada que reporto el BCH a septiembre de 2017 (3.24%) y ayudando a la autoridad monetaria a cumplir la meta inflacionaria establecida.

Entonces ¿Los logros macroeconómicos impulsados por los sectores antes mencionados se trasladan al bienestar general de la población o son un efecto placebo más?

Siguiendo el análisis realizado por la autoridad monetaria del país y tomando como base el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) y teniendo en consideración que no es un indicador de producción total como tal, pero si un indicador de referencia para

financiera en el mismo lapso de tiempo -por ejemplo-.

Por su parte, la Intermediación financiera es la que más destaca en dinamismo y evolución, seguida de telecomunicación y en menor medida Transporte y Almacenamiento. Los cuales, según datos del INE, solo posee el 1.3% de la población ocupada y Transporte, Almacenamiento junto a Comunicación absorben nada más el 2.8% de dicha población, haciendo un total de personas ocupadas en estos sectores de 47,499 y 102,306.

3. Datos ajustados y revisados al 2017 por el Instituto Nacional de Estadística

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Estos mismos rubros económicos, absorben, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) provenientes de la Encuesta Permanentes de Hogares de Propósitos Múltiples (ENPHPM) 2016, un total de 72.9% de las personas ocupadas, o lo que es igual a un total de 2,663,611 personas [3] .

Entre los rubros que poseen la mayor cantidad de personas ocupadas destacan: Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca con 26.70%; Comercio por Mayor/Menor, Hoteles y Restaurantes con 20% y la Industria Manufacturera con 14.30%; con un total de 975,561; 730,757 y 522,492 personas respectivamente. Cabe destacar que esos rubros son los que han reportado un dinamismo y una evolución bastante moderada en los últimos seis meses, con excepción de Comercio, Hoteles y Restaurantes, que sumada su evolución y dinamismo económico ronda en 367.1; alrededor de dos quintas partes de la evolución que ha mostrado intermediación

Fuente: Elaboración propia con datos del INE provenientes de EPHPM 2016

financiera en el mismo lapso de tiempo -por ejemplo-.

Por su parte, la Intermediación financiera es la que más destaca en dinamismo y evolución, seguida de telecomunicación y en menor medida Transporte y Almacenamiento. Los cuales, según datos del INE, solo posee el 1.3% de la población ocupada y Transporte, Almacenamiento junto a Comunicación absorben nada más el 2.8% de dicha población, haciendo un total de personas ocupadas en estos sectores de 47,499 y 102,306.

Si se observan todos los avances macroeconómicos impulsados por aquellos motores beligerantes de la economía nacional, en términos de remuneración salarial mínima como variable proxy de bienestar social general, se encuentra que el rubro de intermediación financiera es el que posee el salario mínimo más alto y es de apenas 10,168.45 Lempiras, siempre y cuando se posea igual o más de 151 empleados, según la Dirección General de Salarios [4] . Por su parte, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca posee un salario mínimo 6,848.15 Lempiras, siempre y cuando se posea una cantidad igual o mayor de 151 empleados.

El salario mínimo en el país se convierte en problema cuando se traslada de una remuneración mínima que garantice las

necesidades básicas de la población, a una remuneración máxima incluso para personas que posean algún grado de educación terciaria. Se agudiza aún más cuando se desagrega la economía en formal e informal.

Puesto que según publicaciones de diarios escritos, para el 2016 estaban afiliadas nada más 722,577 personas incluyendo trabajadores y patronos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, es decir, solo el 0.02% de los ocupados cotizaban en el Seguro Social, y gozaban de este beneficio 1,722,577 incluyendo familiares de los cotizantes. Montoni Mago (2013) en La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo estimo que Honduras para el 2013 poseía una economía informal de 76.4% siendo la más alta de América Latina para dicho año y se puede observar -a priori- que cuatro años después, dicho porcentaje no ha variado mucho.

Respecto a la productividad de los sectores que son -en teoría- los motores de la economía nacional, es importante mencionar el aporte de Quijada y Sierra (2014) en Determinantes de la Productividad Total de los Factores en Honduras, donde señalan que, contrario a los altos niveles de inversión respecto del Producto Interno Bruto (PIB), sobre el promedio de Centroamérica, esto no ha logrado impulsar el crecimiento del PIB en su conjunto; y la Productividad Total de los Factores (PTF) ha presentados tasas negativas de crecimiento (-0.3) para la primera década de siglo XXI, resaltando que sólo tres actividades presentaron tasas positivas de la PTF, las cuales son: “electricidad y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y servicios comunitarios, sociales y personales, presentaron tasas positivas entre 0.58% y 5.9%, el resto de sectores de la economía exhibió contracciones en la productividad que van desde -0.62% hasta -10.2%” [5]

En cuanto a la estabilidad de la moneda nacional con respecto al Dólar, se puede notar una leve apreciación del Lempira, que

beneficia -en teoría- el nivel adquisitivo de los hondureños. Explicada por un mayor ingreso de divisas provenientes de la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional, producto de una mejora coyuntural y poco visible de la calificadoras de riesgo como Standard & Poor´s y Moody´s; que junto al gobierno central, mediante aprobación del Congreso Nacional han logrado la colocación en el mercado internacional de nuevos Bonos Soberanos por la cantidad de 700 Millones de dólares, que junto con las remesas familiares y las divisas provenientes de las exportaciones de café; sin mencionar la baja inflación en los principales socios comerciales, han consiguiendo mantener la moderada apreciación de la moneda nacional. Conforme a los principales commodities de Honduras, estos han presentado disminuciones en sus precios a nivel mundial -con algunas excepciones- producto de la baja demanda que han tenido en mercados como el chino; que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) representa cerca del 38% de las exportaciones a los países asiáticos. Siguiendo este contexto, en los últimos dos años los ingresos en moneda nacional provenientes de las exportaciones han aumentado de manera relativa producto del proceso de devaluación que sostuvo el país en ese mismo periodo de tiempo, el cual rondo en una tasa del 5% provocando la ilusión de que las captaciones por motivo de exportaciones fueran mayores a pesar de tener menos niveles de exportación, comparados con años anteriores. Además, en el último reporte de Bienes de Transformación y Conexas del BCH se indica que las maquilas registraron un nivel de exportación en el año 2016 de 3,949.9 millones de dólares, aumento de 1.4% respecto al año anterior, pero estas solo contribuyen con el 2.2% del PIB.

4. Tabla de Salarios Mínimos, recopilado de la Dirección General de Salarios. URL: Mhttp://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/01/Tabla-de-Salario-Minimo-2017.pdf

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Si se observan todos los avances macroeconómicos impulsados por aquellos motores beligerantes de la economía nacional, en términos de remuneración salarial mínima como variable proxy de bienestar social general, se encuentra que el rubro de intermediación financiera es el que posee el salario mínimo más alto y es de apenas 10,168.45 Lempiras, siempre y cuando se posea igual o más de 151 empleados, según la Dirección General de Salarios [4] . Por su parte, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca posee un salario mínimo 6,848.15 Lempiras, siempre y cuando se posea una cantidad igual o mayor de 151 empleados.

El salario mínimo en el país se convierte en problema cuando se traslada de una remuneración mínima que garantice las

necesidades básicas de la población, a una remuneración máxima incluso para personas que posean algún grado de educación terciaria. Se agudiza aún más cuando se desagrega la economía en formal e informal.

Puesto que según publicaciones de diarios escritos, para el 2016 estaban afiliadas nada más 722,577 personas incluyendo trabajadores y patronos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, es decir, solo el 0.02% de los ocupados cotizaban en el Seguro Social, y gozaban de este beneficio 1,722,577 incluyendo familiares de los cotizantes. Montoni Mago (2013) en La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo estimo que Honduras para el 2013 poseía una economía informal de 76.4% siendo la más alta de América Latina para dicho año y se puede observar -a priori- que cuatro años después, dicho porcentaje no ha variado mucho.

Respecto a la productividad de los sectores que son -en teoría- los motores de la economía nacional, es importante mencionar el aporte de Quijada y Sierra (2014) en Determinantes de la Productividad Total de los Factores en Honduras, donde señalan que, contrario a los altos niveles de inversión respecto del Producto Interno Bruto (PIB), sobre el promedio de Centroamérica, esto no ha logrado impulsar el crecimiento del PIB en su conjunto; y la Productividad Total de los Factores (PTF) ha presentados tasas negativas de crecimiento (-0.3) para la primera década de siglo XXI, resaltando que sólo tres actividades presentaron tasas positivas de la PTF, las cuales son: “electricidad y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y servicios comunitarios, sociales y personales, presentaron tasas positivas entre 0.58% y 5.9%, el resto de sectores de la economía exhibió contracciones en la productividad que van desde -0.62% hasta -10.2%” [5]

En cuanto a la estabilidad de la moneda nacional con respecto al Dólar, se puede notar una leve apreciación del Lempira, que

beneficia -en teoría- el nivel adquisitivo de los hondureños. Explicada por un mayor ingreso de divisas provenientes de la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional, producto de una mejora coyuntural y poco visible de la calificadoras de riesgo como Standard & Poor´s y Moody´s; que junto al gobierno central, mediante aprobación del Congreso Nacional han logrado la colocación en el mercado internacional de nuevos Bonos Soberanos por la cantidad de 700 Millones de dólares, que junto con las remesas familiares y las divisas provenientes de las exportaciones de café; sin mencionar la baja inflación en los principales socios comerciales, han consiguiendo mantener la moderada apreciación de la moneda nacional. Conforme a los principales commodities de Honduras, estos han presentado disminuciones en sus precios a nivel mundial -con algunas excepciones- producto de la baja demanda que han tenido en mercados como el chino; que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) representa cerca del 38% de las exportaciones a los países asiáticos. Siguiendo este contexto, en los últimos dos años los ingresos en moneda nacional provenientes de las exportaciones han aumentado de manera relativa producto del proceso de devaluación que sostuvo el país en ese mismo periodo de tiempo, el cual rondo en una tasa del 5% provocando la ilusión de que las captaciones por motivo de exportaciones fueran mayores a pesar de tener menos niveles de exportación, comparados con años anteriores. Además, en el último reporte de Bienes de Transformación y Conexas del BCH se indica que las maquilas registraron un nivel de exportación en el año 2016 de 3,949.9 millones de dólares, aumento de 1.4% respecto al año anterior, pero estas solo contribuyen con el 2.2% del PIB.

5. Quijada y Sierra (2014), Determinantes de la Productividad Total de los Factores en Honduras, Publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

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Si se observan todos los avances macroeconómicos impulsados por aquellos motores beligerantes de la economía nacional, en términos de remuneración salarial mínima como variable proxy de bienestar social general, se encuentra que el rubro de intermediación financiera es el que posee el salario mínimo más alto y es de apenas 10,168.45 Lempiras, siempre y cuando se posea igual o más de 151 empleados, según la Dirección General de Salarios [4] . Por su parte, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca posee un salario mínimo 6,848.15 Lempiras, siempre y cuando se posea una cantidad igual o mayor de 151 empleados.

El salario mínimo en el país se convierte en problema cuando se traslada de una remuneración mínima que garantice las

necesidades básicas de la población, a una remuneración máxima incluso para personas que posean algún grado de educación terciaria. Se agudiza aún más cuando se desagrega la economía en formal e informal.

Puesto que según publicaciones de diarios escritos, para el 2016 estaban afiliadas nada más 722,577 personas incluyendo trabajadores y patronos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, es decir, solo el 0.02% de los ocupados cotizaban en el Seguro Social, y gozaban de este beneficio 1,722,577 incluyendo familiares de los cotizantes. Montoni Mago (2013) en La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo estimo que Honduras para el 2013 poseía una economía informal de 76.4% siendo la más alta de América Latina para dicho año y se puede observar -a priori- que cuatro años después, dicho porcentaje no ha variado mucho.

Respecto a la productividad de los sectores que son -en teoría- los motores de la economía nacional, es importante mencionar el aporte de Quijada y Sierra (2014) en Determinantes de la Productividad Total de los Factores en Honduras, donde señalan que, contrario a los altos niveles de inversión respecto del Producto Interno Bruto (PIB), sobre el promedio de Centroamérica, esto no ha logrado impulsar el crecimiento del PIB en su conjunto; y la Productividad Total de los Factores (PTF) ha presentados tasas negativas de crecimiento (-0.3) para la primera década de siglo XXI, resaltando que sólo tres actividades presentaron tasas positivas de la PTF, las cuales son: “electricidad y agua, transporte, almacenamiento y comunicaciones, y servicios comunitarios, sociales y personales, presentaron tasas positivas entre 0.58% y 5.9%, el resto de sectores de la economía exhibió contracciones en la productividad que van desde -0.62% hasta -10.2%” [5]

En cuanto a la estabilidad de la moneda nacional con respecto al Dólar, se puede notar una leve apreciación del Lempira, que

beneficia -en teoría- el nivel adquisitivo de los hondureños. Explicada por un mayor ingreso de divisas provenientes de la colocación de Bonos Soberanos en el mercado internacional, producto de una mejora coyuntural y poco visible de la calificadoras de riesgo como Standard & Poor´s y Moody´s; que junto al gobierno central, mediante aprobación del Congreso Nacional han logrado la colocación en el mercado internacional de nuevos Bonos Soberanos por la cantidad de 700 Millones de dólares, que junto con las remesas familiares y las divisas provenientes de las exportaciones de café; sin mencionar la baja inflación en los principales socios comerciales, han consiguiendo mantener la moderada apreciación de la moneda nacional. Conforme a los principales commodities de Honduras, estos han presentado disminuciones en sus precios a nivel mundial -con algunas excepciones- producto de la baja demanda que han tenido en mercados como el chino; que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) representa cerca del 38% de las exportaciones a los países asiáticos. Siguiendo este contexto, en los últimos dos años los ingresos en moneda nacional provenientes de las exportaciones han aumentado de manera relativa producto del proceso de devaluación que sostuvo el país en ese mismo periodo de tiempo, el cual rondo en una tasa del 5% provocando la ilusión de que las captaciones por motivo de exportaciones fueran mayores a pesar de tener menos niveles de exportación, comparados con años anteriores. Además, en el último reporte de Bienes de Transformación y Conexas del BCH se indica que las maquilas registraron un nivel de exportación en el año 2016 de 3,949.9 millones de dólares, aumento de 1.4% respecto al año anterior, pero estas solo contribuyen con el 2.2% del PIB.

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Por lo tanto, se puede decir que esas mejoras macroeconómicas son solo un efecto placebo más, que carecen de verdadero carácter curativo y mejoramiento sustanciales en la economía de la mayor parte de los hogares hondureños, pero que los tomadores de deci-siones la beben convencidos que es un medicamento realmente eficaz.

Entonces, los sectores que verdaderamente son el motor y sus-tento de la mayoría de los hogares hondureños ¿Tienen priori-dad o no?

Una de las herramientas importantes que tiene el gobierno y el Estado como tal y que sirve para analizar las prioridades de cada administración central, es el Presupuesto General de la Republica (PGR), donde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha expresado en artículos anteriores que no es más “que el conjunto de prioridades del gobierno (política pública) que reciben ciertas asignaciones monetarias, para los cuales tiene que disponer de recursos, por lo que paralelo a las asignaciones de gasto se encuentra un análisis y estrategias de financiamiento con recursos propios y no propios” [6]

Dicho análisis de asignación de recursos a aquellas instituciones que sean -en teoría- prioridad para el desarrollo del país, debe ser realizados por el BCH en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), bajo el decreto No.25-2016 del Poder Legislativo, elaborando un Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) donde en el Art.5 de ese mismo decreto, se lee textualmente: El Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta dinámica de gestión, que orienta la toma de decisiones estratégicas de política fiscal. Este debe incluir las proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento, que expresen techos indicativos globales de dichas variables (…) [7] . Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas. Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas.

El PGR debe tener como objetivo el mejoramiento de aquellas variables con efecto multiplicador en el desarrollo del país, como ser la educación, salud e inversión pública real; entendiendo como inversión real toda aquella infraestructura que genere redistribuciones necesarias para cubrir los gastos y fomentar los sectores productivos en base a las necesidades de cada comunidad.

Se puede observar, entonces, que el presupuesto aprobado para el 2017 por el Congreso Nacional, tiene como prioridad aquellas instituciones sin efecto multiplicador en el desarrollo económico del país y son esas mismas las que han recibido aumentos de hasta 297.9%; como ser el Tribunal Supremo Electoral y, además, instituciones como la Presidencia de la Republica, más allá de recibir aumentos significativos, han ejecutado ya casi en su totalidad el presupuesto asignado (95.7%)[8].

Se está a vísperas de dos acontecimientos importantes, las

elecciones generales y posterior a éstas, la discusión del presupuesto fiscal 2018 en un “nuevo” Congreso Nacional. Es importante hablar de este segundo acontecimiento, pues se estima que el ejercicio fiscal para el 2018 tendrá un incremento de 6.11% respecto al del 2017, situándolo en un monto de 140,283.6 millones de Lempiras, así lo aseguran medios de comunicación escritos del país. Dicho incremento estará impulsado por el alza de al menos 30% del presupuesto asignado a la Secretaria de Educación en el 2017. Pero entonces, ¿Es malo que se incremente el presupuesto a las instituciones importantes del país? Pues no, siempre y cuando dicho incremento sea destinado a inversión real. El incremento de al menos 30% que recibirá la Secretaria de Educación, responde casi en su totalidad a cubrir sueldos y salarios, producto del incremento salarial de 1,000 Lempiras mensuales a los empleados de dicha institución, más los respectivos ajustes a los colaterales de contribuciones a la seguridad social, pensiones, treceavo y catorceavo mes.

Otra justificación de dicho incremento es por la adición en los recursos asignados al servicio de la deuda, dicha adición será de al menos 20.96%, previendo un monto de 34,032.3 millones de Lempiras para el 2018. Siendo prioridad -al menos de manera preliminar- el endeudamiento que no genera efecto multiplicador en el desarrollo del país.

Se puede deducir, entonces, que a los tomadores de decisiones en el país solo les preocupa el endeudamiento inorgánico, con escaso o nulo efecto multiplicador en el desarrollo nacional y que la inversión real, destinada a mejorar e incentivar la explotación y producción de aquellos rubros que verdaderamente son el motor y sustento de la economía de muchas regiones del país y de la gran mayoría de los hogares hondureños, quedan marginados y/o se orientan a inversiones poco transparentes y ausentes de consenso ciudadano como ser las Asociaciones Público Privadas (APP´s) que representan un pasivo neto -en algunos casos- o contingente -en

otros- para el Estado, recurriendo en más gasto inorgánico de éste y que además, desincentivan la producción en los medianos y pequeños productores y de aplicación de tasas impositivas como el cobro de peajes -por ejemplo-.

Bueno, y las reformas a la ley de tarjetas de crédito ¿Beneficiará los bolsillos de la mayoría de los usuarios?

Para poder contestar dicha pregunta, es importante analizar el contexto del sector. Para el 2016, según datos del BCH, el consumo representaba al menos el 92% del PIB estimado por el lado del Gasto para ese año, haciendo un monto de 452,108 millones de Lempiras. Dicho consumo se descompone en 84% consumo privado (380,834 millones de Lempiras) y 16% consumo público (71,274 millones de Lempiras); siendo una variable sumamente importante para la economía nacional [9] .

Respecto a la emisión de tarjetas de crédito, se tienen datos publicados por FOSDEH a principio de año [10] , donde estima que, en promedio para el 2012 había en circulación 604,277 tarjetas de crédito y para el 2015, dicha cantidad, se ha incremento en aproximadamente un 27%; para un total de 767,549 tarjetas de crédito, de las cuales, al menos el 70% oscilan en un rango crediticio de 5,000 a 40,000 Lempiras. Además, que dos emisores de tarjetas de crédito son los que tienen la mayor cantidad de éstas, sobrepasando el 60% del total. Tomando como supuesto que el consumo privado contabilizado por el BCH en el PIB nacional, es aquel consumo que realizan los hogares hondureños y teniendo en cuenta que el rango crediticio a los tarjetahabientes oscila en un nivel relativamente bajo, se puede deducir, entonces, que las familias hondureñas utilizan las tarjetas de crédito para la compra de bienes y servicios finales, es decir,

consumo inmediato. Por lo tanto, las reformas a la ley de tarjetas de crédito, aprobadas el pasado 19 de julio, se encamina -en teoría- a proteger a los usuarios de éstas, pero más que proteger, dichas reformas empoderan a los consumidores, -cosa que no está mal y era necesario- en el sentido de poder denunciar con mayor facilidad, ante la Comisión de Banca y Seguros, todos aquellos abusos y hostigaciones que realizan los entes emisores a sus deudores. Dentro de lo más destacado de dichas reformas, se menciona el techo que se imponen al interés moratorio de las deudas de los tarjetahabientes, pero no viene a regular -como tal- los altos intereses que pagan dichos usuarios [11] a través de diversos cargos y comisiones.

Se puede enunciar que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo vienen a hacer sentir más “seguro” a los usuarios de estas, pero no vienen a solventar el problema general moratorio de los tarjetahabientes, ni mucho menos a desconcentrar el mercado emisor de tarjetas de crédito. Deduciendo, entonces, que más que una ley a favor del tarjetahabiente, es una ley populista, que posiciona la figura del actual presidente, como un servidor público preocupado por los “problemas del pueblo”, pero que no da una solución completa al problema de deuda de los usuarios, ni proporciona conocimiento de autogestión y educación financiera básica y mucho menos incentivos al sistema financiero -principalmente a los emisores de tarjetas de crédito- para volver más competitivo el mercado emisor de tarjetas de crédito y vía tasas de interés.

6. Una Buena Receta Depende de una Buena Radiografía, Presentación del Presupuesto General de la Republica 2018, Publicado por FOSDEH

Comportamiento de los Principales Commodities Valores de en Millones de Dólares

Rubro 2015 2016 2017 Participación en las Exportaciones 2017 Café 153,88 126,07 141,35 37,9%

Banano 14,60 15,20 15,98 10,5% Filete de tilapia 6,96 5,79 5,66 1,02% Aceite de Palma 0,75 0,73 0,83 6,67%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH *Nota: Datos a julio de 2017 *Solo se consideraron los Productos/Rubros más importantes

Exportaciones por Actividad Económica Valores de en Millones de Dólares

Rubro 2015 2016 2017 Participación en las Exportaciones 2017 Agrícola 439,90 459,83 497,57 17,0%

Agroindustrial 1436,23 1329,51 1787,88 60,9% Manufacturera 620,24 538,86 549,67 18,7%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCH *Nota: Datos a julio de 2017 *Solo se consideraron los Productos/Rubros más importantes

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Por lo tanto, se puede decir que esas mejoras macroeconómicas son solo un efecto placebo más, que carecen de verdadero carácter curativo y mejoramiento sustanciales en la economía de la mayor parte de los hogares hondureños, pero que los tomadores de deci-siones la beben convencidos que es un medicamento realmente eficaz.

Entonces, los sectores que verdaderamente son el motor y sus-tento de la mayoría de los hogares hondureños ¿Tienen priori-dad o no?

Una de las herramientas importantes que tiene el gobierno y el Estado como tal y que sirve para analizar las prioridades de cada administración central, es el Presupuesto General de la Republica (PGR), donde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha expresado en artículos anteriores que no es más “que el conjunto de prioridades del gobierno (política pública) que reciben ciertas asignaciones monetarias, para los cuales tiene que disponer de recursos, por lo que paralelo a las asignaciones de gasto se encuentra un análisis y estrategias de financiamiento con recursos propios y no propios” [6]

Dicho análisis de asignación de recursos a aquellas instituciones que sean -en teoría- prioridad para el desarrollo del país, debe ser realizados por el BCH en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), bajo el decreto No.25-2016 del Poder Legislativo, elaborando un Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) donde en el Art.5 de ese mismo decreto, se lee textualmente: El Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta dinámica de gestión, que orienta la toma de decisiones estratégicas de política fiscal. Este debe incluir las proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento, que expresen techos indicativos globales de dichas variables (…) [7] . Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas. Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas.

El PGR debe tener como objetivo el mejoramiento de aquellas variables con efecto multiplicador en el desarrollo del país, como ser la educación, salud e inversión pública real; entendiendo como inversión real toda aquella infraestructura que genere redistribuciones necesarias para cubrir los gastos y fomentar los sectores productivos en base a las necesidades de cada comunidad.

Se puede observar, entonces, que el presupuesto aprobado para el 2017 por el Congreso Nacional, tiene como prioridad aquellas instituciones sin efecto multiplicador en el desarrollo económico del país y son esas mismas las que han recibido aumentos de hasta 297.9%; como ser el Tribunal Supremo Electoral y, además, instituciones como la Presidencia de la Republica, más allá de recibir aumentos significativos, han ejecutado ya casi en su totalidad el presupuesto asignado (95.7%)[8].

Se está a vísperas de dos acontecimientos importantes, las

elecciones generales y posterior a éstas, la discusión del presupuesto fiscal 2018 en un “nuevo” Congreso Nacional. Es importante hablar de este segundo acontecimiento, pues se estima que el ejercicio fiscal para el 2018 tendrá un incremento de 6.11% respecto al del 2017, situándolo en un monto de 140,283.6 millones de Lempiras, así lo aseguran medios de comunicación escritos del país. Dicho incremento estará impulsado por el alza de al menos 30% del presupuesto asignado a la Secretaria de Educación en el 2017. Pero entonces, ¿Es malo que se incremente el presupuesto a las instituciones importantes del país? Pues no, siempre y cuando dicho incremento sea destinado a inversión real. El incremento de al menos 30% que recibirá la Secretaria de Educación, responde casi en su totalidad a cubrir sueldos y salarios, producto del incremento salarial de 1,000 Lempiras mensuales a los empleados de dicha institución, más los respectivos ajustes a los colaterales de contribuciones a la seguridad social, pensiones, treceavo y catorceavo mes.

Otra justificación de dicho incremento es por la adición en los recursos asignados al servicio de la deuda, dicha adición será de al menos 20.96%, previendo un monto de 34,032.3 millones de Lempiras para el 2018. Siendo prioridad -al menos de manera preliminar- el endeudamiento que no genera efecto multiplicador en el desarrollo del país.

Se puede deducir, entonces, que a los tomadores de decisiones en el país solo les preocupa el endeudamiento inorgánico, con escaso o nulo efecto multiplicador en el desarrollo nacional y que la inversión real, destinada a mejorar e incentivar la explotación y producción de aquellos rubros que verdaderamente son el motor y sustento de la economía de muchas regiones del país y de la gran mayoría de los hogares hondureños, quedan marginados y/o se orientan a inversiones poco transparentes y ausentes de consenso ciudadano como ser las Asociaciones Público Privadas (APP´s) que representan un pasivo neto -en algunos casos- o contingente -en

otros- para el Estado, recurriendo en más gasto inorgánico de éste y que además, desincentivan la producción en los medianos y pequeños productores y de aplicación de tasas impositivas como el cobro de peajes -por ejemplo-.

Bueno, y las reformas a la ley de tarjetas de crédito ¿Beneficiará los bolsillos de la mayoría de los usuarios?

Para poder contestar dicha pregunta, es importante analizar el contexto del sector. Para el 2016, según datos del BCH, el consumo representaba al menos el 92% del PIB estimado por el lado del Gasto para ese año, haciendo un monto de 452,108 millones de Lempiras. Dicho consumo se descompone en 84% consumo privado (380,834 millones de Lempiras) y 16% consumo público (71,274 millones de Lempiras); siendo una variable sumamente importante para la economía nacional [9] .

Respecto a la emisión de tarjetas de crédito, se tienen datos publicados por FOSDEH a principio de año [10] , donde estima que, en promedio para el 2012 había en circulación 604,277 tarjetas de crédito y para el 2015, dicha cantidad, se ha incremento en aproximadamente un 27%; para un total de 767,549 tarjetas de crédito, de las cuales, al menos el 70% oscilan en un rango crediticio de 5,000 a 40,000 Lempiras. Además, que dos emisores de tarjetas de crédito son los que tienen la mayor cantidad de éstas, sobrepasando el 60% del total. Tomando como supuesto que el consumo privado contabilizado por el BCH en el PIB nacional, es aquel consumo que realizan los hogares hondureños y teniendo en cuenta que el rango crediticio a los tarjetahabientes oscila en un nivel relativamente bajo, se puede deducir, entonces, que las familias hondureñas utilizan las tarjetas de crédito para la compra de bienes y servicios finales, es decir,

consumo inmediato. Por lo tanto, las reformas a la ley de tarjetas de crédito, aprobadas el pasado 19 de julio, se encamina -en teoría- a proteger a los usuarios de éstas, pero más que proteger, dichas reformas empoderan a los consumidores, -cosa que no está mal y era necesario- en el sentido de poder denunciar con mayor facilidad, ante la Comisión de Banca y Seguros, todos aquellos abusos y hostigaciones que realizan los entes emisores a sus deudores. Dentro de lo más destacado de dichas reformas, se menciona el techo que se imponen al interés moratorio de las deudas de los tarjetahabientes, pero no viene a regular -como tal- los altos intereses que pagan dichos usuarios [11] a través de diversos cargos y comisiones.

Se puede enunciar que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo vienen a hacer sentir más “seguro” a los usuarios de estas, pero no vienen a solventar el problema general moratorio de los tarjetahabientes, ni mucho menos a desconcentrar el mercado emisor de tarjetas de crédito. Deduciendo, entonces, que más que una ley a favor del tarjetahabiente, es una ley populista, que posiciona la figura del actual presidente, como un servidor público preocupado por los “problemas del pueblo”, pero que no da una solución completa al problema de deuda de los usuarios, ni proporciona conocimiento de autogestión y educación financiera básica y mucho menos incentivos al sistema financiero -principalmente a los emisores de tarjetas de crédito- para volver más competitivo el mercado emisor de tarjetas de crédito y vía tasas de interés.

7. Ley de Responsabilidad Fiscal, Decreto No. 25-2016, publicada en la Gaceta No. 34,0248. Recopilado de documento SEGUIMIENTO Y MONITOREO al gasto público en el proceso electoral 2017 publicado por FOSDEH

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Por lo tanto, se puede decir que esas mejoras macroeconómicas son solo un efecto placebo más, que carecen de verdadero carácter curativo y mejoramiento sustanciales en la economía de la mayor parte de los hogares hondureños, pero que los tomadores de deci-siones la beben convencidos que es un medicamento realmente eficaz.

Entonces, los sectores que verdaderamente son el motor y sus-tento de la mayoría de los hogares hondureños ¿Tienen priori-dad o no?

Una de las herramientas importantes que tiene el gobierno y el Estado como tal y que sirve para analizar las prioridades de cada administración central, es el Presupuesto General de la Republica (PGR), donde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha expresado en artículos anteriores que no es más “que el conjunto de prioridades del gobierno (política pública) que reciben ciertas asignaciones monetarias, para los cuales tiene que disponer de recursos, por lo que paralelo a las asignaciones de gasto se encuentra un análisis y estrategias de financiamiento con recursos propios y no propios” [6]

Dicho análisis de asignación de recursos a aquellas instituciones que sean -en teoría- prioridad para el desarrollo del país, debe ser realizados por el BCH en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), bajo el decreto No.25-2016 del Poder Legislativo, elaborando un Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) donde en el Art.5 de ese mismo decreto, se lee textualmente: El Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta dinámica de gestión, que orienta la toma de decisiones estratégicas de política fiscal. Este debe incluir las proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento, que expresen techos indicativos globales de dichas variables (…) [7] . Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas. Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas.

El PGR debe tener como objetivo el mejoramiento de aquellas variables con efecto multiplicador en el desarrollo del país, como ser la educación, salud e inversión pública real; entendiendo como inversión real toda aquella infraestructura que genere redistribuciones necesarias para cubrir los gastos y fomentar los sectores productivos en base a las necesidades de cada comunidad.

Se puede observar, entonces, que el presupuesto aprobado para el 2017 por el Congreso Nacional, tiene como prioridad aquellas instituciones sin efecto multiplicador en el desarrollo económico del país y son esas mismas las que han recibido aumentos de hasta 297.9%; como ser el Tribunal Supremo Electoral y, además, instituciones como la Presidencia de la Republica, más allá de recibir aumentos significativos, han ejecutado ya casi en su totalidad el presupuesto asignado (95.7%)[8].

Se está a vísperas de dos acontecimientos importantes, las

elecciones generales y posterior a éstas, la discusión del presupuesto fiscal 2018 en un “nuevo” Congreso Nacional. Es importante hablar de este segundo acontecimiento, pues se estima que el ejercicio fiscal para el 2018 tendrá un incremento de 6.11% respecto al del 2017, situándolo en un monto de 140,283.6 millones de Lempiras, así lo aseguran medios de comunicación escritos del país. Dicho incremento estará impulsado por el alza de al menos 30% del presupuesto asignado a la Secretaria de Educación en el 2017. Pero entonces, ¿Es malo que se incremente el presupuesto a las instituciones importantes del país? Pues no, siempre y cuando dicho incremento sea destinado a inversión real. El incremento de al menos 30% que recibirá la Secretaria de Educación, responde casi en su totalidad a cubrir sueldos y salarios, producto del incremento salarial de 1,000 Lempiras mensuales a los empleados de dicha institución, más los respectivos ajustes a los colaterales de contribuciones a la seguridad social, pensiones, treceavo y catorceavo mes.

Otra justificación de dicho incremento es por la adición en los recursos asignados al servicio de la deuda, dicha adición será de al menos 20.96%, previendo un monto de 34,032.3 millones de Lempiras para el 2018. Siendo prioridad -al menos de manera preliminar- el endeudamiento que no genera efecto multiplicador en el desarrollo del país.

Se puede deducir, entonces, que a los tomadores de decisiones en el país solo les preocupa el endeudamiento inorgánico, con escaso o nulo efecto multiplicador en el desarrollo nacional y que la inversión real, destinada a mejorar e incentivar la explotación y producción de aquellos rubros que verdaderamente son el motor y sustento de la economía de muchas regiones del país y de la gran mayoría de los hogares hondureños, quedan marginados y/o se orientan a inversiones poco transparentes y ausentes de consenso ciudadano como ser las Asociaciones Público Privadas (APP´s) que representan un pasivo neto -en algunos casos- o contingente -en

otros- para el Estado, recurriendo en más gasto inorgánico de éste y que además, desincentivan la producción en los medianos y pequeños productores y de aplicación de tasas impositivas como el cobro de peajes -por ejemplo-.

Bueno, y las reformas a la ley de tarjetas de crédito ¿Beneficiará los bolsillos de la mayoría de los usuarios?

Para poder contestar dicha pregunta, es importante analizar el contexto del sector. Para el 2016, según datos del BCH, el consumo representaba al menos el 92% del PIB estimado por el lado del Gasto para ese año, haciendo un monto de 452,108 millones de Lempiras. Dicho consumo se descompone en 84% consumo privado (380,834 millones de Lempiras) y 16% consumo público (71,274 millones de Lempiras); siendo una variable sumamente importante para la economía nacional [9] .

Respecto a la emisión de tarjetas de crédito, se tienen datos publicados por FOSDEH a principio de año [10] , donde estima que, en promedio para el 2012 había en circulación 604,277 tarjetas de crédito y para el 2015, dicha cantidad, se ha incremento en aproximadamente un 27%; para un total de 767,549 tarjetas de crédito, de las cuales, al menos el 70% oscilan en un rango crediticio de 5,000 a 40,000 Lempiras. Además, que dos emisores de tarjetas de crédito son los que tienen la mayor cantidad de éstas, sobrepasando el 60% del total. Tomando como supuesto que el consumo privado contabilizado por el BCH en el PIB nacional, es aquel consumo que realizan los hogares hondureños y teniendo en cuenta que el rango crediticio a los tarjetahabientes oscila en un nivel relativamente bajo, se puede deducir, entonces, que las familias hondureñas utilizan las tarjetas de crédito para la compra de bienes y servicios finales, es decir,

consumo inmediato. Por lo tanto, las reformas a la ley de tarjetas de crédito, aprobadas el pasado 19 de julio, se encamina -en teoría- a proteger a los usuarios de éstas, pero más que proteger, dichas reformas empoderan a los consumidores, -cosa que no está mal y era necesario- en el sentido de poder denunciar con mayor facilidad, ante la Comisión de Banca y Seguros, todos aquellos abusos y hostigaciones que realizan los entes emisores a sus deudores. Dentro de lo más destacado de dichas reformas, se menciona el techo que se imponen al interés moratorio de las deudas de los tarjetahabientes, pero no viene a regular -como tal- los altos intereses que pagan dichos usuarios [11] a través de diversos cargos y comisiones.

Se puede enunciar que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo vienen a hacer sentir más “seguro” a los usuarios de estas, pero no vienen a solventar el problema general moratorio de los tarjetahabientes, ni mucho menos a desconcentrar el mercado emisor de tarjetas de crédito. Deduciendo, entonces, que más que una ley a favor del tarjetahabiente, es una ley populista, que posiciona la figura del actual presidente, como un servidor público preocupado por los “problemas del pueblo”, pero que no da una solución completa al problema de deuda de los usuarios, ni proporciona conocimiento de autogestión y educación financiera básica y mucho menos incentivos al sistema financiero -principalmente a los emisores de tarjetas de crédito- para volver más competitivo el mercado emisor de tarjetas de crédito y vía tasas de interés.

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Por lo tanto, se puede decir que esas mejoras macroeconómicas son solo un efecto placebo más, que carecen de verdadero carácter curativo y mejoramiento sustanciales en la economía de la mayor parte de los hogares hondureños, pero que los tomadores de deci-siones la beben convencidos que es un medicamento realmente eficaz.

Entonces, los sectores que verdaderamente son el motor y sus-tento de la mayoría de los hogares hondureños ¿Tienen priori-dad o no?

Una de las herramientas importantes que tiene el gobierno y el Estado como tal y que sirve para analizar las prioridades de cada administración central, es el Presupuesto General de la Republica (PGR), donde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha expresado en artículos anteriores que no es más “que el conjunto de prioridades del gobierno (política pública) que reciben ciertas asignaciones monetarias, para los cuales tiene que disponer de recursos, por lo que paralelo a las asignaciones de gasto se encuentra un análisis y estrategias de financiamiento con recursos propios y no propios” [6]

Dicho análisis de asignación de recursos a aquellas instituciones que sean -en teoría- prioridad para el desarrollo del país, debe ser realizados por el BCH en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), bajo el decreto No.25-2016 del Poder Legislativo, elaborando un Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) donde en el Art.5 de ese mismo decreto, se lee textualmente: El Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta dinámica de gestión, que orienta la toma de decisiones estratégicas de política fiscal. Este debe incluir las proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento, que expresen techos indicativos globales de dichas variables (…) [7] . Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas. Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas.

El PGR debe tener como objetivo el mejoramiento de aquellas variables con efecto multiplicador en el desarrollo del país, como ser la educación, salud e inversión pública real; entendiendo como inversión real toda aquella infraestructura que genere redistribuciones necesarias para cubrir los gastos y fomentar los sectores productivos en base a las necesidades de cada comunidad.

Se puede observar, entonces, que el presupuesto aprobado para el 2017 por el Congreso Nacional, tiene como prioridad aquellas instituciones sin efecto multiplicador en el desarrollo económico del país y son esas mismas las que han recibido aumentos de hasta 297.9%; como ser el Tribunal Supremo Electoral y, además, instituciones como la Presidencia de la Republica, más allá de recibir aumentos significativos, han ejecutado ya casi en su totalidad el presupuesto asignado (95.7%)[8].

Se está a vísperas de dos acontecimientos importantes, las

elecciones generales y posterior a éstas, la discusión del presupuesto fiscal 2018 en un “nuevo” Congreso Nacional. Es importante hablar de este segundo acontecimiento, pues se estima que el ejercicio fiscal para el 2018 tendrá un incremento de 6.11% respecto al del 2017, situándolo en un monto de 140,283.6 millones de Lempiras, así lo aseguran medios de comunicación escritos del país. Dicho incremento estará impulsado por el alza de al menos 30% del presupuesto asignado a la Secretaria de Educación en el 2017. Pero entonces, ¿Es malo que se incremente el presupuesto a las instituciones importantes del país? Pues no, siempre y cuando dicho incremento sea destinado a inversión real. El incremento de al menos 30% que recibirá la Secretaria de Educación, responde casi en su totalidad a cubrir sueldos y salarios, producto del incremento salarial de 1,000 Lempiras mensuales a los empleados de dicha institución, más los respectivos ajustes a los colaterales de contribuciones a la seguridad social, pensiones, treceavo y catorceavo mes.

Otra justificación de dicho incremento es por la adición en los recursos asignados al servicio de la deuda, dicha adición será de al menos 20.96%, previendo un monto de 34,032.3 millones de Lempiras para el 2018. Siendo prioridad -al menos de manera preliminar- el endeudamiento que no genera efecto multiplicador en el desarrollo del país.

Se puede deducir, entonces, que a los tomadores de decisiones en el país solo les preocupa el endeudamiento inorgánico, con escaso o nulo efecto multiplicador en el desarrollo nacional y que la inversión real, destinada a mejorar e incentivar la explotación y producción de aquellos rubros que verdaderamente son el motor y sustento de la economía de muchas regiones del país y de la gran mayoría de los hogares hondureños, quedan marginados y/o se orientan a inversiones poco transparentes y ausentes de consenso ciudadano como ser las Asociaciones Público Privadas (APP´s) que representan un pasivo neto -en algunos casos- o contingente -en

otros- para el Estado, recurriendo en más gasto inorgánico de éste y que además, desincentivan la producción en los medianos y pequeños productores y de aplicación de tasas impositivas como el cobro de peajes -por ejemplo-.

Bueno, y las reformas a la ley de tarjetas de crédito ¿Beneficiará los bolsillos de la mayoría de los usuarios?

Para poder contestar dicha pregunta, es importante analizar el contexto del sector. Para el 2016, según datos del BCH, el consumo representaba al menos el 92% del PIB estimado por el lado del Gasto para ese año, haciendo un monto de 452,108 millones de Lempiras. Dicho consumo se descompone en 84% consumo privado (380,834 millones de Lempiras) y 16% consumo público (71,274 millones de Lempiras); siendo una variable sumamente importante para la economía nacional [9] .

Respecto a la emisión de tarjetas de crédito, se tienen datos publicados por FOSDEH a principio de año [10] , donde estima que, en promedio para el 2012 había en circulación 604,277 tarjetas de crédito y para el 2015, dicha cantidad, se ha incremento en aproximadamente un 27%; para un total de 767,549 tarjetas de crédito, de las cuales, al menos el 70% oscilan en un rango crediticio de 5,000 a 40,000 Lempiras. Además, que dos emisores de tarjetas de crédito son los que tienen la mayor cantidad de éstas, sobrepasando el 60% del total. Tomando como supuesto que el consumo privado contabilizado por el BCH en el PIB nacional, es aquel consumo que realizan los hogares hondureños y teniendo en cuenta que el rango crediticio a los tarjetahabientes oscila en un nivel relativamente bajo, se puede deducir, entonces, que las familias hondureñas utilizan las tarjetas de crédito para la compra de bienes y servicios finales, es decir,

9. Información obtenida de los datos anuales del PIB por el lado del gasto publicados por el BCH10. Recopilado de Impacto de las Tarjetas de Crédito en la Economía Nacional, documento publicado por FOSDEH

consumo inmediato. Por lo tanto, las reformas a la ley de tarjetas de crédito, aprobadas el pasado 19 de julio, se encamina -en teoría- a proteger a los usuarios de éstas, pero más que proteger, dichas reformas empoderan a los consumidores, -cosa que no está mal y era necesario- en el sentido de poder denunciar con mayor facilidad, ante la Comisión de Banca y Seguros, todos aquellos abusos y hostigaciones que realizan los entes emisores a sus deudores. Dentro de lo más destacado de dichas reformas, se menciona el techo que se imponen al interés moratorio de las deudas de los tarjetahabientes, pero no viene a regular -como tal- los altos intereses que pagan dichos usuarios [11] a través de diversos cargos y comisiones.

Se puede enunciar que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo vienen a hacer sentir más “seguro” a los usuarios de estas, pero no vienen a solventar el problema general moratorio de los tarjetahabientes, ni mucho menos a desconcentrar el mercado emisor de tarjetas de crédito. Deduciendo, entonces, que más que una ley a favor del tarjetahabiente, es una ley populista, que posiciona la figura del actual presidente, como un servidor público preocupado por los “problemas del pueblo”, pero que no da una solución completa al problema de deuda de los usuarios, ni proporciona conocimiento de autogestión y educación financiera básica y mucho menos incentivos al sistema financiero -principalmente a los emisores de tarjetas de crédito- para volver más competitivo el mercado emisor de tarjetas de crédito y vía tasas de interés.

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Por lo tanto, se puede decir que esas mejoras macroeconómicas son solo un efecto placebo más, que carecen de verdadero carácter curativo y mejoramiento sustanciales en la economía de la mayor parte de los hogares hondureños, pero que los tomadores de deci-siones la beben convencidos que es un medicamento realmente eficaz.

Entonces, los sectores que verdaderamente son el motor y sus-tento de la mayoría de los hogares hondureños ¿Tienen priori-dad o no?

Una de las herramientas importantes que tiene el gobierno y el Estado como tal y que sirve para analizar las prioridades de cada administración central, es el Presupuesto General de la Republica (PGR), donde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha expresado en artículos anteriores que no es más “que el conjunto de prioridades del gobierno (política pública) que reciben ciertas asignaciones monetarias, para los cuales tiene que disponer de recursos, por lo que paralelo a las asignaciones de gasto se encuentra un análisis y estrategias de financiamiento con recursos propios y no propios” [6]

Dicho análisis de asignación de recursos a aquellas instituciones que sean -en teoría- prioridad para el desarrollo del país, debe ser realizados por el BCH en conjunto con la Secretaria de Finanzas (SEFIN), bajo el decreto No.25-2016 del Poder Legislativo, elaborando un Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) donde en el Art.5 de ese mismo decreto, se lee textualmente: El Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo es una herramienta dinámica de gestión, que orienta la toma de decisiones estratégicas de política fiscal. Este debe incluir las proyecciones fiscales plurianuales de ingresos, gastos y financiamiento, que expresen techos indicativos globales de dichas variables (…) [7] . Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas. Todo lo anterior, se debe al señalamiento que ya ha hecho FOSDEH en reiteradas ocasiones, y es que la inversión pública depende de las proyecciones económicas.

El PGR debe tener como objetivo el mejoramiento de aquellas variables con efecto multiplicador en el desarrollo del país, como ser la educación, salud e inversión pública real; entendiendo como inversión real toda aquella infraestructura que genere redistribuciones necesarias para cubrir los gastos y fomentar los sectores productivos en base a las necesidades de cada comunidad.

Se puede observar, entonces, que el presupuesto aprobado para el 2017 por el Congreso Nacional, tiene como prioridad aquellas instituciones sin efecto multiplicador en el desarrollo económico del país y son esas mismas las que han recibido aumentos de hasta 297.9%; como ser el Tribunal Supremo Electoral y, además, instituciones como la Presidencia de la Republica, más allá de recibir aumentos significativos, han ejecutado ya casi en su totalidad el presupuesto asignado (95.7%)[8].

Se está a vísperas de dos acontecimientos importantes, las

elecciones generales y posterior a éstas, la discusión del presupuesto fiscal 2018 en un “nuevo” Congreso Nacional. Es importante hablar de este segundo acontecimiento, pues se estima que el ejercicio fiscal para el 2018 tendrá un incremento de 6.11% respecto al del 2017, situándolo en un monto de 140,283.6 millones de Lempiras, así lo aseguran medios de comunicación escritos del país. Dicho incremento estará impulsado por el alza de al menos 30% del presupuesto asignado a la Secretaria de Educación en el 2017. Pero entonces, ¿Es malo que se incremente el presupuesto a las instituciones importantes del país? Pues no, siempre y cuando dicho incremento sea destinado a inversión real. El incremento de al menos 30% que recibirá la Secretaria de Educación, responde casi en su totalidad a cubrir sueldos y salarios, producto del incremento salarial de 1,000 Lempiras mensuales a los empleados de dicha institución, más los respectivos ajustes a los colaterales de contribuciones a la seguridad social, pensiones, treceavo y catorceavo mes.

Otra justificación de dicho incremento es por la adición en los recursos asignados al servicio de la deuda, dicha adición será de al menos 20.96%, previendo un monto de 34,032.3 millones de Lempiras para el 2018. Siendo prioridad -al menos de manera preliminar- el endeudamiento que no genera efecto multiplicador en el desarrollo del país.

Se puede deducir, entonces, que a los tomadores de decisiones en el país solo les preocupa el endeudamiento inorgánico, con escaso o nulo efecto multiplicador en el desarrollo nacional y que la inversión real, destinada a mejorar e incentivar la explotación y producción de aquellos rubros que verdaderamente son el motor y sustento de la economía de muchas regiones del país y de la gran mayoría de los hogares hondureños, quedan marginados y/o se orientan a inversiones poco transparentes y ausentes de consenso ciudadano como ser las Asociaciones Público Privadas (APP´s) que representan un pasivo neto -en algunos casos- o contingente -en

otros- para el Estado, recurriendo en más gasto inorgánico de éste y que además, desincentivan la producción en los medianos y pequeños productores y de aplicación de tasas impositivas como el cobro de peajes -por ejemplo-.

Bueno, y las reformas a la ley de tarjetas de crédito ¿Beneficiará los bolsillos de la mayoría de los usuarios?

Para poder contestar dicha pregunta, es importante analizar el contexto del sector. Para el 2016, según datos del BCH, el consumo representaba al menos el 92% del PIB estimado por el lado del Gasto para ese año, haciendo un monto de 452,108 millones de Lempiras. Dicho consumo se descompone en 84% consumo privado (380,834 millones de Lempiras) y 16% consumo público (71,274 millones de Lempiras); siendo una variable sumamente importante para la economía nacional [9] .

Respecto a la emisión de tarjetas de crédito, se tienen datos publicados por FOSDEH a principio de año [10] , donde estima que, en promedio para el 2012 había en circulación 604,277 tarjetas de crédito y para el 2015, dicha cantidad, se ha incremento en aproximadamente un 27%; para un total de 767,549 tarjetas de crédito, de las cuales, al menos el 70% oscilan en un rango crediticio de 5,000 a 40,000 Lempiras. Además, que dos emisores de tarjetas de crédito son los que tienen la mayor cantidad de éstas, sobrepasando el 60% del total. Tomando como supuesto que el consumo privado contabilizado por el BCH en el PIB nacional, es aquel consumo que realizan los hogares hondureños y teniendo en cuenta que el rango crediticio a los tarjetahabientes oscila en un nivel relativamente bajo, se puede deducir, entonces, que las familias hondureñas utilizan las tarjetas de crédito para la compra de bienes y servicios finales, es decir,

11. Información sustraída de las Reformas a la Ley de Tarjetas de crédito, Decreto No. 52-2017, Gaceta No. 34,408

consumo inmediato. Por lo tanto, las reformas a la ley de tarjetas de crédito, aprobadas el pasado 19 de julio, se encamina -en teoría- a proteger a los usuarios de éstas, pero más que proteger, dichas reformas empoderan a los consumidores, -cosa que no está mal y era necesario- en el sentido de poder denunciar con mayor facilidad, ante la Comisión de Banca y Seguros, todos aquellos abusos y hostigaciones que realizan los entes emisores a sus deudores. Dentro de lo más destacado de dichas reformas, se menciona el techo que se imponen al interés moratorio de las deudas de los tarjetahabientes, pero no viene a regular -como tal- los altos intereses que pagan dichos usuarios [11] a través de diversos cargos y comisiones.

Se puede enunciar que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo vienen a hacer sentir más “seguro” a los usuarios de estas, pero no vienen a solventar el problema general moratorio de los tarjetahabientes, ni mucho menos a desconcentrar el mercado emisor de tarjetas de crédito. Deduciendo, entonces, que más que una ley a favor del tarjetahabiente, es una ley populista, que posiciona la figura del actual presidente, como un servidor público preocupado por los “problemas del pueblo”, pero que no da una solución completa al problema de deuda de los usuarios, ni proporciona conocimiento de autogestión y educación financiera básica y mucho menos incentivos al sistema financiero -principalmente a los emisores de tarjetas de crédito- para volver más competitivo el mercado emisor de tarjetas de crédito y vía tasas de interés.

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Conclusión

Se puede observar que las proyecciones que contiene el Programa Monetario 2017-2018 y su Revisión posterior conlleven un efecto placebo, donde la inversión real del gobierno permanece marginada, rezagando aquellos sectores que son los motores que sustentan e impulsan el “bienestar” en la mayoría de los hogares hondureños. Dándole prioridad a los recursos destinados a “deuda inorgánica”, sin realizar un incremento real acompañado de inversión seria en educación y salud -por ejemplo-. Finalmente, los hogares hondureños poseen muchas dificultades -entre otras- el salario mínimo que se ha trasladado a ser un salario máximo que le otorgan el patrón al trabajador (según el INE el 72.8 % de los asalariados reciben menos del salario mínimo); la informalidad donde son marginados miles de hondureños laborando en un mercado de trabajo secundario o bajo la modalidad del empleo por hora, que se tienen trabajos inestables y de baja calidad y donde sus ingresos poseen las mismas características de precariedad con lo cual se incrementa el subempleo ( en el 2016 datos del INE ubican el subempleo en 55.7%0; la deuda moratoria que posee una gran cantidad de usuarios de tarjetas de crédito y que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo solventa una parte del problema, pero deja en el olvido el problema estructural; la falta de educación financiera y del análisis de la capacidad de ingresos que les permita enfrentar nuevos endeudamientos -en muchos casos- de los tarjetahabientes, y la concentración que existe en el sistema financiero principalmente el mercado autorizado para emisión de tarjetas de crédito que limita las opciones competitivas más favorables a los tarjetahabientes.

Es por esto que se sugiere que las políticas y reformas estructurales económicas sean dirigidas al sector de los hondureños segregados a la parte de la economía donde sus trabajos e ingresos son para sobrevivencia -principalmente- dándole los medios y las oportunidades por acceso a trabajos que les permita una mejora de

la calidad de vida de manera constante; los incrementos en la inversión en educación y salud sea según las necesidades de cada comunidad; reformas estructurales de acceso a financiamiento en condiciones y requisitos apropiados a la realidad socioeconómica, y las dirigidas al mercado de tarjetas de crédito sean para combatir el problema de concentración para volverlo más competitivos y de esta forma regular -indirectamente- los intereses y los cargos moratorios por deuda.

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Conclusión

Se puede observar que las proyecciones que contiene el Programa Monetario 2017-2018 y su Revisión posterior conlleven un efecto placebo, donde la inversión real del gobierno permanece marginada, rezagando aquellos sectores que son los motores que sustentan e impulsan el “bienestar” en la mayoría de los hogares hondureños. Dándole prioridad a los recursos destinados a “deuda inorgánica”, sin realizar un incremento real acompañado de inversión seria en educación y salud -por ejemplo-. Finalmente, los hogares hondureños poseen muchas dificultades -entre otras- el salario mínimo que se ha trasladado a ser un salario máximo que le otorgan el patrón al trabajador (según el INE el 72.8 % de los asalariados reciben menos del salario mínimo); la informalidad donde son marginados miles de hondureños laborando en un mercado de trabajo secundario o bajo la modalidad del empleo por hora, que se tienen trabajos inestables y de baja calidad y donde sus ingresos poseen las mismas características de precariedad con lo cual se incrementa el subempleo ( en el 2016 datos del INE ubican el subempleo en 55.7%0; la deuda moratoria que posee una gran cantidad de usuarios de tarjetas de crédito y que las reformas a la ley de tarjetas de crédito solo solventa una parte del problema, pero deja en el olvido el problema estructural; la falta de educación financiera y del análisis de la capacidad de ingresos que les permita enfrentar nuevos endeudamientos -en muchos casos- de los tarjetahabientes, y la concentración que existe en el sistema financiero principalmente el mercado autorizado para emisión de tarjetas de crédito que limita las opciones competitivas más favorables a los tarjetahabientes.

Es por esto que se sugiere que las políticas y reformas estructurales económicas sean dirigidas al sector de los hondureños segregados a la parte de la economía donde sus trabajos e ingresos son para sobrevivencia -principalmente- dándole los medios y las oportunidades por acceso a trabajos que les permita una mejora de

la calidad de vida de manera constante; los incrementos en la inversión en educación y salud sea según las necesidades de cada comunidad; reformas estructurales de acceso a financiamiento en condiciones y requisitos apropiados a la realidad socioeconómica, y las dirigidas al mercado de tarjetas de crédito sean para combatir el problema de concentración para volverlo más competitivos y de esta forma regular -indirectamente- los intereses y los cargos moratorios por deuda.

Introducción general

El Presupuesto General de la República (PGR) no es un instrumento más de la política económica, los presupuestos son en esencia la convergencia de las políticas públicas, las cuales se expresan en términos monetarios. Las asignaciones presupuestarias dan luces del horizonte de desarrollo y la forma en que los países lo desean lograr. Asimismo no solo vislumbran las asignaciones presupuestarias, sino la forma en como estas serán financiadas. Por lo cual, es trascendental determinar no sólo la viabilidad económica financiera en los ingresos, sino la justicia fiscal en materia de recaudación. También es necesario que el PGR se construya en el marco de la realidad económica y social de las y los hondureños, sus necesidades y sus capacidades. Por tanto, es imperativo que documentos de referencia del presupuesto, como el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), pueda brindar los elementos que acerque a este instrumento a la realidad de los hondureños y hondureñas.

Es preciso indicar, que el PGR debe promover los Derechos Humanos, particularmente los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), del cual el Estado de Honduras es signatario del Pacto Facultativo (PIDESC), por lo cual está obligado a rendir cuenta del cumplimiento de estos derechos. En este sentido, en junio del 2016 el Estado de Honduras fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU) presidido por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en Ginebra. Producto de esta evaluación, el Comité emitió 60 observaciones y recomendaciones para la preservación de los DESC en el país. Para efectos de los “10 Elementos [Integrales, Mínimos, Esenciales] a Considerar” haremos referencias de las observaciones recomendaciones 19, 20, 27, 28,29, 30, 31,33, 34,39, 40 y 57 de esta evaluación, no dejando sin efecto, la importancia de las demás observaciones y recomendaciones.

En las consideraciones 19 y 20 del EPU se lamenta que no haya información oportuna alrededor del presupuesto, que las políticas económicas, particularmente las tributarias agudicen la pobreza y la desigualdad de la población hondureña, de manera que las y los hondureños viven sin gozar de salud, educación, vivienda y seguridad social, a efecto de ello el Comité DESC, exhortó al Estado de Honduras a la construcción de un presupuesto participativo, transparente y respetuoso de los DESC. En consonancia con esto, el FOSDEH propone una serie de aspectos estructurales alrededor de la política presupuestaria, presentando diez puntos que orbitan alrededor del presupuesto, elementos que resultan de un diagnostico a la estructura del presupuesto y sobre todo del análisis contextual del mismo, de manera que se advierten los peligros y oportunidades para que se vulneren o preserven los DESC de la población hondureña.