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10REPORTAJEJuan Carlos Zavala/Luis Ramírezjc_zd@hotmail.com

Aproximadamente a las 10 de la mañana del vier-nes 7 de marzo, Filadel-fo Sánchez salía de una radiodifusora de Mia-huatlán de Porfirio Díaz,

donde conducía un noticiario matuti-no, cuando dos sujetos se acercaron a él para dispararle en nueve ocasiones, dejándolo muerto en la calle.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Liber-tad de Expresión (Feadle), estima que con Filadelfo Sánchez el número de pe-riodistas asesinados en Oaxaca llegó a cinco en los últimos años, colocando a la entidad entre los estados con mayor incidencia en este tipo de delitos.

Las estadísticas nacionales se actua-lizaron en julio pasado con los asesina-tos del fotoperiodista Rubén Espinosa, corresponsal de Proceso en Veracruz, junto con otras cuatro personas en una colonia del Distrito Federal, y del exco-rresponsal de Televisa, Juan Heriberto Santos, en Orizaba, Veracruz.

Estos crímenes activaron las alarmas ante el alto número de atentados con-tra los periodistas y las condiciones de inseguridad en que muchos ejercen su profesión, mismas que han ubicado a México entre las naciones más peligro-sas para el desempeño del periodismo, incluidos los países donde hay guerra.

Según informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2000 y 2014, 88 perio-distas fueron asesinados; entre 2005 y 2014 se registró la desaparición de otros y entre 2006 y 2014 se registra-ron 41 atentados contra instalaciones de medios de comunicación en 24 en-tidades.

Con el programa contra Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la CNDH recogió 347 expedientes de queja relacionados con agresiones a periodistas y medios de comunicación del 1º de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014.

Nueve de cada 10 agresiones a pe-riodistas quedan impunes porque las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigarlas.

Las cinco autoridades más denun-ciadas como presuntas responsables de este tipo de agravios son la Procuradu-ría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) y las procuradurías estatales de Oaxaca y Veracruz.

Las entidades con más agresiones contra comunicadores son el Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Tamau-lipas y Oaxaca.

La Feadle, dependencia de la Procu-raduría General de la República (PGR),

registró 98 homicidios y 24 desapari-ciones de periodistas de junio de 2000 a junio de 2013. Chihuahua encabeza la lista de asesinatos con 16, seguido de Veracruz con 14, Tamaulipas con 13, Guerrero con 11 y Oaxaca, Sinaloa y Durango con cinco.

Los derechos de los periodistas más vulnerados, según la CNDH, son su se-guridad jurídica, libertad de expresión, integridad y seguridad física, así como sus propiedades patrimoniales.

Mariclaire Acosta, representante de Freedom House en México, en su participación dentro del taller de la De-fensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), aseguró que las agresiones contra periodistas en Oaxaca han aumentado y provienen del Estado, de organizaciones sociales, grupos de poder, caciques y del crimen organizado.

Periodistas sin garantíasSaid Hernández, periodista desde hace más de 20 años, cofundador del Grupo Prensa Oaxaca (GPO) y víctima de una agresión, sostiene que en el estado no existen garantías para ejercer la libertad de expresión. Los datos recabados por su agrupación lo confirman: la entidad ocupa el tercer lugar nacional en agre-siones y el octavo en homicidios contra periodistas.

PERIODISMOUN OFICIO DIFÍCIL

OaxaCa, UNO De LOs estaDOs más PeLIgrOsOs Para reaLIzarLO

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11REPORTAJE

Juan Carlos Zavala/Luis Ramírezjc_zd@hotmail.com

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1212 reportaje

Hay casos en que a la impunidad se suma la complicidad, como lo que su-cedió con las compañeras triquis de una radio comunitaria y el reciente caso de un compañero en Tuxtepec. Las inves-tigaciones aún no concluyen y, por lo tanto no se puede aportar una “verdad histórica de lo que realmente sucedió”, aunque sí presumir impunidad.

“Hay una doble impunidad –agrega– porque el servidor público no hace bien su trabajo, miente y no actúa conforme a la ley a fin de beneficiar a los respon-sables de esas agresiones y crímenes contra los periodistas”. Lamentable-mente, dice, no existen herramientas de defensa contra las agresiones cotidianas hacia los comunicadores. La mayoría de estas acciones son a políticos de par-tidos y funcionarios del sector público.

Al igual que otras organizaciones de reporteros en el estado, el GPO presen-tó una iniciativa de Ley de Protección a periodistas. El dirigente del GPO afir-

ma que la falta de protección a perio-distas, además de los intereses políticos de Estado, se debe a la oposición de algunas organizaciones de propietarios y directivos de medios de comunica-ción; y éstos se oponen, explicó, porque piensan que una ley en este sentido iría “encaminada a exigir derechos labo-rales, lo que es falso, porque sabemos que existe la Ley Federal del Trabajo, que incluye todos esos derechos, y la legislación que proponemos busca dig-nificar nuestra profesión y, sobre todo, establecer mecanismos de protección como los que ya contiene la Ley Fede-ral de Protección a Periodistas”.

Said Hernández fue agredido el 24 de junio de 2012 y aunque la averi-guación previa está abierta, las inves-tigaciones judiciales están viciadas de origen y el proceso está prácticamente paralizado con el argumento de que no ha sido localizado el vehículo de los agresores.

Para Paulina Ríos, dirigente del GPO, el ejercicio del periodismo en Oaxaca es muy difícil porque “en cuan-to empiezas a pisarle los callos a los partidos políticos y a las organizaciones sociales o a los maestros, te tachan de que no dices la verdad y de manera en-cubierta se dan muchas agresiones, so-bre todo contra las mujeres, quienes so-mos más vulnerables que los hombres. Es bastante difícil ejercer la profesión en Oaxaca. Ya hemos visto homicidios, agresiones físicas, agresiones veladas. Hay de todo. Hay una libertad de ex-presión a medias”, puntualizó.

Periodismo-política, relación perversaEn la jornada Periodismo, Ética y Po-der, Pedro Matías, corresponsal de Pro-ceso en Oaxaca y cofundador de GPO, presentó la ponencia Pervertida rela-ción Medios-Poder Gubernamental, en la que sostuvo que salvo excepciones,

Armando Saldaña, periodista asesinado en los límites de Oaxaca y Veracruz.

Es bastante difícil ejercer la profesión

en Oaxaca. Hay agresiones de todo

tipo.

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1313reportaje

el papel de los medios de comunicación en Oaxaca es de complicidad con el po-der económico y político, pues a la gran mayoría de los propietarios lo que me-nos les importa es la interlocución con la sociedad.

Este problema lo sufre el gremio pe-riodístico porque “debido al canibalis-mo omnipresente nos convertimos en el ajonjolí de todos los moles y asumimos la defensa de todos los casos y permiti-mos la explotación laboral”.

Matías precisó que los periodistas carecen de los mínimos derechos labo-rales y sociales –entre ellos el del Segu-ro Social–, perciben salarios miserables y se conforman con que les den una credencial para “asaltar con grabadora en mano”.

“De esta situación se aprovechan los políticos y los gobernantes para comprar, sobornar o someter a un sec-tor de la prensa a través del ‘chayote’ o el ‘embute”, explica Matías. En tanto que las grandes tajadas de dinero se las embolsan los dueños de las empresas o mercenarios del periodismo que se han enquistado en el gremio para enrique-cerse. Muchos de esos medios despa-recerían si el Gobierno les retirara la publicidad, porque dependen casi en un 90 por ciento del presupuesto público para circular o mantener medios elec-trónicos. Considero que mientras no empecemos por respetarnos a nosotros mismos, no podremos exigir respeto de las autoridades y la clase política”, añade.

Policías-periodistas y periodistas-espíasOtro de los fenómenos que afectan al ejercicio del periodismo en Oaxaca es la infiltración de policías de la Secre-taría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Policía Federal (PF), de la PGR, del Ejército Mexicano, la Agen-cia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Centro de Investigación de Segu-ridad Nacional (Cisen) en los medios

de comunicación. Incluso existen pe-riodistas con muchos años de ejercicio que son cooptados como “orejas” de diversas instituciones gubernamentales y periodistas que prestan servicios de información confidencial al Gobierno. A éstos se suman, por supuesto, los po-líticos que incursionan en el periodismo como articulistas.

“Con esto no quiero limitar la liber-tad de expresión, pero si es necesario poner los puntos sobre las íes, porque cuando existe un agravio contra algún compañero o compañera con una dua-lidad laboral hay que saber diferenciar quién se dedica al 100 por ciento a este oficio y quién se camufla para pasar re-portes a la policía o a quien le pague más”.

DesuiniónAbraham Cruz García, expresidente de la Asociación de Periodistas de Oaxa-ca (APO), asegura que la desunión que prevalece en el gremio contribuye en gran medida a los problemas que los periodistas tienen para ejercer su pro-fesión.

“Siempre ha sido así, ha habido mu-cho ego de por medio y que ahorita de-beríamos irlo dejando poco a poco para poder unirnos y hacer frente a todas estas agresiones, porque finalmente de manera individual no se va a poder ha-cer nada; necesitamos hacerlo en gru-po. Una recomendación ahora es tra-bajar en grupo, sobre todo cuando son temas bastante delicados; porque eso nos da fortaleza, nos ayuda a decirles: no estamos solos”, opina Paulina Ríos.

El presidente de la Unión de Perio-distas de la Información Deportiva de Oaxaca (UPIDO), Víctor Villanueva, comenta que las jornadas sobre perio-dismo han tratado de unificar al gremio para trabajar por el bien común de to-dos y dejar atrás divisiones, posturas de grupo y diferencias ideológicas y políticas.

El director de Noticieros del Grupo

Oro, Humberto Cruz, sostiene que los reporteros han aprendido a ser soli-darios entre ellos y que en momentos difíciles han tenido que unirse even-tualmente para defender y rescatar a reporteros y fotógrafos. Pero, al igual que Víctor Villanueva, considera que en Oaxaca hay libertad de expresión, pero que el ejercicio de ésta no siempre es pleno debido a los intereses políticos y económicos de los medios de comu-nicación, la inseguridad y las propias limitaciones de los periodistas. “En Oaxaca hay libertad de expresión, el caso que es cada quien quiera ejercer-la y sepa buscarla, ya no hay límites ni fronteras, quien tiene algo que decir y lo quiere decir encontrará la manera, si encuentra algún tipo de censura o limi-tación en el medio en que trabaja puede encontrar mecanismos alternos ahora en redes sociales como herramientas diferentes puestas al servicio de la in-formación”, dijo Cruz.

Ley estancadaLas organizaciones de periodistas, ya sea en conjunto o de forma individual, han presentado a la Cámara de Dipu-tados local iniciativas para la promul-gación de una Ley de Protección, pero todas están archivadas desde hace años.

El dirigente de la APO, Abraham Martínez, afirma que la falta interés en legislar sobre esta materia procede fundamentalmente de los legisladores, porque la Cámara de Diputados es la instancia indicada “para ayudarnos y no lo hace”, dice.

Por su parte, Víctor Villanueva dijo que la ausencia de una ley de protec-ción al ejercicio periodístico da pauta para que los políticos, empresarios y la gente de organizaciones sociales agre-dan impunemente a los periodistas. “Muchos se protegen en el fuero o en los grupos de poder para poder agredir, quitar cámaras y secuestrar a periodis-tas sin que haya un castigo real para ellos”, puntualizó.