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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENA CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN NUEVO LEON2014 - 2015
2
Informe elaborado por:
Centro de Derechos Humanos
de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Ave. Ignacio Morones Prieto 1000 Pte. Col. Loma Blanca
Santa Catarina, Nuevo León, México 66354
http://cdh.fldm.edu.mx
Contacto: [email protected]
Facebook: CDHFLDM
Twitter: @CDH_FLDM
Víctor Manuel Pérez Cobos Director del Centro de Derechos Humanos y Coordinador
Bárbara María Canseco Aldape Carlos F. Torres Vela Felipe de J. García Fernández Mauricio Martínez Garza Asistentes de Investigación
Sofía Martínez Guzmán Diseño Editorial
Fotografía de portada obtenida de la página
iStock by Getty Images.
El contenido de este informe es público y puede ser
reproducido citando la fuente y enviando copia de lo
publicado al Centro de Derechos Humanos.
Febrero de 2016
3
Índice
Justificación ……………………………………………………………………… 4
Metodología ………………………………………………………………………6
Violaciones a la Integridad Personal…………………………………………... 8
Ejercicio Comparativo …………………………………………………………..18
Fallas en el Diseño Institucional y Falta de Voluntad……………………….. 23
Conclusiones ……………………………………………………………………. 30
4
1. Justificación
Actualmente y desde hace varios años, México se enfrenta a una grave crisis
de violencia. La práctica de la tortura ha incrementado desde el 2007, año en que el
fortalecimiento de la delincuencia organizada empezó a causar una crisis en torno a
la seguridad pública. En consecuencia, se implementaron políticas públicas para
enfrentar a la delincuencia organizada y la violencia que conlleva, mismas que
abrieron el camino a la tortura. Las autoridades han recurrido a la práctica de la
tortura para obtener confesiones forzadas, siendo la investigación criminal la
finalidad con mayor incidencia, en la práctica de la tortura en Nuevo León1.
En México existe una incongruencia si observamos el diseño de las
instituciones de seguridad pública y acceso a la justicia desde su gestación, y su
funcionamiento cotidiano. Hay una disensión entre lo que está establecido en el
orden jurídico mexicano y la práctica de funciones. La permisión u omisión por
parte de las autoridades responsables de las principales agencias y secretarías de
seguridad del Estado han propiciado prácticas que atentan en contra de la
dignidad humana. Han sido numerosos los llamados de la Comunidad
Internacional, a través de organismos internacionales, a abolir semejantes prácticas.
El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes de la Organización de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez fue
invitado por el Estado Mexicano a realizar una visita, que se llevó a cabo del 21 de
abril al 2 de mayo de 2014. Dicha visita consistió en acudir a 4 entidades
federativas, entre ellas Nuevo León. Cabe recalcar, que después de haber sido
invitado, al Señor Méndez le fue negado el acceso a las instalaciones de la Agencia
Estatal de Investigaciones (en adelante AEI) de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Nuevo León (en adelante PGJNL o Procuraduría).
Al haber concluido su visita el Relator Especial realizó un informe sobre la
situación de la tortura en el cual llega a la conclusión de que “la tortura es
generalizada en México”2. Señaló que las autoridades que practican la tortura son
principalmente las policías municipales, estatales y federales, así como los agentes
ministeriales estatales y federales y las fuerzas armadas. Es decir, la tortura,
básicamente, es practicada por todos los niveles de gobierno. Éstos practican la
tortura y los malos tratos principalmente en el tiempo que transcurre entre la
1 Amnistía Internacional. “Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas: Tortura y maltrato en México.” Oct. 2012, AMR 41/063/2012, pp. 2-3. Disponible en línea: Autor <http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/24106312.pdf>. 2 Consejo de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas. “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.” Dic. 29, 2014. Disponible en línea: ONU Asamblea General <http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/G1425291.pdf>.
5
detención y la puesta a disposición de la autoridad judicial, del “presunto culpable”
(a pesar de existir como principio constitucional la presunción de inocencia).
Adicionalmente, el señor Méndez expone la tendencia de detener para investigar
que existe en México, en lugar de la de investigar para detener, lo cual implica que
las víctimas que son detenidas arbitrariamente, a su vez son propensas de ser
sometidas a tratos crueles o tortura con la finalidad de extraer confesiones.
Dicha práctica no sólo es contraria a la dignidad humana y a los valores
básicos de las sociedades americanas, sino que representa una clara violación del
marco jurídico mexicano y de las obligaciones internacionales adquiridas por el
Estado Mexicano.
En relación a la obligación general de garantía, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos señaló en la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores
vs. México que:
“el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia.”3
Por lo tanto, el Estado como garante de derechos, debe prevenir que éstos
sean vulnerados; debe investigar las conductas – ya sean acciones u omisiones –
que los vulneren, debe sancionar a quienes hayan materializado dichas conductas
con penas justas y proporcionales y debe reparar íntegramente a las víctimas de
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Como ya se mencionó en el informe sobre la situación de la tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes en Nuevo León de 2013, realizado por el
Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad Libre de Derecho de
Monterrey, el principal problema con este grave aumento en el uso de la tortura
como parte de la política de seguridad del estado, radica en la dificultad de su
documentación. Tal como lo sostuvo Amnistía Internacional:
“Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. Esta dificultad se debe en parte al endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian muchos menos casos de los que realmente se producen”4.
3 CorteIDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220. Párr. 134. Disponible en línea: Autor < http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf>. 4 Amnistía Internacional. “Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas: Tortura y maltrato en México.” Oct. 2012, AMR 41/063/2012, pp. 2-3. Disponible en línea: Autor <http://www.amnistia.org.ar/sites/default/files/24106312.pdf>.
6
El presente informe representa un intento del CDH, de aportar un
diagnóstico claro, aunque inevitablemente parcial, sobre la situación de la tortura y
otros malos tratos en el Estado de Nuevo León, México. El lector podrá identificar
que faltan respuestas para algunos de los cuestionamientos que aquí se plantean.
En el CDH creemos que hace falta un debate amplio e incluyente para encontrar
soluciones reales. Deseamos que con este informe se logren identificar
problemáticas concretas en un contexto específico. Sólo estableciendo las
preguntas es que podremos sentarnos a buscar las respuestas.
2. Metodología utilizada
Este informe sobre tortura y otros malos tratos en el Estado de Nuevo León
toma como insumo principal las recomendaciones emitidas en los años 2014 y 2015
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León5 (en adelante CEDHNL
o Comisión), mismas que se encuentran publicadas en su página web.
En esta ocasión, hemos decidido analizar conjuntamente las
recomendaciones tanto de 2014 como las de 2015. Esto, para hacer un ejercicio
comparativo entre el funcionamiento del sistema inquisitorio tradicional y el sistema
penal acusatorio que, durante dicho periodo, estuvo en proceso de implementación
en el Estado de Nuevo León6.
Dichas recomendaciones dan un total de 116 correspondientes al 2014 y 79
correspondientes al 2015. El trabajo consistió en depurar aquellas que no se
referían a vulneraciones al derecho a la integridad personal, y a partir de ahí,
sistematizar la información de aquellas que acreditan violaciones a dicho derecho.
El presente informe muestra las estadísticas más relevantes que se
obtuvieron del estudio de las resoluciones de la CEDHNL.
Debemos establecer como presupuesto que la CEDHNL tiene la facultad de
dictar acuerdos, en el curso de las investigaciones que realice, las cuales serán
obligatorias para las autoridades que deban comparecer o aportar información.
Cuando el asunto no se resuelva por vía conciliatoria, se iniciarán las investigaciones
5 La CEDHNL fue creada por una ley emitida en el año 1992, en donde se estipula que ésta será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá como función proteger la integridad de los derechos humanos reconocidos por el ordenamiento jurídico estatal, que en el ejercicio de sus atribuciones cometan o puedan cometer las autoridades estatales o municipales. 6 En el sistema tradicional, la confesión contaba con valor probatorio incluso sin la presencia del Juez, por lo que era legalmente posible presentarse como prueba, una confesión obtenida bajo tortura. Actualmente, bajo el sistema penal acusatorio, dicho elemento probatorio ya no es válido, de conformidad con el principio de inmediación, sin la presencia del Juez, es decir, la declaración inculpatoria debe ser rendida ante el Juez para que tenga valor probatorio pleno.
7
del caso, para cuya realización podrá pedir a las autoridades la rendición de
informes o documentación necesaria, a practicar las visitas e inspecciones que
estime pertinentes por sí o por medio del personal técnico o profesional bajo su
dirección, citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos y a
efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor
conocimiento del asunto.
Concluidas las investigaciones, la Comisión formula un proyecto de
recomendación, en el cual se analizan los hechos denunciados o reclamados, los
argumentos y pruebas presentadas por las partes, así como los elementos de
convicción y las diligencias practicadas de oficio, a fin de determinar si las
autoridades y servidores públicos contra los cuales se han presentado las quejas
han violado los derechos humanos de los afectados.
Dichas recomendaciones son autónomas y no tienen carácter imperativo para
la autoridad o servidor público a los cuales se dirija. Es por ello que el lector podrá
identificar una importante discordancia entre el número de recomendaciones
emitidas por la Comisión y la cantidad de investigaciones iniciadas por la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Es importante aclarar que no todas las recomendaciones analizadas
documentan hechos que constituyan tortura, sino que el informe incluye también
otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como meras
afectaciones a la integridad física.
En primer lugar, se identifican los casos en donde fue posible acreditar
tortura. Se presentan los métodos principales de tortura utilizados, así como las
finalidades con las que fueron cometidos dichos actos. Además se presentan datos
sobre la incidencia de autoridades involucradas en los hechos, con la finalidad de
identificar a las instituciones que más vicios presentan en sus actuaciones. Después
se realiza un recuento de los demás casos donde se configuraron violaciones a la
integridad personal, pero sin acreditar tortura. Se presenta un desglose de los
distintos tipos de conductas que la CEDHNL acreditó como violación a la integridad
personal.
En un esfuerzo por comprender la situación general de la tortura y otros
malos tratos en Nuevo León, se hace también un ejercicio comparativo entre las
estadísticas reflejadas en las recomendaciones de la CEDHNL y la cantidad de
investigaciones iniciadas por probables hechos de tortura, por la Procuraduría.
8
Finalmente, el informe se dedica a identificar las fallas del diseño institucional
que propician las violaciones a la integridad personal, así como las situaciones en
donde se identificó una falta de voluntad por parte de las autoridades competentes
para prevenir, investigar y sancionar la tortura.
3. Violaciones al derecho a la integridad personal
De conformidad con el método utilizado por la CEDHNL, las violaciones al
derecho a la integridad personal se subdividen entre:
A) Hechos que constituyen tortura;
B) Hechos que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y
C) Hechos que, sin constituir ninguna de las dos anteriores, constituyen
afectaciones a la integridad física.
A pesar de que el presente informe no tiene como finalidad aportar un
estudio conceptual de fondo, a continuación se presenta, como presupuesto para el
resto del documento, lo que de forma general se entiende por cada una de las
formas de vulneración del derecho a la integridad personal.
TORTURA
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos7 (en adelante Corte Interamericana o Corte IDH), los elementos
constitutivos de la tortura son:
a) un acto intencional;
b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y
c) que se cometa con determinado fin o propósito.
En este sentido, puede entenderse como todo acto realizado intencionalmente a
una persona que cause penas o sufrimientos graves, físicos o mentales, usados
con la finalidad de obtener información en una investigación criminal, como
medio intimidatorio, como castigo a su persona, como medida preventiva, o por
razones que se basen en cualquier tipo de discriminación.
TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES
7 Corte IDH. Caso Rosendo Cantú Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. Párr. 110.
9
Pueden entenderse como aquellas conductas que impliquen afectaciones físicas o
psicológicas a la integridad de una persona, que sean calificadas como ilegítimas,
sin que lleguen a constituir tortura, por la ausencia de alguno de sus elementos
constitutivos, principalmente, atendiendo al grado de afectación del bien jurídico
protegido8.
En este sentido, la diferencia entre la tortura y otros malos tratos será una
cuestión de grado. Así, por ejemplo, en el caso Caesar v. Trinidad y Tobago la
Corte IDH determinó que un Estado Parte de la CADH “tiene una obligación erga
omnes de abstenerse de imponer penas corporales, así como de prevenir su
imposición, por constituir, en cualquier circunstancia, un trato o pena cruel,
inhumano o degradante”9.
INTEGRIDAD FÍSICA
Existen afectaciones al derecho a la integridad personal que no cumplen con los
elementos de la tortura, ya antes expuestos, sin embargo, no dejan de constituir
un detrimento al bienestar físico. La Corte Interamericana ha sostenido en
reiteradas ocasiones que algunas afectaciones a la libertad de una persona
pueden traducirse a su vez en violaciones a la integridad personal de la misma. En
el caso Bámaca Velázquez v. Guatemala, la Corte IDH determinó que “una
persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de
vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros
derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad”10.
A. Tortura
La página web de la CEDHNL muestra un total de 116 recomendaciones
emitidas durante el año 2014. De esas 116 recomendaciones, 80 corresponden a
alguna forma de violación a la integridad personal, es decir el 68.9% de las
resoluciones emitidas por la Comisión se refieren a hechos relacionados con
afectaciones a la integridad personal.
8 Carmona Tinoco, Jorge Ulises. “La responsabilidad estatal internacional por la incidencia de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que no constituyen tortura”. Temas de Derecho Procesal Penal de México y España. Cienfuegos Salgado, David; Natarén Nandayapa, Carlos F. y Ríos Espinosa, Carlos (coord.). México, UNAM, 2005, p. 482. 9 Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123. Párr. 70. 10 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Párr. 150.
10
Ahora bien, de las 80 recomendaciones que se refieren a la integridad
personal, la CEDHNL documentó 28 casos de tortura, los cuales incluyen un total
de 66 víctimas directas, cometidos por autoridades estatales o municipales. La
proporción de los casos en los que se documentó tortura resulta elevada y
alarmante puesto que el 35% de los casos de violaciones a la integridad personal
involucra actos de tortura.
Durante el año 2015, la CEDHNL emitió un total de 79 recomendaciones de
las cuales 31 corresponden a alguna forma de violación a la integridad personal, es
decir el 39% de las resoluciones publicadas por la Comisión se refieren a hechos
relacionados con afectaciones a la integridad de las víctimas.
De esas 31 recomendaciones, la CEDHNL documentó 10 casos de tortura,
que incluyen un total de 18 víctimas directas, cometidos por autoridades estatales o
municipales. Es decir, el 32% de los casos que tratan sobre la integridad personal
de las víctimas involucran la práctica de tortura, porcentaje similar al de 2014.
A continuación se muestran las víctimas de tortura identificadas en las
recomendaciones de la CEDHNL. Del lado izquierdo se muestra el año en que fue
cometida la violación.11
Métodos de tortura utilizados
Los métodos utilizados para practicar la tortura varían. El párrafo 145 del
Protocolo de Estambul, que es empleado por el personal de la CEDHNL en la
investigación y documentación de casos de tortura, contiene una lista de métodos
11 El año en el que se emite la recomendación no necesariamente será la misma del año en la que se cometió la violación.
Año Número de víctimas de tortura
2010 2
2011 10
2012 4
2013 29
2014 10
2015 1
11
comúnmente usados.12 De conformidad a dicha lista, los mecanismos identificados
son los traumatismos causados por golpes, quemaduras, choques eléctricos, asfixia
con métodos húmedos y secos, violencia sexual, lesiones penetrantes por herida de
bala y la privación de la estimulación sensorial normal mediante vendaje en rostro.
Es importante hacer notar que de todas las quejas por tortura u otros malos tratos
reportados dentro de las recomendaciones del 2014 y 2015, sólo se aplicó el
dictamen médico y psicológico según el protocolo de Estambul a 57 víctimas de un
total de 251.
La siguiente tabla y sus respectivas gráficas muestran, del total de casos
documentados, la frecuencia de cada uno de los métodos utilizados. Existen
recomendaciones donde la CEDHNL documentó la utilización de más de un
método de tortura, por ello, la suma de las frecuencias de utilización no coincide
con el total de casos de tortura.
Método de tortura Frecuencia de utilización
2014 2015
Traumatismos causados por golpes 29 10
Asfixia con métodos húmedos y secos
Asfixia con agua
Asfixia con bolsa de plástico
Total
6
8
17
1
6
7
Choques eléctricos 13 4
Privación de la estimulación normal 11 6
Violencia Sexual 2 1
Quemaduras 1 1
12 Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
12
Dicha información nos permite concluir que los métodos más practicados,
tanto en el 2014 como en el 2015 son los traumatismos causados por golpes, la
asfixia, los choques eléctricos y la privación de la estimulación sensorial normal.
Finalidades de la tortura
Existen dos tratados internacionales que tratan específicamente sobre el
tema de tortura; México ha ratificado ambos. La Convención contra la Tortura y
13
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante “CAT”), y la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante
“CIPST”), confieren que uno de los elementos constitutivos de la tortura es la
existencia de un determinado fin o propósito, sin embargo, cada tratado define las
finalidades de distinta manera, como se puede apreciar a continuación:
FINALIDAD COMO ELEMENTO DE LA TORTURA
CAT CIPST
FINALIDAD ! Obtener información o
una confesión;
! Castigar a una persona
por un acto que haya
cometido, o se
sospeche que ha
cometido;
! Intimidar o coaccionar
a una persona; y
! Por cualquier razón
basada en cualquier
tipo de discriminación.
! Con fines de
investigación criminal;
! Como medio
intimidatorio;
! Como castigo
personal;
! Como medida
preventiva;
! Como pena; o
! Con cualquier otro fin.
De conformidad con lo anterior, la siguiente tabla muestra las finalidades con
las que se cometió la tortura, en los casos que la CEDHNL documentó en el 2014 y
en el 2015. Nuevamente, hay casos en los que coexistía más de una finalidad, por
lo que la suma del total de frecuencias es mayor al número de casos
documentados.
Finalidad de la tortura Número de Casos
2014 2015
Investigación criminal 59 25
Castigo personal 4 2
14
Humillación y/o intimidación 1 1
Otros 16 3
No especificado 1 0
Como se desprende de los números contenidos en la tabla anterior, es
sumamente claro que la finalidad más común es la investigación criminal, lo que se
vincula con lo que el Relator Especial Juan E. Méndez observó, en relación a que en
México existe una tendencia de detener para investigar en lugar de investigar para
detener.
Autoridades que cometen tortura
Consideramos que uno de los aspectos más importantes de la práctica de la
tortura es la determinación de las autoridades perpetradoras, debido a que el
enfoque del presente informe es destacar el mal diseño institucional en la
investigación y sanción de la tortura. Después de haber analizado las
recomendaciones emitidas por la CEDHNL, tanto de 2014 como de 2015, las
estadísticas de incidencia, en relación a las autoridades que practican la tortura en
Nuevo León son las siguientes:
Autoridad Número de casos
2014 2015
Procuraduría General de Justicia 37 20
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Estado 13 NA
Secretaría de Seguridad Pública del Estado – Fuerza Civil 11 6
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio
de San Pedro
2 0
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio
de Escobedo
3 0
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio 4 1
15
de Guadalupe
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del munipio
de Monterrey
3 4
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, Tránsito del
municipio de San Nicolás
2 1
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección
Civil del municipio de Santiago
1 0
Las siguientes gráficas
también muestran el número
de casos en los que las
distintas autoridades fueron
responsables de violar la
integridad personal de las
víctimas.
Es indispensable hacer
énfasis en la gran incidencia
de casos tanto de tortura
como de tratos o penas
crueles, inhumanos o
degradantes en los cuales la
autoridad responsable es la
Procuraduría General de
Justicia del Estado, a través
de los elementos de la AEI y
de la Unidad Especializada
Antisecuestros. Como se
comentará más adelante, el
protagonismo de la
institución pública encargada
de la investigación y
persecución de los hechos
16
delictivos en la incidencia en la práctica de la tortura, tiende a promover, por un
lado, la falta de denuncias por parte de las víctimas, y por otro lado, la deficiencia
en la diligencia de la investigación, provocadas por la falta de independencia e
imparcialidad en la misma.
B. Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (malos tratos)
La CEDHNL emitió en 2014, 62 recomendaciones acreditando tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, con un total de 108 víctimas directas. Del total
de víctimas directas, 49 de ellas fueron sujetas a malos tratos provenientes de
funcionarios de la PGJNL, mientras que las secretarías de seguridad pública de la
zona metropolitana de Monterrey (ZMM) intervinieron en los casos de 30 de las
víctimas.
En cambio, en 2015, de las 31 recomendaciones que corresponden a alguna
forma de violación a la integridad personal, 27 acreditaron algunas formas de malos
tratos, contando un total de 49 víctimas directas. La Procuraduría está relacionada
con 30 víctimas de malos tratos, mientras las secretarías de seguridad pública de la
ZMM se ven involucradas en los casos de 17 víctimas.
Sobre las distintas configuraciones de tratos crueles, inhumanos o
degradantes, atendiendo a las consideraciones anteriormente vertidas, la CEDHNL
calificó como alguna forma de maltrato las siguientes situaciones:
Tipo de Trato Casos documentados
2014 2015
Incomunicación prolongada 4 0
Lesiones que no configuran tortura 42 12
Detención ilegal 22 7
Detención arbitraria 31 13
Exhibición del quejoso a medios masivos de
comunicación
1 0
Otros malos tratos 14 6
17
C. Vulneración a la integridad física
En el año 2014, hubo un total de 189 víctimas de violación a la integridad
personal. De esas 189 víctimas, existen algunas que fueron víctimas de más de una
violación, por lo que la suma de las víctimas de tortura, tratos o penas crueles
inhumanos o degradantes y de integridad física no concuerda con el total de 189.
Lo mismo aplica para la información recabada del año 2015, en el cual hubo un
total de 75 víctimas de violación a su integridad personal. Las siguientes gráficas
muestran la cantidad de víctimas de cada práctica, en su respectivo año.
18
De la información mostrada en las gráficas y tablas, se desprende que hubo
una disminución significativa de recomendaciones en el 2015 con relación al 2014.
Los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, siguen representando la
mayor parte de los casos de violación a la integridad personal. Es importante hacer
énfasis en que esto se puede dar en virtud de fallas en los dictámenes médicos y
psicológicos, y por lo mismo es posible una menor cantidad de casos que sean
catalogados como tortura.
Recomendaciones por violación 2014 2015
Tortura
--PGJ
--SSP de los municipios de la ZMM
28
17
32
16
16
2
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
--PGJ
--SSP de los municipios de la ZMM
62
49
30
27
30
17
Integridad Física 20 3
TOTAL de Quejas resueltas 96 44
TOTAL recomendaciones abiertas de oficio 14 1
*Las recomendaciones pueden tener más de una violación dentro del expediente, por lo que puede haber discrepancias entre la suma de las recomendaciones y las dependencias responsables.
4. Ejercicio comparativo
En el 2014, la CEDHNL emitió 116 recomendaciones en total que tratan
sobre violaciones a los derechos humanos. De éstas, 80 se refieren a la integridad
personal y 28 a casos de tortura, las cuales incluyen 66 víctimas de dicha práctica.
No obstante, en el Estado de Nuevo León, los casos estudiados a partir de las
recomendaciones aún no han resultado en alguna imputación ante autoridad
judicial por el delito de tortura. 13
13 El delito de Tortura se encuentra tipificado en el artículo 321 Bis. del Código Penal para el Estado de Nuevo León. El texto normativo en cuestión no abarca la figura de Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes, además de no apegarse a los estándares internacionales en la materia. En 2014 el CDH en conjunto con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) presentó una iniciativa para reformar dicha disposición, de tal forma que se incluyera la figura de malos tratos y se apegara a los estándares internacionales. Dicha iniciativa no se ha debatido en el Congreso local,
19
Para determinar el nivel de cumplimiento por parte de la PGJNL, de las
recomendaciones en casos de tortura, el CDH realizó una solicitud de información
pública a la PGJ en los siguientes términos:
“1.- Número total de denuncias por tortura presentadas en 2013 y 2014 desglosadas por autoridad(es) denunciada(s), género de la presunta víctima, edad de la presunta víctima, fecha y lugar de los hechos.
2. Número total de consignaciones por tortura realizadas en 2013 y 2014, desglosadas por fecha y autoridad(es) denunciada(s).”
La respuesta de la PGJNL develó que en 2014 solamente se iniciaron 3
averiguaciones previas por el delito de tortura, derivadas de denuncias presentadas
directamente ante la Procuraduría, incluyendo en ellas 4 víctimas directas, todas de
género masculino, entre 20 y 35 años. Los hechos presuntamente fueron cometidos
en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Además, se señaló que no había
ninguna persona consignada por los hechos delictivos.
entre otras cosas, debido a que estamos en espera de la aprobación y publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
20
Esto pone en evidencia que las recomendaciones dirigidas y notificadas a la
PGJNL, por parte de la CEDHNL, no están siendo debidamente cumplidas. De 28
recomendaciones que acreditan hechos de tortura, sin contar aquellos que
configuran malos tratos, y que involucran a 66 víctimas directas, la PGJNL no dio
inicio a ninguna averiguación previa o investigación.
Por su parte, en 2015, la CEDHNL emitió un total de 79 recomendaciones de
las cuales 31 corresponden a alguna forma de violación a la integridad personal. De
esas 31 recomendaciones, 10 se refieren a casos de tortura, que incluyen un total
de 18 víctimas directas, cometidos por autoridades estatales o municipales. No
obstante, en el mismo sentido que durante 2014, a pesar de que dichas
recomendaciones fueron notificadas a la Procuraduría, ésta no abrió carpetas de
investigación relativas a las casos de tortura acreditados en las recomendaciones
que se le notificaron.
21
De la información disponible para el CDH, obtenida mediante solicitud de
información dirigida a la PGJNL, del 1 enero de 2015 al 30 de junio del mismo año,
solamente se presentó una denuncia por probables hechos de tortura,
presuntamente ocurridos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. No se
inició ninguna investigación derivada de los hechos acreditados en las
recomendaciones en cuestión, de tal forma que sólo se encuentra abierta una sola
carpeta de investigación.
Ninguna imputación fue realizada por dichos hechos, de tal forma que el
Poder Judicial no conoció de ningún caso relativo a hechos de probable tortura en
todo el año de 2014 ni en la primera mitad de 2015.
Del total mencionado de recomendaciones emitidas por la CEDHNL, resalta
que en 2014, de las 28 recomendaciones de tortura, dentro de esas
recomendaciones, se encuentran 17 quejas por tortura en las cual se señala a la
22
PGJNL como autoridad perpetradora. Por su parte, en 2015, de las 16
recomendaciones de tortura, se señala a la PGJNL como autoridad responsable en
16 quejas por tortura.
La falta de apertura de averiguaciones previas o carpetas de investigación,
representa una falta grave al deber de investigar que tiene el Estado Mexicano.
Esto es así, ya que el delito de tortura es uno de aquellos que se persiguen de
oficio, es decir, que no requiere de la presentación de una denuncia o querella, sino
que la autoridad tiene la obligación de investigar los probables hechos delictivos
por el simple hecho de tener conocimiento de los mismos.
5. Fallas en el diseño institucional y falta de voluntad
El presente apartado representa un intento por demostrar que la falta de
investigación, sanción y reparación de los hechos que constituyen tortura, se deben
a una serie de fallas en el diseño institucional del Estado, así como a una notable
falta de voluntad por parte de las autoridades para cumplir con sus obligaciones
generales de respeto y garantía de los derechos. En este sentido, encontramos por
un lado, defectos propiamente jurídicos y defectos en el entendimiento de las
autoridades ante el marco normativo que los vincula.
En primer término, se identifica como principal problemática, la falta de
investigación de los hechos que constituyen tortura. Esto, a su vez, se vincula con
algunas de las causas que la provocan (falta de denuncias y falta de voluntad), así
como las consecuencias que esto conlleva (ausencia de procesos penales a los
responsables).
En segundo lugar, se plantea el papel que juega y que debería jugar cada
una de las autoridades involucradas. Por un lado, la CEDHNL en su función de
recepción de quejas, apertura de expedientes, investigación y emisión de
recomendación, así como al cumplimiento de las mismas. Por su parte, la PGJNL en
su función de recepción de denuncias, apertura de carpetas de investigación e
imputación de los probables responsables. Y por último, el Poder Judicial
encargado de la sanción de las violaciones en cuestión, así como la orden de
reparar de manera integral dichas violaciones.
23
Falta de denuncias
En México existe un altísimo nivel de impunidad, no sólo en relación a la
tortura. Según distintos informes, la impunidad en México alcanza niveles
superiores al 98%, apenas alcanzando alrededor de 1.5% del total de las denuncias
presentadas (se estima un 20% del total de los delitos cometidos) llegar ante una
autoridad judicial14. Si el 1.5% que logra ser estudiado por un juez se refiere
solamente a las denuncias presentadas ante las autoridades competentes, la
estadística es sumamente preocupante si le sumamos aquellos casos que jamás son
denunciados, ya sea por temor a represalias, falta de confianza en las autoridades
de que hagan adecuadamente su trabajo, u otra variedad de causas.
En lo particular, los casos de tortura poco influyen en el dato antes
mencionado. Esto debido a una marcada tendencia a no denunciar. De las 66
víctimas que se contabilizaron en 2014 y las 18 víctimas que se sumaron en 2015, ni
una sola presentó denuncia penal ante la Procuraduría.
¿A qué se debe la falta de denuncia? Aunque por el momento no se cuenta
con respuestas concluyentes, uno de los motivos que se pueden adelantar se
refiere a la falta de independencia del organismo público encargado de la
investigación del delito.
Después de haber estudiado las recomendaciones de la CEDHNL, tanto de
2014 y 2015, resultó que la autoridad que más practica la tortura es la policía
ministerial de la AEI, dependencia de la PGJNL. Debido a que los que practican la
tortura, son los mismos que están encargados de llevar a cabo las investigaciones
de los casos que fueren denunciados, además de contar con recursos e información
sobre las víctimas (su domicilio, familiares, etc.), éstas prefieren no denunciar por
miedo a represalias por parte de los victimarios. Éste es un factor fundamental que
provoca la falta de denuncia. Como consecuencia, rige la impunidad de las
autoridades que practican tortura.
Por la naturaleza y características de la tortura, particularmente por aparecer
la propia Procuraduría como la autoridad con mayor incidencia en la práctica de la
tortura, resulta inadecuado que sea ésta la encargada de recibir las denuncias e
investigar a los probables responsables. Con mayor razón cuando es dicho
organismo quien deberá hacer la imputación del probable responsable ante
autoridad judicial. 14 Acosta, Mariclaire. “La impunidad crónica de México: Una aproximación desde los derechos humanos”. CDHDF,2011. Pp. 94-95. Ver también Rivera, Marien y Rafael Ch. “Números Rojos del Sistema Penal”. CIDAC, Octubre 2011. Disponible en http://www.cidac.org/esp/uploads/1/CIFRAS.pdf
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En este sentido, al ser el órgano investigador, en muchos de los casos, el
perpetrador, ha derivado también en una incidencia casi nula de denuncias. Del
estudio de las recomendaciones concluimos que la causa principal para un número
tan disminuido, radica en el miedo a la coerción y a las represalias en caso de
denuncias. Esta ausencia de denuncias, deriva en una falta de imputaciones, lo cual
mantiene aislada la posibilidad de iniciar un proceso jurisdiccional y por ende la
interacción con el Poder Judicial.
En relación a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante CIDH) ha reconocido lo dispuesto por la Corte IDH al destacar “la
importancia de que las investigaciones de violaciones de derechos humanos,
además de inmediatas y exhaustivas, sean independientes e imparciales”15. Por su
parte, la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
de Naciones Unidas, ha resaltado la importancia “de garantizar que las y los fiscales
puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e
imparcial”16.
Asimismo, la CIDH en sus informes de país ha señalado que cuando la
Fiscalía o, como en este caso, la Procuraduría depende del Ejecutivo y tiene el
monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la acción penal, se genera “en no
pocos casos, distorsiones, abusos y manipulaciones que no han podido
solucionarse por la vía jurisdiccional”17. Por lo tanto, la CIDH insistió a raíz de su
visita a México en la importancia de “desarrollar la independencia, autonomía e
imparcialidad que debe gozar el Ministerio Público respecto del Ejecutivo”18.
Desde el CDH se percibe que incluso existiendo dicha independencia,
autonomía e imparcialidad del Ministerio Público respecto del Ejecutivo, sin afirmar
que en Nuevo León exista, existen figuras en el diseño institucional que permiten e
incluso promueven la impunidad en casos de tortura. Las figuras de fiscalización
interna con los que cuenta la PGJNL no han sido suficientes para impedir la falta de
15 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 132 y 133 y CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derechos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, diciembre 5, 2013. Disponible en línea: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf 16 Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 26. 17 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derechos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, diciembre 5, 2013. Disponible en línea: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf 18 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derechos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, diciembre 5, 2013. Disponible en línea: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf
25
independencia e imparcialidad al momento de investigar casos de tortura o malos
tratos.
En cuanto a lo anterior, la misma CIDH ha señalado que el sistema de
asignación de casos es un aspecto “de la administración interna de las fiscalías,
defensorías públicas y de los tribunales que impacta en el desempeño
independiente de las y los operadores de justicia y en el acceso a la justicia de las
personas involucradas en los respectivos casos”19. Por su parte, el Relator Especial
de Naciones Unidas ha dispuesto que “el método de asignación es fundamental
para garantizar que se puedan adoptar decisiones de manera independiente”20. En
función de ello, recomendó establecer un mecanismo de asignación que impida la
injerencia interna dentro de la propia entidad de justicia21.
Como se adelantó desde la primera parte del presente informe, no se está
en condiciones de aportar una solución definitiva. Sin embargo, existen distintos
lineamientos que deberían considerarse para la creación de un diseño institucional
adecuado que corte la inercia de la impunidad en casos de tortura y otros malos
tratos.
Presentación de quejas y falta denuncias
Por otro lado, resalta que las víctimas a pesar de no presentar denuncia
penal, sí presentaron, en su mayoría, quejas ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. En este sentido, surge otra interrogante: ¿Qué motiva la presentación de
quejas ante la Comisión, y la omisión de presentar denuncias ante la PGJNL?
19 Al respecto, en relación a jueces y juezas los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura establecen que “[l]a asignación de casos a los jueces dentro del tribunal de que formen parte es asunto interno de la administración judicial”. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, principio 14. En igual sentido, Declaración de Beijing sobre los Principios relativos a la Independencia de la Judicatura en la Región de LAWASIA, Adoptada por los Presidentes de las Cortes Supremas 2 de la región de LAWASIA y por otros jueces de Asia y el Pacífico en Beijing en 1995 y adoptada por el Consejo de LAWASIA en 2001, párr.35: “La asignación de casos a jueces es un asunto de administración judicial cuyo control último debe pertenecer al máximo funcionario judicial del tribunal relevante”. Asimismo, respecto de los fiscales, la Relatora Especial de Naciones Unidas ha señalado que un sistema de asignación de casos independiente e imparcial protege, en ese sentido, a los y las fiscales de las injerencias que puedan proceder de la propia fiscalía. Naciones Unidas. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. A/HRC/20/19, 7 de junio de 2012, párr. 80; y Consejo de Europa, Comité de Ministros. Recomendación Rec (2000) 19 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el papel del Ministerio Público en el sistema de justicia penal. Adoptada por el Comité de Ministros el 6 de octubre 2000 en la 724 ª reunión de Ministros, párr.9. El grupo de expertos consultado por la Comisión en la elaboración de este informe coincidió asimismo, en la importancia que tiene la asignación o retiro de casos para defensores públicos para evitar injerencias indebidas y un menoscabo en la defensa de los casos en virtud de que el defendido tuviera que cambiar constantemente de defensor asignado a su caso. 20 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 46. 21 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 47.
26
En relación a lo anterior, el CDH ha tenido comunicación constante con
funcionarios del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Éstos han señalado
en reiteradas ocasiones que la presentación de quejas ante la CEDHNL y sus
respectivas recomendaciones, más que buscar el acceso a la justicia por los hechos
de tortura, la sanción de los responsables y la debida reparación de las víctimas,
buscan acreditar los hechos con la intención de que la confesión obtenida bajo
tortura sea desestimada en los procesos judiciales que con frecuencia le son
seguidos a las víctimas. Esto explicaría el abultado número de quejas presentadas
ante la CEDHNL, a pesar de la baja estadística en cuanto a la presentación de
denuncias por tortura ante la Procuraduría.
Ahora bien, es fácil identificar los desincentivos por parte del diseño
institucional que promueven la falta de denuncia de las víctimas de tortura. No
obstante, es importante considerar que la CEDHNL tiene facultad de denunciar los
hechos delictivos de los cuales tenga conocimiento, lo cual provocaría la apertura
de investigaciones. Sin embargo, observamos que no existe una sola denuncia
presentada por la Comisión o sus funcionarios a título personal, lo cual eleva
numerosos cuestionamientos acerca de lo establecido en la Ley que Crea la
Comisión Estatal de Derechos Humanos en su numeral 6 fracción IV y los datos que
denuestan una negligencia con respecto a esta función.
Falta de voluntad
A lo que hemos denominado ‘fallas en el diseño institucional’, que impide las
investigaciones de los casos de tortura, se suma la falta de voluntad por parte de
distintas autoridades por asumir la problemática y cumplir con sus obligaciones de
respeto y garantía ante el derecho a la integridad personal.
Como ya se ha mencionado, el CDH solicitó información sobre el número de
denuncias, averiguaciones previas y consignaciones que se han realizado sobre
casos de tortura en el año 2014, así como en la primera mitad de 2015. Según las
contestaciones de las autoridades, en 2014 hubo solamente 3 denuncias de casos
de tortura y por consiguiente, únicamente se iniciaron 3 averiguaciones previas o
investigaciones, aunque no hubo ninguna persona consignada o acusada ante la
autoridad judicial. Las 3 investigaciones iniciadas, frente a los 23 casos de tortura
acreditados por la CEDHNL, evidencian que a pesar de que las recomendaciones
son notificadas a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, no se están
iniciando las investigaciones pertinentes. En cuanto a la primera mitad de 2015, hay
27
constancia de solamente 1 denuncia y por lo tanto 1 averiguación previa abierta, a
pesar de contar 18 casos de tortura, acreditados por la CEDHNL.
La notable contradicción entre la cantidad de recomendaciones en las cuales
la CEDHNL ha reconocido la existencia de tortura, y el número de denuncias,
averiguaciones previas y consignaciones nos indica que Nuevo León no está
cumpliendo con sus obligaciones generales de respeto y garantía, ni sus deberes
específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar, tal como lo dispone la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es así, ya que el delito de
tortura es uno de aquellos que se persiguen de oficio, es decir, que no requiere de
la presentación de una denuncia o querella, sino que la autoridad tiene la
obligación de investigar los probables hechos delictivos por el simple hecho de
tener conocimiento de los mismos.
Como una solución a las fallas en el diseño institucional, algunas
organizaciones civiles han solicitado la creación de una unidad fiscal especializada
en la investigación de tortura. Asimismo, para evitar que la tortura siga siendo
generalizada en México, se ha sugerido crear un Registro Nacional de casos de
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, un Registro de
Detención unificado y un Mecanismo Nacional de Prevención. Aunque desde el
CDH percibimos dichas propuestas como deseables, no se consideran respuestas
definitivas que sean susceptibles de resolver por completo la problemática de
impunidad en casos de tortura.
Conductas deseadas por parte de las autoridades involucradas
En relación a la falta de denuncias por hechos que constituyen tortura o
malos tratos, se han establecido ciertos parámetros con respecto a las conductas
deseadas, o las expectativas puestas sobre las autoridades involucradas, es decir,
de las principales instituciones de seguridad y acceso a la justicia.
Se considera deseable de la Procuraduría se avoque a la creación de una
fiscalía especializada, por medio de la cual se podría desvincular a quienes
investiguen probables hechos de tortura de toda la estructura interna de la PGJNL,
particularmente de la Agencia Estatal de Investigaciones. Esto con la finalidad de
brindar autonomía e independencia a los encargados de investigar los hechos
delictivos en cuestión, así como brindar protección y atención pronta y adecuada a
las víctimas que denuncien hechos de tortura, con el fin de llegar a una plena
reparación.
28
De la Comisión, como mínimo, se considera indispensable que continúe
documentando los casos de tortura que son de su conocimiento. Además, que en
uso de las facultades conferidas por el artículo 6º, fracción XI, ocurra a presentar
denuncia penal por los hechos constitutivos del delito de tortura, ante la PGJNL,
para así lograr dar efectividad al proceso de reparación de las víctimas, y se vuelva
en un auxiliador en el proceso que busca abolir semejantes prácticas. Por otro lado,
se estima pertinente que asuma la responsabilidad de dar seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones que emite en materia de tortura y otros
malos tratos.
La falta de intervención del Poder Judicial ha reducido en un mínimo la
posibilidad de sancionar conductas y malas prácticas institucionales, ya que no hay
sentencias en la materia. Existiendo una carencia de procesos jurisdiccionales, se
inhibe la posibilidad a una reparación integral de las víctimas, el surgimiento de
criterios jurisprudenciales y el desarrollo general de la materia en los Tribunales.
En este sentido, el Poder Judicial es, a nuestra percepción, el que se
encuentra más limitado para allegarse a asuntos en los que existan probables
hechos que constituyen tortura u otros malos tratos. Sin embargo, al momento de
tener conocimiento de estos, se espera que no se limite a estimar o desestimar la
prueba confesional, sino que exhorte a la Procuraduría a iniciar una investigación
independiente e imparcial, separado del proceso de origen por el cual se tuvo
conocimiento de los probables hechos.
Es importante señalar que a finales del año 2015, el Ejecutivo Federal
presentó la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos
de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la cual sigue
sin entrar a discusión en la Cámara de Senadores. Al no existir certeza de lo que se
llegue a aprobar, el presente informe se basó únicamente en el marco normativo
vigente en el periodo de estudio. El CDH confía en que dicho instrumento
constituirá un importante avance en la materia, y espera que éste se apegue a los
más altos estándares internacionales, particularmente en relación a la
independencia e imparcialidad en la investigación de casos de tortura u otros tratos
o penas crueles inhumanas y degradantes.
29
5. Conclusiones
1. Las modificaciones en la forma de investigar que promueve la
implementación del sistema penal acusatorio en México, no ha erradicado por
completo las fallas en el diseño institucional, principalmente por la falta de
independencia e imparcialidad que dicho diseño sostiene.
2. Hubo una disminución de más del 50% de las recomendaciones relativas al
derecho a la integridad personal del 2014 al 2015. Sin embargo, esto no significa
necesariamente que la tortura se haya dejado de practicar en Nuevo León. Esto
debido a que la disminución del número de recomendaciones emitidas puede
responder a un desahogo de rezago de expedientes, disminución de quejas
presentadas ante la Comisión, entre otras causas.
3. El dictamen médico y psicológico especificado en el Protocolo de Estambul
no es utilizado en la mayoría de los casos, lo cual podría tener repercusiones en la
acreditación de la tortura, al distorsionar la manera en las que se catalogan las
violaciones a la integridad personal.
4. La Procuraduría General del Estado es la autoridad con mayor número de
quejas por violación a la integridad de las personas, específicamente elementos
ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones, seguida por las Secretarías
de Seguridad Pública de los municipios. Esto resulta particularmente preocupante,
en virtud de la función de investigación y acusación que ejerce la Procuraduría.
5. Encontramos que la mayor parte de los expedientes abiertos por la CEDHNL
se abren a partir una queja. Consideramos que la Comisión debería de tomar un
papel más activo en la apertura de oficio de los expedientes relativos a casos de
tortura u otro malos tratos.
6. Esperamos que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los
Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, sea
promulgada durante el primer semestre del año, y que se reforme el sistema de
investigación para que las autoridades que investiguen no sean el mismo órgano
que comete la violación.
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ANEXO
Lista de recomendaciones emitidas por la CEDHNL relativas a violaciones a la integridad personal
002/2014
3/2014
4/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
15/2014
16/2014
22/2014
26/2014
27/2014
31/2014
32/2014
38/2014
39/2014
48/2014
49/2014
50/2014
76/2014
77/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014
55/2014
56/2014
57/2014
61/2014
62/2014
63/2014
64/2014
65/2014
66/2014
67/2014
68/2014
73/2014
74/2014
75/2014
78/2014
79/2014
80/2014
81/2014
82/2014
83/2014
84/2014
85/2014
86/2014
87/2014
88/2014
89/2014
90/2014
91/2014
92/2014
93/2014
94/2014
95/2014
96/2014
97/2014
98/2014
99/2014
100/2014
101/2014
102/2014
103/2014
104/2014
105/2014
106/2014
001/2015
2/2015
3/2015
5/2015
7/2015
9/2015
10/2015
13/2015
14/2015
15/2015
16/2015
17/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
25/2015
26/2015
28/2015
29/2015
30/2015
34/2015
35/2015
37/2015
38/2015
69/2015
70/2015
72/2015
75/2015
78/2015
79/2015