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JEAN L. COHN Y ANDREW ARATO

SOCIEDAD CIVIL Y TEORAPOLTICA

FONDO DE CULTURA ECONMICAMXICO

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Primera edicin en ingls, 1992Tercera edicin en ingls, 1995

Primera edicin en espaol de la tercera en ingls, 2000Primera reimpresin, 2001

Se prohbe la reproduccin total o parcial de esta obraincluido el diseo tipogrfico y de portada,sea cual fuere el medio, electrnico o mecnico,sin el consentimiento por escrito del editor.

Ttulo original:Civil Society and Political TheoryD. R. 1992, Massachusetts Instilute of TechnologyPublicado porMI T Press, Cambridge, Mass.ISBN 0-262-53121-6 (edicin rstica)Traduccin de: Roberto Reyes Mazzoni

D. R. 2000, FONDO DE CULTURA ECONMICACarretera Picacho-Ajusco, 227; 14200 Mxico, D. F.www.fce.com..mx

ISBN 968-16-5483-8Impreso en Mxico

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XI. DESOBEDIENCIA CIVIL

Y SOCIEDAD CIVIL

Hemos argumentado que la nueva teora de la sociedad civil nos permite reconciliar lastradiciones liberal y democrtica de la teora poltica normativa. En el captulo VIIIpropusimos que la tica del discurso supone la compatibilidad, de hecho la interrelacinntima, entre los derechos y la democracia, y que esta interrelacin no es slo instrumental. Nuestro propsito era mostrar que la legitimidad de los regmenes constitucionalesmodernos que afirman ser democrticos y respetar los derechos, depende en ltimainstancia de presuposiciones normativas supralegales tanto de la teora democrticacomo de la liberal, es decir, de ideas de la legitimidad democrtica y de los derechosmorales.1

Hay muchos regmenes que son considerados democracias liberales; el problema esque los modelos (y teoras) prevalecientes de la democracia liberal no son, en nuestraopinin, lo suficientemente democrticos. Desde el punto de vista del modelo liberalestndar de la oposicin de la sociedad civil y el Estado, la democracia est concebidaen su totalidad de una manera instrumental,2 pero ese punto de vista es incompatiblecon nuestra concepcin. En cambio, nosotros concebimos la sociedad civil como ellugar de la legitimidad democrtica y de los derechos, compuesta de una esfera privada,pero tambin de esferas pblica y social polticamente relevantes en que los individuoshablan, se renen, se asocian y razonan juntos sobre asuntos de inters pblico, adems deactuar en concierto con el fin de influir en la sociedad poltica e indirectamente en la tomade decisiones. Esta concepcin rompe con la estructura dictoma pblico/privado del

liberalismo clsico y eleva la democracia al nivel de un valor fundamental, a la vezque desafa simultneamente todas las concepciones monistas de las formas y lugaresposibles de la democracia.

Entonces por qu concluir un libro sobre la sociedad civil con una discusin sobrela desobediencia civil? Hemos sostenido que la poltica del fundamentalismorevolucionario es antittica al proyecto de democratizar la sociedad civil moderna. Hemosproporcionado argumentos normativos y estructurales para apoyar esta tesis. Al mismotiempo, hemos argumentado a favor de la posibilidad y deseabilidad de una reformainstitucional radical y hemos interpretado los proyectos de los nuevos movimientossociales siguiendo estas lneas. No obstante, puede parecer que hemos sacrificado alrealismo el ncleo utpico del proyecto de la demo-

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cracia radical, esto es, el objetivo de lograr una participacin ciudadana genuina en la

vida pblica. Los modelos de lite, realistas, dejan la poltica a los profesionales en lasociedad poltica y proponen "el privatismo civil" para los miembros de la sociedad civil.Esperamos que una discusin del papel de la desobediencia civil dentro de las sociedadesciviles modernas desvanecer esta interpretacin. Adems, en el contexto del abandono delmarxismo el proyecto de emancipacin ms importante de este siglo, es necesarioconsiderar la relacin entre nuestra teora de la sociedad civil y los proyectos emancipadores.Es posible concebir una poltica radical de la sociedad civil? Creemos que una reflexinacerca de la desobediencia de la sociedad civil puede proporcionar una respuesta a estapregunta, mostrando que de hecho hay una alternativa a la eleccin entre el "reformismosin alma" y el fundamentalismo revolucionario, entre el privatismo civil y la politizacintotal de la sociedad.

Los movimientos sociales son una dimensin normal (aunque extra-institucional) dela accin poltica en las sociedades civiles modernas. Hemos interpretado sus proyectosde radicalismo autolimitador como esfuerzos por ampliar los derechos y democratizarlas instituciones. La poltica de la sociedad civil es, por lo tanto, a la vez defensiva yofensiva. Los movimientos sociales buscan democratizar a la sociedad civil, paraprotegerla de la "colonizacin" econmica y poltica, y ejercer influencia sobre la sociedad poltica. Aunque esto compromete las polticas de identidad, inclusin, reforma einfluencia, esta ltima es la ms importante para nuestro inters actual, puesto que estdirigida a mantener la relacin entre la sociedad civil y la poltica.

Nuestra discusin de los movimientos sociales hace surgir un nuevo conjunto de preguntas para la teora democrtica (y liberal). Los movimientos sociales no son

siempre democrticos internamente, y tienden a evitar los canales polticos que ya existen para ejercer influencia. De hecho, los actores colectivos frecuentemente recurren a ladesobediencia civil.3 Las preguntas que nos enfrentan, entonces, son las siguientes: qu pretensiones de legitimidad pueden tener los movimientos sociales que recurren a ladesobediencia civil dentro de un rgimen constitucional "casi democrtico", "casi justo"?4Hay alguna justificacin para violar leyes debidamente promulgadas por legislaturasdemocrticas o para actividades polticas que no usan los procedimientos e institucionesexistentes para expresar sus intereses polticos? No violan los actos de desobedienciacivil los derechos de la mayora para hacer leyes obligatorias,5 desafiando as tanto los principios democrticos como los liberales? Cmo puede la accin poltica ilegal,cualquiera que sea su finalidad, ser reconciliada con los principios de un sistema deorganizacin poltica liberal y democrtico; el gobierno por la ley, el gobierno de la mayoray el respeto a los

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derechos de todos? y por qu es necesario para la teora poltica normativa tratar de la

cuestin de la desobediencia civil?Nuestra tesis es que la desobediencia civil, entendida adecuadamente, es una forma claveque la dimensin utpica de las polticas puede tomar en las sociedades civiles modernas.Partimos del supuesto de que los derechos y la democracia, tal como los hemosinterpretado, suponen en parte, principios polticos utpicos (en el sentido kantiano de principios reguladores) que subyacen a todas las democracias constitucionales.Argumentaremos que la desobediencia civil, como una forma no institucional de accinpoltica especfica a los ciudadanos de las sociedades civiles modernas, est relacionadantimamente con estos principios utpicos.

La peculiaridad de la accin colectiva que supone la desobediencia civil es que se mueveentre los lmites de la insurreccin y de la actividad poltica institucionalizada, entre la

guerra civil y la sociedad civil. Por definicin, la desobediencia civil esextrainstitucional: un derecho legal para participar en la desobediencia civil esautocontradictorio. Pero no por ello viola los principios de la sociedad civil. Ms bien, laaccin poltica directa en forma de desobediencia civil mantiene vigente el horizonteutpico de una sociedad civil democrtica y justa, por dos razones. Primero, la desobedienciacivil es una accin colectiva basada en principios que presuponen por lo menos unainstitucionalizacin parcial de los derechos y de la democracia; es decir, presupone losderechos que establecen y protegen a la sociedad civil, as como un sistema polticorepresentativo que pretende legitimidad democrtica (en el sentido de representar y respondera las opiniones e intereses de los ciudadanos) y permite por lo menos algunaparticipacin poltica. Segundo, una sociedad civil democrtica y justa es, por supuesto,

una utopa en el sentido clsico; nunca se puede realizar o completar plenamente, peroopera como un ideal regulador que informa los proyectos polticos. Las sociedadesciviles siempre pueden ser ms justas, ms democrticas. Los actores colectivos tomanen serio esta utopa y esperan realizarla. De hecho, sin esta clase de poderosa motivacin nohabra movimientos sociales. No obstante, los actos de desobediencia civil son ejemplos por excelencia de radicalismo autolimitado. Por una parte, los practicantes de ladesobediencia civil extienden el rango de la actividad ciudadana legtima aunqueinicialmente fuera extralegal, aceptada por una determinada cultura poltica. Hoy en da pocos se indignaran por una huelga de trabajadores, la ocupacin de un local, unboicoteo o una manifestacin de masas. Estas formas de accin colectiva han llegado aser consideradas normales, a pesar de que todas fueron en alguna ocasin ilegales oextralegales y podran volver a ser ilegales en algunas condiciones. As, la desobedienciacivil inicia un pro-

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ceso de aprendizaje que expande el rango y las formas de participacin abiertas a los

ciudadanos privados dentro de una cultura poltica madura. Adems, es bien sabido quehistricamente la desobediencia civil ha sido el motor de la creacin y expansin, tantode los derechos, como de la democratizacin. Por otra parte, la desobediencia civildefine los lmites externos de la poltica radical dentro de la estructura general de lassociedades civiles. Acepta los principios bsicos de un gobierno constitucional. A la vez,argumentaremos que la integridad del constitucionalismo depende de que una culturapoltica acepte el carcter normativo y valioso de la accin colectiva ilegal en forma dedesobediencia civil. Por lo tanto, evaluamos la desobediencia civil no slo como unatctica, sino tambin como una expresin de la accin ciudadana legtima. Vemos a ladesobediencia civil como uno de los medios disponibles para que los ciudadanosordinarios ejerzan influencia sobre los miembros de la sociedad poltica y para asegurar

que los polticos profesionales sigan respondiendo a la opinin pblica. Trataremos porlo tanto, a un nivel conceptual y normativo, de reivindicar la afirmacin de que "todademocracia constitucional que est segura de s misma considera a la desobedienciacivil como un componente normalizado porque es necesario de su cultura poltica".6

Para los fines de este argumento, consideramos el papel y la adecuacin de ladesobediencia civil en circunstancias en cierto modo ideales, dentro de la estructura deuna democracia constitucional que es "casi" justa y democrtica.7 El problema de ladesobediencia civil es, en realidad, como ha argumentado John Rawls, un "caso de pruebacrucial para cualquier teora sobre la base moral de la democracia".8 Sin embargo, "la basemoral de la democracia" no tiene el mismo significado en la tradicin liberal que en latradicin democrtica de la filosofa poltica. Para la primera, la base moral de la

democracia est localizada en el principio de los derechos; mientras que para la ltima,se deriva del principio de la legitimidad democrtica. De acuerdo con esto, el problemade la desobediencia civil es presentado de formas un tanto diferentes. En el primer caso,se trata el problema dentro de la estructura de un conflicto potencial entre las decisiones(leyes, polticas) de una autoridad democrtica legtimamente establecida y el principiode los derechos individuales (o autonoma). En el segundo caso, el tema es la calidad delos procedimientos democrticos. En otras palabras, para el demcrata, el problemade la desobediencia civil se plantea respecto al grado de representatividad e inclusividadde un determinado procedimiento, de las posibilidades de participacin o el lugaradecuado de la soberana. Cada enfoque tiende a oscurecer el otro punto de vista.

El problema al que nos enfrentamos se refiere al papel de dos concep-

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ciones normativas contrafcticas (e incluso utpicas) de los derechos y de la

democracia dentro de las sociedades civiles modernas regidas por el principio delconstitucionalismo. En realidad, la idea de una sociedad civil asegurada por los derechos yanimada por la participacin de los ciudadanos, y una accin colectiva que es capazde influiren los "representantes" de la sociedad poltica es en s una utopa, aunque seaautolimitadora. Relaciona la continuidad de los logros institucionales y culturales del pasado al cambio radical. Mostraremos la manera en que la problemtica de ladesobediencia civil ha sido tratada dentro de las tradiciones liberal y democrtica de lateora poltica moderna con el fin de mostrar que cada una, para ser consistente, debeincluir la perspectiva de la otra y, adems, que esto se puede hacer sobre la base denuestro modelo de la sociedad civil.9

LA TEORA DEMOCRTICA LIBERAL CONTEMPORNEAY LA DESOBEDIENCIA CIVIL

No debe sorprendernos que dos de los tericos contemporneos ms influyentes en la tradicinliberal John Rawls y Ronald Dworkin hayan dedicado varios ensayos a la cuestin dela desobediencia civil.10 Aunque algunos de estos ensayos fueron escritos en respuestaa acontecimientos polticos,11 son muy reveladores de las fortalezas y lmites de la teorapoltica liberal contempornea. Ambos, Rawls y Dworkin, entienden la desobediencia civilcomo implicando acciones contrarias a la ley dentro de los lmites de la fidelidad a lamisma.12 Ambos buscan establecer la legitimidad y los lmites de la tolerancia a la desobediencia

civil dentro de una democracia constitucional "casi justa" (Rawls). Adems, los ensayos quehan escrito sobre el tema constituyen los momentos ms "democrticos" de sus teorasgenerales. Como veremos, aqu (si no es que en otras partes) el ciudadano remplaza allegislador, al ejecutivo y al juez como el actor poltico clave y como la corte final deapelaciones. No obstante, no es del todo cierto que para estos tericos la desobediencia civilconstituya una "prueba para determinarla presencia o ausencia de democracia".13 Ms bien,la desobediencia civil en cada caso pone a prueba el grado en que las democraciasconstitucionales son liberales, es decir, el grado en que toman seriamente los derechos.La desobediencia civil por su propia naturaleza plantea la pregunta del grado y clase departicipacin ciudadana legtima en la vida poltica una cuestin que es central para lateora democrtica. Sin embargo, ni Rawls ni Dworkin representan la desobediencia

civil como una respuesta a deficiencias percibidas en la amplitud o calidad de losprocedimientos democrticos en el sistema de organizacin

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poltica. Si la legislatura se ajusta a los procedimientos y principios de la justicia

establecidos en las constituciones, y si no se violan los derechos civiles y polticos delciudadano, entonces la desobediencia civil no es la forma adecuada de tratar con esta clasede situaciones; de hecho, para el demcrata liberal ni siquiera existen. Las cuestiones dela democracia se traducen al lenguaje de los derechos. Adems, se supone que el principiode legitimidad democrtica puede ser institucionalizado plenamente dentro del sistemapoltico del gobierno representativo, asegurado por los derechos a votar, ocupar un cargo,presentar solicitudes, reunirse, expresarse y asociarse.14

En realidad, se considera la desobediencia civil como una respuesta legtima slo encaso de violaciones a la justicia, es decir, de transgresiones por la mayora democrticadebidamente constituida (en la legislatura) de los derechos individuales o de las minoras. Porsupuesto, los principios de la justicia constituyen para cada terico "los fundamentos morales

de la democracia". No obstante, estos fundamentos resultan ser una concepcin de laslibertades bsicas de conformidad con las cuales los regmenes constitucionales y los procedimientos democrticos deben ser constituidos y deben funcionar. Se supone que losciudadanos en esas sociedades le deben lealtad a las instituciones establecidasconstitucionalmente. El deber de obedecer vara con el respeto de los derechos por parte delgobierno, no con el grado de participacin disponible para los ciudadanos.

En otras palabras, la medida de la obligacin de un individuo a obedecer la ley seformula en trminos de lo que el ciudadano puede legtimamente hacer o rehusarse a haceren casos de injusticia, en vista de la lealtad que se debe en principio a la democraciaconstitucional.15 Cada terico construye las libertades bsicas o derechos de una maneraalgo distinta, pero ambos suponen que la justicia de un Estado constitucional puede ser

evaluada en trminos del grado en que asegura la ms amplia libertad bsica compatiblecon la libertad de otros (Rawls), o una preocupacin y respeto iguales (Dworkin) y, por lotanto, derechos bsicos para todos.16 El tema del disenso legtimo o desobediencia civil presenta, por lo tanto, la cuestin del lmite entre el Estado y la sociedad civil,estableciendo el punto en que las mayoras democrticas en los estados constitucionalesdeben ser autolimitadoras. La legislacin que viola los derechos bsicos traspasa suslmites correctos. Rawls dice que:

El problema de la desobediencia civil, tal como lo interpretar, surge slo dentro de un Estadodemocrtico ms o menos justo para aquellos ciudadanos que reconocen y aceptan lalegitimidad de la constitucin. La dificultad consiste en un conflicto de deberes. En qumomento el deber de obedecer las leyes promulgadas por una mayora legislativa (o los actos

del ejecutivo apoyados por

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esa mayora) dejan de ser obligatorios ante el derecho a defender las libertades de uno mismo yel deber de oponerse a la injusticia? Esta pregunta supone la naturaleza y los lmites del

gobierno por la mayora.17

Para Rawls y Dworkin la desobediencia civil cumple el papel de proteger los derechosindividualesfrente al sistema de organizacin poltico democrtico.

La base moral de la democracia constitucional est localizada, para el liberal, en el principiode los derechos.18 La teora poltica liberal parte del supuesto de la pluralidad. Presupone unasociedad civil moderna compuesta de grupos e individuos con formas de vida y concepcionesdel bien diferentes e incluso opuestas, y que son capaces, sin embargo, de llegara unaconcepcin compartida de la justicia poltica.19 Sin embargo, ni Rawls ni Dworkin defienden la primaca absoluta de la conciencia moral del individuo frente a la ley pblica. Dehecho, ni siquiera es el problema central de la desobediencia civil. Por el contrario, ambostericos distinguen cuidadosamente entre la negativa consciente y la desobediencia civil, entrminos del carcter poltico de la primera frente al carcter apoltico de la segunda. Rawlsdefine la desobediencia civil como "un acto pblico, no violento, consciente y no obstante, poltico, contrario a la ley, cumplido por lo comn con el propsito de producir uncambio en la misma o en las polticas del gobierno."20 La desobediencia civil es un acto polticoen el sentido de que es un acto justificado por principios morales que definen una concepcinde la sociedad civil y del bien pblico. Es un acto poltico no slo porque est dirigido a lamayora que detenta el poder poltico, sino tambin porque es orientado y justificado por los principios polticos de justicia que regulan la constitucin. "El que practica actos dedesobediencia civil se dirige al sentido de justicia de la mayora de la comunidad y declaraque en la opinin meditada de uno mismo, los principios de la cooperacin social entrehombres libres e iguales no se estn respetando".21 Lo que distingue a la desobediencia civilde la objecin de conciencia es el hecho de ser pblica en el sentido dual de no estar oculta odisimulada y de apelar a los principios polticos generales de justicia, supuestamentecompartidos por todos en un rgimen constitucional, en vez de a la moralidad o la religin deuna persona, o a los intereses de un grupo.22 La objecin de conciencia, es decir, la negativa aobedecer un mandato legal directo o una orden administrativa, puede ser pblica en el sentido deno estar oculta, pero se basa en un razonamiento apoltico porque ni recurre al sentido dejusticia de la mayora, ni trata por definicin de convencer a otros o de causar cambios en la leyo en la forma de organizacin poltica. De hecho, Rawls insiste en la primaca de lo poltico enesos casos. El grado de tolerancia a la objecin de conciencia debe

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ser determinado desde el punto de vista de una teora poltica de la justicia, en trminos de

lo que es necesario para conservar y fortalecer instituciones justas, y no desde el punto de vistade un respeto absoluto por parte de la ley a los dictados de la conciencia individual.23 Estoltimo sera claramente insostenible en una sociedad civil pluralista.

Si las instituciones sociales estn basadas en una concepcin compartida de la justicia, por qu surge la desobediencia civil en una democracia constitucional "casijusta"? La respuesta que dan Rawls y Dworkin es, en primera instancia, muy sencilla: lasmayoras legislativas pueden errar o, lo que es peor, ser mal orientadas por el prejuicio yviolar as los principios morales que subyacen a la constitucin.24 No obstante, hay unadiferencia significativa en la forma en que los dos tericos entienden el status de estosprincipios morales. Como el rango, e incluso la funcin de la desobediencia civil tolerable,vara segn sus dos interpretaciones, vale la pena explorar esta diferencia en algn

detalle.Rawls define una democracia constitucional justa como aqulla cuya constitucinha sido acordada por delegados racionales en una convencin constitucionalista, queson guiados por los dos principios de justicia. Las leyes y las polticas justas son las queseran promulgadas por legisladores racionales limitados por una constitucin justa yorientados por los dos principios de justicia. Estos ltimos son los principios que seranelegidos en una posicin original que es justa.25 Y en realidad, en opinin de Rawls, estosdos principios de justicia constituyen el soporte moral del principio del gobierno de lamayora, sin el cual ese gobierno sera simplemente un instrumento de procedimiento queconsolidara el poder de los nmeros. Adems, como ningn procedimiento poltico puede garantizar que la legislacin promulgada sea justa, en vista de la inevitable

condicin de la "justicia procesal imperfecta" que se presenta incluso en la mejor de lasformas de organizacin poltica, es obvio que quienes tienen el derecho constitucional dehacer leyes pueden aprobar leyes injustas.26 Alguna forma del principio de la mayora esnecesaria, pero es posible que la mayora se equivoque ms o menos voluntariamenteen lo que legisla.27 As, cuando la mayora infringe la concepcin de justiciacompartida por la comunidad general e incorporada en la constitucin, crea elescenario para actos justificables de desobediencia civil.

Rawls no afirma que la injusticia de la ley sea una justificacin suficiente para esaaccin. Por el contrario, insiste en que estamos obligados a obedecer leyes injustas si lainjusticia no excede ciertos lmites. Bajo los principios del gobierno de la mayora, es

probable que haya efectos que las minoras consideren injustos, pero mientras stosno excedan ciertos lmites, el deber de apoyar a instituciones justas incluye un deber aobedecer leyes injustas. En este sentido, tampoco es la aprobacin de la ley a los

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dos principios de justicia una condicin suficiente para la obligacin poltica. De hecho, el

concepto de obligacin poltica, en sentido estricto, se aplica slo a ciertas categoras deindividuos: aquellos que han aceptado voluntariamente los beneficios de los acuerdosinstitucionales o aprovechado las oportunidades que ofrecen para promover sus intereses.28Por lo dems, Rawls afirma que hay un "deber natural" a obedecer las leyes y las polticas deuna forma de organizacin poltica casi justa. Adems, los deberes naturales se aplican anosotros sin importar nuestros actos voluntarios: "Cada uno est obligado a obedecer estasinstituciones independientemente de sus actos voluntarios, sean performativos o de otro tipo".29

Rawls argumenta que el deber natural de la justicia debe entenderse como el resultado de unacuerdo o contrato hipottico y, por lo tanto, supone un consentimiento hipottico. Sinembargo, insiste en que no se presupone ningn acto de consentimiento, expreso o tcito, niningn acto voluntario para el deber de justicia ste se aplica incondicionalmente, Las

razones que Rawls da para rechazar la accin voluntaria como la base del deber de obedecera instituciones justas es que sta sera superflua: en vista de los dos principios de justicia yla prioridad de la libertad, el complemento pleno de libertades iguales ya est garantizado y nose requiere ninguna garanta adicional. Adems, el reconocimiento de un deber natural dejusticia proporciona estabilidad y protege contra el oportunismo.30

La desobediencia civil supone un conflicto entre el deber natural a obedecer leyes promulgadaspor una mayora legtima y el derecho a defender las libertades de uno mismo y oponersea la injusticia. Pero cundo se suspende el deber de obedecer?, cules son los lmites queno pueden ser traspasados por las mayoras legislativas? Rawls menciona dos formas en quepuede surgir esa injusticia: los acuerdos institucionales o legales pueden alejarse del conceptode justicia aceptado pblicamente, o este propio concepto puede ser irracional o injusto.31

Trata de la desobediencia civil slo respecto a la primera posibilidad, sin embargo, y slobajo ciertas circunstancias.32 En casos de injusticia sustancial y clara se suspende el derechonatural a obedecer y se justifica la desobediencia civil: "Hay una presuncin a favor delimitar la desobediencia civil a las violaciones graves del primer principio de la justicia, elprincipio de la libertad igual y a las violaciones descaradas de la segunda parte del segundoprincipio: el principio de la igualdad de oportunidad justa."33 Segn Rawls, por lo comn sepercibe claramente cuando estn siendo violados los derechos polticos y civiles, porqueimponen requerimientos rigurosos visibles expresados en instituciones. Las infraccionesde la primera parte del segundo principio de justicia, del requisito de que lasdesigualdades deben favorecer a aquellos que estn en peor situacin, son mucho msimprecisas porque implican asuntos de poltica econmica y social, opiniones es-

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peculativas, informacin estadstica, etc. As, la solucin de estos asuntos es mejor dejarla

al proceso poltico.En esta concepcin, la desobediencia civil es una forma de discurso pblico,dirigido a la mayora que tiene el poder poltico, expresando la conviccin polticaconsciente y profunda de que (en la opinin meditada de uno), la mayora poltica haviolado la concepcin aceptada de la justicia y los fundamentos morales de la cooperacinsocial.34 Funciona como un correctivo y como un instrumento estabilizador. Despierta a lasmayoras que se han desviado y devuelve el sistema legislativo alstatu quo ante.Al nivel de lacultura poltica, la disposicin a participar en la desobediencia civil justificada sirvecomo un remedio contra desviaciones potenciales de la justicia y, por lo tanto,introduce estabilidad en una sociedad bien ordenada.35

Si bien Rawls ofrece de esa manera una importante justificacin para la

desobediencia civil, proporciona una concepcin relativamente estrecha de su rango ylegitimidad. Supone que la sociedad poltica est predispuesta a responder a las preocupaciones de la sociedad civil respecto a los derechos, y que esta ltima puedeejercer alguna influencia en la primera por medio de la accin colectiva (entendida como unproceso discursivo en vez de como un juego de poder). La orientacin poltica de ladesobediencia civil y de las formas correspondientes de accin colectiva est limitada,sin embargo, a una posicin puramente defensivapor parte de aquellos cuyos derechoshan sido violados. Adems, el tipo de "error" que la mayora puede cometer cuandopromulga una ley injusta se limita a la violacin de algn aspecto de los dos principiosde justicia. Rawls supone que existe una concepcin coherente de la justicia,aceptada en principio por todos los miembros de la organizacin poltica, y que se

puede recurrir a ella cuando la mayora se equivoca. Esos errores slo implicanviolaciones de los derechos individuales y no, por ejemplo, malentendidos de lavoluntad popular, representaciones inadecuadas de la opinin pblica o consideracionespblicas insuficientes de los asuntos importantes. En realidad, para Rawls, la concepcinde la justicia est, en una democracia constitucional, fijada de una vez por todas y estosignifica que no hay ninguna forma extralegal legtima para someter a prueba o ampliaresta concepcin sin desafiar a toda la institucin de la sociedad.

As, aqullos cuyos derechos no son violados pero que creen, por ejemplo, que lasinstituciones y procedimientos existentes de la sociedad y de la forma de organizacinpoltica aunque justas y en parte democrticas no son suficientes, se enfrentan auna eleccin difcil: o trabajan a travs de las propias instituciones que consideraninadecuadas o participan en actos que pueden slo ser considerados como una revuelta; oaceptan la concepcin prevaleciente de la justicia y a las instituciones que la

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incorporan, o se convierten en militantes.36 sta es una concepcin excesivamente esttica de la

funcin de la desobediencia civil: puede corregir violaciones de los derechos ya existentes,puede estabilizar al gobierno por la mayora o, en el mejor de los casos, puede ampliar losderechos asegurando que se respeten los de todos, y que la concepcin de la justicia se apliquepor igual y en forma justa a todos. Los cuestionamientos sobre la concepcin de la justicia,sobre nuevas clases o interpretaciones de los derechos y sobre ms y nuevas clases departicipacin no tienen lugar dentro de una forma de organizacin poltica bien ordenada;slo pueden conducir a su remplazo.

La restriccin de la desobediencia civil a la defensa de los derechos que plantea Rawls, sederiva del modelo liberal que l presupone de la sociedad civil, del Estado y de suinterrelacin.37 Dentro de esta estructura, se representa a la sociedad civil como la esferaprivada. Es el lugar de la autonoma individual, de una pltora de grupos con formas de vida y

concepciones del bien distintas, de asociaciones voluntarias de esos grupos sin ningunamotivacin poltica, y de la expresin pblica garantizada por los derechos. La vida polticaest ubicada firmemente dentro de la sociedad poltica; ocurre en el terreno del Estado enforma de la legislatura, complementada por el aparato usual de elecciones, partidos, gruposde inters y procedimientos articulados constitucionalmente. Estos comprenden el nicoterreno legtimo para la accin poltica y las nicas formas de participacin polticaabiertas al ciudadano bajo circunstancias normales (cuando no se violan ni los derechos nila neutralidad poltica). Adems, la funcin puramente defensiva de la desobediencia civilen la teora de Rawls la proteccin de derechos ya adquiridos o su ampliacin en nombre deprincipios claros institucionalizados de la justicia se basa en una concepcin esttica de lafrontera entre lo pblico y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil y de la cultura

poltica en general.Incluso con estas restricciones, la discusin que presenta Rawls de la desobedienciacivil tiende a eliminar este dualismo rgido. Por una parte, la formulacin de ladesobediencia civil como un discurso pblico que apela a la concepcin de justicia de lamayora poltica en la legislatura parece reducir esa accin a un modelo de persuasinmoral que simplemente extiende la defensa liberal clsica del derecho a la conciencia y elllamado a que se tolere un conjunto muy restringido de acciones colectivas.38 Por otra parte,Rawls tambin argumenta que la desobediencia civil apela al sentido de justicia de lamayora de la comunidad, es decir, a la opinin pblica en la propia sociedad civil. Esto eslo que tiene en mente cuando argumenta que la instancia suprema de apelacin no es ni lalegislatura ni la Corte Suprema ni el Ejecutivo, sino el electorado como un todo.39 Es eneste contexto en el que el ncleo de la idea democrtica del

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pueblo soberano que tiene la autoridad final hace su nica aparicin en el texto. Aqu

argumenta que, tanto la legitimidad democrtica como la idea de los derechos proporcionan los fundamentos morales de la estructura puramente legal de lademocracia constitucional.40

Adems, Rawls entiende la legislacin dentro de la esfera pblica parlamentaria comoun proceso discursivo, dirigido a lograr la mejor poltica o ley para la comunidad, en elque los legisladores votan segn su juicio personal y no de acuerdo con los intereses desus electorados particulares. Pero este juicio no es slo privado; debe ser unainterpretacin meditada de los principios y cultura poltica de la sociedad. Porimplicacin, la opinin pblica debe ser capaz de influir en la mayora legislativa. Losactores en la sociedad civil deben ser capaces de influir en los actores en la sociedadpoltica. Rawls cree que ste es frecuentemente el caso.41 Sin embargo, si a lo que apela la

desobediencia civil es alsentido de justicia de la comunidad, si la ciudadana es la instanciasuprema de apelacin, si la idea de legitimidad democrtica proporciona la base moraldel constitucionalismo no slo en el principio de los derechos, entonces el rango deacciones colectivas legtimas (aunque ilegales) dentro de la sociedad civil no puedelimitarse a las leyes que entran en conflicto con la concepcin de justicia de lamayora legislativa, a la violacin de los derechos de una minora por esa mayora o ala dimensin de los derechos de los fundamentos morales de las democracias.42 Porimplicacin, la propia sociedad civil tendra que entenderse como una dimensin activa,relevante polticamente: la accin colectiva dentro de la sociedad civil, pero fuera delos canales institucionalizados del sistema poltico, tendra que considerarse comoalgo normal. En otras palabras, la relevancia poltica de los derechos de expresin,

asamblea y asociacin tendra que ser tratada en una forma ms seria, como algo quegarantiza la legitimidad de la accin ciudadana que procura influir en la sociedadpoltica e, indirectamente, en las decisiones polticas y legales.43

Sin embargo, Rawls evita abordar las implicaciones de estas ideas. En ningunaparte nos dice qu canales de influencia existen o deberan existir entre la legislatura ylos pblicos dentro de la sociedad civil. Tampoco concede en ninguna parte que, si no setrata de una violacin de los derechos, un objetivo legtimo de la desobediencia civil podra ser la creacin o ampliacin de esos canales. Adems, supone que los principios de la legitimidad democrtica son totalmente institucionalizados por laselecciones, los parlamentos y otras formas constitucionales.44 Despus de una convencinconstitucional o ms bien, despus de la ratificacin de una constitucin laconcepcin de justicia de la sociedad es institucionalizada de una vez por todas, y las personas dejan, en circunstancias normales, de ser actores polticos en cualquier otraforma que no sea la de electorado.

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Aparte de esto, la poltica sigue siendo el monopolio de la sociedad poltica. Por medio de esta

teora, Rawls es aparentemente capaz de circunscribir la "soberana" o autoridadextrainstitucional del "pueblo" tal como se expresa en los actos de desobediencia civil dentrode los estrechos lmites de la defensa de los derechos que todo mundo ya tiene en principio.

Pero qu pasa si la concepcin de justicia de la sociedad, supuestamente establecidaen la constitucin y que sirve como gua para la legislacin y el estndar contra el cual sepone a prueba la legitimidad, no son claros y autoevidentes? Qu sucede si los principiosmorales articulados en la constitucin que se encuentran en el ncleo de la idea de losderechos fundamentales, estn abiertos a diferentes interpretaciones y, por lo tanto,aplicaciones? De hecho, segn Dworkin, es gracias a que cualquier constitucin fusionacuestiones morales y legales, haciendo que la validezde una ley dependa de la respuesta acomplejos problemas morales, que el problema de qu derechos morales tienen los

ciudadanos siempre ha estado abierto a nuevas interpretaciones.

45

Adems, incluso si lamayora no interfiriera con la constitucin, y aunque sta fuera adecuadamente interpretada por una corte suprema, ninguna constitucin puede institucionalizar los derechosmorales que tienen los ciudadanos. En otras palabras, no puede existir un momento en elque uno pueda decir que todos los derechos fundamentales estn establecidos y protegidos, porque el propio significado, interpretacin y rango de los derechosfundamentales se desarrolla en el transcurso del tiempo. Lo que puede establecer unaconstitucin es un reconocimiento de que los individuos tienen derechos moralesfundamentales frente al Estado. Puede enumerar algunos de estos derechos en trminosamplios, pero no puede articularlos todos, no porque la lista fuera demasiado larga,sino porque las interpretaciones de los derechos cambian y se afirman nuevos derechos que

estn de acuerdo con el principio de tener derechos morales contra el Estado, pero quedifcilmente se han derivado de esta idea. Por lo tanto, debe haber una complejahermenutica operando en la interpretacin de los derechos, una que implique lareflexin sobre los principios constitucionales, la tradicin, el precedente y la moralidadpoltica contempornea.

As, Dworkin ofrece una respuesta ms compleja que Rawls a las preguntas por qu, enuna democracia constitucional casi justa que reconoce los derechos, la desobediencia civilpuede surgir legtimamente? y por qu razn se la debe tratar en forma diferente a losactos criminales o a los actos de abierta rebelda? En realidad, como veremos, ampla lateora liberal hasta sus ms amplios lmites concebibles aunque, por razones que seharn evidentes, la teora sigue quedndose en el umbral del principio de la legitimidaddemocrtica y por lo tanto slo es parcial. Dworkin est de acuerdo con Rawls en que si elgobierno promulga una ley que

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invade equivocadamente los derechos de uno contra el gobierno, uno tiene derecho moral

a romper la ley. ste no es un derecho separado, sino una caracterstica de tenerderechos contra el gobierno.46 Sin embargo, Dworkin toma un paso significativo msall de la posicin de Rawls, al argumentar que no hay ningn deber general deobedecer la ley en todos los casos, y ciertamente ninguno cuando se violan los derechosmorales.De hecho, el problema real no es el caso obvio que acabamos de mencionar, sino lasituacin en que la ley no es clara, de modo que puede haber dudas sobre su validez."Cuando la ley es incierta, en el sentido de que ambas partes pueden presentar un casoplausible, entonces un ciudadano que sigue su propio juicio no se est comportando deuna manera injusta".47 Por supuesto, esto es una definicin muy general de la ley incierta:la falta de claridad no se refiere al texto escrito de la ley, sino ms bien a una situacin

en que la norma legal es cuestionada.En los Estados Unidos, el papel de la Corte Suprema es decidir las cuestiones deinterpretacin sobre leyes dudosas con respecto a los derechos. No obstante, como loobserva Dworkin, la Corte puede "cambiar de opinin". De hecho, cualquier corte puedeanular sus propias decisiones. As, no podemos suponer que, en cualquier momentodado en el tiempo, la constitucin es lo que la Corte Suprema dice que es. 48 No sepuede argumentar de manera convincente que los ciudadanos pueden, en el caso de unaley dudosa, seguir sus propios juicios slo hasta que la institucin con autoridadpertinente decida el caso. Por el contrario, si los ciudadanos deben actuar como si laley dudosa fuera vlida y la corte superior fuera el locus final del juicio, "entonces perderamos el principal instrumento que tenemos para desafiar la ley por motivos

morales, y con el transcurso del tiempo la ley que obedecemos ciertamente se haramenos equitativa y justa, y la libertad de nuestros ciudadanos sin duda disminuira". 49Sin nadie que pusiera en duda una ley aparentemente ya establecida en nombre de losderechos fundamentales, entonces no seramos capaces de reconocer los cambios queocurren con el transcurso del tiempo en la moralidad de la comunidad.50 Sin la presin deldisenso, aumentaramos la "oportunidad" de ser gobernados por principios queofenden los principios que compartimos. En realidad, la ley se desarrolla en parte pormedio de la experimentacin de los ciudadanos y por medio del proceso contrario, y ladesobediencia civil ayuda a conformar los temas sobre los que se deber decidir. 51Como la ley est en un proceso constante de adaptacin y revisin, la desobedienciacivil puede ser la que fije el ritmo para correcciones o innovaciones que se deberanhaber hecho desde mucho antes, sin las cuales una repblica vital no puede mantenerla creencia de sus ciudadanos en la legitimidad continua de las leyes heredadas del pasado.

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Esta discusin de la validez legal es central en la defensa que hace Dworkin de la

desobediencia civil y requiere explicacin adicional. Segn l, la validez de la ley depende deprocesos de prueba permanente en que los tribunales desempean un papel que incluye laconsideracin de interpretaciones moralmente relevantes de los principios que influyenen la constitucin. Claramente, lo que est en juego no es slo qu tan correcto es desde elpunto de vista procesal el proceso legislativo que gener la ley, sino tambin la interpretacinde los principios morales que alimentan a una cultura poltica articuladaconstitucionalmente. Y as como los jueces pueden reflexionar sobre estos principios,tambin lo pueden hacer los ciudadanos ordinarios; someter a prueba la ley no esmonopolio de los jueces.

Este argumento est relacionado con la distincin que hace H. L. A. Hart entre laperspectiva interna o participativa y la perspectiva externa o del observador. Esta distincin

corresponde implcitamente a los dos niveles de anlisis respecto a la validez de la ley:el respeto a las leyes y requerimientos procesales establecidos y a la validez moral. Losasuntos relacionados con la correccin procesal dentro del "modelo de reglas"suponen slo el punto de vista del observador. Las cuestiones de validez frecuentementeson interpretadas tambin de esta manera: se considera que una ley es vlida si tanto sucreacin como sus aplicaciones han sido juzgadas como procesalmente correctas y noviolan otras reglas vlidas. Someter a prueba la validez en este sentido requiere quequienes hacen la prueba se coloquen en la posicin de "abogados objetivos" queestiman las posibilidades de un cuestionamiento exitoso. Estarn de acuerdo ensometerse incondicionalmente a la decisin judicial subsecuente siempre que sta a su vezsea procesalmente correcta.52 En este modelo, las leyes que no son anuladas o repelidas son

leyes vlidas. Las leyes que son repelidas o anuladas sobre la base de una interpretacinconstitucional cambiante (aunque es difcil fijar la frontera exacta en este caso) nopierden retroactivamente sustatus de ley.

Dworkin, que sin duda est pensando en casos "difciles" y no en los rutinarios, noest satisfecho con este modelo de validez. Su comprensin de la validez implicaperspectivas desde el punto de vista del observador y del participante. Puede haber casosde prueba en los que quienes violan la ley se consideran a s mismos como parte de unproceso objetivo cuya finalidad es aclarar la validez de la ley, pero en la medida en que loscasos de prueba impliquen una afirmacin de que los principios morales (derechos)incorporados en la constitucin han sido violados, la perspectiva de un participantetambin se considera en la evaluacin. De acuerdo con Dworkin, esta clase de actointerpretativo es realizado tanto por las cortes como por aqullos que violan la ley con elfin de probar su validez. Los

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casos de prueba que implican acciones ilegales por ciudadanos que creen que una

determinada ley viola derechos morales bsicos y por lo tanto es invlida, son una parteintegrante del proceso por el cual las cortes evalan la constitucionalidad, es decir, lavalidez de la ley. En este modelo amplio del caso de prueba, el resultado de uncuestionamiento exitoso es que la ley de que se trate sea declarada invlida desde elmomento de su promulgacin, esto es, que no es ni ha sido ley, independientementede que las bases para anularla impliquen procedimiento, adecuacin constitucional o unprincipio normativo superior.

En este modelo, se interpreta la desobediencia civil como un tipo de caso deprueba, ya sea que los desobedientes estn motivados por un presupuesto de invalidez opor una opinin ms general sobre la injusticia o ilegitimidad de la ley o de la poltica.En realidad, en esta interpretacin, si la ley que ha sido desafiada por quienes cometen

actos de desobediencia civil resulta ser invlida, no se ha violado ninguna ley despus detodo.Sin embargo, la interpretacin es poco satisfactoria porque subestima la tensin

especfica dentro de la desobediencia civil entre el trauma de la violacin de la ley porindividuos que por lo dems presuponen y respetan el sistema legal, y la obediencia a unaley superior o principio normativo. Dos ejemplos demuestran este punto. Primero,quiz la mayora de los actos de desobediencia civil, a diferencia de todos los actos queintencional-mente se cometen para crear el caso de prueba, implican la violacin deleyes que no son leyes o polticas especficas que quienes participan en actos dedesobediencia civil buscan desafiar. De hecho, los ejemplos de desobediencia civil a loscuales se refiere Dworkin el movimiento contra la guerra de Vietnam (con la posible

excepcin de la resistencia al reclutamiento), el movimiento de derechos civiles (conexcepcin de las ocupaciones de restaurantes), y el movimiento antinuclear caendentro de esta categora y, por lo tanto, no se les puede entender como casos pruebaen el sentido usual del trmino. Toda la discusin de Dworkin est, de hecho, dirigidaa esta clase de actos ilegales y no a los casos de prueba comunes. Segundo, ladesobediencia civil dirigida contra polticas especficas, cuya legitimidad Dworkinrestringe pero no niega, no desafa la consitucionalidad de las leyes, sino queargumenta que estas leyes son poco aconsejables, inmorales o ambas a la vez. Las polticas de que se trata no son invlidas y por lo tanto slo pueden ser abolidas(aunque no retroactivamente) por un rechazo o remplazo legislativo. En estos casos, enrealidad el problema es la legitimidad en vez de la validez de la ley. Esta legitimidad escuestionada por actores que asumen un punto de vista puramente participativo, es decir,que se colocan a s mismos en el lugar de la legislatura y en realidad entran en unproceso de comunicacin con sus representantes y con todo el electorado (o pblico).

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Creemos que tiene sentido separar la desobediencia civil de los casos de prueba, al

menos para fines analticos.53

En la desobediencia civil propiamente dicha el punto de vistaprincipal es participativo, y de lo que se trata es sobre todo de una demanda respecto a lalegitimidad de la ley. En los casos que ponen a prueba la ley propiamente dicha, de lo quese trata es de la regularidad procesal, tanto antes de la prueba como durante el mismo proceso judicial de prueba, as como de la consistencia del sistema de reglas legales.Cualquiera que sea la motivacin de quien lleva a cabo la prueba, sta slo presupone elpunto de vista de un observador.

Hay, por supuesto, casos en que la prueba de la ley y la desobediencia civil no sepueden separar con facilidad, en los que el tema no es slo el procedimiento correcto o lalegitimidad, sino la validez en el sentido complejo de Dworkin. Hay obviamente casos dedesobediencia civil, como la resistencia al reclutamiento y las ocupaciones de locales, en

los que el tema de la validez no est excluido y los que desobedecen una ley usando lastcnicas de la accin colectiva tambin esperan un cambio en elstatus de validez de la ley.Puede haber tambin casos de pruebas de la ley en los que quien la desafa no estdispuesto a aceptar la prediccin de los abogados o el juicio de la corte y lo que se suponees que las acciones dentro del tribunal dramatizarn la injusticia y de hecho lailegitimidad, para los agentes y grupos que estn afuera del procedimiento legal. Apesar de estos casos mixtos y en contraste con Dworkin, creemos que es til distinguir entrela prueba de la ley y la desobediencia civil. Aunque l no hace la distincin, para lospropsitos de esta discusin creemos estar justificados al suponer que est interesado enla desobediencia civil propiamente dicha. Aunque tiende a enfatizar la validez y no de lalegitimidad y asimila la desobediencia civil al caso de prueba, la relacin que establece

entre la desobediencia civil y los procesos de defensa de los derechos fundamentales (en los queincluso la decisin de la Corte Suprema no puede ser la palabra final) compromete a losprincipios ms altos de nuestro orden legal como un todo y obviamente va ms all del casode prueba como modelo general.

Entonces, lo que tenemos aqu es una justificacin de la desobediencia civil ensituaciones diferentes a las violaciones flagrantes de los derechos individuales existentes.Se puede ver la desobediencia civil como un componente crucial del cambio dentro de unademocracia constitucional. Es una fuente importante para crear derechos (es decir, parainstitucionalizar derechos morales que previamente no haban sido institucionalizados), einicia un proceso de aprendizaje que contribuye al desarrollo de la cultura poltica y elcambio institucional. El referente de la desobediencia civil es la opinin pblica, en elsentido profundo de lo que consideramos nuestros principios morales polticamenterelevantes. El papel de la accin ciudadana polticamente relevante es ampliado, de estamanera, ms all

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de las reacciones defensivas a violaciones especficas de los derechos individuales, para que

incluya problemas como el de qu principios, qu normas, deben ser legislados paraconvertirse en ley. Para Dworkin, esas preguntas deben ser traducidas al lenguaje de losderechos, pero el tipo de accin implicada en afirmar (y no slo en defender los yaexistentes) los derechos en este modelo es ciertamente poltica. As, Dworkin ofrece unentendimiento dinmico del papel de la desobediencia civil en el proceso de creacin dederechos y en la ilustracin de la opinin pblica.

Precisamente porque los actos de desobediencia civil son interpretados en este sentidoms amplio de accin poltica por parte de ciudadanos orientados a la defensa ycreacin de derechos, y precisamente porque suponen el ejercicio de influencia sobreel proceso poltico por medio de las esferas pblicas de la sociedad civil, esos actosrequieren una justificacin ms fuerte que los actos de objecin de conciencia. Estos

ltimos suponen objeciones morales a leyes especficas y buscan exenciones individuales; losprimeros estn dirigidos a las instituciones polticas y buscan contribuir al cambio. Enuna democracia constitucional donde, despus de todo, los derechos de los ciudadanos ala participacin estn asegurados y el gobierno por la mayora es el principio clave para lalegislacin, les corresponde a los defensores de la desobediencia civil mostrar questa no viola los principios del gobierno por la mayora y que, adems, no esantidemocrtica.

Esto nos lleva a la segunda explicacin de la razn por la que, incluso en unademocracia constitucional casi justa, la desobediencia civil es una dimensin probable eimportante de la cultura poltica. Al igual que Rawls, Dworkin interpreta procesalmente lalegitimidad del principio del gobierno por la mayora: la ley tiene un carcter obligatorio si se

han seguido los procedimientos correctos en un sistema poltico representativo. Sinembargo, hay una condicin importante: los derechos de la minora no deben violarse.Como cualquier consenso mayoritario que siempre es solamente emprico, puedeequivocarse, como lo ha sostenido Rawls. ste es un riesgo inherente al proceso polticodemocrtico. Un consenso mayoritario puede ser simplemente la combinacin de los prejuicios, enemistades personales, intereses de la mayora y racionalizaciones de lalegislatura o de la opinin pblica. Adems, "La mayor parte de la ley aquella parteque define y lleva a cabo la poltica social, econmica y exterior no puede ser neutral.Debe enunciar, en su mayor parte, el punto de vista de la mayora sobre el bien comn".54 Enuna sociedad civil pluralista, compleja, diferenciada, la institucin de los derechos restringe elrango y el tipo de decisiones abierto a las mayoras legislativas. Por lo tanto, losderechos no son antitticos a los principios democrticos, porque la institucin de losderechos representa la promesa de la mayora a las minoras, de que su

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dignidad e igualdad ser respetada ms an, las restricciones sustantivas sobre la toma de

decisiones por la mayora que representa los derechos fundamentales frente al Estado,son la propia fuente de legitimidad del principio del gobierno por la mayora,55 Dehecho, la tesis de los derechos presupone que hay algo detrs de la ley, es decir, principiosmorales, que sirven como base para la legitimidad del sistema legal en conjunto. Para elliberal, este algo es el principio de los derechos morales individuales.

Pero, cmo sabemos cundo estn en juego los derechos?, cmo distinguimos entre losactos de desobediencia civil y los actos que desafan los principios del sistemaconstitucional?56 Dworkin responde a esta pregunta distinguiendo dos clases distintas deasuntos pblicos: los que implican decisiones polticas respecto a una meta colectiva de lacomunidad como un todo y los que implican asuntos de principio, es decir, decisiones queafectan algn derecho del individuo o de un grupo.57 Esta distincin entre poltica y

principio es tomada en cuenta en la taxonoma de los tipos de desobediencia civil deDworkin y en su esfuerzo por especificar cuando la desobediencia civil es legtima ycuando no lo es. Si uno rompe la ley en nombre de la defensa de los derechos de unaminora contra los intereses o los objetivos de la mayora, uno est participando en unadesobediencia civil "basada en la justicia". Si uno rompe la ley, no por creer que unapoltica es inmoral o injusta, sino porque parece imprudente, estpida o peligrosa parala sociedad, uno est participando en una desobediencia civil "basada en la poltica".58Aunque estos dos tipos de desobediencia civil son "ofensivos" en el sentido de serinstrumentales y estratgicos (el objetivo es un cambio en la poltica o en la ley)debemos distinguir adicionalmente entre dos tipos de estrategias: estrategias depersuasin dirigidas a obligar a la mayora a escuchar los argumentos en contra, con la

esperanza de que despus cambiar de opinin, y estrategias no persuasivas, dirigidas aincrementar los costos de llevar a cabo una poltica, con la esperanza de que lamayora encontrar los nuevos costos inaceptablemente altos. Entonces, en forma eintencin, la desobediencia civil puede ser discursiva (una poltica de influencia) o no discursiva(una estrategia de poder). Una estrategia de persuasin en la desobediencia civil no desafael principio del gobierno por la mayora de ninguna manera fundamental, porque la lgicade la accin colectiva ilegal es captar la atencin de la mayora y hacer que sta tomeen cuenta sus argumentos. Busca influir en la sociedad poltica. Las estrategias nopersuasivas, aunque no sean violentas, son inferiores desde un punto de vista moral,pero pueden ser aceptables si uno cree que una poltica es profundamente injusta. Nodebilitan radicalmente los principios de la democracia constitucional, porque la propiaidea de los derechos contra el Estado se basa en

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la idea de que la mayora debe respetar los derechos y que se le puede obligar a ser justa al margen

de su voluntad.59

No obstante, respecto a la desobediencia basada en la poltica, en la que no setrata de un asunto de los derechos de la minora y por lo tanto no es un asunto de principiossino de preferencias en conflicto, las estrategias no persuasivas van dirigidas contra el ncleodel principio de la mayora y no puede justificrseles.

Esta distincin entre estrategias persuasivas y no persuasivas es iluminadora eimportante. Pero no es obvio que la distincin entre la desobediencia basada en lajusticia y la basada en la poltica pueda hacerse de la manera en que lo intenta Dworkin,es decir, respecto a reas sustantivas de la toma de decisiones. O bien la distincin entre el principio y la poltica evade el problema puesto que se pueden construir argumentosrelacionados con los derechos respecto a casi cualquier tema poltico, y en algunoscasos es precisamente esta lnea divisoria lo que est en duda60 o slo se le puede

sostener al precio de un modelo puramente utilitario de los procesos polticos democrticos ydel bien comn. Esta ltima orientacin predomina en la obra de Dworkin. En efecto,Dworkin tiende a revivir la distincin liberal estndar entre poltica y moralidad,ubicando al gobierno de la mayora, a las opiniones mayoritarias, a las preferencias, al interscomn y a los asuntos de poltica dentro del proceso poltico democrtico normal, y a losasuntos de principios morales o derechos fuera de este proceso. Como consecuencia, y apesar de sus afirmaciones contrarias, los derechos y la democracia, la moral y la poltica,parecen estar en oposicin despus de todo. Con base en esta interpretacin, la opininpblica tiende a ser reducida en el mejor de los casos a un conjunto de preferencias, en el peor, a conjuntos de preferencias externas, y se priva a los "procesos democrticosnormales" y a la legislacin de su carcter normativo, basado en principios, a la vez que se

les reduce a la suma de intereses, compromisos y respuestas ante la presin en resumen,al modelo utilitarista del pluralismo de los grupos de inters. Por lo mismo, la sociedadcivil es presentada como una esfera moral (no poltica) en que la accin orientada polticamente para influir en la sociedad poltica con el propsito de proteger losderechos, es la nica accin poltica extrainstitucional considerada legtima. Es fcil ver larazn por la cual los derechos deben prevalecer sobre la democracia, definida de esamanera, y que no se considere a las decisiones polticas como si implicaran asuntos deprincipio.

Este modelo de la poltica vicia las propias percepciones de las dimensiones creativas dela desobediencia civil que articula Dworkin y la reduce una vez ms a una estrategiadefensiva. Tambin le impide a Dworkin reconocer que su comprensin de la sociedadcivil como polticas de influencia cuestiona la dicotoma liberal estndar de lo pblico y loprivado:

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la sociedad civil como la esfera de la vida privada y de la autonoma individual, y el Estado o

sociedad poltica, como el dominio de la accin poltica normal. Si la desobediencia civil implicaun proceso de aprendizaje y tiene un papel que desempear en el desarrollo de nuestra culturapoltica democrtica liberal y de las instituciones, si el blanco de la accin colectiva relevantees, ante todo, la opinin pblica dentro de la sociedad civil y, por lo tanto, en segundo lugar, lalegislatura o las cortes de justicia;61 entonces, el proceso poltico democrtico debe comprenderms que la agregacin de intereses y la actividad polticamente relevante en la sociedadcivil, debe tener dimensiones diferentes a la promocin de los intereses y de la defensa de losderechos individuales. Porque esto es lo que presupone una poltica de influencia, a diferenciade una estrategia de poder. De otra manera, los esfuerzos extrainstitucionales para cambiar alas instituciones polticas, para iniciar una reforma institucional radical dentro de loslmites de la fidelidad a los principios constitucionales, y para influir la legislacin por

medio de llamamientos a la opinin pblica en nombre de la moral de la comunidad, cuandono estn en juego los derechos individuales, tendran que aparecer como demagogiaantidemocrtica.

Dworkin, al igual que otros liberales, no puede evitar esas conclusiones porque ubica lalegitimidad de la democracia constitucional slo en los derechos morales individualesque conserva. Los derechos ciudadanos estn incluidos dentro del catlogo de derechosmorales fundamentales, pero los liberales suponen que ellos, y con ellos el propioprincipio de la democracia, estn totalmente institucionalizados con la universalizacindel derecho a votar y a ocupar cargos pblicos.62 El principio de la legitimidad democrtica esdisuelto as en la idea de derechos individuales y de procedimientos electorales que han sidoinstitucionalizados para el ejercicio del principio de la mayora. Si a una cierta categora

de ciudadanos se le niegan derechos polticos plenos, entonces la desobediencia civil estara ala orden del da, pero la desobediencia civil con el propsito de democratizar an ms ala sociedad civil o poltica, para hacer a esta ltima ms representativa de los puntos devista de los ciudadanos o para ampliar su influencia sobre el Estado, est totalmenteausente en la posicin liberal. Esto queda en claro por el esfuerzo poco convincente deDworkin para interpretar los actos contemporneos de desobediencia civil que ldefiende solamente en trminos de cuestiones relativas a los derechos.63 Incluso quedaan ms claro, por su tendencia a interpretar la desobediencia civil en situaciones que no pueden resolverse en trminos de demandas de derechos individuales, como sicomprometieran temas polticos y estrategias no persuasivas y por lo tanto ilegtimas.64Al discutir sobre la protesta antinuclear alemana, por ejemplo, Dworkin insiste en que eltraslado y ubicacin de los cohetes y las estrategias disuasivas son temas po-

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lticos complejos y que la discusin en esas circunstancias no puede ser iluminada por

actos ilegales. Acusa al movimiento pacifista de seguir una estrategia no persuasivadirigida a incrementar el costo de una poltica a la que se opone.65 La debilidad de ladistincin entre poltica y principio es particularmente obvia en este caso, porque se podraargumentar fcilmente que es justo esta distincin de lo que se trataba en los actos relevantes dedesobediencia civil. Lejos de hacer que el pblico en general prestara menos atencin alos temas complejos de que se trataba, que es la acusacin presentada por Dworkin, el propsito del movimiento era precisamente el contrario: ampliar el discurso y eldebate pblico a reas que previamente haban sido el dominio exclusivo de lasburocracias estatales y de la raison d'tat, y desafiar al monopolio estatal, no en lo que serefera a los medios de la violencia, sino de las polticas y cuestiones morales implicadas en eluso legtimo de estos medios.66 No estaban en juego los derechos individuales, sino los

principios democrticos. En realidad, es difcilmente razonable interpretar las cadenashumanas y los plantones como una muestra de fuerza, como un uso no persuasivo delpoder, en vez de como un ejercicio pblico dirigido a iniciar un debate "obligando asuficientes personas a meditar sobre el tema, por considerar vergonzoso no hacerloas".67 Estaban en juego por lo menos dos principios normativos en este caso: lamoralidad de una clase particular de herramientas y la calidad democrtica orepresentativa de la sociedad poltica que tom la decisin poltica. De lo que se trataaqu no es de que la distincin entre los temas polticos y los relacionados con losderechos sea insostenible, sino de que ambas clases de temas pueden implicarcuestiones de principio y que, si esto no se reconoce, se corre el riesgo de tergiversar elcarcter de los actos respectivos de desobediencia civil.

El liberalismo orientado a los derechos no puede hacer justicia al problema de ladesobediencia civil en democracias casi constitucionales sobre la base del principioestrechamente concebido de la legitimidad con que ella opera. Los liberales piden eliminarel carcter criminal de los actos de desobediencia civil orientados hacia los derechos,argumentando que hay una base moral extrainstitucional para romper la ley que,cuando se tiene en cuenta, reafirma, en vez de debilitar, el respeto por el gobierno de la ley.Sin embargo, lo que no reconocen, es que hay una base normativa extrainstitucionaldoblepara la legitimidad de la ley en sistemas de organizacin poltica guiados por losprincipios del constitucionalismo. La propia desobediencia civil, a diferencia de cualquierotro derecho moral no puede, sin caer en contradicciones, ser convertida en un derecholegal o constitucional. El derecho de afirmar los derechos no es, en sentido estricto, underecho de ninguna manera no se refiere a una concepcin de la moralidad distintade la poltica sino que se refiere directamente a los principios

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normativos de la propia poltica, de hecho a la concepcin democrtica de lo poltico.

La desobediencia en la defensa de los derechos individuales se deriva de la idea de losderechos fundamentales, pero la desobediencia civil propiamente dicha, en especial siimplica la creacin de nuevos derechos, se deriva del segundo sustento normativo de lasdemocracias constitucionales, de la otra base del constitucionalismo olvidada por losliberales, esto es, la idea de legitimidad democrtica.

Ahora podemos presentar nuestra propia definicin operativa. La desobediencia civilimplica actos ilegales por lo comn por parte de actores colectivos, que son pblicos,defienden principios y cuyo carcter es simblico, implica principalmente medios noviolentos de protesta y un llamado a la capacidad de razonamiento y al sentido de justicia dela gente comn. El objetivo de la desobediencia civil es persuadir a la opinin pblica enlas sociedades civil y poltica (o en la sociedad econmica) de que una ley o poltica

particular es ilegtima y que se requiere un cambio. Los actores colectivos que participan enla desobediencia civil invocan los principios utpicos de las democraciasconstitucionales, apelando a las ideas de los derechos fundamentales o a la legitimidaddemocrtica. As, la desobediencia civil es un medio para reafirmar el vnculo entre lasociedad civil y la poltica (o entre la sociedad civil y la econmica), cuando los esfuerzoslegales por ejercer la influencia de la primera sobre la segunda han fracasado y se hanagotado otros caminos.68

As, la desobediencia civil es una forma ilegal de participacin poltica por parte deactores colectivos. Es una accin poltica con un objetivo poltico que por definicinactiva las esferas pblicas de la sociedad civil y supone la actividad ciudadanaextrainstitucional. En ltima instancia, su justificacin en un sistema de organizacin

poltica democrtica debe estar en la propia democracia, as como en la idea de losderechos morales fundamentales. Pero nunca escaparemos del crculo vicioso sisuponemos que la democracia es la suma total de procedimientos e institucionesarticulados en una constitucin, y que stos pueden ser captados tericamente por unmodelo utilitario de la poltica. En ese caso, no puede haber ningn argumentodemocrtico para la desobediencia civil (excepto el argumento de los derechos) queno llegue a desafiar en algn momento el principio del gobierno de la mayora. Lasolucin se encuentra en un modelo diferente del proceso democrtico, la sociedadcivil, sus supuestos normativos y su interrelacin.

Y en realidad, en su debate con Lord Devlin, Dworkin s bosqueja un modelo noutilitario del proceso poltico democrtico. Sostiene que cuando la legislacin no puede serneutral cuando implica temas que tratan de la moralidad de la comunidad,69 loslegisladores deben realizar una reflexin hermenutica moral similar a la de los jueces. Esdecir, el esfuerzo

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de la sociedad civil garantizados por los derechos (expresin, asamblea, asociacin) para

la defensa de los derechos. Pero tambin son fundamentales para los principios de lademocracia. Esta concepcin destruye el dualismo rgido de la moralidad y la poltica, dela sociedad civil construida como una esfera privada no poltica y del Estado construidocomo el nico lugar legtimo de la poltica. Tambin acaba con la concepcin utilitaria delproceso democrtico. Aunque los derechos individuales a expresarse, reunirse en asamblea yasociarse, son la precondicin para institucionalizar los espacios pblicos dentro de lasociedad civil, el principio que los anima es profundamente poltico: es el propio principio de lalegitimidad democrtica.

LA TEORA DEMOCRTICA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL

La teora democrtica radical procede de los principios de la legitimidad democrtica,en vez de partir de la idea de los derechos individuales contra el Estado. Esta tradicinse niega a abandonar las normas democrticas utpicas de la participacin directapor los ciudadanos en la vida pblica, a favor de modelos de lite "ms realistas" de lademocracia, complementados por catlogos de derechos individuales. Asume lasegunda idea utpica de la sociedad civil: articular un acuerdo institucional queconvertir en realidad los principios clsicos de la ciudadana sobre bases igualitarias,modernas, esto es, la participacin de todos en el gobierno y en el ser gobernados.

Las preguntas que enfrentamos son: qu papel, si es que hay alguno, tendra ladesobediencia civil en una democracia constitucional "casi democrtica"? y qu

constituira un argumento democrtico a favor de la desobediencia civil? Habraincluso necesidad de desobediencia civil en un modelo democrtico radical de la sociedadcivil?, no es ste solamente un problema liberal?

Como en el caso de la teora liberal, podemos identificar dos orientacionesgenerales dentro de la tradicin democrtica radical: la primera tiende a rechazar ladesobediencia civil en un sistema de organizacin poltica "casi democrtica"; lasegunda la justifica sobre la base de las normas democrticas. Veamos cada una porseparado.

La formulacin ms influyente del ideal democrtico radical de la democraciaparticipativa es la de Jean-Jacques Rousseau. La solucin clsica de Rousseau al problemade la obligacin moral del ciudadano a obedecer las leyes tiene la siguiente estructura:

en una sociedad democrtica, bajo el gobierno de la ley, los ciudadanos no estn sujetos auna voluntad extraa, sino que slo se obedecen a s mismos. Como resultado, toda

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persona es a la vez ciudadano y sbdito. El conflicto entre el ciudadano (interesado en

el bien pblico) y el ser propio (que busca la felicidad privada), se convierte en algointerior. La obligacin moral del ciudadano a obedecer la ley se deriva a la vez de unsupuesto consentimiento, y del hecho de que la brecha entre el gobernante y el gobernadoha sido abolida. Todo ciudadano se ha convertido en un legislador por medio de un acuerdoinstitucional que crea una identidad entre el gobernante y el gobernado. As, unciudadano que se niega a obedecer la voluntad general, a la ley, o est equivocado o esun egosta y debe obligrsele a que sea libre.

Siempre ha existido ambigedad en la versin de Rousseau de la teora democrticaradical: es la voluntad general obligatoria porque es justa (porque expresa el intersgeneral o el bien comn) o porque es la voluntad del pueblo? Para nuestros propsitos,ambas alternativas son problemticas. Trataremos de la segunda respuesta porque

influye ms de cerca en nuestro problema y tiene la relacin ms clara con el modelo procesal de legitimidad democrtica. La concepcin de Rousseau de la legitimidaddemocrtica est guiada por el principio de que todas las decisiones que tienenconsecuencias polticas deben estar relacionadas con la formacin discursiva de lavoluntad del pblico ciudadano. Rousseau traduce este principio directamente en el problema de la adecuada organizacin de la soberana. Una forma de organizacin poltica democrtica, o proporciona la participacin directa de los ciudadanos en latoma de decisiones polticas, o no es democrtica. Se supone que las normas delegitimidad democrtica pueden ser plenamente institucionalizadas en una comunidadbien organizada polticamente. Pierden su carcter contrafctico en la medida en quese postula una identidad entre gobernante y gobernado,entre norma y organizacin.71

El ideal de Rousseau de la democracia participativa se conceptualiza en unmodelo institucional que tiene la finalidad de sustituir (en vez de complementar) a lainstitucin burguesa, no democrtica, del parlamento representativo. De hecho, alinsistir en una identidad entre el gobernante y el gobernado, se ha eliminadoautomticamente el potencial democrtico de cualquier versin del principio derepresentacin (por ejemplo, un consejo de consejos), porque la representacin siempreimplica una distancia entre los representantes y los representados. La nica excepcin esla identificacin mstica de la voluntad general con las posiciones a las que llegan losrepresentantes. Por implicacin, las presuposiciones estructurales de la democracia parlamentaria la separacin del Estado y la sociedad civil, de lo pblico y de lo privado y el nfasis en los derechos individuales son consideradas como fuente deenajenamiento poltico.72 Desde este punto de vista, no hay ninguna diferencia si el tericoretorna a un modelo idealizado de la polis griega (Arendt), a la antigua

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tradicin republicana medieval (Rousseau), o a las nuevas formas de democracia directa generadas

dentro del medio del movimiento de los trabajadores y generalizadas como un principioorganizacional para la sociedad como un todo (el comunismo de consejos, el sindicalismorevolucionario). En cada caso, se supone que slo un nico principio organizador para todaslas instituciones sociales, polticas y econmicas puede llevarnos a la utopa democrtica.

Debe quedar en claro que el modelo de Rousseau de la democracia radical (juntocon los modelos neoaristotlico y socialista) tiene un telos de desdiferenciacin. Tiende afusionar la moralidad y la poltica en una concepcin de la virtud cvica que no da lugar adesafiar lo que colectivamente ha sido considerado como surgido de un punto de vistamoral. La sociedad civil y la sociedad poltica tambin se han fusionado. La desobediencia ala voluntad general o al consenso existente sera injusta y antidemocrtica porque nohay ninguna moral fuera de la virtud cvica o del bien comn. En otras palabras, en una

democracia constitucional casi democrtica, donde el principio procesal del gobierno dela mayora est basado en una discusin abierta, total, no excluyente y en la participacinde todos los interesados en los debates pertinentes; casi no habra lugar o justificacin paralos actos de desobediencia civil, es decir, para los desafos a las leyes a las que se ha llegadopor medio de procesos democrticos o para los actos que ignoran este proceso.

La nica justificacin concebible para la desobediencia civil (en esa forma deorganizacin poltica) sera la de que se haya introducido alguna forma de exclusin.Uno puede afirmar que las instituciones no son suficientemente democrticas, que se hasilenciado la voz de un grupo, que se ha prestado insuficiente atencin a los argumentos deuno, y as sucesivamente. Pero siempre se podra hacer la afirmacin de que lasinstituciones de una democracia participativa radical no son lo suficientemente

democrticas. Reconocer esto, sin embargo, sera reintroducir una diferencia entre el locus dela legitimidad y la organizacin de la soberana, entre el gobernante y el gobernado, entreel representante y el representado, y entre la sociedad civil y la sociedad poltica precisamente la brecha que los demcratas radicales buscan cerrar.

Un demcrata real tendra que ir ms all y reconocer que la democracia nunca puedeser totalmente institucionalizada.

13No puede haber ningn punto en el tiempo en el cual

uno pueda relajarse y decir que hemos llegado a una institucionalizacin procesalperfecta de los principios de la legitimidad democrtica. Al igual que el principio de losderechos, la democracia debe verse como una vent a faire, un proceso de aprendizaje,sin importar qu arreglo institucional haya logrado el sistema de organizacin poltica.Toda forma organizativa emprica de la democracia tiene

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mecanismos excluyentes: la democracia representativa moderna disminuye la importancia

de aquellos que no son miembros de asociaciones voluntarias fuertes o de partidos; lademocracia directa excluye a todas las personas inactivas polticamente que no buscanla felicidad pblica ante todo; la democracia territorial discrimina a los productores; lademocracia industrial, a los consumidores. El federalismo aumenta la importancia de losmiembros dbiles de la federacin al costo de los individuos y grupos que disientendentro de cada unidad miembro. La democracia centralizadora no proporciona ningnincentivo para que se formen unidades auto-gobernadas potencialmente importantes.Adems, ninguna combinacin de estos principios dejara fuera del todo a la exclusin.Argumentamos en cambio por una pluralidad de formas democrticas como lainstitucionalizacin ideal de una sociedad civil moderna, pero nuestro punto es que inclusosi nos moviramos en esta direccin, todava tendramos que distinguir entre los

principios normativos de la legitimidad democrtica y el problema de la organizacin dela soberana, de tal manera que el primero pueda funcionar como un punto de referenciamoral desde el cual sea posible criticar a esta ltima.

El segundo enfoque es el de dos de los mejores tericos contemporneos de lalegitimidad democrtica, Hannah Arendt y Jrgen Habermas. Cada uno ha rechazado laversin de Rousseau de la teora democrtica radical sin abandonar sus idealesnormativos.74 Cada uno de ellos ha ubicado el concepto de la esfera pblica en el centrode su teora poltica. Adems, lo que es interesante, cada uno ha escrito sobre elproblema de la desobediencia civil dentro de la estructura de una teora democrticaque est libre de muchas de las deficiencias del enfoque de la democracia radical.75Resumiremos brevemente sus posiciones y mostraremos cmo ofrecen una

posibilidad de sntesis con lo mejor de la tradicin liberal.Podemos ver los lmites tericos y polticos de las teoras liberales de la desobedienciacivil tan pronto como pasamos a estudiar las teoras que proceden no desde el puntode vista de la ley o incluso de los derechos, sino del de la democracia. Arendt es muyexplcita en este punto; en realidad, sus principales argumentos dependen de ello.Arendt afirma que, a pesar de los esfuerzos por distinguir la desobediencia civil dela objecin de conciencia, el enfoque liberal y principalmente el jurdico no pueden haceresto adecuadamente.76 Cuando los juristas tratan de justificar la desobediencia civilsobre bases morales y legales, construyen el caso a imagen del objetor de conciencia, o delindividuo que pone a prueba la constitucionalidad de una ley. "La mayor falacia en el presente debate (1969) me parece que es el supuesto de que estamos tratando conindividuos que se oponen subjetiva y conscientemente a las leyes y costumbres

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de la comunidad un supuesto compartido por los defensores y por los detractores de la

desobediencia civil.77

El problema es que la situacin del desobediente civil no puede ser anloga a la decualquier individuo aislado, por la simple razn de que el desobediente slo puedefuncionar y sobrevivir como miembro de un grupo.78 A diferencia de los objetores deconciencia que se niegan a obedecer una ley especfica que viola sus conciencias moralesindividuales, los desobedientes civiles a menudo violan leyes que son en s inobjetables conel fin de protestar por otras leyes, polticas u rdenes ejecutivas injustas. En otraspalabras, un aspecto crucial de la naturaleza poltica de los actos de desobediencia civil y de hecho, lo que los hace polticos para Arendt es que el actor no acta solo.Estamos tratando con una accin colectiva, movimientos sociales, individuos que actancomo partes de una minora organizada, unida por una opinin comn (por encima de

los intereses comunes). Adems, su accin se origina en un acuerdo entre ellos y es esteacuerdo, y no la fibra moral subjetiva del individuo, la que le da credibilidad y conviccin asu opinin.

Entonces, lo que est en juego no es la integridad moral individual o las reglas deconciencia subjetiva (la cuestin de la intencin que motiva a los juristas a distinguirentre esos actos y la criminalidad) sino la legitimidad de la accin poltica ilegal por partede ciudadanos que actan en concierto. As, mientras que la desobediencia civil simplica alguna forma de expresin (aunque est dirigida a las mayoras con el propsitode influir en ellas) tambin es una accin poltica dentro de los espacios pblicos de lasociedad civil, dirigida a influir en los actores de la sociedad poltica. Trasciende los principios de la Primera Enmienda que protegen la libertad de expresin. Segn

Arendt:La desobediencia civil surge cuando un nmero significativo de ciudadanos se ha convencido de quelos canales normales para el cambio ya no funcionan, y que no se escucharn las quejas o no seactuar para resolverlas, o de que, por el contrario, el gobierno est a punto de cambiar y hainiciado y persiste en modos de accin cuya legalidad y constitucionalidad estn sujetas a gravesdudas.79

Esta definicin hace nfasis en el hecho del cambio, en lo adecuado de los canalespara que la sociedad civil influya en la sociedad poltica (y por lo tanto en el Estado) y enlos principios de legitimidad (constitucionalidad) que deben orientar y limitar todas lasacciones estatales.

Arendt tambin quiere situar la desobediencia civil entre la criminalidad y larevolucin abierta, pero, a diferencia del liberal o del jurista, no insiste en la noviolencia como caracterstica distintiva de la desobediencia civil, ni hace nfasis en laviolacin de los derechos individuales. De

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hecho, cita a todo el corpus de la legislacin laboral el derecho a la negociacin colectiva,

el derecho a organizarse y a preparar huelgas como ejemplos de derechos quetendemos a dar por sentados hoy en da, pero que fueron precedidos por dcadas dedesobediencia civil violenta que desafiaba lo que en ltima instancia demostraron ser leyesobsoletas.80 Por tanto, lo especfico de la desobediencia civil debe ser situado en otrolugar. El principal problema que enfrentan las democracias constitucionales es si lasinstituciones de la libertad son lo suficientemente flexibles para sobrevivir la abrumadora presin por el cambio sin una guerra civil o una revolucin. La relacin de ladesobediencia civil con la ley depende de la respuesta a esta pregunta. El punto de Arendtno es afirmar la violencia, porque ve a la violencia como lo contrario de la accin poltica,y la desobediencia civil como accin poltica par excellence. Pero la accin colectiva escompleja; no es el carcter violento o no violento de un conflicto lo que distingue a la

desobediencia civil de la insurreccin, sino ms bien el espritu de la accin y el espritu delas leyes a las cuales est dirigida.La tesis de Arendt es que mientras la desobediencia civil hoy en da es un fenmeno

mundial, su origen y sustancia son estadounidenses. Afirma que ningn otro lenguajetiene un nombre para ella. A diferencia de Dworkin, sin embargo, Arendt no localiza loespecfico del constitucionalismo estadounidense en el principio de los derechosmorales que articula o en un entendimiento legalista de la separacin de poderes. Para ella,el espritu nico detrs de la peculiar concepcin de la ley y del constitucionalismo dela repblica estadounidense es el principio del consentimiento activo, en el sentido deapoyo activo y participacin continua por las personas en asuntos de inters pblico y deinters comn. Adems, el pueblo no se concibe como una masa indiferenciada,

unificada, con una sola voluntad y una sola opinin (Rousseau) sino como debidamenteconstituido en una pluralidad de cuerpos locales, regionales y nacionales polticos (el principio federal de la separacin de poderes) dentro del cual pueden tener voz una pluralidad de opiniones pblicas diferentes. Arendt argumenta que la autoridad y lalegitimidad de la Constitucin estadounidense se basa en el principio del poder del pueblo: elpoder otorgado a las autoridades y al gobierno es limitado, delegado y revocable.

Aqu lo que trata Arendt es conectar la desobediencia civil con las tradiciones de lacultura poltica republicana que subyacen al constitucionalismo estadounidense: latradicin de la asociacin voluntaria, la prctica de establecer vnculos y obligaciones pormedio de promesas mutuas y la tradicin de que los ciudadanos privados se renan yacten concertadamente. "Lo que afirmo es que los desobedientes civiles no son nadams que la ltima forma de la asociacin voluntaria y que estn de acuerdo con lastradiciones ms antiguas del pas."81 El consentimiento, el dere-

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en parte porque ha perdido con el transcurso del tiempo todas las instituciones que permitanla participacin real de los ciudadanos y en parte porque actualmente est afectadogravemente por la enfermedad que padece el sistema de partidos: la burocratizacin y latendencia de los dos partidos a no representar a nadie, excepto a las maquinarias del

partido.85

De hecho, el punto de vista desde el cual critica a las instituciones existentes es un modeloexterno, idealizado, de la democracia directa. Las normas de la legitimidad democrticason trascendentes respecto a los sistemas polticos constitucionales modernos. Deaqu la ambigedad de toda su defensa de la desobediencia civil. Por una parte, pareceproporcionar argumentos convincentes a favor de la normalidad de la desobediencia civilcuando se trata de defender la participacin poltica de los ciudadanos privados en lasociedad civil y de ampliar su influencia sobre la sociedad econmica y la sociedadpoltica; por otra parte, con base en su estructura terica general, parece considerar latradicin de la asociacin voluntaria como un potencial sustituto en vez de la presuposicin societal de las instituciones polticas representativas de los partidospolticos y parlamentos. Despus de todo, la tradicin de los pactos y de la asociacin ala que hace referencia, como argumenta en On Revolution, fue aqulla en que porprimera vez se fundaron las instituciones polticas (la experiencia colonial) y en la que posteriormente fueron recreadas (la experiencia revolucionaria). Para Arendt,constituyen los espacios polticos para la participacin democrtica directa: sonembriones para la reorganizacin futura del sistema poltico alejndolo de los partidosy de los parlamentos hacia alguna clase de modelo de consejos.

No obstante, en su ensayo sobre la desobediencia civil, Arendt redescubre algunas de

las dimensiones centrales de la sociedad civil modernala asociacin voluntaria y losmovimientos sociales a la vez que seala el tipo de accin poltica extrainstitucional yvirtud cvica propias de los ciudadanos privados de una sociedad diferenciada moderna.En este ensayo por lo menos, localiza los principios de la legitimidad democrtica, noel sistema poltico o en el gobierno sino, implcitamente al menos, en la sociedad civilcomo diferenciada de ambos. Adems, su ventajoso punto de vista desde la teorademocrtica y no desde la liberal le permite ver claramente el carcter poltico de ladesobediencia civil, as como su funcin poltica: la desobediencia civil en aras de unademocratizacin adicional de la sociedad civil, del sistema de organizacin poltica y de laeconoma es una accin poltica legtima. Arendt defendera la desobedienciacivilcuyo objetivo es la defensa o la afirmacin de los derechos de la minora o la

democratizacin de la sociedad poltica y (m