En memoria de Francisco Delgado Rosales, criminólogo crítico y constructor de lo nuevo

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIAMinistro Miguel Rodríguez Torres MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIAMinistra Pedro Calzadilla

AUTORIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDADRectoraSoraya Beatriz El Achkar GousoubVicerrectora de Desarrollo AcadémicoAimara Aguilar Vicerrector de Creación Intelectual y Vinculación SocialMaría Lucrecia HernándezSecretarioFrank Bermúdez Sanabria

CONSEJO EDITORIAL UNESRectora Soraya Beatriz El Achkar GousoubVicerrectora de Desarrollo Académico Aimara Aguilar Vicerrector de Creación Intelectual y Vinculación Social María Lucrecia Hernández Secretario Frank Bermúdez SanabriaSecretario Técnico del Consejo Editorial Agustín ArzolaDirectora de Gestión Comunicacional Mariela SilvaDirector General FundaUnes Ernesto Quijada

REVISTA COMUNES 2, noviembre 2012 - abril 2013Depósito legal pp201202DC4046ISSN 2343-5666

Consejo Editorial Soraya El Achkar, Máximo Sozzo, María Lucrecia Hernández, Carlos Hernaiz, Antonio González Plessmann y Luis Díaz PereiraDirectora María Lucrecia HernándezCoordinación editorial Eleonora SilvaDiseño gráfico Eleonora Silva y John MendozaCorrección José Manuel Guilarte y Nelba GarcíaFotografía Miguel Pereira

Impresión Imprenta Unes

El contenido de los artículos firmados y las opiniones vertidas son de estricta responsabilidad de sus autores y autoras, y no necesariamente reflejan la posición editorial de ComUNES.

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)Dirección: Calle La Línea, zona industrial L, Catia. Apartado postal: Caracas 1030 – Venezuela | Caracas, mayo de 2013

WWW.UNES.EDU.VE

Presentación

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) es el resultado

de un largo itinerario de discusiones, luchas y aprendizajes en los campos de la

seguridad ciudadana, la reforma policial, los derechos humanos y los procesos

educativos orientados a la transformación social. Se trata de un proyecto, nece-

sariamente inacabado, lleno de retos y aprendizajes, que viene convocando a una

diversidad de actores –académicos, activistas de derechos humanos, funcionarios

de cuerpos de seguridad ciudadana, militantes de movimientos sociales y comu-

nitarios– que, desde las particularidades de sus trayectorias y opciones de vida, se

encuentran para cumplir los objetivos de la Universidad.

ComUNES es la revista académica de este proyecto. Desde sus páginas aspira a

contribuir a los debates y elaboración de propuestas y estrategias sobre cómo ha-

cer realidad y democratizar, en la vida de la población venezolana, el derecho a la

seguridad ciudadana. La Revista opta por la socialización de enfoques y análisis

que se inscriben en una perspectiva crítica, de la que nos animamos a hacer algu-

nas precisiones:

» Es impugnadora, ya que no solo devela y desacredita las racionalidades y

dispositivos estratégicos que naturalizan las desigualdades y la opresión y

que, por tanto, obstaculizan la construcción de una sociedad radicalmente

democrática y un Estado social de derecho y de justicia, sino que insta a pro-

cesos de transformación y creación.

» Es fecunda y creativa, ya que abre caminos a lo nuevo y evita la reproduc-

ción de las racionalidades que se quieren zanjar de los proyectos, programas

y políticas que el Estado o la sociedad se formulan, en su afán de transformar

la realidad.

3

» Está imbricada en procesos, ya que se relaciona de

distintas formas enriquecedoras con sujetos en lucha

y procesos de transformación social, todos orientados

a la búsqueda de la igualdad sustantiva y el protago-

nismo popular; a su vez, esta perspectiva crítica se

construye a partir de esta articulación.

» Es descolonizadora, ya que promueve los diálogos

Sur-Sur y el pensar desde las condiciones y contextos

de los sujetos y pueblos del Sur Global, en un diálogo

desprejuiciado con el Norte Global, que trasciende el

rol de meros comentaristas.

Las perspectivas que prioriza ComUNES son necesaria-

mente contrahegemónicas, ya que es notorio que en el

campo de la seguridad ciudadana y el control social, el

pensamiento conservador cuenta con mayor nivel de di-

fusión y aceptación y que ha cooptado los espacios aca-

démicos y de construcción de políticas. La privatización

de la seguridad, el aumento de la criminalización de con-

ductas, el aumento de la severidad de las penas y del en-

carcelamiento, así como la tendencia a la policialización

de problemas sociales, son algunos de los rasgos de este

pensamiento hegemónico asociado a la reproducción de

la desigualdad y del que claramente vamos a contravía.

» » »

Hemos querido dedicar el segundo número de la Revista

ComUNES a revisar la discusión de las políticas públicas

con enfoque de izquierda que se vienen dando en materia

de seguridad ciudadana. Pensar este tipo de política para

Venezuela y para cada país de Nuestra América, sigue

siendo hoy en día uno de los retos y deudas más impor-

tantes que el Estado tiene con la sociedad y esta para con-

sigo misma. Esta afirmación alcanza mayor relevancia

cuando reconocemos que América Latina es desde hace

una década el epicentro de una nueva ola de procesos so-

ciopolíticos de carácter contrahegemónico, con variados

grados de conflicto con el capitalismo. En este sentido, el

eje conductor del presente número avanza sobre el análi-

sis de las experiencias en la implementación de políticas

públicas de seguridad ciudadana en América Latina, así

como la discusión teórica en este ámbito.

CoNSEjo EDitoRiAL

4 | presentación

Contenido

ARTíCULOS Y ENSAYOS

9 Descolonización y poder punitivoRaúl Zaffaroni

25 La experiencia de prevención del delito en EuropaRossella Selmini

DOSSIER UNA MIRADA DE IZQUIERDA DE LAS POLíTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD

55 Seguridad y autocolonizaciónVera Malaguti Batista

71 La seguridad ciudadana y el modelo represivo de la derecha política venezolanaEdwin Rojas Mata

79 Un paso adelante, dos atrásEl kirchnerismo ante la cuestión policial (2003-2012)Marcelo Fabián Sain

119 Ideas para mirar la política de seguridad durante el gobierno del presidente ChávezMaría Lucrecia Hernández

151 Reflexiones sobre la seguridad desde una perspectiva críticaAmadeu Recasens i Brunet

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

171 La des/legitimación del delitoAproximaciones hacia una práctica ignotaMario Millones Espinosa

180 Balance: Cuatro décadas de prevención del delito en VenezuelaDorennys Angulo García

184 Estudio sobre la construcción de la identidad profesional de la PNB desde los ambientes de formación inicialCaso II cohorte CEFOUNES Helicoide (2012)Luis Díaz

191 Identidades proscritas en el ParanpanpanAvance de sistematización de experienciaYosjuan Piña Narváez, Eliseb Anuel, Joalbert Parra y Angie León

ENTREVISTA

201 MÁXIMO SOZZO Recursos de la izquierda para pensar alternativas

por Antonio González Plessmann

RESEÑAS Y COMENTARIOS

213 Comentarios al DLOSPICristóbal Cornieles Perret Gentil

218 Perspectiva histórica de la criminologíaGabriel Ignacio Anitua (2005). Historias de los pensamientos criminológicos.Carlos Avendaño

223 Principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas trasladadas a la realidadSeminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)Gabriel Salazar Pineda

DOCUMENTOS

227 Gran Misión A Toda Vida VenezuelaResumen borrador sometido a consulta pública

artíCulos y ensayos

Descolonización y poder punitivoRaúl Zaffaroni

La experiencia de prevención del delito en EuropaRossella Selmini

9

Descolonización y poder punitivo *RAÚL ZAFFARONI **

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de

esta Universidad por el altísimo honor que me confieren.

Siento el enorme peso de la historia en esta cuna del pensamiento revo-

lucionario emancipador, en el centro difusor de las ideas de nuestras revo-

* Texto de la Lectio Doctoralis en ocasión de recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad Real, Mayor y Pontificia de San javier de Chuquisaca, en Sucre, Bolivia, el 26 de marzo de 2012.

** Eugenio Raúl Zaffaroni es catedrático emérito de la Universidad de Buenos Aires y uno de los tratadistas más importantes de la ciencia penal iberoamericana. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral (1964) y actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina desde 2003. Es además profesor emérito y di-rector del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Doctor honoris causa de varias universidades de América Latina y Europa. Es au-tor de proyectos de reformas a los códigos penales argentino (1991), ecuatoriano (1969 y 1992) y costarricense (1991). Presidió la comisión de reforma integral al Código Penal de Bolivia. Ha publicado más de 25 obras, entre las cuales podemos destacar el Manual de Derecho Penal (editado también en México y Perú, y adaptado al derecho penal bra-sileño en coautoría con José Henrique Pierangeli), su Tratado de Derecho Penal en cinco volúmenes (reeditado también en México); En busca de las penas perdidas (traducido al portugués y al italiano), Estructuras judiciales (traducido al portugués) y últimamente La cuestión criminal y La Pachamama y lo humano (con Oswaldo Bayer), ambas del año 2012. También es autor de numerosos artículos, folletos y trabajos breves, partici-pa en publicaciones periódica nacionales e internacionales; prólogos y presentaciones; comentarios bibliográficos; proyectos y trabajos legislativos; artículos periodísticos; opi-niones y dictámenes; traducciones; participación en congresos y seminarios; cursillos, ciclos de conferencias y clases extraordinarias. (Nota de los Editores.)

10 | artículos y ensayos

luciones, del 25 de mayo de 1809 y de 1810, siendo esta

última la que dio lugar al primer gobierno patrio de la

Argentina, por cierto encabezado por un potosino.

Me conmueve pensar en los próceres que pasaron

por los claustros de esta Universidad y que recibieron las

luces de los destellos ideológicos y jurídicos de la Acade-

mia Carolina de Charcas: Mariano Moreno, Bernardo

de Monteagudo, juan josé Castelli, josé ignacio Gorriti,

josé Mariano Serrano, Manuel Rodríguez de Quiroga,

Mariano Alejo Álvarez, jaime de Zudáñez, por nombrar

algunos, redactores de constituciones, revolucionarios,

firmantes de actas de independencia, magistrados, mi-

nistros, soñadores de nuestra América del Sur.

El tema con que me permito recibir esta altísima dis-

tinción no se halla separado de la tradición iniciada en

este centro irradiador de luces. tratar una cuestión de

política criminal implica ocuparse de un capítulo de la

política, pues el viejo concepto supuestamente aséptico

de Franz von Liszt está hoy superado. En tanto que la

dogmática jurídico-penal es un proyecto técnico de polí-

tica judicial, es decir, de la operatividad de un sector del

sistema penal, la política criminal abarca el total sentido

del ejercicio de poder de ese aparato y, por ende, la impli-

ca. A su vez, el ejercicio de poder del sistema penal forma

parte de la totalidad de la política o ejercicio del poder del

Estado.

Es indiscutible, pues, que el poder punitivo está im-

bricado en el eje de la política en el sentido amplio de

gobierno de la polis, pero en un mundo cada vez más

comunicado las sociedades no están aisladas; su poder

interno está inserto en una red de poderes planetarios y,

en el caso de nuestra región latinoamericana, el poder en

nuestras sociedades no puede desvincularse del proceso

de descolonización, que no culminó con la independen-

cia del siglo XiX, sino que comenzó con ella y perdura

hasta el presente.

Su culminación solo tendrá lugar cuando realicemos

el ideal de nuestros libertadores y concretemos la Patria

Grande, en la que ninguno de nuestros conciudadanos

carezca de lo elemental para una existencia digna. Este

objetivo aún no se ha logrado, por lo cual no podemos en

modo alguno regodearnos con discursos fúnebres desti-

nados al colonialismo, que goza de buena salud.

Son tres, hasta ahora, las etapas del colonialismo en

nuestra región, insertadas en los momentos de poder

mundial e indisolublemente unidas a diferentes modali-

dades de ejercicio del poder punitivo. La primera fue (a)

el colonialismo en sentido estricto practicado por las poten-

cias ibéricas hasta el siglo XiX; (b) la segunda fue lo que

Darcy Ribeiro y otros pensadores llaman el neocolonialis-

mo, ejercido por la nueva hegemonía mundial a la caída

de los decadentes imperios ibéricos, en especial Gran Bre-

taña; (c) la tercera etapa es la actual, de tardocolonialismo

o etapa superior del colonialismo.

Este proceso –como dijimos– no es independiente del

poder punitivo, sino que a este le incumbe un papel cen-

tral, pues, por un lado, es el instrumento que verticaliza

a las sociedades en forma de ejército para condicionarle

su carácter colonizador y, por otro, es el que permite hacer

del territorio conquistado un inmenso campo de concen-

tración.

Me explico mejor: en toda sociedad se ejerce poder;

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 11

hay dos formas de ejercicio del poder social que siempre

existieron: el que resuelve los conflictos en forma repara-

dora (más o menos el esquema del derecho privado) y el

que lo hace deteniendo un proceso lesivo en curso o in-

minente (la coerción directa del derecho administrativo,

antes llamada poder de policía).

En pequeña medida también siempre existe un poder

del soberano o gobernante (individual o asamblea) para

eliminar a los que ponen en peligro al conjunto, pero

cuando este poder se extiende a otros conflictos y el sobe-

rano se declara lesionado único, se produce la confiscación

de los conflictos y el poder punitivo se vale de la venganza

colectiva para legitimar su creciente poder, aunque en

realidad lo ejerce para verticalizar jerárquicamente a la

sociedad.

De este modo, a medida que avanza el poder punitivo

con su confiscación de conflictos, las sociedades van per-

diendo los lazos horizontales que hacen a la comunidad,

al sentido de pertenencia simpática a algo común, para

ser reemplazados por vínculos verticales corporativos de

subordinación. La sociedad toda tiende a convertirse en

un ejército y cuando este proceso alcanza su coronación,

si la debilidad de las sociedades a su alcance se lo permite,

se lanza a su conquista. Eso es lo que hizo Roma con toda

Europa y luego Europa con todo el planeta.

Pero la fuerza vertical corporativa acaba petrificando a

la sociedad colonizadora, la inmoviliza impidiéndole adap-

tarse a las cambiantes situaciones de la dinámica del po-

der, y la propia jerarquización obtenida mediante el poder

punitivo como condición colonizadora o imperial es la que

determina su ocaso y caída. Esto ha sucedido claramente

con Roma y siglos después con el imperio ibérico.

Comunidad y sociedad jerarquizada son dos modelos que

en sus extremos son incompatibles. El poder punitivo es

destructor de los vínculos comunitarios, porque es poder

vertical, en tanto que aquellos son horizontales. Para

desarrollar la comunidad es menester limitar o reducir

el poder punitivo. Precisamente por eso, la comunidad del

pueblo nazista, la Volksgemeinschaft, fue una caricatura de

comunidad, porque esta jamás se puede organizar con

base en la exacerbación máxima del poder punitivo, que

es precisamente lo que la destruye; la Volksgemeinschaft

no fue otra cosa que un intento de extrema verticaliza-

ción social corporativa disfrazado de comunidad.

En nuestro continente el poder punitivo era mínimo

a la llegada del colonizador. Si bien en algunos puntos se

ejercía limitadamente por el gobernante para mantener

el poder e incluso para extenderlo a los pueblos vecinos,

la confiscación indiscriminada de conflictos era extraña

a nuestras culturas originarias y los procedimientos de

incorporación no parecían responder a los métodos que

trajeron los ibéricos (el respeto a las deidades del pueblo

incorporado, por ejemplo). Es posible que sin la coloniza-

ción se hubiese extendido el poder punitivo en algunos

puntos de nuestra región, pero, como es sabido, la histo-

ria no se escribe con potenciales y este proceso, si existió,

fue violentamente interrumpido.

El poder punitivo que trajeron los colonizadores con-

sistió en una formidable ocupación policial de territorio,

que lo convirtió en un inmenso campo de concentración

(una colonia no es más que eso), situación que perduró

12 | artículos y ensayos

hasta que los imperios ibéricos decayeron por efecto de su

propia estructura jerárquica, que les impidió adaptarse a

las condiciones que les imponía la Revolución industrial

y, por ende, perdieron la hegemonía central, que pasó a

las potencias del centro y norte europeos.

En ese momento de debilidad imperial fue cuando

nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre y los ju-

ristas formados en esta Casa concibieron la Patria Grande

y la liberación de nuestros pueblos. Soñaron y establecie-

ron el objetivo final de la descolonización. Para ello se les

imponía desbaratar el poder punitivo del gran campo de

concentración que liberaban. Por eso tomaron los mo-

delos legislativos y la ideas disponibles en su tiempo: la

Constitución norteamericana era el modelo de república

único en ese momento; el código español de 1822 era el

producto del relámpago liberal de la península, que a la

vez sirvió para impedir que un ejército de reconquista co-

lonial se lanzase sobre nosotros para ahogar en sangre

nuestra independencia. San Martín y Bolívar llevaban

en sus mochilas el pequeño librito liberal de Manuel de

Lardizábal y Uribe, llamado el Beccaria español.

Nuestros libertadores comandaban ejércitos pluriét-

nicos y, por tanto, no eran racistas. Castelli, egresado de

esta Alta Casa, abolió las instituciones coloniales de ser-

vidumbre de los indios en esta región. El pensamiento de

los fundadores fue igualitario y liberal, conscientes de la

necesidad de limitar y controlar al poder punitivo para

estimular el sentimiento comunitario.

Pero nuestros libertadores fueron víctimas de un robo

a mano armada. El nuevo poder hegemónico mundial no

podía permitir el éxito inmediato de su empresa. Bolí-

var murió un poco antes de que un nuevo atentado le

diese muerte; San Martín se percató de la momentánea

imposibilidad y eligió el exilio; Sucre fue cobardemente

asesinado; Monteagudo fue apuñalado por un sicario en

Lima; Mariano Moreno murió misteriosamente a bordo

de un navío británico; Artigas fue obligado a exiliarse en

Paraguay, etcétera.

Nuestra región se balcanizó empeñada en sangrientas

luchas fratricidas, hasta que minorías corruptas monta-

ron pseudo-feudalismos criollos mediante el ejercicio de un

poder punitivo de ocupación territorial adecuado a las

nuevas condiciones, o sea, al servicio de gamonales y ca-

pataces serviles a las oligarquías terratenientes o extrac-

tivas. Este fue el panorama desde el porfiriato mexicano

hasta la República Vehla brasileña, desde la oligarquía de la

carne enfriada argentina hasta el patriciado peruano.

Pero lo más valioso que esas oligarquías robaron a

nuestros libertadores fue el discurso liberal: lo bastardea-

ron, lo pasaron por el fango de sus intereses corruptos, lo

consagraron en leyes y constituciones con garantías que

jamás se respetaron. La soberanía del pueblo quedó solo

por escrito, relegada a un lejano futuro en que, merced a

la supuesta tutela de estas oligarquías proconsulares de

la nueva hegemonía mundial, nuestros pueblos alcan-

zarían el desarrollo biológico que les permitiese ejercerla,

pues de momento su inferioridad racial no lo hacía viable.

El discurso del grosero ingeniero ferroviario Spencer

campeaba en nuestras universidades y legitimaba a las

minorías de las repúblicas oligárquicas y a su poder policial

punitivo. Las razas inferiores eran peligrosas y mucho más

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 13

los mestizos, teorizados como desequilibrados productos

de mezclas raciales incompatibles.

Nuestros pueblos aprendieron a desconfiar de las leyes

y de las instituciones que eran invocadas por sus opresores

y explotadores. Esta carga de desconfianza institucional se

arrastró a lo largo de la etapa de lucha contra el neoco-

lonialismo, que comenzó con la Revolución Mexicana de

1910, la guerra civil más sangrienta del siglo pasado, en

medio de la cual nació al mundo el constitucionalismo

social con la Carta de Querétaro (Constitución de 1917),

impuesta por los diputados campesinos y obreros.

Esta resistencia al neocolonialismo se prolongó a lo

largo de la mayor parte del siglo pasado y fue llevada ade-

lante por movimientos populares que ampliaron la base

de la ciudadanía real, o sea, de un protagonismo político

que presuponía la satisfacción de elementales necesida-

des de vida digna. Fueron los llamados populismos, tan

denostados por muchos de nuestros intelectuales, en par-

ticular cuando la realidad no se aviene con las formas y

circunstancias lineales que ellos imaginaron. Esto obe-

dece a que una parte de nuestra intelectualidad cree que

cuando los hechos no coinciden con la idea, corresponde

declarar errados los hechos en lugar de rectificar la idea.

tales populismos fueron los gobiernos de Lázaro Cár-

denas en México, de Getúlio Vargas en Brasil, de Hipó-

lito Yrigoyen y juan Domingo Perón en Argentina, de

josé María Velasco ibarra en Ecuador, del MNR bolivia-

no, así como el APRA y Víctor Raúl Haya de la torre

en Perú, etcétera. El más superficial análisis histórico

demuestra que fueron diferentes, como correspondía a

la disparidad de realidades, pero todos tuvieron en común

la considerable y a veces abrupta ampliación de la ciudada-

nía real.

Estos populismos también compartieron defectos en

diferente medida: personalismo, contradicciones, vacila-

ciones, excesos, paternalismo, algún grado de autorita-

rismo y hasta de poder punitivo innecesario. En cuanto

a corrupción, su nivel fue siempre muy inferior al de las

repúblicas oligárquicas, que se permitieron alardear de

moralidad cuando en realidad operaban legalmente den-

tro de un sistema de explotación y corrupción legalizadas.

Además, no faltan quienes pretenden considerarlos fas-

cistas, cuando es sabido que el fascismo requiere un mito

imperial, inconcebible en una lucha anticolonial.

No es menester ignorar ni minimizar los defectos de

nuestros populismos del siglo pasado para verificar que

en el balance histórico salen altamente beneficiados en

dos sentidos. El primero de ellos es demasiado obvio: sin

los populismos es probable que muchos o la mayoría de

nosotros no estaríamos hoy aquí y quizá ni siquiera hu-

biésemos aprendido a leer y escribir.

El segundo es que todos los abusos cometidos por

los populismos resultan insignificantes en comparación

con las atrocidades, violencias, masacres y crueldades

de todo orden, llevadas a cabo por quienes usurparon el

adjetivo liberal y opusieron resistencia a la ampliación de

ciudadanía o procuraron desmontar de raíz la obra de

extensión de los populismos.

Pero cuando incorporamos al platillo de la resistencia

a la ampliación ciudadana la última batalla del neocolo-

nialismo, que fueron las llamadas dictaduras de seguridad

14 | artículos y ensayos

nacional, los posibles o reales abusos populistas resultan

directamente insignificantes.

En este capítulo de nuestra historia regional, el poder

mundial y las fuerzas regresivas locales pervirtieron a

nuestros oficiales militares y convirtieron a nuestras pro-

pias fuerzas armadas –fundadas por los libertadores– en

policías de ocupación, dando lugar a un fenómeno de au-

tocolonialismo de increíble crueldad. El descaro autoco-

lonial llegó al grado de asumir sin reparo un discurso co-

lonialista europeo, como era la idea de seguridad nacional

importada de las tesis francesas de ocupación de Argelia

y Vietnam y del terrorismo de la oAS, cuya cabeza visi-

ble fue discursivamente defendida por el ideólogo nazista

Carl Schmitt en su famosa conferencia sobre la teoría del

partisano, pronunciada en la Universidad de Pamplona

en plena dictadura franquista.

El saldo de este último coletazo del neocolonialismo

en Latinoamérica es atroz: cientos de miles de muertos,

torturados y desaparecidos, terrorismo e intimidación

pública sin límites, persecuciones ideológicas absurdas,

exilios masivos, generaciones decapitadas intelectual-

mente, avasallamiento de todas las instituciones como

nunca antes se había conocido, todo en el marco de una

incalificable empresa de autocolonización.

El poder punitivo de seguridad nacional triplicó el siste-

ma penal, como bien lo señaló hace años la criminóloga

venezolana Lola Aniyar de Castro. junto al sistema penal

oficial se montó otro paralelo, válido de estados de excep-

ción, con miles de prisioneros sin proceso ni imputación

alguna, y junto a este un sistema penal subterráneo, total-

mente arbitrario y encargado de las ejecuciones, tortu-

ras y desapariciones, que entre otras atrocidades arrojó a

personas vivas desde aviones, secuestró y privó de identi-

dad a niños y hasta empaló a algún adolescente.

Acabó trágicamente la etapa del neocolonialismo a

partir de la empresa bélica llevada a cabo en Malvinas

por la dictadura argentina en descomposición económi-

ca, que sumó otra incalculable cuota de dolor y muerte

de adolescentes comandados por irresponsables. Cruen-

tamente se cerró la segunda etapa del colonialismo en la

región, igual que como había comenzado, vertiendo san-

gre de los más carenciados de nuestros pueblos.

Cabe preguntar, ante este balance, quién fue más li-

beral o, si se prefiere, quién fue menos antiliberal: ¿los po-

pulismos o sus detractores? La respuesta no deja ningún

lugar a dudas: los más liberales –o los menos antilibera-

les– fueron siempre los movimientos populares. El poder

punitivo fue en ellos mucho más limitado y prudente que

el terrorismo sembrado por sus opositores. Sus excesos

punitivos fueron juegos de niños, comparados con la

atrocidad programada.

En el camino hacia la descolonización, conforme al

objetivo final trazado por Bolívar y San Martín, nos en-

frentamos con la tercera etapa del colonialismo: el tardo-

colonialismo o etapa superior del colonialismo.

Esta etapa se caracteriza por enmarcarse en un mo-

mento de poder mundial en que se disputa su ejercicio

entre las grandes corporaciones económicas y los polí-

ticos. La concentración del poder económico y el predo-

minio del capital especulativo hacen que hoy baje desde

el mundo central esta opción. ¿Quién decide: el poder po-

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 15

lítico elegido por los pueblos o el poder económico de las

corporaciones?

El embate de las corporaciones sigue hasta el presente

usurpando, bastardeando y desnaturalizando el califica-

tivo de liberal. Para eso trata de identificar lo liberal con la

libertad de mercado o el llamado neoliberalismo o liberalis-

mo económico, proclamado por nuestros cipayos locales

que postulan –siguiendo a peregrinos publicitarios im-

perialistas– la indisolubilidad de este supuesto liberalismo

con la libertad política.

Lo cierto es que la libertad de mercado así entendida se

traduce en libertad para explotar al prójimo y, cuando este

se cansa y resiste, en cancelación de todas las libertades

y ejercicio ilimitado de poder punitivo, como hemos te-

nido reiteradas oportunidades de verificarlo en nuestra

región.

El poder planetario y los cipayos entregados a los in-

tereses de las corporaciones desataron una enorme co-

rrupción en los primeros lustros de nuestras democracias

postdictatoriales, dando lugar a verdaderos desmantela-

mientos de nuestros estados, con dispersión irresponsa-

ble del capital estatal y entrega de resortes claves de las

economías nacionales, destruyendo hasta donde les fue

posible los avances del estado social de derecho. Este ca-

pítulo inicial del tardocolonialismo llegó a su fin porque

provocó gravísimas crisis económicas y políticas y desa-

creditó a sus voceros locales, muchos de los cuales opta-

ron por retirarse a la vida privada a disfrutar de los bene-

ficios obtenidos, en tanto que otros reaparecen de vez en

cuando como patéticos aunque peligrosos zombies.

En este primer paso del tardocolonialismo el poder

punitivo se ejerció agudizando la selectividad estructu-

ral que lo caracteriza, en particular en forma de control

sobre los segmentos sociales carenciados y excluidos del

sistema por el retroceso causado por las dictaduras de se-

guridad nacional y por el propio poder corrupto de las

grandes corporaciones a través de sus empleados locales.

La construcción mediática de la realidad, en especial a

través de la televisión, mostraba que con penas despro-

porcionadas y restricciones a la excarcelación los exclui-

dos no molestarían, conforme al conocido proyecto de

sociedad 30 y 70 (30% de incluidos y 70% de excluidos).

El resultado fue la superpoblación penitenciaria, las

revueltas con alto número de muertes, la destrucción

de los códigos penales, la mayor autonomización de las

policías, la ampliación de sus fuentes de recaudación

autónoma, su consiguiente descalificación pública y su

creciente ineficacia preventiva.

El desempleo provocado por las crisis finales del pro-

ceso de desmantelamiento de los estados travestido de

fundamentalismo de mercado, la destrucción de la pre-

visión social, de la salud pública y de la educación, la

consiguiente multiplicación de los conflictos sociales y

de la incapacidad para resolverlos, imposibilitaron cual-

quier tentativa de prevención primaria orientada hacia

la fuente misma del conflicto social, en tanto que el de-

terioro policial debilitó la posibilidad de prevención se-

cundaria (policial). Estas eran las condiciones cuando se

cerró el primer capítulo del tardocolonialismo. Pero este

avanza ahora por otros caminos y, fundamentalmente,

se centra en dos flancos de ataque: (a) por un lado, quiere

aniquilar la consciencia latinoamericana y, (b) por otro,

16 | artículos y ensayos

destruir nuestros vínculos horizontales o comunitarios

mediante creaciones de realidad que generen violencias

y conflictos y provoquen un aumento ilimitado del poder

punitivo, que a la vez reclaman a los alaridos.

En el primer sentido se afirma que entre un maya yu-

cateco y un habitante de Buenos Aires, entre un afrobra-

sileño de Bahía y un araucano, no hay nada en común, o

sea que, como máximo, no somos más que un montón de

náufragos. Quizá porque en inglés (to be) y alemán (sein)

no se distingue ser y estar, se pretende que estamos pero no

somos. Y esto lo repiten algunos de los nuestros que, por

cierto, usan ambos verbos, pues no faltan entre nosotros

los intelectuales que pontifican contra las mayorías igno-

rantes y desprevenidas, aún no aptas para la democracia,

supuestamente engañadas por oportunistas y corruptos.

Pero dejando de lado a nuestros dignos herederos del

racismo de las repúblicas oligárquicas, que parecen no ha-

berse enterado del paso de la historia, cabe preguntar-

se qué somos los latinoamericanos. ¿Cuál es el común

denominador de nuestra ciudadanía? ¿Qué tenemos en

común los indios, afros, mestizos, mulatos e inmigrantes

de nuestra tierra? ¿Hay algo común en esta formidable

variedad étnica y cultural?

Aunque parezca una paradoja inconmensurable, lo

cierto es que nos unifica la forma en que el propio colo-

nialismo nos ha hecho, en ejercicio de su impiedoso po-

der planetario devastador.

Nuestra unidad y nuestra fuerza cultural la han crea-

do los propios dominadores sin percatarse, porque su so-

berbia les impidió caer en la cuenta de que nos estaban

configurando como nación y nos dotaban de un impre-

sionante potencial cultural que hoy es capaz de ofrecer a

la humanidad algunas alternativas al sendero destructor

y suicida del poder planetario en curso.

No se trata de entretenernos inútilmente en revertir

el filme de la historia, sino de analizarlo desde nuestra

perspectiva. Al hacerlo, descubrimos con sorpresa que

la paradoja alcanza su nivel máximo, pues los discursos

que nos facilitan el análisis son proporcionados por el mis-

mo poder colonizador, en el festivo relato de su ejercicio

como epopeya. Si aprendemos a leer estos relatos en clave

y desde nuestro atalaya continental, estos mismos discur-

sos nos dicen qué somos y a través de cómo nos hicieron.

Por cierto que los hay de muy diversas calidades y es-

tilos, pero personalmente creo que el más elocuente –casi

en forma de cantar de gesta de raza superior– y a la vez el

más finamente estructurado, es la Filosofía de la historia

de uno de sus ideólogos más sofisticados: Georg Wilhelm

Friedrich Hegel.

Desde el centro del poder planetario nos han acos-

tumbrado a voltear el discurso con que Hegel saludaba

alegremente el avance del espíritu, del Geist, pero al estilo

de Marx, señalando la carencia de una base mundana,

material, pero lo cierto es que esta no es nuestra tarea

propia, pues Hegel dejó al mismo Marx prisionero de su

construcción lógica cautivante, al punto de impedirle

medir la profunda inhumanidad del colonialismo. Esto

llevó a Marx y a Engels a afirmar atrocidades, como que

era positivo que los norteamericanos le hubiesen robado

territorio a México o que el dominio inglés en la india ha-

bía hecho saltar a esta cinco mil años. Nunca entendie-

ron la dimensión del colonialismo porque pensaban des-

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 17

de su mismo centro. Acostaron a Hegel, pero no lograron

ponerlo patas arriba.

Desde una crítica anticolonialista se impone hacer

algo diferente, o sea, invertir el relato, releerlo cuidadosa-

mente desde la visión de los sometidos, de las víctimas. No

pretendo apropiarme de ideas ajenas, pues lo cierto es que

en la primavera de la Revolución Mexicana bosquejó esta

empresa su ministro de educación, josé Vasconcelos, au-

tor al que no suele nombrarse porque en sus últimos años

se perdió por caminos tortuosos, aunque de vez en cuando

vale la pena repasar alguno de sus trabajos (El hombre cós-

mico, por ejemplo, actualizando su terminología).

Lo cierto es que, a mi juicio, nadie como Hegel señala

claramente que la única historia es la del colonialismo,

lo que le lleva a afirmar que nuestra América no tiene

historia antes de la llegada del espíritu, es decir, antes del

genocidio de los pueblos originarios, compuestos por in-

dios que según Hegel fallecen al ponerse en contacto con

los conquistadores, en un territorio donde todo es débil,

incluso nuestros animales, porque todo es húmedo debi-

do a que las montañas no corren como en Europa, sino

de norte a sur, es decir, que hasta nuestra geografía está

equivocada.

Pero tampoco tenía en muy alta estima a los otros ha-

bitantes del planeta, pues para el gran dialéctico idealista

los africanos están en estado de naturaleza y cometen los

mayores crímenes; los musulmanes son fanáticos, deca-

dentes y sensuales sin límites; los judíos tienen una reli-

gión que los sumerge en el servicio riguroso; los asiáticos

apenas están un poco más avanzados que los negros, y

los latinos nunca alcanzaron el período del mundo germá-

nico, que es ese estadio que se sabe libre queriendo lo verda-

dero, eterno y universal en sí y por sí.

De este modo, la epopeya criminal cantada por Hegel

marginó a lo largo de su historia a todas las culturas con

las que topó su paso genocida. El Geist racista de quien

se considera la más alta expresión de la modernidad es el

más claro negador de la dignidad de persona del ser hu-

mano. Solo los que pensaban como Hegel, es decir, que

compartían su mundo ideológico, eran personas, porque

al pensar como él habían alcanzado el momento del es-

píritu subjetivo y podían ser titulares de derechos. todo el

resto: indios, africanos, asiáticos, musulmanes, judíos,

latinos, no parecían haber alcanzado el momento del es-

píritu subjetivo o, al menos, no del todo.

Hegel no hacía más que narrar la historia del avan-

ce depredador del colonialismo y enlistar a las culturas

inferiores que este echaba a la vera del camino. Pero lo

cierto es que hay un extensísimo territorio geográfico, en

que el propio colonialismo provocó la concentración de

millones de personas de todas las culturas marginadas

y despreciadas por el espectral espíritu hegeliano: Latino-

américa.

En efecto: a nuestros pueblos originarios se sumaron

los propios colonizadores, producto de la marginación

sufrida al sur de España –supuestamente reconquistado–

y de los perseguidos europeos amparados por Portugal;

nuestros colonizadores fueron islámicos y judíos cris-

tianizados a los golpes. Luego trajeron brutalmente a los

africanos en un tráfico incalificable, vinieron los musul-

manes al descomponerse el imperio otomano, los judíos

a través de Lima y luego movidos por las persecuciones

18 | artículos y ensayos

rusas y más tarde nazista, los asiáticos por el Pacífico,

cuando los ingleses prohibieron el comercio esclavista,

los latinos del sur europeo subdesarrollado que no podía

incorporarlos al sistema productivo, y siguen viniendo

más y más excluidos.

Y tuvimos conflictos, por cierto, pero no permaneci-

mos mucho tiempo aislados en grupos cerrados, sino que

comenzamos a interactuar, nuestras culturas se sincre-

tizaron y lo siguen haciendo, nuestras propias cosmovi-

siones se enriquecen y profundizan; lejos de cerrarse en

ortodoxias falsas se abren en visiones más amplias, más

vivenciadas que intelectualizadas.

Quien tenga la curiosidad de deambular un poco por

un mercado popular de cualquier rincón de nuestra Pa-

tria Grande lo puede observar. No todo es igual, por cierto,

sino que se perfilan ejes culturales: andino, atlántico, su-

reño. Nuestros artistas van dando cuenta de ello, tanto la

plástica como la literatura. Nuestros sociólogos y antro-

pólogos sagaces lo investigan y otros de otras comarcas

vinieron incluso a adentrarse en este fenómeno sin par.

No hay en el planeta otra región tan extensa y con

tantos millones de protagonistas donde interactúen to-

das las culturas que el colonialismo despreció, humilló

o marginó, y lo hagan casi en la misma lengua común.

Somos la contracara del colonialismo, el contrarrelato

viviente de Hegel. El propio Hegel advertía el riesgo cuan-

do afirmaba que los ingleses habían sido más sagaces que

los ibéricos, porque no se habían mezclado con los origi-

narios en la india. No advertía que los propios ibéricos

colonizadores eran marginados expulsados de la metró-

poli y la interacción era inevitable, porque entre estos el

aislamiento no podía durar mucho.

En el momento actual, en que el poder creado por el

espíritu de la epopeya hegeliana –que más bien parece un

espectro– se tambalea peligrosamente y corre el riesgo

de acabar con el hogar humano, somos los depositarios

de las culturas que quisieron arrasar, pero no en versión

original, sino en la de una sincretización que las enrique-

ció muchísimo más.

Esto es Latinoamérica: tiene la palabra de los oprimi-

dos de todo el planeta, pero enriquecida, como en una

larga asamblea de coexistencia interactiva, viviente,

dinámica. El aparente caos latinoamericano no es más

que la interacción de todos los humillados del planeta

que tuvimos tiempo para conversar y cambiar lenguajes,

símbolos, ideas, creencias, cosmovisiones, y lo seguimos

haciendo. Desde la perspectiva del poder colonizador

mundial representado hoy por la pretensión hegemóni-

ca de las grandes corporaciones, constituimos un ries-

go ante las turbulencias y bamboleos que se perciben o

anuncian. Esto es lo que no comprenden –por ingenuidad

o malicia– los escribas funcionales al tardocolonialismo

y, precisamente por eso, desprecian a nuestros pueblos.

Ustedes también tuvieron a un Alcides Arguedas que

escribía en París insultando a Bolivia con argumentos

racistas. también en París escribía el famoso conde de

Gobineau sobre Brasil, vaticinando la extinción de su po-

blación por hibridación racial. Gobineau se equivocó y

Arguedas también, pero la diferencia estriba en que Go-

bineau era francés y Arguedas boliviano.

Dijimos antes que eran dos los flancos de ataque del

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 19

tardocolonialismo en este momento. Uno, que pretendía

anular nuestra consciencia continental, y el otro es el

que busca debilitar nuestro sentimiento de comunidad

local, a través de la creación de una realidad mediática

terrorífica y de una permanente instigación a la vengan-

za. Lo curioso de esta segunda agresión es que consiste

en un veneno que se administra en el mismo centro del

poder mundial: se envenenan y reparten. En efecto, Es-

tados Unidos sufre un proceso de regresión autoritaria

destructiva de su comunidad, como ningún otro país

importante en el mundo. La lucha por el poder y la he-

gemonía de las corporaciones ha hecho que desde hace

tres décadas el país haya instalado una inmensa máqui-

na represiva, que hoy prisioniza a más de dos millones de

personas y controla en probation y libertad condicional

a otros tres millones, más de la mitad de los cuales son

afroamericanos.

Penas absurdas y altísima selectividad del poder pu-

nitivo, pérdida de garantías y prioridad del pragmatismo

condenatorio son las características de este poder puni-

tivo que parece cortado a la medida de un estalinismo

financiero que ha convertido al país, de lejos, en el cam-

peón mundial de la prisionización, con un índice supe-

rior al de Rusia, que siempre se llevaba ese triste mérito.

Menester es aclarar que este proceso comenzó con

las administraciones republicanas a partir de Reagan y

es absolutamente extraño a todos los antecedentes histó-

ricos de Estados Unidos, habiendo dado lugar a muchas

investigaciones y críticas de nuestros colegas norteame-

ricanos, llevadas a cabo al amparo de la libertad acadé-

mica que, por suerte, sigue respetándose. Por todos, me

permito recomendar al respecto la lectura de Governing

through Crime, la interesantísima investigación de jo-

nathan Simon, profesor de la Universidad de California

(Berkeley), recientemente traducido al castellano en

Buenos Aires.

Semejante aparato requiere una inversión que se

calcula en doscientos mil millones de dólares anuales, lo

que no puede ser imitado por nadie en el mundo. Ade-

más, esta empresa tan enorme no solo extrae personas

del mercado laboral, sino que también importa una al-

tísima demanda de servicios, lo que le asigna un papel

importante como variable del empleo. Estos datos hacen

que parezca muy difícil desmontar semejante mamut

punitivo; algunos colegas norteamericanos sostienen

que su dimensión ha cobrado una dinámica propia que

escapó al control de sus propios creadores.

Esta potenciación formidable del poder punitivo re-

quiere un fuerte apoyo o consenso público, que se logra

con la creación de una realidad mediática destinada a

mostrar al delito común como el único y mayor riesgo

social, al tiempo que atribuye su responsabilidad a un

grupo étnico individualizado, elevándolo a la condición

de enemigo. La fabricación de enemigos es el método usa-

do por todos los genocidas y recomendado como esencia

de la política por el siniestro Carl Schmitt. Mucho podría-

mos hablar sobre esto, pero prefiero no extenderme, re-

mitiéndome a lo que escribí muchas veces.

Lo cierto es que, si bien no podemos copiar el mode-

lo que surge de este extraño giro norteamericano de las

últimas tres décadas, recibimos su publicidad y su me-

todología y, además, cabe tener en cuenta que el gran

20 | artículos y ensayos

empresariado mediático también forma parte de la red

de grandes corporaciones, pues sus inversiones se ha-

llan inextricablemente entreveradas con ellas. No re-

sulta, pues, nada extraño que nuestros medios masivos

también se dediquen a crear pánico moral, a fabricarnos

enemigos y víctimas héroes y, en definitiva, a tratar de mo-

vilizar los peores sentimientos de venganza en nuestras

poblaciones, con bombardeos continuos de noticias rojas

y demandas de mayor represión punitiva.

Por su parte, directamente importada del centro, la

comunicación de entretenimientos nos reitera las inter-

minables series policiales dobladas a todas las lenguas y

vendidas a bajísimo costo, concebidas con base en una

estructura simplista en que el supuesto héroe (un psicó-

pata por lo general) triunfa porque emplea la violencia,

viola los límites legales, burla a algún funcionario pru-

dente (detrás del cual se halla el consabido odio al juez)

y de este modo mata al villano y salva a la mujer, por lo

general mostrada como inferior, débil y hasta tonta. En

una hora de zapping televisivo vemos más homicidios que

los cometidos en un año en toda nuestra ciudad y con

un grado de crueldad que muy rara vez se presenta en

la realidad. El corolario infalible es que no hay otra solu-

ción para cualquier conflicto que la violenta y punitiva.

Conforme al viejo y archiconocido teorema de Thomas,

poco importa que algo sea verdadero o falso, pues si se

lo da por verdadero producirá efectos reales y, como es

natural, estos efectos se producen; la creencia general

de que la violencia aumenta se instala y la demanda de

venganza también, disfrazada de demanda de seguridad,

sin que nadie repare en que la represión siempre es pos-

terior al hecho y nada se hace por prevenirlo: después del

homicidio es posible matar al asesino, pero con eso no se evita

otro homicidio.

Fuera del grupo de los llamados formadores de opinión

televisivos y radiales, en el plano científico nadie sostiene

hoy el pretendido efecto disuasivo de la pena en delitos

graves y violentos. Cuanto más grave es un delito, la san-

ción jurídica –cualquiera sea– tiene menor efecto disua-

sivo, hasta llegar al terrorista que se carga de dinamita y

estalla en medio de una multitud porque cree que alcan-

zará el paraíso. En verdad, si alguien quisiese disuadirlo,

por su propia seguridad lo último que le aconsejaría es

que le alcance un código penal.

Pero, por irracional que sea, los políticos se hallan

presos de los medios masivos, sea por oportunismo, por

mala fe o, incluso los honestos, por miedo ante la agre-

sión mediática. Los jueces son amenazados por la misma

agresión y por el oportunismo de los políticos. Los legis-

ladores destruyen los códigos penales y los jueces dictan

sentencias con temor. El miedo de la población y el movi-

miento vindicativo promueve el de los políticos y jueces.

Las corporaciones procuran gobernarnos a través del

miedo paranoico.

Los medios masivos construyen una realidad mediá-

tica que pretende mostrar a gobiernos populares como

caóticos, precisamente en el momento en que no pueden

hallar otras motivaciones para desconcertar a la opinión

pública, pero con esto provocan un caos real en el sis-

tema penal, lo desequilibran, condicionan una pena de

muerte por azar en las prisiones precarias y superpo-

bladas por presos provisorios, en su mayoría en prisión

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 21

preventiva, llevan adelante campañas de hostigamiento

a los jueces, los desprestigian, los insultan impunemente

aprovechando la ancestral y notoria incapacidad judicial

para la comunicación masiva, siempre en situación de

inferioridad, indefensión y alta vulnerabilidad frente a

esta.

No obstante, no conformes con esto, los medios ma-

sivos, mediante los comunicadores y formadores, postulan

una ampliación siempre creciente del arbitrio policial, lo

que se traduce en una ampliación de la autonomía de las

policías respecto de los controles políticos y judiciales y,

por consiguiente, un mayor ámbito de arbitrariedad para

la formación de cajas de recaudación autónoma.

A esto contribuye claramente la carencia de un mo-

delo propio de policía en la región. Copiamos la Consti-

tución norteamericana, pero no su policía comunitaria.

Además, nos instigan a centralizar y tener policías úni-

cas, que se vuelven inmanejables y ponen sitio al poder

político y judicial, cuando Estados Unidos tiene miles de

policías.

En la región parecen ser ahora las policías las que

llevan a cabo los golpes de Estado y no ya los militares;

su poder autónomo está en condiciones de desestabilizar

muchos gobiernos y de repartir parte de su recaudación

con caciques políticos locales, en especial cuando de fi-

nanciar campañas de elección interna de los partidos se

trata. La institución policial se deteriora y pierde capaci-

dad preventiva.

Se olvida que las policías son fundamentales, que hay

países sin fuerzas armadas, pero sin policía ninguno, por

lo cual es prioritario el cuidado de la institución policial y

la planificación de un modelo acorde con nuestras nece-

sidades y características, adecuadamente dimensionado,

con inserción comunitaria y con controles políticos y ju-

diciales eficaces.

En cuanto a los enemigos, cuando hay mejores can-

didatos se deja de lado a los delincuentes comunes, pero

cuando no hay terroristas ni otras organizaciones con

caracteres conspirativos se elige a éstos y, en particular, a

nuestros adolescentes de barrios precarios. Ellos son los

enemigos mediáticamente construidos en nuestra región,

aunque con frecuencia tampoco se ahorran asignar ese

papel a los conciudadanos inmigrantes de nuestros paí-

ses vecinos.

Es bastante claro el objetivo de destrucción comunita-

ria que se persigue con esta creación de realidad: generar

violencia social, verticalizar nuestras sociedades, jerar-

quizarlas para mejor someter a nuestros sectores sociales

más pobres y vulnerables, sembrar la desconfianza entre

nosotros, romper todo vínculo o lazo de comunicación

interclasista, hacer retroceder las garantías penales y

procesales, impedir que los segmentos excluidos puedan

coaligarse mediante la selección criminalizante, victimi-

zante y policizante de los mismos sectores, etcétera.

En definitiva, se trata de destruir al máximo las rela-

ciones horizontales de cooperación, diálogo y solución

pacífica de los conflictos, desprestigiando y ridiculizan-

do cualquier intento en ese sentido. La razón de este

flanco de ataque es conocida desde siempre; el Martín

Fierro lo dice: “si se matan los de adentro los devoran

los de afuera”.

¿Pero en realidad aumenta la violencia en nuestras

22 | artículos y ensayos

sociedades? Esta es una buena pregunta, porque lo revelador

es que Latinoamérica muestra un panorama con diversos ni-

veles de violencia social. En este momento, en México se

vive una terrible tragedia con muchos miles de muertos

en una masacre sin precedentes que responde a una di-

visión internacional del trabajo muy particular. En Cen-

troamérica el problema no parece ser menor, con alta

frecuencia homicida, las maras, etcétera. Pero en el sur

la cuestión parece ser diferente: tenemos bajos índices de

homicidio y al menos en Uruguay, Argentina y Chile pa-

recen estar en baja. Argentina ha bajado su tasa en un

tercio los últimos diez años; en Brasil, si bien es alta, tam-

bién ha logrado bajarla en un tercio. En síntesis: siendo

muy diferente el grado de violencia social en la región, lo

llamativo es que la publicidad vindicativa y la creación

de pánico moral es idéntica en toda ella, o sea, que se trata

de una metodología a la que le es indiferente el grado de violen-

cia real de cada sociedad.

En cuanto a los países del sur de la región, cabe pen-

sar que no somos países patológicos y, por ende, no cons-

tituimos un fenómeno inédito y contrario a toda la ex-

periencia mundial, en que todos los criminólogos saben

que cuando un país sube su renta per cápita, aumenta

el empleo y reduce la inequidad distributiva, la curva de

homicidios tiende a descender, y estos son precisamente

los datos económicos que nos informa la Cepal en los úl-

timos años. Sin embargo, el pánico moral cunde y los po-

líticos honestos se asustan y los deshonestos y corruptos

se aprovechan del miedo para sembrar el caos y debilitar

a los gobiernos populares.

Si alguna prueba faltase acerca de que la construc-

ción mediática de una realidad violenta y caótica es un

instrumento del que se vale la reacción antipopular, re-

comiendo dar un vistazo a todas las proclamas de las dic-

taduras militares de nuestra historia y verificar que en

todas ellas se demanda mayor represión ante el supuesto

avance incontenible de la delincuencia común.

Pero los políticos honestos se asustan, no saben cómo

responder a la agresión mediática, cuando en realidad

tienen a la mano la respuesta, tan cerca que no la ven,

como su propia nariz. Perón parafraseaba a algún filóso-

fo y repetía con frecuencia que la única verdad es la realidad

y, en efecto, esa es la mejor defensa, pero no la ven, per-

manecen hipnotizados por la televisión y tiemblan ante

ella en lugar de responder, se paralizan ante el riesgo de

ser satanizados televisivamente.

Esto se debe, sencillamente, a que nadie sabe exacta-

mente lo que sucede en la realidad y, pese a que es faci-

lísimo averiguarlo, nadie lo hace. En algunos momentos

depresivos estoy tentado de creer que a nadie le interesa

prevenir la muerte de sus semejantes, pero este pensa-

miento me parece horroroso. Si la única verdad es la rea-

lidad, pero se opta por no averiguarla, no se puede decir

ninguna verdad. Bastaría con confeccionar un protocolo

muy simple, con unas veinte preguntas acerca de cada

homicidio y mirar cada expediente unos minutos para

responderlo, centralizar la información y con un pe-

queñísimo equipo de sociólogos o incluso estudiantes de

ciencias sociales trazar las curvas y cruzar los datos.

Este procedimiento exploratorio casi no tiene costo

operativo y seguramente va a demostrar que los homici-

dios se concentran en algunos puntos geográficos de las

descolonización y poder punitivo r. zaffaroni | 23

ciudades y en algunas capas de población; verificará que

no salen los pobres a matar ricos, sino que se matan en-

tre ellos; demostrará que el grupo estigmatizado no es el

que protagoniza el mayor número, casi siempre verifica-

rá que predominan los homicidios entre conocidos sobre

los que tienen lugar entre desconocidos, etcétera.

Pero, además, nos indicará quiénes son las víctimas,

cuál es el riesgo de victimización a neutralizar, cómo

prevenir los resultados, dónde concentrar la vigilancia,

etcétera. En síntesis: como no se sabe nada, no se puede res-

ponder nada y, lo que es más grave aún, de este modo tampoco

se puede prevenir nada.

Nuestros gobernantes no pueden ignorar que a mayor

ciudadanía corresponde menos violencia y, si en realidad,

están cumpliendo con la función de ampliación de la ciu-

dadanía, no deben temer a la realidad sino enfrentarla

y, para eso, antes deben estudiarla, de modo sencillo, sin

métodos sofisticados ni caros, como la simpleza que aca-

bo de proponer, una investigación absolutamente grosera,

meramente exploratoria, pero que nadie se ha tomado la

molestia de llevar a cabo en ninguno de nuestros países.

El camino más corto hacia el desastre es el de la con-

cesión al reclamo mediático de mayor poder punitivo. Se

trata de una extorsión y nunca se debe ceder ante el ex-

torsionador, porque siempre volverá por más, hasta que

sea imposible satisfacer la atrocidad que reclame o hasta

que las policías autonomizadas incurran en la primera

violencia y, en ese momento, los mismos medios que re-

clamaron su autonomización se rasgarán las vestiduras

y acusarán de totalitarios y fascistas a los políticos y go-

biernos que cedieron a sus precedentes presiones.

Es menester que las fuerzas populares de nuestra re-

gión tomen urgente conciencia de que el reclamo de mayor

poder punitivo es un recurso del tardocolonialismo para des-

truir nuestros lazos comunitarios locales, nuestra solidari-

dad social, nuestro sentimiento de pertenencia y, en lo más

inmediato, para desestabilizar a los gobiernos populares.

Los pueblos pueden desconcertarse un rato, pero

siempre saben que en el fondo las únicas víctimas del po-

der punitivo en la región siempre fueron los más vulne-

rables entre ellos.

Desde los albores del proceso descolonizador sabemos

que debe contenerse el poder punitivo, porque es el ins-

trumento preferido de dominación, el que usó para con-

vertirnos primero en un inmenso campo de concentra-

ción, luego para mantener la disciplina de los capataces

de las oligarquías terratenientes y extractivas, más tarde

para decapitar a nuestras generaciones jóvenes y, ahora,

para desestabilizar a todo gobierno popular y para des-

truirnos como comunidades.

Las garantías liberales, las auténticas, las que fueron

bastardeadas en leyes declamatorias por nuestros racis-

tas, restablecidas en su sentido auténtico, siempre fueron

un instrumento de liberación que nos permitió espacios

sociales en los cuales desarrollarnos o consolidarnos

como comunidad, en tanto que el poder punitivo siempre

fue el medio racista y esclavizante para someternos más

fácilmente.

Nadie puede llamarse a engaño en esta etapa del tar-

docolonialismo: los intereses colonialistas que se mue-

ven detrás de las corporaciones mediáticas no piden más

porque saben que carecen de espacio, pero si pudiesen

24 | artículos y ensayos

ampliarían el poder punitivo hasta volvernos a la con-

dición de campo de concentración. San Martín y Bolívar

lo sabían y los egresados de esta Casa también, y por eso

fueron perseguidos, exiliados y asesinados.

El derecho penal de garantías, los límites al poder pu-

nitivo, son indispensables para la ampliación de la ciuda-

danía, en tanto que el poder punitivo es necesario a quie-

nes procuran su contención regresiva. Esto es en síntesis

lo que nos enseña la historia, nuestra propia historia, la

de nuestro incompleto proceso de descolonización.

En esta etapa es menester usar la inteligencia con

gran habilidad y, para ello, no está de más releer de vez

en cuando los libros que Bolívar y San Martín llevaban

en sus mochilas.

Prueba de las profundas convicciones de nuestros

próceres al respecto fue su preocupación por los códigos

que fijaban límites al poder punitivo, como lo testimonian las

elocuentes palabras con que el mariscal Santa Cruz procla-

maba el código penal boliviano de 1831 y con las que me

permito cerrar esta exposición:

Las leyes claras y positivas son la base de la buena ad-

ministración de justicia, y la buena administración de

justicia es la sola capaz de asegurar los derechos del ciu-

dadano, e inspirarle esa tranquilidad en que consiste la

libertad y el goce de cuanto es más caro para el hombre

constituido en sociedad.

Sucre, 26 de marzo de 2012

25

* Artículo originalmente publicado con el título “the European Experience of Cri-me Prevention”, en Shlomo Giora Shoham, Paul Knepper y Martin Kett (2010), In-ternational Handbook of Criminology, Francis & taylor Publisher, pp. 511-538.

** Rossella Selmini es doctora en Ciencias Políticas y es investigadora en el Servicio “Promoción y desarrollo de las políticas de seguridad y la policía local”. también es profesora de Criminología (Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia) e imparte cursos de capacitación para personal policial. Es autora de numerosas pu-blicaciones sobre los temas de seguridad urbana y prevención.

La experiencia de prevención del delito en Europa *

ROSSELLA SELMINI **

Traducido por Félix Figueroa

1. Introducción

Durante muchos años, la prevención del delito se ha convertido en uno

de los asuntos más relevantes en el debate criminológico internacional y

en la literatura referente a las políticas para el control del delito en varias

de las democracias occidentales. también se ha convertido en un tema cla-

ve en la agenda política de varios gobiernos europeos, que durante las últi-

mas décadas se han enfocado en el desarrollo de discursos y prácticas que

muestran claramente la “necesidad de realizar un cambio en la aplicación

de los recursos y los apuntes en cuanto a la prevención del delito, en lugar de

concentrarse en formas más reactivas y coercitivas de las políticas de man-

tenimiento del orden y de la justicia” (Stenson y Edwards, 2004: 209). Este

proceso ha ocurrido de forma ligera en diferentes maneras y tiempos en casi

toda Europa occidental y ahora también en la Europa oriental desde finales

de la década de los setenta, con algunas diferencias principalmente relacio-

26 | artículos y ensayos

nadas con las tradiciones y culturas locales y dentro de

los distintos contextos sociales, legales y políticos.

Este asunto sigue siendo interesante e importante

para entender los cambios en las políticas de control del

delito, pero no es lo único a tratar. Hablar en la actualidad

de la prevención del delito generalmente significa hablar

del cambio social, la transformación de los contextos ur-

banos y los conflictos entre los distintos grupos y actores

sociales, el desarrollo tecnológico y la planificación urba-

na. Hoy en día, más que otros tiempos en el pasado, las

políticas de prevención del delito están más conectadas a

las dinámicas sociales generales y a los cambios externos

en el mundo penal; además, juegan un papel de impor-

tancia en las distintas formas locales que desarrollan los

gobiernos para enfrentar el delito (Crawford, 1997).

Este capítulo presenta una visión general de los

asuntos relacionados con la prevención del delito y sus

cambios, con enfoque en el contexto europeo. Luego de

un breve análisis de los intereses emergentes en lo que

respecta a las nuevas formas de prevención del delito y

sus cambios en las últimas décadas, la discusión ha to-

mado en consideración las tipologías más importantes

de la prevención del delito, conceptualmente originadas

en el contexto criminológico, pero ahora establecidas de

manera sólida en los campos institucionales y también

políticos.

Se muestra, entonces, un análisis comparativo del

desarrollo y los cambios en la prevención del delito en

algunos países europeos, así como de los modelos emer-

gentes del continente. Asimismo, se establecen algunas

observaciones finales referentes a los cambios actuales

y, posteriormente, una serie de preguntas abiertas con-

cluye este capítulo. El hecho de que estos cambios rela-

cionados con la prevención del delito se hayan llevado

a cabo las últimas décadas en varias de las democracias

occidentales y que presenten, al menos así parece, varios

aspectos comunes, trae a colación apuntes interesantes

para una perspectiva dinámica de importancia en la pre-

vención del delito1.

2. Definición de prevención del delito y sus límites

Los límites siempre han sido un asunto conceptual rele-

vante en el análisis del delito y las políticas contra la cri-

minalidad. En lo que concierne a la prevención del delito,

su definición y las limitaciones de su extensión han sido

durante mucho tiempo preguntas abiertas. ¿Cómo se

puede diferenciar la prevención de la represión? ¿Cómo

se pueden diferenciar las características de una “nueva”

1 El hecho de que las ideas, conceptos y prácticas relativas a la prevención del delito y sus cambios muestren rasgos comunes en distintos contextos alrededor de Europa es un ejemplo más de la manera en que las políticas “viajan” alrededor del mun-do contra la criminalidad. Partiendo de esos rasgos comunes, que se describen en las páginas a continuación, algunos países europeos han adoptado (y se han adaptado a) las nuevas ideas relacionadas a la prevención del delito, reestructurándolas de manera que se adapten en mayor grado al contexto local, sus necesidades y características. Este proceso de adaptación está influenciado por la convergencia de distintos factores estruc-turales y culturales y también aumenta las diferencias locales en el desarrollo de los programas de prevención del delito en distintos países (Newburn y Sparks, 2004).

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 27

idea de prevención del delito frente a una idea más tra-

dicional? Y finalmente, ¿cómo establecer una diferencia

entre las diversas prácticas de prevención del delito?

La mayoría de los trabajos referentes a la prevención

del delito realizados en las últimas décadas parten de es-

tas preguntas y hacen observaciones en la vaguedad del

concepto en sus dos elementos: “delito” y “prevención”:

Si destapáramos el concepto de prevención del delito,

inmediatamente pudiéramos reconocer que el delito

por sí mismo no es de ninguna manera un término pre-

ciso que cubra un grupo de actos cualitativa y cuan-

titativamente diferentes que, como corresponde a los

conceptos sociales, varían en tiempo y espacio (…) La

prevención es un asunto poco preciso, durante y a tra-

vés de su diversidad pura y la poca ayuda que presta la

palabra (Gilling, 1997: 2-3).

Asimismo:

Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con preven-

ción? Las políticas, los programas, las experiencias son

tan distintas, sus objetivos tan variados, a veces tan

inciertos, sus resultados tan difíciles de juzgar (…) Los

propósitos se han realizado en la literatura científica

para proporcionar una definición, pero rara vez resul-

tan conclusivos, mucho menos convergentes. En repe-

tidas ocasiones caen en controversias inherentes en la

noción misma del delito y a veces no hacen sino repro-

ducir estos puntos de contención (Robert, 1991:5).

Las dificultades conceptuales en la explicación y defi-

nición de la prevención del delito aumentaron muy con-

siderablemente luego de los cambios en la práctica. La

vaguedad es entonces vista principalmente como la con-

secuencia del alargamiento del concepto para abarcar

un grupo amplio y dispar de prácticas que a veces coin-

ciden, a veces coexisten y otras representan alternativas

a las estrategias más tradicionales de control del delito y

que pueden formar parte de distintas políticas públicas.

Mientras más vago es el concepto, más se ha extendido

en distintos campos de las políticas públicas y abre ma-

yores espacios para disertaciones públicas, aumentando

aún más su aspecto político (Rochè, 1999: 153)2.

Esta expansión y el consecuente aumento en la va-

guedad del concepto de prevención del delito han sido el

objeto de análisis profundos en la literatura socio-crimi-

nológica en las últimas décadas, con énfasis en el contex-

to del continente europeo y la diferencia entre la llamada

nueva prevención del delito a partir de las formas tradi-

cionales3, solo de forma implícita, donde se atribuye a los

enfoques tradicionales una visión del control del delito a

través de los instrumentos de justicia disponibles.

En octubre de 1989 se realizó la primera Conférence

Européenne et Nord-Américaine sur la Sécurité Urbaine

2 En palabras de Gilling (1997: 9): “Lo que es científicamente problemático, puede ser, por el contrario, muy útil en la política”.

3 El concepto de nueva prevención y sus características prin-cipales han sido promovidas y profundamente analizadas en el contexto europeo, específicamente por Robert (1991). Durante la misma década, otros definieron la nueva prevención del de-lito como “moderna” (Sack, 1997: 157) y también como “fun-cional” (Gilling, 1994).

28 | artículos y ensayos

et la Prevention de la Délinquance (Conferencia Europea y

Norteamericana sobre la Seguridad Urbana y la Prevención

del Delito) en Montreal, seguida en noviembre de 1991

por la Conferencia internacional de Seguridad Urbana y

Prevención de Drogas y Delitos, en París. Ambos eventos

tuvieron un gran impacto en la historia y el desarrollo

del pensamiento teórico europeo en lo que respecta a las

políticas y prácticas relacionadas con la prevención del

delito. Fue en estas conferencias donde los principales

rasgos distintivos de la llamada prevención del delito se

esbozaron, discutieron y luego diseminaron en varios

contextos. La nueva prevención del delito fue el nombre

que se le dio a una serie de medidas cuya característica

principal era la de ser, o se suponía que fueran, alternati-

vas a las medidas tradicionales de la justicia en el campo

del delito4. Con el nombre de políticas de prevención del

delito se puede encontrar una amplia gama de prácticas

y medidas que apuntan de forma común a evitar el de-

sarrollo de comportamientos criminales o victimización,

eventos delictivos o reducción de la incidencia del delito,

así como brindar seguridad a las comunidades y comba-

tir el temor a la ocurrencia de delitos sin ningún impacto

directo sobre los eventos delictivos apuntados.

Las nuevas características de la prevención del delito

4 En palabras de la responsable del comité científico que orga-nizó la mencionada conferencia de París, “La prevención tiene como objetivo reducir la frecuencia no solo de ciertos tipos de conductas que son punibles por la ley, sino también ‘incivilida-des’, que no son necesariamente clasificados como delitos pe-nales ya que se recurre a otras soluciones que no involucran la prisión” (Robert, 1991: 5).

han sido principalmente enfatizadas en el contexto con-

tinental, sobretodo en italia (Baratta, 1993; Pavarini,

1994), Francia (Robert, 1991) y Alemania (Sack, 1997;

Aden, 2001), ya que en los contextos legales de los men-

cionados países era más necesario, en comparación con

el sistema legal angloamericano, seleccionar una nueva

forma de prevención que pudiera ser conceptualmente

reconocida en forma clara por parte del sistema penal.

En el contexto británico, lo que emergió durante la dé-

cada de los 80 y 90 no fue precisamente la nueva pre-

vención del delito, sino principalmente la conexión de

la prevención del mismo con la seguridad de la comuni-

dad y, de forma más general, la condición de “libre del

delito” (ALA, 1990: 3).

En todos los contextos europeos, estas nuevas carac-

terísticas distintivas de la prevención del delito fueron si-

milares y se pueden resumir de la siguiente manera:

» Aumento de la participación de los actores involucra-

dos en la prevención del delito, como está expresado

por los poderes emergentes y la responsabilidad de

los gobiernos locales en varios de los países europeos

(ampliación institucional), y por los intentos de invo-

lucrar de distintas maneras a los individuos y ciuda-

danos en lo que respecta a su responsabilidad en la

prevención del delito (ampliación social).

» La fragmentación de los procesos de toma de decisio-

nes e incremento de los conflictos entre los diferentes

actores, como consecuencia del aumento de estos úl-

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 29

timos. La fragmentación de los actores plantea en to-

das partes la necesidad de una acción coordinada y la

búsqueda de la colaboración que pronto llega a ser, y

sigue siendo, uno de los temas clave de la prevención

del delito (Gilling, 1994).

» El aumento de atención para las víctimas de delitos,

que involucre un cambio cultural y práctico hacia el

uso de la prevención a fin de evitar la victimización,

no solo para prevenir la insurgencia de los factores

criminógenos en el ámbito individual o social.

» La ampliación de las prácticas y el discurso preventivo

también hacia el área de incivilidades y el desorden,

es decir, comportamientos que no están criminal-

mente definidos. Este cambio se produjo a través de

dos estrategias distintas: la criminalización de ciertos

comportamientos desviados o el intento de preven-

ción para, asimismo, evitar también los problemas

relacionados con la delincuencia que pueden afectar

un área donde el desorden y el delito común ya están

presentes5.

» El uso creciente de instrumentos administrativos

para implementar la prevención del delito en el ám-

bito local y, en general, la participación de diferen-

tes tipos de políticas urbanas (planificación urbana,

tecnología, regulación administrativa de los espacios

públicos, etcétera).

5 De acuerdo con la hipótesis conocida y extendida de la teo-ría de las “ventanas rotas”.

3. Prevención del delito y cambios en las políticas de su control

La mayoría de los trabajos sobre la prevención del delito

comenzó con la reafirmación de que las medidas tradi-

cionales de justicia en el aspecto delictivo han demos-

trado ser ineficientes y de gran costo, y han puesto de

manifiesto la necesidad de buscar formas distintas para

hacer frente a la delincuencia en diferentes escenarios

(Rosenbaum, Lurigio y Davis, 1998: 6).

La evidencia empírica demostrada sobre la ineficacia

de la justicia penal en prevenir y reducir la delincuencia

abrió el camino para la búsqueda de nuevos instrumen-

tos, incluso en otros sectores del ordenamiento jurídico y

en el mercado de la seguridad privada.

La nueva prevención está destinada a ser algo similar

a una “revolución”, según sus seguidores, quienes ase-

guran que es la respuesta correcta a una crisis general

del sistema de justicia penal y sus acciones tradiciona-

les. La creciente importancia de la prevención del deli-

to es el resultado, sin embargo, no solo de la filosofía de

“nada funciona”, sino también de muchas otras dinámi-

cas y procesos que han caracterizado a las democracias

occidentales en las últimas décadas. Su definición y sus

nuevas características están, por supuesto, estrictamen-

te relacionadas con la transformación de políticas gene-

rales de lucha contra la delincuencia (Garland, 2001),

las tensiones existentes y la redefinición de los límites, los

diferentes campos del ordenamiento jurídico (el penal,

el administrativo y el privado), así como también con la

reestructuración y cambio de límites entre las competen-

30 | artículos y ensayos

cias de las diferentes instituciones y el Estado, la sociedad

y el mercado (Crawford, 1997).

En esta perspectiva más amplia, los dos enfoques ge-

nerales y principales pueden ser diferenciados en la for-

ma de entender los cambios en la prevención del delito.

El primero se centra en el cambio del “bienestar-regu-

lador” al enfoque neoliberal y en cómo afecta las cultu-

ras, políticas y prácticas de orden social y la lucha contra

la delincuencia (o’Malley, 1992; Landreville, 2005).

Las políticas de control social de la posguerra estuvie-

ron, en la mayoría de los países europeos, encabezados

por los Estados nacionales y sus agencias, y se basaron

en una idea del delito como una falla social o individual.

La prevención del delito, en consecuencia, debía llevarse

a cabo a través de reformas y políticas sociales, mientras

que las políticas penales apuntaban también a objetivos

de rehabilitación y no solo punitivos. Sin embargo, el

cambio hacia una nueva cultura y nuevas políticas de

control del delito, ocurridas en períodos diferentes en las

últimas décadas en la mayoría de países europeos, se cen-

tró en la responsabilidad individual, el papel de la víctima

en las diferentes estrategias de prevención y en las diver-

sas políticas de castigo.

Los ideales de rehabilitación e inclusión social han

sido sustituidos, aunque no de forma completa, por las

llamadas estrategias actuariales penales (Feely y Simon,

1994). La atención hacia el criminal ha sido sustituida,

pero, una vez más, no del todo, como veremos más ade-

lante, por el nuevo papel desempeñado por las víctimas,

la atención hacia las causas de la delincuencia en el in-

tento de controlarla de una manera que resulte compati-

ble con la vida cotidiana urbana (Garland, 1996).

La aparición de nuevos intentos de intervención en

las políticas de control del delito también se han contex-

tualizado en una perspectiva diferente, donde, sin negar

la dinámica descrita anteriormente para la prevención

y el carácter local de las políticas de seguridad, son vis-

tos como el enfoque adecuado para el desarrollo de un

modelo alternativo de orden social. Las políticas locales

y las ciudades se consideran, respectivamente, como el

mejor instrumento y el mejor sitio para intervenir en

asuntos delictivos y de desviación. En esta perspectiva,

la verdadera novedad de la prevención del delito se basa

en su condición para ser principalmente una función de

las autoridades locales6, es decir, en su condición para

ser parte de las nuevas formas de autoridad local. Esto,

en consecuencia, implica el intento de incorporar las

organizaciones sociales y la comunidad en el proceso de

formulación de políticas o en su aplicación, o en ambos

(Edwards y Hughes, 2002: 4), y de acuerdo a las afirma-

ciones del realismo de izquierda británica, resaltando

el carácter natural de los conflictos relacionados con la

delincuencia y la importancia de encontrar la solución

6 En París, abriendo la conferencia antes mencionada, Phi-lippe Robert recalcó el asunto de la siguiente manera: “Pero la gran novedad estaba constituida por la puesta en escena de los responsables municipales: la iniciativa de la conferencia no ve-nia de los Estados, ni de los profesionales del cuerpo criminal o científico, sino de los grupos de colectivos locales... A través de esta innovación, se imponía la idea de que la prevención recaía, no exclusiva sino fundamentalmente, en los responsables loca-les” (Robert, 1991: 9). (traducción propia.)

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 31

principalmente en el ámbito local, basada en las compe-

tencias de las autoridades locales y respondiendo más a

las necesidades de los ciudadanos (Young, 1992). En esta

perspectiva, en toda Europa “tomar a los ciudadanos en

serio” y desarrollar “enfoques de múltiples agencias” se

convirtieron rápidamente en las nuevas palabras clave

para las estrategias de prevención del delito, apelando

también a las consignas políticas.

Recientemente, Hebberecht y Duprez (2002) ofrecen

un marco similar bastante amplio para una mejor com-

prensión de los cambios en la prevención del delito en

relación con el surgimiento de nuevas políticas de segu-

ridad. En su análisis comparativo, hacen referencia a tres

diferentes “lógicas de seguridad” que se pueden resumir

de esta manera: una seguridad neoliberal, basada en la

responsabilidad individual, sobre prácticas actuariales,

gerencia y tecnología; una seguridad socialdemocrática,

basada en la idea de la seguridad como un bien público

y de las políticas de control del delito, respetando la soli-

daridad colectiva y la justicia social, y una tercera lógica,

definida por Hughes y Edwards (2005: 24) como la “mo-

ral conservadora”, que fortalece la autoridad moral de

los controles formales e informales.

En su análisis comparativo, algunos países (inglate-

rra, Gales y Holanda) se acercan más a la lógica de la

seguridad con algunos elementos de racionalidad moral-

conservadora, mientras que otros (España, Francia y

Portugal) se acercan más a un enfoque socialdemócrata.

Los mismos autores también sugirieron que estas lógicas

han estado presentes en todas partes, “aunque las mez-

clas de estas estrategias varían de país en país, de acuer-

do con los contextos políticos cambiantes en los que fue-

ron promovidos y desafiados” (Hughes y Edwards, 2005:

24). Como se podrá apreciar más adelante, las distintas

tipologías de prevención del delito que el pensamiento

criminológico ha estado elaborando se ajustan en di-

versas formas a estas tres “lógicas” o “racionalidades”

distintas, pero al final se pueden combinar mejor de lo

esperado.

4. La nueva prevención ¿sugiere nuevas teorías del delito?

Debido a que cada respuesta a la delincuencia se basa, o

debería basarse, en una teoría sobre la naturaleza y las

causas de la delincuencia, es interesante determinar si

la aparición de una nueva prevención del delito implica

también el surgimiento de una nueva racionalidad en la

comprensión del delito. A primera vista, la prevención

del delito en las últimas décadas se ha basado en un con-

junto bien establecido de teorías internacionales y tam-

bién en algunos enfoques de sentido común con respecto

a la delincuencia. Lo nuevo en esta perspectiva es, por un

lado, la mayor relevancia de algunas teorías sobre el deli-

to con respecto a otras, y por otro, el intento de combinar

los distintos enfoques y explicaciones de la delincuencia.

El concepto de “prevención integrada” (Hebberecht

y Duprez, 2001), bastante difundido en el contexto del

continente europeo, resume muy bien esta mezcla de

distintas teorías relacionadas con el delito, aplicada a las

diversas técnicas de prevención.

En las estrategias contemporáneas de prevención

32 | artículos y ensayos

del delito, es posible encontrar a menudo una combina-

ción de las tres diferentes perspectivas que constituyen

el marco principal de las teorías criminológicas, en un

programa único y completo de prevención: las motiva-

ciones individuales y predisposición; la influencia de la

estructura social y el contexto, junto con las perspectivas

racionales de elección.

El marco teórico de las estrategias actuales de pre-

vención de la delincuencia abarca todas estas teorías y

enfoques, aunque, por supuesto, los diferentes conjuntos

de prevención del delito se basan principalmente en una

u otra teoría, como es evidente y se verá más adelante

en el análisis de las diferentes tipologías de medidas pre-

ventivas.

Considerando que la prevención social del delito y la

prevención del delito en la comunidad se basan princi-

palmente en las suposiciones de la Escuela de Chicago

acerca de la desorganización social y sus desarrollos pos-

teriores, así como las teorías de la eficacia colectiva, la

prevención del delito situacional se basa en el conjunto

de teorías relacionadas con las oportunidades, activida-

des rutinarias, la elección racional e incluso enfoques de

sentido común, como la teoría de las ventanas rotas.

No obstante, el aspecto más importante a considerar

se basa en la manera en que las estrategias de muchos

(por ejemplo, la prevención del delito situacional) se han

establecido en diversos países del centro y sur de Europa,

cuyas ideas sobre criminología han estado siempre muy

distantes de la teoría de las oportunidades y los enfoques

afines. En italia, por ejemplo, este enfoque de la preven-

ción del delito se ha aceptado con entusiasmo, pero sin

ningún tipo de difusión de la clase de conocimiento cri-

minológico de la que depende, concretamente, la teoría

de las oportunidades y el enfoque de la actividad de ru-

tina, que, a pesar del reciente interés de algunos acadé-

micos en el desarrollo de estas teorías (Barbagli, 1995;

Savona, 2004), son en gran parte desconocidas y poco

familiares en el discurso científico italiano sobre la delin-

cuencia y la prevención del delito.

Asimismo, muchos países del sur de Europa, en con-

traste con Gran Bretaña y Holanda, están siendo testigos

del desarrollo de muchas de las estrategias de preven-

ción del delito sin actividades de investigaciones fuertes

ni constantes, y sin ninguna evaluación científica de

los programas de prevención implementados. Los enfo-

ques tradicionales, que han gobernado su investigación

empírica sobre la delincuencia y la prevención, no han

impedido la propagación de la misma clase de medidas

preventivas ya experimentadas en otros contextos.

5. Clasificación de las estrategias de prevención del delito

La intención de clasificar las diferentes tipologías de

prevención ha tenido más éxito que el intento de definir

conceptualmente la prevención del delito. Durante los

últimos 30 años, tanto en el contexto angloamericano

como en Europa continental, un sector importante de la

literatura se ha dedicado a esta clasificación, y la deter-

minación de categorizar la prevención del delito ha ido

sustituyendo progresivamente el esfuerzo de definirlo.

Uno de los primeros intentos de clasificar la prevención

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 33

es la distinción entre la prevención primaria, secundaria

y terciaria (Brantingham y Faust, 1976). La prevención

primaria consiste en la prevención de la delincuencia en

una fase muy temprana y abarca medidas encaminadas

a reducir o eliminar los factores criminógenos presentes

en un contexto social y físico, o en individuos o grupos.

La prevención secundaria comprende todas las me-

didas dirigidas a grupos que se encuentran en riesgo de

cometer delitos. La prevención terciaria tiene como obje-

tivo prevenir la reincidencia. Esta clasificación recuerda,

en sus tipos primero y tercero, la clasificación que ya se

ofrece en el pensamiento europeo penal entre preven-

ción general y prevención especial, y también recuerda

una distinción muy común en el lenguaje médico. Una

clasificación similar, pero no tan exitosa, basada en los

escenarios donde se trabaja la prevención del delito, ha

sido propuesta en el contexto europeo continental por

Walgrave y Cauter (1986), basada en un análisis de la

prevención del delito diferente a las medidas adoptadas

en Bélgica durante la década de los ochenta. A través del

tiempo, la distinción entre principios de prevención pri-

maria, secundaria y terciaria ha sido rechazada y aban-

donada por estar demasiado relacionada con los modelos

conceptuales de la manera en que funcionan las políti-

cas de salud (tonry y Farrington, 1995: 2), y porque,

posiblemente, sea inútil en la práctica (Ekblom, 1996: 1;

Graham y Bennett, 1995: 6).

Sin embargo, aun sobre la base de estos tres tipos de

prevención del delito, se estableció una distinción más

exitosa que fue propuesta a principios de la década de los

90 por Van Dijk y De Waard (1991). Dicha clasificación

representa un avance con respecto a la distinción simple

entre las prevenciones primaria, secundaria y terciaria,

gracias a la introducción de dos variables: las víctimas y

los contextos. En esta clasificación se destaca un nuevo

esquema de nueve tipologías diferentes de prevención,

que va más allá de la primera propuesta basada en los

autores de los delitos. En este sentido, la propuesta de

Van Dijk y De Waard está más actualizada y tiene en

cuenta las tendencias más generales en las políticas de

lucha contra la delincuencia: la atención a las víctimas

de delitos (y no solo los autores) y la importancia de los

lugares y situaciones7.

Sin embargo, en la década de los noventa surgieron

algunas clasificaciones simples y menos detalladas: la

primera, basada principalmente en la distinción entre

la delincuencia situacional, social y comunitaria para la

prevención (Graham y Bennet, 1995), y la segunda, en

una distinción más precisa y completa entre la preven-

ción por parte de la policía y el sistema de justicia penal,

la prevención del delito situacional, la prevención del de-

lito en desarrollo y el papel de la prevención del delito en

la comunidad (tonry y Farrington, 1995).

La diferencia principal entre estas dos clasificaciones

es que la prevención social del delito desaparece como tal

en la propuesta de tonry y Farrington, mientras que se

7 Una distinción similar, pero no tan exitosa y considerada entre las medidas de prevención del delito basada en la triparti-ción de primaria, secundaria y terciaria, es el plan de Lavrakas de 1995 en el que se cruzan los tres tipos de prevención del de-lito con cuatro “contextos operacionales”: personas, edificios, barrios y la sociedad.

34 | artículos y ensayos

incorpora el sistema tradicional de justicia penal de la

prevención del delito. El primero es un porqué, dicen los

autores, “la prevención en desarrollo y en la comunidad

a menudo se incluyen en el epígrafe general de preven-

ción ‘social’ del delito, pero pensamos que son tan dife-

rentes que hay que distinguirlos” (tonry y Farrington,

1995: 3). En la literatura de los últimos 15 años, estas

categorías a menudo se han mezclado en diferentes ma-

neras de acuerdo con los contextos europeos particulares

y al mayor o menor éxito de una de las categorías con

respecto a las demás.

Mientras que el sur de Europa, bajo la influencia de

los análisis francés y belga de la delincuencia y la preven-

ción del delito, se ha centrado recientemente en la pre-

vención social y la prevención comunitaria del delito8, el

contexto británico ha hecho énfasis en la prevención del

delito situacional y toda una serie de iniciativas basadas

en diversos enfoques sociales y colectivos que han sido

adoptados bajo la etiqueta de seguridad de la comunidad

(Crawford, 1997).

A partir de la definición de la prevención como una

medida capaz de producir efectos sobre los mecanismos

que conducen a cometer un delito, Ekblom (1996) des-

tacó las causas próximas y remotas (distales) de la delin-

cuencia y ofrece una clasificación de medidas que pueden

tener un efecto en ambas. Recientemente, esta clasifica-

8 Pero, como veremos más adelante, en un nivel práctico, es la prevención situacional la que finalmente –y no muy diferente del contexto británico– será la más conocida y adoptada medida de prevención del delito.

ción ha sido actualizada (Ekblom, 2005), relacionando

las causas del delito más evidentes y después clasificando

las causas como, entre otras, la predisposición criminal,

la falta de recursos para evitar la delincuencia, la dispo-

sición de delinquir, los recursos para cometer delitos, la

decisión de delinquir, la presencia del delincuente en la

situación delictiva, el objetivo del delito, el recinto que es

objetivo de la delincuencia, el ambiente en general, los

agentes preventivos de la delincuencia y los promotores

del delito. Se ofreció así entonces una lista de once me-

canismos generales de prevención para abordar estas

causas. Sin embargo, la distinción mencionada en la pre-

vención del delito representa simplemente otra forma de

identificación de la misma distinción conceptual entre la

prevención del delito y la situación de desarrollo: la pri-

mera es capaz de intervenir en las motivaciones indivi-

duales y la segunda, en las situaciones y los contextos.

Por último, tilley y otros (2004) proponen una cla-

sificación más simple, similar a la ya realizada por tonry

y Farrington, sobre la base de los mecanismos implica-

dos en la justicia policial y penal, el delito situacional, la

intervención social y el tratamiento individual. Antes de

profundizar en el análisis de estos diferentes tipos de pre-

vención del delito y, sobre todo, la forma en que han teni-

do éxito en los diferentes contextos europeos y la manera

en que se han transformado, vale la pena señalar que

este esfuerzo enorme de clasificación no ha sido capaz

de superar la superposición conceptual entre algunos

tipos de medidas de prevención del delito. Como se verá

más adelante, algunas categorías, en primer lugar la de

la prevención del delito en la comunidad, parecen tener

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 35

una autonomía conceptual débil con respecto a algu-

nas otras medidas, y hasta en ciertas ocasiones parecen

solaparse con otras categorías. Por otra parte, algunos

podrían pertenecer a diferentes tipologías. Es una ambi-

güedad que se plantea a partir de la dificultad de distin-

guir conceptualmente la prevención del delito desde la

prevención de la victimización.

6. Prevención del delito situacional

La prevención del delito situacional se basa principal-

mente en la idea de que la intervención en los contex-

tos, a través de una serie de mecanismos y dispositivos

simples, puede producir una reducción de la delincuen-

cia y la victimización. Como es bien sabido, la preven-

ción del delito situacional basa sus técnicas y su fun-

cionamiento en un conjunto de teorías criminológicas

en general como la “teoría de la oportunidad” y las

“actividades de rutina”, que Garland (1996: 450) de-

fine como “criminologías de la vida cotidiana”. En este

marco teórico, el delito no se considera como el resul-

tado de predisposiciones individuales y motivaciones,

sino de una serie de circunstancias y factores que crean

o aumentan las oportunidades delictivas en autores ra-

cionalmente motivados. En consonancia con esta idea

de la delincuencia, la prevención del delito situacional

se basa en un conjunto de medidas, especialmente res-

pecto a las formas específicas de delincuencia, y por lo

general implica algún tipo de gestión, manipulación y

configuración tanto de los contextos físicos como de las

actitudes y comportamientos.

Partiendo de un análisis de las circunstancias que dan

lugar a tipos específicos de delitos, se introduce una

gestión discreta y el cambio ambiental para reducir la

oportunidad de cometer actos delictivos. Además, se

centra en el escenario de la delincuencia, en lugar de los

delincuentes. Su objetivo es prevenir la ocurrencia de

delitos, en vez de detectar y sancionar a los que comen-

ten los delitos. Su propósito no es eliminar las tenden-

cias delictivas o los delincuentes a través de la mejora

de la sociedad y sus instituciones, sino se limita a hacer

que las acciones delictivas sean menos atractivas para

los delincuentes (Clarke, 1997: 2).

A pesar del hecho de que la prevención del delito si-

tuacional ha sido presentada por sus defensores como

una nueva forma de luchar contra la delincuencia, la

mayor parte de las medidas que lo componen no son nue-

vas en lo absoluto. Ya se ha comentado (Garland, 2000:

5) cómo Enrico Ferri, penalista italiano y defensor del

positivismo sociológico, propuso a principios del siglo XX

una serie de sustitutos a las medidas penales, la llamada

sostitutivi penali, que previeron la importancia de cen-

trarse en la prevención del delito en el contexto y no solo

en las motivaciones individuales de los delincuentes por

medio de, por ejemplo, esclarecer y fortalecer el objetivo.

En términos más generales, hace muchos años Gar-

land demostró cómo el reducir las oportunidades y las

ocasiones, en lugar de centrarse en los individuos que son

cambiantes, desarrolla un papel importante en muchos

enfoques diferentes de sentido común (por ejemplo, el de

Ferri, entre los de otros teóricos de prevención del delito)

36 | artículos y ensayos

y del trabajo policial. Un gran grupo de expertos se ha de-

dicado a la prevención del delito situacional, por lo que la

intención aquí no es pasar más tiempo en la descripción

de dichas técnicas. Más bien nuestra atención se centra

en algunas de las características y problemas conexos. La

primera es la creciente importancia de la prevención del

delito situacional en la mayoría de los programas preven-

tivos y planes adoptados en muchos contextos diferentes

en Europa. Garland (2000: 13 ss.) destacó los factores

que podrían haber hecho que la prevención del delito si-

tuacional fuera tan atractiva para los políticos de las últi-

mas décadas. Uno de ellos es la creciente importancia del

sector privado y el enfoque policial de seguridad, y, de for-

ma más general, el hecho de que este tipo de prevención

del delito no depende necesariamente de las agencias es-

tatales e instrumentos tradicionales de la justicia penal.

Por otra parte, en una perspectiva más amplia, la pre-

vención del delito situacional “tiene una fuerte afinidad

con... la cultura generalizada de control que había cre-

cido en la modernidad tardía” (ibíd., 14). El éxito de la

prevención del delito situacional, sin embargo, no habría

sido lo mismo sin el desarrollo de políticas locales de se-

guridad, es decir, el intento ya se ha mencionado para

controlar el delito en el ámbito local a través de un con-

junto de diferentes políticas locales y, en general, con la

politización de los temas de la delincuencia y la seguri-

dad en las últimas décadas. El éxito de la prevención del

delito situacional en el plano político es fácilmente com-

prensible porque, mucho más que cualquier otro tipo de

prevención del delito, parece ofrecer a los políticos no

solo un conjunto de respuestas fácilmente disponibles,

pragmáticas y aparentemente exitosas con el delito, sino

que también representa una buena manera de responder

a las necesidades de los ciudadanos en materia de segu-

ridad.

Una segunda característica importante de la preven-

ción del delito situacional es la tendencia a ampliar el

conjunto de prácticas. Durante casi veinte años, Ronald

Clarke amplió el número de categorías de las medidas

conceptuales de prevención del delito, de tres a cinco. Las

tres primeras categorías de la prevención del delito situa-

cional se centraron en las circunstancias y oportunida-

des, en la década de los ochenta, mientras que los otras

dos añadidas más recientemente se centran en técnicas

de ayuda a los posibles delincuentes para que cumplan

con las normas y respeten la ley. Esto también representa

una ampliación en el conjunto de teorías que son el mar-

co conceptual de estas estrategias, ahora amplificada

para abrazar la teoría de David Matza sobre las técnicas

de neutralización y otras teorías del control social.

La famosa clasificación de Clarke de técnicas situa-

cionales, ahora, abarca cuatro categorías generales con

el fin de mejorar el esfuerzo: aumentar el riesgo, reducir

los beneficios, reducir provocaciones y eliminar excusas,

cada una de los cuales contiene cinco subtécnicas pre-

ventivas (Clarke, 2005: 46-47).

En el mismo período, Clarke también intentó ampliar

la aplicación de la prevención del delito situacional a di-

ferentes tipos, como los delitos relacionados con el terro-

rismo (Clarke y Newman, 2006) y, de forma más general,

no solo a delitos contra la propiedad. En esta ampliación,

se puede apreciar tanto el esfuerzo de Clarke para res-

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 37

ponder a las críticas relativas a la prevención del delito

situacional, sobre todo su éxito solo en el ámbito de la

propiedad y otras formas muy concretas de la delincuen-

cia, como su intento de ofrecer una teoría general de la

prevención del delito.

A pesar de la creciente importancia en muchos con-

textos europeos y su fuerte presencia en diversos pro-

gramas preventivos nacionales y locales, la prevención

del delito situacional ha sido fuertemente criticada en el

debate criminológico por algunas de sus características.

En un nivel práctico, su eficacia ha sido puesta en duda.

Además, se ha criticado también los diversos problemas

de desplazamiento que puedan surgir de las intervencio-

nes situacionales. En un plano más teórico, la preven-

ción del delito situacional y las racionalidades crimino-

lógicas sobre las que esta se basa han sido criticados por

cuestiones éticas, como violaciones de los derechos de los

ciudadanos, la injusticia y el refuerzo de la exclusión de

la sociedad de algunos grupos, así como también por ser

un enfoque con mucho sentido común que no se ocupa

de toda la complejidad de la delincuencia y sus causas9.

7. Prevención del delito social

La prevención del delito social abarca todas aquellas medi-

das cuyo objetivo es eliminar o reducir los factores crimi-

nógenos, a partir de un enfoque motivacional de la delin-

9 El análisis crítico más reflexivo y preciso de la prevención situacional del delito se encuentra en von Hirsch, Garland, y Wakefield (2000).

cuencia. En este enfoque, el delito se considera el resultado

de varias causas sociales, lo que se puede abordar de ma-

nera coherente solo a través de programas sociales capa-

ces de reducir o atenuar los problemas sociales que son las

raíces de la delincuencia (Robert, 1991: 16; Gilling, 1997:

5), a través de inversiones en programas de desarrollo

social que fortalezcan a los individuos, las familias y las

comunidades (Knepper, 2007: 140). En contraste con la

prevención situacional del delito, en este enfoque el autor

del delito y sus motivaciones son la base de la prevención

del delito, por lo que goza de mucha relevancia en el con-

texto, no como una “situación” sino como un conjunto de

condiciones sociales que conducen a la delincuencia:

La prevención del delito social busca cambiar las mo-

tivaciones delictivas, que se percibe radica más en las

personas que en las cosas, en el entorno social (...)

intenta lograr este objetivo a través de las medidas de

políticas sociales como las políticas de vivienda, salud

y educación en lo que concierne a la delincuencia y el

alcohol; la política familiar y educativa; trabajo con jó-

venes; y la política de empleo (Gilling, 1997: 5-6).

Según algunos estudiosos, la prevención social del de-

lito no es un esfuerzo autónomo, sino que forma parte de

las políticas de bienestar más general (Walgrave y de Cau-

ter, 1986; Peyre, 1986) y como tal debe ser un componen-

te de muchos conjuntos distintos de políticas sociales10.

10 Para un enfoque similar, pero más reflexivo y actualizado de la prevención del delito social, véase Knepper (2007).

38 | artículos y ensayos

Además, una reciente revisión de la prevención social del

delito (Graham y Bennett, 1995) incluye diversas políti-

cas de bienestar social, incluidas las políticas de la fami-

lia, el trabajo, la vivienda y las políticas de integración

social. Según otros, aquí se define la prevención social del

delito como la vinculada al delito comunitario-social y

debe mantenerse separada de las políticas sociales gene-

rales, a causa de su orientación directa a determinados

grupos sociales, áreas y contextos (Pitch, 2006: 128).

Asimismo, se ha señalado que no todas las interven-

ciones sociales deben ser vistas como problemas delicti-

vos que afectan. La prevención social, en esta perspectiva

menos amplia, es solo uno de los posibles objetivos de los

diferentes tipos de prácticas preventivas, procurado a tra-

vés de los programas sociales (Baillergeau, 2007: 9).

tonry y Farrington (1995), en su visión exhaustiva

de los enfoques de prevención del delito, ven la preven-

ción del delito social como una mezcla entre las preven-

ciones del delito en desarrollo y las de la comunidad. Más

precisamente, refiriéndose a la vaguedad de la preven-

ción social, diferencian la prevención del delito social

individual, que coincide con la prevención del delito tem-

prano y en desarrollo y la prevención del delito de la co-

munidad. El resultado es la desaparición de la definición

de la prevención del delito social en este marco teórico.

La línea entre la prevención del delito social y del deli-

to en desarrollo siempre ha sido vaga, porque ambos en-

foques tratan de hacer frente a diferentes déficits sociales

que funcionan como factores criminógenos en algún

contexto y la producción de efectos en algunos grupos

de la población. Un ejemplo de la superposición entre la

prevención del delito social y la prevención del delito en

desarrollo se puede encontrar también en Rosenbaum,

Lurigio y Davis (1998: 12), que definen la prevención so-

cial del delito como el conjunto de enfoques de la preven-

ción del delito “social” y “temprano” o “en desarrollo”,

en esta perspectiva, que comparten la noción de los ries-

gos potenciales de aparición de conductas delictivas en

algunos grupos de población, y se proponen intervenir

en “las raíces” de las causas de la delincuencia.

Las intervenciones tempranas en la vida de los niños a

fin de prevenir la criminalidad por completo, las inter-

venciones para evitar que los niños en riesgo sigan un

estilo de vida delictivo y las intervenciones para preve-

nir la reincidencia de menores (...) Su elemento defini-

torio es que todos ellos se centran en los jóvenes y sus

familias y tratan de abordar las “raíces de las causas”

del delito o de los factores que predisponen a los indivi-

duos que están en riesgo de caer en la delincuencia y la

criminalidad11.

La prevención del delito social también ha sido criti-

cada en las últimas décadas. Los enfoques sociales ante

la delincuencia, cuando se refieren a determinados gru-

pos sociales, se han considerado como medidas estigma-

tizadoras, en lugar de reducir el riesgo de las personas en

el desarrollo de una carrera criminal. Pero la crítica más

común de la prevención social del delito se centra en la

11 Para una definición similar de la prevención del delito temprano, véase más adelante el apartado 9.

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 39

excesiva permanencia y duración de la acción social, en

la falta de evidencia empírica acerca de su impacto en

las personas y la delincuencia, y en la aplicación y los

problemas relacionados con la evaluación. Hoy en día,

como se verá más adelante, la prevención del delito so-

cial aparentemente no es más consistente con las cultu-

ras dominantes de control de la delincuencia que con los

grupos sociales minoritarios, y parece ir disminuyendo

en este aspecto.

8. Prevención del delito en la comunidad

La comunidad en la prevención del delito es hoy en día

un concepto clave tanto en la teoría y política como en

la retórica de prevención del delito institucional. En la

vasta literatura en idioma inglés sobre este enfoque, se

emplean actualmente diferentes descripciones: “gober-

nanza comunitaria”; “capital social”, “eficacia colec-

tiva” y “cohesión social/comunitaria”; “regeneración

de barrios”; “renovación cívica” (Carson, 2007: 712).

En su definición más clara, la prevención del delito en

la comunidad “se refiere a las acciones propuestas para

cambiar las condiciones sociales que se consideran como

promotoras del delito en las comunidades residenciales.

Normalmente se concentra en la habilidad que tienen las

instituciones locales para reducir el delito en barrios resi-

denciales” (Hope, 1995: 21).

Una vez más, es necesario advertir que esta idea y sus

prácticas conectadas no son para nada nuevas. Ya exis-

tente en la noción de desorganización social, así como

también en los estudios ecológicos de los chicaguenses,

la idea de la movilización y el fortalecimiento de la comu-

nidad ha sido un concepto clave, junto con la suposición

de que la debilidad de los nexos sociales de la comunidad

y la competencia entre los grupos sociales en áreas defi-

nidas han sido las causas principales del delito.

En el concepto original, la comunidad fue el lugar

donde surgió el delito, pero también fue el medio para

combatirlo.

Probablemente, incluso más que otro enfoque, la

prevención del delito en la comunidad es un concepto

ecléctico, en donde es posible encontrar medidas e inter-

venciones diferentes que estén relacionadas conceptual-

mente tanto con el enfoque situacional como con el so-

cial. En esta amplia definición, la prevención del delito en

la comunidad abarca todas las estrategias que pretenden

fomentar la participación ciudadana, tanto en el ámbito

individual como en el colectivo. Dicha participación se

puede dirigir hacia diferentes objetivos: en un enfoque

para la comunidad, el propósito consiste en fomentar sus

recursos internos a fin de prevenir o reaccionar contra el

delito. Este enfoque también puede referirse a las medi-

das generales que permiten el establecimiento de condi-

ciones de vida más propicias en un barrio.

En una versión situacional, la prevención del delito

en la comunidad se basa en las prácticas que intentan

cambiar el ambiente físico –como consecuencia, reme-

mora la teoría del “espacio defendible”– o reducir las

oportunidades para el delito mediante diversas formas de

vigilancia y actitud defensiva ejercida directamente por

los ciudadanos.

Estas diversas tipologías de intervenciones han sido

40 | artículos y ensayos

clasificadas en tres categorías (Graham y Bennet, 1995:

71ff):

» La organización de la comunidad, basada principal-

mente en la labor de los sociólogos urbanos de la Es-

cuela de Chicago y el modelo del “proyecto del área

de Chicago”. El objetivo principal consiste en lograr

cambios sociales rápidos y no disruptivos, a fin de re-

forzar la organización social y los nexos de la comu-

nidad.

» La defensa de la comunidad, lo que implica la parti-

cipación directa de los ciudadanos en los programas

de prevención del delito, con el propósito principal de

mejorar la vigilancia y la autoprotección.

» El desarrollo de la comunidad, basado principalmen-

te en las mejoras de los barrios para combatir la deca-

dencia urbana “mediante la reconstrucción del tejido

social, económico y físico de las comunidades, que a

su vez puede provocar, de manera intencional o no,

la reducción del delito y la criminalidad” (Graham y

Bennett, 1995:82).

De la misma manera como se experimentó en la pre-

vención del delito social y situacional, los partidarios de

la prevención del delito en la comunidad han intentado

ampliar conceptualmente el campo y alcance de este

enfoque, incorporando algunas medidas situacionales y

sociales específicas, y también la política policial de acer-

camiento a la comunidad (Graham y Bennett, 1995; Ro-

senbaum, Lurigio, y Davis, 1998).

A partir de las observaciones mencionadas, queda

claro que, así como sucede con otros métodos de pre-

vención del delito, el enfoque de la comunidad no es una

categoría bien separada. El elemento más relevante que

la distingue es el hecho de que se toman en cuenta los

ciudadanos y, eventualmente, sus diferentes formas de

organización y movilización para realizar diversos tipos

de prácticas preventivas. Sin embargo, las acciones y pro-

pósitos del método pueden ser muy similares a aquellas

correspondientes a otras estrategias preventivas.

Se recomienda una observación final sobre los dos

principales marcos de trabajo conceptuales opuestos. El

concepto más difundido de la prevención del delito en la

comunidad se refiere a una idea de movilización como

una nueva forma de fortalecimiento para los ciudadanos

y como punto de partida para el desarrollo de una nueva

forma de orden social (Edwards y Hughes, 2002: 5). Por

otra parte, existe el concepto de comunidad como un me-

dio para preservar y defender los valores y propiedades

de los residentes, en oposición a las amenazas externas.

Como bien lo expresó Carson (2007: 13), la preven-

ción del delito en la comunidad muestra una clara para-

doja:

Es lo que se desea (…) debido al sentido de seguridad y

pertenencia que ella ofrece en un mundo de creciente

incertidumbre. No obstante, su realización, incluso

si es posible, puede depender de la exclusión y la dife-

renciación vigorosa como resultado de nuestra propia

inseguridad y, por lo tanto, de la exclusión colectiva de

aquellos que se perciben como “diferentes” y otros ele-

mentos de nuestro medio.

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 41

otra paradoja interesante es que está surgiendo un

fuerte interés en la prevención del delito en la comuni-

dad, “en un tiempo histórico en el que las comunidades

prácticamente están decayendo en relevancia como un

recurso de fuertes vínculos” (Crawford, 2007: 888).

9. Prevención del delito basado en el enfoque de factores de riesgo

Ya se ha visto la manera en que la prevención temprana,

independientemente si se trata de la prevención del delito

en desarrollo o la prevención del factor riesgo, resulta di-

fícil de distinguir de otros tipos de prevención, sobre todo

de lo que se ha denominado aquí como prevención del

delito social.

Este enfoque de prevención del delito muy conocido

y ampliamente difundido (especialmente en el contexto

angloamericano) se refiere a las motivaciones individua-

les para cometer delitos que se desarrollan durante las

diferentes etapas de vida de los individuos. El propósito de

la prevención es intervenir en estas distintas etapas, con

diferentes estrategias, en diferentes contextos –principal-

mente en la familia, la escuela y la comunidad (trem-

blay y Craig, 1995; Homel, 2005: 71)–. Existen tres ras-

gos distintivos principales de la prevención temprana del

delito. La primera se refiere a la etapa más temprana en

las vidas de los individuos, generalmente su infancia12,

12 No obstante, qué tan temprana debe ser la etapa, sigue siendo una interrogante abierta. De acuerdo con algunos cri-minólogos, los factores de riesgo durante el embarazo también deben ser tomados en consideración.

hasta la adolescencia. Segundo, la prevención temprana

involucra el esfuerzo por intervenir en el primer acto de

desviación o delito de un individuo. Finalmente –y aquí

se puede apreciar la manera en que coincide la preven-

ción del delito temprana o en desarrollo con la preven-

ción del delito social– la prevención temprana requiere

cierto tipo de intervención individual o social.

Cualquiera sea la etapa donde intervenga la preven-

ción del delito, lo que importa es, principalmente, anali-

zar los diferentes factores de riesgo en distintas etapas de

la vida:

El término “factor de riesgo” captura un énfasis en la

identificación, medida y manipulación de las variables

principales correlacionadas con el delito futuro como la

base para el diseño y ejecución del programa. Los fac-

tores de riesgo son esencialmente nociones de sentido

común que han sido colocadas dentro del estrujador

de la medida exacta y análisis estadístico, a menudo en

encuestas longitudinales donde los mismos individuos

son estudiados por varios años (algunas veces desde el

nacimiento) [Homel, 2005: 74].

Actualmente, el concepto de los factores de riesgo es

uno de los más relevantes en la literatura criminológica

sobre la prevención del delito, y la lista de posibles facto-

res de riesgo aumenta con frecuencia. Entre los factores

individuales, Farrington y Welsh (2007: 37) mencionan

el bajo coeficiente intelectual y bajo nivel de instrucción,

temperamento, empatía, impulsividad y bajas destrezas

sociales. Asimismo, entre los factores de riesgo familiar

42 | artículos y ensayos

se pueden mencionar la negligencia y el abuso infantil,

familias numerosas, conflictos y desintegraciones fami-

liares, y madres adolescentes solteras.

Finalmente, entre los factores de riesgo social están la

pobreza absoluta, la influencia de amistades y la influen-

cia escolar y colectiva.

La simplicidad conceptual y el sentido común de mu-

chos de estos factores de riesgo determinan el éxito de

la estrategia de la prevención del delito social, especial-

mente en el contexto angloamericano. Como muchos de

sus seguidores así lo manifestaron, “El principio básico

de este enfoque es muy simple: identificar los factores de

riesgo para su erradicación e implementar el diseño del

método de prevención a fin de contrarrestarlos” (Farr-

ington y Welsh, 2007: 94-95).

Una característica importante de la prevención del

delito social yace en la amplia cantidad de investigacio-

nes empíricas basadas en este enfoque de los factores del

delito y los múltiples intentos de algunos de sus defenso-

res para imponerla como la principal y más exitosa estra-

tegia de prevención del delito, no muy distinto a lo que

sucedió y sigue sucediendo en el caso de la prevención

del delito situacional. “La principal lección de la literatu-

ra sobre la prevención del delito en desarrollo se basa en

que es posible hacer una distinción, a corto y largo plazo,

especialmente para niños y personas jóvenes desfavore-

cidas y vulnerables” (Homel, 2005: 97).

Las críticas de la prevención del delito basada en el

enfoque de factores de riesgo y sus tipologías secundarias

no difieren mucho de aquellas que surgen en relación

con los enfoques situacionales para la prevención del

delito. La intrusión en las vidas personales y selección

y estigmatización de grupos sociales (padres solteros y

madres solteras, por ejemplo) son los intereses más di-

fundidos sobre esta estrategia. En el ámbito conceptual,

también se ha destacado lo difícil que resulta distinguir

aquellos riesgos propios y auténticos de los riesgos que

son simplemente meras correlaciones (Crawford, 2007:

883).

10. Modelos europeos de la prevención del delito

Algunas investigaciones comparativas sobre la preven-

ción del delito en Europa (Robert, 1991; Hebberecht y

Sack, 1997; Duprez y Hebberecht, 2001) mostraron el

surgimiento de dos modelos de prevención del delito. El

Reino Unido y Francia a menudo son referenciados como

dos contextos europeos distintos donde por primera vez

se desarrollaron estos modelos y en su forma más clara.

De acuerdo con esta distinción, las políticas de preven-

ción del delito desarrolladas en el Reino Unido se basaron

principalmente en los siguientes principios13:

1. Prevalencia de la prevención del delito situacional so-

bre la prevención del delito social.

2. Papel principal de la policía y, de forma más gene-

13 No obstante, este énfasis en los gobiernos locales fue en Francia más retórico que real, debido a su naturaleza fuerte-mente “centralística” del marco institucional francés; mientras que en aquellos países con una estructura de estado más débil, como en el caso de italia, funcionó mejor.

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 43

ral, predominancia de un “nivel técnico” sobre uno

político.

3. Énfasis en la responsabilidad individual y en las fun-

ciones de las víctimas.

4. implicación de las comunidades locales en el control

del delito y en las labores de vigilancia, como en los

famosos programas conocidos como Neighborhood

Watch (vigilancia del barrio).

5. Enfoque en pragmatismos, implementación, manejo

y evaluación.

6. Estrategia evidente de delegación de responsabilida-

des desde el Estado nacional a otros actores (Garland,

1996); sin embargo, de una forma tal que el Estado

central (y precisamente el Ministerio del interior)

mantenga firmemente a la mano intereses, recursos,

evaluaciones de prioridad y similares.

El marco teórico de este modelo abarca todo el rango de

las teorías de oportunidades y sus enfoques de sentido co-

mún afines, tales como la famosa y políticamente exitosa

teoría de las ventanas rotas, cuyo principal foco de interés

es el desorden urbano. Pese a su origen esencialmente bri-

tánico, en sus etapas tempranas este modelo influenció am-

pliamente algunos países europeos como Holanda y luego

Bélgica, así como también otros contextos continentales.

Muy a menudo, la literatura comparativa sobre las

políticas de prevención del delito se ha opuesto a este mo-

delo francés o continental, basada en una serie de consi-

deraciones:

1. La prevalencia de la prevención social sobre la situa-

cional.

2. El intento por conferir a los cuerpos elegidos, espe-

cialmente en el ámbito local, un papel central14.

3. La idea de que los delitos son el resultado de una de-

pravación social, marginalidad, falta de oportunida-

des, decadencia urbana y similares.

4. Una delegación limitada de responsabilidad para los

individuos y las comunidades, y el intento de invo-

lucrar a las organizaciones colectivas, los servicios

sociales y otros actores institucionales en políticas de

prevención del delito.

Este discurso sobre la prevención del delito, desarro-

llado en la década de los ochenta en Francia, se enfoca

principalmente en las acciones sociales como un medio

para intervenir en contextos sociales a fin de prevenir

el delito. Posteriormente, el modelo se desarrolló con el

propósito de crear una política de discriminación posi-

tiva para los barrios marginados (Rochè, 1999; Body-

Gendrot y Duprez, 2001: 378).

11. Prevención en Europa: el modelo “mixto”

originalmente, los dos modelos anteriores –el británico y

el francés–, no se podían separar de manera clara. Ya en

los primeros años, compartían más rasgos del producto

14 Siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, como sugiere la perspectiva comparativa de Garland (2001).

44 | artículos y ensayos

de sus reducciones a modelos; y durante la década ante-

rior, se asemejaban cada vez más, hasta el punto en que

las características que compartían probablemente supe-

raban a aquellas que las diferenciaban (Duprez y Hebbe-

recht, 2001).

Al mismo tiempo que conservaba algunas de sus ca-

racterísticas originales, el modelo británico incluyó, al

menos por un período, una intervención de las autori-

dades locales en las políticas de prevención del delito y,

como un concepto clave para el equilibrio del papel prin-

cipal de la política, fomentó la idea de la seguridad colec-

tiva (Crawford, 2007). Lo mismo ocurrió en el modelo

francés, donde a menudo se incluyeron más medidas

coercitivas o estrategias situacionales en las políticas de

prevención del delito (Rochè, 1999).

Como resultado, hoy en día la mayoría de las políticas

de prevención del delito en Europa son una mezcla de las

medidas situacionales y sociales, donde el enfoque situa-

cional es dominante15.

italia representa un caso interesante para una mejor

comprensión de este modelo “mixto”. La nueva infraes-

tructura de la prevención del delito, desarrollada en italia

a comienzos de la década de los noventa, fue articulada

en muchos proyectos municipales coordinados a menu-

15 La compatibilidad de la “racionalidad situacional” con la “justicia social” y la difusión de los modelos articulados de la prevención del delito fue analizada anticipadamente por o’Malley (1992) y Gilling (1997).

do por los gobiernos regionales, los cuales destinaban

fondos y en algunos casos soporte técnico16.

El modelo se caracteriza por una mezcla entre las me-

didas sociales tradicionales, las nuevas medidas para la

tranquilidad social (apoyo a las víctimas, movilización de

la comunidad) y la prevención del delito situacional (un

conjunto de medidas basadas principalmente en la vigi-

lancia, el control administrativo y el diseño ambiental

con propósitos defensivos).

Las medidas de prevención del delito situacional, que

representaron una verdadera novedad, fueron adoptadas

con entusiasmo en muchas ciudades y en algunos casos

siguen prevaleciendo sobre la prevención social. Dado

que a los cuerpos locales no les compete el cumplimien-

to de la ley ni la represión del delito y que, no obstan-

te, están dispuestos a ampliar su esfera de intervención

más allá del simple enfoque de “cuidar de”, las munici-

palidades se han esforzado por emprender la búsqueda

de nuevos instrumentos para el control de las personas

y el comportamiento. Estos instrumentos han sido halla-

dos en el diseño ambiental, en el uso de las disposiciones

administrativas y en la intensificación de la vigilancia,

16 Estas descripciones de la modalidad italiana para la “nue-va” prevención se basa en una investigación nacional sobre las políticas de prevención del delito en las 103 ciudades italianas más grandes durante los últimos cinco años de la década de los 90 (Martin y Selmini, 2000), y en una actualización parcial de la primera investigación nacional (Selmini, 2003).

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 45

esta última desempeñada principalmente por la Policía

Municipal17.

Las disposiciones administrativas (ordinanze sindaca-

li) están fundamentadas no en los poderes legislativos

para el delito, sino en los poderes administrativos. Ellas

son la prerrogativa de los alcaldes, quienes, por razones

vinculadas a la higiene pública u otros riesgos genéricos

para el bienestar de los ciudadanos, tienen el poder de

decretarlas a fin de enfrentar emergencias y mantener

rutinariamente varias actividades y diferentes grupos de

personas en espacios públicos bajo control. A través del

uso de tales disposiciones administrativas, las comunida-

des italianas han experimentado intervenciones sustan-

ciales de la policía local, especialmente contra la prosti-

tución en las calles, el caos, el irrespeto y las molestias

relacionadas con los inmigrantes indocumentados. Una

ley parlamentaria reciente (Nº 125/2008) amplió el uso

de estas disposiciones más allá de estos casos, confiriendo

a los alcaldes el poder de utilizarlas cuando sea necesario

en pro de la “seguridad local”.

La combinación de las medidas antes descritas ha

permitido a las autoridades locales desarrollar lo que

se denomina comúnmente en la jerga política como un

“enfoque integrado”. Esto significa que, en algunos ca-

sos, los programas de prevención del delito intentan, en

17 La fuerza policiaca municipal, que depende del alcalde, tie-ne una competencia exclusiva en el campo general de la seguri-dad administrativa, pero también posee el estatus de una fuerza de seguridad pública. Además de la definición normativa de las competencias policiales, el papel de las fuerzas en la prevención del delito aumentó enormemente en los últimos 10 años.

el ámbito local, modular la inclusión y exclusión social y

combatir las causas del delito, a la vez que, simultánea-

mente, controlan los síntomas del delito. No obstante, si

“la prevención del delito integrada” es una consigna po-

lítica muy exitosa, esto no quiere decir que la integración

podría realmente permitir a los gobiernos locales modu-

lar efectivamente estos dos enfoques diferentes (Selmini,

2005).

Un caso similar interesante de modelo mixto de pre-

vención del delito es el de Bélgica, donde, en la década

de los noventa, los gobiernos nacionales y locales imple-

mentaron varios esquemas preventivos basados en dife-

rentes cálculos y diversas racionalidades. Los programas

de prevención del delito, definidos como globale-integrée

(Cartuyvels, 1996), contribuyeron a combatir los delitos

urbanos ordinarios, la exclusión social y la sensación de

falta de seguridad; y sobre las bases de una experiencia

similar a la de Francia (Le Goff, 2004), también fueron

reguladas a través de los acuerdos formales administra-

tivos llamados contracts de sècuritè. A finales de la década

de los noventa, los modelos europeos de prevención del

delito se basaron en la mayoría de los casos, y a pesar de

algunas disparidades relevantes, en este enfoque mixto

de estrategias y en las diversas así llamadas lógicas o ra-

cionalidades.

No obstante, en todas partes, como ya se ha destaca-

do (Hebberecht y Duprez, 2002), el enfoque situacional

era dominante junto con todo el conjunto de explicacio-

nes del delito y los enfoques del control del delito cultural

relacionados con estas prácticas.

A pesar de las peculiaridades locales, las experiencias

46 | artículos y ensayos

de la prevención del delito europeo en países europeos se

basan ahora en algunos rasgos centrales comunes:

» La coincidencia de diferentes tipologías de prevención

del delito, con la prevalencia de los esquemas situa-

cionales y una relevancia emergente del método en-

focado en el riesgo.

» La atención creciente no solo hacia el delito sino tam-

bién a los comportamientos antisociales o irrespetos,

caos y diferentes formas de delito leve.

» El uso creciente de diferentes instrumentos adminis-

trativos y reguladores a fin de propiciar la prevención

del delito.

italia es una vez más un ejemplo interesante del uso

mixto de estos instrumentos de prevención del delito,

algunos adoptados del modelo francés (por ejemplo, los

contracts de sécurité) y otros del modelo británico (por

ejemplo, la disposición administrativa para combatir

el comportamiento antisocial, que en italia se asemeja

cada vez más a las disposiciones de comportamiento an-

tisocial británico).

12. Algunos comentarios finales

Este capítulo ha descrito el debate criminológico sobre la

definición de la prevención del delito, sus cambios en las

últimas décadas y los modelos que ahora se han difundi-

do en muchos países europeos. Asimismo, en el presente

documento se resaltó la manera en que estos cambios es-

tán orientados a una homogenización mayor de los dis-

cursos y las prácticas que aparentemente son capaces de

superar las peculiaridades locales.

La homogenización es principalmente el resultado

de las necesidades similares y los procesos generales que

han ocurrido en los últimos años en toda Europa. Como

se mencionó en las páginas anteriores, han emergido

nuevas formas de prevención en el continente europeo

como nuevas respuestas para los Gobiernos nacionales

y locales en procura de una estrategia que haga frente a

sus estatus de “sociedades de altos niveles de delincuen-

cia” (Garland, 2001).

La prevención también se ha convertido en la medida

adecuada en un mundo donde la soberanía del Estado

se está reestructurando y donde los Estados nacionales

están descentralizando sus funciones a través de diferen-

tes mecanismos de autoridad (Garland, 1996), así como

en donde las localidades están en la búsqueda de nuevos

poderes y una nueva visibilidad. Los discursos sobre la

prevención del delito que se difundieron por toda Europa,

las pasadas décadas, están profundamente arraigados en

estos cambios institucionales, globales y políticos.

Estos comentarios finales se enfocan en algunas inte-

rrogantes abiertas y problemas emergentes que al pare-

cer son también problemas comunes en contextos dife-

rentes, pero sobre todo en los siguientes puntos:

» Cambios y decadencia de la prevención del delito social.

» Permanencia de diferentes formas de prevención del

delito.

» Relevancia progresiva de las regulaciones adminis-

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 47

trativas para lograr los objetivos de prevención del

delito.

Dado que la prevención del delito situacional se ha

convertido en la categoría más difundida de prevención

del delito en la mayoría de países europeos en los últimos

veinte años, los enfoques sociales para la prevención del

delito ahora se perciben como obsoletos, extremadamen-

te costosos, imposibles de evaluar o ineficientes para las

tendencias delictivas.

En el contexto descrito, y a pesar de que al parecer

continúa siendo un concepto bien establecido, la preven-

ción social está cambiando radicalmente en naturaleza,

alterando sus rasgos en la práctica diaria y las políticas

de seguridad. Por las razones mencionadas, una vez in-

tegrada en las políticas de seguridad local, la prevención

del delito social se encuentra cada vez más en riesgo de

perder sus rasgos tradicionales18.

Por una parte, la racionalidad situacional predomi-

nante también ha permitido el establecimiento de aque-

llas medidas que una vez se denominaron sociales (el

corto plazo, como ya se ha mencionado, es el rasgo más

evidente de este cambio); por otra parte, las intervencio-

nes sociales se utilizan cada vez más como una medida

auxiliar para intervenciones situacionales.

otro cambio que afecta la prevención del delito social

está relacionado con el objeto de sus medidas –a saber, no

18 Una dinámica que también ha sido definida como “crimi-nalización de las políticas sociales” y que también ha sido ana-lizada ya en diferentes contextos europeos (Van Swaaningen, 2004; Cartuyvels, 1996; Pitch, 2006).

solo las poblaciones en riesgo de convertirse en delictivas,

sino también el riesgo potencial de afectar la percepción

de inseguridad entre la gente–. El desarrollo de las polí-

ticas de seguridad local, con sus amplios objetivos en la

prevención tanto del delito como las sensaciones de in-

seguridad, respaldó prácticas que están orientadas hacia

las víctimas potenciales del delito como sujetos vulnera-

bles, cuyas necesidades de protección están compensan-

do los esfuerzos para prevenir que algunas personas que

conviertan en delincuentes.

La tranquilidad social –un amplio concepto bajo el

cual es posible encontrar varias medidas destinadas a

prevenir el miedo al delito y la falta de seguridad o para

evitar conflictos en los barrios y entre diferentes grupos

sociales– es ahora utilizada con mayor frecuencia para

definir una nueva forma de poner en práctica la preven-

ción del delito social (Baillergeau, 2007).

Finalmente, la prevención del delito social ha per-

dido progresivamente su objetivo general de modificar

los contextos estructurales que favorecen al delito, y se

está articulando cada vez más en prácticas menos am-

biciosas. Más acertadamente, las medidas de la local,

muestran prevención del delito social, sobre todo aque-

llas adoptadas en proyectos de seguridad claramente un

cambio desde la intención de intervenir radicalmente

en las causas del delito a través de la reforma social para

ofrecer simplemente soluciones humanitarias, a menu-

do en el corto plazo, para algunos grupos marginados.

Esta pérdida de enfoque de la prevención del delito

social, especialmente cuando tales medidas se mezclan

con aquellas situacionales en el contexto de las políticas

48 | artículos y ensayos

de seguridad local, está documentada ahora en muchos

contextos diferentes19 y ha sido descrita como el resul-

tado de su “ambigüedad informacional y conceptual

contemporánea [que] abre las puertas para intereses po-

líticos múltiples y contradictorios, y al final del día, hace

vulnerable la cooptación por las agendas de control del

delito convencional” (Knepper, 2007: 140)20.

Además de estos cambios en la prevención del delito

social, un problema ulterior que merece ser destacado es

el surgimiento reciente de la prevención del delito en de-

sarrollo o la prevención del delito enfocado en el riesgo

como una alternativa tradicional de prevención social.

La prevención del delito en desarrollo y situacional

se presenta ahora –ambos en algunos trabajos crimi-

nalistas y en ciertos programas de seguridad– como la

nueva alianza capaz de combatir el delito en sus múlti-

ples dimensiones. Estas palabras expresan exactamente

el surgimiento de esta nueva alianza entre las diferentes

formas de prevención del delito:

19 Gilling (2001) destaca este cambio en la prevención del delito social en el contexto de algunos programas británicos mixtos de prevención del delito, donde las medidas de tranqui-lidad social también abarcan las medidas CCtV y la vigilancia callejera. La amplitud de este cambio en la prevención del delito social es destacada por Sutton y Cherney (2003) con referencia a Australia.

20 Muy pocos trabajos científicos pretenden actualmente co-locar la prevención del delito social una vez más sobre el esce-nario, para procurar también hacerla compatible con las nue-vas necesidades de las sociedades en riesgo y la nueva forma de las políticas de seguridad (Baillergeau, 2007; Knepper, 2007).

La solución (para el futuro) es una prevención integra-

da donde, paralelamente con una prevención penal

selectiva, se desarrolle otra medida preventiva: la si-

tuacional y la psicosocial (…) Dado el hecho de que los

comportamientos delictivos son el resultado de la pre-

disposición y las oportunidades, se requiere intervenir

en la predisposición hasta que esta sea posible, y luego

modificar las oportunidades (Savona, 2004)21.

Lo que se atestigua hoy en día es también la confu-

sión de los límites entre las diferentes tipologías de pre-

vención descritas en este capítulo. Lo que se percibe es el

surgimiento de una mezcla de estrategias cuyo rasgo de

principal importancia es proporcionado por su efectivi-

dad: la prevención del delito basado en la evidencia (abarcan-

do diferentes técnicas situacionales, sociales y de enfo-

que en los riesgos) se está convirtiendo en la estrategia de

prevención del delito más importante y única en algunos

programas criminológicos (Farrington y Welsh, 2006),

así como también en los programas políticos.

Muchas interrogantes continúan abiertas: ¿se está

advirtiendo la desaparición de la prevención del deli-

to social en su significado tradicional? ¿Qué cambios se

deben esperar del surgimiento de la prevención del de-

lito enfocada en el riesgo y la creciente relevancia de la

prevención del delito situacional? ¿Cómo será afectada la

estructura principal de las políticas de control del delito

por estos cambios, y especialmente por el uso creciente

21 Aquí, la prevención del delito basada en el enfoque de fac-tores de riesgo se denomina prevención del delito “psicosocial”.

La experiencia de prevención del delito... r. selmini | 49

de los instrumentos administrativos para controlar los

comportamientos y las situaciones y para disuadir a las

personas de actuar de manera delictiva o antisocial? ¿De

qué manera afectará la tendencia hacia una disminu-

ción en los índices delictivos, una tendencia aparente-

mente difundida por toda Europa, a estas experiencias de

prevención del delito?

Existen también cuestiones de mucha relevancia que

no se mencionan en este capítulo pero merecen ser anali-

zadas brevemente como problemas de importancia, rela-

cionados con la prevención del delito: como por ejemplo,

la dificultad para establecer modelos de evaluación de

lo que funciona y lo que no funciona. En relación con

la evaluación, existe una gran diferencia entre el Reino

Unido, donde la evaluación al parecer se ha difundido, y

Europa continental, donde la evaluación ha sido comple-

tamente omitida. Asimismo, los cambios relevantes en la

naturaleza no han sido mencionados, ni las identidades

profesionales ni las prácticas diarias de las políticas na-

cionales –cambios que tienen un gran impacto sobre la

prevención del delito–. Finalmente, algunos de los aspec-

tos que han sido omitidos en la discusión son la consi-

deración de enlaces y regulaciones administrativas en el

diseño de los esquemas de prevención del delito, y ahora

ellos son tan importantes como las definiciones cultura-

les y políticas de la prevención del delito.

todos estos problemas son, ciertamente, interesantes

para una mejor comprensión de los cambios y caracterís-

ticas de las estrategias contemporáneas de la prevención

del delito. En este capítulo, sin embargo, el análisis ha

sido limitado principalmente a los rasgos relacionados

con los cambios generales en las políticas de control del

delito, aquellas mismas que han delineado el marco de

trabajo para el desarrollo de las experiencias de preven-

ción del delito en Europa.

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Seguridad y autocolonizaciónVera Malaguti Batista

La seguridad ciudadana y el modelo represivo de la derecha política venezolanaEdwin Rojas Mata

79 Un paso adelante, dos atrásEl kirchnerismo ante la cuestión policial (2003-2012)Marcelo Fabián Sain

Ideas para mirar la política de seguridad durante el gobierno del presidente ChávezMaría Lucrecia Hernández

Reflexiones sobre la seguridad desde una perspectiva críticaAmadeu Recasens i Brunet

DOSSIER

una Mirada de iZQuierda de las PolítiCas PÚBliCas de seGuridad

seGuridad y autoColoniZaCión

Vera Malaguti Batista | 55-70 |2

Resumen La autora discurre entre las principales posturas de la crimino-

logía crítica sobre la relación entre control social, poder punitivo y lucha de

clases. inicia su recorrido asegurando las contribuciones del pensamiento

marxista en las teorías deslegitimadoras del poder punitivo, cuyo reto más

importante es la formulación de una política criminal de y para el movi-

miento obrero, sin atender a las demandas de orden del capital. Luego de

discurrir sobre distintas obras críticas que abonaron en este sentido, Ma-

laguti plantea algunas claves para la criminología crítica hoy y cierra con

una breve pauta en el desafío latinoamericano de producir paradigmas de

resolución de conflictos (o políticas de seguridad pública) que no reproduz-

can la autocolonización.

Palabras clave control social, poder punitivo, lucha de clases,

criminalización, autocolonización

Vera Malaguti Batista es bachiller en Ciencias Políticas y Sociales por la

Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro (1981); licenciada en So-

ciología con énfasis en Metodología por la Universidad Nacional Autónoma

de Heredia (Costa Rica, 1980); magíster en Historia Social por la Univer-

sidade Federal Fluminense (1997); doctora (2003) y postdoctora (2009) en

Salud Colectiva por el instituto de Medicina Social (iMS) de la Universidade

do Estado do Rio de janeiro. Actualmente es profesora de Criminología de la

Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de janeiro, secretaria

general del instituto Carioca de Criminologia y directora de la Revista Dis-

cursos Sediciosos – Crime, Direito e Sociedade. Algunas de sus publicaciones

son Introdução Crítica à Criminologia Brasileira (2011), O medo na cidade do Rio

de Janeiro: dois tempos de uma história (2003) y Difíceis ganhos fáceis – drogas e

juventude pobre no Rio de Janeiro (1998).

criminologia@icc-rio.org.br

57

Seguridad y autocolonización*Traducido por Diego Larrique

El pensamiento marxista fue el eje fundamental para la emergencia de

un mirar deconstructor de las verdades jurídico-penales del iluminismo.

Cuando se encontró con la vanguardia criminológica liberal y con el aboli-

cionismo fundó la criminología crítica. trabajemos el marxismo en la histo-

ria de la criminología con Baratta (2002), Pavarini (1983) y Anitua (2008).

La obra de Marx es tan actual como el capitalismo; ninguna más que

ella demostró sus entrañas y su gran sentido. El concepto de plusvalía cons-

truido en El Capital nos devela el proceso de acumulación de capital (Marx y

Engels, 1980). El capitalismo se da a partir de un proceso de apropiación del

trabajo del otro. Es en la dominación del cuerpo, del trabajo vivo y del tiempo

del hombre que el capital se expande. Para que eso pudiera suceder, a partir

de la acumulación mercantil del siglo Xiii, era preciso también construir un

control de las almas. Como dice Gizlene Neder: no solo pensar, sino también

sentir; pero fue Carlos Marx quien nos abrió ese denso camino. Y, para que

algunos se apropiaran de los cuerpos y de los tiempos de los otros, se estable-

ció una conflictividad social creciente, una lucha de clases. Varias formas

de control social se constituyeron para dar cuenta de esta captura: desde la

educación al sistema penal.

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, organizado por la Universidad Nacional Experimental de la Se-guridad (UNES) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 3 y el 5 de septiembre de 2012.

58 | Dossier

Aunque los clásicos de la teoría marxista no hayan

desarrollado un pensamiento articulado sobre la cues-

tión criminal, todos ellos produjeron artículos o textos

en los que apuntaban el sentido clasista de las criminali-

zaciones históricas y del poder punitivo. El texto de Marx

–aun liberal– sobre el robo de la leña caída, es algo que

no pueden dejar de leer aquellos que se interesan por la

cuestión criminal. también el Manifiesto del Partido Co-

munista, la Crítica del Programa de Gotha o La ideología ale-

mana contribuyen mucho para una mirada crítica.

El derecho penal, en esta línea, va a aparecer como

un discurso de clase que pretende legitimar la hegemonía

del capital y en cierta forma es eso lo que dicen Lemert

(1967) y Schur (1971) cuando hablan de criminalización

primaria. A pesar de las acusaciones de reduccionismos

y determinismos económicos, fue el marxismo el que re-

politizó la cuestión criminal. Los operadores del sistema

penal serían intelectuales orgánicos del proceso de acu-

mulación de capital. Es a partir de esa visión que la cri-

minología comienza a ser leída como ciencia de control

social, con la utilización de conceptos como hegemonía,

dominación y principalmente lucha de clases.

Esta comprensión más amplia es la que va a producir

la negación de que el objeto de la criminología tenga sen-

tido por sí mismo. Para comprender la cuestión criminal

tenemos que comprender también la demanda por el or-

den. Su racionalidad estaría en la respuesta política para

necesidades de orden mutable, nos enseña Pavarini. Exis-

ten entonces demandas distintas de política criminal. El

absolutismo generaba demandas de orden a partir del

capital mercantil, la burguesía ascendente demandaba

garantías para la explotación intensiva de mano de obra

para la revolución industrial y de ahí en adelante hasta

las demandas actuales del capitalismo video-financiero.

Aprendemos con Zaffaroni (1991) que en los márgenes

del capitalismo central, en nuestra periferia, ocurre una

transculturización de las políticas criminales que se actua-

lizan sucesivamente ante las revoluciones: la mercantil,

la industrial y la tecnocientífica.

El marxismo develó, entonces, la apariencia legitima-

dora de la norma jurídica sobre los modos y las luchas

que se producen en las relaciones sociales de clase. El

discurso criminológico surge históricamente como una

ciencia burguesa nacida con el proceso de acumulación

de capital para ordenar y disciplinar el contingente hu-

mano que iría a producir la plusvalía. Esa concepción

del mundo, vendida como teoría científica, sería entonces

una teoría legitimadora del capitalismo. No es por nada

que, a pesar de la criminalización de algunas sustancias,

el mayor indicador criminal continúa siendo el de las in-

fracciones contra la propiedad privada.

La cuestión criminal, después del marxismo, solo

puede ser pensada en sociedades concretas y específicas.

El derecho aparece entonces como un cuerpo de inter-

pretaciones que son aceptadas como válidas en una de-

terminada coyuntura, a partir de una demanda de orden

proveniente de necesidades económicas, sociales y cultu-

rales. Es importante observar que las estrategias de con-

trol social pueden ser formales o informales.

tal vez el punto más neurálgico del pensamiento mar-

xista sobre la cuestión criminal se presente en la siguien-

te vertiente del problema: la formulación de una política

seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 59

criminal de y para el movimiento obrero. Pienso que de

inmediato brotan los grandes problemas del marxismo

en este campo. Ya hablamos de la absoluta adhesión a la

idea del Estado (aquella misma que vino del liberalismo)

y del olvido del fin del Estado a partir de la derrota del

capital para que el hombre tuviese dominio sobre su pro-

pio cuerpo y su propio tiempo, ambos libres. Un segundo

problema sería el discurso moral y el sentido de nueva

misión ordenadora. Dio lo que dio. No conozco mejor crí-

tica a esos problemas que la de Renato Guimarães:

Creo que el cerco capitalista, siempre agresivo, gene-

ró en la Unión Soviética una necesidad más severa de

seguridad interna, atendida por el Estado con restric-

ciones a la circulación de informaciones e ideas. tales

restricciones, con el tiempo, produjeron inhibición po-

lítica en la población, estimuló el abuso en los círculos

dirigentes y acabó perjudicando el propio desarrollo de

las fuerzas productivas del país. Eran necesarias, pues el

secreto es un recurso militar vital, sobre todo cuando el

enemigo es más fuerte, pero tuvieron la contrapartida

negativa de instigar miedo en los de abajo, prepoten-

cia en los de arriba e incerteza en todos. Les faltó a los

gobernantes capacidad y tal vez la posibilidad –dada la

permanente e inclemente presión del cerco capitalista–

de lidiar con esa contradicción sin sacrificar la demo-

cracia socialista. Como subproducto, vino el desinterés

gradual de la mayoría de la población trabajadora por

el destino de las empresas en que trabajaban y, de modo

más general, por la política, en la medida que el control

efectivo de los medios de producción, que teóricamente

debería contener a los sóviets y, por tanto, a todo el pue-

blo, pasó en verdad a ser ejercido por los dirigentes del

partido, que mandaban en el Estado y el resto del país.

(“Prólogo” de Martens, 2003: 12)

Pero para nosotros, en la periferia del capitalismo, aún hay un problema: la izquierda construyó un horror político al lumpesinato, aquella masa de pobres sin tra-bajo, el ejército industrial de reserva, sin perspectiva de reclutamiento para la industria o para los sindicatos y, principalmente, sin capacidad de constituir su concien-cia de clase. Melossi, en el prefacio al libro de Alessandro de Giorgi (2006: 9), habla un poco de esos ciclos históri-cos en que los criminalizables, en general los pobres, se constituyen en canallas, incluso consiguieron construir redes de solidaridad, cooperación y fuerza que permitie-ran su reconducción al mundo legal. Nosotros, marxis-tas, no debemos soñar en disciplinar la mano de obra para el capital, atendiendo a sus demandas de orden. En Brasil, la clase trabajadora siempre fue constituida por el sentido peyorativo que la palabra lumpen (andrajoso) significaba. El proletariado organizado, consolado en la densa y vigorosa obra de Marx como aquella fuerza so-cial capaz de detener la barbarie del capital, era concen-trado en el parque industrial de algunas grandes ciuda-des brasileras, en especial San Pablo. Pero nuestra fuerza de trabajo es constituida también por sobrevivientes de la colonización exterminadora, por los escombros de las civilizaciones originarias, de los africanos y sus descen-dientes, de los zambos, mamelucos, polacas, francesas de la belle-époque, gatunos y demás descartables.

En la historia política contemporánea brasilera el campo de la izquierda tiene encuentros y desencuentros en torno a ese embate; PtB y/o/con el PCB, y después PDt y/o/con el Pt. Ganó el Pt con Lula y el proletariado

60 | Dossier

organizado llegó al poder1. Se tornó un patrimonio po-

lítico del pueblo brasilero, por los mínimos avances de

las condiciones objetivas y por el poder simbólico de su

presidencia, pero no puede detener la destrucción y la

barbarie. El Estado brasilero, a pesar de todas las racio-

nalizaciones sociofuncionalistas y de los seminarios de

derechos humanos, encierra, tortura y mata, sin conse-

guir romper con la línea ascendente de la truculencia del

Estado policial.

Concluyendo, la izquierda real, que disputó y disputa

el poder en el capitalismo actual, precisó pensar en po-

líticas criminales alternativas contra las concepciones

consensuales y organicistas de la tradición liberal. Mu-

chos equívocos surgen de esa demanda de orden: de la

ilusión del redireccionamiento del poder punitivo contra

los poderosos, legitimando el sentido preventivo o el fin

de la pena, hasta las tenebrosas prevenciones y terapias

contra el delito.

Las contribuciones del marxismo son fundamentales

para una ruptura metodológica en el desarrollo de los dis-

cursos sobre la cuestión criminal. Es producido un pasaje

de la fenomenología criminal a los procesos de criminali-

zación, el foco se extiende más allá del objeto, en la tensión

constante de la lucha de clases y la furia devastadora del

capital. Entran en juego las relaciones entre ilegalidad y

plusvalía, ilegalidades de las clases trabajadoras, los críme-

nes contra la propiedad, las estrategias de supervivencia,

1 PTB (Partido Trabalhista (Laborista) Brasilero); PCB (Parti-do Comunista Brasilero); PT (Partido de los Trabajadores); PDT (Partido Democrático Laborista). (Nota del Traductor.)

las relaciones entre la estadística criminal y el mercado de

trabajo, la idea de un encarcelamiento desigual, articula-

do con la represión de la clase obrera, de los pobres y de los

resistentes, como decía la brava Rosa del olmo (2004). En

fin, esta escuela de pensamiento echa por tierra la argu-

mentación positivista y rectifica el pensamiento liberal de

alcance medio. El marxismo y sus investigaciones liberta-

rias y deslegitimadoras de la pena del labeling norteameri-

cano parirían la criminología crítica.

Anitua nos narra los destinos trágicos de los tres au-

tores marxistas de la segunda generación: muertos en los

años treinta del siglo XX y que solo fueron leídos en los

años sesenta, luego del fascismo nazi. William Bonger,

holandés (1876-1940), investigó la relación entre la

criminalidad y las condiciones económicas en 1905. (En

Brasil, en la misma coyuntura Clóvis Beviláqua analiza-

ba la relación entre los índices criminales y los períodos

de sequía en el nordeste.) Anitua presenta entre los tra-

zos principales de la obra de Bonger la naturaleza egoísta

del capitalismo. En 1935 escribió Raza y delito y en 1936

una Introducción a la criminología. Bonger se suicidó

cuando Holanda fue invadida por los nazis.

En esa línea trágica, brilla la estrella roja de Evgeny

Pashukanis (1976), el jurista soviético libertario ejecuta-

do por el estalinismo. Pashukanis fue el crítico más radical

desde el punto de vista jurídico, entendiendo las leyes pe-

nales como falsa conciencia y fetichismo del capitalismo.

Él muestra cómo la idea del contrato se transforma en la

gran metáfora de las relaciones sociales, en aquellas idea-

lizaciones que a los operadores del derecho les gusta usar,

como la idea del Estado democrático de derecho. El jurista

seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 61

tiene que salir de su mundo ideal y enfrentar los embates

de su tiempo. Pashukanis decía que es el derecho quien

confiere legalidad a las relaciones económicas, y fue tam-

bién él quien produjo una fina articulación del marxismo

en su Teoría general de derecho y marxismo. Su comprensión

del proceso de extracción de plusvalía sobre el trabajo y el

tiempo del hombre apalancó su teoría de deslegitimación

de la prisión. Para él, la jurisdicción penal del Estado bur-

gués era terrorismo de clase organizado. Es lamentable que

ese pensamiento no haya florecido en el socialismo real,

pero los tiempos eran muy difíciles y las condiciones obje-

tivas no eran nada buenas. Se perdió lo mejor.

Georg Rusche (1900-1950) cumple el círculo trágico

de la fundación de la criminología crítica. Gizlene Neder,

en el prefacio de la edición brasilera de Pena y estructura

social, cuenta esa historia, principalmente su vida erran-

te judía en la ascensión del fascismo nazi. Graduado en

Derecho y Economía, Rusche (2004) en 1938 escribe su

revolucionario libro Pena y estructura social. A partir de

esa reflexión, en la perspectiva histórica de la pena y de

los sistemas penales, ya no se puede pensar el poder pu-

nitivo en abstracto. El estudio demuestra concretamente

que el sistema punitivo se liga de forma intrínseca con

el sistema de producción. Su libro, complementado por

Kirchheimer, inspiró a Foucault, que lo cita poco. Pero

toda la pensata foucaultiana se valió de la idea de cuer-

pos dóciles, sujeciones, subjetivaciones y sujetamientos

enraizables a la teoría marxista. Rusche se suicida en la

diáspora de la Escuela de Frankfurt. El destino de su exilio

fue primero Palestina y después el Estados Unidos de la

alianza de Roosevelt con el socialismo; fue un poco lo que

vivimos en Brasil en los años setenta: algunas muertes

que llamábamos asesinatos culturales. Bonger y Rusche se

quitan la vida y Pashukanis es ejecutado por el Estado

soviético. Fueron los grandes maestros de la crítica mar-

xista. tiempos difíciles.

Esa escuela crítica floreció en Europa y en las Améri-

cas. Es entre los años sesenta y los ochenta que la crimi-

nología crítica florece con las obras de Baratta, Melossi,

Quinney, turk, Briccola, Chambers, Mathiesen (marxis-

ta y abolicionista) taylor, Walton y Young. En la América

Latina insurgente de los sesenta, con el ciclo de las dicta-

duras cívico-militares, la izquierda formó un sólido dique

de teoría y prácticas de resistencia al poder punitivo de

aquel autoritarismo. Bergalli, Pegoraro, Zaffaroni, Lolita

Aniyar de Castro, Rosa del olmo, Caridad Navarrete, No-

voa Monreal, Bustos Ramírez, Luis Carlos Pérez y tantos

otros en todo el continente. En el libro de Anitua tene-

mos un buen encuentro con esa historia que un día Rosa

del olmo comenzó a contar y que Máximo Sozzo analizó

como traducciones.

En Brasil la izquierda jurídico-penal estaba en la trin-

chera de la lucha contra el arbitrio y la truculencia esta-

tal: Nilo Batista, juarez Cirino dos Santos, Roberto Lyra

Filho, Zahidé Machado Neto, Gizlene Neder y Gisálio

Cerqueira. incluso Michel Misse participó de ese movi-

miento. juarez tavares fue el primer jurista brasilero en

incluir el marxismo en su teoría del delito.

No todas las lecturas del marxismo sobre la cuestión

criminal fueron deslegitimadoras de la pena. Perma-

nencias positivistas, discursos morales y reduccionismo

produjeron aquello que María Lúcia Karam (1996: 79-

62 | Dossier

92) llamó la izquierda punitiva. Es impresionante cómo

la izquierda olvidó la tesis del fin del Estado y trabajó la

cuestión criminal por el paradigma del orden del capital.

Muchos intelectuales de izquierda en la sociología, psico-

logía, ciencia política y antropología acabaron haciendo

una lectura sistémico-funcionalista y terminaron por

ayudar a la expansión del poder punitivo para contener

la conflictividad social emanada del ciclo neoliberal. La

pregunta que queda es la de siempre: ¿qué hacer?

Baratta nos enseña los dos movimientos fundamen-

tales que la criminología crítica (y la crítica del derecho

penal) producen: primero, el desplazamiento del autor

con respecto a las condiciones objetivas, estructurales y

funcionales y, lo segundo, el desplazamiento de las cau-

sas para los mecanismos de construcción de la realidad

social. Aunque la expresión crítica venga de la formu-

lación marxista de la Escuela de Frankfurt, pensamos

que el etiquetamiento y la demostración evocada por

thorsten Sellin y Sutherland contribuyeron para que esa

escuela hiciese eclosión al final de los años sesenta del

siglo XX. Sellin, en los años veinte, desarrolló una inves-

tigación empírica de alcance nacional en Estados Unidos

demostrando la inconsistencia de cualquier relación ob-

jetiva entre la pena de muerte y la incidencia criminal,

deslegitimando entonces aquello que el sentido común

criminológico divulga incesantemente hasta hoy.

Los filtros sucesivos que se encadenan entre la escue-

la y la prisión se van a perfeccionar en ceremonias de de-

gradación, regímenes de privaciones, procesos negativos

de socialización, de desculturización y aculturación. En

fin, la prisión es una máquina de infligir dolor para cier-

tos comportamientos entre ciertas clases sociales y tam-

bién entre los resistentes de cada orden social. Con esto

tenemos que decir adiós a las ilusiones re, tan presentes

en el discurso de los equipos encargados de humanizar

los sistemas penales. Es toda esa multitud de sociólogos,

psicólogos, asistentes sociales, pedagogos y aquellos que

insisten en trabajar la ilusión de una prisión feliz y fun-

cional, donde los reeducandos serían mejor que los que

entran. Para ellos, transmitimos la advertencia de Za-

ffaroni a los juristas: la pena no puede ser pensada en el

deber ser pero sí en la realidad letal de nuestros sistemas

penales concretos. La verdadera relación entre cárcel y

sociedad, diría el sabio Baratta, es entre quien excluye y

quien es excluido, o, sería mejor decir, entre quien tiene

el poder de criminalizar y quien está sujeto a la crimina-

lización. Este proceso sigue después de la prisión en mil

modos visibles e invisibles.

La criminología crítica fue fruto de la publicación casi

simultánea de dos libros que cambiaron todo el escena-

rio. El primero fue Pena y estructura social, de Rusche y

Kirchheimer. Aunque escrito entre 1938 y 1939, este

libro solo fue leído a partir del final de los años sesenta.

Él fue fundamental para el segundo libro que constituyó

el corte epistemológico de la criminología, Vigilar y cas-

tigar, de Michel Foucault (1977). Aunque Foucault cite

poco a Rusche (hace parte de su estilo intelectual) una

lectura profunda de ambos libros revela la influencia de

uno sobre otro.

Fue Michel Foucault quien hizo la lectura de las dis-

ciplinas en Rusche para proyectar ese libro de los años

treinta, actualizado a los sesenta, para el futuro, para la

seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 63

contemporaneidad torturante, como diría Loïc Wacquant

(2007). Al contrario de la parte de la izquierda de los se-

tenta que amplió el poder punitivo en la ilusión de cas-

tigar a los poderosos, Foucault entendió precozmente las

nuevas estrategias de control social. Solo con su forma-

ción marxista, a partir del libro de Rusche y específica-

mente en aquella visión sobre la disciplina en la prisión

y en la economía política del cuerpo, es que Foucault

puede develar aquella microfísica del poder. Él analiza el

poder ejercido como estrategia en las instituciones dis-

ciplinares. Más allá de la lucha de clases, él trabaja con

una red de relaciones tensas: dispositivos, maniobras,

tácticas, técnicas y funciones.

Una de sus principales contribuciones es la compren-

sión del carácter simbólico en la rígida jerarquía de cas-

tigos de Francia, desde la ordenación de 1670 hasta la

Revolución. Para él, el suplicio era una técnica que reposa

en el arte cuantitativo del sufrimiento, un ritual organi-

zado para marcar el poder en el cuerpo del condenado.

Esa manifestación de fuerza no tenía sentido de justicia,

pero sí una función político-jurídica, un ceremonial de

reconstitución de la soberanía lesionada.

Devela el iluminismo mostrando cómo esas ceremo-

nias de suplicio se tornaron peligrosas a partir del siglo

XViii, cuando la solidaridad popular surge junto con los

movimientos revolucionarios. Es esa solidaridad que los

medios contemporáneos tratan de evitar a cualquier cos-

to, inculcando una dicotomía entre nosotros, los ciuda-

danos de bien, y el mal que se encierra en las favelas y

en las prisiones. Para Foucault, la reforma de las Luces

produjo una nueva estrategia política: castigar en vez de

vigilar. Entre el siglo XViii y el XiX esa nueva estrategia

hizo de los castigos y de la represión una función regular;

no castiga menos sino de forma más efectiva y se inserta

de manera más profunda en las sociedades occidentales

el poder de castigar

Foucault habla de las disciplinas como fórmulas ge-

nerales de dominación presentes en el control formal y

también informal (pedagogías, ortografías, puericultu-

ras, etcétera). Esas disciplinas demandan métodos de

control minucioso de las operaciones del cuerpo: es el

concepto de plusvalía que a nuestro modo va a fundar el

biopoder. Y la prisión es la captura del tiempo en el cuer-

po del hombre. Es Marx con Foucault.

Es ahí que viene el golpe mortal contra las ilusiones

re: Foucault afirma que el aparente fracaso de los sueños

correctivos penitenciarios esconde su principal objetivo:

la organización de la transgresión de las leyes en una

táctica general de sujeciones. La reforma de finales del

siglo XVii es dirigida al conjunto de conflictos y movi-

mientos populares que derrumbaron el Antiguo Régimen.

Es el gran miedo de la revolución y el descarte que la bur-

guesía hace del proletariado que va a iluminar un nue-

vo derecho penal. Nuevos conflictos, nuevas rebeliones,

nuevos miedos y principalmente la idea que subyace a la

idea de nación, la idea de pueblo, van a hacer que el nuevo

sistema penal agencie la conflictividad social. La justicia

criminal y el poder punitivo se transforman en un ins-

trumento para el control diferencial de las ilegalidades

populares. Es para esto que fueron concebidos histórica-

mente la prisión y el sistema penal.

La pregunta que nos debemos hacer es si esa traduc-

64 | Dossier

ción literal (como dice Sozzo, 2006) de la obra de Fou-

cault y de la criminología crítica se aplica de nuestro lado

en el recorrido de los discursos sobre la cuestión crimi-

nal. En nuestro continente, esa gigantesca institución

de secuestro, el suplicio convivió con la introducción del

liberalismo (Batista, V., 2003), ya que la primera celada-

nia2 de la primera constitución del Brasil independiente de

1824 era acallar la esclavitud, afirmando que el derecho

a la propiedad era mantenido en toda su plenitud… Los

esclavos eran propiedad. Los secuestros de esclavos eran

considerados hurtos, y el esclavo solo era sujeto delante

del sistema penal (Zaffaroni y Batista, N., 2003).

La lectura de esos dos libros fue una verdadera ruptu-

ra epistemológica y sacudió las teorías y las militancias

criminológicas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá

y en América Latina. Sería imposible citar toda la gene-

rosa producción crítica: tanto en el libro de Baratta como

en el de Anitua tenemos un mapa de esos autores.

Los criminólogos críticos de los años setenta del siglo

XX no podían adivinar los nuevos sentidos del proceso

de acumulación de capital. La crisis recesiva mundial, la

década perdida de los ochenta y sus personajes Reagan

y thatcher; en fin, lo que se denominaría neoliberalismo,

trajo el sistema penal al epicentro de la actuación políti-

ca. La prisión no perdió sentido, aunque el trabajo vivo

de una forma general haya cambiado su espacio en un

admirable mundo nuevo. Lo singular del neoliberalismo

fue conjugar el sistema penal con nuevas tecnologías

2 Juego de palabras entre celada y ciudadanía. (Nota del Tra-ductor.)

de control, de vigilancia, de constitución de los barrios

pobres del mundo en campos de concentración. En Río

de janeiro, desde donde escribo, la tutela del Gobierno

en la seguridad pública ha conjugado el mayor índice de

muertos por la policía, los célebres autos de resistencia

(más de mil por año) con la pacificación de las favelas. Es

importante observar el uso histórico en Brasil (y en el

mundo, véase la pax romana) de esta expresión: tras los

embates populares por la radicalización de la idea de los

derechos en la década de los años treinta del siglo XiX,

las rebeliones fueron masacradas hasta llegar a la paci-

ficación en la década de los cincuenta, que instituyó el

imperio brasilero. Los miedos del pueblo y sus deseos

de nación produjeron el más lento proceso de emanci-

pación de la esclavitud, aliado al enriquecimiento de la

clase trabajadora y de masacres consentidas de rebelio-

nes y revoluciones como la de los Farrapos, los Malês, los

Cabanos y otros. Revoluciones aplazadas, diría Marildo

Menegat (2012). Las favelas de Río que están ocupadas

manu militari son vendidas como un modelo que se ase-

meja a los territorios ocupados de Palestina: muros, con-

trol minucioso de movimientos, nuevas armas, nuevas

técnicas, principalmente una gestión policial de la vida.

Es el policía de guardia quien decide si va o no a haber

fiesta, bautizada como baile funk. Los diarios estampan

fotos de policías ofreciendo chocolates en Pascua, igual

que los policías americanos en irak. Río de janeiro se

convirtió en un laboratorio de proyectos de control social

por ocupación que se inspiran en Colombia, en irak, en

Palestina, en los territorios del mal como diría Bush.

Esa contemporaneidad torturante fue delineada por Loïc

seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 65

Wacquant al demostrar el ascenso del Estado penal como

algo correspondiente al desmonte del Estado de bienestar

de Estados Unidos. Como él mismo dice, ese viento puni-

tivo sopló de América para Europa y de ahí a las viejas co-

lonias. El sistema penal se tornó el territorio sagrado del

nuevo orden socioeconómico, actualizando la reflexión

de Rusche: sobran brazos y cuerpos en el mercado de tra-

bajo, aumentan los controles violentos sobre la vida de

los pobres.

Los grandes medios han sido un obstáculo para una

discusión profunda sobre la cuestión criminal. Es ella

quien produce un sentido común que nosotros llama-

mos populismo criminológico. Si Estados Unidos es el ma-

yor carcelero del mundo, Brasil pasó a ocupar un lugar

importante: en 1994 (cuando FHC profundiza lo que

Collor había intentado) Brasil tenía 110.000 presos.

En 2005 ya eran 380.000 y hoy estamos con más de

500.000 presos y 700.000 en penas alternativas. Aprendí

con María Adélia Aparecida de Souza (2012: 127-150)

y su geografía brasilera cómo barrios y hasta ciudades

se transforman en prisiones, como es el caso de Horto-

landia en San Pablo. Guarapuava ya fue en el siglo XiX

un lugar de destierro, no es coincidencia que sea hoy

una prisión de seguridad máxima. Con la más dramática

expansión carcelaria de la historia de la humanidad se

conjugan prisiones decrépitas con imitaciones de la su-

permax estadounidense y sus principios de incomunica-

bilidad, bloqueos e imposición de dolor y humillaciones

a los familiares de los presos. Perdimos la mordida crítica

que teníamos contra el autoritarismo en la salida de la

dictadura y hoy aplaudimos la tortura y el exterminio de

los enemigos del oficial de guardia. Lo importante es tra-

ducir toda la conflictividad social en castigo.

El importantísimo libro de Anitua nos habla de un

marco general de las políticas criminales contemporá-

neas como comprensiones determinadas de la cuestión

criminal que producen desdoblamientos y estrategias po-

líticas distintas para enfrentar los problemas. Él apunta

tres grandes líneas: ley y orden; derecho penal mínimo y

abolicionismo penal.

Para Anitua, ley y orden sería parte de la base ideológi-

ca criminal de la intolerancia. Como dice Salo de Carvalho

(2010), al analizar la política criminal de drogas, esa estra-

tegia se sustenta en un trípode ideológico entre las ideolo-

gías de defensa social, de seguridad nacional y de derecho

penal del enemigo. Ella brota en la década de los sesenta

contra la criminología crítica, el abolicionismo y el rotu-

lacionismo que lucharon junto a los movimientos sociales

contra el poder punitivo. En Estados Unidos esa estrategia

orienta toda la producción legislativa en materia criminal

para la guerra contra las drogas, recuperando del positivis-

mo el carácter patológico del crimen. Con el auxilio lujoso

de los medios y sus campañas de alarma social, inculcaron

las teorías del sentido común, ampliando el espectro puni-

tivo, imponiendo penalidades más severas, flexibilizando

las garantías, pero principalmente fortaleciendo el dogma

de la pena como solución por excelencia para los conflic-

tos humanos. Nilo Batista (2002: 271-288) demuestra las

relaciones entre los medios y el sistema penal en el capita-

lismo de barbarie, denunciando su inédito protagonismo.

Quien pauta las agencias del sistema penal es el monopo-

lio de los medios en Brasil.

66 | Dossier

La ley y orden se sublevó contra la leniência de los años

setenta, restableciendo una pugna entre el bien y el mal

en esa criminología de la vida cotidiana. james Wilson fue

el gran intelectual orgánico de esa escuela, como miem-

bro del Partido Republicano y de la Corporación Rand.

Su libro Pensando sobre o delito, de 1975, se transformó en

libro de cabecera del realismo criminológico de derecha.

La relación que él estableció entre los índices delictivos

y las posibilidades de ser encarcelado aparece hasta hoy

en los discursos criminológicos hegemónicos en nuestro

país y es el responsable por el recrudecimiento de las pe-

nas más pesadas, inclusive la pena de muerte.

En los años ochenta, Wilson se convierte en el princi-

pal asesor de Reagan, difundiendo la Teoría de la ventana

rota, en 1981. Su propuesta de criminalización de los pe-

queños delitos fue vendida como la mercadería más ba-

rata, más eficiente, más visible y más cercana. La moda

tardó en llegar a nuestra colonia, pero ahí está hasta

hoy… Como diría Nilo Batista, al hablar del cambio del

XiX al XX, y sus medidas de seguridad, las élites neoli-

berales precisan de la pena más que el delito: la idea de

conductas desordenadas o antisociales resultó en selecti-

vidad, estigmatización y criminalización de los pobres en

todo el mundo. La Prefectura de Río hoy hace parte de la

vanguardia de ese atraso: choque de orden, remociones,

prisiones de vendedores ambulantes y limpiavidrios ca-

llejeros. La política de tolerancia Cero ya es página pasa-

da en Nueva York y recibió profundas y oportunas críti-

cas de la criminología en general, pero aún rinde buenas

consultorías abajo del Ecuador. Hart y Fridman, en Casti-

go e responsabilidade, apuestan en esa línea de causalida-

des incluyendo los conceptos de individuo, escogencias

racionales y críticas economicistas.

Esa ideología, o crítica o discurso criminológico, es el

que dio sustentación conceptual a la política de crimi-

nalización del excedente de mano de obra para el gran

encarcelamiento. Ella tiene marcas en el derecho y en el

proceso penal, además de en la expansión sin fronteras

del sistema penal: del RDD3 al control a cielo abierto del

que habla Passetti (2006: 83-114). Es lo que Wacquant

denominó onda punitiva. Esa cultura fortaleció como

nunca el derecho penal simbólico y su perenne emergen-

cia. Nadie trabajó mejor el derecho penal del enemigo que

Zaffaroni, contestando en jakobs, y su genealogía reto-

mada de la prevención general en nuestras márgenes.

Los grandes medios fueron su principal aliado y condutri-

ce, replicando el espectáculo de la criminalidad, vendien-

do su vigilancia electrónica, pregonando el castigo como

catarsis popular.

El capital video-financiero fue el gran legitimador del

policiar la vida y de la legitimación del poder punitivo.

Fue el que produjo la adhesión subjetiva a la barbarie.

infelizmente la izquierda fue seducida por ese poder. En

la inglaterra de tony Blair y por todo el mundo se espar-

ció teóricamente el realismo de izquierda, convocando a

criminólogos y a las ciencias sociales a colaborar con la

mayor presencia del Gobierno en el Estado penal. Como

en la colonia la moda demora en llegar, estamos en el

auge de la producción realista de izquierda. Basta mirar la

3 Régimen Disciplinar Diferenciado. (Nota del Traductor.)

seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 67

sociología y sus asesorías y planes para los gobiernos que

lanzan nuestra policía a los mayores índices de letalidad

del mundo, y también al sufrimiento psíquico y físico. Los

policías y los que se ganan la vida con la seguridad pri-

vada son las categorías de trabajadores más sufridos en

nuestros días.

En el largo recorrido desde el siglo Xiii al gran en-

carcelamiento del XXi, nos dimos cuenta de que nuestro

modelo de prisión es análogo al capitalismo. Esa máqui-

na de control de los pobres y los que resisten produjo su

propia kultur, no solo en el sentido de una cultura, sino

también de una civilización punitiva en sus entrañas

profundas, cuerpo y alma.

Cuando estudié los procesos que involucran ado-

lescentes en el molino de gastar gente de nuestra política

criminal de drogas, me di cuenta, por un lado, de que

los molinos existen e inciden siempre sobre los mismos

pobres, quienes resisten, pero por otro lado, cuando nos

acercamos con los lentes de las fuentes jurídicas crimina-

les, lo que encontramos son historias tristes:

Las historias se repiten, pequeños hurtos, niños pobres,

analfabetos, negros y que casi siempre tienen ocupa-

ción fija, o sea, trabajan. j.F. y M.R. presos en 1931 por

hurto de herramientas, son respectivamente cajero de

almacén y ayudante de obrero. Analizando las informa-

ciones del Comisario de Seguridad vemos que los exten-

sos cuestionarios son poco satisfactorios. Pienso que,

con el tiempo, los propios agentes del sistema perciben

que en la historia de vida de los niños no aparecen las

perversiones lombrosianas, o las características heredi-

tarias del biologismo criminal, pero sí las historias de

miseria, de exclusión, de falta de escuela, de pequeños

incidentes que introducen al joven en un proceso de

criminalización que apenas magnifica y reedita la mar-

ginalización que su destino de negro pobre ya marcaba.

(Batista, V., 2006: 71)

Al trabajar los miedos cariocas del siglo XiX escribí:

“El miedo del desorden dispara entre los conservadores

la retórica de la restricción de derechos y de impunidad.

Mantener la esclavitud bien portada implica la adhesión

al viejo dogma inquisitorial que tiene en la pena la solu-

ción para los conflictos sociales”. (Batista, V., 2003)

Si la criminología, con Zaffaroni, es saber el arte de

despejar discursos peligrosos, nosotros que nos adentra-

mos en ese territorio por la periferia, debemos tratar de

desmenuzar, desnudar esos mecanismos para infligir do-

lor y sufrimiento, las historias tristes de nuestros pobres y

de nuestros resistentes, radicalizar la crítica a la prisión.

Brasil se polició intensamente a partir de la transición

democrática. Es como si una cultura punitiva de larga

duración se metamorfoseara indefinidamente. Cambian

los miedos, pero él, el miedo, permanece allí, dirigido a

los mismos de siempre, los del lugar del negro (Dos San-

tos, 2010). La traducción de la conflictividad social en

crimen produjo por un lado lo políticamente correcto, los

de bien, y por otro el exacerbamiento del estado policial.

CPi, vigilancia, UPP4, control territorial, la apología de la

4 CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación), UPP (Unida-des de Policía Pacificadora). (Nota del Traductor.)

68 | Dossier

policía de combate, el buen matador puro. Así, la judicia-

lización de la vida privada camina con la gestión policial

de la vida.

La criminología crítica o abolicionista, aquella que

conoce la historia del sistema penal (su fracaso aparente

y sus victorias silentes), fue fértil en producir proyectos

colectivos de reducción de daños de poder punitivo en

su ápice, pero no consiguió romper las barreras que, por

ejemplo, la lucha antimanicomio consiguió. Pero es que

la cuestión criminal es fundamental para la gobernabili-

dad del capitalismo contemporáneo: se trata del proble-

ma del control del tiempo libre en la revolución tecno-

científica del capital video-financiero.

inspirados en aquella lección de Baratta para el dere-

cho penal mínimo proponemos una pequeña pauta para

los desafíos de hoy:

» Cambio radical de la política criminal de drogas, produ-

ciendo políticas colectivas de control por la legalidad.

» Despenalización de crímenes patrimoniales sin vio-

lencia contra la persona, como el hurto.

» Abrir los muros de las prisiones para su comunica-

ción con el mundo, sus amores, sus familias, sus ami-

gos, sus cronistas.

» impedir que los familiares de presos sean castigados

más allá de la estigmatización que ya sufren.

» transformar la ideología de combate en grandes ins-

tauraciones de mediaciones horizontales en el senti-

do del desarme.

» Disminuir en gran proporción el número de policías,

desarmándolos y transformándolos en agentes colec-

tivos de defensa civil, invirtiendo el sentido de la se-

guridad pública de guerra contra los pobres para el

amparo de los efectos de las ruinas de la naturaleza

sobre el juego del capital.

» Legalización del segundo empleo de policías y bom-

beros.

» Ampliación y fortalecimiento de la defensoría pública.

» Fin de la exposición de sospechosos para los medios y

restricciones a los noticieros emocionados con casos

criminales, que aniquila el derecho a un enjuicia-

miento justo por jueces libres.

Pido disculpas por haberles ocupado el tiempo apenas

para desacreditar la palabra seguridad. Pero es que no

creo en ninguna criminología que se mezcle con ella.

toda criminología que incorporó la seguridad pública

se lanzó al positivismo y restringió su horizonte a la

conservación del orden. ¿Cómo conciliar las técnicas

del orden con la criminología, que Virgolini percibió

como una especie de ciencia del desorden? La palabra

seguridad constituye el eje aglutinador de todos los

dispositivos de aquella violencia de Benjamin denomi-

nó precisamente conservadora, para distinguirla de la

violencia fundadora, que puede ser la partera festejada

de la historia que remueve tiranías y desigualdades, o

puede ser la inauguración de un régimen arbitrario y

cruel. Para ser propositivo, si hoy me tocase ejercer las

seguridad y autocolonización V. malaguti B. | 69

mismas tareas que ejercí en el pasado, encaminaría la

Asamblea Legislativa a un proyecto cambiando la de-

signación de la Secretaría de Seguridad Pública a la

Secretaría de las Garantías individuales o algo similar.

(Batista, N., 2012: s/p)

Son puntos para una agenda de futuros, para sumar-

se a otros: “Democracia no es un régimen político deter-

minado, pero sí la negociación sin fin de lugares sociales”

(Dos Santos, 2010: 55). Solo la recuperación de la me-

moria colectiva que es soberana y referida a una historia

particular, del lugar, puede producir paradigmas de reso-

lución de conflictos (o políticas de seguridad pública) que

no reproduzcan la autocolonización. Nuestros pueblos

originarios y los pueblos africanos que vinieron a nues-

tro continente tienen historias para contarnos, pueblan

nuestra alma y marcan caminos para pensar alternati-

vas al paradigma del imperio.

RefeRencias bibliogRáficas

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la seGuridad Ciudadana y el Modelo rePresivo de la dereCha PolítiCa veneZolana

Edwin Rojas Mata | 71-77 |2

Resumen El autor muestra críticamente la manera en que la derecha po-

lítica venezolana ha intentado e intenta seguir abordando el problema de

la seguridad ciudadana. Considera ingenuo pensar que una política basada

en el orden público, prevención situacional por los cuerpos de policía y una

justicia endurecida pueda acabar con la delincuencia, y argumenta que no

se trata solo de la eficacia y eficiencia de esas políticas, sino de la necesidad

de abordar el tema desde el ámbito sociocultural y de las transformaciones

políticas e ideológicas existentes hoy en nuestro país y que afectan e influyen

en el abordaje teórico y técnico.

Palabras clave modelo represivo, derecha política, políticas públicas,

seguridad ciudadana

edwin rojas Mata es abogado de la Universidad de Los Andes, Mérida y

doctor en Aspectos jurídicos y Económicos de la Corrupción, por la Univer-

sidad de Salamanca, España. Es profesor del Colegio Universitario de Cara-

cas y actualmente es viceministro de Política interior y Seguridad jurídica

del Ministerio del Poder Popular para Relaciones interiores y justicia.

edwinrojasmata@hotmail.com

73

La seguridad ciudadana y el modelo represivo

de la derecha política venezolana

Bajo una retórica que ya es tradicional en los discursos y empeños acadé-

micos en materia de seguridad ciudadana desde los años ochenta1, los inte-

lectuales y políticos de las altas clases sociales, aún existentes en Venezuela,

plantean y justifican un plan para prevenir el delito que permita corromper

las iniciativas de izquierda o socialistas en la materia. En efecto, la derecha

tradicional reconoce al fenómeno criminal como el problema principal para

los venezolanos y venezolanas con el propósito, en primer lugar, de ratificar

y recuperar aquellos “valores” que justificaron y sustentaron los controles

que sometieron a muchos por tener una identidad cultural distinta a la ma-

yoría, y en segundo lugar para crear un clima de pánico social.

Dentro de la escena política actual, los movimientos partidistas de de-

recha expresan en sus discursos el tema de la seguridad ciudadana bajo el

juego de la manipulación, con cifras escandalosas sobre la acción delicti-

va intentan persuadir a la sociedad venezolana en la tarea de lograr una

alta criminalización y deshumanización de sectores vulnerables, políticos

y culturales que surgen en la nueva estructura social venezolana. intenta

legitimar sus críticas con la ayuda de razonamientos que derivan de supues-

tas investigaciones que, tendenciosas o no, se muestran con la intención de

apoyar un supuesto político e ideológico tradicional sin importar la evolu-

1 La justicia de cuello blanco y el modelo criminológico de la defensa social (Baratta, 2001).

74 | Dossier

ción de las políticas públicas de prevención del delito y

sus virtudes desde lo técnico y social.

El orden público, la prevención situacional por los

cuerpos de policía y una justicia endurecida acompa-

ñada de una prisión restrictiva y ejemplificante son las

premisas de esta ingenua derecha que pretende acabar

con la delincuencia. Digo ingenua, no solo por pensar

que el fenómeno delictivo puede abatirse en su totalidad

cuando las acciones e instituciones arriba mencionadas

son eficaces y eficientes, sino también por la ignorancia

del tema social, cultural y las transformaciones políticas

e ideológicas que existen actualmente y afectan el abor-

daje teórico y técnico de la manifestación e identificación

de la actividad delictiva.

La organización social en Venezuela ha cambiado ra-

dicalmente: aquellos atacados con controles represivos

por los que apostaban al fracaso de los débiles y a su es-

tigmatización criminal, desde “el brazo armado” de los

gobiernos de derecha, ahora son parte activa del proyec-

to de país. Ello sucede por la aceptación de la diversidad y

en la evidencia de una renovada estructura social y polí-

tica donde los marginados son protegidos desde medidas

estatales y gubernamentales para satisfacer necesidades

básicas y recuperar a aquellos grupos que no solo son

distintos desde lo cultural, sino que también son parte de

la actividad delictiva.

La masificación de la delincuencia en espacios comu-

nitarios populares pareciera iniciarse con la situación de

desprotección creada e infundida por la derecha política

venezolana, lo cual permitió en principio que el enfada-

do pueblo participara de ilícitos para sobrevivir ante las

vicisitudes impuestas por las clases dominantes. Esto de

actuar fuera de la norma obviamente tuvo su anclaje y

legitimación entre los grupos sociales durante unos vein-

te años, entre los ochenta y noventa, lo cual contribuyó

enormemente con la configuración de nuevas identida-

des violentas y contraculturales2 que actualmente per-

sisten; con la policía en la calle querían identificar y darle

entrada al sistema de justicia a aquellos tildados como

“delincuentes” por normas tan irrisorias como la dero-

gada Ley de Vagos y Maleantes en la premisa de privile-

giar los principios normativos que defendían a las clases

dominantes, bajo la retórica de que aquellos marginados

no podían adaptarse ni siquiera a los primeros controles

durante el proceso de socialización (educación, familia,

entre otros).

Los desfavorecidos entonces vivieron una política cri-

minal represiva que dotaba al Estado de una mala fama

ante los que deberían ser sus protegidos, los gobiernos

transferían su responsabilidad, del maltrato al Estado de

derecho, a las deficiencias de esos grupos para desarro-

llar habilidades políticas, económicas, educativas y en lo

irracional de su comportamiento, creando una orienta-

ción hacia la profilaxis social a fin de mantener la tran-

quilidad y el statu quo, sin visualizar la delincuencia de

las altas clases sociales que ya estructuraban nuevos ti-

pos delictivos como la estafa y la corrupción, entre otros.

Aun con toda esta evidencia, hoy la derecha manifies-

ta una orientación represiva contra el delito, enmarcada

2 Ver Teorías de la subculturas delictivas desarrolladas por Co-hen (1955).

la seguridad ciudadana y el modelo represivo... e. rojas mata | 75

en una expresión moralista, de compromiso para acabar

con dos factores fundamentales: la corrupción y la poli-

tización de las instituciones del Estado, como argumento

y tesis para construir estrategias innovadoras en la lu-

cha contra el delito. Buscan preservar una orientación

política tradicional con argumentos y supuestas pruebas

basadas en el fracaso de la planificación en materia de

seguridad, diseñada por el actual Gobierno. Siendo el

modelo desarrollado por la llamada Cuarta República la

referencia principal para dar respuesta al tema delictivo:

la descentralización, la represión y el castigo.

La derecha ratifica la necesidad de aumentar los fis-

cales, jueces, número de cárceles y funcionarios policia-

les, según el nivel de criminalidad; le dan prioridad a la

protección de los bienes materiales de los venezolanos. El

objeto de protección principal será la propiedad, la idea

es volver al esquema discriminatorio y fascista, cercar los

barrios, tomarlos militarmente y aplicar el esquema de

la Ley de Vagos y Maleantes, donde siempre los pobres

serán los perdedores. Buscan, a su vez, ejemplos de otras

ciudades donde supuestamente se ha logrado minimizar

el delito, omitiendo la violación de derechos humanos

que ello ha costado y todo el sistema de fondo que se ha

instalado para que los sectores populares fracasen en su

desarrollo socioeconómico y por ende sean carnada per-

fecta de la justicia.

El plan que esquematizan en materia de seguridad se

basa superficialmente en las políticas que ya se adelan-

tan en la actualidad (desarme, plan antidroga, humani-

zación carcelaria, entre otras) que se enmarcan, además,

en un Estado social, de derecho y de justicia planteado en

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

(1999), como una estrategia para expresarle a la socie-

dad partidaria del modelo socialista y bolivariano que

ellos pueden ejecutar más eficientemente la seguridad

pública, implementando, por ejemplo, tecnología para

lograr la represión, sin desarrollar la conciencia social de

los ciudadanos y ciudadanas.

La visión en relación a la acción delictiva es hacer

una separación entre las líneas generales planteadas

por el Gobierno Bolivariano y las medidas adecuadas

que deben cumplirse para reprimir el delito y satisfacer

la demanda de la sociedad en la materia. Su propuesta

se reduce a pronunciar la frase “tolerancia Cero” para

resolver situaciones coyunturales más que estructura-

les, sin evaluar el trasfondo del fenómeno delictivo; solo

plantean una nueva administración de justicia. Se des-

tacan, sobre todo, compromisos con la sociedad respecto

al servicio policial y el sistema penitenciario como proble-

mas medulares para lograr la represión y la prevención

situacional.

Por lo anterior, es necesario evitar esta supuesta

realidad que estructura la derecha, explicando que esta

para ellos es un producto secundario, profundamente

racista, que logró implantar la cultura de la violencia

que hoy tanto daño nos hace. Es necesario precisar que

la derecha tradicional venezolana no plantea políticas

integrales liberadoras del daño social causado en fun-

ción de la realidad cultural y delictiva; solo construyen

acciones desde el derecho positivo bajo un enfoque estra-

tégico para abatir algunas tipologías (homicidio, robo y

terrorismo de Estado), a fin de promover una valoración

76 | Dossier

subjetiva en la ciudadanía por el tema de la inseguridad

enfocado en el daño particular. Plantean además, en sus

líneas políticas, la necesidad de retomar el Estado capi-

talista, apartado de los principios bolivarianos; su idea

se fundamenta en una sociedad moderna con alianzas

entre Estado y sector privado, ajustada a un modelo eco-

nómico del libre mercado, de empresa privada, de clases

sociales y de exclusión hacia los distintos, todo ello lla-

mado sociedad civil, como consecuencia de los conceptos

de modernidad y prosperidad.

Este Estado capitalista generaría seguridad personal

con prioridad en el disfrute de los bienes individuales; en

eso se traduce su concepto de nuevo Estado de derecho,

que protege lo que les pertenece cercando a los agentes

delictivos, que serían entonces los vastos sectores po-

pulares. A su vez, la protección de la sociedad civil para

atender el delito desde la privacidad de cada individuo

estaría compuesta solo por aquellos más talentosos,

quienes se incorporaron a modelos educativos exitosos

gestados bajo las políticas neoliberales de otras naciones

hegemónicas, que promueven el Fashion style o el sueño

americano, llamados ahora los desplazados por la intole-

rancia política, más que por su afán de ser admiradores

de modelos que no corresponden con nuestra idiosincra-

sia. En fin, la protección y seguridad pública de la socie-

dad civil, dice la derecha política venezolana, se lograría

incentivando la economía y protegiendo a las clases eco-

nómicas productivas. La propuesta se centra en generar

una sociedad de empresarios desde el modelo educativo

para adoctrinar la cultura del capital en todas las escalas

y lograr el desarrollo personal.

Así quedan, a su vez, delineadas las acciones para la

prevención del delito y las opciones de mano dura en el

ámbito de la política de seguridad. La derecha sigue apos-

tando a planes como la construcción de cárceles, proyec-

ta la tesis criminológica de la defensa social para la exclu-

sión, que pregona la supremacía de una clase sobre otra

y su amparo. Por ello, es necesario reflexionar sobre los

aspectos ideológicos, no partidistas, que pudiesen mar-

car la seguridad ciudadana a fin de lograr una política

criminal racional y científica desde el conocimiento real

del contexto comunitario, bajo el modelo de Estado y con

un nuevo contenido para entender la novedad delictiva.

Ahora bien, la elaboración de esta política criminal

pareciera asomarse desde el actual Gobierno; hoy todo

parece indicar que la valoración de la seguridad versa

no solo en la estadística delictiva y en el derecho positi-

vo, sino que estima las diversas caras de la violencia, la

cultura jurídica, las nuevas identidades que marcan una

transformación en el modelo de sociedad, la victimiza-

ción3, entre otros aspectos que permiten el nacimiento

de una nueva generación de conocimiento, acompaña-

do por otros propios de la comunidad de investigadores

nacionales, que produjeron el nuevo Modelo Policial

Venezolano4, la Universidad Nacional Experimental de

3 Ver, por ejemplo: Encuesta Nacional de Victimización y Percep-ción de Seguridad Ciudadana (2009).

4 Sistema Integrado de Policía y la Policía Nacional Bolivaria-na, aprobados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008).

la seguridad ciudadana y el modelo represivo... e. rojas mata | 77

la Seguridad5 y la Comisión Presidencial para el Control

de Armas, Municiones y Desarme (CPCAMD)6, así como

reformas legislativas e institucionales en el ámbito de la

seguridad pública que hoy concluyen en el nacimiento

de una Gran Misión donde se integran todas estas ini-

ciativas que prometen un enfoque de derechos bastante

amplio, dirigido con mayor fuerza a sectores vulnerables.

Por lo anterior, el Estado venezolano, bajo un aná-

lisis en los ámbitos políticos, económicos, sociales y cul-

turales, desarrolla una política criminal estructural a fin

de revertir esquemas culturales negativos y, con esto, los

efectos de la actividad delictiva, mediante medidas sus-

tantivas y proyectos legales desde el discernimiento fácti-

co y otras medidas inmediatas o situacionales que no solo

se circunscriben en la criminalización desde el derecho

penal del enemigo y en la construcción de cárceles, sino

en establecer verdaderos programas de oportunidades

sociales, de formación para el personal administrativo y

técnico, así como en el diseño de la materia legislativa en

pro de construir un marco legal que defina una igualdad

sustantiva y real ante la seguridad, tal como lo dicta el

Proyecto Socialista y Bolivariano liderado por el Presi-

dente de la República y la nueva comunidad de saberes

5 Esta Universidad nace con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008).

6 Instancia que se encarga de promover un proyecto satisfac-torio de construcción e implementación de una política pública integral sobre el control de armas y municiones y el desarme, creada a través del decreto Nº 8.211, de fecha 13 de mayo de 2011, publicado en Gaceta Oficial No. 39.673.

desarrollada y que hoy es plasmada en la Gran Misión ¡A

toda Vida Venezuela!7 para construir elementos positivos

en pro de la cultura de la paz desde la multifactorialidad

del problema de la inseguridad.

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7 Creada por el Ejecutivo Nacional en 2012, con el propósito de construir una “política pública que tenga como centro la protec-ción de la vida, la convivencia solidaria y la seguridad ciudadana, tributando a la construcción colectiva de una democracia socia-lista”.

un Paso adelante, dos atrásel kirChnerisMo ante la Cuestión PoliCial (2003-2012)

Marcelo Fabián Sain | 79-118 |2

Resumen El autor expone el itinerario de las etapas de la gestión guber-

namental kirchnerista en materia de seguridad pública. Principalmente,

argumenta la idea de que en la democracia argentina no ha sido ejercida

por las autoridades políticas gubernamentales sino que fueron delegadas.

Los resultados de este hecho han ido configurando la pauta tradicional de

abordaje que la clase política ha hecho de la cuestión policial. Para el autor,

resulta fundamental estudiar el conjunto de orientaciones y acciones que

llevaron a cabo los gobiernos kirchneristas en relación con la administra-

ción de las policías, cuestión que desarrolla en su artículo.

Palabras clave kirchnerismo, políticas públicas, seguridad pública,

reformismo, revisionismo

Marcelo FaBián sain es doctor en Ciencias Sociales (UNiCAMP, Brasil);

profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Ar-

gentina; diputado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos

Aires, Argentina. Consultor experto internacional de Latin America and

Caribbean Sub-Regional Resource Facility (LAC-SURF), United Nations De-

velopment Programme (PNUD) y presidente del instituto Latinoamericano

de Seguridad y Democracia (iLSED), Buenos Aires. Ex viceministro de Segu-

ridad de la Provincia de Buenos Aires (2002) y se desempeñó como inter-

ventor (2005-2009) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de que es su

asesor desde 2010. Entre otros, ha publicado Los levantamientos carapintada

(1987-1991) (1994), Elementos de la Ciencia Política (2000), Seguridad, demo-

cracia y reforma del sistema policial en la Argentina (2002), Política, policía y

delito. La red bonaerense (2004), Seguridad ciudadana: concepciones y políticas

(2005) y El leviatán azul: policía y política en la Argentina (2008).

msain@unq.edu.ar sain1965@gmail.com

81

Un paso adelante, dos atrás* **El kirchnerismo

ante la cuestión policial (2003-2012)

todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil

y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institu-

ción. la prevención y sanción del delito, de modo eficiente y legal, re-

quiere un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de

seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. la

historia reciente demuestra que la delegación de esta responsabilidad

permitió la conformación de “estados mayores policiales”, autónomos,

que han organizado vastas redes de corrupción, llegando a amenazar

incluso la gobernabilidad democrática.

los lineamientos básicos para una modernización y gestión de-

mocrática de las instituciones de seguridad son: la integración de las

labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la

descentralización institucional de la organización policial a nivel distrital

y comunal; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos

locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno

de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el

sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado

en valores democráticos; el régimen profesional basado en el escalafón

único y las especialidades policiales.

ACUERDO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA, Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009

* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, organizado por la Universidad Nacional Experimental de la Se-guridad (UNES) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 3 y el 5 de septiembre de 2012.

** Agradezco los comentarios y sugerencias efectuadas por Máximo Sozzo y Nicolás Rodríguez Games, lo que no los hace responsables de las interpretaciones efectuadas en el presente trabajo.

82 | Dossier

El abordaje y tratamiento institucional que el kirch-

nerismo ha efectuado entre los años 2003 y 2012 de la

cuestión policial1 y, más precisamente, la relación institu-

cional establecida por los sucesivos gobiernos kirchne-

ristas2 con las instituciones policiales que conforman el

sistema policial federal3 en la Argentina, ha constituido

1 El concepto “cuestión policial” hace referencia a las concep-ciones, estrategias y/o medidas sustentadas o llevadas a cabo por el Gobierno nacional en relación con las policías y fuerzas de seguridad federales en cuanto a dos dimensiones básicas. Por un lado, las funciones e intervenciones asignadas a estas insti-tuciones o desarrolladas por ellas en la gestión de los asuntos de la seguridad pública en particular, tanto como instrumentos de gestión y/o control de las problemáticas criminales como de las movilizaciones y protestas sociales. Por otro lado, las bases doc-trinales, orgánicas y funcionales de las policías y, en su marco, lo relativo al ejercicio de su conducción institucional, alternan-do, según los momentos y las circunstancias del período, entre la dirección política de las mismas y el autogobierno policial.

2 Néstor Kirchner ejerció la presidencia de la nación entre mayo de 2003 y diciembre de 2007. Por su parte, Cristina Fer-nández del Kirchner ejerció la presidencia de la nación en su primer mandato entre diciembre de 2007 y diciembre de 2011. Actualmente, Cristina Fernández está llevando adelante su se-gundo mandato presidencial, el que se extenderá hasta diciem-bre de 2015.

3 El sistema policial federal argentino está compuesto por dos policías y dos fuerzas de seguridad. La Policía Federal Argen-tina fue creada en diciembre de 1943 y fue puesta en funcio-namiento en 1945. Constituye un cuerpo policial civil armado que cumple funciones de policía de seguridad y judicial en el territorio de las provincias y en la capital de la nación, dentro de la jurisdicción del Gobierno nacional, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires. La Gendarmería Nacional Argentina fue crea-da en julio de 1938 y conforma una fuerza de seguridad mi-litarizada que tiene como misión el desarrollo de servicios de policía de seguridad y judicial en el ámbito federal dentro de las

un aspecto relevante de la gestión de la seguridad pública

desarrollada durante la última década.

En la democracia argentina, el gobierno de la seguridad4

no ha sido ejercido por las autoridades políticas guber-

namentales sino que fueron delegadas, esto es, encomen-

dadas y transferidas a las instituciones policiales, ya sea

zonas de seguridad de fronteras, así como la custodia de obje-tivos estratégicos, y ejerce también otras funciones de policía preventiva ante la alteración del orden público en el territorio nacional. La Prefectura Naval Argentina fue creada en 1969 en reemplazo de la antigua Prefectura Nacional Marítima exis-tente desde el siglo XiX, y constituye una fuerza de seguridad encargada de prestar el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial en mares, ríos, canales y demás aguas navegables, en las costas y playas marítimas, así como labores de policía de seguridad en el mantenimiento del orden público en el territorio nacional. Finalmente, en 2005, se creó y puso en funcionamiento la Po-licía de Seguridad Aeroportuaria que desarrolla sus funciones en el Sistema Nacional de Aeropuertos mediante la prevención, conjuración e investigación de los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario. Esta fue la única institución policial federal creada en democracia y la única con mando civil.

4 Gobernar la seguridad implica tres conjuntos de acciones bá-sicas. En primer lugar, establecer un cuadro de situación de las conflictividades y problemáticas delictivas existentes en un cierto espacio y tiempo; y, sobre esa base, determinar las prioridades para decidir y formular las intervenciones sobre las conflictivi-dades y delitos. En segundo término, llevar a cabo las estrategias institucionales tendientes a actualizar y/o modernizar los dispo-sitivos normativos y organizacionales de gestión institucional de la seguridad y, entre ellas, las instituciones policiales. Y, fi-nalmente, desarrollar las estrategias sustantivas sobre aquellas conflictividades y delitos tendientes a controlar las violencias y los delitos mediante su prevención, conjuración y/o investiga-ción (en SAiN, Marcelo Fabián, El Leviatán azul: policía y política en Argentina, Siglo Veintiuno Editores Argentina, Buenos Aires, 2008, cap. 2).

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 83

de manera manifiesta o tácita. Y estas lo han ejercido de

acuerdo con los criterios, orientaciones y modalidades de

intervención autónomamente formulados por sus cúpulas

institucionales, dando lugar a una suerte de policializa-

ción del gobierno de la seguridad pública así como también

al autogobierno policial de sus propias instituciones5. Estas

tendencias han configurado la pauta tradicional de abor-

daje que la clase política ha hecho de la cuestión policial.

En razón de ello, resulta fundamental estudiar el con-

junto de orientaciones y acciones que llevaron a cabo los

gobiernos kirchneristas en relación con la cuestión poli-

cial. La centralidad que tradicionalmente han tenido las

instituciones policiales en la gestión política de la seguri-

dad pública ha convertido a los vínculos establecidos en-

tre las administraciones gubernamentales kirchneristas

y las policías en un aspecto determinante de las políticas

y/o estrategias de seguridad pública llevadas a cabo en el

período analizado.

Pero, además, para los actores políticos y sociales ubi-

cados en las orientaciones de la izquierda progresista y/o

reformista en la que se ubicó el kirchnerismo en materia

político-institucional, económica y social, la cuestión po-

licial constituyó tradicionalmente una cuestión exótica.

El abordaje que los sectores adscritos a esta vertiente po-

lítica han tenido sobre las policías ha estado signado por

el desconocimiento, el desinterés o el manifiesto repu-

dio derivado de su consideración –un tanto ligera y casi

siempre trivial– de que se trata de instituciones mera-

5 He abordado conceptualmente el modelo tradicional y dele-gativo de gestión de la seguridad pública en ibíd., cap. 3.

mente represivas o abusivas. Nunca se las observó, pensó

o proyectó como objeto de posibles intervenciones orien-

tadas a reformarlas y, menos aún, a conducirlas desde

posiciones gubernamentales. Ello, por cierto, apuntala

la importancia que tuvo la relación establecida entre los

gobiernos kirchneristas y la cuestión policial.

La gestión gubernamental del kirchnerismo en mate-

ria de seguridad pública y, en su marco, en relación con

la cuestión policial supuso la combinación de dos tenden-

cias contrapuestas con respecto a la pauta tradicional de

abordaje y gestión de la cuestión policial. Por un lado,

la tendencia conservadora orientada a la reproducción de

los dispositivos y las prácticas institucionales de la pauta

tradicional delegativa y policialista. Y, por otro lado, la

tendencia revisionista de dicha pauta a través de la refor-

mulación de los dispositivos y prácticas policiales tradi-

cionales y, en algunos casos, de la formulación o imple-

mentaciones de reformas institucionales, en cuyo marco

hasta se llevó a cabo la creación de una nueva institución

policial federal.

Al respecto, los gobiernos kirchneristas han atravesa-

do por tres etapas claramente distinguibles:

1. La primera etapa se extendió entre la asunción de

Néstor Kirchner como presidente de la Nación y la re-

nuncia de su primer ministro de justicia, Seguridad y

Derechos Humanos, Gustavo Béliz, y estuvo signada

por un discurso y un conjunto de acciones institu-

cionales inscritas en un impulso revisionista (mayo de

2003-julio de 2004).

2. La segunda etapa se extendió desde el traspaso de la

84 | Dossier

gestión de la seguridad pública a la esfera del Minis-

terio del interior, aun bajo el mandato presidencial de

Kirchner, hasta la creación del Ministerio de Seguri-

dad durante la primera gestión presidencial de Cris-

tina Fernández, y supuso un significativo giro con-

servador en cuyo marco se abandonó la impronta de

cambio de la etapa anterior y se impuso rápidamente

el predominio de las tendencias tradicionales signa-

das por la delegación de la gestión de la seguridad

pública en las cúpulas policiales, aunque durante ese

período se produjo la única reforma policial llevada a

cabo desde la instauración democrática en el ámbito

federal (julio de 2004-diciembre de 2010).

3. La tercera etapa abarcó la gestión ministerial encabe-

zada por Nilda Garré, la primera ministra de Seguridad

de la democracia, y estuvo caracterizada por la com-

binación de un discurso marcadamente reformista y

reivindicatorio de la conducción política del sistema

policial y la persistencia de una modalidad de gestión

relativamente delegativa a favor de las policías y pro-

clive a no iniciar reformas institucionales de fondo,

dando cuenta de una suerte de revisionismo discursivo y

restringido (diciembre de 2010-agosto de 2012).

El kirchnerismo ha instalado un “modo de gobernar

que sistemáticamente desafía material y simbólicamente

a los grupos sociales históricamente establecidos como el

poder real en Argentina”6. Su impronta ha sido profun-

6 MoCCA, Edgardo, “Lo que vendrá”, en Le Monde Diplomati-que, Buenos Aires, noviembre de 2011.

damente rupturista y reformista, y lo ha sido en función

de sentar las bases políticas e institucionales para el me-

joramiento de las condiciones sociales, económicas y la-

borales de los sectores populares; la inclusión persistente

de sectores sociales altamente marginalizados; el creci-

miento de la economía y, en particular, de la industria; la

estructuración de un Estado activo y regulador ante los

grupos económicos dominantes; la revisión judicial inte-

gral de los delitos de lesa humanidad cometidos durante

la última dictadura; el reconocimiento y convalidación

de una amplia gama de derechos civiles y sociales de úl-

tima generación, y la integración estratégica con los paí-

ses de la región sudamericana, entre otros logros signifi-

cativos. No obstante, en materia de gestión de la seguridad

pública y, en particular, en el abordaje de la cuestión policial,

solo excepcional y limitadamente tuvo aquella impronta rup-

turista y reformista, es decir, en momentos específicos y/o en

relación con cuestiones puntuales, aunque gran parte de los

cambios producidos en estos períodos fueron posteriormente

desandados. Vayamos a ello.

1. El impulso revisionista (2003-2004)

El 25 de mayo de 2003, ante la Asamblea Legislativa,

Néstor Kirchner estableció algunos ejes conceptuales en

materia de seguridad pública diferentes de la impronta

punitiva que primó en los gobiernos anteriores. Señaló

que la responsabilidad ante la inseguridad y los delitos

no era exclusivamente de la policía sino del Estado y la

sociedad de manera coordinada. Rechazó el abordaje de

los asuntos de la seguridad asentado exclusivamente en

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 85

la respuesta del sistema penal, y destacó con énfasis que

la desagregación social y la impunidad favorecían la vio-

lencia y la inseguridad.

En materia de seguridad no debe descargarse, solo so-

bre la policía, la responsabilidad de la detección de las

situaciones de riesgo que sirven de base al desarrollo

de la delincuencia. Son el Estado y la sociedad en su

conjunto los que deben actuar participativa y coordi-

nadamente para la prevención, detección, represión y

castigo de la actividad ilegal. Una sociedad con elevados

índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegra-

ción familiar, falta de fe y horizontes para la juventud,

con impunidad e irresponsabilidad, siempre será esce-

nario de altos niveles de inseguridad y violencia. Una

sociedad dedicada a la producción y proveedora de em-

pleo dignos para todos resultará un indispensable apo-

yo para el combate contra el delito. Para comprender la

problemática de la seguridad encontramos soluciones

que no solo se deben leer en el Código Penal, hay que

leer también la Constitución Nacional en sus artículos

14 y 14 bis, cuando establecen como derechos de todos

los habitantes de la Nación el derecho al trabajo, a la

retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas

de labor, a las jubilaciones y pensiones móviles, al se-

guro social obligatorio, a la compensación económica

familiar y al acceso a una vivienda digna, entre otros7.

7 PRESiDENCiA DE LA NACiÓN ARGENtiNA, Discurso del señor presidente de la nación, doctor Néstor Kirchner, ante la honorable Asamblea Legislativa, Buenos Aires, 25 de mayo de 2003.

Además, reivindicó el respeto a la ley como el princi-

pio central para afrontar a las problemáticas delictivas.

El Estado debe ser esclavo de la ley para enfrentar el

delito, pero no puede aceptar extorsiones de nadie, ni

de quienes aprovechan una posición de fuerza en cual-

quiera de los poderes del Estado o en la economía, ni de

quienes usan la necesidad de los pobres para fines par-

tidistas. La paz social, el respeto a la ley, a la defensa de

la vida y la dignidad son derechos inalienables de todos

los argentinos. El delito es delito, sea de guante blanco,

sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas8.

Unos días antes, Kirchner había presentado el Plan

de Gobierno en el que resumían los ejes generales de su

futura gestión. En materia de seguridad, reconocía que

“nuestro sistema de seguridad es obsoleto y ha colapsa-

do” y al respecto proponía dos ejes fundamentales. Por

un lado, formulaba una estrategia de prevención de los

delitos en la que era “importante castigar al delito, pero

más importante [era] evitar que el delito se cometa”,

para lo cual era necesario “detectar situaciones de riesgo

social para integrar a quienes se encuentren en esa situa-

ción marginal” así como también “reestablecer el orden

y la convivencia en los barrios con la participación de los

fiscales, los jueces, los vecinos y los policías”, particular-

mente, “con una policía de proximidad o policía comuni-

taria”. Y, por otro lado, sostenía la necesidad de encarar

“una reforma policial que surja del debate de políticas de

8 ibíd.

86 | Dossier

seguridad juntamente con todos los sectores económicos

y sociales” y que se inscriba en la “reforma del régimen

de seguridad interior”9. Se trataba de lineamientos muy

generales pero a tono con una agenda reformista10.

A comienzos de junio de 2003, el Gobierno nacional

delineó la cúpula de la Policía Federal Argentina y anun-

ció el pase a retiro de diez de los doce comisarios generales

que formaban parte de la plana mayor de la institución

pero mantuvo en el cargo al titular de la misma, comi-

sario Roberto Giacomino, quien sería secundado por el

9 Diario Clarín, Buenos Aires, 18 de mayo de 2003.

10 Apenas asumió, Kirchner designó a Gustavo Béliz como ministro de justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que, entre otras cuestiones, viabilizara aquellos lineamientos en los asuntos de seguridad pública. Béliz era un dirigente peronista de la Ciudad de Buenos Aires que había sido secretario de Ges-tión Pública y ministro del interior de Carlos Saúl Menem en los noventa. Y, desde entonces, Kirchner encaró una gestión en materia de seguridad con una fuerte impronta progresista que se asentó en algunos aspectos fundamentales, tales como la despolicialización de las protestas sociales; la disposición a no tolerar hechos de corrupción o abusos en la administración institucional o en el uso de la fuerza por parte de las policías federales y, en particular, por parte de la policía nacional más grande del país, esto es, la Policía Federal Argentina (PFA); y el anuncio de un plan de seguridad tendiente a introducir re-formas sustantivas en el sistema de seguridad pública federal. He analizado estas tendencias en SAiN, Marcelo Fabián, “El amague. La política de seguridad pública durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007)”, ponencia pre-sentada en el Vi Congreso Argentino de Administración Pú-blica “Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Económico con Equidad Social”, organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), Resistencia, Chaco, 6-8 de julio de 2011.

comisario Eduardo Prados11. En la esfera gubernamental

primaba el temor de que un descabezamiento integral de

la cúpula policial produjera situaciones críticas y diera

lugar a conflictos provocados por los propios jefes despla-

zados o los que los reemplazaran. “Giacomino maneja la

calle”, sostenían en el Gobierno12.

Ese mismo día, también se anunció la decisión de re-

visar individualmente los legajos personales de los nue-

vos integrantes de la cúpula policial así como los de los

53 jefes de las comisarías porteñas. Y se encomendó esa

tarea al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo

que constituía un hecho novedoso y una expresión de

que el Gobierno no sería connivente con la corrupción

o los abusos policiales13. también se anunció un “plan

de control total” de la Policía Federal Argentina, basado

en la selección gubernamental de los jefes policiales que

serían designados al frente de las comisarías de la Ciudad

11 Giacomino, que era un jefe policial íntimamente allegado a Eduardo Duhalde y a Carlos Ruckauf, había sostenido públi-camente la necesidad de volver a los “edictos” y era partidario de llevar adelante intervenciones inscritas en la lógica de la “mano dura”. Pero la decisión gubernamental de mantenerlo en el cargo respondía al pedido efectuado en ese sentido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal ibarra, para quien Giacomino había hecho “un muy buen trabajo e in-cluso logró bajar los índices delictivos en los últimos tiempos”, por lo que “sería una lástima relevarlo” (en diario Clarín, Bue-nos Aires, 3 de junio y 3 de octubre de 2003).

12 Diario Página/12, Buenos Aires, 3 de junio de 2003.

13 ibíd.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 87

de Buenos Aires14. Era la primera vez que un Gobierno

democrático estaba dispuesto a intervenir a fondo en la

conducción político-institucional de la policía porteña.

El 2 de julio, Kirchner sostuvo que la desconfianza

de la sociedad en las instituciones policiales del país se

debía, entre otras razones, a la “corrupción” y al accio-

nar de “cuadros innobles de las policías argentinas”, ya

que “mientras hay policías que dejan sus vidas”, otros

“delinquen usando el uniforme que les da el pueblo

argentino”15.

Una semana más tarde, el ministro Béliz presentó pu-

blicamente un programa de 39 puntos en el que estable-

ció los ejes de la estrategia de seguridad que seguiría la

Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

En la ocasión, el funcionario dijo que la “honestidad y

eficacia” serían los valores fundamentales de la “nueva”

policía16.

14 Según la iniciativa, cada jefe policial debería dar cuenta mensualmente de su desempeño preventivo y conjurativo sobre la base de un “mapa del delito” en el que se identificarían los delitos cometidos en cada jurisdicción y se podría detectar en qué lugares y/u horarios precisos se producen con frecuencia inusual. Si el desempeño funcional del jefe de la jurisdicción no fuera satisfactorio, el Gobierno decidiría su desplazamiento y hasta su pase a retiro (en diario Página/12, Buenos Aires, 2 de junio de 2003).

15 KiRCHNER, Néstor, “Acto de homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 2 de julio de 2003.

16 Los ejes del programa se basaban en la formulación e ins-trumentación de planes específicos de prevención delictiva para cada barrio; el establecimiento de mecanismos de control ciu-

Pues bien, a tono con estos preceptos, cuando en oc-

tubre se comprobó la comisión de una serie de hechos de

corrupción cometidos por la cúpula de la Policía Fede-

ral Argentina, Kirchner echó al comisario Giacomino y

ordenó que los hechos fuesen denunciados judicialmen-

te17. Fue la primera vez desde la instauración democrá-

tica que un jefe policial era expulsado del cargo por un

hecho de corrupción.

dadano de la gestión policial; y la provisión de un incremento significativo de fondos para afrontar los gastos de las comisarías que resultasen más eficaces en el control del delito. Para ello, se preveía la disponibilidad de 1.000 policías más abocados al desarrollo de labores operacionales, mediante una drástica re-ducción de las custodias a funcionarios y al personal judicial y de la transferencia de ciertos trámites administrativos –actas de choque, constatación de domicilios o denuncias por extravío– llevados a cabo en las comisarías a los centros de Gestión y Par-ticipación porteños. Por su parte, el personal policial de cada comisaría permanecería solo cuatro años en el mismo destino, a los efectos de que conozca el conjunto de problemáticas de cada jurisdicción sobre la base de la elaboración de mapas del delito permanentemente actualizados y que los vecinos co-nozcan a los efectivos que actúen en sus barrios. Asimismo, se establecerían mecanismos de control ciudadano mediante los cuales los vecinos podrían conocer y supervisar la administra-ción de los fondos de las comisarías y sus planes preventivos (en diario La Nación, Buenos Aires, 11 de julio de 2003).

17 Giacomino y un grupo de jefes policiales responsables de la gestión presupuestaria de la institución efectuaron, a co-mienzos de mayo, diversas contrataciones, compras directas y licitaciones digitadas en favor de distintas personas y empresas vinculadas al propio Giacomino y a un familiar directo, geren-te de una de las empresas contratadas fraudulentamente, todo ello para llevar a cabo la informatización de la obra social de la fuerza y del Hospital Churruca-Visca y su refacción (en diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 3 de octubre de 2003).

88 | Dossier

A los pocos días, Béliz creó en la esfera del Ministerio

de justicia, Seguridad y Derechos Humanos el “Progra-

ma de Administración Civil de las Fuerzas Policiales y de

Seguridad Federales (PAC)”, con el fin de llevar a cabo el

control institucional de la totalidad de las compras, con-

trataciones y decisiones administrativas relativas a la

ejecución del gasto de las fuerzas policiales y de seguri-

dad federales así como del Servicio Penitenciario Federal,

y puso a jorge Srur al frente del mismo18. Para este, el

objetivo de la iniciativa era “monitorear los procesos, ge-

nerar normas que mejoren la transparencia y eficacia en

el manejo del presupuesto”19, aunque, en verdad, para

ello debía conocer y supervisar la ejecución de la totali-

dad del presupuesto y de la gestión administrativa de las

fuerzas20.

En mayo de 2004, el Gobierno desplazó 107 altos ofi-

ciales de la Policía Federal Argentina –desde subcomisa-

rios a comisarios generales– que estaban sumariados por

faltas graves o imputados judicialmente de delitos vincu-

lados con el desempeño de sus funciones, o que habían

cumplido el tiempo de antigüedad necesario para el reti-

ro. todos fueron puestos en disponibilidad21. Se trató de

la “purga” policial más importante de los últimos años,

18 Diario Clarín, Buenos Aires, 27 de octubre de 2003.

19 Diario La Nación, Buenos Aires, 28 de octubre de 2003.

20 ALDA, Erik, y BÉLiZ, Gustavo (eds.), ¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana, Banco interamerica-no de Desarrollo, Nueva York, 2007, p. 66.

21 Diario Clarín, Buenos Aires, 8 y 13 de mayo de 2004.

en cuyo marco se produjo el descabezamiento casi com-

pleto de la cúpula de la Policía Federal Argentina, con la

excepción del jefe de la fuerza, comisario Eduardo Pra-

dos, quien había reemplazado a Giacomino.

En aquella ocasión, Alberto Fernández, jefe de Gabi-

nete de Ministros, dejó clara la posición del Gobierno al

respecto.

Hay casos de delincuentes que llegaron a ser oficiales en

actividad. [Se trata de] sujetos que decidieron delinquir

con el uniforme, y eso es gravísimo. (…) Lo mejor que

le puede pasar a la fuerza es prescindir de esos oficiales;

mucho peor es tener a alguien indecente que llega a ofi-

cial superior, y retenerlo solo por temor de que se vuelva

mano de obra desocupada22.

De este modo, durante el primer año de la gestión kir-

chnerista, más de 550 policías federales, entre oficiales y

suboficiales, habían sido dados de baja, pasados a retiro o

puestos en disponibilidad23.

La respuesta extorsiva de los sectores policiales des-

plazados no se hizo esperar y, al poco tiempo, se produjo

una seguidilla de asaltos, robos y otros hechos delicti-

22 Diario Clarín, Buenos Aires, 9 de mayo de 2004.

23 Diario Clarín, Buenos Aires, 8 de mayo de 2004. Dos se-manas antes, Béliz había informado que, desde la asunción del Gobierno nacional, se había producido “una depuración que no tiene antecedentes en la fuerza, ya que más de 454 oficia-les y suboficiales han pasado a disponibilidad, dados de baja o puestos en retiro” (en diario Clarín, Buenos Aires, 22 de abril de 2004).

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 89

vos de amplia connotación pública como una forma de

presionar al Gobierno nacional. Así lo indicó Kirchner a

comienzos de junio cuando sostuvo que esos hechos res-

pondían al accionar de sectores policiales en desacuerdo

con las medidas tomadas por el Gobierno sobre la policía,

a los que calificó de “mano de obra desplazada de la Poli-

cía Federal”24.

No tengo ninguna duda de que hay algunos sectores [de

la PFA] interesados y desplazados que están ayudando

a crear una situación de psicosis en la sociedad. Eviden-

temente trabajan para desestabilizar y quebrar determi-

nadas situaciones institucionales25.

Alberto Fernández también alentó esta interpreta-

ción de los hechos.

Llaman mucho la atención las olas de delito. Repenti-

namente aparecen olas de secuestros, olas de asaltos a

edificios, olas de robos a autos que aparecen y desapa-

recen. No hay asaltos nuevos (…); sí hay una modalidad

nueva que llama la atención y, además, intranquiliza a

la gente; si este hecho se repite hasta el cansancio en los

medios de difusión lo único que genera es miedo. (…)

Hay que preguntarse por qué pasan estas cosas; no ten-

go la respuesta exacta, si son policías retirados o delin-

cuentes organizados o ambos26.

24 Diario Página/12, Buenos Aires, 3 de junio de 2004.

25 Diario Clarín, Buenos Aires, 3 de junio de 2004.

26 Diario Clarín, Buenos Aires, 3 de junio de 2004.

Era evidente que los sectores policiales conservado-

res habían actuado soterradamente con la intención de

esmerilar el esfuerzo oficial a favor de la depuración ins-

titucional de la Policía Federal27.

El 19 de abril, en ocasión de la presentación de un

nuevo plan de seguridad, Kirchner fue elocuente en la

ratificación de los lineamientos de “saneamiento” ins-

titucional que siguió desde el comienzo de su mandato

presidencial con respecto a las policías. En verdad, se re-

fería claramente a la Policía Federal.

Vengo a reafirmar mi convicción de cambiar este país;

vengo a reafirmar mi convicción de eliminar la corrup-

ción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad.

Porque pareciera ser que algunos están dispuestos a

permitir una supuesta eficiencia en la seguridad con co-

rrupción. No sirve la eficacia con corrupción. Nosotros

queremos fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que

sean eficientes y no corruptas. Y bajo ningún aspecto

un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales

puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan

27 Por esos días, el especialista Diego Gorgal explicaba ade-cuadamente el fenómeno de referencia indicando que “la regu-lación del delito es una de las prácticas extendidas en la Capital [Federal]” que “consiste en organizar, supervisar y controlar una red de delincuentes que trabaja para el jefe [policial] de la jurisdicción”. En concreto, “la connivencia o protección poli-cial se refiere a determinados delincuentes, que llevan a cabo determinados delitos, en determinados momentos o zonas, ejerciendo el jefe policial la función de regulador de la cantidad y tipo de hechos delictivos” (en diario Clarín, Buenos Aires, 13 de junio de 2004).

90 | Dossier

a su permanencia, cuando han tenido actitudes que

han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el

cual se tenían que mover. Vamos a ser inflexibles; tene-

mos que cambiar; tenemos que ayudar a que la gente

recupere la seguridad en su policía. tienen que tener

legajos limpios; la gente tiene que mirar a sus fuerzas de

seguridad y estar absolutamente tranquila de que está

bien custodiada, de que tenemos aquellos que mejor

conducta tienen, que más probidad tienen y realmente

marcan el respeto que ese lugar merece. Esto es central

y fundamental, pero no solamente para las fuerzas de

seguridad sino para todos los argentinos, en todas las

áreas28.

Por su parte, el secuestro y asesinato en marzo de

2004 de Axel Damián Blumberg, un joven de 21 años

estudiante de ingeniería y perteneciente a una familia de

clase media alta, de la zona norte del Gran Buenos Ai-

res29, sensibilizó a la población y dio lugar a un repudio

28 KiRCHNER, Néstor, “Acto de presentación del Plan Estra-tégico de justicia y Seguridad 2004-2007”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 19 de abril de 2004.

29 El 17 de marzo de 2004, Axel Blumberg fue secuestrado en la localidad de Martínez y permaneció secuestrado durante seis días. tras haberse frustrado el pago del rescate, a partir de la impericia operativa tanto de la policía actuante como de la autoridad judicial a cargo de la investigación del hecho, Axel fue asesinado el 23 de marzo por sus captores luego de un in-tento de fuga en el que había visto a sus captores. Para un buen relato acerca del secuestro de Axel Blumberg y sus derivacio-nes, véase GUAGNiNi, Lucas, Blumberg. En el nombre del hijo, Edi-torial Sudamericana, Buenos Aires, 2005.

social generalizado al accionar de las autoridades guber-

namentales, responsables de las políticas de seguridad

tanto a nivel nacional como provincial. El reclamo vehe-

mente de justicia de parte de su padre, juan Carlos Blum-

berg, motivó la creciente movilización de vastos sectores

medios urbanos que reclamaron una actitud más activa

del Gobierno ante la “inseguridad”. En este contexto, el

1º de abril de 2004 se congregaron en la Plaza de los Dos

Congresos, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Ai-

res, unas 150.000 personas que, bajo la conducción de

Blumberg, demandaron al Gobierno nacional y en par-

ticular al provincial que lleve a cabo medidas y políticas

integrales y eficientes frente a la ola de violencia delictiva

que se venía desarrollando desde hacía meses en el Gran

Buenos Aires. Se trató de una de las mayores concentra-

ciones populares desde la instauración democrática y la

primera jornada masiva en torno de temas vinculados a

la seguridad30.

El gobierno kirchnerista tomó cuenta el asunto y el

19 de abril anunció en la Casa de Gobierno el Plan Es-

tratégico de justicia y Seguridad 2004-2007, compues-

to por un conjunto de medidas y acciones inscritas en

la esfera de justicia y seguridad para ser llevadas a cabo

durante los tres años restantes del mandato oficial. En

materia de seguridad, se trató de un plan básicamente

asentado en una serie de reformas institucionales de am-

plia envergadura. En esa ocasión, Kirchner destacó que

no estaba dispuesto a tolerar la corrupción en las policías

30 Diarios Clarín, Página/12 y La Nación, Buenos Aires, 2 y 3 de abril de 2004.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 91

como modalidades predominantes de trabajo institucio-

nal.

Vengo a reafirmar mi convicción de cambiar este país;

vengo a reafirmar mi convicción de eliminar la corrup-

ción con toda la fuerza necesaria, con toda la claridad.

Porque pareciera ser que algunos están dispuestos a

permitir una supuesta eficiencia en la seguridad con co-

rrupción. No sirve la eficacia con corrupción. Nosotros

queremos fuerzas de seguridad y fuerzas policiales que

sean eficientes y no corruptas. Y bajo ningún aspecto

un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales

puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan

a su permanencia, cuando han tenido actitudes que

han estado fuera de la legalidad y fuera del marco en el

cual se tenían que mover. Vamos a ser inflexibles; tene-

mos que cambiar; tenemos que ayudar a que la gente

recupere la seguridad en su policía. tienen que tener

legajos limpios; la gente tiene que mirar a sus fuerzas de

seguridad y estar absolutamente tranquila de que está

bien custodiada, de que tenemos aquellos que mejor

conducta tienen, que más probidad tienen y realmente

marcan el respeto que ese lugar merece. Esto es central

y fundamental, pero no solamente para las fuerzas de

seguridad sino para todos los argentinos, en todas las

áreas31.

31 KiRCHNER, Néstor, “Acto de presentación del Plan Estra-tégico de justicia y Seguridad 2004-2007”, Presidencia de la Nación, Buenos Aires, 19 de abril de 2004.

Añadió que “la solución de nuestros problemas pro-

fundos no puede encontrarse en las viejas y repetidas re-

cetas” sino que se debía tener “la audacia de abocarnos

a la concreción de la transformación que nuestra situa-

ción reclama”.

El delito es delito, sea de guante blanco, sea de naturale-

za común, sea de mafias organizadas o protegidas desde

la policía o la política; no es de derecha, de centro ni de

izquierda, es delito. Para combatirlo el Estado debe ser

esclavo de la ley y de la Constitución y no puede estar

sometido ni dejarse someter a ningún tipo de extorsión.

Los valores de orden y seguridad deben convivir con los

de justicia y libertad. No seremos una sociedad civiliza-

da en la medida en que eliminemos unos en función de

otros (…)32.

Para Kirchner, la cuestión de la inseguridad debía

afrontarse mediante un conjunto de reformas institu-

cionales inscritas en un “plan integral” que abarque

“acciones que van desde la reorganización de las fuerzas

de seguridad hasta la reforma de la justicia, pasando por

la modificación que proponemos para las herramientas

procesales y jurídicas que deben aplicarse”.

No queremos apurar una respuesta espasmódica o

parcializada, no creemos en las visiones que ubican la

solución en un solo punto focal. El problema es estruc-

tural y requiere de soluciones estructurales: desde lo

32 ibíd.

92 | Dossier

educativo, para que entendamos que una sociedad con

mejor educación se fortalece para prevenir y combatir

el delito; desde lo cultural, para que se viva la diferencia

entre cumplir y no cumplir la ley. Debemos de una vez

por todas construir un país en serio, en el que valga la

pena cumplir con la ley33.

En materia de seguridad, el plan del Gobierno34 pro-

puso la creación de una nueva institución policial deno-

minada “Agencia Federal de investigaciones y Seguridad

interior”. Esta debía ser un organismo autárquico, diri-

gido por un director nacional dependiente del secretario

de Seguridad interior, y estaría inicialmente compuesta

por unos 6.000 integrantes a ser incorporados durante

el año 2005. también llamaría a concurso para incor-

porar mil investigadores que pasen a integrar la dotación

del organismo. tendría funciones en materia de inves-

tigaciones sobre el crimen organizado y en lo relativo

al mantenimiento del orden público, todo ello en el or-

den federal. En lo atinente a investigaciones, agruparía

y coordinaría “todas las áreas de investigaciones de las

fuerzas federales sobre el crimen organizado” y articu-

laría su labor con “sentido federal con todas las fuerzas

provinciales del país”. Para ello, administraría un “nodo

informático central conectado en red” y elaboraría un

33 ibíd.

34 El plan estaba dividido en siete capítulos referidos a seguri-dad; justicia; sistema penitenciario; participación cívica y con-trol ciudadano; sistema económico-financiero, equipamiento; y nuevas tecnologías y sistema (en diarios Clarín y Página/12, Buenos Aires, 29 de abril de 2010).

“mapa delictivo referido a secuestros extorsivos y bandas

delictivas en general, con especial énfasis en narcotráfi-

co, tráfico de armas, desarmaderos, contrabando y lava-

do de dinero”. En cuanto seguridad interior, se conforma-

ría en su seno un Cuerpo Nacional de Paz integrado por

5.000 uniformados seleccionados de entre el personal de

la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional

Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Este cuerpo

actuaría como “asistencia federal y policía de seguridad

en las zonas más críticas, cuando su presencia sea reque-

rida en el marco de la ley de seguridad interior”, para lo

cual se debía establecer una conjunto de “contratos de

seguridad entre la jurisdicción nacional y las provincias

y los municipios”, priorizando “el rol de los gobiernos lo-

cales y municipales y la participación comunitaria”35. De

este modo, la creación y puesta en funcionamiento de la

Agencia Federal de investigaciones y Seguridad interior

implicaría, en verdad, la reestructuración del sistema po-

licial federal en su conjunto.

Por su parte, en el plan, se postulaba un conjunto

de cambios significativos en materia policial. En primer

lugar, se proponía la “unificación de criterios de control

anticorrupción e integridad en todas las fuerzas de se-

guridad del país” mediante la creación, en el ámbito del

Consejo de Seguridad interior, de un Monitor Civil de la

Seguridad con el fin de supervisar el área de asuntos in-

ternos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería

35 PRESiDENCiA DE LA NACiÓN, Plan Estratégico de justicia y Seguridad 2004-2007, Ministerio de justicia, Seguridad y De-rechos Humanos, Buenos Aires, abril de 2004, “Seguridad”.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 93

Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y el

Servicio Penitenciario Federal y auditar los procedimien-

tos con la participación de entidades sociales, todo ello

para “evitar y sancionar irregularidades en las fuerzas”.

En segundo término, se planteaban “modificaciones en

las carreras y administración de las fuerzas de seguri-

dad” mediante una serie de medidas novedosas y pro-

fundamente innovadoras, tales como la “apertura de las

juntas de calificaciones y promociones” de cada una de

esas instituciones al “monitoreo externo de universida-

des y organizaciones no gubernamentales, para garanti-

zar la máxima transparencia en el ascenso y promoción

del personal”; y la “convocatoria abierta para incorpo-

rar por concurso público de antecedentes y oposición a

Comisarios, Subcomisarios e inspectores civiles en las

fuerzas de seguridad” de entre “profesionales de discipli-

nas afines” cuya incorporación definitiva requeriría de la

“aprobación de un curso intensivo de formación específi-

ca”. Y, en tercer lugar, se proyectaba la unificación de “la

gestión administrativa de las cuatro fuerzas de seguridad

profundizando la reforma iniciada con la creación del

Programa de Administración Civil”.36

Finalmente, el plan contemplaba la elaboración de un

“mapa nacional del delito” mediante la extensión a nivel

nacional del “Sistema Unificado de Registros Criminales

(SURC)”, que ya funcionaba en la Ciudad de Buenos Ai-

res, a los efectos de conformar “una única red informáti-

ca” que vincule “a todas las fuerzas de seguridad y a todo

36 ibíd.

el sistema judicial criminal nacional y provincial” a los

fines de sistematizar y analizar la información criminal

provistas por estas instancias. Dicha propuesta apunta-

ba a permitir “el despliegue de efectivos [policiales] en

función de la evolución del crimen” así como a constituir

una “herramienta central” para la Agencia Federal de

investigaciones y Seguridad interior sobre la problemá-

tica del crimen organizado. Para todo ello, el Gobierno

proponía una inversión de $ 4 millones y un plazo de eje-

cución de 12 meses37.

En este sentido, la propuesta gubernamental era inte-

gral y suponía un conjunto de cambios profundos en el

sistema policial federal asentados en la creación y pues-

ta en funcionamiento de una nueva agencia policial; la

reestructuración orgánica y funcional de las policías y

fuerzas de seguridad existentes; la conformación de dis-

positivos externos de control funcional de las policías y

fuerzas de seguridad federales; y el traspaso de la admi-

nistración de estas instituciones a la esfera civil. Desde

la instauración democrática, nunca se había planteado

una reforma institucional de semejante envergadura y

que se asentaba en una firme reivindicación de la con-

ducción civil de la seguridad pública y los asuntos poli-

ciales.

De todos modos, hacia fines de 2004, todo el impulso

reformista y, en particular, las propuestas de cambio ins-

titucional en el sistema policial federal fueron abandona-

37 ibíd.

94 | Dossier

das y se inició el giro conservador del kirchnerismo ante

la cuestión policial.

2. El viraje conservador y un atisbo de reforma (2004-2010)

En octubre de 2004, el Gobierno dispuso la transferen-

cia de la Secretaría de Seguridad interior y de los cuerpos

policiales y fuerzas de seguridad federales desde el ámbito

del Ministerio de justicia y Derechos Humanos hacia la

órbita del Ministerio del interior. De este modo, Aníbal

Fernández, quien se venía desempeñando como Ministro

del interior desde el comienzo de la gestión kirchnerista,

quedó a cargo de la dirección política de la seguridad en

la Argentina.

A partir de ese momento, se impuso una perspectiva

asentada en la reivindicación de la policía como instru-

mento fundamental de gestión de los conflictos, y se le

delegó a esta el gobierno de los asuntos de seguridad pú-

blica, garantizándose una amplio margen de autonomía

para ello así como también para conducir su propia or-

ganización sin ningun tipo de ingerencia política. En ese

marco, se le otorgó a la Policía Federal Argentina –desde

julio de 2004, bajo la conducción del Comisario Néstor

Valleca– un rol protagónico central en la estrategia de

seguridad gubernamental. Y, de esta manera, también se

abandonaron o desarticularon todas las iniciativas o me-

didas tendientes a materializar la conducción civil sobre

las policías.

Apenas se hizo cargo de los asuntos de la seguridad

pública, Fernández desarticuló el Programa de Admi-

nistración Civil de las Fuerzas Policiales y de Seguridad

Federales (PAC). también se abandonó definitivamente el

proyecto orientado a conformar la Agencia Federal de in-

vestigaciones y Seguridad interior”, que hubiera estado

a cargo de las investigaciones sobre el crimen organizado

y del mantenimiento del orden público en el orden fede-

ral. Esta propuesta era vista por la cúpula de la Policía

Federal como una iniciativa tendiente a reestructurar

integralmente a la fuerza y, por ende, era muy resistida

en su seno.

Asimismo, durante este período, en medio aun de un

contexto de amplia movilización y conflictividad social

expresada en centenares de acciones colectivas de pro-

testa realizadas cotidianamente en las grandes ciudades

del país y, en particular, en la Ciudad de Buenos Aires,

Kirchner delineó y mantuvo una estrategia de tolerancia y

persuasión hacia las organizaciones sociales movilizadas

–en especial, las organizaciones piqueteras, que eran las

más activas en las protestas sociales–, lo que, por cier-

to, fue rechazado por numerosos dirigentes peronistas

aliados al propio Gobierno, que sustentaban una mira-

da más tradicional favorable al control represivo. Para el

mandatario, las protestas sociales no podían ser objeto

de ningún tipo de criminalización ni debían ser respondi-

das mediante la represión policial. Y, para ello, fue funda-

mental la labor llevada a cabo por la Policía Federal y por

las fuerzas de seguridad federales, las que obedecieron

sin disidencias esa clara instrucción presidencial38.

38 En el informe anual elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2008 se daba cuenta de este cam-

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 95

Con la llegada de Cristina Fernández al Gobierno

nacional, la estrategia de tolerancia y persuación –a ve-

ces, inclusive mediante la saturación policial– continuó

como mecanismo de control de las protestas protagoni-

zadas por las organizaciones populares y también fue la

orientación oficial que se adoptó ante los masivos cortes

de rutas y piquetes, llevados a cabo entre marzo y junio

de 2008 a lo largo de todo el país por las cámaras patro-

nales agropecuarias, como manifestación de rechazo al

aumento de las retenciones a las exportaciones de soja

decretada por el Gobierno39. Entre marzo y fines de junio

bio oficial: “Desde el comienzo de su gestión, en mayo de 2003, el gobierno de Kirchner le otorgó al tema del control de las manifestaciones sociales un lugar central, preocupándose por explicitar una posición clara que lo diferenciara de sus ante-cesores. La nueva política fue definida por el propio Gobierno como de ‘tolerancia y persuasión’. El rol del Estado frente a los reclamos sociales continuó siendo un campo de fuertes debates públicos, pese a que hubo una notable disminución en la canti-dad de cortes de rutas y calles. El discurso de control del accio-nar policial y de aceptación de distintas formas de la protesta, en el espacio público que sostuvo el Gobierno como uno de los ejes centrales de su posicionamiento respecto de una agenda de derechos humanos, fue considerada por algunos sectores de la oposición y de la opinión pública como una actitud pasiva in-aceptable, y por ende motivo de fuertes cuestionamientos. Esas diferentes posiciones frente a los conflictos sociales se vieron incluso reflejadas en el propio seno del Gobierno nacional” (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2008, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Ai-res, 2008, pp. 231 y 232).

39 Al respecto, véase BARSKY, osvaldo, y DÁViLA, Mabel, La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino, Edito-rial Sudamericana, Buenos Aires, 2008, Anexo i; oRtÍZ, Se-bastián, La patria terrateniente. Nueva burguesía agroindustrial y construcción del Partido del Campo, Ediciones Continente, Bue-

de ese año, se llevaron a cabo 5.238 cortes de rutas y vías

públicas, la mayoría de los cuales fueron protagonizados

por las entidades agropecuarias40.

Entretanto, la impronta policialista que se delineó a

mediados de 2004 pareció diluirse cuando, a comienzos

de 2005, Kirchner decidió, a través del Decreto 145/05,

transferir orgánica y funcionalmente a la Policía Aero-

nos Aires, 2010, caps. 2, 3, 4 y 5; y HoRA, Roy, “La crisis del campo del otoño del 2008”, en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Nº 197, abril-junio de 2010.

40 Durante abril y mayo de 2008, las entidades agropecua-rias llevaron a cabo el 85% y el 90%, respectivamente, del total de cortes producidos en esos meses. Ello superó ampliamente los cortes ocurridos entre los años 2001 y 2003 cuando se de-sarrolló la más profunda crisis política y social de las últimas décadas. En 2001, se registraron 1.383 cortes; en 2002, 2.336 cortes; y en 2003, 1.278 cortes (en CENtRo DE EStUDioS PARA LA NUEVA MAYoRÍA, Informes sobre cortes de rutas y vías públi-cas en Argentina, Buenos Aires, 8 de julio de 2008, 22 de abril y 30 de septiembre de 2009). Pero lo más grave de las medi-das de fuerza llevadas a cabo por las entidades agropecuarias estuvo dado por el hecho de que los piquetes implicaron, con distinta intensidad, “el bloqueo de autopistas, rutas y caminos, la requisa y detención de camiones que intentaran transportar productos que las entidades habían decidido no comercializar”, ocasionando el “desabastecimiento de alimentos básicos en las principales ciudades e incrementos en los precios de productos de primera necesidad” así como también la comisión de “he-chos de violencia, que fueron desde las inspecciones forzadas a los camiones, los enfrentamientos con transportistas y conduc-tores, la obstrucción del paso a vehículos y a una ambulancia con un paciente que debía ser atendido de urgencia, hasta el incendio de un camión y los golpes entre los manifestantes que apoyaban al Gobierno y aquellos que apoyaban los reclamos de las cámaras patronales” (CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2009, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2009, pp. 253 y ss).

96 | Dossier

náutica Nacional (PAN)41, dependiente de la Fuerza Aé-

rea Argentina (FAA), desde el ámbito del Ministerio de

Defensa a la esfera del Ministerio del interior, constitu-

yendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e in-

corporándola al sistema de seguridad interior establecido

en la Ley 24.059 de Seguridad interior. Asimismo, me-

diante aquel decreto, ordenó la intervención de la Policía

de Seguridad Aeroportuaria a través de la designación de

un funcionario civil con el objeto de ejercer las compe-

tencias, facultades y atribuciones propias del director na-

cional de la Policía Aeronáutica Nacional y efectuar y/o

proponer las reestructuraciones pertinentes, a los fines

de proceder a la normalización del funcionamiento de la

citada institución42.

Esta decisión se tomó como consecuencia del deno-

minado caso Southern Winds43, que tuvo una notoria

41 La Policía Aeronáutica Nacional fue creada en febrero de 1977 mediante la Ley 21.521 como “una fuerza de segu-ridad militarizada que ejerce funciones de poder de policía en el aeroespacio y el poder de policía de seguridad y judicial” con jurisdicción “en el aeroespacio” así como “en las aeronaves, aeródromos, pistas de aterrizaje e instalaciones terrestres, ra-dicadas en los mismos o que sirvan de apoyo a las operaciones aerospaciales, en lo que no afecta a la jurisdicción militar”. Por esa ley, la PAN pasó a depender del Comando en jefe de la Fuer-za Aérea Argentina.

42 Mediante el Decreto 147/05, el Poder Ejecutivo Nacional designó al autor de este trabajo como interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

43 El 17 de septiembre de 2004, el servicio español de adua-nas perteneciente a la Guardia Civil halló en un depósito fiscal del Aeropuerto internacional de Barajas cuatro valijas, despa-chadas sin pasajeros, con casi 60 kilos de clorhidrato de cocaí-

gravitación pública a mediados de febrero de ese año y

puso en tela de juicio las labores de seguridad aeropor-

tuaria que venía desempeñando la Policía Aeronáutica

Nacional. La respuesta institucional del Gobierno con-

sistió en la creación de una nueva policía altamente es-

pecializada que fuera diseñada, organizada, puesta en

funcionamiento y conducida por un grupo de expertos

en seguridad ajenos a la policía, mayoritariamente pro-

venientes del medio académico y que sustentaban visio-

nes políticas de centro-izquierda44. Se trató, en verdad, de

na valuados en € 1.500.000. Las valijas llevaban como única identificación etiquetas que decían “Embajada Argentina en España”, aunque no estaban realmente destinadas a dicha de-pendencia diplomática sino que iban a ser retiradas por un ma-trimonio español que unos días antes había sido detenido. Esas valijas fueron transportadas por la compañía aerocomercial argentina Southern Winds, estrechamente vinculada y con un significativo subsidio de la Secretaría de transporte, cuyo titu-lar era Ricardo jaime, un funcionario allegado a Néstor Kirch-ner. Al tiempo, fue detenido el gerente comercial, el jefe de base de dicha compañía en Ezeiza y Walter Beltrame, un empleado destacado de la misma en dicha terminal e hijo del influyente jefe del Aeropuerto internacional de Ezeiza, el comodoro Alber-to Edgardo Beltrame de la Fuerza Aérea Argentina, todos ellos acusados de contrabando agravado de estupefacientes. Extra-ñamente, la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente de esta fuerza militar, indicó que las filmaciones de las operaciones de embarque y despacho de valijas de ese día se habían borrado, lo que hacía presumir el encubrimiento de esa área estatal. Este caso tomó estado público a mediados de febrero del 2005 y, des-de entonces, tuvo una importante repercusión pública. Al res-pecto, véase diarios La Nación, Clarín y Página/12, Buenos Aires, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de febrero de 2005.

44 Ese equipo fue conducido entre febrero de 2005 y noviem-bre de 2009 por el autor de este trabajo.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 97

la creación en el ámbito federal de la primera institución

policial en democracia.

A partir de entonces, la intervención civil45 de la Poli-

cía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante un proce-

so institucional novedoso con algunas particularidades.

Por un lado, a esta policía se la estructuró sobre la base de

nuevos parámetros doctrinales, organizacionales y funciona-

les, que fueron elaborados y formulados por el equipo de

la intervención y la diferenciaban significativamente del

resto de las policías y fuerzas de seguridad existentes en el

ámbito federal. Por otro lado, de acuerdo con ese modelo

policial, constituyó la primera experiencia institucional

de una policía con mando civil, es decir, con una estructura

de dirección superior y administración general conduci-

da por funcionarios especializados en asuntos de seguri-

dad pública pero sin estatus policial46. El 31 de mayo de

2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.102 de

Seguridad Aeroportuaria, a través de la cual se convalidó

la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así

como sus novedosas características organizacionales.

45 La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se extendió entre el 22 de febrero de 2005 y el 27 de abril de 2010 cuando, mediante el Decreto 582/10, se designó al pri-mer Director Nacional.

46 Al respecto, véase iNtERVENCiÓN DE LA PoLiCÍA DE SEGU-RiDAD AERoPoRtUARiA, Estrategia para el fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, Ministerio del interior, Buenos Aires, 2006. Este documento oficial fue producido por la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre marzo de 2005 y julio de 2006, y ha sido publicado en PoLiCÍA DE SEGURiDAD AERoPoRtUARiA, Planificación en seguridad aeroportuaria, Edi-ciones de la PSA, Ezeiza, 2011, pp. 17-197.

El desarrollo de la labor institucional en la dirección

civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se desen-

volvió tanto en el plano de la gestión interna del cambio

organizacional como en el desempeño de esta novel ins-

titución policial en materia de control de los delitos. La

intervención civil no solo llevó a cabo un amplio proceso

de depuración de los efectivos y sectores refractarios al

cambio institucional ordenado por el Gobierno sino que

también emprendió un proceso de reforma institucional

tendiente a dotar a la institución de nuevos parámetros

organizacionales y a inaugurar nuevas modalidades de

trabajo policial47.

El “proyecto institucional de nueva policía” estaba

asentado en un eje fundamental dado por la conforma-

ción de una policía especializada exclusivamente en el

control del delito mediante el desarrollo de labores de se-

guridad preventiva y de seguridad compleja. Sobre esta

base, se conformó una estructura orgánica asentada

en dos parámetros. En primer lugar, una clara diferen-

ciación entre la “estructura de conducción y adminis-

tración” a cargo de las labores de dirección superior y la

administración general de la institución, por un lado, y

la “estructura operacional” responsable de elaborar, pla-

nificar, implementar y evaluar las estrategias y acciones

47 He abordado este proceso en SAiN, Marcelo Fabián, “Cam-bio institucional y nueva policía en Argentina. La creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2005-2009)”, ponencia presentada en el V Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública “Participação e territorio na segurança pública”, orga-nizado por el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Brasilia, Brasil, 13-15 de mayo de 2011.

98 | Dossier

de seguridad aeroportuaria en materia de prevención,

conjuración e investigación de los delitos, por el otro. La

estructura de conducción y administración fue mayor-

mente dotada de personal civil sin estatus policial –el que

contó con un régimen especial de personal dentro de la

propia institución–, mientras que la estructura operacio-

nal fue integrada exclusivamente por el personal policial

componente del escalafón único de oficiales. Ello favore-

ció la diferenciación y especialización de labores institu-

cionales y evitó la alta concentración de personal policial

en el desempeño de labores no operacionales, tal como

ocurre en las policías tradicionales. Por otro lado, una

diferenciación organizativa y de funcionamiento entre el

“sistema de seguridad preventiva”, abocado a las labores

de prevención y conjuración de delitos, y el “sistema de

seguridad compleja”, dedicado a la identificación y des-

articulación de grupos criminales organizados. Con ello,

se conformaron dos agrupamientos de policías diferenciados

en cuanto a su capacitación, unidades de pertenencia,

carreras y sistemas de control, a saber, los policías pre-

ventivos, que laboran uniformados y realizan las tareas

ordinarias de vigilancia y control policial preventivo así

como operaciones especiales, y los policías de seguridad

compleja, que trabajan de manera sigilosa y no uniforma-

da en acciones investigativas.

Por su parte, la intervención civil también inauguró

otros aspectos organizacionales novedosos. En primer

lugar, conformó un sistema de educación totalmente desmi-

litarizado –entre otras cuestiones, con la prohibición ex-

presa de llevar a cabo labores de orden cerrado, desfiles, sa-

ludos con veñias y taconeo, pedidos marciales de permiso

para acceder a lugares habituales, etcétera– y basado en

la formación y capacitación de los candidatos a oficiales

o de estos ya incorporados a la institución según las com-

petencias y saberes específicos que debían tener de acuerdo

con sus especialidades policiales y/o sus responsabilida-

des jerárquicas y ocupacionales. Y, en segundo, lugar, se

diseñó un sistema de control policial estructurado median-

te un dispositivo institucional de control de la corrupción

y el abuso policial de carácter independiente y externo en

relación con la estructura operacional de la policía, esto

es, directamente dependiente de las autoridades minis-

teriales del ramo48. Este fue el primer sistema de asuntos

48 El sistema de control externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se estructuró en tres instancias diferenciales. En primer lugar, un auditor de Asuntos Internos, encargado de desarrollar estrategias y acciones preventivas tendientes a im-pedir o conjurar la comisión de faltas disciplinarias, abusos fun-cionales o delitos por parte del personal policial; e identificar e investigar todos los hechos o denuncias de faltas disciplinarias, abusos funcionales o delitos cometidos por el personal policial durante el desarrollo de sus funciones o fuera de estas. Ante la comisión de una falta disciplinaria grave, dicha autoridad debía instruir el sumario administrativo, colectar pruebas que dieran sustento a la acusación y formular la acusación ante la otra instancia administrativa. Y ante la comisión de un delito, debía denunciar ante la autoridad judicial competente y/o asistir a esta ante requerimiento formal. En segundo lugar, el Tribunal de Disciplina Policial, que sería encargado de juzgar administra-tivamente a los responsables de faltas disciplinarias graves y aplicar las sanciones disciplinarias, asegurando la defensa en juicio y de debido proceso. Y, en tercer término, la Defensoría del Policía, dependencia especial y funcionalmente autárquica exclusivamente dedicada a garantizar la defensa integral de los derechos del personal policial durante el ejercicio de sus labores; formular y poner en funcionamiento mecanismos de salvaguarda de los derechos del personal policial; y promover el

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 99

internos de carácter externo en una policía nacional y en-

tró en funcionamiento recién a fines de 201049.

Entretanto, en el período 2005-2009, el desempeño

de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en materia de

control criminal fue auspicioso, tanto en lo relativo a los

delitos comunes como a las modalidades de criminali-

dad organizada50. también lo fue en la asistencia judi-

cial prestada en diversas causas relativas a delitos de lesa

respeto integral de los derechos del personal policial en el inte-rior de la institución, todo ello en vista de la dignificación de la profesión y la función policial.

49 En abril de 2010, mediante el Decreto 561/10, se designó a Elena Mariani como titular de la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En septiembre, me-diante el Decreto 1.295/10 y el Decreto 1.308/10, se designa-ron a las autoridades superiores y al personal de dicho organis-mo, pero su funcionamiento se hizo efectivo a partir de octubre.

50 Dentro de este panorama general de actuación, la proble-mática del narcotráfico ha sido la más relevante de las labores de control del delito llevadas a cabo por la novel institución po-licial en relación con la criminalidad organizada en ese período y, seguidamente, lo fue la problemática de los robos y hurtos, en general, y el robo de equipajes, en particular, como la princi-pal manifestación de los delitos comunes llevados a cabo en las terminales aéreas en el mismo período de referencia. De todos modos, para la intervención civil, las incautaciones en el ámbi-to aeroportuario constituían una instancia indiciaria para lle-var a cabo investigaciones tendientes a la identificación y des-baratamiento de los grupos criminales que se encargaban del trafico de drogas ilegales. Entre 2005 y 2009, se identificaron, investigaron y desarticularon un total de 38 organizaciones criminales abocadas al narcotráfico (en SAiN, Marcelo Fabián, “Cambio institucional y nueva policía en Argentina…”, op. cit.).

humanidad cometidos durante la última dictadura mi-

litar51.

De este modo, la intervención civil de la Policía de Se-

guridad Aeroportuaria pudo demostrar que una camada

de funcionarios especializados en temas de seguridad te-

nían competencias políticas e institucionales suficientes

para diseñar, poner en funcionamiento y conducir ins-

tituciones policiales, así como mantener un desempeño

eficaz en la prevención e investigación de actividades

criminales complejas, quebrando así el mito de que estas

eran labores que solo podían ser desarrolladas por jefes

policiales.

A lo largo de toda la intervención civil, las autorida-

des superiores del Gobierno nacional apoyaron con alti-

bajos y vaivenes el desarrollo del proceso de reforma ins-

titucional llevado a cabo por aquella. Durante el primer

año, ese apoyo derivó básicamente de la consideración de

que esa gestión fue eficaz en la neutralización de la crisis

y el conflicto originado en febrero de 2005, así como en

la estabilización de la situación institucional sin que se

51 A partir de 2007, numerosos juzgados federales encomen-daron a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la realización de tareas de búsqueda y detención de prófugos –la mayoría de los cuales contaba con protección policial y/o militar–; identifica-ción de personas apropiadoras de menores, allanamiento de moradas y secuestro de documentación vinculada a la repre-sión ilegal; y seguimiento e identificación de personas y luga-res o domicilios, todo ello en el marco de casi medio centenar de causas judiciales. Entre mediados de 2007 y fines de 2009, en el marco de esas actuaciones, se produjo la detención de 31 personas, y durante los primeros meses de 2010, fueron dete-nidas otras 35 personas (en ibíd.).

100 | Dossier

volvieran a producir sucesos o dificultades que repercu-

tieran negativamente sobre el Gobierno. Sin embargo, la

conformación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

como una institución policial asentada en parámetros

originales, así como su desempeño en materia de control

de los delitos en el ámbito aeroportuario, no fueron ob-

jeto de atención e interés privilegiado por parte de aque-

llas autoridades. Lo que primó fue la indiferencia y el

desentendimiento acerca de dichos procesos. Las severas

restricciones presupuestarias por las que atravesó la Po-

licía de Seguridad Aeroportuaria entre 2005 y 2007; las

dilaciones, demoras y obstáculos administrativos e ins-

titucionales generados por otras instancias de Gobierno

sobre el proceso de normalización de la Policía de Seguri-

dad Aeroportuaria y, específicamente, en el re-encasilla-

miento del personal policial heredado de la vieja policía,

el que recién se pudo concretar en diciembre de 2009; los

embates y acciones desestabilizantes llevados a cabo por

notorias autoridades y/o altos funcionarios del Gobierno

estrechamente vinculados al círculo más cerrado e ínti-

mo del kirchnerismo, cuando la institución llevó a cabo

procedimientos policiales que apuntaban a desarticular

redes criminales con clara protección desde el alto poder,

han sido sin duda una manifestación elocuente de ello52.

En este sentido, la conformación de la Policía de Seguri-

dad Aeroportuaria no estuvo orientada a poner en mar-

cha un cuerpo que sirviera como modelo en un eventual

proceso de reforma y modernización del sistema policial

52 SAiN, Marcelo Fabián, “El amague…”, op. cit.

federal. El Gobierno privilegió apenas acallar el conflicto

que dio origen a la creación de esta policía.

Por su parte, entre 2005 y 2007, se hizo evidente el

cambio sustancial en la orientación gubernamental en

la materia a favor de una suerte de policialización creciente

de la gestión de la seguridad pública. En ese marco, se produ-

jeron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires algunos

hechos de violencia policial que implicaron el uso abusi-

vo de la fuerza y hasta la ejecución de personas que, en

casi todos los casos, eran “varones adolescentes o jóve-

nes, por lo general habitantes de barrios marginales o

de clase baja”. Estos hechos siempre fueron presentados

por la Policía Federal como “enfrentamientos” a los fines

de “encubrir” lo que, en verdad, constituyó “una ejecu-

ción por parte de funcionarios policiales”. En la mayoría

de los hechos, “el relato policial –primera versión de los

hechos– [sostuvo] que se produjo un enfrentamiento en

el marco de la comisión o represión de un delito”. Asi-

mismo, en ellos, se verificó “la desaparición, producción

o alteración de las pruebas de los hechos, montando la

escena del crimen de modo tal que contribuya a confir-

mar la versión policial de los acontecimientos” así como

también “la preparación por parte de la policía de las de-

claraciones de testigos presenciales”53.

53 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2007, Siglo Veintiuno Editores, Bue-nos Aires, 2007, pp. 190 y 191. El antecedente inmediato de estos hechos se produjo el 25 de junio de 2005 en las adya-cencias del estadio de Huracán, situado en Parque Patricios. Allí, efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo una violenta represión sobre los simpatizantes del club de futbol Defensores

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 101

En este contexto, el Gobierno nacional, lejos de los

designios oficiales que signaron los primeros meses de la

gestión kirchnerista, asumió “una posición pasiva frente

a muchas de las rutinas y lógicas de trabajo de las institu-

ciones de seguridad e inteligencia federales, prácticas en

las que se sustentan violaciones cotidianas a los derechos

humanos”54. Ello constituyó una de las manifestaciones

más expresivas del viraje conservador del Gobierno kir-

chnerista en materia de gestión de la seguridad públi-

ca, la que, en trazos generales, se mantuvo a partir de

la asunción de Cristina Fernández como presidenta de la

nación en diciembre de 2007.

No obstante, a fines de 2010, se produjeron algunos

acontecimientos de significativa relevancia pública que

no solo pusieron en evidencia ciertos aspectos de la mo-

dalidad de gestión policialista de la seguridad sino que,

de Belgrano que abandonaban el lugar luego del cotejo deporti-vo que mantuvieron con los locales. Numerosos simpatizantes fueron heridos y hospitalizados, y se produjeron numerosas detenciones. En ese marco, Fernando Blanco, un joven de 17 años, fue gravemente herido con golpes en todo el cuerpo y fa-lleció dos días más tarde. La Policía Federal adujo que el joven había fallecido como consecuencia de que se había arrojado desde el interior de un camión celular de la fuerza y que se ha-bía golpeado contra el piso. No obstante, las filmaciones pro-ducidas en el lugar mostraron cómo Blanco fue salvajemente golpeado y arrastrado por el piso por efectivos policiales de esa fuerza (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2005, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005, pp. 253 y ss.).

54 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2008, Siglo Veintiuno Editores, Bue-nos Aires, 2008, p. 92.

además, determinaron su inviabilidad política, según la

interpretación de la propia Cristina Fernández.

El 20 de octubre, el joven militante del Partido obrero,

Mariano Ferreyra, fue asesinado mediante un disparo de

arma de fuego efectuado desde un grupo de integrantes

del sindicato Unión Ferroviaria que, asistidos por barra-

bravas contratados para la ocasión, agredieron a un con-

junto de empleados tercerizados y militantes de izquierda

pertenecientes al Partido obrero y al Movimiento teresa

Rodríguez, que reclamaban a favor de la estabilización

de los primeros. Miembros de la Policía Federal Argen-

tina, en clara connivencia con los agresores, “liberaron

la zona” para permitir el ataque del grupo parasindical

ya que, “estando presentes en el desarrollo de los aconte-

cimientos, [los policías actuantes] omitieron prevenir la

violencia de terceros, intervenir e incluso aprehender a

los responsables luego de sucedidos los hechos”. Asimis-

mo, “se han mostrado renuentes a colaborar con la in-

vestigación, si es que no dispuestos a retacear pruebas”,

tal como quedó comprobado durante la investigación

judicial posterior55.

Por su parte, el 3 de diciembre, más de dos centenares

de personas –muchos nucleados en grupos familiares–

ocuparon pacíficamente algunas hectáreas del Parque

indoamericano ubicado en Villa Soldati, al sudoeste de la

Ciudad de Buenos Aires, reclamando a las autoridades el

acceso a viviendas. Estas personas, que habitaban preca-

55 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2011, Siglo Veintiuno Editores, Bue-nos Aires, 2011, pp. 142 y 143.

102 | Dossier

riamente algunas casas y terrenos ubicadas en villas de

emergencia y asentamientos de las barriadas lindantes

al parque, efectuaron esos reclamos debido al aumento

de los alquileres en los lugares que habitaban. tres días

más tarde, la autoridad judicial interviniente ordenó el

desalojo del predio, durante el cual efectivos de la Poli-

cía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana, de-

pendiente del Gobierno local, convergieron al lugar y

emprendieron una feroz represión sobre los ocupantes,

en cuyo marco se produjeron los asesinatos de Rosemary

Chura Puña, boliviana, de 28 años, y de Bernardo Sal-

gueiro, paraguayo, de 24 años de edad. Ciertos jefes de

Policía Federal, intentando encubrir los asesinatos poli-

ciales, le indicó al Gobierno que esos asesinatos fueron el

resultado del enfrentamiento producido entre diferentes

grupos de ocupantes56.

Estos hechos persuadieron a Cristina Fernández de la

necesidad de abandonar la impronta delegativa y policia-

lista que había tenido la política de seguridad desarrolla-

da durante el último lustro. En consecuencia, el 10 de

diciembre, la mandataria anunció la creación del Minis-

terio de Seguridad, le traspasó la dirección de las policías

y fuerzas de seguridad federales y designó como titular

a Nilda Garré, una dirigente del peronismo de izquierda

claramente partidaria del control férreo sobre las policías

y del ejercicio de la conducción política sobre estas.

56 Para un buen abordaje de estos acontecimientos, véase ibíd., pp. 148-156.

3. El revisionismo discursivo y limitado (2010-2012)

Apenas asumió como ministra de Seguridad, Nilda Garré

manifestó claramente la necesidad de revertir la tenden-

cia tradicional asentada en la policialización de la gestión

de la seguridad pública57 y sostuvo una interpretación de

las problemáticas de la seguridad mucho más integral

y no determinada por la labor policial. “La seguridad

ciudadana no es una condición que se garantiza solo ni

principalmente con medidas represivas de corte policial”

sostuvo la nueva ministra. Y agregó que “reducir la polí-

tica de seguridad a la acción policial de disuasión o con-

juración del crimen es limitarse a lidiar solo con la expre-

sión del problema y no con sus causas determinantes”58.

En este marco, reivindicó el “gobierno político de la segu-

ridad pública”, así como el fin del predominio policial en

la gestión de estos asuntos y en la conducción autónoma

de sus propias organizaciones.

Es necesario consolidar el gobierno político de la seguridad.

Durante muchos años, la definición de las estrategias

para combatir tanto el delito urbano como el crimen

organizado fue delegada cómodamente por las diri-

gencias políticas en las fuerzas de seguridad. Esto im-

57 GARRÉ, Nilda, “Buscamos un cambio de paradigma en el tema de seguridad” (entrevista), en Debate. Revista Semanal de Opinión, Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.

58 GARRÉ, Nilda, “Acto de apertura de la reunión de mandos institucional de Gendarmería”, Ministerio de Seguridad, Bue-nos Aires, 14 de marzo de 2011.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 103

plicó que las directivas, las tácticas y los métodos para

garantizar la seguridad ciudadana fueran definidos de

manera autónoma por organismos que debían haber

sido herramientas en la ejecución de una política y no

sus órganos rectores. Como correlato de lo anterior, los

indicadores para evaluar el desempeño de las fuerzas

y los mecanismos para analizar su eficacia, eficiencia

y transparencia fueron definidos y gestionados por los

propios cuerpos que debían ser monitoreados. El resul-

tado de esto fue la proliferación de lógicas corporativas

más preocupadas por la autoconservación que por la

implementación de una política de seguridad consis-

tente en el tiempo. Esto se vio agravado por el hecho de

que cada fuerza definió su propia estrategia, aislada no

solo de las áreas pertinentes de gobierno sino también

de las otras fuerzas, lo que multiplicó la fragmentación

y falta de consistencia de las políticas59.

Se trató de un cambio de tono sustancial, particular-

mente rupturista en relación con la tendencia conser-

vadora que primó en gran parte de las administraciones

kirchneristas hasta ese momento. Y, en este marco, todo

hacía presumir que Garré encararía una gestión de cor-

te netamente reformista en materia de seguridad y, en

particular, en materia policial. Los lineamientos estruc-

turales de esa agenda reformista eran claros y fueron

explicitados en numerosas ocasiones por la propia mi-

nistra: la construcción de un dispositivo consolidado y

eficaz de conducción político-institucional del sistema de

59 ibíd.

seguridad pública y, especialmente, de dirección y admi-

nistración policial, sobre la base del fortalecimiento del

Ministerio de Seguridad recién creado, así como la refor-

ma doctrinal, orgánica y funcional de las instituciones

policiales y fuerzas de seguridad federales.

En este marco, la ministra Garré adoptó una serie de

medidas puntuales tendientes a materializar estos linea-

mientos. En primer lugar, en febrero de 2011, dispuso

que la Policía Federal Argentina dejara de confeccionar

las cédulas de identidad y los pasaportes así como de ad-

ministrar las bases de datos generadas, a las cuales no

podía acceder ningún otro organismo estatal o policial60.

Por su parte, en febrero de 2012, mediante el Decreto

328/12, se creó en el ámbito del ministerio del ramo la

Dirección Nacional de Gestión de la información Crimi-

nal (DNGiC), con el objetivo de gestionar y sistematizar

la información criminal y las estadísticas producidas por

las instituciones policiales y de seguridad y producir el

análisis que surja de ellas. El año anterior, mediante la

Resolución MS 590/11, se conformó el Consejo Asesor

para la Gestión de la información Criminal, constituido

por universidades y organizaciones no gubernamen-

tales con experiencia en la temática y con la misión de

60 Diario Página/12, Buenos Aires, 19 de febrero de 2011. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “se cal-cula que la PFA [Policía Federal Argentina] tiene al menos ven-ye millones de fichas decodactilares, que incluyen a aquellas personas a las que se les abrió un prontuario, pero también a todos a quienes han tramitado un pasaporte o una cédula de identidad” (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Dere-chos humanos en Argentina: informe 2012, Siglo Veintiuno Edito-res, Buenos Aires, 2012, p. 103).

104 | Dossier

asesorar técnicamente al ministerio en la materia. Este

conjunto de medidas tendían a desarticular el predomi-

nio de la gestión autónoma de la información criminal

por parte de las policías y fuerzas federales de seguridad y

conformar un dispositivo ministerial para ello.

En relación con las instituciones policiales, se adop-

taron medidas significativas sobre aspectos tradicional-

mente gestionados de manera autónoma por sus propias

cúpulas. Mediante la Resolución MS 562/11, se ordenó

que “todas las solicitudes de custodias, consignas y tras-

lados” efectuadas a las policías y fuerzas federales de

seguridad debían ser comunicadas al ministerio y deci-

didas por sus autoridades competentes, asumiendo así

el control institucional de los servicios adicionales de se-

guridad prestados por las policías, anteriormente fuente

de corrupciones y desmanejos por su parte. Asimismo,

se “eliminó la posibilidad de que el personal de seguridad

pueda hacer horas extras como servicio privado, activi-

dad que se ejercía con uniforme oficial y arma reglamen-

taria”, lo que implicó, según fuentes oficiales, un refuer-

zo de la presencia policial en la Ciudad de Buenos Aires

de un 40% de día y un 150% de noche.61 En ese mismo

sentido, durante 2011, se produjo un cambio integral de

las titularidades de las comisarías capitalinas de la Poli-

cía Federal Argentina, sobre la base de la evaluación de

desempeño y legalidad llevada a cabo por las autoridades

ministeriales62.

61 ibíd., pp. 104 y 105.

62 ibíd., p. 110.

Al mismo tiempo, Garré impulsó la revisión y control

de los sumarios administrativos en curso o que se inicien

en los que se investigan faltas graves con participación

policial, en particular aquellos que implican abusos en el

uso de la fuerza con consecuencias letales. El foco se puso

especialmente en la Policía Federal Argentina, en cuyo

marco se instruía la mayoría de los sumarios en cuestión

y se sospechaba de la existencia de una decisión cupular

favorable a no investigar los hechos y encubrir institucio-

nalmente al personal policial involucrado. En ese marco,

se llevó a cabo un “diagnóstico del funcionamiento de

los sistemas de control propios de las fuerzas, reconstru-

yendo qué y de qué maneras investigan las oficinas en-

cargadas del control interno” de las policías y fuerzas de

seguridad federales y conociendo los “circuitos de infor-

mación, formas de sistematización y sistemas informáti-

cos en uso”, todo lo cual “implicó el involucramiento de

las autoridades políticas en un área históricamente opa-

ca de la policía”63. Asimismo, en octubre de 2011, me-

diante la Resolución MS 1.019/11 se instruyó a los jefes

de las policías y fuerzas de seguridad federales para que

“aseguren que la presentación de denuncias sobre irre-

gularidades y/o delitos presumiblemente cometidos por

miembros de las fuerzas policiales y de seguridad ante [el]

ministerio y/o autoridades competentes no sea motivo de

falta disciplinaria, ni pueda dar lugar a la aplicación de

medidas correctivas o en perjuicio del denunciante” y

que, en ese sentido, “adopten las medidas necesarias a

63 ibíd., p. 109.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 105

fin de evitar la aplicación de sanciones, traslados, hosti-

gamientos y/o cualquier tipo de represalia con motivo de

la presentación de denuncias”.

En noviembre de 2011, a través de la Resolución MS

1.088/11, se dispuso que los jefes de las policías y fuerzas

de seguridad federales debían informar a las autoridades

ministeriales, con carácter previo, todo proyecto de acto

en el que se disponga la “designación, nombramiento,

pase, traslado, pase en comisión, así como cualquier

asignación u ocupación de cargo” de altos oficiales en

puestos de conducción, aunque no establecía ningún

criterio de confirmación o rechazo de tales designaciones

por parte de esas autoridades.

Por su parte, en abril de 2011, por medio de la Reso-

lución MS 199/11, se dispuso que los diseños curricula-

res y los contenidos de todos los programas de formación

inicial y continua, de capacitación, de entrenamiento,

cursos de ascenso y actualización profesional, llevados a

cabo en el territorio nacional por el personal de la Policía

Federal Argentina, deben ser aprobados por el Ministe-

rio de Seguridad. Y, en este mismo sentido, a través de la

Resolución MS 167/11, se modificaron los nombres de

los institutos de formación de esta policía, los que hacían

referencia a jefes policiales y militares identificados con

el pasado autoritario64.

64 La Escuela Superior de Policía, denominada General de Brigada Cesario Ángel Cardozo, pasó a llamarse Comisario Ge-neral Enrique Fentanes, en homenaje al teórico policial y di-rector de la Biblioteca Policial entre 1934 y 1948. La Escuela de Cadetes Coronel Ramón Lorenzo Falcón se nombró como Comisario General juan Ángel Pirker, en homenaje al jefe de

también se tomaron resoluciones regulatorias en lo

referido a la actuación policial en espectáculos deporti-

vos o en espectáculos públicos. Sin embargo, las medidas

institucionales de tono revisionista más relevantes deci-

didas por el Gobierno, bajo el impulso de la ministra Ga-

rré, estuvieron referidas a un conjunto de procedimien-

tos y programas policiales de carácter operativo, tales

como los denominados operativo Centinela y operativo

Unidad Cinturón Sur, llevados a cabo en el Gran Buenos

Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente,

así como también el operativo Escudo Norte, orientado

al control del narcotráfico en las provincias del norte ar-

gentino.

El “operativo Centinela”, ordenado por Cristina Fer-

nández a fines de diciembre de 2010 mediante el Decreto

2099/10, implicó el despliegue desde el 1º de enero de

2011 de unos seis mil efectivos de la Gendarmería Na-

cional en el conurbano bonaerense, y comprometió 6

bases operativas fijas y 25 unidades de patrullaje móvi-

les, todo ello a los efectos de llevar a cabo “operaciones

preventivas de vigilancia y control” en coordinación con

las autoridades municipales, provinciales, judiciales y

policiales del lugar65.

la institución entre 1986 y 1989 que tuvo una clara identifi-cación con el sistema democrático. Y el nombre de la Escuela Federal de Suboficiales y Agentes Comisario General Alberto Villar se reemplazó por el de Don Enrique o’Gorman, jefe de la fuerza entre 1867 y 1874, que dispuso el abandono del uso de barras y cepos a los detenidos en comisarías por considerarlos instrumentos de tortura (en ibíd., p. 114).

65 Véase ibíd., pp. 120-129.

106 | Dossier

Por su parte, a instancias de Garré, a fines de junio

de 2011, la presidenta Fernández dispuso, mediante el

Decreto 864/11, el operativo Unidad Cinturón Sur en

cuyo marco se determinó que un conjunto de unidades

operacionales, de la Gendarmería Nacional y de la Pre-

fectura Naval Argentina, desplazaran a los efectivos de

la Policía Federal Argentina de dos grandes áreas de la

Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de ejercer “las fun-

ciones de policía de seguridad y las tareas de prevención

e investigación de los delitos” de las zonas asignadas. El

día 4 de julio, unos 2.500 efectivos de aquellas fuerzas de

seguridad quedaron a cargo del patrullaje y la seguridad

preventiva en siete barrios del sur de la Ciudad de Buenos

Aires. En total, fueron 2.500 gendarmes y prefectos que

reemplazaron al personal de la Policía Federal66. Fue la

primera vez desde la instauración democrática que otras

fuerzas de seguridad reemplazaban a la Policía Federal en

sus labores básicas dentro de algunas zonas de la Capital

Federal.

Si bien se indicó que el operativo de referencia apun-

taba a “optimizar” la seguridad de la Ciudad de Buenos

Aires, mediante el refuerzo de la presencia y las labores

de seguridad llevados a cabo por estas fuerzas de segu-

ridad, en verdad, se decidió el reemplazo de los efectivos

de la Policía Federal porque sobre ellos pesaba la sospe-

cha de que protegían actividades ilegales expandidas en

esas zonas, en particular, las extendidas redes de narco-

66 Diario Clarín, Buenos Aires, 4 de julio de 2011.

tráfico67. Así lo había expresado Garré un tiempo antes,

cuando señaló públicamente que el principal desafío de

su gestión era reemplazar el “autogobierno policial por la

dirección del Estado”.

Durante años la dirigencia política no se hizo cargo del

tema de la seguridad. Se pensaba que era una cuestión

de la policía (…). Esto tuvo resultados nefastos. (…) El

problema más serio y más complejo que tenemos es la

Policía Federal, [la que está integrada por] sectores que

disputan, no sobre posiciones ideológicas o modelos de

acción, sino sobre el predominio en determinadas zo-

nas o determinados negocios. Cuando se dice “esa co-

misaría recauda bien”, quiere decir que extorsiona bien

a los comerciantes a los que les pide dinero a cambio de

protección, y a los inmigrantes que no tienen sus pa-

peles en regla, y a los vendedores ambulantes para no

molestarlos y a las cocinas de droga para hacer la vista

gorda68.

Por su parte, en julio de 2011, mediante el Decreto

1.091/11 –prorrogado por un año a través del Decreto

296/11 de diciembre de ese mismo año–, la presidenta

Fernández dispuso el operativo Escudo Norte con el obje-

tivo de incrementar “la vigilancia y el control del espacio

terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en la

frontera noreste y noroeste de la República Argentina” y

permitir “la aprehensión y la puesta a disposición de las

67 Diario Página/12, Buenos Aires, 3 de julio de 2011.

68 Diario Página/12, Buenos Aires, 8 de abril de 2011.

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 107

autoridades judiciales de los incursores ilegales”. El ope-

rativo abarcó las provincias de jujuy, Salta, tucumán,

Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrien-

tes, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, y se foca-

lizó en la prevención y conjuración de las problemáticas

relativas al “tráfico ilícito de drogas, la trata de personas

y el contrabando de bienes”. Para ello, si bien el operativo

se inscribió dentro del “sistema de seguridad interior”,

se comprometió el uso de radares y medios militares así

como de personal militar, en articulación con las institu-

ciones policiales y, especialmente, las fuerzas de seguri-

dad federales. Y, en ese sentido, se instruyó al Ministerio

de Defensa “a que adopte las medidas administrativas,

operativas y logísticas necesarias para intensificar las ta-

reas de vigilancia y control de los espacios de jurisdicción

nacional, por parte de las Fuerzas Armadas”.

Al operativo Escudo Norte se asignaron 6.000 efec-

tivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval

Argentina, de entre los cuales 800, como mínimo, de-

bían pertenecer a las Fuerzas Especiales y Antidrogas

de dichas instituciones. No obstante, la intervención de

medios y recursos humanos militares fue significativa.

Para detectar incursiones ilegales, se puso a disposición

el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial

(SiNViCA), creado en 2004 en el ámbito del Ministerio

de Defensa mediante el Decreto 1407/04, así como los

operativos Fortín i y Fortín ii, que implican la integra-

ción al SiNViCA de los medios disponibles para la vigi-

lancia aérea pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina

y al Ejército Argentino, en las regiónes del noreste y no-

roeste del país, y el traspaso de la información sensible

referida a cuestiones de seguridad interior a las fuerzas

de seguridad afectadas a su conjuración, limitando la

actuación de las Fuerzas Armadas al apoyo logístico. No

obstante, en ese marco, el Ejército Argentino aportó un

conjunto de radares de vigilancia táctica –Rasit– opera-

dos por “efectivos de inteligencia del Ejército”69.

Asimismo, se llevaron a cabo otras iniciativas de ca-

rácter operacional, pero fueron acciones de menor rele-

vancia y restringidas a la Ciudad de Buenos Aires, tales

como el Plan de Seguridad Urbana, el Plan Control Ac-

cesos CABA, la puesta en funcionamiento de la Policía

de Prevención Vecinal y el Plan Buenos Aires Ciudad Se-

gura.

El Plan de Seguridad Urbana se inició en el segundo

semestre de 2011 y consistió en la reasignación de “pa-

radas policiales de las comisarías y patrullas motorizadas

de la Policía Federal, a partir de nuevos mapas del delito

y las indicaciones que los vecinos elevaron a las Mesas

Barriales de Participación Comunitaria en Seguridad70.

69 Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, los radares Rasit son “pequeños radares portátiles para vigilancia terres-tre, utilizados desde los años ochenta para detectar blancos mó-viles terrestres y aéreos de baja altura”, con un “rango de co-bertura de 20 km”. Para el operativo Escudo Norte, se dispuso la utilización de “20 radares Rasit [que] pertenecen al Sistema de inteligencia del Ejército” y son “manejados por 180 efectivos para su conducción operativa, logística y la transmisión del flu-jo informativo” a los efectos de “detectar movimientos anorma-les en la frontera terrestre, tanto de vehículos como de personas a pie” (en CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos humanos en Argentina: informe 2012, op. cit., p. 142).

70 En http://www.minseg.gob.ar/plan-de-seguridad-urbana-0.

108 | Dossier

El Plan Control Accesos CABA consitió en la asignación

de 700 efectivos de la Gendarmería Nacional a un dis-

positivo de vigilancia de 42 puentes y cruces viales que

conectan la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de

Buenos Aires71. La conformación y puesta en marcha

del Cuerpo de Policía de Prevención Vecinal, en el ámbito

de la Policía Federal Argentina, se orientó a desarrollar

“acciones de mediación y pacificación en la comunidad”

mediante una “intensa articulación con las políticas de

desarrollo sociocultural local” orientada a “elevar la ca-

lidad de vida de los ciudadanos y a disminuir los niveles

de conflictividad social y violencia en los barrios de ma-

yor vulnerabilidad de la ciudad”72. De todos modos, esta

se trató de una iniciativa acotada en su configuración y

ámbitos de aplicación.

Por su parte, el denominado Plan Buenos Aires Ciu-

dad Segura, más que un plan operacional, consistió en

la instalación y puesta en funcionamiento, en el ámbito

de la Policía Federal Argentina, de un sistema de “vigi-

lancia” para la Ciudad de Buenos Aires consistente en

el “monitoreo activo y preventivo” del espacio público

mediante una extensa red de cámaras de seguridad y la

producción de “alerta a los efectivos y patrulleros para

la detección y atención temprana de los incidentes”73.

Durante el primer año de implementación, se instala-

71 En http://www.minseg.gob.ar/control-accesos-caba.

72 En http://www.minseg.gob.ar/nuevo-cuerpo-de-preven-ción-vecinal-de-pfa.

73 En http://www.minseg.gob.ar/buenos-aires-segura.

ron 1.200 cámaras de alta definición de video-vigilancia

–y su correspondiente tendido de fibra óptica–; una red

de comunicaciones; cinco centros de control y vigilan-

cia para el monitoreamiento de imágenes, el comando

y el control, y 200 patrulleros inteligentes equipados

con cámaras y un servidor de video para transmitir las

imágenes on line desde el vehículo. Hasta mediados de

2012, el presupuesto global del proyecto ascendió a US$

41.800.13974.

Ahora bien, este conjunto de iniciativas y operativos

policiales ha tenido ciertos rasgos que no solo desdicen

algunos de los objetivos formulados en sus respectivos

anuncios, sino que implican tendencias claramente

inscritas en la pauta delegativa y policialista e históri-

camente repudiadas por los sectores políticos y sociales

reformistas, cuando fueron llevadas a cabo por gobiernos

de derecha u opositores.

El operativo Unidad Cinturón Sur fue oficialmente

justificado como una acción tendiente a lograr niveles

74 Según información oficial, esa suma se desagregaba de la siguiente manera: US$ 7.516.400 para tecnología incorpora-da a los vehículos patrulleros; US$ 8.658.672 para las cáma-ras de video-vigilancia; US$ 7.975.278 para fibra óptica; US$ 8.043.560 para la red de comunicaciones; US$ 5.666.018 para el centro de control y centro de llamadas y despacho; y US$ 3.940.211 para soporte de integración logística (en Ibíd.). En junio de 2011, funcionarios del Ministerio de Seguridad sus-cribieron un contrato con la empresa israelí Mer industries LtD para proveer los medios y la infraestructura señalada y para de-sarrollar su mantenimiento, en el marco de un convenio espe-cífico firmado entre la cartera local y el Ministerio de Defensa de israel (en diario La Nación, Buenos Aires, 23 de agosto de 2011).

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 109

adecuados de protección vecinal en “una zona histórica-

mente desprotegida, no solo por la deficiente y desigual

asignación de recursos sino también por la existencia de

redes de tráfico de drogas emplazadas en algunas de las

villas de estos barrios”75. Pese a ello, no fue acompañado

por intervenciones de investigación compleja tendientes

a identificar esas redes criminales de narcotraficantes

protegidos policialmente, lo que favoreció su reproduc-

ción y continuidad. Se logró reducir los delitos e inciden-

tes patentes que se venían cometiendo en la vía pública

y en residencias del lugar76, pero el prolífico trafico de

drogas ilegales continuó y los grupos criminales encar-

gados de ese negocio delitivo siguieron operando activa-

mente77.

75 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2012, op. cit., p. 122.

76 Según el Ministerio de Seguridad, entre junio de 2001 y julio de 2012, se produjo una reducción de robos en 22,5%; el 0,7% de los hurtos, el 38,5% de los robos de automotor y el 32,1% de los hurtos de automotor (en http://www.minseg.gob.ar/plan-unidad-cinturón-sur).

77 El 15 de junio de 2012, el juez federal Sergio torres llevó a cabo 29 allanamientos dentro la Villa 1.11.14, barrio precario ubicado en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los principales epicentros del operativo Unidad Cinturón Sur, y se produjeron numerosas detenciones de personas sospechosas de dedicarse al tráfico de drogas y el secuestro de objetos que dieron cuenta de que la organización criminal liderada por el peruano Marco Estrada González –alias Marcos–, detenido des-de 2007 y que siempre tuvo protección de la Policía Federal, continuaba dominando el lugar y operando con soltura en la comercialización de drogas ilegales, en particular, cocaína y “paco”. Un tiempo antes, el juez torres había denunciado ante el Ministerio de Seguridad la “reiteración de las maniobras de

Por su parte, tanto el operativo Centinela como el

operativo Unidad Cinturón Sur han tendido un con-

junto de consecuencias contrarias a las metas plantea-

das oficialmente. En la práctica, constituyeron “grandes

operativos de control territorial y poblacional” llevados

a cabo en barrios o zonas en los que “se concentra la

mayor cantidad de habitantes (…) que viven en condicio-

nes de pobreza” y se materializaron mediante “estrate-

gias usualmente utilizadas en intervenciones policiales

en villas, como los operativos de acordonamiento y sa-

turación policial, la intensificación de los patrullajes y

la permanente identificación de personas y control de

automóviles”78. En esos contextos, se produjeron actos

de abusos y hechos de violencia por parte del personal

policial, en particular, contra jóvenes pobres que habitan

en esas barriadas. Asimismo, casi nunca enmarcaron es-

trategias o programas de prevención social de violencias

y delitos, limitándose a la mera presencia y accionar po-

licial alrededor de barrios y zonas pobres estigmatizadas,

de ese modo, como peligrosas y de alta concentración

criminal79.

En relación con el operativo Escudo Norte, para el

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “este tipo

de intervenciones” puso “en tensión el principio de que

tráfico de estupefacientes en lugares de acceso público dentro de la Villa 1-11-14” (en diario Clarín, Buenos Aires, 24 de junio y 25 de agosto de 2012).

78 CENtRo DE EStUDioS LEGALES Y SoCiALES, Derechos huma-nos en Argentina: informe 2012…, op. cit., pp. 121 y 122.

79 ibíd., pp. 127-129.

110 | Dossier

las Fuerzas Armadas no deben intervenir en cuestiones

de seguridad interior”. El esfuerzo gubernamental por

respetar la no injerencia militar en asuntos de seguri-

dad interna no consiguió reducir “la preocupación que

genera el debilitamiento en los hechos de la separación

entre defensa nacional y seguridad interior, fundamen-

talmente en un contexto regional de mayor intervención

de las Fuerzas Armadas en conflictos internos”. Y ello se

debió a que el operativo Escudo Norte conllevó “tareas

conjuntas entre militares y policías”, lo cual abrió “el in-

terrogante también sobre el manejo de la información de

inteligencia de estos operativos, que, además del acopio

de datos, en muchos casos [implicó] que se generen diná-

micas de trabajo propias”, violatorias de las normas y los

consensos políticos vigentes en la materia80.

Por su parte, el grueso de las estrategias operacio-

nales llevadas a cabo por la gestión ministerial durante

2011 y el primer semestre del 2012 han estado focaliza-

das predominantemente en la Ciudad de Buenos Aires.

Solo el operativo Centinela y el operativo Escudo Norte

salieron de este contexto de aplicación, lo que dio cuenta

de la escasa perspectiva federal de la política de seguridad

desenvuelta por Garré.

otro rasgo saliente de la gestión ministerial estuvo

80 ibíd., pp. 142-144. Al respecto, también resultó preocu-pante la enorme injerencia que tuvo el general César Milani, subjefe del Ejército y oficial de confianza de la ministra Garré, en la diagramación y hasta en la difusión y presentación públi-ca del operativo Escudo Norte (en diario Perfil, Buenos Aires, 3 de julio de 2011; y diario El Liberal, Santiago del Estero, 21 de julio de 2011).

dado por el alto nivel de inversión infraestructural, apli-

cado especialmente en beneficio de la Policía Federal Ar-

gentina. Sin que se desarrollara ningún tipo de reestruc-

turación en las modalidades tradicionales de vigilancia e

intervenciones preventivas por parte de dicha institución

policial, solamente el denominado Plan Buenos Aires

Ciudad Segura implicó una inversión de cerca de medio

millón de dólares, en una institución policial sospecha-

da por la misma gestión ministerial de estar atravesada

por prácticas corruptivas y hasta ilegales, y sobre la que

no se inició ninguna reestructuración institucional de

fondo, ni siquiera de sus pilares normativos que datan

de la década de los cincuenta. Ello constituyó una forma

de convalidación de sus bases doctrinarias, orgánicas y

funcionales y una manifestación elocuente de que la re-

forma institucional de esa policía no formaba parte de los

objetivos del Gobierno.

Pues bien, sin duda, el conjunto de medidas, resolu-

ciones y disposiciones llevadas a cabo bajo la dirección de

la ministra Garré, entre diciembre de 2010 y mediados

de 2012, estuvo orientado a asumir las responsabilida-

des de conducción y control sobre las policías y fuerzas

de seguridad federales pero, en verdad, el grueso de esas

iniciativas resultó acotado o limitado en relación con

los objetivos discursivos trazados por la propia gestión,

o adquirió una impronta contraria a una gestión demo-

crática de la seguridad. Ello también se pudo apreciar en

diferentes aspectos que dieron cuenta de los vacíos y limi-

taciones de una gestión que se perfiló como reformista.

En primer término, no se profundizó el necesario fortale-

cimiento del dispositivo institucional del Ministerio de Segu-

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 111

ridad a tono con las sucesivas declaraciones ministeriales

a favor del gobierno civil de la seguridad y de las policías.

No se dieron los pasos fundamentales para conformar un

núcleo muy activo de funcionarios civiles –de escala alta y me-

dia–, con amplia capacidad de gestión sobre las problemáticas

de la seguridad y sobre las instituciones policiales, sin el cual

la proclamación del gobierno político de la seguridad se

convierte en una ficción. En efecto, no hay conducción

política de las policías sin la conformación de estos dis-

positivos institucionales y de una plantilla de funciona-

rios especializados y permanentemente abocados a la

materia. Las iniciativas desarrolladas por los funciona-

rios ministeriales se limitaron al establecimiento de pro-

cedimientos de supervisión y control de ciertos aspectos

institucionales fundamentales de las policías, pero sin

introducir cambios orgánicos en ellas y contando con un

equipo político timorato y limitadamente capacitado en

la gestión institucional de cambios complejos81.

En este marco, una de las vacantes institucionales

más notables ha sido la falta de voluntad ministerial

81 todo esto se ha ponderado por las disputas internas que enfrentan a la titular de la cartera ministerial con el secretario de Seguridad y virtual viceministro, Sergio Berni, designado en el cargo, en marzo de 2012, a instancias de la presidenta Cris-tina Fernández para reforzar el accionar ministerial en materia de resolución de conflictos y protestas sociales (en diario Ámbi-to Financiero, Buenos Aires, 29 de julio de 2012; diario Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 2012; y diario La Nación, Buenos Aires, 17 de agosto de 2012). Ese enfrentamiento, soterrado pero que atraviesa la actual gestión ministerial, cercena la po-sibilidad de conducir político-institucionalmente a las policías y fuerzas de seguridad federales, ya que estas dependen directa-mente de Berni pero la autoridad superior ministerial es Garré.

para conformar un observatorio Nacional del Delito y

la Violencia, destinado a producir información, conoci-

mientos y diagnósticos sobre la problemática criminal y

de violencia para la elaboración de políticas de seguridad

ciudadana eficientes y democráticas82. Con ello, se perpe-

tuó una modalidad de gestión exclusivamente asentada

en “el saber empírico policial” y una vacante de conoci-

miento en la materia que condujo a que “el único pará-

metro de buena o mala gestión de seguridad pareciera ser

la disminución y el aumento de la violencia y el delito en

determinados períodos de tiempo”. De todos modos, dado

que “la calidad y la confiabilidad de los datos [criminoló-

gicos] son limitadas y que su lógica de recolección está

orientada más hacia la confección de informes adminis-

trativos (más que tácticos o estratégicos para producir

respuestas) y por tipos penales (más que por problemas

delictivos específicos)”, el aumento o disminución de los

delitos “no parecieran ser indicadores fiables de las situa-

ciones de la seguridad ni del desempeño institucional”.

En este contexto, ha predominado el “uso de la informa-

82 El 23 de noviembre de 2010, el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), alianza multisectorial destinada a diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos (véase: http://www.asd.org.ar/), presentó públicamente un proyecto de crea-ción del observatorio Nacional del Delito y la Violencia. En la propuesta, el observatorio debería contar con independencia funcional y autarquía financiera, y funcionar en el ámbito del ministerio del ramo. Su misión sería gestionar información y producir análisis, cuadros de situación y reportes sobre la cues-tión criminal y la violencia en todo el país (en diario Página/12, Buenos Aires, 21 y 29 de noviembre de 2010).

112 | Dossier

ción estadística como un recurso casi exclusivo de los

jefes policiales y ministro responsable del tema”83. todo

esto estuvo apuntalado por una exacerbada exposición

pública de parte de las autoridades ministeriales de pro-

cedimientos policiales –muchas veces, de poca monta–,

con el fin de mostrar eficacia en el control del crimen, re-

forzando cierto tinte policialista vigente durante la etapa

anterior, asentada en la pauta tradicional.

A tono con ello, tampoco se avanzó en la posibilidad de

articular un amplio acuerdo de seguridad democrática con los

actores políticos-partidarios y sociales –organizaciones no-

gubernamentales, organismos de derechos humanos,

sindicatos y centros académicos y universitarios, entre

otros–, orientado a constituir una instancia de consulta,

asistencia y apoyo a las políticas e intervenciones en ma-

teria de seguridad y, en particular, a las necesarias refor-

mas institucionales a tono con el discurso ministerial y

que, mayoritariamente, superarían el calendario político

de un mandato gubernamental.

En segundo lugar, como una consecuencia inevi-

table de lo anterior, no se diseñó y formuló una estrategia

amplia de reforma y modernización de las policías y fuerzas

de seguridad federales en lo concerniente a sus funciones;

83 SiStEMA REGioNAL DE iNDiCADoRES EStANDARiZADoS DE CoNViVENCiA Y SEGURiDAD CiUDADANA, Informe final: documen-to situacional sobre las fuentes de información en materia de convi-vencia y seguridad ciudadana en la República Argentina, SES, Bue-nos Aires, marzo de 2012, pp. 138-143. Véase también DEWEY, Matías, “Qué poco se sabe sobre inseguridad”, en diario La Na-ción, Buenos Aires, 17 de agosto de 2012; y diario La Nación, Buenos Aires, 20 de agosto de 2012.

estructuras orgánicas; dispositivos de dirección superior

y administración general; sistemas operacionales; prin-

cipios básicos de actuación; sistemas de formación y ca-

pacitación y estructuras de control interno de carácter

externo, en vista de conformarlas como instituciones

públicas fundamentalmente especializadas en el control

de los delitos. El conjunto de resoluciones dispuestas por

las autoridades ministeriales en materia de designación

y ascensos policiales; formación y capacitación policial;

supervisión de las áreas y dependencias de control de

asuntos internos, y otros aspectos institucionales vincu-

lados con las policías, ni siquiera se tradujeron en cam-

bios normativos e institucionales atinentes a las bases doctri-

narias y a las estructuras organizacionales y funcionales de

las instituciones policiales federales. En este sentido, hasta

mediados de 2012, no se había avanzado en la formu-

lación de una estrategia de reforma integral de las normas

orgánicas de las policías y fuerzas de seguridad federales, las

que, salvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuen-

tan con bases legales y reglamentarias que datan de épo-

cas dictatoriales y son sustancialmente contrarias a la

gestión democrática de la seguridad y, en particular, a la

condución política de las mismas.

La expresión más significativa de la indisposición mi-

nisterial a la reestructuración policial estuvo dada por el

abierto aval, y la intervención directa de las autoridades

de la cartera, en el proceso de contrarreforma en la Poli-

cía de Seguridad Aeroportuaria, única institución policial

federal asentada en bases normativas e institucionales

democráticas. Dan cuenta de ello la exaltación de las ac-

tividades protocolares por encima de la profundización

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 113

del proceso reformista iniciado en 2005; la desatención

de las cuestiones operacionales y la consecuente caída de

desempeño en la identificación y desarticulación de gru-

pos criminales que operan a través de las terminales ae-

roportuarias; la imposición de nuevas funciones ajenas a

la seguridad aeroportuaria y de cumplimiento imposible

por parte de la estructura operacional de la fuerza84, y

las disputas cupulares en materia de dirección orgánica,

entre otras deficiencias. No obstante, lo más relevante de

la contrarreforma en ciernes estuvo dado por el paulatino

desguace de la Dirección de Control Policial, encargada de

las auditorías, investigaciones y denuncias de las irregu-

laridades e infracciones cometidas por parte del personal

policial de dicha institución85.

Pese al carácter civil de la conducción superior de la

Policía de Seguridad Aeroportuaria, y de que el grueso

de los miembros de esa conducción formaron parte del

equipo de gestión de la intervención civil que la creó y

puso en funcionamiento por instrucción de Néstor Kir-

84 Un ejemplo de ello es el operativo Vigía consistente en el desarrollo de “controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia” en la ter-minal de Ómnibus de Retiro y en el Parador de la Ruta 197 y Panamericana. En él, han sido desplegados 140 oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se ha dispuesto también el traslado de máquinas escaners de rayos X (en http://www.minseg.gob.ar/operativo-vig%C3%AD). Ello implica un esfuer-zo en materia de recursos humanos y operacionales significati-vos y, además, vulnera las bases doctrinarias del modelo de esta institución policial asentado en la “especialización funcional”.

85 Se trata, como se dijo, de la única institución policial fede-ral que contaba con un dispositivo de control externo creado por ley del Congreso Nacional.

chner, las resistencias institucionales, interpuestas por

parte de esos funcionarios de conducción a la labor de

control e investigación del mencionado organismo de

control externo, fueron constantes. La “reticencia” y la

“omisión”, de parte de esos funcionarios en la comuni-

cación al organismo de control de hechos que podrían

constituir infracciones o que directamente implicaban

delitos o faltas graves, se conjugó con la “demora en los

requerimientos”, el retaceo permanente de la informa-

ción solicitada por dicho órgano y hasta la negativa a

notificar las disposiciones del mismo a los oficiales desti-

natarios de las mismas86.

todo esto se desenvolvió durante 2011 en un contex-

to signado por una injustificable “carencia de recursos”

materiales, infraestructurales y humanos, indispensa-

bles para controlar eficazmente “una fuerza policial de

características federales”, es decir, desplegada a lo largo

de todo el país. No se efectuó la designación del personal

de planta que fuera aprobado reglamentariamente –un

tercio del mismo no fue nombrado para conformar la do-

tación de personal de la Dirección de Control Policial–, se

trasladó parte de su personal calificado a otros destinos y

se redujeron injustificadamente los medios materiales y

los gastos operacionales que hacían posible cumplir con

las diligencias de inspección, entre otras desatenciones87.

86 DiRECCiÓN DE CoNtRoL PoLiCiAL DE LA PoLiCÍA DE SEGURi-DAD AERoPoRtUARiA, Informe de gestión: año 2011, Ministerio de Seguridad, Buenos Aires, marzo de 2012.

87 Una expresión elocuente, del esmerilamiento institucional y material a que las autoridades ministeriales han sometido a

114 | Dossier

Esto, que afectó severamente el desarrollo de la labor de

control, respondió a la apatía y animosidad demostrada

por las autoridades ministeriales hacia el organismo, lo

que también se puso de manifiesto en otras expresiones

más relevantes.

El 2 de mayo de 2012, a solicitud de la Dirección Na-

cional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Di-

rección de Asuntos jurídicos del Ministerio de Seguridad

la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Ae-roportuaria, estuvo dada por algunos hechos significativos. En diciembre de 2010, a dos meses del inicio de sus funciones como organismo de control externo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección de Control Policial tenía un plantel de 14 empleados de planta permanente designados por decreto presidencial; un coche asignado con sus correspondientes gas-tos operativos para efectuar inspecciones de control, auditorías preventivas, espontáneas o urgentes; y la asignación de “caja chica” por un monto de 3.000 pesos para cubrir los gastos de insumos básicos de librería, papelería y gastos de correo. En enero de 2011, se redujo la caja chica a 1.800 pesos y, en mar-zo de 2012, la Secretaria de Coordinación del Ministerio, por indicación de la ministra Garré, retiró definitivamente la caja chica aduciendo que los gastos de referencia debían ser cos-teados por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, con quien mantiene una sorda puja de poder que paraliza la cartera mi-nisterial. Por su parte, en julio de 2011, se suspendió el mante-nimiento del vehículo y en enero de 2012 este debió ser entre-gado a las autoridades ministeriales. De este modo, hacia abril de este año, la Dirección de Control Policial contaba con una dotación de personal insuficiente, no tenía vehículos ni gastos operacionales para efectuar inspecciones, notificar a las partes de los procesos sustanciados, realizar audiencias, traslados y otras diligencias. Desde entonces, las auditorías preventivas y las inspecciones en unidades cercanas a las sede del organismo se comenzaron a realizar utilizando los vehículos particulares de funcionarios y/o empleados, lo que implicó una clara des-ventaja ante el órgano controlado y la afectación de la imagen y calidad institucional del organismo de contralor.

avaló una interpretación vulneratoria de las facultades

del órgano de control –específicamente, de la Auditoría

de Asuntos internos– sobre monitorear, mediante la soli-

citud de información, las “recomendaciones” efectuadas

como derivación de las “auditorías preventivas”88 ten-

dientes a prevenir y/o detectar faltas graves en el desa-

rrollo de las labores policiales o supervisar el desempeño

del personal policial durante el cumplimiento de sus fun-

ciones, cuando esto comprometiese a los funcionarios de

la Dirección Nacional de la institución policial. Ello birla

la misión fundamental del órgano de control, consistente

en “velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y dis-

posiciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”89.

88 Según lo establecido en el artículo 76 de la Ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección de Control Policial tiene las funciones, entre otras, de “establecer o determinar los pro-cedimientos de auditoría e inspecciones preventivas” así como “efectuar la programación anual de las auditorías e inspeccio-nes preventivas”, siempre en función de su misión principal, consistente en “velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

89 Las acciones institucionales y, entre ellas, las recomenda-ciones efectuadas por Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, deben referirse exclusivamente a las conductas del personal policial –no así del personal civil sin estado policial– en el marco de su prevención o de su investi-gación. Pero cuando las conductas del personal policial fuesen determinadas, condicionadas, constreñidas, favorecidas, habi-litadas y/o influenciadas de alguna manera por las acciones, órdenes y/o disposiciones de las autoridades superiores de la Di-rección Nacional –en cualquiera de sus niveles– o de cualquier funcionario civil sin estado policial, estos debieran quedar comprendidos tanto por las auditorías o inspecciones llevadas a cabo por el organismo de control como por las medidas y/o recomendaciones emanadas de las mismas. Si no fuese así, las

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 115

Algunos días más tarde, Garré hizo suyas estas conside-

raciones, privilegiando la opinión de la cúpula policial

refractaria a ser controlada externamente, por encima

del necesario fortalecimiento del único dispositivo de

control externo existente en el sistema policial federal.

Así y todo, aun con las severas limitaciones materia-

les e institucionales que pesaban sobre ella, la labor de la

Dirección de Control Policial fue constante y eficiente90.

posibilidades de control sobre el personal policial quedarían to-talmente devaluadas o serían prácticamente inexistentes, con-virtiendo al órgano de control en una instancia exclusivamente facultada a imponer sanciones disciplinarias del personal poli-cial ante hechos consumados.

90 A lo largo de los últimos 18 meses, la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ha llevado a cabo una labor prolífica en la investigación de faltas y hechos eventualmente delictivos, así como en la defensa de los dere-chos del personal policial. De acuerdo con la información su-ministrada por las autoridades de la Dirección de Control Po-licial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al autor de este trabajo, entre octubre de 2010 –cuando el organismo entró en funcionamiento– y agosto de 2012, la Auditoría de Asuntos internos realizó 17 “auditorías preventivas”, de las que resul-taron 10 “consideraciones preliminares” y 7 “dictámenes” que dieron lugar a las correspondientes “investigaciones prepara-torias” a los efectos de indagar si existieron faltas disciplinarias graves o muy graves. Asimismo, se dictaron 1.917 “providen-cias”; se emitieron 1.251 notas con “pedidos de informes” a diferentes dependencias, organismos y/o empresas; se tomaron 547 “declaraciones testimoniales” y 94 “declaraciones indaga-torias”. Hacia agosto de 2012, se tramitaban 175 expedientes. Por su parte, en ese período, la Dirección de Control Policial dispuso la apertura de 118 “sumarios administrativos” que comprometían a 116 oficiales. El tribunal de Disciplina Policial dictó 51 “resoluciones finales” –27 en 2011 y 24 en 2012–, a saber, 11 absoluciones; 8 sobreseimientos; 4 apercibimientos; 21 suspensiones de empleo; 8 cesantías; 3 exoneraciones; 7

En verdad, el desguace del órgano de control externo

desestimaciones de recursos de reconsideración; 1 elevación de recusación; y 3 con otras determinaciones. En cuanto a la Defensoría del Policía, el desempeño durante el referido período también ha sido importante. Ha ejercido la “defensa del perso-nal policial” sometido a sumario por faltas graves o muy graves en 93 audiencias indagatorias llevadas a cabo por la Auditoria de Asuntos internos y en 65 audiencias de debate en el tribu-nal de Disciplina Policial. Ha atendido quejas, reclamos y/o peticiones formuladas por el personal policial en forma presen-cial, telefónica o por correo electrónico referidas a conflicto por cambio en la política de ascensos y brecha generacional: 40%; ascensos: 1%; calificaciones: 1%; licencias médicas por trata-miento prolongado: 6%; cese de servicios: 2%; jubilación: 1%; disponibilidad: 2%; hostigamiento laboral: 10%; cuestiones de género: 5%; discriminación: 5%; dilación injustificada de trá-mites: 2%; y cambio de destino: 15%. En todos los casos, se re-currió al pedido de información a las autoridades competentes. también han efectuado 28 “pronunciamientos defensoriales” referentes a cuestiones de género; revisión y reconstrucción de calificaciones; revisión del proceso de reencasillamiento; cese de funciones. Se han receptado “pedidos de intervención” en casos de acoso laboral; discapacidad; traslados y pases del personal policial; disponibilidad; reclamos por adecuación del haber jubilatorio y carencia de obras social de los retirados; li-cencias médicas de largo tratamiento; reclamos por diferencias salariales; reclamos por adecuación horaria; reclamos contra la calificación; mora en conclusión de antiguos sumarios ad-ministrativos sustanciado en la institución policial controlada; recursos administrativos referentes a selección, evaluación y ascenso del personal; traslados con reclamos judiciales; incon-ductas del personal policial en relación con cumplimiento de turnos de guardia y servicios adicionales. Han efectuado 45 “manifestaciones espontáneas” por las cuales personal de la policía denuncia anónimamente hechos que pueden constituir causal de investigación. Han realizado numerosas “visitas” a unidades operacionales con el objetivo primordial de ejecutar acciones de promoción, educación y difusión entre los miem-bros del personal policial de los derechos que le asisten. Y han efectuado “recomendaciones institucionales”.

116 | Dossier

equipara a la Policía de Seguridad Aeroportuaria al res-

to de las policías y fuerzas de seguridad federales, y pone

en evidencia la indisposición ministerial en conformar

un sistema de control externo para la Policía Federal Ar-

gentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval

Argentina, las que, pese al discurso reformista de Garré,

aún hoy mantienen dispositivos de control de “asuntos

internos” heredados de épocas dictatoriales.

En suma, el declamacionismo exorbitante y mera-

mente simbólico en favor de la conducción política de la

seguridad y las policías; la aprobación de resoluciones

con poca incidencia o gravitación sobre las modalida-

des de desarrollo institucional de las policías y, particu-

larmente, sobre sus prácticas históricas; la habilitación

soterrada de la intervención de personal de inteligencia

militar en labores de seguridad interior; el desarrollo de

operativos policiales asentados en el mero control terri-

torial y poblacional en barriadas pobres; la existencia

de una estructura de gestión ministerial débil y atrave-

sada por conflictos internos muy profundos; la ausencia

de estrategias de reformas institucionales de las policías

y fuerzas de seguridad federales; la falta de un sistema

integral de gestión de la información criminal; y el de-

bilitamiento del único dispositivo de control externo de

la única policía federal creada en democracia y durante

la primera gestión presidencial kirchnerista, dan cuenta,

en verdad, de una gestión signada por una suerte de revi-

sionismo cosmético que la equipara con la administración

conservadora anterior.

4. El predominio de la pauta tradicional

En la Argentina, desde la instalación de las problemáti-

cas de la seguridad pública como un asunto de preocu-

pación social y política durante los años noventa, la mo-

dalidad predominante de gestión política de la seguridad

pública ha estado signada por el desgobierno político y la

delegación de dicha gestión en las cúpulas policiales, así

como la autorización gubernamental a que dichas cúpu-

las policiales detenten el monopolio de la formulación y

reproducción de las bases doctrinarias, organizacionales

y funcionales de sus propias instituciones, así como de su

conducción institucional y operacional, lo que dio forma

al autogobierno policial.

Ahora bien, estas tendencias y orientaciones no fue-

ron inicialmente asumidas, comprendidas y/o concep-

tualizadas de ese modo por el kirchnerismo y, por ende,

tampoco fueron políticamente problematizadas como

tales. Lo que sí fue objeto de una clara decisión guber-

namental fue la despolicialización represiva de la gestión y

control de las movilizaciones y protestas sociales. Y ello, aun

con cambios y adaptaciones situacionales evidentes, se

mantuvo como una decisión gubernamental hasta el

tercer gobierno kirchnerista.

Por fuera de este asunto puntual, la relación de los

gobiernos kirchneristas con las instituciones policiales

ha supuesto un permanente contrapunto entre la tenden-

cia signada por la reproducción de la pauta delegativa,

policialista y de autogobierno policial y la tendencia

basada en la revisión de aquella pauta tradicional y, en

ocasiones, volcada a anunciar y/o a producir reformas

un paso adelante, dos atrás m.s. sain | 117

institucionales efectivas. Así y todo, durante los gobier-

nos kirchneristas, ha primado la pauta delegativa y de auto-

gobierno policial en el abordaje de la cuestión policial, y solo

en ese contexto se produjeron acciones o se desarrolla-

ron programas de gobierno que implicaron una abierta

revisión de esa pauta y que apuntaron a sentar nuevas bases

de gestión institucional de la seguridad.

Esto último ocurrió en dos momentos puntuales. En

primer lugar, durante el primer año de gobierno kirch-

nerista, durante el cual se descabezó la cúpula de la Po-

licía Federal Argentina y se materializó un conjunto de

medidas que implicaron una injerencia concreta de las

autoridades ministeriales en aspectos tradicionalmente

autogestionados por la policía, tales como los ascensos

jerárquicos y la designación de altos jefes en cargos orgá-

nicos de dirección institucional y operacional; la gestión

y ejecución presupuestaria de dicha fuerza; el estable-

cimiento de indicadores de evaluación de desempeño y

su aplicación concreta; y la fiscalización institucional de

la labor básica de las Comisarías. Además, se diseñaron

y formularon las bases normativas e institucionales de

una reforma integral del sistema policial federal que im-

plicaba, en los hechos, su reconfiguración doctrinaria,

funcional y orgánica.

Y, en segundo lugar, con la creación y puesta en fun-

cionamiento de la primera institución policial federal

conformada en democracia y con mando civil: la Policía

de Seguridad Aeroportuaria. Este proceso fue llevado a

cabo por un grupo de especialistas en seguridad de cen-

tro-izquierda y no solo supuso la configuración orgánica

y funcional de una policía asentada en parámetros nove-

dosos sino que, además, tuvo un desempeño eficaz en las

labores de control de los delitos en los aeropuertos.

Ambos momentos fueron seguidos por etapas en las

que los cambios institucionales producidos o anunciados

fueron abandonados. El impulso concreto de conducción

política sobre las policías, y el anuncio de reestructura-

ción del sistema policial federal que caracterizó la prime-

ra etapa de la gestión kirchnerista (2003-2004), fueron

dejados de lado cuando comenzó a primar en el Gobierno

la decisión de no confrontar con las policías –en verdad,

con la Policía Federal Argentina– y de establecer una

suerte de “pacto tácito” que combinaba el compromiso

de que estas llevarían a cabo eficazmente la estrategia de

control no represivo de las movilizaciones y protestas so-

ciales –un aspecto manifiestamente sustentado por am-

bos gobiernos kirchneristas a lo largo de todo el período

analizado–, a cambio de un considerable margen de au-

tonomía policial en la gestión de la seguridad y, principal-

mente, de autogobierno de sus propias organizaciones.

Asimismo, los pilares institucionales de la Policía de

Seguridad Aeroportuaria no solo no sirvieron de base

para un eventual proceso de reformas y/o modernización

del sistema policial federal –lo que había sido aclamado

por el Gobierno cuando fue creada en 2005– sino que,

a partir de su normalización institucional producida en

2010, se abandonó el plan de profundización de la refor-

ma institucional formulada por la intervención en 2009

y, desde la conformación del Ministerio de Seguridad y

en el marco de una gestión ministerial discursivamente

comprometida con la conducción política de las poli-

cías, se comenzaron a desandar aspectos fundamentales

118 | Dossier

de aquel modelo de gestión y organización policial, un

tanto por desidia y otro tanto por la clara decisión de no

resaltarlo en función de no visibilizar la ausencia de una

estrategia reformista a tono con el discurso ministerial.

La gestión ministerial encarada por Nilda Garré

condensa la combinación de las dos tendencias contra-

puestas y descritas más arriba. La impronta reformista y

reivindicatoria del gobierno político de la seguridad ad-

quirió relieve institucional, en un conjunto de resolucio-

nes y disposiciones que cambiaron significativamente la

orientación conceptual e institucional del kirchnerismo

en relación con la cuestión policial. Dicha impronta, en

contraste con la perspectiva y el accionar conservador y

tradicional que el kirchnerismo mantuvo entre 2004 y

2010, significó una ruptura evidente y la inauguración

de un nuevo marco político y simbólico en el tema. Sin

embargo, el conjunto de acciones y medidas institucio-

nales llevadas a cabo por esta gestión tuvieron una esca-

sa gravitación efectiva en la reversión –proclamada– de

la pauta delegativa, la que, aun matizada o atenuada, ha

seguido primando en la relación entre el gobierno y las

policías.

A casi una década de administraciones kirchneris-

tas, el gobierno político de las instituciones policiales y

su reforma institucional constituyen tareas institucionales

pendientes. Y quizás lo sean porque implican un cambio

institucional mucho más amplio y complejo que la rees-

tructuración doctrinaria, organizacional y funcional de

las policías y fuerzas de seguridad federales. Por cierto,

reformar las policías supone reformar la política o, más pre-

cisamente, reestructurar las modalidades tradicionales de

vinculación establecidas entre la clase política y, más específi-

camente, las autoridades gubernamentales, por un lado, y la

institución policial, por el otro91. He allí el principal desafío

o, más bien, el único desafío al respecto.

De todos modos, el kirchnerismo tiene en su sello ge-

nético un indiscutible impulso reformista. Nada impide

que, en los próximos tiempos, ese impulso también se

materialice en el abordaje de la cuestión policial.

91 He abordado estos aspectos en: SAiN, Marcelo Fabián, La reforma policial en América Latina. Una mirada desde el progresis-mo, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2010, cap. 3.

ideas Para Mirar la PolítiCa de seGuridad durante el GoBierno del Presidente CháveZ

María Lucrecia Hernández | 119-150 |2

Resumen Se realiza una descripción introductoria de algunos de los

rasgos relevantes que caracterizaron las nuevas políticas de seguridad

desarrolladas durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, frente al

incremento de los índices delictivos y la sensación de inseguridad ciuda-

dana. Se esbozarán cinco elementos resaltantes en este período que con-

tribuyen a afirmar la existencia de rasgos contradictorios que moldearon

la configuración de dicha sensación: la función policial de prevención del

delito, la participación colectiva en el control del delito, el desarrollo de

mecanismos electrónicos, el diseño urbano y el endurecimiento del siste-

ma penal. Por último brindar algunos elementos de reflexión que intenta-

rán problematizar, dentro del Estado democrático y social de derecho y de

justicia, el curso de las políticas de seguridad.

Palabras clave Política de seguridad, estrategias de control, diseño

ambiental, penas y cárceles.

María lucrecia Hernández es abogada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y magister en Sistema Penal y Problemas Sociales y en De-recho Penal y Procesal Penal, de la Universidad de Barcelona y de la Univer-sidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Actualmente es consultora del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores en el área de dere-chos humanos. investigadora en temas relacionados a la policía, el derecho penal y los derechos humanos y coordinadora de la Maestría en Seguridad Ciudadana y Sistema Penal con Perspectiva Crítica de la Universidad Na-cional Experimental de la Seguridad (UNES). Es docente en la Escuela de

Derechos Humanos, juan Vives Suriá de la Defensoría del Pueblo.

lucrevitar@gmail.com

121

Ideas para mirar la política de seguridad durante el Gobierno

del presidente Chávez

Un breve y arbitrario recorrido por los años ochenta y noventa

A partir de los ochenta, se empezó a registrar en las sociedades occiden-

tales una sensación de intolerancia hacia los niveles de criminalidad, que si

bien había aumentado no lo había hecho en relación con los delitos consi-

derados de mayor gravedad, sino con aquellos que hasta ese momento re-

sultaban tolerables o no eran considerados como un riesgo social: delitos

de bagatela, pequeños hurtos callejeros, tráfico de inmigrantes, violencia

contra la mujer, venta de drogas en las calles o en la escuela, entre otros.

Este cambio registrado se tradujo en incesantes demandas de control y

orden, que serán recogidas por los Estados pero también por otros agentes,

como la empresa privada. Los miedos y las inseguridades comenzaron a ir

en escalada, por lo que se necesitaron soluciones rápidas. Los medios de co-

municación, sobre todo los más sensacionalistas, reforzaron esta situación

y la sensación subjetiva de inseguridad empezó a manifestarse en todos los

ámbitos de la vida de las personas.

Como consecuencia de ello, se comienza a desplegar una gran canti-

dad de estrategias y políticas de manera desagregada y desarticulada que

intentaron atacar el problema del delito. Por un lado, se observa la puesta

en marcha de mecanismos que operaban fuera del ámbito penal (políticas

sociales como mecanismos de control) dirigidos a contener y disciplinar a

122 | Dossier

la población económicamente más desfavorecida y, por

otro lado, estrategias penales y legislativas dirigidas a la

represión de los que cometían delitos. Así, el Estado y sus

instituciones se volcaron al control de la violencia y la

criminalidad, interviniendo sobre distintos ámbitos de la

vida de los ciudadanos y ciudadanas.

En el caso de la empresa privada, se volcó a desarro-

llar con más fuerza actividades dentro del sector de la se-

guridad, por un lado mediante agentes de seguridad que

prestaban servicios de protección y, por el otro, a través

de tecnologías que facilitaban el resguardo de bienes y

vida de los ciudadanos y la reducción de las pérdidas en

el ámbito comercial. Así se empieza a mostrar como un

actor en ascenso y con opinión en la materia.

Pero para entender la política criminal, y en particu-

lar la implementada en nuestro país, hay que revisar los

cambios operados a nivel general que de alguna manera

van a repercutir en ella y moldearla. Así, desde fines de la

década de los setenta y principios de los ochenta se pro-

dujo en el ámbito internacional un momento de ruptura

en la economía de los países, pero también en la relación

sociedad-Estado, a partir de la cual se empieza a eviden-

ciar un quiebre del modelo de Estado fuerte y protector

de la ciudadanía. Es decir, el debilitamiento de uno de los

pilares básicos donde se asentaban las relaciones socia-

les, laborales y las políticas asistencialistas. La escasez de

recursos fue una característica que compartieron los paí-

ses latinoamericanos y también los europeos, y el proble-

ma de la reducción de la asistencia pública o social y la

contracción del Estado se planteará como consecuencia

de la aplicación de medidas neoliberales, dirigidas a for-

talecer el control del capital sobre los recursos del Estado.

A partir de aquí, surgirá con más fuerza un conjun-

to de macrotransformaciones como el crecimiento de las

comunicaciones, las técnicas de la información, los siste-

mas y redes de transporte, la expansión desbordante de

las corporaciones y el profundo cambio en las relaciones

laborales mediante la introducción del individualismo, el

debilitamiento de los sindicatos, los empleos temporarios

o a tiempo parcial, la crisis y la construcción de nuevas

identidades, la deslegitimación del sistema de justicia cri-

minal y, por supuesto, del Estado-nación. todo ello ha ido

generando, por un lado, el aumento de la brecha entre

las clases sociales y la resistencia a la idea de su acerca-

miento, al menos en algunos aspectos, y por el otro, el

nacimiento de una nueva escala para medir los éxitos,

los fracasos, la felicidad, el desasosiego y hasta el amor o

el orden social: la de la “seguridad”.

Dentro del marco de las transformaciones surgidas en

América Latina, y particularmente en Venezuela duran-

te este período, se puede comprobar la existencia de un

profundo deterioro y de crisis donde el gasto desbordaba

el ingreso. Una de las vías para enfrentarlo y continuar

con el Estado de bienestar fue la contratación de una cre-

ciente deuda externa y de fuertes y variados procesos de

privatización de los servicios y productos que estaban en

manos del Estado.

Pero este endeudamiento del Estado originó el efecto

contrario, ahondando aún más su crisis, ocasionando

un gasto social que subvencionaba a un específico sector

de la población en desmedro de casi la mayoría de ella,

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 123

unas duras políticas de ajuste y una burocratización de

las instituciones que se mostraban como terriblemen-

te ineficaces y de difícil corrección. Específicamente en

nuestro país predominó el denominado Consenso de

Washington.

Las políticas impulsadas por el Banco Mundial y el

Fondo Monetario internacional, y aplicadas por el pre-

sidente Carlos Andrés Pérez, se encontraron dirigidas a

ajustar los desequilibrios macroeconómicos existentes

para ese momento en Venezuela y se reflejarían en la re-

ducción del gasto público, con la consecuente reducción

del gasto social1.

Ello generó en 1989 un gran malestar social que des-

embocaría en los acontecimientos de protesta popular

conocido como el Caracazo. Sin embargo, a lo largo de

la década de los años 90, fundamentalmente, durante

la segunda presidencia de Rafael Caldera, entre 1994 y

1998, esta política se intensificó y se profundizó en com-

paración con lo que había sido la historia económica y

petrolera previa de nuestro país. Como señala Antillano,

el Caracazo supuso la emergencia, violenta y definitiva,

de un nuevo sujeto popular marcado por la pérdida de la

condición laboral, esencialmente desempleados o traba-

1 En Venezuela se pueden identificar tres grandes puntos de inflexión en los aspectos socioeconómicos: el Viernes Negro, 18 de febrero de 1983, día en el cual comenzaría una carrera devaluadora de la moneda; las negociaciones del Gobierno de jaime Lusinchi con el FMi, y el paquete macroeconómico del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Véase http://encon-trarte.aporrea.org/media/52/el%20problema.pdf.

jadores precarios, excluidos tanto del mundo del trabajo

y del consumo.

Vemos entonces que las transformaciones sufridas

en la lógica y las estructuras económicas y sociales del

Estado, con base en las orientaciones impuestas para

lograr la reducción del déficit público, muestran que las

principales manifestaciones de la austeridad fiscal se han

orientado a la reconversión del sector público de la eco-

nomía, acercando su contabilidad al sector privado, y so-

bre todo al recorte y limitación del Estado de bienestar,

asentado sobre el pacto social alcanzado entre el capital,

gobiernos y sindicatos en las décadas de luchas y nego-

ciaciones que siguió a la crisis de los años treinta.

Siguiendo a Ana María San juan, podemos decir que,

en los años ochenta, los índices delictivos más altos en

Venezuela se ubicaban en ciudades de alta concentra-

ción urbana y de la renta, y se diferenciaba una crimi-

nalidad de tipo social (no delincuencial, difusa, sin fines

lucrativos, presente en la mayoría de los delitos contra

las personas) de una criminalidad instrumental (con fi-

nes lucrativos, económicamente motivados, presente en

la mayoría de los delitos contra la propiedad) (San juan).

Así, la tasa delictiva empezará a emparentarse con el

sentimiento de inseguridad; aunque la “crisis de la segu-

ridad” fue una constante en la historia contemporánea,

ahora empezará a instalarse en todos los ámbitos de la

vida de las personas, y no tendrá intención de diferenciar

entre sectores sociales, profesiones u oficios.

Esta sensación de miedo, de peligro o de riesgo a ser

víctima de algunos de los “flagelos” que estaban afectan-

do a la sociedad (delito, desempleo, carencia de seguridad

124 | Dossier

social) fue influenciada por la precariedad del sistema

asistencial o social, la deslegitimación por la que esta-

ban atravesando los poderes del Estado y por medios de

comunicación que la incentivaban para elevar su rating,

pero fundamentalmente por la naciente empresa privada

que empezaba a desarrollarse en el área de la seguridad,

aprovechando esta situación para sacar el mayor rédito

posible a través de campañas de alarma social.

Los estados comenzaron a emparentar el discurso de

la “seguridad” a la cuestión de la criminalidad. Política

criminal ha sido casi sinónimo de política de seguridad

(Baratta, 1997, y Sozzo, 2000) y la “seguridad” en estos

términos ha recorrido al mundo globalizado, “globali-

zando” los diagnósticos, respuestas, estrategias y funda-

mentalmente la construcción de un discurso hegemoni-

zante (Daroqui, 2003).

Esta implementación de políticas neoliberales produ-

cirá el aumento de la exclusión social y de sectores que

empezarán a estar marginados de los beneficios del Es-

tado y la creación cada vez más fuerte de estereotipos y

clasificaciones sociales, que reunían las características

de los sectores populares. Nacen así categorías o clasifi-

caciones sociales y técnicas para identificar y distribuir a

los ofensores en la sociedad, pero también para prevenir

a la población contra ellos, dibujándose un claro mapa

delictual (Feleey y Simon, 1995 cit). Se puede comprobar

en este sentido grupos de personas que empiezan a iden-

tificarse con claridad: jóvenes, desempleados, malandros,

consumidores, inmigrantes –colombiche–, entre otras; y

zonas de las ciudades a convertirse en objeto de atención

y estudio (Hot spot).

En América Latina y Venezuela el discurso oficial en

la lucha contra el delito fue desarticulado y poco sistemá-

tico, con fuertes campañas dirigidas contra la delincuen-

cia, desatándose una especie de guerra su contra, donde

el Código Penal, las cárceles, los delincuentes y las calles

eran lugares comunes del discurso y la práctica.

Sin hacerse esperar, los primeros resultados llegaron

y se tradujeron en la desbordante e insostenible situación

por la que comenzaron a atravesar las cárceles y el sis-

tema de administración de justicia penal. Las primeras

se convirtieron en verdaderos depósitos humanos debido

al aumento de la población recluida, y una gran canti-

dad de causas judiciales entraron a engrosar los archivos

muertos de los tribunales a la espera de trámite. El Esta-

do se vio imposibilitado por sí solo de dar una solución a

este problema, por lo que empezó a compartir responsa-

bilidades con otros actores, especialmente con el sector

privado.

A partir de este período, el discurso de la inseguridad

se estableció en la población, diferenciándose las res-

puestas y acciones que se dirigían para enfrentarlo de

acuerdo al sector social al que se pertenecía. Las clases

populares tuvieron que convivir cara a cara con la mis-

ma, sin poder hacer mucho; mientras que los sectores de

más altos recursos económicos se encerraron, levanta-

ron murallas, instalaron sistemas de vigilancia para de-

tener el avance del delito y del sentimiento de inseguri-

dad, y se fueron traduciendo en recortes o limitaciones a

sus derechos, entre ellos a su intimidad.

Esta situación fue atravesando los gobiernos de Car-

los Andrés Pérez y Rafael Caldera y las respuestas desa-

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 125

rrolladas fueron similares; por un lado, se registraba una

burocratización, ineficiencia y deslegitimación del sis-

tema de justicia criminal (policía, tribunales y cárceles)

para afrontar el problema, y políticas represivas y viola-

torias de derechos humanos, así como, por el otro lado,

aumento de la violencia interpersonal e institucional y

de la criminalidad urbana2.

Solo a modo de ejemplo podemos ver en el gráfico 1 el

incremento de la tasa delictual en el homicidio, que com-

prueba la tendencia de mención.

Aunque abarque un período más amplio que el de re-

ferencia, Antillano señala cómo ha sido el incremento de

la presencia policial: entre 1990 y 2007 el número de

agentes creció en un 73%, mientras la cifra de cuerpos

policiales lo hizo en un 363%; el uso generalizado de tác-

ticas policiales agresivas, como las redadas, operativos y

alcabalas y el crecimiento de la población carcelaria en-

tre 1980 y 1995 llegó a triplicarse (Antillano, 2008).

2 Una somera revisión de las tendencias recientes en la cri-minalidad oficial registrada en Venezuela muestra, en general, un incremento destacado en los rubros de delitos violentos. De acuerdo con las estadísticas oficiales, entre 1990 y 2000, la tasa de homicidios pasó de 13 a 33 por cada cien mil habitantes (CMH). Entre 2000 y 2002 se incrementó otro 21%, pasando a 40/CMH. La tasa de lesiones disminuyó entre 1990 y 2000 de 152 a 105/CMH, aunque en 2002 se incrementó en un 20%. Los robos y robos de vehículos experimentaron en el decenio un incremento de la tasa, desde 132 hasta 145/CMH y desde 51 hasta 124/CMH, registrando, para 2002, incrementos adi-cionales de 11% y de 35%, respectivamente. Los hurtos regis-traron una disminución de la tasa, de 398 a 212/CMH para los simples, y de 151 a 108/CMH para los de vehículos, entre 1990 y 2000, con una disminución adicional del 3 % en ambas categorías para 2002 (Gabaldón, 2007).

El inicio de la Revolución Bolivariana

Entrado el siglo XXi, y con la asunción a la presidencia

del Comandante Hugo Chávez, se iniciaron cambios pro-

fundos en diversos aspectos de la vida social de los vene-

zolanos y venezolanas, y se empezaron a aplicar fuertes

medidas de corte social que iban en contra de todas las

políticas neoliberales y capitalistas que caracterizaron a

la década de los noventa.

Es indudable el viraje de la política implementada a

partir de este período y permitió iniciar un proceso de

creación, renovación y transformación de algunas ins-

tituciones responsables de la aplicación y realización de

los derechos humanos, profundizando la legitimidad de

Gráfico 1. Casos conocidos de homicidios por cada 100 mil habitantes 1989-2009

Fuente: Defensoría del Pueblo. Dirección de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, a partir de la información suministrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas, así como las proyecciones y estimaciones de población emanadas del INE con base en el censo 2001.

60

50

40

30.

20

10

0

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1991

1992

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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nú

mero

de de

litos p

or ca

da 10

0 mil h

abita

ntes

126 | Dossier

los poderes públicos bajo una concepción política social

e integral del Estado, destacándose grandes avances en

la inclusión de las mayorías excluidas durante más de

quinientos años y manteniendo incluidos a los sectores

privilegiados.

La entrada de la Constitución de la República Boliva-

riana de Venezuela de 1999 va a suponer, al menos en lo

teórico, un cambio radical en el discurso de la seguridad

que se venía manejando hasta ese momento, mediante la

introducción en su articulado del concepto de la “segu-

ridad ciudadana”, entendida en sentido amplio como la

protección de los derechos, libertades y garantías consti-

tucionales; superando el modelo de seguridad basado en

el orden público. Así,

toda persona tiene derecho a la protección por parte

del Estado a través de los órganos de seguridad ciudada-

na regulados por ley, frente a situaciones que constitu-

yan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad

física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus

derechos y el cumplimiento de sus deberes (artículo 55

de la Constitución).

A partir de allí, el Estado realizará grandes esfuerzos

humanos, económicos e institucionales; muestra de ello

fue la planificación y estructuración de las Misiones So-

ciales, que nacieron como órganos de ejecución de las

políticas públicas dirigidas a garantizar todos los derechos

humanos de la población: de manera prioritaria, la educa-

ción, salud integral, alimentación, trabajo digno, cultura,

recreación, vivienda, hábitat y participación política, en-

tre otros.

teniendo como “sur” un modelo democrático basa-

do en la justicia social, el Gobierno iniciará una senda

que intentará fijar límites a la política criminal y de se-

guridad de corte autoritario y se basará en los principios

de legalidad, igualdad, no discriminación, participación

y corresponsabilidad ciudadana, de dignidad humana y

de respeto a los derechos fundamentales. La seguridad

ciudadana –como seguridad integral de los derechos– re-

presentará una guía en el diseño y ejecución de políticas

públicas en la que se procurará fragmentar la propuesta

autoritaria de control heredada, asumiendo el reto de

garantizar la seguridad de los derechos fundamentales

de todos los ciudadanos y ciudadanas y no solamente el

derecho a la seguridad de una parte de ellos.

Ahora bien, si analizamos la política pública iniciada

en los 2000, nos damos cuenta rápidamente de los indu-

dables cambios sociales ocurridos, como la masiva parti-

cipación política y el empoderamiento del pueblo frente

a los cambios que se estaban sucediendo. Pero si nos pre-

guntamos qué ha pasado en el campo de la prevención

y control del delito y lo analizamos a la luz de nuestra

Constitución, las respuestas no fueron tan claras ni tan

contundentes, como tampoco denotan a primera vista y

desde el inicio del Gobierno una revolución en esa área o

la implementación de políticas progresistas o de izquier-

das articuladas, como ha ocurrido de manera evidente

en otros ámbitos de la vida de los venezolanos.

Solo a modo de ejemplo, podemos señalar algunos de

planes de seguridad implementados durante estos últi-

mos años, ya que no se posee información de todos los

que se desarrollaron:

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 127

» En 2002 se diseña el Plan integral Municipal de Se-

guridad Ciudadana, el cual implicaba acciones de

coordinación entre los cuerpos de seguridad nacio-

nales, estadales y municipales, la comunidad y las

autoridades municipales y regionales, para brindar

un efectivo servicio a la comunidad mediante la pre-

vención, investigación y control de la violencia y la

criminalidad; implementándose solo en algunos mu-

nicipios del país.

» En 2003 se ejecuta el Plan Estratégico Nacional de

intervención institucional para la Prevención de la

Violencia y la Criminalidad 2001-2003, cuyo obje-

tivo general consistía en crear una institucionalidad

para la ejecución de una política dirigida a la preven-

ción de la violencia y la consolidación de la conviven-

cia en las comunidades. Luego de ello, se presenta el

Plan Nacional integral de Seguridad Ciudadana don-

de se establecen líneas de acción fundamentadas en

estrategias preventivas.

» En 2004 se crea un Plan Piloto de Seguridad Ciuda-

dana, en el Distrito Metropolitano de Caracas, el cual

tuvo una duración de dos años y consistía en colocar

un “punto de control” integrado por funcionarios de

la Guardia Nacional, de jueves a domingo, en zonas

previamente seleccionadas con el acuerdo de la co-

munidad.

» Posteriormente, se pone en marcha el Plan Nacional

integral de Prevención del Delito 2008-2013, que

ahondaba en su prevención y su control multiagen-

cial, haciendo énfasis en la participación comunita-

ria, en la formulación, ejecución y control de las polí-

ticas públicas en seguridad.

» En 2008, se desarrolla el Plan Caracas Segura en el

Área Metropolitana de Caracas y se activa un dispo-

sitivo de seguridad integrado por funcionarios de la

Policía de Caracas, Miranda, Policía Metropolitana

de Caracas, Policía del Municipio Sucre, la policía de

investigación, el instituto de tránsito terrestre y la

Guardia Nacional.

» En el 2009 se rediseña el Plan de Seguridad Ciudada-

na y se redefinen los ejes que abordará el Plan Nacio-

nal de Prevención y Seguridad Ciudadana.

» Los planes de la Nación hacen una vaga mención

al tema de la seguridad ciudadana, tanto el Plan de

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-

2007, como el Plan de Desarrollo Económico y Social

de la Nación 2007-2013.

» Recién en 2012 se anuncia la creación de la Gran

Misión A toda Vida Venezuela, y por primera vez du-

rante este Gobierno podemos decir que se intentará

implementar un plan integral de prevención y san-

ción del delito.

A simple vista resalta la sucesión de planes y propues-

tas en esta materia, que introducen conceptos de moda,

sobre todo en Europa y Estados Unidos, tales como la

prevención o la participación ciudadana en el control del

delito, pero no lograrán disminuir ni las cifras delictivas

128 | Dossier

ni el sentimiento de inseguridad ciudadana. Al mismo

tiempo dan cuenta de una desesperada necesidad y una

clara intención del Gobierno de actuar, en algunas áreas

mediante políticas que implicaron un “hacer” y en otras

un “no hacer”, como más adelante veremos.

Los gráficos 2 y 3 señalan el incremento de los índices

delictivos, a la par del aumento del sentimiento de inse-

guridad ciudadana.

En las páginas posteriores intentaremos señalar, de

manera muy general, algunas características que mol-

dearon la política pública en materia de seguridad du-

rante el Gobierno del presidente Chávez, centrándose

geográficamente en la ciudad de Caracas, y acercar algu-

nas reflexiones que nos inviten a problematizar y evaluar

lo realizado.

En primer lugar, observamos la puesta en práctica de

medidas de control del delito que adoptaron el discurso de

la prevención más que de la represión y donde la función

policial, desarrollada tanto desde lo púbico como desde lo

privado, jugó un papel fundamental en este ámbito.

En segundo lugar, se empiezan a instalar nuevos con-

ceptos y emergen nuevos actores que se incorporarán en

el ámbito del control penal y empezarán a tomar parte en

la responsabilidad de la gestión de las políticas de seguri-

dad. Si bien este control multiagencial incorporó la parti-

cipación de la ciudadanía en el planeamiento y puesta

en práctica de mecanismos para brindar soluciones a los

problemas del crimen y de las inconvivencias ciudada-

nas, la misma ha sido muy tímida y poco sistemática.

En tercer lugar, se comienza a producir una reconcep-

tualización de las funciones de control mediante la incor-

poración de nuevas formas de vigilancia nacidas al amparo

de las tecnologías, que se manifiestan a través de formas

más económicas de custodia y control. La implementa-

ción de estas tecnologías van a sustituir las antiguas téc-

nicas de control para lograr, dentro de la nueva lógica de

Gráfico 2. Percepción sobre el principal problema del país

Fuente: Consultores 21.

ene-05 may-05 jul-05 sep-05 feb-06 abr-06 jul-06 sep-06 nov-06 mar-07 jun-07 sep-07 nov-07 mar-08 jul-08 sep-08 oct-08

60

50

40

30

20

10

0

Corrupción Economía Inseguridad Desempleo Sistema político Otros

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 129

gestión del riesgo, lo que sería una perfecta combinación

entre calidad, eficiencia y costos.

En cuarto lugar el diseño arquitectónico empezó a ju-

gar un rol preponderante en el control del delito; así se

organiza el diseño cuidadoso y calculado de los espacios

señalados como propensos al delito y la intensificación de

las diferentes formas de vigilancia con base en la noción

de “espacios defendibles” (Newman, 1972) para lograr

que las acciones delictivas sean más difíciles y riesgosas,

y que los espacios y objetos resulten menos atractivos

para el crimen y el desorden.

En quinto lugar, se va a dar una apelación al sistema

penal para crear nuevos tipos penales y endurecer algu-

nos delitos existentes3, como también la exclusión de

beneficios procesales y penitenciarios para los acusados,

campañas contra la penalización de algunos delitos y la

construcción de más cárceles como consecuencia de los

anteriores procedimientos; políticas que evidencian sig-

nos de un control social formal, duro y rígido.

3 tal es el caso de las reformas ocurridas en el año 2000 y 2005.

Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES).

Gráfico 3. Tasa homicidios. Venezuela y Caracas

13 13 16 21 22 21 22 19 20 25 33 32 38 44 37 37 45 48 52 49 44 46 68 91 96 88 83 64 63 94 113 92 118 119 90 88 107 130 127 122

140

120

100

80

60

40

20

0

VenezuelaCaracas

130 | Dossier

Sin embargo, la introducción de todas estas medidas

penales y extrapenales dirigidas a la disminución de los

índices delictivos, unido a la falta de una política integral

de seguridad ciudadana, como más adelante veremos,

no producirán la reducción de los índices delictivos ni

la sensación de inseguridad ciudadana sino que, por el

contrario, se verificará un aumento desbordado de las

actividades en los centros penitenciarios, un cúmulo de

procesos judiciales sin resolver, incremento de denuncias

en sede policial, un creciente número de muertes por en-

frentamientos policiales y una sobrecarga del gasto fiscal

destinado a estas tareas.

La función policial en el control del delito

Desde hace algunos años, se ha instalado como tema de

debate en la agenda pública y académica el crecimiento

desbordante de la seguridad privada, es decir, de agentes

que prestan un servicio de vigilancia o control a cambio

de una ganancia. igualmente, se ha planteado la nece-

sidad de su regulación y del establecimiento de reglas

claras de actuación, debido a que esta actividad se esta-

ba constituyendo en una fuente segura de trabajo para

personas desempleadas y, en consecuencia, el número de

empleados (sin capacitación adecuada) empezaba a du-

plicar a la fuerza pública de seguridad4.

Este “fenómeno” no es nuevo, sino todo lo contrario,

4 Si bien no hay una data oficial del número de agentes pri-vado de seguridad, la Cámara Nacional de Seguridad Privada (Canavipro) manifiesta que el sector genera 200.000 empleos directos y casi un millón de empleos indirectos.

tiene una larga historia detrás, ya que desde los orígenes

de las funciones de policía se puede comprobar la exis-

tencia de cuerpos privados que han ofrecido esta clase de

servicios de seguridad y de protección a la ciudadanía.

En este sentido, las actividades de estos cuerpos privados

de policía a menudo han sido determinadas por particu-

lares intereses del sector privado, pero orientadas hacia

el interés público (taylor, 1999; South, 1988).

El desarrollo de este mercado de manera creciente

en nuestro país, si bien no ha invadido el accionar de las

fuerzas públicas de seguridad ni ha quebrantado su mo-

nopolio en el uso legítimo de la fuerza, ha dado lugar al

inicio de un cambio en el estilo y las técnicas del control

del delito, pasando de ser ocultas y rígidas a visibles, flexi-

bles y sectoriales o sectarias; igualmente a responder a

una lógica preventiva de anticipación a las posibles ac-

ciones delictuales, de reducción de los potenciales ries-

gos, de recuperación de los objetos que han sido blanco

del delito. En el caso de la policía pública, sus metas (al

menos en la teoría) se encuentran dirigidas a la lucha

contra el crimen; también incluirán la defensa y custodia

de los espacios y el manejo de los potenciales ofensores.

En el caso de los agentes privados, estos son los objetivos

para los cuales han sido contratados.

En esta lógica, el Estado no ha perdido poder san-

cionador, solo que ha concentrado sus funciones en de-

terminadas actividades, en determinados sectores y en

determinados actores. Siguiendo a Felson y Clarke, po-

demos decir que la función policial empieza a abandonar

la búsqueda de las causas del crimen en favor de políticas

que mitiguen sus daños (Felson y Clarke 1997), es decir,

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 131

el centro de atención empezó a concentrarse ahora en

las consecuencias de la delincuencia, para intentar pre-

venir o mitigar los daños que ocasionara el delito (Reiss

1995; Ericson 1995).

Este incremento de la seguridad privada de seguridad

y el desarrollo de sus estrategias en el campo de la gestión

del delito, a consecuencia directa de las demandas ciuda-

danas y de la deslegitimidad del accionar de los cuerpos

de policía, debido a las constantes violaciones a los dere-

chos humanos que acarreaba su accionar5, ha llevado a

establecer, con poco éxito, regulaciones en sus lógicas de

funcionamiento6, así como también la aplicación de con-

troles en la normativa laboral aplicada. En realidad estos

controles no surtieron los efectos deseados y el Estado, a

la fecha, no cuenta con una data confiable del número de

empresas ni agentes de seguridad privada.

Durante el período de análisis, el desarrollo de las es-

trategias de prevención del delito se ha mantenido como

una constante de su funcionamiento. En la policía públi-

5 Se empezaron a cuestionar políticas que sostenían el discur-so de “plomo al hampa” y “madrugonazo al Hampa”, es decir, de aniquilamiento de todo delincuente que sea sorprendido en la comisión de algún delito, que luego era disfrazado de enfren-tamientos policiales y resistencias a la autoridad.

6 Un ejemplo de regulación a la seguridad privada fue la crea-ción en 2012 de la Corporación de Servicios de Vigilancia y Se-guridad, la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para Relaciones interiores y justicia. Esta tendrá como función el monitoreo del comportamiento del delito y la definición de acciones que se tomarán para asegurar la seguridad de los ciu-dadanos, así como avanzar en contra de la delincuencia y pre-servar la vida de los venezolanos, y también garantizar los bie-nes que sean puestos en resguardo a esta empresa del Estado.

ca, en cambio, las tareas o funciones de prevención del

delito se han combinado con acciones de control duro y

rígido, como fueron las políticas desarrolladas de “plomo

al hampa” o el “madrugonazo al hampa”. igualmente,

en la primera no se operarán cambios sustantivos; solo el

mejoramiento en las técnicas y tácticas aplicadas para la

gestión de los riesgos y la seguridad, así como en la tecni-

ficación de su equipamiento. inclusive podemos señalar

que la normativa que rige el funcionamiento de las em-

presas de seguridad data de 1975, aunque se han pre-

sentado varios proyectos de ley para modificarlo, que a la

fecha no han sido discutidos por la Asamblea Nacional.

Parecería en todo caso, que en este ámbito de la seguri-

dad, el Estado ha optado como forma de hacer política un

“no hacer” o un “dejar hacer”.

En el campo de la policía pública, operará un proce-

so de reorganización y reorientación de la política y de

sus estructuras. Estos cambios en las funciones que de-

sarrolla la fuerza pública empiezan a verificarse con la

creación en 2006 de la Comisión para la Reforma Poli-

cial; la posterior disolución de un cuerpo de policía tan

cuestionado como fue la Policía Metropolitana y el na-

cimiento de la Policía Nacional Bolivariana, de la Policía

Comunal7 y de la Universidad Nacional Experimental de

7 La actual Ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana contempla el Servicio de Po-licía Comunal como parte de las actividades a desarrollar por la Policía Nacional Bolivariana y las policías estadales y mu-nicipales. Así, se define el Servicio de Policía Comunal como un servicio permanente de carácter profesional, predomi-nantemente preventivo, de proximidad, comprometido con el respeto de los valores, la identidad y la cultura propia de cada

132 | Dossier

la Seguridad bajo el nuevo modelo policial. Quedará sen-

tado de manera expresa con la sanción de la Ley de Poli-

cía Nacional y del Servicio de Policía de 2008 y la Ley del

Estatuto de la Función Policial de 2009, cuando se seña-

la que el servicio de policía es predominantemente pre-

ventivo, interviniendo sobre los factores que favorecen

o promueven el fenómeno delictivo. Asimismo, cuando

expresa que corresponde a las autoridades en materia de

seguridad ciudadana promover la prevención y el con-

trol del delito. igualmente es importante mencionar la

creación del Consejo General de Policía, encargado de di-

señar las políticas públicas en materia policial necesarias

para implementar la reforma policial y la Ley orgánica

del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

La necesidad de la orientación hacia una policía más

preventiva que represiva, que si bien es una lógica del

sector privado de la seguridad, se insertará en el discur-

so de la policía pública. La prevención del delito pone en

práctica técnicas o estrategias que se dirigen al manejo o

gestión de los objetivos de riesgo (los blancos del delito), a

la modificación del ambiente propenso para el crimen, a

la distribución de los grupos de peligro o los ofensores; es

decir, una orientación común de las funciones de seguri-

dad empezaron a compartir el sector público y el privado.

La atención se ha desplazado del castigo a la prevención,

comunidad, caracterizado por su proximidad, es decir, porque presta servicio en un sector o comunidad determinada, en un territorio circunscrito; y por trabajar junto con la comunidad y sus organizaciones sociales, manteniendo comunicación e in-teracción permanente con todos los habitantes y por dirigir su acción tanto a los problemas de inseguridad como a los factores y causas que los provocan.

donde el control y la vigilancia se realiza a través de un

sistema de anticipar virtualidades, abandonándose de

esta forma métodos de marcación personal en favor de

una marcación grupal o sectorial.

Para finalizar, podemos decir que el discurso de la

prevención del delito desarrollado por la policía pública

intenta erigirse a través de conceptos más democráticos

que aquellos que postulaba la doctrina más autoritaria,

aunque todavía no han calado de forma profunda ni en

la conciencia ni en el accionar de los cuerpos de policía,

como tampoco en muchos actores estatales, sobre todo

en aquellos que no han apostado por el nuevo modelo po-

licial y en los cuales sus acciones y sus discursos siguen

desarrollando objetivos eminentemente represivos en el

control del delito. En este sentido, resulta por lo tanto di-

fícil afirmar la existencia de un modelo de prevención del

delito uniforme y definido8 en los cuerpos de policía del

Estado. No podemos decir lo mismo de la policía privada,

donde el discurso de la prevención tiene objetivos claros

que se ligan directamente a su razón de ser y son comu-

nes en todos los actores del sector.

8 junto a reformas democráticas, pensadas, consultadas y le-gitimadas por amplios sectores de la población, tenemos otras medidas que responden a esquemas más duros de control. tal es el caso del Dispositivo Bicentenario de Seguridad -Dibise- que puede entenderse como una vuelta atrás en cuanto a políticas públicas de seguridad de corte más progresistas en esta mate-ria; prácticas netamente policiales contra los sectores popu-lares, que poco efecto tienen en la disminución del delito. La policía persigue al joven, hombre, que vive en los sectores más pobres de la ciudad.

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 133

La participación colectiva en el control del delito

En torno al Gobierno, el viraje en el discurso del delito

que se desarrolla con la prevención, la apelación a los

derechos humanos y la revisión de las funciones que des-

empeñan los órganos y agentes de seguridad, va a incor-

porar también el tema del control colectivo, participativo

y multiagencial del delito.

Las acciones impulsadas desde el Estado para facilitar el

ingreso de este nuevo actor no fueron muchas. Los planes

de seguridad ciudadana señalados anteriormente hacían

mención al tema de la participación ciudadana, como refe-

rencia obligada en su diseño. Así, iniciativas como las Casas

de Ciudadanía y Brigadas de Seguridad Vecinal, programas

como el Participando en el Barrio y Mejoró mi Calidad de

Vida, entre muchas otras, son originadas desde el Estado

para lograr la participación ciudadana, pero fundamental-

mente se dirigieron a facilitar garantías para la denuncia de

delitos por parte de la comunidad, sin lograr los resultados

esperados o su sostenibilidad en el tiempo. igualmente, des-

de el ámbito comunal, se pueden encontrar algunas inicia-

tivas como las de la comunidades de Catuche, La Pastora o

El Guinche de la ciudad de Caracas, entre otras encamina-

das a lograr acuerdos de paz en la comunidad.

Desde el punto de vista legislativo, en 2001 se pro-

mulga la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana

que recoge el tema de la participación ciudadana:

Los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual o

colectiva, de manera organizada, podrán participar ac-

tivamente para la elaboración de los planes de seguri-

dad ciudadana, planteando sugerencias, observaciones

y comentarios sobre dichos planes. Asimismo podrán

denunciar (…) las deficiencias y actividades irregulares

percibidas en la ejecución de los planes de seguridad

ciudadana por cualesquiera de los funcionarios de los

cuerpos mencionados en el presente Decreto Ley.

Ahora bien, allí no se establecen de manera específica

los mecanismos o canales por los cuales debe desenvol-

verse esa participación.

Recién en 2008, se dicta la Ley orgánica del Servicio

de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y se establece

la participación ciudadana como uno de los principios

generales del servicio de policía, así como también se ge-

neran instancias y mecanismos de control externo para

la gestión policial. Se asienta con claridad las tareas que

le corresponden a la comunidad, la cual, a través de los

consejos comunales o de cualquier otra forma de parti-

cipación popular, podrá ejercer las funciones de contra-

loría social sobre el servicio de policía y solicitar infor-

mes respecto al desempeño operativo de dichos cuerpos.

igualmente, contribuir en el diseño, proposición, ejecu-

ción y evaluación de planes y proyectos que contribuyan

a diagnosticar, potenciar, mejorar, auditar y contribuir

al mejor desempeño policial, como también el asesora-

miento y a los comités ciudadanos de control policial9.

No ha ocurrido lo mismo en otras áreas de la vida de

9 Estos comités son instancias conformadas por cinco per-sonas del territorio donde opera cada cuerpo policial, y tienen como responsabilidad fundamental hacer seguimiento del des-empeño policial en cuanto a la gestión administrativa, funcio-nal y operativa, dentro de los estándares que rigen el servicio de policía.

134 | Dossier

los venezolanos, donde la participación ciudadana jugó

y sigue jugando un rol fundamental en las diseño, eje-

cución y control de las políticas públicas, como son los

casos de la salud, educación y alimentación, entre otros.

igualmente, en este ámbito la legislación ha sido más de-

sarrollada e inclusiva que en el área de la seguridad.

Los consejos comunales nacen como una instancia

de organización y participación de las comunidades y

una vía para la resolución de sus conflictos10. La Ley de

los Consejos Comunales de 2009 establece que su estruc-

tura deberá albergar un comité de seguridad y defensa

integral para desarrollar varias acciones, entre las que se

encuentran la intervención en conflictos vecinales, ac-

ciones de prevención de la delincuencia y promoción de

la convivencia. Es difícil determinar cuántos se dedican

realmente a una acción efectiva de prevención de los de-

litos y de los conflictos, ya que no se dispone de una data

sobre ello.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización

y Percepción de Seguridad Ciudadana, elaborada por el

instituto Nacional de Estadística (iNE) en 2009, la per-

cepción sobre las labores de prevención del delito que rea-

lizan los Consejos Comunales son evaluadas de manera

muy negativa: 52,78% de los consultados y consultadas

la consideran entre mala y muy mala, y solo 1,73% la

10 De acuerdo a las cifras ofrecidas por el Ministerio del Po-der Popular para las Comunas en 2012, el número de consejos comunales que existe en el país se sitúa en 43.000. De estos, 45,6%, es decir 19.621, poseen Comités de Seguridad y Defen-sa integral.

considera muy buena; ello da cuenta que todavía preva-

lece más la prevención como discurso que como práctica.

Sin embargo, el nacimiento de lazos de solidaridad y de

estrategias de organización y participación ha permitido

un paulatino acercamiento de los vecinos a la policía, lo

que implicará una medida preventiva y no represiva de

tratar la problemática de la seguridad ciudadana; permi-

te, como señala Font, un flujo de información más con-

fiable y directo que los sistemas de “informantes” (Font,

1999), lo cual se ha convertido en una práctica habitual

de la policía.

Ahora bien, la participación de la comunidad en la

gestión del delito resulta fundamental dentro de una

concepción de Estado democrático y social de derecho y

de justicia, en tanto que se conciba como un intento de

reducción del papel hegemónico de las fuerzas policiales

en la realización del poder coercitivo del Estado, o como

una vía alterna para solucionar el problema de la inse-

guridad que no apele al endurecimiento de las penas o

la ampliación de sus funciones represivas. igualmente

no debe ser entendida por la policía, que generalmente

se relaciona de manera más directa con la comunidad

en esta materia, como un mecanismo por medio del cual

los habitantes le proporcionen información para facilitar

sus labores; es decir, que la participación no se convierta

en una suerte de vigilantismo.

En conclusión, podemos decir que, si bien existen al-

gunas experiencias en nuestro país donde la seguridad

comienza a ser ejercida de una manera comunitaria,

abordando los problemas internos de su comunidad,

estas son incipientes, aisladas y desarticuladas, y gene-

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 135

ralmente se desarrollan en comunidades donde existen

algunos niveles de organización en un ámbito más ge-

neral. Sin embargo, son de gran importancia ya que van

ganando espacios no solo en la lucha contra el delito sino

también en la disminución del sentimiento de inseguri-

dad, más que en la reducción real de los niveles de vio-

lencia.

Los mecanismos electrónicos en el control del delito

En el marco de las transformaciones sufridas en los me-

canismos de control del delito, operado desde los años

ochenta, uno de los indicadores más sorprendentes es

la puesta en acción de mecanismos de control penal no

estatal, que persiguen un fin de lucro en la protección de

los ciudadanos. Se puede comprobar este fenómeno en el

desbordante crecimiento de los mecanismos electrónicos

para la vigilancia; empresas privadas que ofrecen desde

el enrejado de las casas, puertas blindadas, alarmas y cá-

maras de videofilmación hasta un personal de seguridad

que nos protege de todo y contra todo en cualquier tiem-

po y lugar11.

11 En Venezuela la industria de la seguridad privada se muestra como un negocio muy prometedor. Según datos de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (no se en-contraron datos oficiales), el negocio de la seguridad privada creció 70% en la última década y hay aproximadamente 300 compañías dedicadas a la protección y vigilancia, que generan 300.000 empleos. Solo en el sector de la distribución de equi-pos de seguridad electrónica, en 2010 había 100 empresas que facturaban cerca de US$250 millones anuales.

Las técnicas de que se sirven las nacientes formas de

vigilancia nacidas con el amparo de las tecnologías se

manifiestan a través de formas más económicas de cus-

todia y control. La implementación de nuevas tecnolo-

gías sustituye las antiguas técnicas para lograr, dentro de

esta lógica de gestión del riesgo, lo que sería una perfecta

combinación entre calidad, eficiencia y costos. Es decir,

asistimos a una manera económica de manejar el funcio-

namiento del sistema de control y sus agregados12.

Se podría decir que los mecanismos electrónicos fa-

cilitan la capacidad de vigilancia como una estrategia

de la prevención delictual y suponen un alto grado de

profesionalismo, más aún que los tradicionales guardias;

ayudan a reducir los costos de las tareas de seguridad en

las empresas y en el sector público y son más eficientes

(South, 1988). Un ejemplo podemos verlo en el trabajo

de nuestros cuerpos de policía que se sirven de tecnolo-

12 Se podría decir que los mecanismos electrónicos facilitan la capacidad de vigilancia como una estrategia de la preven-ción delictual y suponen un alto grado de profesionalismo, más aún que los tradicionales guardias; ayudan a reducir los costos de las tareas de seguridad en las empresas y en el sector público y son más eficiente (South, 1988). Ejemplo de esto lo podemos ver en el trabajo de nuestros cuerpos de policías que se sirven de tecnologías electrónicas en sus actividades, las cuales pue-den desplegarse en espacios muy reducidos como las patrullas policiales, como pequeñas impresoras y ordenadores describen los mapas de la ciudad, máquinas especiales de fotografía, mo-nitores televisivos, maquinas capta huellas, aparatos de video-grabación, tanto para vigilar a las personas como para grabar los accidentes de tránsito. igualmente podemos incluir las alar-mas, detectores, paneles de control, cámaras de seguridad y vi-gilancia, CCtV, audio-vigilancia, sensores para los artículos en los establecimientos comerciales, etc.

136 | Dossier

gías electrónicas en sus actividades, las cuales pueden

desplegarse en espacios muy reducidos como las patru-

llas policiales, que con pequeñas impresoras y computa-

doras pueden describir los mapas de la ciudad; máquinas

especiales de fotografía, monitores televisivos, maquinas

captahuellas y aparatos de videograbación, tanto para

vigilar a las personas como para grabar los accidentes de

tránsito. igualmente podemos incluir las alarmas, detec-

tores, paneles de control, cámaras de seguridad y vigi-

lancia, CCtV, audiovigilancia, sensores para proteger los

artículos en los establecimientos comerciales, etcétera.

Como vemos, la empresa se incorpora de frente en el

juego de la gestión del delito, y este es analizado de ma-

nera estadística y de cálculo; así, por ejemplo, el robo en

una casa es analizado y estudiado como una situación,

teniendo en cuenta que es cometido o ejecutado en unos

horarios y sobre objetos determinados; asimismo, el in-

mueble presenta características determinadas, es decir,

una estructura específica, y se encuentra ubicado en una

urbanización que denota un estrato social particular;

igualmente es cometido por una persona con caracterís-

ticas socioeconómicas determinadas (Newman, 1997).

En función de este análisis, se diseña un tipo de seguridad

para cada persona, grupo o espacio.

Este enfoque ha sido creado para manejar ciertos ti-

pos de conflictos dentro de las comunidades y suminis-

trar mecanismos de control social en su seno. En este

sentido, se puede observar que los ámbitos en que este

tipo de control se expresa son muy amplios. Por un lado,

tenemos áreas en las que la vigilancia se desarrolla y

condiciona al individuo, sin posibilidad por su parte de

aceptarla o no. Citando a Foucault, Lyon pone como

ejemplo el trabajo capitalista y asevera que este es un

ejemplo del surgimiento del tipo de sociedad disciplina-

ria, donde los empleados son sometidos a una vigilancia

constante tanto para asegurar cierta producción diaria

como para evitar pérdidas (distribución espacial y em-

pleo de su tiempo). Asimismo, entre ellos existe una vigi-

lancia y control continuos y es ese sentimiento de control

el que asegura la autodisciplina (Lyon, 1994).

Por otro lado, existen otras esferas como centros co-

merciales, bancos, escuelas y el propio hogar, en donde

las personas consienten voluntariamente en ser contro-

ladas, registradas y, en ocasiones, radiografiadas, cuan-

do no se convierten ellas mismas en vigilantes de otros

ciudadanos. Aquí las pesonas son las portadoras de su

propio control (Shearing y Stenning, 1994). Estos me-

canismos se están convirtiendo en un medio de control

social (Lyon, 1994), en el cual los individuos están so-

metidos a vigilancia, participan y actúan dentro de ella,

configurándose como una forma de organización social.

En nuestro país en los últimos años han proliferado

los centros comerciales como espacios de recreación, en

razón de considerarse como más seguros que los espa-

cios abiertos y públicos ya que disponen de mecanismos

de vigilancia y protección. igualmente, gran cantidad

de ciudadanos que habitan en urbanizaciones acuden al

mercado para que les brinde protección y este, mediante

cálculos estadísticos de costos y beneficios, diseña a me-

dida el tipo de seguridad. En este sentido, podemos obser-

var que una característica ha sido el levantamiento de

barreras para el ingreso a muchas urbanizaciones me-

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 137

diante la instalación de casetas de vigilancia, que limitan

y hasta prohíben el acceso a algunos ciudadanos, y la

contratación de circuitos cerrados de televisión. Muchas

viviendas se rodean de cercas electrificadas y alarmas co-

nectadas a sistemas centrales de vigilancia.

Autores como Shearing y Stenning observaron la

emergencia de este modelo basado en el nacimiento de

espacios especiales cuyo manejo se dirige al gobierno de

los riesgos para lograr la máxima ganancia y la segu-

ridad del capital: lugares donde emerge y domina una

única voluntad, la privada, o un poder único, la corpo-

ración; es decir, nacen los mass private property, con base

en uno de los ejemplos paradigmáticos de Disney World

(Shearing y Stenning 1996).

No existen o, al menos, no se conocen políticas pú-

blicas que se hayan dirigido a problematizar esta situa-

ción y, menos aún, le hayan puesto un freno. Si bien se

verifica durante este Gobierno una fuerte regulación en

términos generales al sector privado, la misma no se ha

centrado sobre el acceso diferenciado a la seguridad, sino

solamente y de manera muy tímida sobre su regulación

legal, mecanismos de registro o aspectos laborales. Esto

nos lleva a pensar, como señalara el profesor Zaffaroni,

en una discusión más general que se viene dando en re-

lación con quien toma las decisiones en materia de po-

líticas de seguridad: si las grandes corporaciones o los

políticos.

Con ello, no queremos acercar una visión negativa de

estos nuevos mecanismos, ya que el diseño de algunos de

ellos ha permitido desarrollar alternativas más eficientes

en el control del delito y de manejo de la sensación de

inseguridad. igualmente, en algunos países y gracias a

los avances de la tecnología, el tiempo en que una perso-

na permanezca privada de libertad podrá depender de la

dotación de una pulsera electrónica, o las personas apre-

hendidas podrán reducir considerablemente el tiempo de

su detención gracias a los sistemas electrónicos de iden-

tificación de que disponen algunas patrullas. Asimismo,

los sistemas instalados en los establecimientos comer-

ciales para prevenir robos han suplantado la incómoda

práctica de la inspección de los objetos personales (bol-

sos, carteras) a la salida.

Creemos, en todo caso, necesario reflexionar si en un

Estado social, democrático, de derecho y de justicia como

el venezolano, que postula el acceso a los bienes y servi-

cios de manera igualitaria, donde todos y todas debemos

tener garantías de los derechos sin discriminación, este

tipo de estrategia deba desenvolverse de manera neutral,

deba quedar exento del debate general que se da en el país

sobre el tema de la igualdad, la justicia social y el acceso

a los bienes, y deba pasar por alto la creación de barreras

que dividen poblaciones y sectores dentro de una misma

ciudad. En todo caso, creemos que es necesario detener-

nos a pensar e investigar en este campo.

El diseño como estrategia del control del delito

Una de las estrategias que predominó fue la prevención

situacional ambiental, que orienta su atención a la mo-

dificación de los espacios, su preparación y diseño con-

tra los posibles ofensores, es decir, contra el crimen. En

este sentido, podemos ver cómo en algunas ciudades

138 | Dossier

europeas –Barcelona, Londres, Rotterdam– o en muchas

otras de América, como por ejemplo Los Ángeles, Nueva

York, México, Bogotá, Buenos Aires, Sao Paulo y Cara-

cas, las nuevas políticas de seguridad incorporaron toda

una gama de tecnologías y apelaron a la arquitectura y

la geografía para su renovación urbana y la revaloriza-

ción de los espacios de uso colectivo.

En nuestro país, podemos observar varios proyectos de

envergadura que implicaron una intervención del espacio

en la ciudad de Caracas, fundamentalmente en los muni-

cipios Libertador y Sucre, los cuales concentran la mayor

parte de la población y albergan los índices delictivos más

altos del país, desarrollados en zonas consideradas “peli-

grosas”. Estos proyectos se implementan con el acuerdo de

los vecinos, quienes acercaron sus ideas e iniciativas.

Podemos observar esta característica que menciona-

mos en cuadro 1, el cual da cuenta de la evolución del

delito de homicidio en los municipios de Caracas.

En este sentido, un programa de intervención ejecu-

tado por el Gobierno nacional, a través de la empresa PD-

VSA, como fue la rehabilitación del bulevar de Sabana

Grande, que otrora fue considerado una zona de gran im-

portancia turística, comercial y recreacional. Antes de su

intervención, este espacio estaba completamente ocupa-

do por la economía informal13 y también era catalogado

como riesgoso debido a actividades ligadas al consumo y

distribución de drogas y peleas en locales nocturnos; allí

las familias y los transeúntes habían sido desplazados e

invisibilizados. A partir de la puesta en marcha del pro-

yecto y a través de la incorporación de espacios lúdicos

13 Durante todo el proceso de rehabilitación, se potenciaron las organizaciones sociales, promoviendo hasta la presente fe-cha una conformación de 13 consejos comunales que partici-pan activamente en la contraloría social, para lo cual se forta-leció la capacitación técnica, social y patrimonial. Véase http://www.vivesabanagrande.com/index.php/inicio/alv.

Cuadro 1. Tasa de homicidios por municipios de Caracas

(Tasa por cien mil habitantes 1997/2009)

  1997 1998 1999 2000 2001ª 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mun. Libertador 53 48 70 83 68 91 97 55 56 57 76 73 71

Municipio Sucre 32 40 61 70 101 91 77 69 72 84 84 80

Municipio Chacao 13 14 22 15 16 36 32 22 14 28 21 24 29

Municipio Baruta 9 15 12 5 13 20 22 16 18 17 21 24 27

Municipio El Hatillo 53 48 70 83 68 7 13 15 17 13 23 12 19

Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES).

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 139

Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES).

y para la actividad física, la instalación de un moderno

mobiliario y de zonas para la recreación, que propician

el “Buen Vivir” de los transeúntes y residentes14, su uso

sufrirá una transformación radical para convertirse en

un lugar peatonal, de encuentro y de recreación.

otro proyecto de relevancia fue la rehabilitación del

bulevar de Catia por parte del Gobierno nacional y la Al-

14 Las palabras de una vecina, Leonor María Pérez tovar, miembro del Consejo Comunal de Bello Monte, dan cuenta de ello: “Para nosotros, como consejo comunal, participar en el Proyecto de Rehabilitación del Bulevar de Sabana Grande ha sido una experiencia que nos ha llevado a conocernos como vecinos, a expresar nuestras opiniones. El impacto en nuestra calidad de vida ha sido determinante; como vecina de la zona, el ver ahora a Sabana Grande libre de la anarquía de otros años es grandioso; no tenemos problemas con la gente de la econo-mía informal que tenía tomado el bulevar, y lo mejor es que la inseguridad se redujo”. Véase http://www.vivesabanagrande.com/index.php/inicio/alv.

caldía de Caracas, mediante acciones de reordenamiento

urbano, embellecimiento de la vía, los locales comercia-

les y las viviendas15. otros espacios se recuperaron con

la misma finalidad: el bulevar César Rengifo, la avenida

Principal de El Cementerio, que pasó de albergar trabaja-

dores de la economía informal a tener una amplia cami-

nería, parques, mobiliario y luz. Destaca también la recu-

peración de plaza Venezuela, el parque El Calvario y todo

15 jorge Marchán, encargado de una zapatería, explicó que el nuevo rostro que luce el bulevar de Catia “incentiva a sus transeúntes, no solo a comprar, sino también a permanecer en él”. Víctor Rodríguez, otro trabajador de una tintorería ubica-da en el bulevar de Catia desde hace 17 años, manifestó que “ahora tenemos un espacio revitalizado, los colores utilizados en las nuevas fachadas le han dado armonía al paseo, ahora hay más gente en la calle”. Véase http://www.ciudadccs.info/wp-content/uploads/080612.pdf.

Gráfico 4. Victimización por homicidio según municipios de Caracas (año 2009)

Baruta Chacao El Hatillo Libertador Sucre Dto. Metrop.

28,13 31,8226,72

37,72

47,2138,38

50

40

30

20

10

0

140 | Dossier

el casco histórico de la ciudad, la plaza de Los Museos,

mirador Boyacá y teatros históricos, entre muchos otros.

igualmente, el Plan Estratégico Caracas Metropoli-

tana 2020, diseñado por la Alcaldía Metropolitana, se

plantea entre sus objetivos la transformación de la ciu-

dad para hacerla más vivible, accesible y en movimiento,

segura e integrada y ambientalmente sostenible, sobre

la base de la gobernabilidad y los valores ciudadanos.

igualmente la reducción de los índices delictivos en la

ciudad, los niveles de angustia, desconfianza y miedo, así

como la pérdida de la calidad de vida generada por la in-

seguridad.

Estos planes colocan especial atención en la limpieza

de grafitis16 en las calles17, como también una redistri-

bución de los espacios que habían permanecido cerrados

u ocupados por jóvenes o personas en situación de calle

16 Los estudios de “vandalismo” han documentado que los espacios públicos que se encuentran pintados con grafitis son más tentadores y más proclives de ser objeto de nuevas accio-nes de vandalismo. Así, por ejemplo, en Nueva York se compro-bó una conexión entre los grafitis existentes en el metro y los sentimientos de inseguridad ciudadana, que llevaron a frus-trados esfuerzos de mayor vigilancia policial y sanciones más duras, hasta que se adoptó la medida de su limpieza a través de materiales especiales que hacían más difícil que la pintura se adhiriese a los vagones la próxima vez (Clarke 1992).

17 Un programa importante fue la intensificación de la reco-lección de residuos y la limpieza de las calles. En este sentido se colocaron contenedores en frente de las viviendas para evitar el desplazamiento de los vecinos hacia los lugares donde estaban ubicados, como forma de prevención de los posibles delitos a que podían exponerse, pero también como una manera de ha-cer más estéticos el barrio y las urbanizaciones.

que eran vistas como peligrosas, por espacios abiertos,

como plazas, centros de recreación y de encuentro. La

intensificación de la iluminación se incrementa en las

áreas peatonales y las actividades para los peatones. La

recolección de los residuos de basura es igualmente una

actividad que empieza a fortalecerse. Se priorizan los es-

pacios para favorecer las relaciones y el acercamiento ve-

cinal, la resurrección de fiestas; en definitiva, la toma del

espacio público.

Estos son algunos ejemplos que denotan la existen-

cia de una lógica preventista, a través de programas que

tienden a minimizar los niveles de inseguridad ciudada-

na. El diseño pensado de la ciudad se liga con la lógica

de desalentar las acciones delictivas: que estas sean más

difíciles de alcanzar, más visibles, más riesgosas, es decir,

que los espacios resulten menos atractivos para el crimen

y el desorden. Pero también denotan ciertas similitudes

con las ideas desarrolladas por james Q. Wilson y George

Kelling bajo el título Broken Windows (ventanas rotas),

que postulaban que debe reponerse cada vidrio roto y re-

coger cada acumulación de basura, reparar cada cabina

telefónica incendiada o destruida y tapar cada grafiti, ya

que, donde se encuentre un vidrio roto, mañana se en-

contrarán dos18.

igualmente, es importante señalar que el diseño no

solo ha sido una estrategia para la prevención del deli-

18 Un ejemplo de implementación de esta tipo de estrategia lo podemos ver con claridad en Estados Unidos con el alcalde Giu-liani, como así también en Gran Bretaña durante los gobiernos de M. thatcher y t. Blair (Baratta, 2000).

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 141

to implementada por el sector público, sino también ha

orientado el accionar de la empresa privada, en su tarea

de reducción de las pérdidas en el ámbito comercial y

como mecanismo de captación de clientes en su seno.

Los comerciantes realizan una cuidadosa distribu-

ción espacial de los artículos puestos a la venta. Los gran-

des centros comerciales se sienten incómodos frente a los

grupos de jóvenes que se sirven de estos espacios como

lugar de encuentro y recreación y, si bien les reconocen el

derecho que tienen de reunirse, han tratado de resolver

el problema a través de una calculada distribución espa-

cial de los puntos de encuentro, otorgándoles facilidades

especiales para ello y al mismo tiempo dándoles tranqui-

lidad a sus clientes. Así también, en los establecimientos

comerciales y bancos, se retiró toda la publicidad que cu-

bría las cristalerías e impedía ver lo que estaba sucedien-

do desde afuera; los cajeros automáticos son ubicados en

lugares accesibles y visibles a todos. Se instalaron cajas

especiales de seguridad que impedían incluso a sus tra-

bajadores tener acceso a grandes cantidades de dinero.

Dentro de este esquema de planificación de la ciudad,

podemos observar que la vida urbana –con su movi-

miento de ciudadanos y ciudadanas y su actividad aso-

ciativa– se ha mostrado como el lugar de desarrollo de

las políticas de planificación, así como también de las

iniciativas privadas basadas en la cooperación de agen-

tes públicos y privados en la materia. Se tiende al logro

de una ciudad segura, es decir, que los lugares públicos

sean accesibles pero también seguros y fuertemente con-

trolados en determinados horarios. Pero, por otro lado,

el espacio público empieza a ceder, a hacerse disfuncio-

nal y excluyente para determinados grupos de personas,

para aquellos que han sido clasificados como peligrosos

o riesgosos.

En síntesis, podemos señalar algunas características

que definen esta tendencia:

» Territorialidad: la subdivisión de los lugares en “zonas

de influencia” para disuadir o desalentar a los outsi-

ders y alentar o fomentar la defensa de los espacios

de los “residentes”, en sus áreas y en los lugares pú-

blicos.

» Vigilancia: se tiende a promocionar la vigilancia natu-

ral a través del diseño arquitectónico; la planificación

de las edificaciones y los comercios para permitir la

fácil observación de sus áreas.

» Imagen: el embellecimiento de los espacios públicos

crea sensación de seguridad para los ciudadanos y

ciudadanas e invita a transitar.

» Entorno o medio ambiente: existe dentro de la ciudad

una yuxtaposición entre las zonas mejoradas y zonas

desmejoradas, entre zonas seguras y riesgosas, que

en general no mantienen una relación armónica.

El endurecimiento penal como control del delito

El incremento de los índices delictivos, el aumento de la

fuerza policial pública y privada así como los planes de

seguridad a corto plazo, sucedidos durante los últimos

años, hicieron difícil pensar una política de seguridad

142 | Dossier

desligada del sistema penal. igualmente, el proceso de

acomodo y toma de conciencia que debía surgir con el

nuevo modelo de país plasmado en la Constitución de

1999, y operado en algunas instituciones del sistema

de control del delito, no operó tan rápidamente como en

otros ámbito de la vida social de nuestro país.

Unido a ello, en nuestro país el sistema de justicia pe-

nal –que en América Latina casi siempre se encuentra

en crisis– estaba sumido en la desdicha y lo rodeaba un

aura negativa. Al inicio del Gobierno, tanto las voces de

los que podían tildarse como progresistas o garantistas

como la de los más conservadores o de derecha dirigían

sus críticas contra él. Así, para unos, las medidas adopta-

das en la política criminal del Estado no habían logrado

más que congestionar el sistema, recargándolo con me-

didas de corte punitivo y soluciones autoritarias y unila-

terales frente al incremento de las tasas delictivas; para

los otros, el naciente Código orgánico Procesal Penal

(CoPP) era un instrumento blando que permitía que los

infractores salieran de la cárcel con mucha facilidad; es

decir, era demasiado progresista19.

Esta situación va a modificarse cuando el novísimo

CoPP es reformado en los años 2000 y 2001, y se esta-

19 El nuevo Código Procesal Penal se puso a la tarea de revi-sar los expedientes judiciales, y como consecuencia se otorgó la libertad a miles de presos a través del otorgamiento de be-neficios penitenciarios. Así operó una notable disminución nu-mérica en la población reclusa durante el período 1998-1999, para llegar a su límite mínimo en 2000 con solo 15.107 reclu-sos, lo cual representa una disminución de 37% con respecto a 1998 (Núñez, 2005).

blecen límites a la obtención de la suspensión condicio-

nal de la ejecución de la pena y las formas alternativas de

cumplimiento de la misma, como también se aumenta-

ron los tiempos para la investigación de los delitos. A ello

se le suman otras reformas (2006, 2008, 2009 y 2012)

que avanzan y retroceden sin saber muy bien que hacer.

Seguidamente le tocó el turno a las leyes sustantivas:

el Código Penal20, la Ley contra la Delincuencia organi-

zada, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Fami-

lia y la Ley orgánica de Drogas, entre muchas otras que

crearían nuevos tipos penales, aumentarían las penas de

los existentes y restringirían las posibilidades de obtener

la libertad para el imputado o imputada durante el pro-

ceso.

En el medio de tantas reformas, marchas y contra-

marchas en la política penal, en 2006 la situación car-

celaria se agravó y derivó en varios conflictos peniten-

ciarios. En ese año se incrementó el número de personas

asesinadas en las cárceles, al igual que el número de

huelgas de hambre, autosecuestros y personas que recu-

rrieron a la práctica de coserse la boca como mecanismo

de protesta dentro de los centros carcelarios. otra vez el

20 Durante este Gobierno dos reformas se han realizado, una en 2000 y la otra en 2005. Las dos reformas han sido motiva-das por la situación de inseguridad manifestada por la comisión de ciertos delitos que terminaron siendo tipificados con mayo-res penas. La reforma de 2000 fue una propuesta del Poder Eje-cutivo y se afirmó en la exposición de motivos que la reforma busca atacar los delitos que afectan de manera desproporcio-nada al conglomerado social, y también que las penas de pri-vación de la libertad elevadas en su cuantía tendrían un efecto disuasivo más que represivo.

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 143

Código Penal será el llamado a resolver esta situación y

se implementarán disposiciones para suavizar el régimen

penitenciario.

Esta apelación normativa al problema de la seguridad

y del delito fue agravando la situación del sistema penal,

no solo por la proliferación de tantas leyes que sanciona-

ban tipos penales y ocasionaban un colapso en el sistema

de administración de justicia, sino por la repercusión di-

recta que tenía en el sistema penitenciario debido al au-

mento de la población recluida, el cual no estaba prepa-

rado ni humana ni presupuestariamente para afrontar

esta pesada carga que se le venía encima.

En el gráfico 5 podemos observar cómo ha ido en au-

mento la población penitenciaria en los últimos años.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana del

2009, entre junio de 2008 y junio de 2009 se cometie-

ron en todo el país 2.364.452 delitos, entre las modali-

dades de homicidio, amenaza, lesiones personales, abu-

so sexual, robo, secuestro, extorsión, corrupción, hurto

y estafa. Esto representa una tasa de 8.400 delitos por

cada 100.000 habitantes.

El cúmulo de causas que ingresaba al sistema era

muy inferior al que egresaba: los expedientes que se re-

solvían eran generalmente los más sencillos, lo cual oca-

sionaba una sensación de impunidad y de selectividad

dentro del sistema y limitaba derechos como el acceso a

la justicia, así como este encontraba obstáculos difíciles

de franquear que constituyeron trabas estructurales a la

participación ciudadana y al derecho de los imputados

e imputadas a un juicio justo. Nuestros criminólogos

críticos de América Latina (Del olmo, Aniyar de Castro,

Zaffaroni, Sandoval Huertas, Pinheiro) postulaban que

la represión del sistema penal se producía contra los sec-

tores más empobrecidos y débiles de la población y que

el derecho penal, antes que un sistema de garantías, era

un sistema de castigo que respondía a los intereses de la

clase dominante.

Podemos decir, entonces, que la justicia penal podía

considerarse, como apuntaba tamar Pich, en “un ámbi-

to de entrecruzamiento, un recurso simbólico y punto de

observación de demandas, exigencias y conflictos plan-

teados, no solo por las instituciones sino también por los

actores sociales” (Pich, 2003).

Algunos cambios de relevancia

A pesar las políticas poco articuladas y a corto plazo

elaboradas a lo largo de estos años, no podemos negar

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

18.218 18.70021.201

24.279

32.624

44.52049.224

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Gráfico 5. Población privada de libertad (2005-2011)

Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia.

144 | Dossier

algunos cambios relevantes ocurridos en la orientación

de la política criminal. El primero de ellos se empieza a

desarrollar en 2006 y no fue a consecuencia de un plan

estratégicamente pensado, diseñado u orquestado por

las instancias competentes en la materia –aunque muy

bienvenido igualmente–, sino más bien a raíz de acon-

tecimientos trágicos ocurridos en el seno de una insti-

tución como la policía21, que precipitaron la revisión

de sus estructuras y la normativa legal que regulaba la

creación de mecanismos y estrategias para reorientar

su actuación, de acuerdo a los postulados de nuestra

Constitución y los tratados internacionales de derechos

humanos. Precisamente, es en la materia policial donde

se realizaron las transformaciones más relevantes, como

ya se señaló a lo largo de este artículo, y cuyos frutos se

están recogiendo.

El segundo cambio se plasmó recién en 2012 con el

nacimiento de una política integral en materia de segu-

ridad que, al menos en su diseño teórico inicial, va a re-

coger y desarrollar las mismas orientaciones de justicia

social, igualdad, equidad y participación que dirigen la

política general de gobierno del presidente Chávez. Estas

ideas dan inicio a lo que el Presidente denominó Gran

Misión A toda Vida Venezuela, orientada a resolver el dé-

ficit de convivencia solidaria y los problemas en materia

21 El secuestro y asesinato del empresario Sindoni y los her-manos Faddoul en 2006, y la matanza de un grupo de estu-diantes en la localidad de Kennedy en 2005, donde estaban involucrados funcionarios policiales, fue un ejemplo claro de la conducta de muchos funcionarios dentro de los cuerpos de policía.

de seguridad ciudadana de la población. Nace con una

visión integral en el diseño y la ejecución de la política, a

través del ejercicio de la articulación entre las institucio-

nes y el pueblo organizado.

Si bien este trabajo no se centra en el desarrollo de los

postulados que esta Misión establece, sobre todo porque

recién inicia, sí podemos decir que en el análisis de los

contextos en que se despliega el delito, del cual parte la

construcción de la Misión, esta entiende que la situación

por la que atraviesan las políticas de seguridad en nues-

tro país y los desaciertos de los planes desestructurados,

a corto plazo y discontinuos, dan cuenta de una cruda

realidad: el carácter clasista que aún persiste en la socie-

dad venezolana, donde los jóvenes de los sectores popu-

lares y urbanos son el centro de la violencia, ya sea como

víctimas y como victimarios.

Se presenta como una política integral que tiene

como propósito la construcción de una política pública

que se centre en la protección de la vida, la convivencia

solidaria y la seguridad ciudadana, tributando a la cons-

trucción colectiva de una democracia socialista. Combi-

na tanto estrategias de prevención en el control del delito

como otras de carácter reactivo.

Una idea novedosa que implementa esta Misión es

que está sometiéndose a una amplia consulta nacional,

abierta y pública, que involucra no solo a las comunida-

des organizadas sino también a la academia22 y servirá

22 Un antecedente inmediato lo encontramos en la consulta nacional realizada en el marco de la reforma para la implanta-ción del Nuevo Modelo Policial en 2006.

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 145

para recoger observaciones y recomendaciones, con el

fin de efectuar una revisión y evaluación de las estrate-

gias a implementar.

Si bien el diseño de la Misión prioriza zonas donde se

encuentran los índices delictivos más altos, la interven-

ción en ellas se efectuará mediante el levantamiento de

una cuidadosa cartografía participativa y la elaboración

de estrategias definidas en conjunto con los actores que

hacen vida en esos espacios. No se trata, por lo tanto,

de una intervención efectuada desde arriba hacia abajo

sino de una construcción colectiva y en terreno.

Un gran reto tiene por delante, y es, por un lado, lo-

grar la integración y armonización de la política desarro-

llada por los ministerios e instituciones del Estado, en pos

de ejecutar medidas integrales que tiendan a reducir los

altos índices delictuales y de violencia (pensar y ejecutar

como un solo Gobierno) existentes en nuestra sociedad

y llegar a un gobierno del delito de manera integral; por

otro lado, lograr una participación ciudadana real, don-

de prime el equilibrio en la actuación de todos los actores

(multiagencialidad), y que este concepto no sea solo dis-

cursivo sino que se plasme en la realidad.

A modo de conclusión

A nuestro juicio, la contribución que debiera dar un go-

bierno progresista, revolucionario y participativo como

el del presidente Chávez para encausar la política de se-

guridad –fundamentalmente de seguridad ciudadana–,

radica en centrar su atención en algunos aspectos de las

políticas que no han sido problematizados y fortalecer

aquellos que se visualizaron como necesitados de cam-

bios. Entre ellos podemos mencionar los siguientes:

» Primero: se deben aunar los esfuerzos y recursos de

múltiples actores gubernamentales y no guberna-

mentales, y desarrollar políticas integrales y uni-

versales donde la participación de la ciudadanía y,

fundamentalmente, de la comunidad organizada ad-

quiera un papel de relevancia y se concrete el verda-

dero empoderamiento social, tanto en el diseño como

en su ejecución.

» Pero ello supone que cada uno se despliegue en el

ámbito de su competencia o su espacio, y que en el

control de las políticas públicas de seguridad el Esta-

do planifique y diseñe con la comunidad y también le

rinda cuenta de sus actuaciones. No se trata de que

el Estado actúe sin control ni que las comunidades o

grupos particulares asuman las tareas de seguridad

y de mantenimiento del orden reservadas al Estado,

sino de procesos de corresponsabilidad y de contralo-

ría social de la gestión pública.

» La reconfiguración del concepto y de los elemen-

tos que configuran la seguridad ciudadana supone

orientar el modelo del control del delito hacia la im-

plementación de condiciones para el libre ejercicio de

los derechos de la ciudadanía, la participación y el de-

sarrollo integral de la persona y de la comunidad, la

convivencia democrática, pacífica y la consolidación

de mecanismos consensuados entre las distintas ins-

tancias, instituciones y agencias involucradas en la

lucha contra la violencia y el delito.

146 | Dossier

» Segundo: la seguridad ciudadana –como seguridad

integral de los derechos– debe representar una guía

en el diseño y ejecución de políticas públicas para

fragmentar las propuestas autoritarias en la materia,

asumiendo el reto de garantizar la seguridad de los

derechos fundamentales de todos los ciudadanos y

ciudadanas y no solamente el derecho a la seguridad

de una parte de ellos.

De este modo, el tema de la seguridad debería ser en-

focado a través de políticas de Estado permanentes,

consensuadas y racionales, donde la política criminal

vaya de la mano de la protección social de los derechos

fundamentales mediante su concreción de manera

universal, equitativa y sin discriminación, dejando

de lado la acción focalizada, compensatoria y regula-

toria de las políticas sociales para lograr el bienestar

colectivo como garantía de los derechos. Como señala

Baratta, se debe partir de la idea de seguridad en rela-

ción con el disfrute y la protección efectiva de los de-

rechos frente a cualquier agresión o incumplimiento

por parte de otras personas que actúan en el ámbito

de competencias, poderes de derecho o de hecho que

esas personas tengan, como funcionarios o particula-

res, en uno de los distintos ámbitos territoriales (Ba-

ratta, 1997). Como este mismo autor plantea, pensar

la seguridad como seguridad de los derechos y no

como derecho a la seguridad.

» Tercero: la disminución de la violencia debe pasar por

entender que no toda política de seguridad debe ape-

lar al sistema penal y las instituciones que lo compo-

nen, ni policializar o criminalizar todos los problemas

que suscitan en el seno de las comunidades. Como

dice el profesor Bergalli, en referencia al análisis de la

sociedad actual,

…tiene que ver con el esquema interpretativo de las

formas de control penal sobre problemas sociales cuya

criminalidad se demanda, (…) con la construcción que

hacen las actuales movilizaciones de los nuevos pro-

blemas de injusticia, como problemas específicamente

“criminales” que promueven respuestas penales (Ber-

galli 1995).

En importante entender que la escalada en los índi-

ces delictivos en Venezuela se debió en gran parte a la

ausencia durante estos años de una política nacional

e integral en materia de seguridad ciudadana, orien-

tada a reducir los niveles de conflictividad en las re-

laciones sociales y comunitarias. igualmente, la au-

sencia de evaluación de las políticas desarrolladas en

el ámbito del sistema penal, salvo los resultados que

saltan a la vista, dan cuenta de acciones reactivas im-

plementadas como consecuencia de acontecimientos

que se sucedían, como por ejemplo: campañas de

alarma social y conflictos dentro de los recintos peni-

tenciarios, entre otros.

La historia ha demostrado que la apelación al sistema

penal como única instancia para la reducción de los

niveles de criminalidad no da los resultados deseados,

y ocasiona el efecto contrario: policialización de los

problemas, penas excesivamente duras y largas y al-

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 147

tos niveles de encarcelamiento. Con ello no se quiere

decir que apostamos por el abolicionismo ni por un

derecho penal mínimo aplicados sin matices, ya que

estos postulados nacieron en sociedades radicalmen-

te distintas a la nuestra, donde los niveles de crimina-

lidad no tenían nada que ver con los que tenemos en

la actualidad, sino simplemente que el derecho penal

no se constituya en la primera respuesta o reacción

frente al problema del delito; quizás tampoco la últi-

ma, sino que sea una opción que se evalúe racional-

mente, entre muchas otras.

» Cuarto: En el ámbito de nuestras comunidades hay

muchos conflictos que no llegan a constituir delito y

a veces ni siquiera falta, sino que se encuentran aso-

ciados a déficit de convivencia, sin que la comunidad

(vía autorregulación) o el Estado (vía regulación ex-

terna) dispongan de mecanismos de precautelación

de la violencia que sean eficaces y se ejecuten fuera

del ámbito del sistema penal e involucren medidas al-

ternativas de resolución de los conflictos.

En ese sentido, por un lado, es necesaria la constitu-

ción, al interior de las comunidades y de manera par-

ticipativa, de instancias que diriman sus conflictos,

y por otro lado será imprescindible crear contextos

sociales (infraestructura y servicios, entre otros) que

sean sugerentes y propicios para generar una convi-

vencia democrática y pacífica.

» Quinto: si bien siempre es mejor prevenir que curar,

no debemos pensar que las estrategias de prevención

del delito son una salida mágica al problema de los al-

tos índices delictivos en Venezuela, ni son postulados

neutros que causan efectos menos nocivos que los

de la represión. Por un lado, no nacieron en el mar-

co de gobiernos que puedan tildarse de progresistas

o de izquierda, sino todo lo contrario23. Y por otro

lado su introducción es aprovechada, muchas veces

sin ningún control, por la empresa privada, o mejor

dicho por las grandes corporaciones, configurándose

una verdadera industria, tal como fue expuesto por el

maestro Nils Christie en su libro La industria del con-

trol del delito.

Por último, la prevención situacional ambiental, es-

trategia más utilizada por los distintos agentes en

este ámbito, puede causar disgregaciones en el tejido

social, acentuando las diferencias entre los sectores

económicamente más ricos y los más empobrecidos,

23 Sus inicios pueden situarse en el gobierno conservador y de derecha de Margaret thatcher, elegido en el año 1979. A consecuencia de las limitaciones del gasto público y su raciona-lización, empezó a emerger una nueva forma de enfocar la pre-vención de la delincuencia en inglaterra y en el País de Gales. Dentro de sus postulados podemos señalar: a) la pretensión de responsabilizar a los individuos y a la población de los barrios de sus obligaciones ante la prevención de la delincuencia, entre las cuales destaca como elemento de gran importancia la proli-feración de sistemas de vigilancia de los vecindarios (neighbou-rhood watch); b) ponía el acento en un enfoque desde el terreno para reducir las oportunidades de pasar a la acción de los delin-cuentes, a la vez que habilitaba el entorno; c) quería implicar las distintas administraciones en las tareas de prevención de la delincuencia; d) intentaba promover y facilitar la implicación del sector privado en la prevención del delito (Crawford, 2002).

148 | Dossier

entre las zonas seguras y las zonas peligrosas, estas

últimas siempre asociadas a los sectores populares.

Ahora bien, con ello no queremos ni por asomo afir-

mar que debemos abandonar la utilización de estrate-

gias preventivas de control del delito, ya que en países

como los nuestros, donde las instituciones del siste-

ma penal conservan sesgos muy represivos y auto-

ritarios, el discurso de la prevención ha servido para

minimizar esos rasgos y encausarlos a través de una

senda más democrática. Pero sí debemos estar claros

en cuanto a la necesidad de establecer controles rígi-

dos a los mecanismos desarrollados a través de dicha

senda: controles a la proliferación sin regulación de

empresa privada en la producción de mecanismos

de vigilancia; controles a las agencias de seguridad

privada; controles al diseño urbano, cargados de

estrategias situacionales ambientales, para que no

ocasionen la dislocación social ni acarreen efectos de

desplazamiento del delito hacia los sectores no inter-

venidos.

Esta tarea va a suponer revisar en detalle la historia

de experiencias previas desarrolladas en países simi-

lares al nuestro, conocer los efectos positivos y nega-

tivos que ocasionaron y tomar decisiones racionales

acerca de las implicaciones que ello acarrea, pero, eso

sí, conservando siempre el monopolio estatal del uso

de la fuerza legítima.

» Sexto: si bien los datos oficiales, las encuestas de vic-

timización y de percepción ciudadana son cónsonas

en señalar a los hombres jóvenes pertenecientes a los

sectores populares como los principales actores invo-

lucrados en el delito, y que en torno a ellos deberían

girar las políticas de seguridad –ya sea como vícti-

mas o como victimarios–, debemos tener cuidado de

construir la política de seguridad en función de esos

instrumentos, los cuales recogen, la mayoría de las

veces, solo un tipo de delincuencia, enfocada en un

determinado sector de la población.

Este Gobierno, respetuoso y garante de los principios

de igualdad y no discriminación, debiera fortalecer la

investigación y la persecución de los delitos cometi-

dos por otros sectores sociales y económicos que se

encuentran invisibilizados en las estadísticas oficia-

les, y que generalmente se los conoce como delitos de

“cuello blanco”, ejecutados por actores económica y

políticamente poderosos dentro de la sociedad.

» Séptimo y último: nos preguntamos qué hacer con el

sentimiento de inseguridad que padecen los ciudada-

nos y ciudadanas. Muchos de esos miedos son cons-

truidos, por un lado, por los medios de comunicación

que buscan réditos económicos a través del rating,

pero también por la empresa privada (empresas de

seguridad, compañías de seguro, bancos) que buscan

lucrarse a través de dicho miedo.

Necesitamos, entonces, investigaciones que decons-

truyan los miedos y los riesgos que afectan a la po-

blación en nuestra sociedad, indaguen sus verdade-

ras causas y permitan construir políticas para tratar

ideas para mirar la política de seguridad... m.l. hernánDez | 149

de aminorarlos, por parte del Estado y la comunidad,

de manera conjunta, ya que muchas veces están re-

lacionados con otras situaciones silenciadas como la

inestabilidad, el desempleo y la insatisfacción, entre

otras.

Para ello, es importante ser cautelosos con el nuevo

modelo que se quiere desarrollar, ya que las políticas

públicas de izquierda, las verdaderamente revolucio-

narias, deben ser profundas, dirigirse a las raíces del

problema, ir a su esencia, por lo que necesitarán de

tiempo, pero fundamentalmente que los actores po-

líticos no pierdan la calma y confíen en ellas. tenga-

mos paciencia, lo que no supone no hacer nada. Ac-

tuemos con calma y demos una oportunidad a esta

política integral que está naciendo.

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reflexiones soBre la seGuridad desde una PersPeCtiva CrítiCa

Amadeu Recasens i Brunet | 151-168 |2

Resumen El autor desarrolla la idea de que la constitución de verdaderas

políticas públicas de seguridad desde una perspectiva crítica parte de un do-

ble reto: la crítica que no consigue la transformación efectiva de la realidad,

no tan solo es estéril sino que refuerza los modelos más conservadores del

sistema. Expone también que el tema de la seguridad solo puede ser anali-

zado con plenitud si introduce la dimensión política y el contexto en que se

desarrollan a partir de tres puntos relacionales: democracia/autoritarismo,

Estado/local/global y confianza/miedo/riesgo.

Palabras clave seguridad, perspectiva crítica, políticas públicas

aMadeu recasens i Brunet es doctor en Derecho egresado de la Universi-

dad de Barcelona y diplomado superior en Criminología del instituto de Cri-

minología de la Universidad de Barcelona. Entre otros cargos, ha sido direc-

tor del Gabinete de Estudios y Prospectiva de la Secretaría de Estado (1994

-1996), director de la Escuela de Policía de Cataluña (1996-2004) y director

del Centro de Estudios de Seguridad. Es considerado como uno de los máxi-

mos expertos en seguridad del país, y dejó una huella muy fuerte después de

su paso por la Escuela de Policía. Entre sus últimas publicaciones destacan:

La seguridad y sus políticas (2007), Experiencias de gestión de la seguridad: Desde

los modelos de proximidad al uso de la tecnología (con Conxita Gandia, 2002),

La violencia entre jóvenes en espacios de ocio nocturno. Resultados de un estudio

comparativo europeo (con Eric Marlière y otros, 2007), El poder judicial y el sis-

tema de justicia (2006, coord.) y Control social punitivo: Sistema penal e instan-

cias de aplicación (policía, jurisdicción y cárcel) (con Roberto Bergalli, 1996).

arecasensb@gmail.com

153

Reflexiones sobre la seguridad desde una perspectiva crítica

1. Introducción

El famoso pintor surrealista belga René Magritte insertó en una de sus

pinturas, concretamente la de una pipa magistralmente dibujada con un

realismo inigualable, la leyenda “Ceci n’est pas une pipe” (Esto no es una

pipa). Con ello abría una reflexión pictórica que le llevó a incorporar esta

obra en forma de serie o de distintas versiones (“La trahison des images”,

1928-29), que complementaría en 1966 con otro cuadro (“Les deuxs mys-

tères”) en el que aparece de nuevo la pipa, pero en este caso se trata de dos:

una dibujada en forma de reproducción de “La trahison des images”, apo-

yada en un caballete de pintor, y otra mayor y de distinto color, por encima

de dicho cuadro. Se trata de sembrar la duda sobre la realidad general de las

cosas, su representación y su descripción. tal reflexión fue magistralmente

retomada por Michel Foucault en un librito (Ceci n’est pas une pipe, 1973) y

también en su libro Les mots et les choses (1966). El autor francés utiliza los

cuadros para analizar los códigos de representación desarrollados en la mo-

dernidad a partir de la paradoja de un texto que, siendo parte integrante del

dibujo, expresa su negación, niega lo que se supone que representa.

Lo que voy a tratar de describir someramente es justamente un fenó-

meno semejante en el ámbito de la seguridad, que contextualizaré en un

entorno mayor, el de las políticas públicas. En síntesis, siguiendo a Magritte,

un dibujo bidimensional es incapaz de traducir a la realidad lo que describe;

así, muchas políticas de seguridad “diseñadas” sobre el papel son imposibles

de ser llevadas a la práctica. No constituyen verdaderas políticas. Es como si

mostráramos una foto de un documento conteniendo una política de segu-

154 | Dossier

ridad y escribiéramos a su pie: “Ceci n’est pas une politi-

que de sécurité”.

2. ¿Quién teme al lobo feroz? Sobre la crítica y su función

en un ancho valle vivían tres pequeños cerditos. un día

el hermano mayor dijo: —tendríais que construiros

una casa para vivir.

el más pequeño de los tres, que era el más juguetón, no

tenía muchas ganas de trabajar y se hizo una casa de ca-

ñas con el techo de paja. el otro cerdito juguetón trabajó

un poco más y la construyó con maderas y clavos. el ma-

yor se hizo una bonita casa con ladrillos y cemento.

pasó por aquel valle el lobo feroz, que era un animal malo.

al ver al más pequeño de los tres cerditos, decidió captu-

rarlo y comenzó a perseguirlo. el juguetón y rosado cer-

dito se refugió en su casa temblando de miedo. el lobo

comenzó a soplar con tanta fuerza que las cañas y la paja

salieron por los aires. al ver esto, el pequeño corrió has-

ta la casa de su hermano. como era una casa de madera,

se sentían seguros creyendo que el lobo no podría hacer

nada contra ellos.

De nuevo el lobo llenó sus pulmones de aire y resopló con

todas sus fuerzas. todas las maderas salieron por los aires,

mientras los dos cerditos huyeron muy deprisa a casa de

su hermano mayor.

el lobo se colocó ante la casa y llenó, una vez más, sus

pulmones. sopló y resopló, pero la casa ni se movió.

Desde dentro de la casa se podía escuchar cómo canta-

ban los cerditos: —¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, al

lobo? ¿Quién teme al lobo feroz?

El famoso cuento de los tres cerditos contiene diversas

moralejas, pero la que yo quiero subrayar no es la tradi-

cional sobre el valor de la solidez del trabajo de cada uno

de los cerditos, sino la del contraproducente esfuerzo del

lobo, quien no solo no consigue su propósito de comerse

a ninguno de los cerditos (ni tan siquiera al más débil),

sino que lo único que consigue es poner en evidencia los

puntos flacos de sus actividades constructivas. Ello per-

mite a los puercos perfeccionar sus técnicas defensivas

hasta convertir en inútiles los esfuerzos del cánido. Con

toda seguridad, de ahora en adelante los cerditos cons-

truirán sus casas con ladrillos y cemento.

Nuestro lobo desempeña aquí un papel semejante al

de determinadas posiciones críticas en materia de crimi-

nología y de seguridad (y también en otras modalidades),

cuyo afán de perseguir cerditos no tan solo no culmina

con éxito, sino que enseña a los criticados cómo defen-

derse mejor de las críticas, colmando así las posibles defi-

ciencias señaladas por los críticos. Dicho de otra manera,

la crítica que no consigue o que no tiene en considera-

ción la transformación real y efectiva de la realidad, no

tan solo es estéril sino que obtiene un efecto contrario: el

de reforzar los modelos más conservadores del sistema,

mostrándole sus puntos débiles y contribuyendo a per-

feccionar sus mecanismos defensivos.

Es preciso reconocer que las teorías críticas parecen

haber funcionado muy bien en el plano de la denuncia,

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 155

en el terreno de los derechos humanos y, en clave emi-

nentemente ética, en el campo de los valores. Pero ello

no ha transformado la realidad de un sistema y de un

modelo de capitalismo occidental que bajo la modalidad

de la globalización parece estarse extendiendo por todo el

planeta, a la vez que transformándose radicalmente. Si es

innegable que las voces críticas han tenido un efecto de

contención (el modelo y sus consecuencias podrían ser

todavía más salvajes), lo cierto es que, además de que no

han derribado el sistema, en buena medida han contri-

buido a su fortalecimiento.

Existe multitud de ejemplos de cómo la justicia ha

blindado aspectos débiles señalados por los juristas más

críticos, de cómo las policías han encontrado nuevas

justificaciones y técnicas para escapar a las normas y

controles, de cómo la criminología oficial de cuño posi-

tivista y cuantitativo perfecciona cada vez más sus ins-

trumentos y sus argumentos de legitimación. A un nivel

superior, el sistema económico-político ha comprendido

que no podía jugar en el terreno de los valores y los ha

desprestigiado hasta el punto en que, hoy en día, dicho

modelo ignora los valores y ha conseguido que buena

parte de la ciudadanía los ignore también. Así, estados

democráticos no parecen castigar en las urnas ni tener

en cuenta a la hora de elegir sus a representantes la co-

rrupción en todos sus niveles. Muchos italianos votan

a un Berlusconi capaz de las peores tropelías privadas y

públicas, y aún les puede parecer que es “furbo”, es de-

cir, espabilado y capaz de ser más listo que los otros, lo

que constituye un valor más poderoso que el desvalor de

sus actos. En España, la corrupción no es obstáculo al-

guno para que algunos políticos sigan haciendo carrera.

A pesar de las escandalosas evidencias de corrupción,

una buena parte de la población sigue dándoles apoyo.

Mientras, la creciente desafección que se traduce en abs-

tinencia de voto en los comicios electorales desertiza las

urnas sin que ello parezca preocupar en demasía a un

sector de políticos que, blindados en sistemas de listas ce-

rradas (que obedecen a intereses de partido y de sus co-

rrientes internas y juegos de poder), parecen considerar

las elecciones como un mero trámite para mantener las

apariencias de pulcras democracias, eso sí, más formales

que reales.

En este sentido, los esfuerzos por desarrollar modelos

de seguridad críticos o distintos de los preexistentes (y a

menudo enquistados) constituyen una excepción. Si bien

cualquiera con un mínimo de sensibilidad y de humani-

dad agradece los esfuerzos y los avances que tales críticas

han propiciado en materia de seguridad, ello no es óbice

para que tengamos que reconocer que eso que llamamos

seguridad ha tendido, en los últimos años, a reforzar sus

aspectos más excluyentes y represivos1. tales plantea-

mientos han tratado de cercenar las consecuencias de

los actos definidos como criminales mediante medidas de

prevención situacional y políticas de cero tolerancia, re-

legando a un segundo término (y naturalmente privan-

do de recursos económicos) los estudios y las políticas

públicas de seguridad interesados por el análisis de las

causas y la lucha contra dichos actos. Así, la seguridad

1 Véase por ejemplo: Robert 1999, Matthews & Young 2003, Simon 2007, Waller 2009.

156 | Dossier

se está convirtiendo mayoritariamente en un dominio

controlado por empleados administrativos de una buro-

cracia cuantitativista, al servicio de modelos políticos de

dominación.

Pero que ello sea así no es atribuible en su totalidad a

los sectores más reaccionarios. Es preciso reconocer que

amplios sectores que se definen como críticos en materia

de seguridad –así como de la criminología crítica en ge-

neral– se han sentido muy a gusto en sus torres de marfil

y mantenido a menudo en la comodidad de la oposición

al poder. El gran reto sigue pendiente: la crítica solo tiene

sentido si sirve para liberar, para transformar la realidad,

si tiene vocación de viabilidad y de aplicabilidad. El proble-

ma estriba en que la aplicabilidad pone a prueba la viabi-

lidad de la crítica. No es lo mismo criticar al poder desde

la oposición blandiendo unos valores que nadie que tenga

un mínimo de sentido ético puede rechazar ni ignorar, que

hacer un uso crítico del poder y desde el poder para garan-

tizar y trasladar a la realidad esos mismos valores. Porque,

desde una perspectiva crítica, no se trata tan solo de criti-

car al poder sino de llevar dicha perspectiva al poder para

aplicarla y ejercerla. Pero ello supone un cambio radical

de perspectiva que cuesta mucho llevar a la práctica, ya

que el poder suele constituir entramados complejos y poco

dispuestos a dejarse penetrar por valores éticos y buenas

intenciones. Al fin y al cabo, la seguridad y las políticas

que la acompañan o deberían acompañarla no dejan de

ser sectoriales y, hasta cierto punto, periféricas al poder,

que se sirve de ellas de manera meramente instrumental;

lo que no quiere decir que no alcancen una importancia

significativa, como veremos.

Walter Benjamin (1991) señalaba, en un conocido

articulo sobre la violencia, la existencia de una violencia

fundadora de derecho, que refleja la lucha por que las

ideas subyacentes a ella alcancen el poder, y una violencia

conservadora de derecho, que lucha por la permanencia

en el poder de su sistema normativo y por ende político.

Naturalmente, la victoria de la violencia fundadora de

derecho la convierte automáticamente en la nueva deten-

tadora del poder, pero sucede de inmediato que la legitimi-

dad fundadora debe trocarse por legitimidad conservado-

ra, y que el derecho fundador debe pasar a ser la base del

nuevo derecho conservador. En este sentido, la revuelta

contra el poder, que conllevaba la violencia fundadora

de derecho, debe ser olvidada lo antes posible, pues lleva

en sus entrañas un potencial revolucionario que ahora

podría ser dirigido contra el nuevo sistema triunfante2.

Siguiendo este razonamiento, podríamos hablar de unos

modelos de seguridad que acompañan a la violencia fun-

dadora de derecho, a menudo muy crítica con el modelo

de seguridad de quien ocupa el poder. El entorno crítico de

la violencia fundadora propone alternativas, nuevas po-

líticas públicas transformadoras. todo un aparato crítico

suele acompañar a la violencia fundadora de derecho. Lo

que ya no es tan claro es que la violencia conservadora de

2 La inestabilidad que estos períodos de transición suelen aca-rrear ha sido sobradamente analizada en revoluciones como la francesa o la rusa.

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 157

derecho acepte en su seno un aparato crítico que la manten-

ga en permanente re-evolución3.

Aparece y se desarrolla entonces una estructura de

seguridad vinculada al poder, cuya razón de ser es la de

preservar dicho poder. De ahí que sea difícil de aceptar la

contraposición entre, por una parte, el uso de los aparatos

de seguridad como salvaguarda y protección de los ciuda-

danos, sus derechos y sus libertades, y por otra parte el uso

de dichos aparatos como salvaguarda del poder de las pro-

pias instituciones. El quid de la cuestión reside en el equi-

librio entre ambos usos, que es lo que puede determinar

el compartamiento más o menos democrático de dichas

instituciones, en la medida en que priorizan netamente el

primero y limitan drásticamente el segundo sometiéndolo

al derecho y a los controles democráticos establecidos (Par-

lamento, ombudsmen, etcétera)4 (Recasens 2000).

Con base en estos razonamientos, hay que plantearse

urgentemente de qué sirve desarrollar un planteamiento

3 Para un análisis de la violencia, además del ya citado Benja-min, puede verse Girard 1972, Resta 1992, Mongardini 2004, Zolo 2011.

4 No es posible aquí reproducir el debate sobre este tema, pero me limitaré a señalar que en Europa, ante posturas eficacistas y dispuestas a aceptar limitaciones de derechos y garantías, en aras de un mayor control del territorio y de la población, se han alzado voces cualificadas como las del Parlamento Europeo y en especial de su Comisión de Libertades Públicas y Asuntos internos, que en reiteradas ocasiones ha defendido los derechos de los ciuda-danos ante los riesgos de un endurecimiento represivo. Pueden verse, entre otros, los informes de dicha comisión de 1992, 1993 y 2001, así como el que se preparó respecto de los aspectos de seguridad contenidos en el Proyecto de Constitución Europea que no llegó a ser aprobada.

crítico en materia de seguridad, si no existe luego la ca-

pacidad de desarrollar tales postulados para transformar

la realidad desde el poder.

Durante la transición española de la última dictadura

a la democracia, el escritor barcelonés Manuel Vázquez

Montalban, ante el grito de “con Franco vivíamos mejor”

proferido por los nostálgicos franquistas, replicó con una

pregunta: “¿Contra Franco vivíamos mejor?” Expresaba

así el escritor que también podía darse una nostalgia de

oposición al franquismo5. En realidad, en una entrevista

concedida al periódico El País, el 26/10/1992, el propio

Vázquez Montalbán se encargaba de aclarar su expresión.

A la pregunta del periodista “¿Contra Franco vivíamos

mejor?”, el escritor respondió: “Escribí esta frase hace

tiempo con un interrogante porque temía que era el cri-

terio de cierta izquierda conservadora. Y la respuesta era

que no. Creo que parte de los males de la izquierda es que

no superó esa situación de vivir contra el franquismo”.

En el mismo sentido, cabe preguntarse si un cierto

sector crítico, en materia de seguridad, no se ha tornado

conservador por el hecho de no haber superado o de no

haber podido superar la situación de vivir contra unas

políticas públicas conservadoras. Ello constituiría una

posible explicación de por qué parte de ese grupo crítico

en materia de seguridad no ha querido nunca participar

5 Nostalgia derivada de la unión de dichas fuerzas opositoras que se fragmentó en el momento de las elecciones democráti-cas, en que cada una tuvo que diferenciar sus programas, mar-car sus límites y, en suma, su oferta política, diferenciada de las demás formaciones para captar votos.

158 | Dossier

en políticas progresistas cuando formaciones de dicho

cuño han alcanzado el poder. Claro está que otra argu-

mentación más que plausible es que, cuando tales for-

maciones han gobernado, raramente y en contadísimas

ocasiones han aplicado políticas de seguridad progresis-

tas, y en la mayoría de los casos se han limitado a man-

tener e incluso potenciar las existentes6. Probablemente,

la realidad contenga algo de ambas explicaciones, que

además es posible que se retroalimenten.

En su afán por tratar de superar el síndrome del lobo

y los tres cerditos, algunos sectores o partidos de izquier-

da –en especial los gobiernos socialistas occidentales– han

hecho gala de un pragmatismo extremo para ganar ese

“centro” a menudo indeciso que es el que otorga mayo-

rías y gobiernos. Dichos gobiernos se han ajustado tanto a

las exigencias de los mercados/poderes que gobiernan los

procesos de globalización y sus crisis, que de hecho ya han

renunciado a la mayoría de sus valores e ideales origina-

rios7. Han llegado a desdibujar completamente la imagen

6 Baste ver el caso español de la transición en que se efecta-ron reformas de todas las instituciones, incluso de las Fuerzas Armadas, pero se dejó intacta casi toda la estructura policial –salvo escasas y contadas excepciones–. Así, los ministros del interior se alternaron consensuando a sus sucesores, por lo que existe una línea de continuidad entre las políticas desarrolladas por la derechista UCD (1976-1982) y las políticas de interior del Partido Socialista obrero Español (1982-1996). Los proble-mas derivados de las malas praxis en el Ministerio de interior fueron una de las principales causas de la derrota electoral del PSoE en 1996.

7 Bobbio (1994), que defiende la existencia y la distinción entre derecha e izquierda, cita a M. Bettini quien se pregunta si

y los programas de la llamada izquierda8. En materia de

seguridad, las ofertas entre la llamada derecha e izquierda

se confunden en favor de las propuestas de los primeros;

los programas electorales se vacían de contenido… y, al fi-

nal, aquellos que todavía acuden a las urnas, demostran-

do un gran sentido común, acaban prefiriendo el original

a la copia, y votan las propuestas de la derecha.

Naturalmente, se trata de un planteamiento muy es-

quemático de un fenómeno complejo que merece mayor

explicación, pero a grandes rasgos eso es lo que sucedió

durante la campaña electoral de las presidenciales fran-

cesas de abril de 2002. El ultraderechista jean-Marie Le

Pen obtuvo el 17,07% de los votos en la primera vuelta y

desbancó al entonces primer ministro, el socialista Lionel

jospin, dejando la elección para la segunda vuelta entre

Le Pen y el líder de la derecha gaullista clásica, jacques

Chirac. todos los analistas coincidieron en señalar que la

no estamos dirigiéndonos hacia una sociedad de ambidiestros (p. Vii). Es de señalar que incluso el lenguaje es marcadamente derechista, ya que no se habla de ambisiniestros, sino de am-bidiestros, lo que da a pensar que toda dilución se inclina a la derecha.

8 Como señala Bobbio, la identificación de la izquierda con el marxismo y de este con el comunismo ha envuelto mali-ciosamente el conjunto en la crisis de este último y dejado el campo libre al predominio del neoliberalismo. Por suerte o por desgracia, la crisis profunda que afecta a Europa ha puesto al descubierto dónde se esconde el verdadero poder. Ha dejado manifiestamente claro, para aquellos que todavía no lo habían comprendido, que el poder político e incluso las estructuras es-tatales se están convirtiendo, de la mano de dicho neoliberalis-mo, en meros instrumentos de ese eufemismo que se denomina “los mercados”, es decir, del poder económico más descarnado.

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 159

clave del éxito de la campaña de Le Pen fue su propues-

ta contra Europa y la inmigración, y el discurso basado

en la obsesión por la seguridad ciudadana y sus miedos.

La aceptación de estos parámetros de discusión durante

la campaña propició el mayor fracaso histórico de la iz-

quierda francesa.

3. La seguridad y sus políticas: un proceso evolutivo

El tema de la seguridad y sus políticas aparece tardíamen-

te como punto de interés criminológico. En efecto, es difí-

cil encontrar análisis sobre esta temática anteriores a los

años ochenta. Una posible respuesta a tal demora es que

el proceso evolutivo del conocimiento criminológico y de

las temáticas de seguridad no proporcionaron, hasta esos

años, unas condiciones objetivas para que pudiera desa-

rrollarse el estudio de las políticas públicas de seguridad.

Para tratar de razonarlo, expondré un recorrido por

la criminología a través del siguiente triángulo:

Cronológicamente, el recorrido criminológico ha ido

en el sentido de las agujas del reloj. Así, originariamente,

la pregunta a la que tal ámbito de conocimiento trató de

responder era: ¿por qué los individuos se desvían de la

norma? En otras palabras: ¿por qué no adecuan su com-

portamiento a la norma? Es evidente que en dicho con-

texto, centrado en el sujeto desviado, las preguntas sobre

la seguridad no tienen mucho sentido. Es más, ni tan solo

aparece un interés específico por la temática policial, so-

bre la que existe escasa literatura.

La progresiva evolución de la criminología llevó a

matizar la respuesta a la pregunta ¿por qué se separan

de la norma?, que inicialmente se centraba sobre aspec-

tos y razonamientos individuales en un enfoque dirigido

hacia grupos colectivos y sociales (Escuela de Chicago) y

finalmente apuntó a las teorías del etiquetamiento. Di-

chas teorías abrían el campo a un cambio de dirección:

si la cuestión consiste en etiquetar con éxito, el problema

reside en quién etiqueta. Ello llevó a fijar la atención en

la relación entre quien se desvía y quien define y con-

trola tal desvío. En otras palabras, el sistema de justicia

criminal cobra centralidad, y con ello se desarrollan los

temas de seguridad y policía. Aparece así una visión de la

policía como aparato represivo integrado en un sistema

de justicia criminal y se desarrolla toda una corriente crí-

tica sobre la policía y sobre la seguridad, sus límites, sus

costes, sus consecuencias.

Para cerrar el triángulo, solo faltaba desarrollar el

último ángulo, consistente en relacionar esos apara-

tos de control con el entorno general de producción de

normas, con sus mandantes reales, con las institucio-

nes de poder (que de manera generalizada se identifican

mayoritariamente con el Estado). Superar el estudio es-

tático (crítico o institucional) de los temas de policía y

Norma

Control Desviación

estaDocausa-efecto

inDiViDuoadecuación

mecanismosacción-reacción

160 | Dossier

de seguridad significa entrar en el análisis dinámico de

aquellos mecanismos que dirigen la acción de los apara-

tos de control, que permiten desarrollar acciones trans-

formadoras de la sociedad, y ello nos lleva al análisis de

las políticas públicas de seguridad, cosa que no ha sido

posible hasta el reciente desarrollo de las disciplinas

centradas en tales análisis.

Si el desarrollo del conocimiento de las políticas pú-

blicas es reciente (Muller 2006), podemos afirmar que el

análisis de políticas públicas de seguridad es recentísimo,

con lo que todavía no disponemos de una masa crítica

suficiente. No obstante, algunos autores provenientes del

derecho, de la sociología, de las ciencias políticas, han

iniciado ya este camino.

3. Las políticas de seguridad y sus contextos

Como acabamos de ver, el tema de la seguridad solo pue-

de ser analizado en plenitud si introducimos la dimensión

política, si lo enfocamos desde las políticas de seguridad.

Pero ello no es posible desde un punto de vista meramen-

te abstracto. Las políticas de seguridad forman parte del

conjunto general de políticas adoptadas por los poderes

públicos con capacidad de hacerlo y atendidas las cir-

cunstancias de cada lugar y en cada momento. Por ello

deben ser vistas como políticas sectoriales y vinculadas a

otras como las de bienestar social, sanidad, urbanismo o

educación, por poner tan solo unos ejemplos significati-

vos. Pero no por sectoriales dejan de ser primordiales. Es

ya bien conocido y no constituye ninguna novedad que

el miedo al crimen se ha utilizado como instrumento de

dominación, de gobierno, de sujeción, al menos desde

Hobbes, aunque haya sido recientemente redescubierto9.

En estas páginas no vamos a entrar a fondo en cues-

tiones de definición de políticas públicas10 sino en algu-

nos de los contextos en que estas se desarrollan, a partir

de tres puntos que considero esenciales: la relación de-

mocracia-autoritarismo; la relación Estado-local-global;

la relación confianza-miedo-riesgo.

Pero para poder concretar un contexto, un entorno,

es necesario definir unos mínimos parámetros como

espacio, tiempo y condiciones de desarrollo del modelo

social vigente. Así, a la hora de analizar políticas de segu-

ridad, será determinante conocer el entorno político en

que se producen (modelos de estado democráticos o no;

modelos de desarrollo de cada Estado, etcétera).

El primer punto es el relativo a la diferencia esencial

entre entornos políticos democráticos y autoritarios, y

entre políticas de seguridad autoritarias y democráticas.

Para tratar de distinguirlas y diferenciarlas, podemos

afirmar que las políticas de seguridad democráticas están

orientadas a conseguir (y solo pueden funcionar si efec-

tivamente lo consiguen) la confianza de los ciudadanos,

mientras que las políticas de seguridad autoritarias están

encaminadas a conseguir la adhesión de los ciudadanos.

En este último caso, se trata de mecanismos populistas

cuyo objetivo no consiste en transformar la realidad sino

9 El gobierno, a través del crimen en las formas recientes de políticas públicas, ha sido analizado y descrito por Simon 2007.

10 Para ello, puede verse Recasens 2007.

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 161

en canalizar, en provecho de determinadas personas o

partidos políticos, sentimientos, miedos o reacciones so-

ciales.

En una palabra, se trata de instrumentalizar los me-

canismos democráticos de solución de conflictos a partir

de la generación de amplios “consensos” fundados en co-

rroborar lo que parte de la sociedad, debidamente men-

talizada, cree desear o desea oír. Es el discurso del miedo,

del espantajo destinado a producir obediencia o, en otros

casos, a establecer una cortina de humo ante errores o

desaciertos de los poderes públicos en otros ámbitos de su

gestión11. Naturalmente los mecanismos de unas políti-

cas u otras serán diferentes, y los resultados también. Es

preciso señalar que pueden perfectamente darse políticas

de seguridad autoritarias en entornos democráticos, pero

al precio de tratar estas democracias como democracias

11 Baste recordar las amplias reformas en materia de justicia y seguridad que se produjeron durante las semanas inmedia-tamente siguientes a la catástrofe ecológica del buque Prestige frente a las costas gallegas. En pocos días, el Gobierno propuso un paquete de medidas de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que endurecían las penas para la pequeña delincuencia, las bandas organizadas, la reinciden-cia y la violencia doméstica, entre otros (La Vanguardia, 11-1-2003, El País, 9-1-2003). Con ello, el Gobierno pretendía dar una imagen positiva de lucha contra la inseguridad ciudadana, que la oposición no dudó en tachar de “chapapote legislativo” para tratar de tapar la crisis del Prestige y la preocupación ciu-dadana por el aumento de delitos (La Vanguardia, 11-1-2003). En el momento de escribir estas líneas, el Gobierno español pa-rece volver a la carga con la misma estratégia de populismo pu-nitivo al proponer, en medio de una durísima crisis socioeconó-mica y política, una batería de propuestas de endurecimiento punitivo (El País, 14-9-2012).

formales (p. ej. mediante la minusvaloración de los par-

lamentos, el otorgamiento de impunidad a las policías,

la tolerancia de corrupción en el sistema de justicia cri-

minal, el recorte del poder judicial, etcétera). La apari-

ción de políticas de seguridad autoritarias constituye un

buen indicador para saber si nos hallamos en entornos

verdaderamente democráticos o si, por el contrario, nos

encontramos ante democracias meramente formales.

Un segundo elemento esencial del entorno lo consti-

tuye la nueva relación entre Estado-nación, espacio local

y espacio global. No podemos ignorar la existencia del

fenómeno de la globalización, fruto de la necesidad de

los medios de producción, tanto de abrir nuevos merca-

dos como de abaratar costes. Esta mundialización de la

actividad económica se desarrolla con base en políticas

neoliberales (Navarro 2003, p. 149) cuyas consecuen-

cias distan mucho de los deseos de aquellos que quieren

orientar la mundialización hacia un proyecto humanista

y alternativo” (Amin 1999, p. 19).

El concepto mismo de globalización está sujeto a fuer-

tes paradojas, que son el producto de la dificultad de glo-

balizar lo que es heterogéneo. Esta uniformización solo

es posible a partir del establecimiento de relaciones de

dominación basadas en el dictado de pautas impuestas

por los estados, empresas o lobbys con mayor poder coac-

tivo, lo que convierte a la globalización en un conjunto

de dictaduras financieras especulativas, en un falso mer-

cado libre del capitalismo que en el fondo se traduce en

una relación de dominación entre globalizadores y glo-

balizados. Nacen en este contexto nuevas políticas crimi-

nalizadoras y nuevos sistemas de control que requieren

162 | Dossier

un análisis profundizado, dificultado por el secretismo, el

obstruccionismo y la anomia en que se mueven.

El fenómeno de la globalización supone una redefini-

ción de espacios en función de la transformación econó-

mica. Del mismo modo que el Estado-nación se impuso

a los restringidos límites de los territorios feudales, inca-

paces de encuadrar y de absorber las necesidades de un

mercado capitalista, ahora es el mismo Estado-nación

el que se ha vuelto demasiado pequeño para las exigen-

cias de la globalización. En esta redefinición, los espacios

tienden a transformarse en infranacionales y suprana-

cionales, cosa que afecta a conceptos tan fundamenta-

les e inherentes al Estado-nación como los de soberanía

(Habermas 2000).

La otra cara de la moneda de la globalización y de la

crisis del Estado-nación la constituye el fenómeno local.

La misma tensión que provoca la supra-estatalización

alimenta una necesidad/exigencia ciudadana de proxi-

midad de las instituciones. Esto hace que varios autores

utilicen el término “glocal” para señalar esta doble ca-

racterística de los nuevos espacios en construcción (Ro-

bertson 1995; Beck 1998, p. 77 y ss.; Borja y Castells

1999, p. 18; Dahrendorf 2002, p. 31 y ss.).

La globalización, en cuanto productora de nuevos

espacios dominados por lógicas no estatales de raíz eco-

nómica y ligadas a conceptos de orientación capitalista

neoliberal, supone una crisis del Estado-nación y en es-

pecial de los modelos asistenciales desarrollados durante

las últimas décadas. Esta transformación lleva al Estado

hacia modelos más privatizados, más actuariales y más

descentralizados, como consecuencia de la drástica limi-

tación de recursos y de la tensión “glocal”.

Ahora bien, si este es el contexto, cuáles son las con-

secuencias en un ámbito tan ligado al Estado como es el

de la seguridad, clásica fonction régalienne a él tradicio-

nalmente reservada y reflejada en la ya tantas veces re-

petida relación entre Estado y monopolio legítimo de la

violencia señalado por Weber (1987). La quiebra de la

ilusión del Estado tutor pone en evidencia los cambios

producidos por la evolución del Estado como espacio po-

lítico y como espacio de mercado hacia un Estado provi-

dencia y finalmente a un Estado de mínimos.

Una de las consecuencias de este proceso es la inca-

pacidad actual de este Estado para subvenir, mediante los

poderes públicos, a las necesidades integrales de seguri-

dad (Robert 1999, pp. 110-111). El impacto de la crisis

de este modelo de Estado hace que una parte de la segu-

ridad (pública/ciudadana) que él mismo debería garan-

tizar esté abocada a desaparecer, salvo que sea asumida,

ya sea por instancias supraestatales, ya por las infraesta-

tales12. El resto será absorbido por el sector privado o bien

se perderá, incrementando así la conflictividad social y

alterando en negativo los niveles sociales de tolerancia/

confianza de la sociedad afectada.

Esta redefinición de espacios plantea graves proble-

12 Recordemos que las administraciones infraestatales –lo-cales y regionales– no dejan de ser Estado, pero adoptan otras formas diversas a las del Estado-nación centralizado, y en de-terminadas circunstancias suponen formas políticas distintas a las del Estado-nación.

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 163

mas en el plano de la seguridad, concepto que, como he

dicho, se halla, desde sus orígenes modernos, vinculada

a la forma del Estado-nación y, a través de ella, a la idea

de soberanía. La aparición de espacios macrosecuritarios

de tipo supraestatal, como el espacio policial europeo,

han hecho de las seguridades nacionales una cuestión

multilateral. En el ámbito de lo global, aparecen políticas

claramente represivas vinculadas a grandes temas secu-

ritarios (terrorismo, drogas, libre circulación y extranje-

ría, crimen organizado, violencias) (Recasens 2007).

Por otra parte, pero simultáneamente, el reclamo de

una mayor atención a las necesidades de una seguridad

vinculada a los ciudadanos y a sus demandas básicas ha

desarrollado un creciente interés por los aspectos micro-

securitarios, en un espacio local que reclama para sí el

ámbito de lo asistencial, de la solución de problemas, de

la mediación, etcétera, pero al mismo tiempo se consa-

gra también como el espacio de las inseguridades de la

pequeña delincuencia, del riesgo y de los miedos de los

ciudadanos.

Las respuestas a tal dualidad se plasman en los plan-

teamientos “blandos” como la policía comunitaria o de

proximidad, o los “duros” y traumáticos de tolerancia

cero. Mientras que los primeros pretenden incrementar

la seguridad a partir de la aproximación de la policía a

los ciudadanos, el uso de técnicas de patrulla urbana en

diálogo permanente con los ciudadanos (de los que ob-

tiene información al tiempo que les genera sensación de

seguridad) y la apuesta por la prevención/proactividad,

los segundos se basan en la presión férrea aplicada a cier-

tos espacios ciudadanos, la dureza de las sanciones, una

cierta permisividad a la rudeza policial y un “eficacis-

mo” a toda prueba, fundado en principios de represión/

reactividad13. Pero a pesar de las diferencias técnicas,

relacionales e incluso ideológicas que separan a ambos

modelos, estos tienen en común la voluntad de resolver

problemas ciudadanos relacionados con la seguridad en

espacios y colectividades locales (y por tanto infraestata-

les) a partir de una intervención policial capilar.

Se va definiendo así, también en el terreno de la segu-

ridad, un ámbito “glocal” que evidencia la indisociable

complementariedad de lo global con lo local. Apenas se

profundiza en fenómenos de alcance local, como pueda

ser un problema de tráfico de drogas o de prostitución,

o de robos en domicilios, aparece tras ellos, con extraor-

dinaria frecuencia, una dimensión global ligada a gru-

pos organizados transnacionales de narcotráfico, trata

de seres humanos o redes criminales de otra índole. Los

problemas saltan así a menudo de lo local a lo global y vi-

ceversa, dejando al Estado un papel secundario de mero

intermediario y gestor. Ello obliga a una revisión de los

límites y campos de la intervención estatal, lo que con-

lleva dificultades de ajuste, legitimación, control, eficacia

operativa, etcétera.

En síntesis, se puede apreciar una tendencia, en el

ámbito de lo global, al desarrollo de políticas cada vez

más claramente represivas, mientras que lo local se quie-

re asimilar a lo asistencial, pero no consigue mostrarse

exento de postulados represivos basados en la explota-

13 Para una idea básica de tales planteamientos puede verse Crawford 1997, Wilson y Kelling 1982 y Roché 2002.

164 | Dossier

ción (no siempre honesta) de las inseguridades, la peque-

ña delincuencia y los miedos de los ciudadanos, por parte

de quienes se constituyen en generadores de opinión, de

políticas o de prácticas en este ámbito.

Así, si queremos hablar de políticas públicas de segu-

ridad tenemos que tener en cuenta que nuestro contexto

viene determinado por un entorno “glocal” que modifica

el concepto clásico de seguridad y por una nueva visión

del riesgo y de su aseguramiento que pasa a la vez por una

privatización y por una redefinición de los instrumen-

tos clásicos, como por ejemplo la policía, que se orienta

hacia la constitución de puntos de acceso de fiabilidad

basados en la proximidad y en un modelo más amplio y

polivalente de prestación de servicios del que existía en el

Estado-nación clásico. En este sentido podemos afirmar

que el desarrollo y consolidación del concepto de seguri-

dad se produce en detrimento del concepto premoderno

de orden, puesto que, mientras el primero se vincula a

la noción moderna de riesgo, el segundo está indisolu-

blemente unido a la noción premoderna de obediencia al

Estado-nación (Recasens 2000, p. 13-17). La evolución

de la seguridad durante los últimos cincuenta años la ha

llevado a una progresiva capilarización y a un aumento

de su capacidad de penetrar y alcanzar todos los ámbi-

tos de la vida pública y privada. Es por eso que es cada

vez más importante definirla, investigarla e interpretarla

como una parte fundamental de las políticas públicas.

Lo hasta aquí apuntado nos lleva al tercer elemento:

el de la relación de confianza que debe establecerse en

materia de seguridad entre ciudadanos e instituciones.

Los puentes que se establecen pueden ser entendidos

como puntos de acceso de fiabilidad, y la confianza como

una forma de reducción de riesgos/peligros.

En términos modernos, el riesgo y su aseguramiento

(Beck 1993, pp. 26-27) están ligados a la magnitud del

peligro, de forma que una situación se vuelve más peli-

grosa en la medida en que no se puede asegurar o, lo que

es lo mismo, no se puede prever ni por lo tanto prevenir

(Luhman 1996, pp. 31-32). La seguridad consiste en-

tonces en contrarrestar el peligro mediante mecanismos

de fiabilidad y de riesgo aceptables, es decir, conocidos y

por lo tanto calculables. Así, el riesgo viene limitado por

la fiabilidad y esta aumenta en la medida que conocemos

el entorno (Giddens 1999, pp. 41-44). Por otro lado, esta

fiabilidad no es abstracta, se concreta en unos “puntos de

acceso de fiabilidad”, elementos contactables que permi-

ten la conexión entre personas y sistemas expertos en-

cargados de infundir fiabilidad. La policía, por ejemplo,

constituye un ejemplo claro de punto de acceso de fiabili-

dad entre ciudadanos y el sistema experto policía, tenien-

do en cuenta que un contacto negativo o frustrado con

el sistema experto policía hace disminuir la credibilidad

frente a sus usuarios y aumenta la percepción de riesgo,

en este caso traducible en inseguridad (o’ Malley 1998;

Ericsson y Haggerty 1997; Recasens 2003).

Pero contextualizar una política pública no consiste tan

solo en ubicarla en su entorno sociopolítico y económico. Es

preciso poder compararla con otras semejantes para intro-

ducir eventuales mejoras o establecer posibles alineaciones.

No obstante, es preciso tener bien claro que la comparativi-

dad tiene reglas y límites que es necesario respetar.

incluso en entornos que podemos considerar como

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 165

parecidos, no se debe caer en la tentación de tratar de

comparar lo incomparable o de producir transferencias

de modelos o prácticas de seguridad de un entorno a otro,

sin analizar previamente si dicho entorno es capaz de re-

cibir tal modelo o dichas prácticas. En este sentido, no

podemos ni debemos ignorar las diferencias sociales, his-

tóricas, económicas o políticas de las realidades europeas

y de América Latina, o incluso entre estados y regiones al

interior de ambas realidades continentales. Los procesos

de crisis socioeconómicas, el concepto de Estado, su ma-

yor o menor desestructuración y la relación entre mode-

los de seguridad y ciudadanía son otros tantos elementos

diferenciadores que, si bien no impiden la comparación y

el intercambio de experiencias, sí obligan a hacerlo con

extrema prudencia y tras un minucioso análisis.

Para obtener una buena comparación es preciso, en

primer lugar, saber identificar las políticas, y en segundo

lugar ser capaz de hallar los mínimos comunes denomina-

dores que nos permitan establecer un espacio de trabajo.

En cuanto a la identificación, baste con señalar que,

en general, las políticas de seguridad de corte progresis-

ta son menos visibles y reconocibles. Por ejemplo, en lo

relativo a las políticas preventivas y en especial las que

contienen elementos de prevención social de la crimina-

lidad, se constata una confusión respecto de su definición

y naturaleza14. Aparecen con nombres diferentes y cam-

biantes, son sujeto de varias disciplinas y especialidades

(criminológica, psicológica, sociológica, epidemiológica,

14 Véase entre otros: Crawford 2009, Hughes 2010, Hebbe-recht & Baillergeau 2012.

etcétera) que se centran en la temática desde perspec-

tivas diferentes (el delincuente, la víctima, el contexto,

etcétera). Por ello resulta difícil incluir determinadas po-

líticas en el campo de la prevención del delito (Crawford

2009). Resulta así una dilución de tales políticas en el

marco de políticas más generales, desarrolladas bajo di-

ferentes prioridades. Determinadas políticas de escola-

rización o de salud, por ejemplo, incorporan elementos

de políticas de seguridad, pero dichos elementos quedan

diluídos en los objetivos generales de las políticas o apa-

recen como elementos secundarios o complementarios:

es evidente que reducir el ausentismo escolar o prevenir

la prostitución conllevan –también– objetivos claros de

seguridad, pero son difícilmente reconocibles como polí-

ticas de seguridad en sentido estricto, por lo que pierden

visibilidad15.

En sentido contrario, existe también el riesgo de co-

meter el exceso de ampliar el alcance de las políticas de

seguridad al enfatizar y desorbitar el tema de seguridad

sobre otras políticas y colocando las políticas sociales

bajo la bandera de la criminalidad (Gilling 1997).

Por otra parte, en lo relativo a las mínimas defini-

ciones comunes, se puede considerar mayoritariamen-

te aceptado que la seguridad pública16 aparece bajo la

forma de un concepto integral que incorpora diversos

15 Además de ello, hay que contar con que tales políticas suelen ser a largo plazo, y por ello tienen difícil encaje en las agendas políticas y sus tiempos.

16 La denominación de los conceptos es cambiante según los entornos; es preciso atenerse a los conceptos subyacentes a

166 | Dossier

ámbitos de la seguridad, como seguridad ciudadana,

protección civil, seguridad vial, cobertura del auxilio en

casos de catástrofe, aspectos sanitarios epidemiológicos

u otros. El mantenimiento de estas condiciones se consi-

dera necesario y se atribuye a las instancias públicas la

competencia para establecerlo, preservarlo y restaurarlo.

Hay que distinguir este concepto de seguridad públi-

ca del concepto de seguridad ciudadana, que debe enten-

derse como una parte concreta de la seguridad pública

y se puede definir como la garantía (prevención, protec-

ción o, en su caso, reparación) de la integridad y el le-

gítimo disfrute y posesión de sus bienes por parte de los

ciudadanos, como realización efectiva del ejercicio de sus

derechos y libertades (Recasens 2007).

Pero recordemos que, tal como estamos tratando de

argumentar en estas páginas a partir de la imagen de la

pipa de Magritte, no todo lo que se define como política

de seguridad constituye en realidad tal cosa. El desarrollo

de políticas de seguridad requiere seguir un determina-

do camino, respetar determinadas reglas, sin las cuales

no se puede hablar propiamente de políticas (Subirats

2008). Aparecen, en su defecto, acciones o procesos que

pueden calificarse como falsas políticas o pseudopolíti-

cas. Pero incluso en la hipótesis de que no se aplicaran

tales pseudopolíticas, no se puede hablar de vacío (que en

ningún caso se produce) sino de la ocupación del espacio

de las inexistentes políticas por parte de los operadores

que hubieran tenido que aplicarlas. En otras palabras, a

cada una de las denominaciones para ver cuál es su equivalen-te en cada realidad concreta.

falta de verdaderas políticas de seguridad no se produce

el vacío, sino su sustitución por actividades e intereses de

operadores políticos o de corporaciones. En el caso de es-

tas últimas, cuando se ven forzadas a actuar en primera

línea y huérfanas de directrices superiores, tienden a uti-

lizar su propia panoplia de recursos a partir de los valores

y conocimientos de que disponen, que por defecto suelen

ser corporativos. Ello acaba por producir terribles distor-

siones, de la que hay que responsabilizar a las corpora-

ciones de seguridad por acción, pero no hay que olvidar

las responsabilidades políticas por omisión.

4. Conclusiones 

En síntesis, y resumiendo las ideas esenciales contenidas

en estas páginas:

1. toda teoría crítica, en general y en temas de seguri-

dad en concreto, debería estar orientada a la conse-

cución de la transformación real de la sociedad. Lejos

de mantenerse fuera de los circuitos de decisión y go-

bierno, debería esforzarse por entrar en ellos y, en la

medida de sus posibilidades, modificar el entorno en

el sentido deseado y planteado en la teoría. Por ello es

preciso que la crítica sea el elemento esencial, no solo

de la fase de diseño, sino también de la fase de ejecu-

ción de las políticas públicas. La crítica debe ser con-

servada cuando las opciones que defiende alcanzan

el nivel de toma de decisiones: el poder. Debe inspirar

tales decisiones sin perder la capacidad de regenera-

ción crítica, so pena de tornarse poder conservador y

reflexiones sobre la seguridad... a. recasens i Brunet | 167

autodefendido. Ejercer críticamente la capacidad de

transformar y de transformarse con la transforma-

ción, sin perder el espítritu crítico. Ello es casi impo-

sible por la naturaleza absurdamente conservadora

de todo poder, como demostró Benjamin. Por ello, la

tensión se sitúa entre el campo teórico más crítico (y

su nivel de compromiso) y el entorno político preocu-

pado por mantener el poder.

2. El desarrollo de las políticas públicas han permitido

dar un nuevo impulso a los análisis de la seguridad,

permitiendo comprender sus vinculaciones con el

poder y sus políticas. Las transformaciones que están

sufriendo los espacios geoeconómicos y geopolíticos

con el fenómeno de la glocalización afectan a los esta-

dos-nación, y en consecuencia a la seguridad. Dichas

transformaciones requieren un análisis en profundi-

dad de las políticas públicas de seguridad.

3. Una política pública de seguridad progresista, enton-

ces, tiene que ser forzosamente crítica, democrática,

comprometida con la generación de relaciones y sen-

timientos de confianza entre ciudadanos y poder.

Repensar la seguridad en clave crítica supone pensar-

la en clave de políticas públicas, como un paso a la ac-

ción, por frustrante que pueda llegar a ser su fracaso. No

es que sea muy optimista en cuanto a la tensión critica-

poder, pero es mejor fracasar tratando de transformar la

realidad que permanecer al margen sin tan siquiera ha-

ber tratado de hacerlo.

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avanCes de investiGaCión

La des/legitimación del delitoAproximaciones hacia una práctica ignotaMario Millones Espinosa

Balance: Cuatro décadas de prevención del delito en VenezuelaDorennys Angulo García

Estudio sobre la construcción de la identidad profesional de la PNB desde los ambientes de formación inicialCaso II cohorte CEFOUNES Helicoide (2012)Luis Díaz

Identidades proscritas en el ParanpanpanAvance de sistematización de experienciaYosjuan Piña Narváez, Eliseb Anuel, Joalbert Parra y Angie León

171

LA DES/LEGITIMACIÓN DEL DELITOAproximaciones hacia una práctica ignota

MARIO MILLONES ESPINOSA*

Resumen: entender el delito, en tanto práctica, vislumbra la com-

plejidad del comportamiento de la sociedad en su conjunto y una

multiplicidad de miradas y lugares comunes. en él se hallan desde

explicaciones economicistas hasta juicios religiosos, donde en su

gran mayoría la relación víctima/victimario es comprendida desde la

dicotomía bueno/malo. De esta manera, se construyen epítetos como

“antisociales”, “anormales” y “conductas desviadas”, entre otras.

sin embargo, algunas prácticas delictivas gozan de legitimidad social

no tanto en una forma discursiva de aprobación, sino más bien en su

forma de relación. esto es, superando la relación víctima/victimario y

sosteniéndose en la sociedad en su conjunto. el delito, en este sentido,

devendría construcción espacio-temporal constituyéndose en una rela-

ción y práctica social cotidiana (consciente o inconscientemente) bajo

el esquema de la urgencia o necesidad.

Palabras claves: delito, práctica social, des/legitimación, estructura,

agente.

Introducción

A continuación, se esbozan la problemática a estudiar y los alcances

metodológicos que se disponen en tres movimientos: primero, se delimita

y tensiona el delito como hecho plausible de objetivar; segundo, se pincela

la problemática que estaría detrás de un cierto tipo de delito (el amateur) y,

* Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES. Magíster en Sociología, Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Santiago de Chile. E-mail: mario.millones.espinosa@gmail.com

172 | aVances De inVestigación

tercero, se plantean los alcances metodológicos con al-

gunos resultados preliminares.

El delito: alcances de un problema

otorga el delito una forma esquemática de diferenciar lo

legal de lo no legal. Despliega dispositivos, instituciones y

moralidades frente a un hecho puntual que advierte un

mirar y actuar determinado en sociedad. jueces, cárce-

les, propiedad privada y la vida misma entran en tensión

cuando un hecho se acusa como delito, pues supone que

cada instancia se ve involucrada (como parte vulnerada

o castigadora) en la producción dicotómica bueno/malo.

Existe una heterogeneidad de definiciones sobre deli-

tos tan abundante que difícilmente se puede acuñar un

solo concepto o idea para su análisis. Lo que antes fuera

considerado como delito puede que hoy ya no lo sea o, in-

versamente, lo que antes no fuera considerado delito hoy

puede que sí lo sea. De esta manera, el delito no tiene un

enunciado unívoco y, por ende, es desde ya problemático

intentar definirlo. Aún más, el delito pudiera llevarse a

cabo sin la necesidad de su conciencia o efectuarse como

una práctica bajo regla. Dos ejemplos de ello: Arendt,

al proponer la banalidad del mal para el caso del juicio al

nazi Adolf Eichmann1, manifestó que para este tipo de

caso una acción individual no puede encerrarse en sí

1 Arendt advierte: “Sus actos únicamente podían considerar-se delictuosos retroactivamente. Eichmann siempre había sido un ciudadano fiel cumplidor de las leyes, y las órdenes de Hitler, que él cumplió con todo celo, tenían fuerza de ley en el tercer Reich” (Arendt, 1999: 20).

como acto completamente racional e individual, pues

su aplicación correspondió a procedimientos burocráti-

cos y administrativos establecidos, a saber: había rutinas

asignadas y burocráticamente ordenadas (primero, ex-

pulsar; luego, concentrar y, por último, exterminar). La

propuesta de Arendt, en este sentido, señala lo banal de

Eichmann, como político, burócrata y persona. Con esta

banalidad, se tensa la visión de que el nazismo fuera pro-

ducido por mentes metafísicamente malvadas: al contra-

rio, eran personas completamente banales. De allí, que

el fascismo puede producirse en cualquier persona, bajo

cualquier idea, bajo cualquier sentimiento.

Por otro lado, en el film El Chacal de Nahueltoro, el di-

rector chileno Miguel Littin muestra la doble moral de a

la ley respecto a ciertos delitos. El protagonista, un traba-

jador temporal marginal del campo, alcohólico y analfa-

beto, asesina a una mujer y sus hijos, pues no veía futu-

ro alguno en ellos sino el propio destino que él siguiera.

Luego de ir a prisión, es juzgado (además, señalado por

medios de comunicación como Chacal), educado y, poste-

riormente, condenado a muerte. Finalmente, es fusilado.

En ambos ejemplos el delito y la ley enseñan sus lími-

tes: en el primero, el delito funge como acción burocráti-

ca y dogmática, es el paroxismo de la política (eliminar al

opositor y el antagonismo2), mientras que en el segundo,

la arbitrariedad de asesinar del primero es superpuesta

con la arbitrariedad de la justicia mediante el fusilamien-

to. Es menester mencionar en este punto que la regla,

2 Este último, elemento imprescindible para la constitución de la política según Laclau y Mouffe (2010).

la des/legitimación del delito m. millones e. | 173

como señala Bourdieu (2008), delimita el poder superior

(en cuanto está sujeta a la interpretación y aplicación) y,

al definir lo que este tiene derecho a exigir, impone siem-

pre un límite de arbitrariedad, de abuso de poder. Así, el

orden burocrático entendido como las leyes no podría

funcionar si no se diera cabida a una “casuística infini-

tamente sutil del derecho [droit] y el abuso de derecho

[passe-droit]” (Bourdieu, 2008: 150).

El delito, así, resulta una construcción histórica que

ha respondido a intereses políticos y económicos cuan-

do en su aparición también se fecunda su excepción. Así,

el acto delictivo y la ley devienen síntoma. Síntoma en

tanto que cada uno de estos elementos “subvierte su pro-

pio fundamento universal” (Žižek, 2008: 339). Aquella

subversión implica la lógica de la excepción, esto quiere

decir que cada “universal […] es ‘falso’ en la medida en

que incluye necesariamente un caso específico que rom-

pe su unidad” (ídem). Allí, por ejemplo, donde un sujeto

o un colectivo actúa como agresor también está inscrito

su signo contrario (Cerbino, 2011): ser víctima de otras

violencias que se creen inexistentes u ocultas y que, por

tanto, no se enjuician ni se castigan3.

3 Habrían varios tipos de violencia. Bourgois identifica las si-guientes: violencia política (desigualdad política y económica), violencia estructural (humillación e inferiorización sistemáti-ca), violencia simbólica (aquella que se daría en las microrre-laciones). Sin embargo, Žižek también señala la existencia de una violencia invisible que, de un “modo ‘catastrófico del fun-cionamiento bien aceitado de nuestros sistemas económicos y políticos’, impide que el lugar de observación de las violencias (subjetiva y objetiva) sea el mismo, puesto que la primera de

La sociedad moderna, bajo la lógica de Bauman, es-

tablece una redistribución de las violencias y no el desa-

rraigo como se ha pensado. Por ello, el síntoma que se (d)

enuncia no es sino la violencia generalizada (redistribui-

da) de la diferenciación social con base en adquisiciones

cuya consistencia ontológica, utilizando la fórmula de

Sohn-Rethel utilizada por Žižek para su teoría de la ideo-

logía, implica un no-conocimiento de sus participantes.

El delito ha sido construido, en conjunto con la ley,

como parte prácticamente integral de las clases socia-

les. Varios son los estudios económicos y criminológicos

que asocian el delito al crecimiento del desempleo; sin

embargo, y aunque existe correlación en este hecho, no

termina por explicar la causalidad. En la construcción

simbiótica delito/clases-bajas se imprime, de esta mane-

ra, el fundamento de la modernidad, el capitalismo y el

Estado: la propiedad.

Aunque la propiedad privada como punto problemá-

tico político-filosófico puede rastrearse desde Aristóteles,

no es sino con Locke que se entiende como parte integral

de la defensa de las personas. La propiedad pasa a ser

propiedad de sí y constituye al sujeto como “ciudadano”

en conjunto con su libertad individual. Por ello, no es

coincidencia que la caricatura del delito esté relacionada

constantemente con el derecho de protección de la pro-

piedad privada y sean personas generalmente de estratos

sociales más bajos lo que se ven afectados por este mirar

y juzgar.

estas se observa como si se diera en el vacío de la otra” (Cerbino, 2011: 66).

174 | aVances De inVestigación

Con el nacimiento de las instituciones modernas, el

delito tiene así su centro ontológico en la propiedad y en

los fundamentos que privilegian cierta distribución de

los bienes. Por ello, en tanto se construye la ley, también

se construye el delito; y este, como se enunció, tendrá en

su universalidad su excepción.

Consideraciones metodológicas

El riesgo metodológico que acá se ha asumido responde,

epistemológicamente, a la idea que Feyerabend propu-

siera de que en ciencia “todo vale”4. Así, la ciencia ha

avanzado, a base de procesos elocuentes, hasta un anar-

quismo metodológico donde el énfasis no ha sido reem-

plazar un método por otro ni una hipótesis por otra (esto

es, su posibilidad de falseabilidad como estimaba Popper)

sino que ha sido, por el contrario, la misma inventiva y

arreglos a fines, cual sistema de creación (e imaginación)

de las artes, donde los científicos o investigaciones más

avanzan.

Al tratar de responder el problema planteado, enton-

ces, se utilizan indistintamente métodos y técnicas que se

adaptan al problema en cuestión y no a su inversa, esto

es, adaptar el problema a la metodología.

La historia de la ciencia, después de todo, no consta de

hechos y de conclusiones derivadas de los hechos. Con-

4 Existe una paradoja en este “todo vale” de Feyerabend que, en palabras de Horacio (2003), tiene dos variantes: la primera, todo vale en cuanto a método y, segundo, sobre el producto del conocimiento.

tiene también ideas, interpretaciones de hechos, pro-

blemas creados por interpretaciones conflictivas, erro-

res, etc. En un análisis minucioso se descubre que la

ciencia no conoce “hechos desnudos” en absoluto, sino

que los “hechos” que registra nuestro conocimiento es-

tán ya interpretados de alguna forma y son, por tanto,

esencialmente teóricos (Feyerabend, 1986: 3).

Por ello, el diseño de investigación implicó transgre-

siones a un eje fundamental del cual se respalda la cien-

cia, sobre todo la fundada en principios estadísticos: la

muestra. Esta fue escogida de manera intencional, ex-

perimental y bajo criterios de observación (e intuición)

que lejos están de poder inferir conclusiones generales.

Más bien, la intención inicial fue comenzar a plantear la

problemática de la legitimidad de prácticas sociales, y el

método aquí presentado se encamina a vislumbrar nue-

vas interrogantes para este propósito.

Diseño de la investigación

El diseño bajo los estudios mixtos reclaman una especi-

ficidad que se señala de antemano por cada autor como

cierta tarea “artesanal”, como señalan Hernández Sam-

pieri et al. (2010), pues serían “hechos a medida”. En la

presente investigación, se recogieron los datos a través de

la siguiente secuencia:

Figura 1. esquema diseño DeXplos.

observación

cualitativo

encuesta

cuantitativo

análisis e interpretación

de los resultados

la des/legitimación del delito m. millones e. | 175

Cuando se combinan técnicas cualitativas y cuan-

titativas, los diseños reciben nombres particulares de

acuerdo a la jerarquización o distribución de los análi-

sis. Para este caso, el estudio comienza con una técnica

cualitativa (observación) y luego una técnica cuantita-

tiva (cuestionario). Este tipo de diseño recibe el nombre

de “diseño exploratorio secuencial” (DEXPLoS), el cual

implica una fase inicial de recolección de datos cualita-

tivos (observación) seguida de una donde se recaban y

analizan datos cuantitativos.

Hay dos modalidades, a su vez, de este tipo de diseño

dependiendo de su finalidad: derivativa y comparativa.

En la primera, el análisis de datos cuantitativos se sostie-

ne o se construye sobre la base de datos cualitativos (caso

de la presente investigación) y, en la segunda, se reco-

lectan y analizan datos cualitativos y cuantitativos para

posteriormente comprar ambos resultados e interpretar

así de mejor manera la problemática anunciada.

Como se anticipó, las técnicas de recolección de datos

para esta investigación fueron dos: observación y cues-

tionario.

» Observación: comenzó con una participación moderada

para terminar en una participación pasiva, conside-

rando esta última propicia para recolectar datos sin

una intervención en el espacio, que pueda generar

problemas posteriores para efectos de la investigación

en cuanto a entrega de información.

» Cuestionario: se elaboraron preguntas cerradas con

una sola posibilidad de respuesta. Los ítems de los

cuales se extrajeron las variables son: identificación,

condiciones laborales, consumo, expectativas, prácti-

cas y percepción.

No obstante este último, el proceso de observación

es transversal a todo el proceso puesto que, como toda

investigación cualitativa, la posibilidad de replantear

objetivos es latente a medida que se van encontrando

variables a investigar o, por el contrario, descartar. ta-

les técnicas de recolección de datos se guiaron por las si-

guientes interrogantes:

» ¿Existen prácticas delictivas socialmente legitimadas?

» ¿Qué implicaría el proceso de des/legitimación de una

práctica?

» ¿Qué condiciones sociales influyen en que una prácti-

ca delictiva goce de cierta des/legitimidad?

Para responder estas interrogantes, la investigación

aplicó estas técnicas de recolección de datos a jóvenes de

Caracas, específicamente, de la parroquia Catia. Se ha es-

cogido a jóvenes, sobre todo, por ser ellos quienes más se

ven afectados por delitos como robo y hurto y por ser este

mismo grupo quienes mayoritariamente son indicados

como los que más cometerían los mismos delitos. Esto no

quiere decir, sin embargo, que a quienes se les van a apli-

car los cuestionarios se les considera a priori como parte

de estos dos grupos, sobre todo del segundo. Más bien, lo

que se quiere es conocer su percepción (como grupo so-

cial) sobre ciertas prácticas cotidianas, algunas condicio-

nes socioeconómicas a las cuales se encuentran sujetos

y si des/legitiman prácticas delictivas en tanto jóvenes.

176 | aVances De inVestigación

De esta manera, el objetivo principal de la investiga-

ción es examinar y analizar el proceso de des/legitimación

de prácticas delictivas entre jóvenes trabajadores/as y no tra-

bajadores/as de la parroquia Catia. A su vez, los objetivos

específicos son:

» identificar las condiciones laborales y expectativas de

trabajo a las cuales están sujetos jóvenes trabajado-

res/as del comercio del bulevar de Catia, de comer-

cio ambulante (buhoneros) del sector de la estación

de metro Gato Negro y de jóvenes del grupo Pa-

ranpanpan que hacen vida en el Parque Alí Primera

de Catia.

» Comparar las opciones y necesidades de consumo de

estos grupos de jóvenes.

» identificar, comparar y analizar los procesos de des/

legitimación de ciertas prácticas delictivas entre estos

grupos de jóvenes.

De esta manera, bajo los objetivos planteados, se pre-

sentan a continuación los resultados preliminares de la

encuesta en cantidades totales y porcentuales.

Resultados preliminares de la encuesta

La encuesta jóvenes, Consumo, Expectativas y Prácticas,

aplicada entre los días 22 de julio y 3 de agosto, arrojó los

siguientes resultados:

» De un total de 101 jóvenes encuestados, 51,5% co-

rrespondió a mujeres y 48,5% a hombres. En cuanto

a la estratificación por grupo, 50,5% correspondió

a trabajadores/as del bulevar de Catia (de los cua-

les, 25,49% fueron del sexo masculino y 74,51%

del femenino); 19,8% a trabajadores/as ambulantes

o también llamados buhoneros (de los cuales, 65%

fueron del sexo masculino y 35% del femenino) del

sector aledaño a la estación de metro Gato Negro, y

los/las jóvenes pertenecientes al grupo Paranpanpan

completaron el restante 29,7% (del que un 76,67%

correspondió al sexo masculino, mientras que un

23,33% al femenino).

» Respecto a la edad de los encuestados/as, donde más

se concentró la población fue en el rango que va de

los 18 a los 20 años con un 35,5%, seguido del rango

que fluctúa entre los 15 y 17 años con 23,8% y, por

último, entre los 21 y 23 años donde alcanzó 15,8%.

De esta manera, se señala que el mayor porcentaje

de personas encuestadas en los espacios escogidos va

desde los 15 hasta los 23 años y bordea 75,2% del to-

tal. El resto, es decir, un 24,8% se divide entre jóvenes

que van desde los 24 hasta los 35 años de edad.

» La distribución de los rangos de edad por grupos ma-

nifiesta que, para el caso de los/las trabajadores/as

del bulevar de Catia, el rango que más encuestados

tuvo fue el que concierne a las edades entre 18 y 20

años (33,33%), seguido del rango que fluctúa entre

21 y 23 años (19,61%), mientras que, en el caso de

los/las buhoneros del sector del metro Gato Negro,

nuevamente el rango que va de 18 a 20 años es el que

más encuestados tuvo (40%), seguido de los rangos

la des/legitimación del delito m. millones e. | 177

que van de los 27 a los 29 años y de los 15 a los 17

años (15% cada uno). Por último, en el grupo deno-

minado “Paranpanpan”, el rango que va de los 15 a

los 17 años (46,67%) fue el que tuvo más encuesta-

dos/as, seguido del rango que fluctúa entre 18 y 20

años (36,67%).

» En cuanto a la pregunta sobre la situación actual en

que se encuentran los/las jóvenes encuestados/as,

solo 1% señaló encontrarse únicamente estudiando

mientras que 49,5% mencionó solo estar trabajando.

A su vez, 23,8% manifestó encontrarse en una situa-

ción de estudiante y a veces trabajando, mientras que

9,9% afirmó estar trabajando y a veces estudiando.

Quienes señalaron que buscaban trabajo alcanzaron

15,8% del total.

» Por otro lado, y de acuerdo con la interrogante que

planteaba las formas de contrato a quienes señalaron

que se encontraban trabajando (incluye a quienes lo

complementan con estudios), 40,6% de los/as en-

cuestados señaló no estar regido bajo ningún tipo de

contrato, mientras que 29,7% dijo estarlo con carac-

terísticas de “fijo”. Asimismo, 4% dijo tener contra-

to a honorario o destajo, mientras que 5,9% señaló

mantener un contrato solo de palabra.

» En este sentido, es el sexo femenino el que se ve más

afectado por la carencia de algún tipo de contrato al

llegar hasta 50% de las encuestadas, mientras que

en el sexo masculino esta situación llega a 30,61%.

De igual manera, los rangos de edad que más se ven

afectados por esta situación son jóvenes que fluctúan

entre 15 y 23 años que alcanzan un 30% del total.

Quienes afirmaron, por el contrario, que gozaban de

contrato fijo, en el caso del sexo femenino llegaron

a 30,77%, mientras que el sexo masculino alcanzó

28,57%.

» En cuanto a las condiciones salariales de los/las jó-

venes encuestados, 31,7% señaló que obtiene una

remuneración menor a Bs 1.800, seguido de 30,7%

que oscila entre Bs 1.801 y 2.500, mientras solo 3%

dijo sobrepasar los Bs 3.000 mensuales. En la estra-

tificación por sexo, 42,31% de las mujeres señaló

ganar entre Bs 1.801 y 2.500 y 38,46% dijo ganar

menos de Bs 1.800; mientras que, en el caso de los

hombres, 18,37% dijo estar en un rango mensual en-

tre Bs 1.801 y 2.500, mientras que 24,49% manifes-

tó ganar menos de Bs 1.800.

» Por último, en cuanto a movilidad laboral se refiere,

el 26,7% de los jóvenes encuestados señaló haber te-

nido entre dos y cuatro trabajos y el 13,9% dijo haber

tenido más de cuatro. Asimismo, 22,8% dijo no haber

tenido trabajo alguno anteriormente y 19,8% seña-

ló haber tenido solo uno. De los jóvenes que dijeron

que habían trabajado anteriormente, 23,8% dijo no

haber tenido contrato escrito en ninguno de sus tra-

bajos anteriores, mientras que 14,9% manifestó que

solo en algunos tuvo contrato. Únicamente el 12,9%

dijo haber tenido contrato escrito en su/s anterior/es

trabajo/s.

178 | aVances De inVestigación

» En resumen y haciendo un mapa de las principales

características de los/as jóvenes encuestados, se apre-

cia en primer lugar que, en el caso del sexo masculino,

la gran mayoría tiene un salario menor a Bs 1.800

(24,49%) y un porcentaje significativo alcanza al me-

nos dos salarios mínimos (hasta Bs 2.500), mientras

que en el caso de las mujeres son más las que alcan-

zan lo equivalente a dos salarios mínimos (42,31%),

aunque la proporción de quienes ganan menos del

salario mínimo también aumenta (38,46%) si se

comprara con los hombres.

» En segundo lugar, la movilidad laboral se aprecia

como una condicionante transversal puesto que un

60,4% señaló haber tenido al menos un trabajo an-

teriormente (sumando las alternativas “al menos un

trabajo”, “entre dos y cuatro” y “más de cuatro”). He-

cho significativo si se recuerda que gran parte de los/

las encuestados/as fluctúa entre los 15 y los 23 años,

es decir, son jóvenes que o dejaron de estudiar o no lo

pueden hacer de manera regular a tiempo completo.

» Por último, son jóvenes que en su mayoría (46,5%) no

suelen tener contratos de trabajo (se suma “no tengo

contrato” y “tengo, pero de palabra”), por lo que la

posibilidad de exigir lo que se establece en la ley como

finiquitos, beneficios, salario sobre el mínimo y pago

de horas extras, entre otras formas de explotación su-

brepticias, salen a flote y conllevan una trayectoria

tanto inestable como precaria.

Conclusiones preliminares

La investigación en proceso intenta, como se señaló,

abrir interrogantes frente a los modos de ver y compren-

der el delito en aquella relación víctima/victimario. Bajo

la idea de que el delito se comporta, como toda relación,

en un entramado de interconexiones sociales, inciden-

cias estructurales simbólicas y, sobre todo, condiciones

materiales que objetivan conductas, el delito como robo

y hurto aparecería como una práctica que en muchas

ocasiones se encuentra legitimada socialmente. No obs-

tante, esta legitimación pareciera tener características

particulares que, lejos de discursos aprobatorios, esta-

rían más cerca de prácticas situadas en los esquemas de

la urgencia y necesidad en una coyuntura espacio-tem-

poral determinada.

La legitimidad de ciertos delitos, así, subvierte la re-

lación víctima/victimario y entrega insumos para com-

prender la problemática de las prácticas sociales, pues

integra responsabilidades a la sociedad en su conjunto

tanto en la posible causa del delito como su manteni-

miento en el tiempo (¿haciendo, por tanto, rentable el

delito?)

Salarios bajos, ausencia de contrato laboral y trayec-

toria laboral inestable son las principales características

del grupo de jóvenes encuestados, sumado a un gran

porcentaje de jóvenes que se encuentran desempleados.

Es menester señalar que, por el momento, no es posible

solo con estos datos establecer relación alguna entre le-

gitimidad de delitos y condiciones socioeconómicas. No

obstante, la posibilidad de que ello ocurra en la prácti-

la des/legitimación del delito m. millones e. | 179

ca sin duda aumenta al mantenerse una vida precaria e

inestable, laboralmente hablando.

Para indagar en ello, la encuesta consideró interro-

gantes que van desde consumo y expectativas laborales

hasta la posibilidad de aceptar como legítimo un delito si

la necesidad del momento lo amerita. Así, en resumen,

se intenta abrir nuevas interrogantes con los datos que

la encuesta arroja e intentar enunciar y tensionar el de-

lito (como el robo o hurto) estableciendo de antemano su

complejidad en tanto práctica ignota.

bibliogRafía

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Žižek, Slavoj (2008). Ideología. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: FCE.

180

Balance: Cuatro décadas de prevención del delito en Venezuela

DORENNYS ANGULO GARCíA*1

Resumen: la investigación de la que trata este avance es una guía de

lo que en sus distintos momentos ha sido el abordaje de la prevención

del delito en Venezuela, analizando sus enfoques, concepto y, en la

medida que así lo permitió la información disponible, datos estadísti-

cos que evidencian los resultados de esas políticas en el marco de una

política criminal en el contexto venezolano. en este se encuentra una

compilación histórica de las políticas de seguridad implementadas

por el ejecutivo nacional en el ámbito preventivo en el período com-

prendido entre 1970 y 2011, se presenta también elementos cualita-

tivos a través de la valoración que una representación de los informan-

tes claves en la materia hacen a estas políticas. igualmente se hace una

revisión de la legislación aplicable en el marco de una política pública.

Palabras clave: prevención, delito, delincuencia, políticas, planes.

Las investigaciones en materia penal, y más específicamente en lo cri-

minal, resultan particularmente complejas debido a la escasez de fuentes

confiables de información. Por esta razón, el Vicerrectorado de Creación in-

telectual y Vinculación Social de la Universidad Nacional Experimental de

la Seguridad, como parte de los aportes para la construcción y desarrollo de

políticas públicas asociadas a la seguridad ciudadana, planteó la necesidad

de contar con un documento que sistematice la información sobre políticas,

programas, planes y proyectos ejecutados en materia preventiva durante

* Investigadora invitada de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES. Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (2012), magíster en Estado de Derecho y Corrupción (2007) por la misma casa de estudios y abogada egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua (2004).

cuatro décadas de prevención del delito D. angulo g. | 181

los últimos cuarenta años. El estudio Balance: cuatro dé-

cadas de prevención del delito en Venezuela es una compila-

ción histórica de los datos disponibles sobre políticas de

seguridad implementadas por el Ejecutivo nacional en el

ámbito preventivo, durante el período comprendido en-

tre 1970 y 2011, a fin de presentar al lector una guía de

lo que en sus distintos momentos ha sido el abordaje de

la prevención del delito en Venezuela, analizando sus en-

foques, conceptos y, en la medida en que así lo permitió

la información disponible, datos estadísticos que eviden-

cian cuáles han sido los resultados dentro del marco de

una política criminal en el contexto venezolano.

A través de una investigación de tipo documental, se

revisaron las posiciones desde distintas disciplinas como

la sociología, la psicología, la criminología, las ciencias

y artes militares, el periodismo y el derecho frente a las

políticas de prevención del delito en Venezuela. Seguida-

mente se efectuó una revisión detallada de la legislación

patria y de los denominados Planes de la Nación en los

que cada Gobierno estableció la concepción, las metas,

las estrategias y los retos que asumiría en distintas mate-

rias, así como los informes de gestión o memorias y cuen-

tas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones in-

teriores y justicia. Los datos cuantitativos se compararon

con la información obtenida a través de entrevistas se-

miestructuradas con actores clave, a fin de presentar una

evaluación cualitativa de estas políticas. Finalmente, se

evaluó la trayectoria de la institución encargada llevar

adelante esta ardua labor: la Dirección General de Pre-

vención del Delito, un organismo ejecutivo con suficiente

rango administrativo y oficinas en todos los estados del

país, creado para desarrollar programas, adelantar in-

vestigaciones sobre las causas del delito y promover su

labor a través de campañas de concientización.

De igual manera, se intentó presentar una sistemati-

zación de iniciativas locales en materia preventiva, pero

solo se obtuvo información de experiencias desarrolla-

das en los estados Zulia y Carabobo. Sobre este punto, la

información no es exhaustiva sino que responde a una

selección de información con base en los documentos

disponibles y a la identificación de casos relevantes o

exitosos, referidos por los expertos en las entrevistas rea-

lizadas. Vale la pena señalar que las tesis en materia de

prevención del delito en Venezuela, al día de hoy, debe-

rían revisarse y debatirse. Las hipótesis que se han plan-

teado han ayudado a mantener cierta forma de control

sobre algunos delitos, fundamentalmente aquellos que

afectan a las clases económicamente dominantes, pero

no a evitar que estos ocurran o a erradicar las causas que

llevaron a ese individuo a delinquir, ni por vía directa ni

por consecuencia; todavía existen muchos mitos prove-

nientes de nuestra historia inquisitiva, del positivismo y

su influencia en el derecho penal, según los cuales aún se

cree firmemente que la pena por sí misma previene la co-

misión del delito y que todos los caminos terminan en la

cárcel, como ente resocializador del individuo y solución

a los problemas de seguridad (de algunos).

Prevenir el delito es una actividad cuya verificación

o evaluación es muy difícil de hacer, ya que es prácti-

camente imposible medir los delitos que, gracias a una

intervención temprana, se lograron evitar. Sus políticas

están destinadas a ser invisibles para muchos y producir

resultados a largo plazo; incluso, lo que pudiera consi-

182 | aVances De inVestigación

derarse como logro muchas veces se sumerge dentro

de otras políticas, en materia de educación, urbanismo,

etcétera. Algunos autores coinciden en que la preven-

ción es una función eminentemente técnica que requie-

re, entre otras cosas, de una labor rigurosa de revisión

constante tanto de los éxitos como de los fracasos de

los planes, programas o medidas implementadas, antes

de proceder al diseño de nuevas políticas. A lo largo de

este trabajo se pudo conocer que, en cuarenta años de

existencia del órgano ejecutor de la política preventiva,

la forma de desarrollar el trabajo ha variado muy poco.

A pesar de todos los cambios experimentados por la so-

ciedad, sus planes no se presentan como una continua-

ción ajustada del anterior ni prevén su prolongación más

allá del período quinquenal. La institución ha mostrado

siempre su resuelta voluntad de cumplir con sus fun-

ciones pero, lamentablemente, no ha tenido ni tiene el

apoyo político y económico necesario para desarrollar de

manera eficiente el rol que le compete.

En cuanto a los objetivos adoptados por la Dirección

General de Prevención del Delito, se observa que han

transitado en sus distintas etapas por la “aplicación de

medidas preventivas en las principales ciudades del país,

con especial atención a las áreas marginales y su pobla-

ción joven” y “el establecimiento de programas preventi-

vos concretos en aquellas zonas de mayor concentración

poblacional de menores, jóvenes y adultos con trastornos

de conducta, donde el auge delictivo sea muy elevado”,

hasta llegar a medidas mucho más acertadas como pre-

venir la “violencia criminal y no criminal”, independien-

temente de la zona o del grupo etario en que se presente.

Lo que demuestra que existen muchas técnicas, enfoques

y tipos de prevención, cuya puesta en marcha dependerá

de los objetivos que se quieran lograr, el tipo de delito y

el momento sobre el que se intervendrá. De manera que

para cada síntoma hay una respuesta que puede atacar

la verdadera causa del problema o simplemente aliviar

sus efectos. En Venezuela, la prevención del delito ha

pasado a la historia como una actividad necesaria pero

sobre la que se invierte muy poco como política pública,

la cual ha tenido momentos de mayor connotación en

lo que se refiere a su incorporación en el discurso de las

autoridades en materia de seguridad. Sin embargo, esa

importancia no se ha traducido en el presupuesto des-

tinado para esta materia, a pesar de que la inversión en

prevención, aparte de ser menos costosa, permite incre-

mentar la calidad de vida y desarrollo humano, en tanto

que sus efectos sobre la violencia son más permanentes y

efectivos, aparte de su enorme efecto multiplicador.

Como gran aprendizaje podría decirse que, al día de

hoy, las instituciones, tanto regionales como nacionales,

han comprendido que los niveles de inseguridad no se van

a poder disminuir sin la ayuda de los ciudadanos y que las

autoridades deben avocarse a construir el sentido de co-

munidad donde no exista o reconstruirlo donde se ha per-

dido. En tanto que la política criminal no es un problema

entre leyes, delincuentes, víctimas y jueces, sino que invo-

lucra a toda la estructura social en la cual se manifiesta la

criminalidad, es de esperarse que esa política se traduzca

en programas operativos que afecten no solo a los grupos

“vulnerables”, sino también a quienes de alguna manera

pueden contribuir a reducir el grado de “vulnerabilidad”

cuatro décadas de prevención del delito D. angulo g. | 183

de aquellos. Y una excelente manera de hacerlo es enten-

der que para que haya seguridad hay que empezar por cu-

brir las necesidades sociales de la gente, y para ello es nece-

sario incluir en las discusiones del plano de la seguridad a

los sectores sociales que mucho tienen que aportar para la

generación de convivencia y, en definitiva, de ciudadanía.

En Venezuela, hasta ahora, no se ha formulado una

verdadera política criminal. Por ello, las respuestas al fe-

nómeno han carecido de coherencia, han consistido en

respuestas espasmódicas frente a determinados sucesos

y han discriminado determinadas clases sociales. Por

ejemplo: ¿qué delitos se previenen? y ¿quiénes cometen

esos delitos? Si solo se persigue el hurto, el robo y el ho-

micidio, se tiende a criminalizar los sectores populares,

porque lo que está en la agenda pública es que son es-

tos los delitos que merecen intervención. Ante la crisis

de valores que vive nuestra sociedad, las víctimas y los

victimarios no deben buscarse en una sola clase social,

ya que la conducta delictiva se aprende de la misma for-

ma que la conducta no delictiva: por imitación.

184

Estudio sobre la construcción de la identidad profesional

de la PNB desde los ambientes de formación inicial

Caso II cohorte CEFOUNES Helicoide (2012)

LUIS DíAZ*

Resumen: la presente investigación se planteó analizar el proceso de

construcción de la identidad profesional de los funcionarios pertene-

cientes a la policía nacional Bolivariana (pnB) durante su etapa de for-

mación inicial. realizamos un estudio de caso enfocado en discentes

pertenecientes a la ii cohorte del curso Básico del programa nacional

de formación policial (pnf) del cefounes-helicoide (2012). entende-

remos la identidad profesional como una construcción social donde

se cruza de manera compleja lo estructural con lo individual, donde

los sujetos, a la vez que son formados por la academia, también tie-

nen una participación activa en sus procesos de institucionalización

(Dubar, 2000). indagamos las características que adquieren los proce-

sos identitarios en el contexto de los profundos cambios derivados

de la implementación de un nuevo modelo policial en el país, donde

la pnB y las nuevas propuestas de formación policial tienen un papel

destacado. para cumplir con los objetivos planteados construimos

una estrategia metodológica cualitativa multi-método que compren-

dió la realización de entrevistas a profundidad, entrevistas temáticas,

observación participante, grupos focales y análisis documental. como

resultado del proceso de investigación esperamos comprender cuáles

son las principales representaciones, discursos y prácticas a partir de

las cuales se conforman las identidades de los futuros integrantes de

la pnB durante la etapa de formación inicial, así como las tensiones

* Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES; e-mail: dialuis@gmail.com.

construcción de la identidad profesional l. Díaz | 185

y diálogos derivados de la construcción de los

nuevos procesos formativos, cónsonos con las

concepciones que se proponen desde el nuevo

modelo policial.

Palabras claves: policías, formación inicial, iden-

tidad profesional.

Introducción

La presente investigación se planteó analizar el pro-

ceso de construcción de la identidad profesional de los

funcionarios pertenecientes a la Policía Nacional Boliva-

riana (PNB) durante su etapa de formación inicial. La Po-

licía Nacional Bolivariana es una institución de creación

reciente (2009), producto del proceso de reforma policial

más profunda y sistemática en la historia de Venezuela

respecto a sus cuerpos de seguridad. Esta se iniciará con

la conformación de la CoNAREPoL (2006) que, a partir

de un diagnóstico integral de los cuerpos policiales así

como de una amplia consulta nacional, propondrá un

nuevo modelo policial para el país acorde a los principios

democráticos y de justicia social presentes en la Constitu-

ción de la República Bolivariana de Venezuela.

Este nuevo modelo será recogido en la Ley orgánica

del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional

(2008), dando inicio a una nueva etapa de operacionali-

zación que contemplará la creación del Consejo General

de Policía (2009), la aprobación de la Ley del Estatuto

de la Función Policial (2009) y una serie de resolucio-

nes ministeriales por medio de las cuales se normarán

áreas claves de la función policial. todo lo anterior forma

el corpus del nuevo modelo policial a partir del cual las

diferentes policías del país tienen el mandato de adecuar

su estructura y funcionamiento.

La PNB nacerá con el nuevo modelo y la institucionali-

dad que este propone, por lo que no emprenderá el proceso

de adecuación requerido para el resto de los cuerpos poli-

ciales. A diferencia de los otros organismos, la PNB llevará

a cabo un proceso de selección, evaluación y migración

de sus integrantes iniciales, en su mayoría provenientes de

la disuelta Policía Metropolitana y tránsito, para reentre-

narlos acorde a los nuevos principios rectores.

Una de las grandes aristas del nuevo modelo policial

estará representada por la creación de procesos formati-

vos del personal policial, cónsonos con los nuevos princi-

pios que guían su actuación. Para esto se realizará una

propuesta de formación curricular que creará, entre

otras propuestas pedagógicas, un Curso Básico de For-

mación Policial que representará una ruptura con res-

pecto a la forma en que se había entendido la formación

policial hasta ese momento, represiva y de marcado corte

militarista, así como una propuesta unificada frente a la

dispersión y heterogeneidad de las propuestas de forma-

ción que existían en las diferentes policías del país.

El Curso Básico de Formación Policial está concebido

como un modelo cíclico, innovador, dinámico e interacti-

vo para la formación de un profesional policial que, bajo

un enfoque crítico-reflexivo, ético-dialéctico y lúdico-vi-

vencial, desarrolle sus potencialidades de forma global y

186 | aVances De inVestigación

logre integrar las necesidades de su ambiente educativo y

comunidad a sus experiencias de aprendizaje, junto con

las de un ejercicio de competencias policiales capaces de

fusionar estos factores a un contexto de seguridad poten-

cialmente renovador, en correspondencia con los ámbi-

tos particulares de la diversidad geográfica de la nación.

Diseño curricular del Curso Básico de Formación Policial

En agosto de 2011, se graduó la primera cohorte del PNF

básico policial, formada íntegramente desde esta nueva

propuesta, ya que no provenían del ejercicio previo de la

función policial, a diferencia de los integrantes iniciales

de la PNB. En esa primera cohorte se graduaron 2.518

oficiales que pasaron a formar parte de la PNB. En la ac-

tualidad culminó el proceso de formación de la ii cohor-

te del PNF Básico Policial del CEFoUNES-Caracas. Esta

promoción, en un principio, estuvo integrada por 4.256

discentes de los cuales se graduaron 3.191 el 25 de sep-

tiembre de 2012. Durante este último período se realizó

el trabajo de campo de la presente investigación.

De la identidad a las identidades

El concepto de identidad, como muchos otros conceptos

de la sociología, ha sido sometido a la crítica, repensa-

do, deconstruido y complejizado en las últimas décadas1.

1 Las ciencias sociales no han permanecido ajenas a los cam-bios del mundo global ya que la magnitud de los mismos ha

Hall señala que el proceso de deconstrucción del concep-

to de identidad se dirigió fundamentalmente a repensar

los aspectos esencialistas a los que este hacía referencia.

La carrera semántica preestablecida de este concepto se-

ñala un núcleo estable del yo que, de principio a fin, se

desenvuelve sin cambios a través de todas las vicisitudes

de la historia; y hace referencia a un fragmento del yo

que ya es y sigue siendo siempre “el mismo”, idéntico a sí

mismo a lo largo del tiempo (Hall, 1996). La reformula-

ciones de este concepto se dirigen a señalar el papel cen-

tral de las interacciones sociales, de los contextos en que

se desarrollan y por lo tanto del carácter dinámico de las

construcciones identitarias.

En este sentido, para la presente investigación par-

timos de los aportes de Dubet (2006) y Dubar (2000,

2001) que sintetizan algunos de los debates recientes

sobre el tema. Estos autores proponen que la identidad es

una construcción social signada por la complejidad y en

la que se articulan dinámicas y fragmentos provenientes

de múltiples discursos y prácticas. Por lo que tendremos

un conjunto de experiencias, sentidos y dinámicas que

se articulan en sujetos e instituciones concretas que ex-

presan esa diversidad, produciendo múltiples identida-

des. Este concepto de identidad abandonará cualquier

afectado el edificio conceptual sobre el cual había sido fundada. tenti Fanfani (2002) señala que esto se debe a los profundos cambios en las instituciones y en las relaciones sociales con res-pecto a las referidas por la sociología clásica “...aunque la so-ciología como tradición discursiva lo olvide a menudo, la socie-dad de la que hablaba era por lo general una sociedad nacional-estatal (...) Hoy son otras las condiciones del desarrollo social”.

construcción de la identidad profesional l. Díaz | 187

pretensión esencialista y pasará a ser estratégico y po-

sicional. Por lo que la identidad será una construcción

constante que se da en la interacción del individuo con

los otros y con las instituciones.

Para Dubar (2000) la identidad es el “resultado a la

vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo

y objetivo, biográfico y estructural de los diversos proce-

sos de socialización que conjuntamente construyen a los

individuos y definen a las instituciones”. Esta perspectiva

implica una superación de la histórica visión dicotómica

entre posturas estructurales-objetivistas e individuales-

subjetivistas en la construcción de la identidad al plan-

tear la articulación entre las condiciones estructurales y

la recreación que desde el “sí mismo” efectúa el sujeto. El

sujeto tendrá un rol activo, no solo en la construcción de

su identidad, sino también en la de las instituciones de

las que forma parte. De esa manera, no solo la institu-

ción propone una identidad al sujeto sino que este tiene

un papel relevante en la formación de la propia identidad

institucional.

Así la identidad en general y la identidad profesional

en particular serán el resultado de procesos colectivos

de interacción donde se articulan las trayectorias de los

individuos con las trayectorias más amplias de las ins-

tituciones. En esas articulaciones se produce la alteri-

dad necesaria que permitirá la creación de espacios de

diferenciación con los “otros”. Lo asible de la identidad

serán aquellos discursos, prácticas, representaciones e

imaginarios que le permitan a un individuo, grupo o ins-

titución diferenciarse de un “otro”, en contextos sociales

que se caracterizan por la diversidad de las interacciones

entre los sujetos.

Lo relevante del estudio de la identidad profesional

en los procesos de formación inicial se debe a que los/as

discentes no solo adquieren los conocimientos “necesa-

rios”, implícitos y explícitos que los capacitan para ejer-

cer las funciones policiales, sino que también aprenden a

“ser” policías. Esto significa un proceso de socialización

en un conjunto de valores, creencias, representaciones,

códigos y prácticas de lo que se considera es un policía

en determinado contexto histórico e institucional, y que

servirá como base para la construcción de su identidad

social y profesional. Entenderemos la identidad profesio-

nal como un cruce entre tres aspectos claves: el proceso

de formación inicial, la biografía personal y elementos

posteriores que se adquieren durante el desempeño de la

carrera policial.

Ejes a partir de los cuales se planteó la investigación

identificamos tres ejes a partir de los cuales estudiar los

procesos identitarios en la presente investigación. Un pri-

mer nivel tiene que ver con que la identidad del policía

no se construye aislada del contexto social, por lo que es

necesario dar cuenta de los referentes históricos e ideoló-

gicos en su definición. Una de las fases de la investigación

será la revisión de los discursos sobre los que se ha cons-

tituido la profesión policial, así como de los distintos ima-

ginarios sobre la figura del policía, imaginarios que son

la base de significaciones sobre las cuales se ha construi-

188 | aVances De inVestigación

do la identidad policial2 en Venezuela. Los imaginarios

tienen sentido en los contextos de interacción social, por

lo que los propios centros de formación son un contexto

privilegiado de reproducción, significación, negación y

disputa de estos imaginarios.

Un segundo eje estará definido por las interacciones

entre los diferentes actores que hacen vida en los cen-

tros de formación: las prácticas de formación y de socia-

bilidad, los órdenes reales, simbólicos e imaginarios, así

como el entramado de disputas, negociaciones, conflic-

tos que tiene lugar con la implantación del nuevo modelo

y la entrada en diálogo de representaciones, discursos y

prácticas que han sido hegemónicos en el rol de policía.

todos estos elementos son parte de la socialización du-

rante el momento de formación y, por lo tanto, una de las

bases de la identidad profesional.

El último eje comprenderá las resignificaciones que

las/os discentes hacen de las experiencias vividas en su

trayectoria biográfica y durante su formación, momento

en que las/os discentes definen su identidad “para sí” en

interacción, negociación, disputa, con otros significantes

2 Así tenemos que algunos de los elementos que han carac-terizado la identidad policial en nuestro país provienen de las imágenes asociadas a la extinta Policía Metropolitana, entre los que tenemos: uso abusivo de la autoridad, corrupción, maltra-tos internos y externos –especialmente dirigidos a grupos vul-nerables y minorías–, discrecionalidad de las acciones. Esto se vuelve de interés en un doble sentido: por un lado, porque ello forma parte de los imaginarios hegemónicos que constituyen la función policial en el país y, por otro, porque parte de los in-tegrantes de este cuerpo, después de un proceso de selección y reentrenamiento, pasaron a formar parte de la nueva PNB.

en diferentes contextos como la familia, los pares, la co-

munidad y el mismo centro de formación.

Podemos resumir los tres ejes de la siguiente manera:

1. El de las representaciones, históricas y actuales, sobre

la identidad policial.

2. El relacional-institucional, que explora el vínculo en-

tre los sujetos en los centros de formación y los con-

textos institucionales.

3. El subjetivo de los/as discentes que da cuenta de la

construcción del “ser policía” a partir de las dimen-

siones simbólico-imaginaria y de los procesos en los

que se constituyen.

A partir de estos ejes, se diseñó una estrategia meto-

dológica que tomara en cuenta la complejidad presente

en cada uno de estos niveles, así como las diferentes for-

mas de articulación e interdependencia que cada uno

presenta. Esto orientó la investigación a la utilización de

un enfoque multimétodo3. En los enfoques de este tipo se

utilizan dos o más métodos o técnicas de investigación

para indagar determinado fenómeno, asumiendo que

cada uno presenta potencialidades y limitaciones pro-

pias, y que su uso conjunto permite potenciar aspectos

favorables y complementarios para la comprensión de la

realidad a estudiar (Bolívar, 2008).

3 Estos enfoques pueden combinar métodos cualitativos y cuantitativos o también diferentes técnicas o procedimientos de recolección de información para el estudio de un fenómeno o realidad concreta.

construcción de la identidad profesional l. Díaz | 189

En nuestro diseño primó la visión de tipo cualitativo,

a partir del cual utilizamos diferentes técnicas de recolec-

ción de información entre las que tenemos: análisis do-

cumental, observación en los ambientes de formación,

entrevistas temáticas formales e informales, entrevistas

en profundidad y grupos focales con discentes. todas las

técnicas utilizadas estuvieron orientadas a la compren-

sión de los sentidos y significados que los sujetos y las

instituciones construyen alrededor de sus prácticas co-

tidianas.

Esta estrategia metodológica nos permitió tener un

acercamiento flexible a las necesidades de comprensión y

explicación de la realidad estudiada. Los diferentes acer-

camientos nos permitieron tener un cuadro que combina

dimensiones subjetivas y objetivas centrales para la com-

prensión de los procesos identitarios. Durante el trabajo

de campo, se pudo comprobar la complementariedad de

los insumos obtenidos para el estudio de un fenómeno

complejo como el de la identidad.

Por otro lado, esta opción metodológica también se

nos presentó como acertada para dar cuenta del momen-

to constituyente en el que se encuentra la institucionali-

dad encargada de la formación de los oficiales, propuesta

desde el Nuevo Modelo Policial. Esto significó dar cuenta

de un proceso que propone un cambio profundo en las

maneras en que se había entendido el mandato policial

hasta los momentos en el país y que, por lo tanto, se en-

cuentra en constante pugna con las representaciones

hegemónicas presentes en la sociedad venezolana. Cam-

bio que, a su vez, ha llevado a replantear tanto las formas

como los contenidos de la enseñanza policial. Por lo que

el ámbito de estudio no fue una realidad estructurada

social e históricamente sino una institución que se en-

cuentra en fase de fundación, transformación y consoli-

dación, lo que sin duda tiene una importante influencia

sobre los procesos, actores y estructuras estudiados.

Por último, la realización de esta investigación y lo

que significó en cuanto a presencia dentro del centro de

formación y de acceso a los diferentes actores que lo con-

forman, solo pudo ser posible gracias a la nueva mirada

sobre el mandato y la formación policial. Los cambios im-

pulsados desde el Nuevo Modelo Policial han permitido

el escrutinio y contraloría pública en áreas que tradicio-

nalmente habían sido veladas a la sociedad en general.

Plantear una investigación de este tipo no hubiese sido

posible debido al carácter secreto y apartado del ámbito

“civil” con el que se asumía la función y formación poli-

cial en el viejo modelo. Esperamos que esta investigación

sea la primera de una línea de investigación que se dedi-

que a reflexionar sobre la función policial y los diferentes

procesos relacionados en sociedades democráticas. Ám-

bito de investigación marginal en las ciencias sociales, en

parte por el carácter velado al que hemos hecho referen-

cia, pero también por prejuicios del mundo académico al

abordar estos temas, a pesar de la necesidad de hacerlo

para la construcción de un ámbito de debate que per-

mita avanzar en la democratización de una institución

que tiene un papel importante en sociedades complejas.

(Sain, 2008)

190 | aVances De inVestigación

RefeRencias bibliogRáficas

Bolívar, Carlos (2008). “El enfoque Multimétodo en la inves-tigación Social y Educativa. Una mirada desde el Paradigma de la Complejidad”. En: Teré Revista de filosofía y socio-política de la educación, Nº 8, 2008 , pp. 13-28.

Dubar, Claude (2001). “El trabajo y las identidades profesio-nales y personales”, en Trayectorias ocupacionales y mercado de trabajo. Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, número 13, 2001, pp. 5-16. Argentina.

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Dubet, Francois (2006). El declive de la institución. Profesio-

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Sain, Marcelo (2008). El leviatán azul. Política y policía en la

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Tenti Fanfani, Emilio (2002) “La socialización”. En: Alt-

mirano, C. (Ed). términos críticos.Diccionario de sociología de la

cultura. Paidos 2002, Buenos Aires.

191

“No somos la sombra de lo que vemos en el barrio, pero sí aprendemos de ellas”

Identidades proscritas en el ParanpanpanAvance de sistematización de experiencia

YOSJUAN PIÑA NARVÁEZ, ELISEB ANUEL,

JOALBERT PARRA Y ANGIE LEÓN*

Resumen: las jóvenes y los jóvenes de catia viven en una de las parro-

quias más violentas de caracas. se encuentran en contextos de exclusión.

la universidad nacional experimental de la seguridad promueve y apo-

ya una iniciativa de organización popular como estrategia de inclusión

y prevención de la violencia: el colectivo paranpanpan, compuesto por

jóvenes distanciados del modelo de joven hegemónico formal. reali-

zan prácticas culturales que son consideradas “alternativas” al modelo

dominante de ser joven, dibujado desde el enfoque del mercado y mol-

deado por la pirámide de ascenso social y de desarrollo de un proyecto

de vida lineal (educación primaria, secundaria, universidad, matrimonio,

profesionalización, reproducción). algunos de los jóvenes identificados

con el paranpanpan estudian, otros desertaron pero muchos de ellos y

ellas configuran sus identidades con culturas ligadas a las artes y la ex-

presividad urbana, y encuentran en ellas un camino para “luchar” y para

abrir espacios de participación. reconocen en la producción cultural y en

sus estéticas una opción distinta a la violencia y al “malandreo”. aunque

muchas veces coquetean con las prácticas delictivas e ilegales –pero le-

gítimas para ellos– identifican la expresividad artística como herramienta

de lucha política, que puede tener repercusión e impacto entre pares.

Valoran la educación, cuestionan el modelo educativo bancario, represor;

reconocen la importancia de la formación y saben que en el hacer y a

través de la expresividad de sus identidades proscritas generan resisten-

cia y cambios. se constituyen como una comunidad afectiva a partir de

expresiones artístico-culturales.

Palabras claves: juventud(es), identidades, violencia.

* investigadores e investigadoras del Programa de juventud y transformación del Vicerrectorado de Creación intelectual y Vinculación Social de la UNES.

192 | aVances De inVestigación

Yo decidí agarrar unas latas de spray y no agarrar una

pistola. Nosotros no somos la sombra de eso que vemos

en el barrio, pero sí aprendemos de eso que vemos. El

rap y el grafiti son herramientas efectivas que utilizamos

para llegar a jóvenes (…) nos permiten mostrarles que po-

demos hacer cosas distintas a la violencia1. J.,17 años

Objetivo general

» Conocer y caracterizar prácticas culturales e identi-

dades proscritas, construidas por jóvenes de sectores

populares urbanos, habitantes de la parroquia Sucre

de Catia.

» Describir el proceso de organización y participa-

ción protagonizado por jóvenes del colectivo El Pa-

ranpanpan de Catia2, como iniciativa de inclusión y

de prevención.

Metodología

Esta investigación está inscrita en el paradigma cualita-

tivo bajo el enfoque investigación-acción participativa

para la transformación. técnicas de educación popular

permitieron problematizar y construir una reflexión de

la realidad juvenil y del contexto de exclusión que se vive,

1 Entrevista realizada a joven participante en el Programa juventud y transformación, ejecutado por la Universidad Na-cional Experimental de la Seguridad.

2 Grupo político cultural de jóvenes de la parroquia Sucre.

a partir de los momentos de encuentros con los jóvenes.

Esto implicó aproximarnos a sus modelos de vida, cono-

cer los significados de sus vivencias y visiones de mundo,

las proyecciones de vida y su percepción de “la política

nacional”. Ejercicios etnográficos de observación parti-

cipante y entrevistas focalizadas sirvieron de herramien-

tas para registrar e identificar ¿en qué andan las jóvenes

y los jóvenes de Catia?, (de)codificando el lenguaje ca-

llejero, y junto a ellos construir estrategias de acción y

transformación de la realidad en que viven.

Descripción del problema

Las jóvenes y los jóvenes de Catia viven en una de las

parroquias más violentas de Caracas. Se encuentran en

contextos de exclusión. La Universidad Nacional Experi-

mental de la Seguridad (UNES) promueve y apoya una

iniciativa de organización popular como estrategia de

inclusión y prevención de la violencia: el colectivo Pa-

ranpanpan, compuesto por jóvenes que se distancian del

modelo de joven hegemónico formal. Realizan prácticas

culturales consideradas “alternativas” al modelo domi-

nante de ser joven, dibujado desde el enfoque del mercado

y moldeado por la pirámide de ascenso social y de desa-

rrollo de un proyecto de vida lineal (educación primaria,

secundaria, universidad, matrimonio, profesionaliza-

ción, reproducción). Algunos de los jóvenes identificados

con el Paranpanpan estudian, otros desertaron pero mu-

chos de ellos configuran sus identidades con culturas li-

gadas a las artes y la expresividad urbana, y encuentran

en ellas un camino para “luchar” y para abrir espacios

identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 193

de participación. Reconocen en la producción cultural

y sus estéticas una opción distinta a la violencia y al

“malandreo”, Aunque muchas veces coquetean con las

prácticas delictivas e ilegales –pero legítimas para ellos–

identifican la expresividad artística como herramienta

de lucha política, que puede tener repercusión e impacto

entre pares. Valoran la educación, cuestionan el modelo

educativo bancario, represor; reconocen la importancia

de la formación y saben que en el hacer y a través de la

expresividad de sus identidades proscritas generan resis-

tencia y cambios. Se constituyen como una comunidad

afectiva a partir de expresiones artístico-culturales y a

partir de su territorio: Catia, en el oeste de la ciudad.

1. Catia, entre el colibrí y la “culebra”

Catia comparte junto a otros sectores, barrios y favelas

de nuestra América Latina historias de cómo se desa-

rrollaron las grandes ciudades latinoamericanas, cuyos

habitantes provienen de diferentes partes del mundo y

de estados del interior del país. Hoy en día, la parroquia

Sucre tiene una riqueza multicultural tan grande como

su extensión y tan grande como las precariedades y des-

igualdades que este desarrollo trajo consigo. El sector

comprende una gran extensión territorial en la que se

ubican desarrollos habitacionales multifamiliares y vi-

viendas ocupadas por clase media, así como barrios que

se expanden por sus laderas.

Geográficamente, es la entrada a Caracas y la parro-

quia más grande en extensión territorial y poblacional

del municipio Libertador. también es la que muestra ma-

yor incidencia de homicidios: para 2011, fueron 348 los

casos y los jóvenes varones sus mayores victimas. Según

el Censo de Población y Vivienda de 2001, esta parro-

quia acogía 352.040 habitantes en 58,3 km2 de superfi-

cie. De las tres parroquias más pobladas de Caracas, Su-

cre encabeza la lista con un 19,2% de la población total3,

a pesar ocupar solo el 7,2% del territorio de la capital.

Catia es considerada una “pequeña ciudad”. Se dice

“que lo tiene todo”, gracias a lo cual, muchas veces, sus ha-

bitantes no se ven en la necesidad de ir hasta el centro de la

ciudad para realizar sus diferentes actividades comerciales,

estudiantiles, deportivas, médicas, laborales o de servicios.

La comunidad estudiantil de Sucre es la más volumi-

nosa de todas las parroquias de Caracas: 118.266 estu-

diantes de primaria y secundaria registrados por el Mi-

nisterio del Poder Popular para la Educación, durante el

período escolar 2007-2008, matriculados en 259 unida-

des educativas. La fuerza de trabajo de la parroquia para

2011 es de 267.285 habitantes, una cifra importante si

consideramos que se trata del 75% de su población.

Así como es grande en extensión, identidad, multi-

culturalidad, actividades comerciales, estudiantiles, la-

borales y de servicios, sus problemas también lo son: ho-

micidios, lesiones personales, violencia de género, delitos

contra la propiedad, robos y hurtos son los delitos que

mayoritariamente ocurren en Catia4.

3 instituto Nacional de Estadística. Síntesis Estadística 2010.

4 Durante 2011 se registraron 300 homicidios en la parro-quia Sucre, lo que arroja una tasa de 75,3 por cada 100.000 habitantes, 56,8% mayor a la tasa nacional de 2010 que fue de

194 | aVances De inVestigación

Ante este panorama, existe una fuerte preocupación

acerca del presente y futuro de los/as adolescentes y jó-

48 homicidios por cada 100.000 habitantes, según lo reporta-do por el Ministerio de Poder Popular para las Relaciones inte-riores y justicia. En 2011 se registraron 685 lesiones persona-les, el delito de mayor ocurrencia anual en la parroquia Sucre, con una tasa de 171,8 lesiones por cada 100.000 habitantes. Para 2011, el Centro de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CiCPC) registró 584 delitos de violencia de género en la parroquia, el segundo delito más reportado. Ese mismo año se registraron 356 robos y 454 hurtos en la parro-quia Sucre, con una tasa de 89,3 robos y de 113,9 hurtos por cada 100.000 habitantes. (En Descripción y caracterización de la parroquia Sucre, Vicerrectorado de Creación intelectual y Vin-culación Social, UNES. Caracas, 2011.)

venes, principales victimas y victimarios de esta realidad.

Muchos han estado involucrados en actividades delin-

cuenciales como venta y distribución de drogas, uso de

armas de fuego y participación en bandas armadas –or-

ganizadas o no–, lo cual ha hecho que la desigualdad y la

exclusión social, cultural y material de la joven y el joven

de Catia haya profundizado las carencias y por ende sus

problemas.

La joven y el joven de Catia han crecido en un con-

texto que presenta una serie de complejas problemáticas

sociales, relacionadas con el uso frecuente de armas de

fuego como medio para resolver los conflictos, venta de

drogas, enfrentamientos entre bandas, conflictos entre

Sexo y grupo de edad especial / IndicadorDistrito Capital Parroquia Sucre

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Población menor de 3 años 48.400 46.364 94.764 10.689 10.025 20.714

Población en edad escolar

de 3 a 6 años 68.254 64.931 133.185 14.771 13.945 28.716

de 7 a 14 años 134.759 130.106 264.865 28.494 27.354 55.848

de 15 a 17 años 50.276 49.685 99.961 10.109 10.124 20.233

de 18 a 24 años 122.198 121.523 243.721 23.950 23.823 47.773

Población infantil (0 a 11 años) 201.758 192.967 394.725 43.560 41.271 84.831

Población adolescentes (12 a 17 años) 99.931 98.119 198.050 20.503 20.177 40.680

Población de 18 y más años 722.538 788.091 1.510.629 133.423 139.701 273.124

Población en la fuerza de trabajo (15 a 64 años) 704.338 739745 1.444.083 133.149 135.166 268.315

Población femenina en edad reproductiva (15 a 49 años) 573.251 1.123.675 108.157 5.968

Tabla 1. Población del Distrito Capital y de la parroquia Sucre, según sexo y grupo de edad especial e indicadores de relaciones demográficas, 2010

identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 195

vecinos, deserción escolar, abuso del poder de quienes

imparten la educación y crisis en la familia. Ante esto se

desprende un alto índice de impunidad que los trastoca;

todo esto ha generado un ambiente de miedo, inseguri-

dad y rechazo traducido en rebeldía permanente. Aparte

de que aquellos que debieran encargarse de servir como

agentes de protección, en lugar de presentarse como una

solución ante el conflicto, han actuado como sus enemi-

gos, sus jueces y hasta sus verdugos.

2. “No somos malandros, somos lacras”

jóvenes pertenecientes al Paranpanpan representan co-

munidades afectivas a partir de expresiones artístico-

culturales, y la zona que los ancla: Catia, representa una

estrategia que busca en primer lugar la cohesión y la iden-

tificación dentro de la diversidad, para la agitación y trans-

formación del contexto que muchas veces los acorrala. En

este sentido, la identificación entre sí, entre pares y con el

proyecto de transformación es clave para la incidencia pú-

blica en el área de inseguridad dentro de la parroquia.

Las identidades juveniles, dentro de la estrategia del

Programa juventud y transformación, implica una es-

tructura organizativa formal o informal, que vincula

valores y ética del grupo, códigos de comportamientos,

maneras de vestir, de comunicarse (signos visibles de

identificación y diferenciación). Estos signos se gestan

en una doble dimensión identidad/alteridad y que reúne

múltiples manifestaciones de ser joven: el/la joven mili-

tante, el/la artista, el/la estudiante, el/la desertor/a del

sistema educativo, el/la joven transgresor/a, entre otros/

as. Este juego entre la inclusión y la exclusión tienen que

ver con la afinidad que se tenga con el Programa juven-

tud y transformación y con su plataforma organizadora

y de movilización, el Paranpanpan.

A nosotros nos pintan como lo peor de Caracas, solo

porque somos del oeste, podemos invitar a alguien del

Este pa`un toque y nos va a decir: tas`loco, Yo pa`Catia

no voy, eso allá es puro malandro. (Testimonio de una

joven de Paranpanpan.)

“Soy lacra, soy de la calle, del under.” Así se identi-

fican los jóvenes que hacen vida en el Paranpanpan de

calle. Existe una identificación con códigos de habla de los

sectores populares. Valoración del lenguaje de calle en

oposición a lo que ellos llaman el “o, sea”, de los niños

“fresa o sifrinos”. Eso les hace ser ellos/as.

Ser lacra: “Lacra es: hacer algo bien, representar una

determinada actividad con éxito. Por ejemplo: ser buen

estudiante, ser buen deportista, ser pluralista, compro-

metido con la comunidad.”

“Ser, en el mejor sentido, rebelde y porque sabe mane-

jarse en la calle, ser líder. Es mantenerse alejado com-

pletamente de las armas.”

“organizándose y siendo activos/as en la participación

para el bienestar de la comunidad, a través de la con-

cientización del ser joven, entendiendo a este/a como

actores de transformación e importancia política.”

“Revolucionar la parroquia Catia con ‘una movida

bien’, una identidad juvenil apegada a la conciencia

política de cada persona. Manifestando el interés por el

196 | aVances De inVestigación

arte: organización de toques, fiestas, eventos, encuen-

tros juveniles, grafitismo, muralismo, etcétera.” (Focus

groups realizados con jóvenes del Paranpanpan)

Evidenciamos trincheras simbólicas que reflejan identida-

des proscritas. Entendemos las identidades como la cons-

trucción de umbrales simbólicos de adscripción o perte-

nencia, donde se delimita quiénes pertenecen al grupo

juvenil y quiénes quedan excluidos” (Valenzuela, 1997).

En este caso, son jóvenes que le otorgan fuerza valorati-

va a lo “proscrito”. Las identidades proscritas son cons-

trucciones sociales que buscan “la defensa de ámbitos

y enclaves simbólicos que ellos [los jóvenes] han creado

y reconocen como propios” (Margulis y Urresti, 2002:

18). Este tipo de identificación es rechazada por el look o

el tipo ideal del joven domesticado, “normalito”. Es una

exaltación de lo under (Piña, 2007),

...una cultura subterránea, relegada por el gusto legíti-

mo socialmente difundido. Los grupos underground son

conglomerados locales que tienen conexión global (con

resignificaciones locales), y a través de esta circulan ideas

de resistencia y visiones del mundo ante las representa-

ciones dominantes que propicia el mercado posicional.

Es una resistencia que se manifiesta mediante la adop-

ción de identidades de grupo, lealtades a expresiones

artístico-musicales, maneras de vestir, códigos de habla.

jóvenes del Paranpanpan viven en la alternancia, en un

cerrar y abrir la puerta de lo legítimo y lo ilegítimo. Se ma-

nifiesta una construcción de una identidad aceptada:

“normal, formal”; y una identidad proscrita que atilda lo

ilegítimo y lo ilegal entre pares y en el contexto de la calle,

pues estas prácticas les otorgan singularidad, respeto y re-

conocimiento social. Los jóvenes se desplazan por distintos

contextos legales e ilegales, formales e informales que les

permiten gestionar agencias de control. Existe una pugna

entre la estructura social y la agencia instalada por el indi-

viduo. Es decir, cuando se excluyen (o se autoexcluyen) de

espacios que les dan identidad, los jóvenes buscan una for-

ma de construirse como sujetos visibles: el ser lacra. Esto

se traduce en el vivir siendo lacra, en apostar a la lógica del

“rescate o el pesque”, “raquear” unas latas para dejar una

huella en la calle, cómo “rescatar” un celular, una gorra,

una patineta, para venderla y rebuscarse; colaborar en la

casa, comprar ropa y acceder a la indumentaria de moda,

que les ofrece reconocimiento en el grupo de pertenencia.

Esta es la lógica del proveedor que plantea que “cualquier

recurso, sin importar procedencia, es legítimo si permite

cubrir una necesidad” (Kessler, 2004: 41).

Para Kessler (2004) “el trabajo está subordinado a la

centralidad de las acciones delictivas y en muchos casos

funciona como simple coartada”. Esta dinámica de transi-

ción constante, este ir y venir de ambos mundos, lo cata-

loga como el paso de la lógica del trabajador al proveedor.

La diferencia fundamental entre una y otra está en la

fuente de legitimidad de los recursos obtenidos, que en la

lógica del trabajador reside en el origen del dinero; el fruto

del trabajo honesto en una ocupación responsable y reco-

nocida socialmente. En la lógica de provisión, en cambio,

la legitimidad ya no se encuentra en el origen del dinero,

sino en su utilización para su satisfacción de necesidades.

identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 197

La legitimidad de lo ilícito, de tomar la calle, usarla y

transgredirla, de “frentear” y resistirse a la policía, busca

resaltar la cultura under y la experiencia que se tiene en

ella, como un plus significativo entre las jóvenes y los jó-

venes. Puede que exista la misma oportunidad lícita que

la ilícita, pero la valoración entre ambas es asimétrica,

instrumental, de acuerdo al contexto y la situación. La

autoadscripción a lo ilícito, a lo “lacra” en su acepción

delictiva –vista desde la lógica adultocéntrica–, es o bien

producto de la precariedad o de la instrumentalización y

el sentido de sus acciones ilícitas: respeto, reconocimien-

to, obtención de bienes, valoración del riesgo y en trán-

sito por los márgenes de lo legal/ilegítimo, reafirmación

de una identidad que supravalora los códigos del barrio/

cárcel y por ende la violencia. La violencia se constituye

como elemento constitutivo del sujeto (agenciación), y la

valoración simbólica de identidades proscritas vincula-

das a actos delictivos se plantea como forma de reconoci-

miento social y como un nuevo capital simbólico que se

reconfigura en lo social (Wieviorka, 2006)

3. Se prendió el Paranpanpan

La experiencia de abordaje y vinculación con jóvenes

de la parroquia se inició con la estrategia de intriga y de

agitación. En las redes sociales se creó una plataforma

web (Facebook) para comenzar un proceso de conexión

y vinculación con las jóvenes y los jóvenes identificados

con el movimiento hip-hop, así como con otras culturas

y prácticas culturales5 alternativas. Los primeros sujetos

5 Las prácticas socioculturales serán concebidas como aque-

de vinculación son jóvenes que se distancian del mode-

lo “oficial”, realizan prácticas culturales y se configuran

en comunidades afectivas con producciones simbólicas

propias, así como no forman parte de un modelo de jo-

ven ideal construido por las expectativas de rol del Es-

tado: joven politizado, militante, que ha participado en

grupos de participación tradicional (partidos políticos).

Se identificaron actores primarios para la realización de

actividades de agitación, movilización y encuentro, ge-

neralmente con el acercamiento de jóvenes varones. Se

identificó un lugar para el “estar” de los jóvenes: las in-

mediaciones del Parque Alí Primera. Se comenzó la ac-

tivación con un grupo con experiencia en el mundo del

hip-hop, que fungió como coproductor de la actividades

posteriores (tomas culturales, patinatas, pancartazos,

murales, etcétera).

Las primeras actividades estaban caracterizadas por la

espontaneidad de los chamos, el desconocimiento de las

normativas para la realización de eventos y el enfrentarse al

adultocentrismo como patrón cultural de relacionamiento

intergeneneracional, el cual implica una hegemonía (re-

glas, ordenamiento del mundo, modelos de conducta, etcé-

tera) de la generación adulta sobre la generación emergen-

te. En palabras de K. Duarte y B. Solano (2003):

llas manifestaciones colectivas de los grupos juveniles: lenguaje, códigos estructurados, maneras de pensar, de actuar, expresiones artísticas y lúdicas, ejecutadas a partir de la apropiación simbólica de bienes materiales o no, y de prácticas sociales y culturales pro-venientes de latitudes distintas a la de pertenencia. Estas prácticas determinan la cohesión grupal, los procesos de identificación y di-ferenciación de las jóvenes y los jóvenes. En Piña Narváez (2007).

198 | aVances De inVestigación

Una sociedad que  pone en (condición de) superioridad

a algunas personas por sobre otras por el solo hecho de

tener cierta edad (más de 29 y menos de 65 años) o cum-

plir  ciertos  roles sociales (trabajar, estar casado, hacer

servicio militar y participar en elecciones, entre otros) y

que pone en inferioridad de preparación a los niños, ni-

ñas y  jóvenes es adultocentrista. Debiera entender que

luchar contra el adultocentrismo no es luchar contra

los adultos, sino contra las  expresiones  de esa cultura

dominante, y al mismo tiempo construir identidades ju-

veniles desde los aportes que podemos hacer en nuestro

mundo y desde las potencialidades que poseemos.

A esta cultura dominante, de ordenamiento y subesti-

mación del trabajo, se enfrentan los jóvenes con quienes

se inició la vinculación. El consejo comunal, la alcaldía,

la familia, grupos religiosos y grupos políticos manifies-

tan posturas adultocéntricas que se constituyen como

obstáculos para la participación de los jóvenes. Posterior-

mente se inició un proceso de negociación y mediación

con poco consenso.

4. “Los pacos siempre nos chocan el carro.” Violencia y prevención social comunitaria

Ganar confianza e iniciar un proceso de transformación

social con jóvenes de sectores populares, desde una ins-

titución que trabaja por la seguridad, ha sido un proceso

complejo pues, en la valoración colectiva de los jóvenes,

los cuerpos policiales representan represión: son quie-

nes “chocan el carro” (expresión de conflicto usada en

el habla común) a estos jóvenes. Existe reconocimiento

al proceso de acompañamiento que realiza la Universi-

dad Nacional Experimental de la Seguridad, a través de la

oficina de Vinculación Social, pero no precisamente esta

confianza y respeto existe con los funcionarios policiales.

Se evidencia una no-credibilidad con “la institución po-

licial”: una encuesta realizada a 328 jóvenes de la parro-

quia, donde se les consultaba la confianza en los cuerpos

policiales, arrojó que el 60% de los jóvenes no tiene con-

fianza en la policía. Existe un reconocimiento a un nuevo

modelo en gestación de la policía, pero al mismo tiempo

los jóvenes utilizan los adjetivos “paco”, “sapo”, “tombo”

y “bruja” para referirse al ejercicio de la función policial

en cuyas actividades diarias, generalmente, se genera

una relación de tensión con la “autoridad”. Dentro del

proceso de construcción de identificaciones: la autoridad

que expresa la policía no entra entre las valoraciones de

las jóvenes y los jóvenes, y circunstancialmente se ma-

nifiesta una relación de respeto/irrespeto, valoración/

rechazo, atribuible a las experiencias vivenciales vincu-

ladas al abuso policial: matraqueo, hostigamiento, cateo

policial injustificado, detención. Este rechazo es mas evi-

dente en jóvenes varones vinculados al Paranpanpan,

que de por sí constituyen el género con mayor presencia.

La masculinización de la participación en estos espacios

culturales corresponde, entre otras cosas, a la división

sexual del espacio y al control dominante en mujeres jó-

venes, ante la amenaza que representa “lo público como

lugar de la violencia”, y la valoración simbólica que tiene

“ser lacra”, pues está relacionada con expresiones de la

masculinidad hegemónica.

Se ha apostado a la autorregulación como medida

identidades proscritas en el paranpanpan y. piña et. al. | 199

preventiva. En un año de agitación comunitaria (2011-

2012) y actividades realizadas por los jóvenes, la presen-

cia policial ha sido cero, por decisión del Paranpanpan:

es una apuesta a la prevención a partir de la organiza-

ción, el autocontrol y la gestión colectiva del espacio.

Este ejercicio fáctico de prevención entra en contradic-

ción con la demanda de personas adultas en las comu-

nidades quienes exigen mayor presencia y patrullaje

policial para controlar las actividades de los jóvenes que

son vistos como amenaza. Este enfoque preventivo de la

violencia se inscribe en la prevención social comunitaria,

en tanto se fundamenta en la búsqueda de los factores

sociales que generan delitos/faltas o prácticas ilícitas. En

tal sentido, busca realizar trabajos de interacción y vin-

culación desde una perspectiva etiológica para la preven-

ción de faltas y prácticas ilícitas y la disminución de los

riesgos que nos aproximan a ellas. Los jóvenes asumen

el protagonismo y el control, pero cuando ocurre “algo”

ilegítimo para la mirada de otros (consumo de drogas,

micrográfico) se cuestiona lo que para ellos es conside-

rado normal.

Algunas consideraciones finales

Ser lacra y no ser malandro/a, ¿qué significa esto para las

jóvenes y los jóvenes de Catia? Se pasean entre lo positivo

y lo negativo de una palabra que, al ser escuchada por

los adultos, refiere a la vida en las cárceles de Venezuela,

para muchos la universidad de las “lacras”, de las peo-

res personas dentro o fuera del margen de lo socialmente

aceptado.

Para las jóvenes y los jóvenes de Catia, es un juego

de palabras, es como se habla en la calle, es la manera

de identificar de dónde viene, con quién y en dónde ha

estado, cómo recorre y vive la ciudad: Caracas, una lacra

más, una ciudad marcada, temida, proscrita, rebelde, y

no es que es así actualmente, es que así se formó, nació,

es. Estos/as jóvenes la han resignificado, precisamente

son sus carencias económicas, afectivas, de regulación,

las que les han hecho desarrollar su identidad proscrita;

al salir molestos/as, indignados/as ante un regaño del

padre, madre o del profesor de turno, al no tener dine-

ro para pagar el pasaje en el transporte público o en el

metro, han tenido que caminarla, recorrerla, de noche o

de día, desarrollando una relación entre la identidad de

la propia Caracas, Catia y ellos/as, aprendiendo a hablar

para no dejarse “conejear” o “chigüiriar”6 por otros/as,

a caminar, vestirse, peinarse, andar. Son esas prácticas,

formas de ser, actuar, vivir, las que los han hecho lacras;

no malandros, no se trata de cometer delitos, no lo bus-

can, se trata de diferenciarse, de levantar la voz ante un

forma de orden que los/as obliga a no ser como realmente

son, a uniformarse en la vestimenta, en los pensamien-

tos, en la manera de ser, guardan el espíritu proscrito y

rebelde de los “malandros” de antes, de décadas pasadas,

quienes robaban para darle a los pobres del barrio. Se di-

ferencian de los de hoy, no son “malandros”, son lacras.

“Ser lacra” y “la-crearse”, el crear a través de su

6 términos que utilizan dentro de su jerga para referirse al hecho de dejarse manipular, joder por otros/as adultos/as, jóvenes que quieren imponerse a la fuerza o no ante ellos/as.

200 | aVances De inVestigación

música, de sus letras, pinturas, vestimentas, prácticas,

murales, ideas, protestas explosivas, cómicas, violentas,

artísticas, la necesidad de crearse estrategias para so-

brevivir, para hacerse respetar en la calle, ser leal a su

manera bajo las normas construidas al interior del gru-

po de una manera silente, pero estable: estrategias para

alimentarse, encontrar trabajo, mantenerlo, comprar el

preservativo o la pastilla para la “jevita”7, la necesidad de

diferenciarse del otro que sigue a la masa, la necesidad

de ser un/a proscrito/a, de siempre “chocar el carro”8

ante un orden que desde la cuna hasta la tumba les dice

cómo deben comportarse, qué es lo correcto, lo “ético”,

la moral, las “buenas costumbres”, las etapas de la vida

y su orden perfecto y cronológico como si de un reloj sui-

zo se tratara. El “orden” que se olvidó cómo nos hicimos

naciones, ciudades, personas, jóvenes. Y es así bajo estos

principios que se juntan, se organizan en un orden poco

comprendido, encuentran en ese juntarse una identifi-

cación “colectiva”, que ofrece una alternativa a la vio-

lencia, que esgrime como una manera de solucionar un

flagelo que los afecta, se configura una forma alternativa

de hacer política de incidir en o público y de transformar

sus realidades inmediatas.

7 Novia.

8 Ser antipático, rebelde de mala manera, ante una situación o persona.

bibliogRafía consultada

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Bourgois, Philippe (2010). En busca del respeto. Vendiendo crack en Harlem. Ed. S. XXi.

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ENTREVISTA

MáxiMo soZZoRecursos de la izquierda para pensar alternativaspor Antonio González Plessmann

202 | aVances De inVestigación

203

Entrevista al criminólogo

Máximo sozzo

Recursos de la izquierda para pensar alternativaspor Antonio González Plessmann

MÁXIMO SOZZO es sociólogo y criminólogo, con amplia trayectoria en

investigaciones sobre teoría criminológica, policía, prevención del deli-

to, relación entre psiquiatría y justicia penal, estadísticas sobre la cues-

tión criminal y política criminal en diversos países de América Latina y el

mundo. Ha sido investigador y profesor titular de Criminología en varias

universidades; ha participado en múltiples eventos académicos como ex-

positor invitado en la Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Estados Unidos,

Canadá, España, Italia, Hun gría y Gran Bretaña. Destacamos su participa-

ción en la Maestría en Seguridad Ciudadana y Sistema Penal con Perspectiva

Crítica, de nuestra Universidad. Entre sus numerosas publicaciones, pode-

mos mencionar Por una sociología crítica del control social (coord., 2010),

Historias de la Cuestión Criminal en la Argentina (2009), Inseguridad, preven-

ción y policía (2008), Reconstruyendo las criminologías críticas (coord., 2006)

y Policía, violencia y democracia. Ensayos sociológicos (2005).

Antonio González Plessmann: —Para empezar, nos gustaría que hicie-

ras algunas aproximaciones a cómo ha abordado la izquierda las políticas

de seguridad.

Máximo Sozzo: —Fundamentalmente, creo que, para la tradición del pen-

samiento y la práctica de izquierda, el problema de las políticas de seguridad

frente al delito ha sido un tema crucial y al mismo tiempo problemático,

204 | entreVista

porque durante un tiempo –y sobre todo, en las últimas

tres décadas– hubo una fuerte hegemonización de esta

temática por parte de las fuerzas de la derecha. Eso ha

generado que muchas veces la izquierda olvide ciertos re-

cursos que tiene en su propia tradición intelectual para

pensar este problema y proponer alternativas políticas.

Creo que hay que enfatizar la necesidad de realizar un

esfuerzo por parte de esa tradición política –con su plu-

ralidad interna– para repensar algunos puntos que están

en su misma tradición intelectual y que son útiles para

pensar el presente.

En particular, el pensamiento de izquierda se carac-

teriza fundamentalmente por poner en el centro de la re-

flexión acerca de los asuntos humanos y sociales la cues-

tión de la igualdad. La cuestión de la igualdad tiene un

fuerte impacto en el problema del delito que claramente

se traduce en uno de los puntos cruciales de la cuestión

criminal: el problema de la selectividad de las institucio-

nes penales –policía, administración de justicia penal,

prisión–.

Nuestros sistemas penales, en las sociedades con-

temporáneas, se comportan selectivamente focalizan-

do el “delito de los débiles”, de los sujetos económica y

socialmente menos fuertes en la vida social, atrapando

aquellos tipos de delitos que son más fáciles de detectar

e investigar, deteniendo a los sujetos que, por tener me-

nos poder político y social, son más fáciles de aprehender.

Eso se deriva en la reproducción de un efecto cultural ex-

traordinariamente fuerte que los medios masivos de co-

municación en las sociedades contemporáneas se encar-

gan de amplificar, que es que construyen una sinonimia

entre esas formas de delito y la palabra delito en general; y

esto produce un fuerte nivel de ocultamiento y tolerancia

de los delitos producidos por los sujetos poderosos. Esto

genera muchos problemas en las políticas acerca del de-

lito. El primero es, sin lugar a dudas, el problema de que

los delitos de los poderosos no son focalizados como un

blanco por parte de las instituciones penales, pese a los

niveles de daño social que suelen producir. El segundo,

muy importante también, es que se pierde de vista que el

delito de los poderosos, en muchos casos, construye im-

pulsos para la producción de delitos de los débiles, para

generar lo que podríamos llamar la “carne de cañón”

del sistema penal. Los mercados ilegales en las socieda-

des contemporáneas existen porque hay entramados

que atraviesan la estructura social en donde hay sujetos

poderosos y sujetos débiles que se encuentran relaciona-

dos por una cadena de pasos en la producción de rédito

a través del mercado ilegal. Por ende, me parece que es

crucial revertir el problema de la selectividad y colocarlo

en el centro de la escena. Revertir el problema de la selec-

tividad es una orientación, un norte para la transforma-

ción estructural del funcionamiento de las instituciones

penales. Debemos colocar en el centro de la escena la

persecución de los delitos graves, la persecución de los

delitos de los poderosos; debemos repensar la manera en

la que las instituciones penales intervienen sobre la feno-

menología delictiva y, a partir de ahí, se deriva una serie

de necesidades de cambio. Por eso, el pensamiento de iz-

quierda es un pensamiento acerca de la reforma radical,

recursos de la izquierda para pensar alternativas m. sozzo | 205

es un pensamiento acerca de la necesidad de repensar los

modos tradicionales de actuar en este campo que clara-

mente han contribuido al resultado de la selectividad.

AG: —¿Cómo crees tú que se podrían revertir estos pro-

cesos que se han desarrollado hasta ahora?

MS: —Reconstruir esos modos de actuar es obviamen-

te un proceso muy complejo, un proceso que va a llevar

años, que no se puede pensar como algo que se logre de

la noche a la mañana, pero es indispensable empezar a

transitar ese camino para generar esos resultados. Las

transformaciones estructurales de carácter radical en

las instituciones penales son un componente crucial que

implica romper con la tradicional autonomía de estas es-

tructuras institucionales. Cuando digo autonomía, quiero

decir que las instituciones penales tradicionalmente han

funcionado con una fuerte separación con respecto a las

decisiones políticas y han logrado, sobre todo en Amé-

rica Latina, insularizarse de las decisiones políticas. Así

pues, hay que reconstruir el control político en las insti-

tuciones penales.

Esto es muy claro en los procesos de reforma policial

en América Latina. En los pocos casos en los que hemos

visto algún nivel de producción de cambios reales en las

maneras de pensar y de actuar al interior de la institu-

ción policial, tal cambio se ha logrado a partir fundamen-

talmente de reconstruir el control político sobre la actividad

policial. Ahora, lo que es paradójico es que muchas veces

–incluso para las fuerzas de la izquierda– no se traslada

este mismo razonamiento al terreno de la administra-

ción de justicia penal. En el debate político en América

Latina en general y también, por tanto, para las posicio-

nes de izquierda, la administración de justicia penal ha

quedado en un segundo plano, como en un lugar mucho

más “neutro” en donde no parece afirmarse que no es-

tán en juego visiones del mundo. Entonces parecería que

todo el mundo debe estar a favor del modelo acusatorio,

todo el mundo debe estar a favor de la oralidad, etcétera.

Me parece que es indispensable para el pensamiento de

izquierda reconstruir esas posiciones saliendo de un dis-

cusión exclusivamente planteada en torno al “deber ser”

e informada por la realización de investigaciones empíri-

cas acerca de “lo que sucede”, porque los modelos acu-

satorios realmente existentes en América Latina, como

productos de las reformas judiciales y procesales de los

años ochenta y noventa, producen 90% de causas judi-

ciales resueltas a través de la negociación judicial entre

un fiscal que tiene mucha fuerza y un defensor público

que defiende a un sujeto –débil económica y socialmen-

te– que tiene escasa fuerza y escaso tiempo, porque tie-

ne una larga lista de defendidos esperando, que generan

un tipo de proceso judicial que no tiene ninguna de las

virtudes que nos presentaron las reformas de primera

generación en torno al ideal de un juicio público, con-

tradictorio, con una producción adecuada de pruebas, a

partir de la que se generaría el debate. Lo que tenemos

en realidad es exactamente lo opuesto: una cosa secreta,

una negociación entre dos partes, una mucho más po-

derosa que la otra, que termina produciendo niveles de

206 | entreVista

condenas muy altos y, sobre todo por la falta de conexión

con una reforma del sistema de penas, altos niveles de

encarcelamiento.

El ejemplo paradigmático, paroxístico, de esto es el

caso chileno, que a partir de la reforma de la justicia pe-

nal, tanto en su estructura organizacional como en su

proceso penal, ha producido un incremento en los nive-

les de encarcelamiento que ha llevado a Chile a ocupar

uno de los primeros lugares en América Latina. Creo que

el nexo entre ambos fenómenos se debe investigar más

detalladamente pero parece haber habido, al menos, un

cierto nivel de afinidad entre ambos. Entonces creo que

hay otro terreno ahí que es repensar radicalmente las

reformas judiciales y procesales, no para volver –por su-

puesto– al modelo inquisitorial y escrito, pero sí para que

esas promesas que acompañaron las reformas de prime-

ra generación tengan algún nivel de plasmación práctica

mayor del que hoy realmente tienen.

Por último, en el escenario de América Latina hay una

serie de asignaturas pendientes que la izquierda debe re-

tomar y promover en el terreno de la pena. Hay un prin-

cipio que uno puede pensar como un principio moderno,

incluso como un principio no necesariamente ligado al

pensamiento de izquierda, y que es la idea de que la pena

no debe ser más intrusiva en la vida de las personas que

aquello que sea indispensable o necesario. Está presente

en los reformadores liberales del siglo XViii; una de sus

primeras manifestaciones es en el famoso libro de Mon-

tesquieu, El espíritu de las leyes, de 1748, que dice: “toda

pena que va más allá de lo necesario es tiránica”. No-

sotros tenemos penas tiránicas, es decir, tenemos penas

que van más allá de lo necesario, que rompen con la idea

de proporcionalidad y que se despliegan en el terreno de

la irracionalidad. Hay que reconstruir nuestra escala de

penas, pero hay que reconstruir nuestro sistema de penas.

tenemos una pena monótona que a cualquier tipo de

problema responde con el mismo remedio: la privación

de la libertad. Eso se combina con un uso extraordinario

de la prisión preventiva en el proceso judicial y da como

resultado, en un coctel explosivo, altos niveles de encar-

celamiento, superpoblación y hacinamiento, muerte y

enfermedad. Entonces una de las maneras de enfrentar y

reducir ese alto nivel de encarcelamiento es seguramente

revisar las prácticas judiciales de imposición de prisión

preventiva, que tienen altos niveles de irracionalidad.

Los jueces penales, en muchas de nuestras jurisdicciones

en América Latina, responden ante cualquier caso con

una decisión automática de aplicar la prisión preventiva,

en gran medida porque, como el clima político y cultural

del debate en torno al problema del delito se ha “recalen-

tado”, esos jueces pretenden no tener ninguna responsa-

bilidad frente a cualquier problema eventual que pudie-

ra surgir. Entonces creo que reconstruir los procesos de

decisión en torno a la prisión preventiva es crucial para

reducir este fenómeno a niveles moderados –transfor-

mándolo en la excepción más que en la regla–, utilizando

el resto de medidas cautelares que es posible construir en

el proceso judicial.

Pero creo que es indispensable también reconstruir

nuestro sistema de penas: no puede ser que un delito con-

recursos de la izquierda para pensar alternativas m. sozzo | 207

tra la propiedad, que no tiene de por medio el ejercicio de

la violencia sobre las personas, termine hoy generando

una privación de la libertad por un lapso de tiempo pro-

longado sobre una persona. Sabemos que la privación de

la libertad produce unos niveles de daño extraordinario

en la trayectoria vital de esas personas y por ende no pue-

de ser pensado como proporcional con respecto al daño

causado por el delito, es un caos del merecimiento. Por

ende, hay un terreno de alternatividad que hay que tran-

sitar, y pensar en términos de alternativa en la pena pri-

vativa de la libertad puede crear dos cosas: alternativas a

la pena en general, o sea, tratar de generar mecanismos

que eviten la imposición de una pena, eviten la imposi-

ción de un antecedente judicial para la persona con to-

dos los efectos estigmatizadores que eso tiene, generando

mecanismos de divertion, o sea, mecanismos que sacan el

caso del sistema de justicia penal y lo resuelven de otro

modo, tales como la reparación, la restauración, la con-

ciliación; hay mucha experimentación a lo largo y a lo

ancho del mundo de la cual se puede aprender mucho

en esa dirección. Pero también quiere decir, en muchos

casos donde se llega finalmente a la imposición de la

pena, imponer penas alternativas a la pena privativa de

la libertad que produzcan menores niveles de daño y su-

frimiento –por ejemplo, tenemos el modelo de la pena de

trabajo socialmente útil, que sigue siendo un modelo ex-

traordinariamente importante sobre el cual reflexionar

en nuestro presente en América Latina–. Esto no quiere

decir mantener luego con la alternatividad una relación

ingenua. Es preciso estar constantemente vigilantes para

evitar el efecto que, ya en los años ochenta, Stan Cohen

lúcidamente identificó de “ampliación de la red”.

Y, por último, es necesario transformar radicalmen-

te la prisión. Cinco ideas claves sobre esto que son muy

difíciles de definir en el breve tiempo de una entrevista

son: 1) abrir la prisión, 2) promover derechos tanto para

los presos como para los trabajadores penitenciarios, 3)

democratizar la toma de decisiones al interior de la pri-

sión, generando mecanismos de diálogo entre presos y

funcionarios penitenciarios, 4) adoptar como un princi-

pio cardinal la reducción del daño (la cárcel no hace otra

cosa que producir degradación y sufrimiento; por ende,

la única política sobre la cárcel que es justificable es una

política que busca reducir esos daños), y por último, 5) la

idea de incluir socialmente a pesar de la prisión (la prisión

no incluye socialmente, la prisión excluye socialmente y

marca las trayectorias vitales y genera efectos negativos

duraderos). Una buena política de reducción del daño es

una política que revisa cómo y de qué forma se produce

ese tipo de daño y trata de reducirlo al mínimo.

Una agenda de izquierdas tiene que ser una agenda

en que cada uno de estos temas los plantee en forma muy

clara, muy fuerte en el debate político, asuma de algún

modo lo mejor de su tradición intelectual y produzca mo-

dificaciones contundentes inventando otro futuro, algo

que es posible en la medida en que se construya fuerza

política en torno a estas iniciativas.

208 | entreVista

AG: —Dentro de las políticas públicas de seguridad hay

siempre una apelación al tema de la prevención del deli-

to. ¿Qué opinas de ello?

MS: —Creo que hemos aprendido mucho de lo que ha

sucedido en los últimos treinta años con las políticas de

prevención del delito más allá de la pena. Quienes im-

pulsaron durante mucho tiempo ese tipo de políticas lo

hicieron con la secreta esperanza de lograr, a través del

vocabulario de la prevención del delito, reinstalar en con-

textos en donde avanzaban las políticas de mano dura y

se buscaba erosionar las políticas sociales de la mano de

las reformas de carácter neoliberal impulsadas por go-

bierno de la Nueva Derecha, la necesidad de desarrollar

intervenciones sociales para los sectores más desfavore-

cidos, especialmente los niños y jóvenes de sectores vul-

nerables y excluidos socialmente, para evitar que esos

niños y jóvenes tengan trayectorias vitales ligadas a las

carreras delictivas y padezcan las privaciones, sufrimien-

tos y dolores que esas carreras delictivas generan, crean-

do oportunidades sociales alternativas, desbloqueando

aquellas que estaban bloqueadas, para recordar la expre-

sión famosa de Richard Cloward. Se trataba de comba-

tir con esos otros vocabularios de carácter conservador

y autoritario, rescatando el tópico de la prevención del

delito y reivindicando que el tema de la seguridad frente

al delito era una materia esencialmente social en sus pro-

cesos de producción y, por tanto, en sus respuestas.

Sin embargo, eso implicó en aquel entonces, en mu-

chos casos, para quienes impulsaban ese vocabulario

acerca de la prevención del delito, transaccionar con la

idea de la prevención situacional-ambiental: “Para po-

der hacer prevención social –como se le llama frecuen-

temente a ese tipo de iniciativas que solo tienen efecto

en el mediano y largo plazo y son invisibles para amplios

sectores del público–, tenemos que ofrecerle al político

profesional, al que es preciso convencer, hacer algo ya,

a corto plazo, con alto nivel de visibilidad, es decir, ha-

cer prevención situacional-ambiental”. Esto implica tra-

tar de asegurar situaciones o ambientes para evitar que

allí se produzcan oportunidades para cometer delitos a

través de cambios en la dimensión física –CCtV, rejas,

etcétera– o social –poner vigilantes profesionales o no

profesionales– del mismo. El problema que se produjo fue

que la prevención del delito “realmente existente” fue, en

la mayor parte de los casos, solo prevención situacional-

ambiental. Y esto a pesar de las promesas de hacer pre-

vención social. Ha habido buenas intervenciones bajo el

tópico de la prevención social, ejemplos de los que se pue-

de aprender muchas cosas –aunque también ha habido

efectos perversos en ese terreno–, pero han sido clara-

mente minoritarios, ya que el lenguaje de la prevención

del delito fundamentalmente ha servido para promover

prevención situacional-ambiental. Y ¿qué es lo que la

prevención situacional-ambiental genera como resulta-

do? Produce, en el mejor de los casos, desplazamiento del

delito de las áreas urbanas protegidas a las áreas urbanas

desprotegidas, que suelen coincidir –y esto nadie puede

pensar que resulta casual– con las líneas de demarcación

espacial en la ciudad de la distribución inequitativa de la

recursos de la izquierda para pensar alternativas m. sozzo | 209

riqueza social. Esto quiere decir que su efecto fundamen-

tal ha sido constantemente la distribución inequitativa del

delito siguiendo las líneas de la distribución inequitativa de

la riqueza; por tanto, a la distribución inequitativa de los

bienes sociales se le agrega una distribución inequitativa

de los males sociales, es decir, reproducimos la desigual-

dad social.

Por tanto, hoy es importante comprometerse activa-

mente desde la izquierda en promover políticas de inclu-

sión social para los sectores más desfavorecidos económi-

ca y socialmente, pero creo que es necesario aprender de

lo ocurrido durante estas tres décadas. tal vez haya que

justificar estas iniciativas sin apelar al lenguaje de la pre-

vención del delito. ¿Por qué? Porque ese lenguaje condenó

a ubicar el debate sobre esas políticas de inclusión social

en el terreno de las agencias de seguridad y justicia, en

donde estas políticas tienen que competir con los patrulle-

ros que la policía demanda, con los chalecos antibalas que

la policía demanda, en fin, tienen que competir con esas

medidas de más corto plazo y alto nivel de visibilidad para

sectores del público –especialmente las clases medias– que

muchos actores políticos, también de izquierda, buscan

promover. Entonces el peso del “cortoplacismo” y de la vi-

sibilidad “para el público que cuenta”, hace que este otro

tipo de iniciativa social se marginalice y presupuestaria-

mente reciba muy poco financiamiento, manteniéndose

en lo que he denominado el “síndrome del eterno piloto”

–intervenciones en sitios acotados con una población aco-

tada–. Creo que esa es una mecánica muy perversa. Desde

mi punto de vista, la única manera de salir de esa trampa

es tratar de romper con ese lenguaje y defender la necesi-

dad de llevar este debate a los actores de las políticas so-

ciales. tenemos que construir un diálogo con ellos acerca

de cómo diseñar esas políticas y de cómo implementarlas

desde ese tipo de instancias estatales. Creo que ese es el

único camino para que este tipo de iniciativas por las que

es razonable abogar se realicen efectivamente.

Soy consciente de que esto es un riesgo, pues este viraje

hacia el universo de las políticas sociales plantea también

toda serie de problemas. Las políticas sociales en América

Latina, promovidas incluso por los gobiernos de izquierda,

tienen severos problemas para llegar a atender las nece-

sidades y la creación de oportunidades a niños y jóvenes

entre 12 y 25 años, que son los niños y jóvenes que más

posibilidades tienen de iniciar una trayectoria delictiva,

tanto en el plano del delito menos organizado como del

delito más organizado. Lo que hay que reclamar en el de-

bate con los actores que se ocupan de las políticas sociales

es precisamente la construcción de políticas en esta direc-

ción. En el debate entre generalización y focalización hay

que construir una especie de alcance medio en el cual es

indispensable que construyamos políticas específicas en

esta dirección. Por eso, tal como decía anteriormente, de

lo que se trata en realidad es de hacer lo mismo que se tra-

taba de hacer antes pero colocándolo simbólicamente bajo

otra bandera; y si logramos convencer a esos actores polí-

ticos que manejan estas políticas sociales, efectivamente

vamos a lograr que eso supere el síndrome del eterno pi-

loto –que nunca logra la transferencia, nunca logra saltar

hacia una esfera más amplia–. Lo que hoy tenemos en este

210 | entreVista

tipo de intervenciones de prevención social son muchas

buenas experiencias, muy pequeñas y con poblaciones

muy reducidas, y creo que para salir de esta trampa es

necesario convencer a los actores que debaten políticas

sociales de que, desde la lógica de esas políticas, haya al-

gunas específicas de mediano alcance para estos secto-

res. Pero eso no significa, por supuesto, construir un Es-

tado esquizofrénico: un Estado que produzca por un lado

políticas de intervención social y por otro lado produzca

intervenciones violentas a través de la institución poli-

cial. insisto en que solo es posible producir este tipo de

políticas de las que estamos hablando si, paralelo a eso, se

producen reformas radicales en la manera de operar de

una cara muy visible de la vida social de los ciudadanos,

especialmente de los ciudadanos de pocos recursos y po-

cas oportunidades, que es la institución policial, porque

si no, digamos, que produciríamos oportunidades aquí y

las cancelaríamos allá. Entonces, es indispensable en este

viraje también tener en cuenta la simultaneidad de estos

dos frentes de batalla.

reseÑas y CoMentarios

Comentarios al DLOSPICristóbal Cornieles Perret Gentil

Perspectiva histórica de la criminologíaGabriel Ignacio Anitua (2005). Historias de los pensamientos criminológicos.Carlos Avendaño

Principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas trasladadas a la realidadSeminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)Gabriel Salazar Pineda

213

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGáNICA DEL SERVICIO DE POLICíA

DE INVESTIGACIóN, EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS, PENALES

Y CRIMINALíSTICAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES

Comentarios al DLOSPICRISTÓBAL CORNIELES PERRET GENTIL*

1. Antecedentes y justificación

El Cuerpo Técnico de Policía ju-dicial (CtPj), actual Cuerpo de in-vestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CiCPC), fue creado en 1958 cómo el órgano de policía principal en materia de investigación penal y auxiliar del Sistema de justi-cia. Se encontraba adscrito al Ejecu-tivo nacional, pero funcionalmente estaba subordinado y cumplía los requerimientos que le ordenaban los tribunales penales. Se concebía como un órgano con una altísima especia-lización, concentrado exclusivamen-te en las actividades de investigación penal, con un elevado nivel científi-co-técnico en criminalística y dotado de personal con formación en estas materias.

A partir de la década de los seten-

ta, la visión inicial de este órgano fue desdibujándose al atribuírsele pro-gresivamente otras funciones ajenas a su mandato, tanto en la legislación como en la práctica. Así, fue ejercien-do competencias típicas de la policía preventiva (entre ellas, el patrullaje), custodia de personas detenidas pre-ventivamente o penadas (propias del sistema penitenciario), prevención general y auxilio a la administración de justicia claramente ajenas a la fun-ción policial (como la práctica de ci-taciones y notificaciones). Esta situa-ción fue menoscabando el ejercicio idóneo de las funciones propias de in-vestigación penal, entre otras razones porque implican una inversión signi-ficativa de recursos presupuestarios, una asignación importante de perso-nal para realizar dichas actividades y, sobre todo, porque desviaba la direc-

* Abogado. Profesor universitario. Co-redactor del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penal y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Foren-ses, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de Policía de Investigación y la Ley del Estatuto de la Función Policial.

214 | comentarios y reseñas

cionalidad de este órgano fuera de su

área específica de especialización.

De forma paralela, asistimos a un

proceso en el cual, conjuntamente con

el desarrollo de una legislación penal

sustantiva amplísima y poco sistema-

tizada, se le atribuyeron competencias

de investigación penal especial a dife-

rentes órganos y entes del Estado. Si a

esto le sumamos la existencia de aque-

llos que tradicionalmente han sido con-

siderados auxiliares de la investigación

penal, nos encontrábamos ante un es-

cenario caracterizado por un número

muy elevado de órganos y entes que

participaban, en mayor o menor medi-

da, en la investigación penal y crimina-

lística sin ningún tipo de organización,

direccionalidad, rectoría, coordinación

y pautas uniformes para el ejercicio

de estas funciones. Adicionalmente, el

propio CiCPC siempre ejerció sus fun-

ciones con un nivel significativo de au-

tonomía incluso ante su propio órgano

de adscripción. Por ello se afirma que la

investigación penal y criminalística en

nuestro país se encuentra atomizada,

porque cada órgano u ente funciona

con absoluta independencia de los de-

más, muchas veces de forma aislada y

parcelada, bajo sus propios criterios de

prioridades y protocolos de actuación.

Evidentemente, esta situación ha afec-

tado negativamente la calidad, eficacia

y eficiencia de la investigación penal, que debe concebirse como un servicio que se presta de forma sistémica e inte-gral.

Ahora bien, es preciso indicar que esta situación jurídica fue mantenién-dose e incluso profundizándose en las leyes que regularon la investigación penal en nuestro país, entre ellas las derivadas de la vigencia del Código orgánico Procesal Penal y de la Cons-titución de la República Bolivariana de Venezuela, como la última Ley del Cuerpo de investigaciones Científicas,

Penales y Criminalísticas (LCiCPC)1.

2. El nuevo modelo policial y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses

El diagnóstico que realizó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Co-NAREPoL) en el año 2006, punto de inicio de todo el proceso de reforma del modelo policial venezolano, incluyó tanto el servicio de policía preventiva,

1 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.598, de fecha 5 de enero de 2007.

uniformada u ostensiva como la poli-

cía de investigación. En este sentido,

se desarrollaron investigaciones socio-

jurídicas para conocer y evaluar la si-

tuación del CiCPC, así como para pre-

sentar recomendaciones que contaron

con las opiniones de especialistas y

académicos nacionales y extranjeros,

los propios funcionarios y funciona-

rias de investigación penal y una am-

plísima consulta ciudadana.

Estas investigaciones daban cuenta

de algunos ejes centrales del funciona-

miento del CiCPC que deberían ser ob-

jeto de transformaciones, entre ellos:

la necesidad de concentrar sus com-

petencias en la investigación penal y

el apoyo al Sistema de justicia, supri-

miendo las demás funciones que había

venido ejerciendo; la importancia de

dar relevancia, especificidad y estruc-

tura orgánica propia a la medicina y

ciencias forenses, que habían sido re-

legadas por la importancia otorgada a

la investigación estrictamente policial

y el desarrollo de servicios de policía

preventiva; lo imperioso de suprimir

y/o disminuir, concentrar y regular los

grupos o brigadas especiales, para cir-

cunscribir su actuación al apoyo de la

investigación penal; y la conveniencia

de comenzar una profunda reflexión

acerca del papel de los cuerpos de po-

licía preventiva en la investigación pe-

comentarios al dLoSPi c. cornieles p. g. | 215

nal y la posibilidad de atribuirles com-petencias para conocer los delitos de baja complejidad.

Sin embargo, a pesar de ello, des-de 2008 cuando entra en vigencia la Ley orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivaria-na (LoSPCPNB), el proceso de cons-trucción del nuevo modelo policial venezolano se había venido centran-do en el servicio de policía preventiva, dejando a un lado el abordaje de la in-vestigación penal. El Decreto con Ran-go, Valor y Fuerza de Ley orgánica del Servicio de Policía de investigación, el Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Fo-

renses (DLoSPi)2 marca el inicio le-gislativo de la transformación y cons-trucción del nuevo modelo policial venezolano en esta materia. Por tanto, para comprender este nuevo instru-mento jurídico es imprescindible ubi-carlo en el contexto y como parte del proceso de reforma policial comenza-do en 2006 con la CoNAREPoL.

La LoPSi tiene como antecedentes jurídicos inmediatos la LoSPCPNB, la Ley del Estatuto de la Función Policial

2 Publicada en Gaceta Oficial de la Re-pública Bolivariana de Venezuela N° Ext. 6.079 de fecha 19 de junio de 2012.

y el Cuerpo de Resoluciones del Minis-

terio del Poder Popular de interiores y

justicia que han desarrollado estas dos

leyes. también se nutre del diagnóstico

de la CoNAREPoL, así como de la ex-

periencia y saberes adquiridos en los

años recientes desde el Consejo Gene-

ral de Policía. Por este motivo, se puede

observar que las transformaciones más

relevantes son congruentes con estos

procesos e instrumentos jurídicos, en-

tre ellos: la concepción de la policía de

investigación como un servicio público

esencial, de carácter estrictamente civil

y profesional; la creación de un Sistema

integrado de Policía de investigación,

bajo la rectoría del Ministerio del Poder

Popular con competencia en materia de

seguridad ciudadana, que articula a to-

dos los órganos y entes de investigación

penal; la refundación del CiCPC, que

concentra sus funciones en la investi-

gación penal y en el apoyo al Sistema de

justicia; la creación de un nuevo Ser-

vicio Nacional de Medicina y Ciencias

Forenses (SNMCF), bajo la dependencia

administrativa y funcional del Ministe-

rio del Poder Popular con competencia

en materia de seguridad ciudadana; y,

la intervención del Cuerpo de Policía

Nacional Bolivariana y demás cuer-

pos de policía estadales y municipales

como órganos ordinarios de investiga-

ción penal, para conocer un conjunto

de delitos a ser determinados mediante

reglamento en función de criterios de

territorialidad, complejidad, intensidad

y especificidad, y siempre bajo un régi-

men de habilitación previa para ejercer

estas atribuciones, rectoría y supervi-

sión del Ministerio del Poder Popular

con competencia en materia de seguri-

dad ciudadana.

3. Acercamiento al contenido del DLOSPI

El DLoSPi sigue la técnica legislativa

de la LoSPCPNB, para asegurar la so-

lidez y coherencia jurídica que ha sido

reconocida a esta Ley, tanto en el ám-

bito nacional como internacional. Así,

el DLoSPi contiene 95 artículos, divi-

didos en 6 títulos, más 11 disposicio-

nes derogatorias, transitorias y finales.

El orden de estas disposiciones fusiona

los contemplados en la LoSPCPNB y

la LCiCPC, con la idea de mantener la

uniformidad normativa y, a través de

ello, facilitar el manejo y comprensión

de la Ley a las personas, especialmen-

te a quienes son responsables de inter-

pretarla y aplicarla.

El “título i: Disposiciones genera-

les” se encuentra dividido en 4 capítu-

los y consta de 33 artículos. Este título

establece las normas fundamentales

que orientan todo el desarrollo de la

216 | comentarios y reseñas

Ley. El “Capítulo i: objeto y ámbito de

aplicación” (artículos 1 y 2) prevé que

esta Ley regula el servicio de policía de

investigación y de auxilio a la adminis-

tración de la justicia penal, así como el

CiCPC y el SNMCF, indicando que sus

normas son de orden público y aplica-

bles a todos los particulares y a la ad-

ministración pública en los distintos

ámbitos político-territoriales.

En el “Capítulo ii: Definición, fun-

ciones y carácter del Servicio de Poli-

cía de investigación” (artículos 3 al 7)

y el “Capítulo iii: Principios generales

del Servicio de Policía de investigación”

(artículos 8 al 18) se establecen los con-

ceptos claves, orientaciones y directri-

ces fundamentales que rigen la inves-

tigación penal. Así, en el Capítulo ii se

establece que el servicio de policía de

investigación es de carácter indagato-

rio y tiene como propósito determinar

la comisión de hechos punibles, de na-

turaleza estrictamente civil y profesio-

nal, y es responsabilidad exclusiva del

Estado, por lo que no podrá delegarse a

los particulares. Mientras el Capítulo iii

se refiere a los principios que rigen pro-

piamente la actuación de los órganos

y entes con competencia en investiga-

ción penal, muchos de ellos contempla-

dos en la LCiCPC del 2007, mientras

otros se trasladan desde la LoSPCPNB,

dentro de los cuales caben destacar los

principios de respeto a los derechos hu-

manos y al debido proceso, universali-

dad e igualdad, reconocimiento de los

pueblos y comunidades indígenas, par-

ticipación ciudadana, eficiencia, celeri-

dad y cooperación.

Es en el “Capítulo iV: Del órgano

rector y del Sistema integrado de Po-

licía de investigación” (artículos 19

al 33) donde se comienza a perfilar la

nueva organización del servicio de po-

licía de investigación. Así, se crea el

nuevo Sistema integrado de Policía de

investigación, conformado por el Mi-

nisterio del Poder Popular con compe-

tencia en materia de seguridad, como

órgano rector; el CiCPC, en condición

de órgano principal en materia de in-

vestigación penal; los cuerpos de policía

debidamente habilitados para ejercer

atribuciones en la materia; la Universi-

dad Nacional Experimental de la Segu-

ridad, en su carácter de la institución

académica nacional especializada en

seguridad; el Fondo Nacional intergu-

bernamental del Servicio de Policía; los

órganos y entes especiales de investiga-

ción penal (entre ellos la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana); los órganos

y entes de apoyo a la investigación pe-

nal; el Servicio Nacional de Medicina y

Ciencias Forenses, como órgano princi-

pal en experticias legales; y, cualquier

órgano o ente que determine el Ejecuti-

vo nacional. Uno de los elementos más

novedosos contemplado en este capítulo

es la regulación de un régimen de habili-

tación, asistencia técnica, supervisión y

suspensión de los cuerpos de policía pre-

ventiva que pretendan ejercer la investi-

gación penal.

El “título ii: De la investigación pe-

nal y de las atribuciones en la materia”

(artículos 34 al 47) define y distribuye

las atribuciones de los órganos y entes

competentes en materia de investiga-

ción penal (principal, ordinarios, es-

peciales y de apoyo) y regula algunas

actuaciones especialmente relevantes,

tales como las inspecciones, órdenes

de allanamientos e intercepción o gra-

bación de comunicaciones privadas.

Dentro de las nuevas normas contem-

pladas, es necesario llamar la atención

sobre la condición que designa a los

cuerpos de policía preventiva como

órganos de investigación ordinaria,

siempre que hayan sido previamen-

te habilitados por el órgano rector, y

la obligación de definir reglamenta-

riamente los hechos punibles en los

cuales podrán actuar, en función de

su capacidad para desarrollar apropia-

damente la investigación y los criterios

de territorialidad, complejidad, inten-

sidad y especificidad.

Es en el “título iii: Del Cuerpo

de investigaciones Científicas, Pena-

comentarios al dLoSPi c. cornieles p. g. | 217

les y Criminalísticas” (artículos 48 al

61) donde se incorporan las grandes

transformaciones en su organización

y funcionamiento. Estos cambios es-

tán orientados fundamentalmente a

concentrar y especializar su actuación

en la investigación penal, así como en

las actividades de apoyo al Sistema de

justicia. Así, se establecen taxativa-

mente competencias exclusivamen-

te en estas dos materias, se suprimen

aquellas atribuciones contempladas

en la LCiCPC del 2007 que permitían

su actuación como policía preventiva

y en materia de prevención general.

En esta misma dirección, se establece

una prohibición expresa de desarrollar

funciones de policía preventiva, man-

tener personas en sus sedes bajo cus-

todia o privación de libertad, trasladar

personas detenidas y practicar notifi-

caciones y citaciones, entre otras. Adi-

cionalmente, establece una verdadera

relación de rectoría y subordinación

administrativa y funcional entre el

Ministerio del Poder Popular con com-

petencia en materia de seguridad ciu-

dadana y el CiCPC, para disminuir el

autonomismo que ha caracterizado su

actuación desde su creación.

El “título iV: De la organización,

formación y profesionalización del

Cuerpo de investigaciones Científicas,

Penales y Criminalísticas” (artículos

62 al 71) establece las bases de la nue-va función de policía de investigación como una carrera estrictamente civil y profesional, fundamentada en el es-fuerzo, formación, evaluación, super-visión continua, disciplina y respon-sabilidad como ejes transversales para el desarrollo funcionarial. Estas bases fueron desarrolladas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Esta-tuto de la Función de la Policía de in-

vestigación3.El “título Vi: Del Servicio Nacio-

nal de Medicina y Ciencias Forenses” (artículos 72 al 78), crea este nuevo servicio como un órgano que depen-de administrativa y funcionalmente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, con la finalidad de visibili-zar la importancia y fortalecer la espe-cialización de las ciencias forenses en nuestro país. Las atribuciones de este nuevo órgano se orientan a la realiza-ción de experticias y peritajes en gene-ral y, en particular, a la prestación de servicios y asesoría científica-técnica para la investigación penal.

El último “título Vi: Del desempe-ño de la policía de investigación” se

3 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.945, de fecha 19 de junio de 2012.

encuentra dividido en 3 capítulos y

consta de 16 artículos. En el “Capítu-

lo i: De las normas de actuación de los

funcionarios y funcionarias policiales

de investigación” (artículos 79 al 83)

y el “Capítulo ii: Del uso de la fuerza y

el registro de armas” (artículos 84 al

88) se contemplan las normas básicas

para asegurar que su actuación sea

ajustada a la Constitución y las leyes,

con respeto a los derechos humanos.

Para ello, se adecuaron a la función de

investigación penal aquellas previstas

para el servicio de policía preventiva y

se incluyeron otras aplicables específi-

camente a esta materia.

Pero tal vez la novedad más im-

portante que trae este decreto ley, al

menos desde la perspectiva de la cons-

trucción de una democracia radical y

protagónica, es su último “Capítulo iii:

Del control de gestión y la participa-

ción ciudadana” (artículos 89 al 95),

en el cual se desarrollan por primera

vez en nuestra historia legislativa me-

dios de participación en el servicio de

investigación penal, entre ellos, la ren-

dición de cuentas, la contraloría social

y la creación de órganos ciudadanos

de control externo, conformados por

organizaciones comunitarias y socia-

les estructuradas para la revisión de

los instructivos, prácticas policiales y

procedimientos disciplinarios.

218

Carlos Avendaño*

Perspectiva histórica de la criminologíaGabriel Ignacio Anitua (2005). Historias de los pensamientos

criminológicos. Buenos Aires: Editorial del Puerto

teórica en distintos contextos cul-

turales. La riqueza y detalle con que

se exponen en el texto las diferentes

concepciones y reflexiones sobre los

planteamientos criminológicos lo

hacen un libro de consulta obligada

para todo estudiante y profesional

interesado por el abordaje del fenó-

meno de la delincuencia.

Anitua organiza el texto en diez

capítulos y los ordena con criterio

cronológico, desde las expresiones

criminológicas de lo que se conoce

como Estado absolutista y los prime-

ros modelos criminológicos integra-

Gabriel Ignacio Anitua presenta

un libro nutrido de autores, inves-

tigaciones y teorías que inducen

al lector, con pluralidad de pensa-

miento, a reconocer los distintos

enfoques y propuestas que a lo largo

de la historia se han formulado en

torno a la cuestión criminal. El au-

tor hace un recorrido histórico de

muchas de las propuestas teóricas

que tienen plena vigencia, las cua-

les sustentan los trabajos de inves-

tigadores que se dedican a la “cri-

minología comparada” y que aún

realizan estudios de contrastación

* Criminólogo y coordinador del Plan Nacional de Formación Penitenciaria de la UNES.

perspectiva histórica de la criminología c. aVenDaño | 219

dos de la Edad Media; pasando por

aquellos pensamientos expresados

en movimientos como la ilustración

y la Revolución Francesa que gene-

raron importantes cambios en las

sociedades; el surgimiento de los sis-

temas penitenciarios en el siglo XiX;

el positivismo criminológico; la in-

clusión de la sociología y la Escuela

de Chicago; las criminologías de la

Segunda Guerra Mundial y el naci-

miento del pensamiento crítico res-

pecto de la cuestión criminal; hasta

llegar a los pensamientos criminoló-

gicos de finales del siglo XX.

Es importante destacar que el

autor, en el recorrido histórico del

pensamiento criminológico, no co-

mienza en la ilustración o desde los

planteamientos de Cesare Lombro-

so con “el Hombre Criminal”, como

bien lo señala Zaffaroni en el prólogo.

Anitua centra el inicio de su discur-

so en el poder punitivo. Ciertamente,

numerosos autores sostienen que la

existencia de la criminología tiene

su origen en la existencia del poder

punitivo, por lo que no es casual que

Anitua organice el texto de esa for-

ma. En el siglo Xiii europeo apareció

la estructura del Estado y, a través

de ella, comienzan a gestionarse los

conflictos y una nueva actitud para

determinar la verdad de las conduc-

tas que se consideraban desviadas;

en esa época el método utilizado

para esclarecer los hechos y llegar a

la verdad era la inquisición.

El abordaje de las concepciones

del poder llevan al autor a descri-

bir de forma clara el pensamiento

político que acompaña las distintas

propuestas criminológicas. Plantea

su libro como un relato de distintas

historias de las ideas, y se cuida de

estar al margen del fluir del tiempo,

provocado por una ruptura entre

el mundo de las ideas y la realidad,

como lo señala el mismo autor:

…los discursos no son naturales, no

han estado allí desde siempre sino

que tienen un origen histórico cla-

ramente determinado. En esos mo-

mentos, a veces de ruptura –como

cuando esos discursos se convierten

en dominantes–, se produce el acto

de crear realidad o de incorporar as-

pectos de esa realidad a un ámbito del

conocimiento. Estas actividades son,

y ello es lo que quiero resaltar aquí,

actos de poder. todo acto discursivo

(toda forma de conocimiento) es un

acto de poder. Y ello es particular-

mente de esa forma en los “pensa-

mientos” que pasaré a denominar

“criminológicos”. (Anitua, 2005: 5)

En el siglo XViii, el Estado abso-

lutista sería fuertemente criticado, y

uno de los aportes más importantes

que se realizan es este período es la

inclusión de los conceptos de “delito,

pena y juicio”, lo cual representaría

la gestación de una nueva legitimi-

dad en la administración del poder

punitivo por parte del Estado. Sec-

tores sociales llamados burguesía

hicieron surgir nuevos discursos

criminológicos e instituciones que

también conformaban prácticas

discursivas como alienismo, evolu-

cionismo y positivismo; policías y

médicos. El pensamiento criminoló-

gico de las clases dominantes poste-

riores al siglo XiX se pretendería no

político; “al despolitizar la cuestión

criminal, centrándose en la figura

del autor de lo definido como delito.

No sería este concepto el objeto de

estudio, sino el delincuente y en con-

creto el comportamiento criminal”

(Anitua, 2005: 119).

Anitua nos introduce en los ade-

lantos e innovaciones del campo del

control social formal que se desarro-

llaron desde el pensamiento crimi-

220 | comentarios y reseñas

nológico; cabe señalar el nacimiento

de la policía y de la prisión, institu-

ciones que definieron formas y prin-

cipios que orientaron su funciona-

miento y que aún permanecen en la

actualidad. El siglo XiX es precedido

por la revolución industrial, la cual

trajo consigo innovaciones tecno-

lógicas como las máquinas a vapor

que reemplazaron la manufactura

y el artesanado, formas de econo-

mía típicas de los “campesinos sin

tierra”. Estos cambios dieron origen

a nuevas formas de administración

económica. Es importante resaltar

que esta forma de pensar influiría

decisivamente en el pensamiento

criminológico de la época y, en con-

secuencia, en sus aportes prácticos,

tal como se expresa en las policías

nacionales.

En cuanto a las policías naciona-

les, Anitua señala que:

…se difundieron en el siglo XiX –aun-

que tienen su origen en Francia, an-

tes y durante el Antiguo Régimen,

con el objeto de delación y control

total terrorista–. La Francia post-

revolucionaria organizó su policía en

1798 de acuerdo al modelo centrali-

zado absolutista, con el agregado de

la legalidad típica de la dominación

burocrática. irlanda creó una policía

nacional en 1823, en Londres se creó

la Policía Metropolitana en 1829, y

en 1844 apareció la Guardia Civil en

España. (126)

La principal institución de con-

trol formal elegida por la clase bur-

guesa fue la prisión. En el pensa-

miento imperante de este período

(democrático-burgués) los métodos

de control eran la escuela, la fábrica,

el ejército y la cárcel; esta última es

la que con mayor claridad impone

la disciplina individual y el control

de masas. Anitua realiza una des-

cripción detallada sobre los sistemas

penitenciarios desarrollados para

la época en Estados Unidos y que

luego fueron adoptados por países

europeos e implantados en distintas

medidas. Estos sistemas estuvieron

centrados fundamentalmente en dos

modelos:

El primero, denominado celular

o sistema filadélfico, desarrollado en

1790 y aplicado por primera vez a

treinta (30) internos de una antigua

prisión del condado en la calle Wai-

nut de Filadelfia. Se basaba en el ais-

lamiento, la prohibición de trabajar,

la educación religiosa y el silencio

absoluto. El segundo modelo se de-

sarrolló en 1821 con la intención de

hacer una modificación para incluir

el trabajo y, por consiguiente, la ren-

tabilidad de las prisiones. Bajo este

modelo surge el penal de Auburn en

el estado de Nueva York, donde se in-

trodujo el trabajo colectivo en estric-

to silencio durante el día y mantenía

el aislamiento durante la noche. Este

sistema se reprodujo rápidamente

por Estados Unidos y luego por Euro-

pa, en donde se implantaron ambos

modelos; el primero era considerado

más humano por tener en cuenta la

introspección; sin embargo; eran fre-

cuentes los casos de suicidio y locura

por lo estricto del aislamiento. El se-

gundo modelo fue considerado me-

nos humano porque se realizaban

trabajos forzados y se establecieron

jornadas laborales exhaustivas de

hasta diez (10) horas diarias los siete

días de la semana.

El siglo XiX fue un siglo caracte-

rizado por la ciencia aplicada, por el

desarrollo de grandes invenciones,

en el cual las distintas disciplinas

científicas alcanzaron una madurez

que aún hoy marcan las explicacio-

nes del sentido común sobre la ma-

perspectiva histórica de la criminología c. aVenDaño | 221

yoría de los fenómenos naturales. En

el caso de ciencias como la crimino-

logía y la sociología, este siglo marcó

el inicio de su concepción científica,

a pesar de que las concepciones etio-

lógicas que las nutrían venían desa-

rrollándose en tiempos anteriores;

en el caso de la criminología, Anitua

describe las primeras concepciones

sobre el hombre criminal y la in-

fluencia del pensamiento positivis-

ta en las explicaciones que para el

momento se ofrecían sobre el tema,

como la concepción del criminal

nato, tomado por Lombroso e iden-

tificado por características físicas.

Este siglo también marcó el inicio de

la estadística delictiva y estudios pro-

babilísticos sobre ocurrencia del cri-

men, tomando en cuenta elementos

de todo tipo como la zona geográfi-

ca, condiciones climatológicas, raza,

edad y género, entre otros.

Los discursos criminológicos con

estas inclinaciones se mantendrían

durante el siglo XX. Sin embargo,

Anitua nos describe cómo la socio-

logía adquiere un carácter predomi-

nante en ellos:

…el sociólogo remplazaría al médico,

al jurista, al filósofo y al teólogo. El

surgimiento de la sociología no pue-

de pensarse fuera de ese mundo seña-

lado por el positivismo, tanto porque

seguirían sus dictados como porque

se opondría a sus reducciones. Ya he

mencionado que el mismo positivis-

mo criminológico tenía un campo

de estudio que intentaría escapar a

la reducción del paradigma etioló-

gico hacia las causas individuales.

No solo haría eso la psicología social

sino que, antes que ella, la propia

reflexión sobre el orden y los conflic-

tos –sobre la cuestión criminal– ya

ampliaba el número de causas a las

condiciones sociales, económicas,

políticas y culturales. (Anitua, 2005,

pág. 247)

La inclusión de la sociología en el

estudio del comportamiento delicti-

vo dio origen a la sociología criminal.

La influencia de los pensamientos

criminológicos desde la perspectiva

social originó una serie de plantea-

mientos teóricos enfocados en las

relaciones sociales y la influencia de

las interacciones entre los individuos

como elementos etiológicos del com-

portamiento delictivo; surgen tér-

minos como desviación y conducta

desviada. Autores como Sutherland

escriben sobre la teoría de la asocia-

ción diferencial y reflexionan sobre

los delitos de cuello blanco. Surgen

de igual modo las teorías de la reac-

ción social, teorías del conflicto, el

marxismo y el pensamiento crítico

respecto de la cuestión criminal. En

la actualidad se presentan dos gran-

des bloques de pensamiento entre los

criminólogos: los defensores de la cri-

minología tradicional, cuyas investi-

gaciones se centran en la teorización

de la etiología del comportamiento

delictivo basado en el individuo, y los

defensores de la criminología crítica

cuyas reflexiones teóricas versan so-

bre el estudio de las instituciones y el

sistema de justicia penal, y su rela-

ción con la creación y mantenimien-

to de la delincuencia.

En definitiva, el conocimiento de

la historia de las sociedades y de la

historia de los pensamientos crimi-

nológicos resulta fundamental para

comprender aquellos conceptos que

forman parte de los discursos ac-

tuales, como el concepto de “crimi-

nología” que tiene una particular

historicidad. La criminología tiene

en la actualidad múltiples y hasta

opuestos significados, dependiendo

del autor y del enfoque al cual se

pertenece. Este libro es una oportu-

222 | comentarios y reseñas

nidad para develar estas diferencias

conceptuales.

Anitua nos presenta distintas for-

mas de reflexionar sobre la “cuestión

criminal”. Como él mismo lo señala:

“Los diferentes esquemas de pensa-

miento acabados en ‘ismo’ han rea-

lizado enfoques sobre aspectos distin-

tos de esa cuestión y, también, desde

presupuestos políticos igualmente

disímiles”. Estas formas de reflexio-

nar han permanecido e influyen en

el pensamiento criminológico de la

actualidad; Anitua intenta realizar

una genealogía de las formas de pen-

samiento político, penal y crimino-

lógico y de las mismas instituciones

que han sido y son fundamentales en

nuestras sociedades. En esta tarea, el

repaso histórico es realizado con una

intencionalidad: “reconstruir el pasa-

do de nuestras verdades”.

Esta obra (histórica y sociológica)

ofrece diversas perspectivas del pen-

samiento criminológico; no obstan-

te, su enfoque se sitúa en la perspec-

tiva del derecho, toda vez que Anitua

intenta plasmar los peligros de una

enseñanza jurídica que ignore la

realidad y de una enseñanza crimi-

nológica que no considere necesario

tener conocimientos jurídicos.

En conclusión, el objetivo del li-

bro es conocer la historia de los pen-

samientos criminológicos y, con ella,

los orígenes tanto de instituciones

como de esquemas de pensamiento

que tienen absoluta vigencia. Se pre-

sentan para ello las trayectorias vita-

les e intelectuales de los pensadores

que realizaron aportes fundamenta-

les para fundar, legitimar o criticar

a las instituciones y a las diferentes

concepciones.

Al intentar brindar herramien-

tas para la crítica intelectual y el

compromiso político, esta obra ejer-

ce una importante influencia para

que el criminólogo o criminóloga, y

otros profesionales interesados en el

área, desarrollen una sensibilidad

capaz de reconocer las afectaciones

a la dignidad humana acercándo-

se a la diversidad del pensamiento

criminológico, concepto de derecho

más humanista que las necesidades

tradicionales de orden.

223

América Latina es desde hace más de

una década el epicentro de una nueva

ola de procesos sociopolíticos de ca-

rácter contrahegemónico, con varia-

dos grados de conflicto con el capita-

lismo y con la concepción restringida

de la democracia representativa libe-

ral. Estos procesos, que inicialmente

Gabriel Salazar Pineda

Principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas trasladadas

a la realidadSeminario Internacional Izquierda y políticas públicas de seguridad

ciudadana, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Caracas, del 3 al 5 de septiembre de 2012

“una política pública no debe ser una política de reducción de

la realidad; no sirve para modelizar ni para reducir, una política

pública sirve para entender la complejidad del problema.”

amaDeus recasens

* Sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela (2000); estudios de His-toria de América Contemporánea. Docente invitado en la Escuela de Sociología (UCV) y en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Actualmente es responsable de la Direc-ción de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas de la UNES.

224 | comentarios y reseñas

habitaron los espacios de la militancia

social y política, terminaron convir-

tiéndose en experiencias de gobierno.

Un tema central de la agenda pública

es el de la seguridad ciudadana, con lo

que las fuerzas que ahora son gobierno

se ven obligadas a dar respuestas, efi-

caces, ante un problema sobre el que,

en la mayoría de los casos, se habían

relacionado parcialmente, por una

práctica signada por la denuncia de

violaciones a los derechos humanos

cometidas por las fuerzas de seguridad.

El Seminario internacional iz-

quierda y Políticas Públicas de Seguri-

dad Ciudadana, organizado por la Uni-

versidad Nacional Experimental de la

Seguridad (UNES) y realizado entre el

1 y el 3 de septiembre de 2012, desa-

rrolló un interesante y necesario deba-

te de análisis e identificación de los nu-

dos problemáticos y los desafíos de la

izquierda en el campo de la seguridad

ciudadana. El punto inicial de proble-

matización que sirvió de invitación al

Seminario internacional giró en torno

a ¿qué significa, desde el Gobierno, lo

alternativo o contrahegemónico en

el campo de la seguridad ciudadana?

¿Qué características debe tener la po-

lítica pública de seguridad ciudadana

para ser consistente con los cambios

que, desde una orientación de izquier-

da, estos gobiernos vienen realizando

en otros ámbitos de la vida colecti-

va? ¿Cuáles deben ser los principios y

cuáles los principales conceptos que

animen esa política? ¿Cuáles son las

experiencias de políticas públicas con

enfoques de izquierda y cuáles han

sido sus resultados e impactos?

En nuestra América, en el contex-

to de esta ola de cambio, la Revolu-

ción Bolivariana se erige como una de

las primeras experiencias de gobierno

progresista a partir de una crítica a las

políticas de carácter neoliberal signa-

das por el Consenso de Washington.

Sería seguida, a inicios del nuevo mi-

lenio, de la llegada al poder político, en

otros países, de proyectos de izquierda,

progresistas, nacionales y populares.

La herencia inmediata que reciben, a

principios del siglo XXi, los nuevos go-

biernos de izquierda en el ámbito de la

seguridad ciudadana, es una situación

de aumento de las tasas delictivas y de

la percepción de inseguridad por parte

de la población, junto a un compor-

tamiento estatal inercial signado por

“operativos” policiales y medidas de

muy corto plazo, centradas en la pre-

sencia policial ostensiva, el aumento

de las penas y los discursos de “mano

dura”, inscritas en la necesidad de dar

respuestas urgentes e inmediatas a de-

mandas imperiosas realizadas por la

ciudadanía. El Seminario internacio-

nal contó con ponencias sobre la cues-

tión de la policía: la de la rectora de la

UNES, Soraya El Achkar, sobre la expe-

riencia de la reforma policial y la cons-

trucción del Nuevo Modelo Policial en

nuestro país; también, la presentación

de la Gran Misión ¡A toda Vida! Vene-

zuela, por parte de Antonio González

Plessmann, vicerrector de esta casa

de estudios. Ambos asuntos discutidos

como ejemplos concretos de una polí-

tica pública de seguridad ciudadana y

convivencia.

Pensar en una política pública de

seguridad ciudadana de izquierda –en

y para Venezuela y otras experiencias

nacionales y populares en América

Latina–, es hoy en día uno de los re-

tos y deudas más importantes que tie-

nen quienes apuestan por una visión

alterna a la hegemónica, en términos

societales y desde la especificidad de

la seguridad ciudadana. Conocer la

racionalidad de la configuración es-

tratégica de las relaciones de poder

que hace repetir ritualmente las po-

líticas de “mano dura”, aun en con-

textos sociopolíticos distintos, es una

condición para pensar lo nuevo, lo

distinto, las políticas que no se agoten

en las presiones de lo fáctico y el prag-

principios, ecuaciones de poder y voluntades políticas... g. salazar p. | 225

matismo. Ante ello, los ponentes invi-

tados –Marcelo Sain y Máximo Sozzo

de Argentina, jacqueline Muniz, Vera

Malaguti y Nilo Batista de Brasil, Fer-

nando Carrión y Amadeu Recasens de

Ecuador y España, respectivamente,

así como Edgardo Lander y los antes

mencionados por Venezuela– avan-

zaron en la deliberación sobre tres lí-

neas conductoras, a saber: los aportes

teóricos, conceptos y principios que

deben guiar una política pública de

seguridad ciudadana con enfoque de

izquierda, estableciendo nudos proble-

máticos y desafíos; los diseños de polí-

ticas públicas, programas y proyectos

alternativos en el campo de la seguri-

dad ciudadana; y la evaluación de los

resultados e impactos de experiencias

de políticas públicas, programas o pro-

yectos alternativos, aplicados en ámbi-

tos nacionales o locales.

Se reafirmó en el Seminario inter-

nacional que no basta con develar la

racionalidad estratégica de lo que exis-

te; resulta fundamental conocer las

experimentaciones de lo nuevo, sus

resultados e impactos, proponer con-

ceptos y principios fundantes y explo-

rar las técnicas y tácticas de políticas

públicas que sean consistentes con un

enfoque de izquierda. Malaguti y Mu-

niz se posicionaron, entre otros temas,

en torno a la experiencia en Brasil de

las Unidades de Pacificación Policial;

Saín, por su cuenta, profundiza en las

experiencias de la Policía Federal Ae-

roportuaria de la Argentina, en per-

manente diálogo conceptual e ideopo-

lítico con “la política” –la ecuación de

poder necesaria para avanzar desde la

izquierda en el campo minado del con-

servadurismo–. Desde otras realida-

des, Recasens igualmente tributaba al

debate exponiendo la insostenibilidad

de las políticas de izquierda en mate-

ria de seguridad ciudadana si no hay

un cambio de modelo de Estado: “Las

políticas de seguridad de izquierda, im-

plementadas en un modelo de Estado

de derechas, acaban irreversiblemen-

te siendo de derechas, porque simple-

mente no se pueden llevar a cabo”.

El debate en el Seminario interna-

cional se colocó reiterativamente en la

perspectiva del contexto de los procesos

de cambio latinoamericanos; no podía

ser de otra manera. Es decir, el asunto

no es tan solo pensar la seguridad ciu-

dadana, es también de manera consus-

tancial el diseño, la implementación y

la evaluación de una política pública

apegada a los principios de izquierda.

La cuestión es el ejercicio de gobierno.

Si bien la consideración de los elemen-

tos conceptuales, propia de la tradición

intelectual de izquierda, es fundamen-

tal, su imbricación con lo técnico-polí-

tico y las experiencias más concretas de

implementación de políticas públicas es

indispensable. La apuesta del Seminario

internacional –espacio de encuentro

entre decisores, funcionarios, activistas

de espacios orgánicos de producción

intelectual y de movimientos sociales

y políticos–rindió su fruto: una aproxi-

mación teórico-práctica pertinente y

muy relevante para la audiencia parti-

cular de organizadores y participantes

–y una general en el terreno político y

social del debate–, que nos coloca ante

la posibilidad y la necesidad de generar

alternativas eficaces frente a las políti-

cas reproductoras del orden.

Muchos fueron los elementos y

las condiciones necesarias que los

ponentes consideraron fundamenta-

les para la efectiva realización de una

política pública de seguridad ciuda-

dana de izquierda. Podemos esbozar

algunos –a manera de síntesis imper-

fecta– sin que esto cierre el debate, a

saber: la generación de un debate so-

bre lo que los gobiernos de izquierda

están haciendo en políticas de control

del delito (novedades, diferencias y su

explicación; es decir, la investigación

siempre asociada a las preguntas so-

bre el “deber ser”), la construcción

226 | comentarios y reseñas

de nuevas visiones y la generación de

instrucciones técnico-políticas facti-

bles para la acción política.

Los invitados presentaron en la

mesa de cierre del Seminario interna-

cional –“Claves para la construcción

de una política de seguridad ciudadana

de izquierda”– algunos compromisos

básicos que al orientar la política pú-

blica desde un enfoque ético-político de

izquierda giran –tal y como lo planteó

Sozzo– en torno a sostener la lucha en

contra de la “desigualdad, la vulnera-

bilidad y las exclusiones sociales más

allá del vocabulario de la prevención

del delito. (…) es necesario fomentar in-

tervenciones de carácter general y fo-

calizado desde las instancias de diseño

e implementación de las políticas socia-

les, que se hagan cargo del vínculo de

ciertos problemas sociales con el mun-

do del delito”. “Políticas sociales trans-

versales” planteaba Muniz. Asimismo,

el llamado de atención sobre el error y

los peligros de la focalización en los su-

jetos débiles y, en este sentido, la nece-

saria visibilización de los delitos de los

sujetos poderosos, el crimen organiza-

do e internacional. Por último, se mani-

festó el consenso sobre la necesidad de

una transformación radical de las ins-

tituciones de control del delito, la admi-

nistración de justicia penal y las formas

de ejercicios de la penalidad.

doCuMentos Gran Misión A Toda Vida Venezuela

Resumen borrador sometido a consulta pública

229

I. PRESENTACIÓN

El 20 de junio de 2012, el presidente Chávez lanzó la Gran Misión ¡A Toda Vida! Venezuela (GMATVV), como continuidad y ampliación de la res-puesta del Estado ante el problema de la inseguridad. Se trata de una po-lítica integral que combina medidas de prevención con medidas de con-trol penal basadas en los derechos humanos. Su ejecución involucra a los poderes Ejecutivo (en sus ámbitos nacional, estadal y municipal), Judi-cial y Ciudadano (Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), así como al Poder Popular. Pretende ser una res-

puesta interagencial1 a un problema complejo, resistente y multifactorial.

1 En la experiencia del Gobierno Bolivaria-no, el concepto de Gran Misión supone la res-puesta interagencial a problemas resistentes o de difícil reducción.

La GMATVV tiene alcance nacional y prioriza, para la ejecución de algunos de sus proyectos, a los 79 municipios del país con las tasas más altas de ho-micidios. Consta de 6 grandes vértices, 29 líneas estratégicas y 117 proyectos, de los cuales 33 son de ejecución in-mediata. Uno de estos 33 proyectos es una consulta nacional que busca cua-lificar la propuesta inicial, promover la participación popular y facilitar con-sensos sociales y políticos en torno a la política que finalmente resulte de la consulta.

Lo que se presenta a continuación es un resumen del documento base de la GMATVV, cuyo diseño estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de trabajo liderado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguri-dad (UNES), con el apoyo del Consejo General de Policía (CGP) y la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.

Gran Misión ¡A Toda Vida! VenezuelaResumen de una propuesta de política pública

sometida a consulta popular

ANTONIO J. GONZÁLEZ PLESSMANN

230 | Documentos

II. EL PROBLEMA, SUS FACTORES GENERADORES Y CONSECUENCIAS

II.1. EL PROBLEMA

El problema que la Gran Misión pre-tende disminuir es el de la inseguridad ciudadana, que constituye el principal problema del país en la percepción de la población, según expresan múlti-ples y coincidentes encuestas públicas y privadas, desde hace dos décadas.

El tema de la seguridad supone abordar una amplia gama de situacio-nes, según lo define la Constitución de la República Bolivariana de Vene-zuela (Art. 55). Entre ellas, situaciones delictivas que pueden cometerse de manera violenta, causando gran alar-ma social, como también otros hechos que normalmente no contribuyen a aumentar la inseguridad subjetiva, ta-les como los delitos de “cuello blanco” o “delitos de los poderosos”. Igualmen-te, la seguridad abarca la protección a la población, por parte del Estado, frente a situaciones no delictivas tales como faltas, inconvivencias, acciden-talidad vial, desastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabili-

dad o riesgo para el disfrute de los de-rechos de la población. Son estos, por tanto, los problemas objeto de la pre-sente Gran Misión. Se presenta, a con-tinuación, una breve caracterización de algunos de estos problemas.

II.1.1. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO

La tasa de delitos totales se man-tiene en unas bandas estables, entre 930 y 1.000 por cada cien mil habitan-tes, en los últimos cinco años. No obs-tante, es la intensificación de la violen-cia en los delitos registrados una de las características de la criminalidad y la delincuencia en el país que más preocupación genera a efectos del di-seño de la presente política. Ello se evi-dencia en el incremento sostenido de los homicidios, especialmente en ciu-dades como Caracas y en que la tasa de robos (delito contra la propiedad con recurso a la violencia) que, aun cuando viene decreciendo en los últi-mos 3 años, sigue siendo mayor que la tasa de hurtos (que es un delito contra la propiedad sin recurso a la violencia).

Homicidios: es uno de los delitos que más consternación causa. Práctica-mente han cuadruplicado su tasa de ocurrencia en los últimos veinte años, al pasar de 13 por cien mil habitantes en 1991 a 50 en 2011.

Hurto y robo de vehículos: en los delitos de hurto y robo de vehículos, que registran un alto índice de denun-ciabilidad, se confirma la tendencia al aumento de la violencia dado que los robos vienen superando a los hurtos desde el año 2000. Considerando el período 1989-2009, el comportamien-to al ascenso se mantiene para el robo de vehículos, que triplica su tasa de ocurrencia nacional. (Ver Gráfico 1)

Lesiones: entre 1992 y 2008, la tasa de lesiones mantiene un comportamien-to oscilante, como se aprecia en cua-dro 1.

Denunciabilidad y razones para de-nunciar y no denunciar: el índice de denuncia total de los delitos, según la Encuesta de Victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009, es de 31%, prácticamen-te igual al observado en la Encuesta de 2006 realizada por la Comisión Nacio-nal para la Reforma Policial (Conare-pol). Los delitos más denunciados son los homicidios, en un 84%. Los hurtos registran un porcentaje bajo de de-nuncia (22%), seguidos por el robo (32%) y las lesiones personales (59%).

Apoyo institucional a las víctimas: solo un 18% de las víctimas manifies-ta haber recibido apoyo institucio-nal y en ningún caso este porcenta-

gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 231

je supera el 45% para el homicidio,

siendo de 40% para las lesiones, 19%

para el robo y 11% para el hurto. No

más del 15% del total de la población

menciona como apropiado el apoyo

recibido, si bien el porcentaje de no

respuesta a esta pregunta resultó

muy elevado (82%).

Las variables personales en la victi-

mización (según la data que arroja la

Encuesta de Victimización de 2009) son:

Sexo: las mujeres en total resultan pro-porcionalmente menos víctimas que los hombres (38% vs 62%). Para el ho-micidio representan 19%, para las le-siones 42%, para el robo 38% y para el hurto 40%.

Nivel socioeconómico: el análisis de delitos por separado muestra una ma-

yor victimización por violencia direc-

ta contra las personas de los sectores

más pobres (homicidios 57% del nivel

IV y 27% del nivel V, lesiones 21% nivel

V) mientras se observa una mayor vic-

timización contra la propiedad en los

sectores menos pobres (robos y hurtos

17%, niveles I y II).

Edad: el grupo que predomina como

víctima es el comprendido entre 25 y

Gráfico 1. Casos conocidos de homicidios por cada 100 mil habitantes 1989-2009

Fuente: Defensoría del Pueblo. Dirección de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, a partir de la información suministrada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas, así como las proyecciones y estimaciones de población emanadas del INE con base en el censo 2001.

60

50

40

30.

20

10

0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nú

mero

de de

litos p

or ca

da 10

0 mil h

abita

ntes

a/ Año de realización del Censo Nacional 2001, que dio lugar a una modificación de las cifras poblacionales sobreestimadas en las proyecciones con base al Censo 90.

Fuente: Centro Para la Paz UCV.

Cuadro 1. Lesiones registradas Venezuela y Caracas 1992-2008

Año Nº de delitos

Tasa x 100.000

Nº de delitos

Tasa x 100.000

1992 35.482 174 8.726 2951993 34.008 163 7.319 2451994 32.525 152 6.257 2071995 30.745 141 5.469 1791996 30.767 138 5.393 1751997 31.083 137 5.696 1821998 32.101 138 6.272 1911999 31.401 132 6.295 3192000 25.444 105 5.310 269

2001a/ 26.239 104 4.725 2302002 30.306 120 5.168 2512003 28.137 110 4.819 2342004 29.784 114 5.082 2462005 33605 126 6123 2952006 32.809 121 5.698 2742007 30.553 111 5.373 2582008 28.922 104 5.487 262

Venezuela Caracas

232 | Documentos

44 años (43% del total acumulado de delitos). Sin embargo, en los delitos vio-lentos, como homicidio, lesiones y robo, predominan los grupos jóvenes de la población, entre 15 y 44 años, con por-centajes entre 60% y 80% de la victimi-zación reportada. En el hurto predomina el grupo entre 45 y 64 años con 40%.

Sexo del victimario: los hombres repre-sentan el 78% de los victimarios, en homicidios; el 86% en lesiones perso-nales y el 90% en robo.

Edad del victimario: los victimarios predominan, al igual que las víctimas, entre el grupo de edad entre 25 y 44 años, representando 70% en los homi-cidios y 61% en las lesiones, salvo para el robo, donde predomina el grupo en-tre 15 y 24 años, con un 60%.

Conocimiento del victimario por la vícti-ma: en los homicidios, víctima y victi-mario se desconocen en un 55% de los casos. En las lesiones se da una situa-ción inversa, dado que 66% conocía al victimario.

Uso de armas de fuego: los homici-dios y robos, según la data que arroja la Encuesta de Victimización de 2009,

se cometen en 79%2 y 74%, respectiva-

2 Esta cifra supera el 90% según la data del CICPC.

mente, con armas de fuego. Las lesio-nes personales, en un 26%. Los datos muestran con claridad la asociación entre armas de fuego y delincuencia de tipo violento. Las armas de fuego se utilizan consistentemente en mayor frecuencia contra desconocidos.

Los grupos más jóvenes (hasta 25 años de edad) participan consistente-mente en mayor proporción que los restantes en la comisión de cualquier delito con armas de fuego. Para la tota-lidad de los delitos y para el delito de robo, el grupo etario mayormente victi-mizado mediante armas de fuego es el comprendido entre los 45 y los 54 años.

En cuanto al estrato socioeconómi-co, el estrato 4, que corresponde a los pobres, es el consistentemente mayor-mente victimizado con armas de fue-go, seguido del estrato 3, que corres-ponde a la clase media baja, luego de los estratos 1-2, que corresponden a clases medias y altas, y finalmente el estrato 5, que corresponde a los más pobres.

Aproximadamente el 80% de to-dos los robos son cometidos por hasta tres personas. Los robos de vehículos son cometidos en un 90% con armas de fuego, frente a 71% de los restantes robos.

II.1.2. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL

En nuestro país, los accidentes de trán-sito son la quinta causa de muerte después del cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los homicidios y la diabetes, y afecta principalmente a la población entre 14 y 45 años.

El Instituto Nacional de Tránsito Te-rrestre reportó, para el cierre de 2008, la muerte de 20 personas diariamente por causa de accidentes de tránsito: de ellas 57% mueren en el sitio, mientras que 16 % fallecen durante el traslado al hospital y 27% en el hospital. En el 87% de los accidentes, la responsabili-dad recae en el conductor, lo que evi-dencia déficit en la cultura de preven-ción y seguridad vial de la población. (Ver Gráfico 2)

En cuanto a las principales vícti-mas, resalta una vez más que son los hombres jóvenes, especialmente en el grupo etario de 20 a 24 años. (Ver Gráfico 3)

Cabe señalar que uno de los secto-res más vulnerables de la accidentali-dad vial son los motorizados y motori-zadas. Este grupo representa el 25,73% de las muertes en accidentes de trán-sito.

gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 233

II.1.3. DéFICIT DE CONVIVENCIA

La inseguridad que afecta a nuestras comunidades no es producto sola-mente de la violencia derivada del de-lito, sino está también asociada a pro-blemas de convivencia cotidiana que generan conflictos y desencuentros entre sus miembros.

El Centro de Estudios Sociales (CES), en un estudio realizado en 2009 y focalizado en la región capital, en-contró que los principales problemas de convivencia que observan los habi-tantes de los cinco municipios de Cara-

cas se distribuían de la manera refleja-da en el Cuadro 2 (página siguiente). Allí se muestra algunas situaciones problemáticas en las que no parece evidente su relación con la comisión de delitos (peleas entre vecinos, pro-blemas en fiestas, alto volumen de los equipos de sonido, problemas por el lugar para botar basura, uso inade-cuado de vías públicas). Conflictos que podríamos considerar menores en el marco del uso del espacio común, ta-les como el volumen de la música, el uso de las vías o la realización de fies-

tas, surgen como causas frecuentes de disputas y de quiebre de relaciones entre vecinos. Estos conflictos pueden escalar a formas mayores de violencia e implicar, entonces, la ocurrencia de hechos delictivos. Estas situaciones que ocurren diariamente en el ámbito vecinal, y que podría esperarse se re-solvieran de manera rápida y sencilla, no siempre logran canalizarse de for-ma adecuada. El mismo estudio revela que, en la percepción de casi un 30% de los entrevistados y entrevistadas, las personas no intervienen para re-

Gráfico 2. Principales causas de accidentes de tránsito en Venezuela

VaronesHembras

Gráfico 3. Muertes por accidentlidad vial 2008Según género y grupos etarios

Elaboración: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad

Fuente: Anuario Mortalidad 2008 MPP para la Salud

234 | Documentos

solver los conflictos reportados. En segundo lugar aparecen los propios involucrados e involucradas como ar-tífices de la solución, mientras que los organismos policiales, es decir, figuras externas a la comunidad, asociadas al uso de la fuerza, ocupan el tercer lugar en esta percepción. El papel de la co-munidad ocupa el cuarto lugar. Estas cifras hablan de un déficit de las co-munidades para autorregularse y del Estado para realizar una regulación ex-

terna. Expresan, igualmente, el riesgo permanente de que estos pequeños conflictos escalen a situaciones que impliquen una mayor violencia y la ocurrencia de hechos delictivos.

La posesión y uso extendido de ar-mas de fuego, junto a otros factores, como patrones culturales vinculados al consumo excesivo de alcohol o la idea de “respeto” asociada a la autoafir-mación masculina, común a la cultura patriarcal popular venezolana, aumen-

tan los riesgos de violencia asociados a los déficit de convivencia al interior de las comunidades.

II.2. FACTORES GENERADORES

No existen factores que, por sí mis-mos y de manera suficiente, expliquen la ocurrencia de los problemas antes caracterizados. Tampoco es posible saber fácilmente cuál de ellos ejerce mayor peso en la configuración de

Cuadro 2. Principales situaciones de conflicto y violencia (%)

Problemas (%)

1. Peleas entre vecinos 16,80

2. Venta de drogas 10,91

3. Problemas en fiestas, matinés, reuniones 9,39

4. Alto volumen de los equipos de sonido 7,74

5. Violencia entre jóvenes/bandas 6,34

6. Problemas por el lugar para botar la basura 6,34

7. Uso inadecuado de las vías públicas 5,89

8. Peleas por razones políticas 4,86

9. Problemas con policías 4,28

10. Peleas por venta de alcohol 4,20

Fuente: Centro de Estudios Sociales (CES): Estudio Caracterización de la Violencia, Criminalidad e Inseguridad en Caracas: perspectiva comunitaria, 2009.

Cuadro 3. Factores que influyen en la violencia

Estructurales Situacionales Institucionales

» Socialización de la violencia familiar.

» Relacipon violencia y medios de comuni-cación.

» Exclusión material y simbólica, espe-cialmente de los/as jóvenes.

» Identidades de género hegemónicas y violencia

» Posesión y uso de armas de fuego.

» Comercio y consumo irracional de alcohol y drogas ilegales

» Situación de los cuerpos policiales.

» Patrones de persecución y procesamiento policial de la delincuencia.

» Baja respuesta institucio-nal del sistema de justicia penal frente al delito.

» Ausencia de políticas públicas que aborden el control de la violencia des-de la escuela y la familia.

» Falta de control sobre los servicios de seguridad privada.

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los hechos de violencia. Por el con-trario, los fenómenos que justifican la GMATVV deben interpretarse como producto de una serie de factores in-terrelacionados e interdependientes que los hacen posibles. A efectos del diseño de la GMATVV fueron divididos en Estructurales, Situacionales e Ins-titucionales. Ver Cuadro 3 en página anterior.

II.2.1. FACTORES ESTRUCTURALES O SOCIALES

Los factores estructurales se refieren a las condiciones de vida material o cul-tural que pueden favorecer la violen-cia y el crecimiento de la criminalidad. Se presenta a continuación un breve comentario sobre cada uno de los fac-tores priorizados.

Socialización en la violencia fami-liar: prácticas extendidas como la vio-lencia contra la mujer por sus parejas, los castigos corporales contra niños y niñas a lo interno de la familia o las prácticas violentas para resolver con-flictos familiares o vecinales, implican situaciones contrarias a la convivencia pacífica y solidaria que, a su vez, con-tribuyen a normalizar la violencia fuera del hogar.

Exclusión material y simbólica de jó-venes: pese a los enormes avances en materia de inclusión social, aún pervi-

ven situaciones de exclusión que afec-tan, en particular a los jóvenes de los sectores populares. La tasa nacional de desocupación se ubicó para abril de 2012 en 8,6% pero esa misma tasa, en el mismo período para la población entre 15 y 24 años, alcanzó un 18,4%. En el período escolar 2009-2010 un 7,4% de jóvenes abandonó los estu-dios de forma permanente y 736.111 jóvenes, con edades entre 13 y 17 años, se encuentran aún fuera del sis-tema educativo (26%). Estas dos rea-lidades muestran que existe una con-siderable cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan. Adicionalmente, los jóvenes participan menos que los adultos de espacios organizativos y re-des asociativas, lo que les reduce espa-cios de protección ante situaciones de riesgo. La situación se agrava si se en-marca en la tensión existente entre la cultura consumista que aún promueve nuestra sociedad, basada en el “éxito” económico y el prestigio social, por un lado, y la inequidad en las opciones materiales y los medios legítimos para alcanzarlos, por otro.

Identidades de género y violencia: existe un modelo hegemónico de masculinidad en el que la competiti-vidad y comportamientos agresivos o temerarios permiten la autoafirma-ción. En el modelo hegemónico de

masculinidad, la violencia se ejerce en tres planos: contra sí mismo, contra otros hombres y contra las mujeres. La violencia contra sí mismo se eviden-cia por la presencia de conductas de riesgo como el manejo imprudente; la violencia contra otros hombres se evi-dencia en que más del 80% de los ho-micidios son cometidos por hombres y hay correspondencia en el porcentaje de hombres victimizados; la violencia contra las mujeres se evidencia en que los hombres aparecen como los princi-pales victimarios en caso de violencia de género, incluyendo la violencia se-xual contra mujeres.

Relación entre violencia y medios de comunicación: tanto en la programa-ción informativa como en la de entre-tenimiento, la presencia de la violencia es una constante en la televisión vene-zolana. Un estudio internacional finan-ciado por la UNESCO, realizado entre 1996 y 1997 y que abarcó a 23 paí-ses, señala que: a) existe una relación clara entre la visualización de TV y la tendencia a escoger héroes de acción (con perfiles violentos) como modelos a seguir, lo cual se incrementa si los espectadores habitan en entornos de conflictividad; b) en entornos agresi-vos, la experiencia vital de los niños/as y la programación mediática tienden a afirmar que la violencia es natural y

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que es una manera exitosa de resolver los problemas, y c) existe una relación comprobada entre la preferencia de programación violenta y el interés de participar en situaciones agresivas y de riesgo.

Finalmente, en las historias de vida de jóvenes en conflicto con la ley, sue-le ser un elemento recurrente la bús-queda de autoafirmación a partir del consumo de bienes, ampliamente di-fundidos por los medios de comuni-cación.

II.2.2. FACTORES SITUACIONALES

Los factores situacionales son condi-ciones presentes que, sin ser causa directa, crean oportunidades y favo-recen los riesgos de ocurrencia de hechos violentos o delitos. Entre los factores de este tipo priorizados, se encuentran los siguientes:

Posesión y uso de armas de fuego: como se ha señalado, el 79% de los homicidios y el 74% de los robos son cometidos con armas de fuego, según la Encuesta de Victimización 2009. Los estudios de percepción son coinci-dentes en señalar un imaginario social sobre las armas que las asocia, por un lado, al poder (estatus, prestigio, do-minio, respeto, protección, ideario de masculinidad y virilidad, admiración) y,

por otro, a una garantía de seguridad ante posibles agresiones.

Comercio y consumo irracional de alcohol y drogas ilegales: tradicio-nalmente, el comercio a pequeña es-cala de drogas ilegales es ejercido por pequeñas bandas que compiten y se enfrentan de manera armada por el control territorial. Las redes de dis-tribución de drogas tienen tras de sí sectores poderosos que suelen ser in-visibilizados en el mundo delictivo, en tanto reclutan su mano de obra de los sectores populares. Por otra parte, el consumo irracional de alcohol o dro-gas ilegales se convierte en un factor facilitador de hechos violentos, tal como lo demuestra la estadística de-lictiva.

II.2.3. FACTORES INSTITUCIONALES

Los factores institucionales aluden a la capacidad del Estado para prevenir y controlar el delito y la violencia. En-tre los resaltados se encuentran los si-guientes:

La escuela y el control de la violen-cia: estudios reflejan que 73% de los estudiantes encuestados han presen-ciado situaciones violentas dentro del plantel, desde agresiones verbales (88%), agresiones físicas (79%) y abu-so de poder (24%) hasta abuso sexual

(5%). Pese a los avances en materia de normas de convivencia, la escuela mantiene una baja capacidad de inci-dencia en el control y prevención de estos hechos.

Situación de los cuerpos policiales ostensivos (nacional, estadales y municipales): 80% de los cuerpos no presta el servicio de patrullaje poli-cial en los tres niveles de supervisión y según las normas de sectorización. Solo 30% tiene la sala situacional para el registro y el análisis del delito, para planificar el servicio de patrullaje; 53% de los cuerpos policiales no ha logra-do organizar el Servicio de Policía Co-munal. La tasa policial sigue en 3 po-licías por cada mil habitantes, cuando debería estar en el orden de los 4 por cada mil. 45% de los policías del país presta servicios administrativos no po-liciales como la custodia de edificacio-nes o funciones de escoltas, en lugar de estar en funciones estrictamente policiales. Solo el 13 % de la pobla-ción policial es femenino, lo que está por debajo del estándar reglamenta-do. 58% de los cuerpos de policía no posee manuales de normas y procedi-mientos, 10% no tiene ningún sistema de comunicación y 85% tiene dificul-tades para comunicarse entre sí y con los demás cuerpos policiales. Todos los cuerpos tienen un déficit de 60% de la

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dotación requerida para funcionar de acuerdo a los estándares del Nuevo Modelo Policial venezolano. 78% de los cuerpos de policía sigue rotando sus armas de fuego porque no se ha asignado un arma para cada funcio-nario, y el 60% no tiene armas inter-medias para facilitar el ejercicio de las funciones policiales con respeto a los derechos humanos. 70% de los poli-cías del país no cuenta con entrena-miento especializado en el uso progre-sivo y diferenciado de la fuerza, lo que constituye una amenaza para los ciu-dadanos y ciudadanas y mantiene la propensión de los funcionarios y fun-cionarias al uso de las armas de fuego para esta tarea en lugar de usarlas solo para la defensa propia o de terceros. 70% de los funcionarios y funcionarias son apenas bachilleres.

Patrones de persecución y procesa-miento de la delincuencia: tal como ha sido señalado arriba, existe una baja denunciabilidad de los delitos. Además de este dato, que expresa un bajo conocimiento del sistema de jus-ticia sobre hechos delictivos, en aque-llos casos conocidos existe un déficit importante de investigación y proce-samiento. La persecución del delito y su procesamiento es sobreabundan-te (se detiene a más personas que los casos conocidos) para algunos delitos

como los relacionados con drogas y deficitaria para los más graves como los homicidios, los cuales registran una baja tasa de resolución pues solo en 19% de los casos conocidos se rea-lizan detenciones y apenas el 6% llega a Fiscalía.

Respuesta del sistema de justicia penal frente al delito: el sistema in-formático JURIS, diseñado y desple-gado por el Poder Judicial para el re-gistro y control de causas, no ha sido instalado en todas las sedes judiciales del país, por lo que existe una dualidad de fuentes de información, automati-zada y manual, para la concentración y centralización de la data, lo que hace suponer altos márgenes de error. En 2011, el 60,2% de la población priva-da de libertad no había sido conde-nada (estaba en proceso), y apenas el 39,8% había sido penada, lo que implica un elevado número de perso-nas que se encuentran sin sentencia definitivamente firme que demuestre su responsabilidad penal. Apenas 258 tribunales de control a en todo el país deben atender toda la materia penal. De las causas abiertas por homicidio con privación de libertad, para 2010 solo se encontraba el 36,6% en fase de ejecución, mientras el 63,4% se encuentra en proceso. El retardo que se estima pueda existir en la fase de

juicio ha producido un fenómeno de normalización sobre la admisión de los hechos por parte del detenido, lo que trae como consecuencia la imposición inmediata de la pena que le corres-ponde, con una reducción que va des-de un tercio a la mitad. El 75,5% de las personas encarceladas y sentenciadas en todo el país no fue a juicio sino ad-mitió los hechos. La evolución del nú-mero de personas encarceladas en los últimos años da cuenta de un enfoque severamente punitivo, asentado en el uso indiscriminado de la prisión como mecanismo de contención del delito. La situación se agrava si a la deficien-cia del Poder Judicial, como árbitro del proceso, se le suman las deficiencias de los otros actores, especialmente del Ministerio Público, representadas en la cantidad de fiscales disponibles para procesar la cantidad de denun-cias y averiguaciones abiertas, asistir al proceso en fase de juicio y supervisar y garantizar la ejecución penal.

Servicios de seguridad privada: no existen registros confiables sobre las empresas de seguridad y, en particu-lar, las dedicadas a la vigilancia priva-da que en muchas ocasiones mane-jan armas y municiones. Esto dificulta su incorporación a las estrategias de seguridad ciudadana y al diseño y es-tablecimiento de políticas que, entre

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otras cosas, permitan el control de las armas que utilizan y el diseño de me-canismos de colaboración entre las empresas y el sistema de justicia para perseguir delitos.

II.3. CONSECUENCIAS

La mayoría de las consecuencias de estas situaciones recae sobre los sec-tores populares, lo que en sí mismo expresa la pervivencia de desigualda-des en nuestra sociedad, reproducidas y alimentadas por los daños ocasiona-dos por la violencia.

La consecuencia más grave y dra-mática de las altas tasas delictivas, en particular de los delitos violentos y los altos índices de accidentalidad vial, son el alto número de muertes y lesio-nes (permanentes o temporales) que producen y, con ello, la destrucción de proyectos de vida de miles de perso-nas, familias y colectivos. Una segunda gran consecuencia es la generalizada sensación de inseguridad que, por el carácter emocional de esta percep-ción, alimenta una amplificación de los hechos y un clima social de temor al otro que dificulta la convivencia pa-cífica y solidaria y legitima respuestas contrarias a los derechos humanos. Es también consecuencia de la inseguri-dad, la tendencia de la población a re-cogerse en sus hogares más temprano,

el temor de las comunidades a realizar reuniones nocturnas, limitando espa-cios cotidianos de encuentro, dado el control del espacio público por grupos armados. Todo ello marcha a contra-vía de las necesidades de un contexto promotor de la organización y movili-zación popular.

III. MARCO POLíTICO CONCEPTUAL DE LA GRAN MISIÓN

Tradicionalmente, la noción de segu-ridad (o sus equivalentes, como orden público, seguridad nacional, seguri-dad pública, etcétera) se asoció con la protección del orden legal (reducción y represión de delitos) o con el man-tenimiento del orden institucional, revistiendo un talante puramente pu-nitivo y autoritario. Sin embargo, una concepción radicalmente democrática de la seguridad ciudadana implica el libre ejercicio de los derechos, el de-sarrollo integral de la persona y de la comunidad, el logro de la convivencia pacífica y solidaria, la participación, la inclusión social y la gobernabilidad democrática.

La GMATVV se plantea la búsqueda de la igualdad en el disfrute del dere-cho a la seguridad ciudadana, el de-

recho a la justicia y la reparación y la convivencia solidaria, transformando los factores y condiciones que gene-ran o facilitan la violencia, los delitos, los déficits de convivencia o de acceso y satisfacción de la justicia, otorgan-do prioridad a los sectores que más lo necesitan. Reconoce, con ello, la exis-tencia de desigualdades fácticas que deben ser corregidas, trascendiendo así la concepción clásica (liberal) de la igualdad jurídica y expresando la búsqueda de la igualdad sustantiva. De esta manera se incorporan accio-nes transformadoras de la realidad y favorecedoras de la convivencia pací-fica, en donde el Estado no abdica de sus obligaciones y la comunidad ejer-ce poder sobre la vida colectiva. Algu-nos ejemplos de estas acciones son el establecimiento de normas de convi-vencia y la organización para la auto-rregulación de la vida comunitaria y la resolución pacífica de conflictos; la contraloría social a la función policial; la corresponsabilidad en la protección de sectores vulnerables ante la violen-cia y en el estímulo a su participación y protagonismo en la transformación de las condiciones que los oprimen (jóve-nes, niñas/os, mujeres, ancianos/as); la intervención del hábitat, modificando su uso para prácticas violentas por un uso colectivo y pacífico.

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Se visibiliza el hecho de que, frente a una misma situación, puede acudir-se a los servicios de una u otra agencia del Estado o requerirse la intervención simultánea y conjunta de distintos or-ganismos. Por ello las estrategias con-vencionales de control penal, centra-das exclusivamente en la respuesta reactiva al delito, no son suficientes para atender a los nuevos escenarios de la inseguridad, por lo que se re-quieren, en contraste, medidas que se dirijan a la detección y reducción de riesgos situacionales y a la gestión de grupos vulnerables, así como a actuar sobre factores estructurales que se asocien con estos riesgos y vulnerabi-lidades.

III.1. PRINCIPIOS DE LA GRAN MISIÓN

III.1.1. IGUALDAD SUSTANTIVA Y DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Basado en principios que son comunes a la democracia socialista y a los dere-chos humanos, la Gran Misión apunta a mejorar las condiciones de conviven-cia y seguridad ciudadana para toda la población, sin discriminación, apun-tando a corregir inequidades en el dis-frute de los derechos de la población. La búsqueda de la igualdad sustantiva y la universalización del desfrute de los derechos, a partir del reconocimiento

de las desigualdades fácticas, implica priorizar la acción de la Gran Misión en aquellos territorios y poblaciones que más lo necesiten.

III.1.2. CORRESPONSABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN POPULAR

La Gran Misión generará alianzas con sectores sociales y organizaciones po-pulares, tanto para la validación de su diseño (diagnóstico, objetivos y me-dios), que se asume provisorio e insu-mo para la discusión pública, como para la ejecución y evaluación de la pro-pia Gran Misión. El fortalecimiento de la organización y movilización popular en torno a sus derechos es entendido aquí como un componente fundamental de la convivencia solidaria, que la Gran Mi-sión apunta promover.

III.1.3. ENFOQUE DE DERECHOS E INTERDEPENDENCIA

La Gran Misión adopta el enfoque de derechos humanos. En consecuencia, sus acciones son vistas como el cum-plimiento de obligaciones del Estado en materia de garantía de derechos, que pueden y deben ser exigidas por la población. En el desarrollo de la Gran Misión la población y, en parti-cular, los sectores populares deben ser fortalecidos y empoderados en su conciencia de derechos. La Gran Mi-

sión involucra el cumplimiento de un conjunto interdependiente de dere-chos, entre los que se encuentran el derecho a la seguridad, a la justicia, a la vida, a la libertad personal, a la in-tegridad personal, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la parti-cipación y la democracia directa y a la recreación, entre otros.

III.1.4. INTERAGENCIALIDAD Y ARTICULACIÓN

La Gran Misión es un esfuerzo inte-ragencial, en donde se articulan de manera colaborativa instituciones del sistema de justicia penal con institu-ciones públicas responsables de dere-chos sociales y atención a grupos vul-nerables.

III.1.5. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA

La Gran Misión es transparente en su gestión, por lo que contará con un sistema de indicadores de estructura, proceso y resultado que permita su monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.

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IV.- ALCANCE, TERRITORIO Y SECTORES PARTICIPANTES DE LA GRAN MISIÓN ¡A TODA VIDA! VENEZUELA

Los territorios priorizados por la GMATVV son los 79 municipios (23,5% del total de municipios del país) distri-buidos en las 24 entidades, que con-centran el 86,02 % de los homicidios del país. La lista de municipios que se presenta en el Cuadro 4 incluye los que tienen tasas más altas que el pro-medio nacional (es decir, más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes) y los que tienen los números absolutos más elevados.

Los sujetos priorizados por esta Gran Misión son los grupos conside-rados como más vulnerables dentro de nuestra población: las víctimas del delito y la violencia, los/as niñas/os, adolescentes, jóvenes y mujeres de los sectores populares y la población pri-vada de libertad. No se trata de pobla-ción objetivo, asumida como pobla-ción pasiva, simple destinataria de una política, sino como sujetos cuyo prota-gonismo para la transformación de las situaciones que los oprimen será esti-mulado y acompañado.

Cuadro 4. Homicidios por entidad federal y municipios priorizados(HOMICIDIOS de acuerdo a datos 2.011)

Entidad Municipio N° % Entidad Municipio N° %VENEZUELA 12.294 86,02

Miranda

Acevedo 100 0,70Distrito Capital Libertador 1.796 12,56 Andrés Bello 24 0,17Amazonas Atures 21 0,15 Baruta 83 0,58

Anzoátegui

Anaco 62 0,43 Brion 63 0,44Sotillo 123 0,86 Buroz 36 0,25Simón Bolívar 282 1,97 Cristóbal Rojas 128 0,90Simón Rodríguez 55 0,38 Guaicaipuro 207 1,45

Apure San Fernando 68 0,48 Independencia 217 1,52

Aragua

Bolívar 56 0,39 Lander 187 1,31Girardot 231 1,62 Paz Castillo 111 0,78José Félix Ribas 88 0,62 Plaza 163 1,14Libertador 79 0,55 Sucre 610 4,27Santiago Mariño 143 1,00 Urdaneta 128 0,90Sucre 84 0,59 Zamora 172 1,20Zamora 165 1,15 Monagas Maturín 208 1,46Francisco Linares A. 89 0,62

Nva. EspartaDíaz 42 0,29

Barinas Barinas 152 1,06 García 71 0,50

BolívarCaroní 383 2,68 Mariño 120 0,84Heres 297 2,08

PortuguesaAraure 75 0,52

Carabobo

Carlos Arvelo 103 0,72 Guanare 87 0,61Diego Ibarra 127 0,89 Páez 138 0,97Guacara 114 0,80

SucreBermúdez 88 0,62

Juan José Mora 50 0,35 Sucre 233 1,63Libertador 184 1,29

Táchira

Ayacucho 37 0,26Los Guayos 142 0,99 Bolívar 33 0,23Naguanagua 135 0,94 García de Hevia 37 0,26Puerto Cabello 96 0,67 María Ureña 24 0,17San Joaquín 51 0,36 Urdaneta 3 0,02Valencia 928 6,49 San Cristóbal 131 0,92

Cojedes Zamora 73 0,51 Torbes 45 0,31Delta Amacuro Tucupita 3 0,02 Trujillo Valera 48 0,34Falcón Miranda 75 0,52

YaracuyPeña 46 0,32

Guarico

Infante 75 0,52 San Felipe 89 0,62Miranda 74 0,52

Zulia

Cabimas 69 0,48Monagas 46 0,32 Lagunillas 47 0,33Roscio 125 0,87 Mara 51 0,36

LaraIribarren 520 3,64 Maracaibo 554 3,88Moran 74 0,52 San Francisco 169 1,18

MéridaAlberto Adriani 63 0,44 Vargas Vargas 267 1,87Campo Elías 53 0,37Libertador 68 0,48

Fuente: CICPC, cálculos propios.

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V. OBJETIVOS Y VéRTICES ESTRATéGICOS DE LA GRAN MISIÓN ¡A TODA VIDA! VENEZUELA

La Gran Misión ¡A TODA VIDA! Vene-zuela tiene como objetivo general:

Disminuir la ocurrencia de situa-ciones vinculadas con el delito, faltas, inconvivencias, accidentalidad vial, de-sastres o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la pobla-ción, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las hacen posibles, en el campo de la prevención y el control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la organización y movili-zación popular, la búsqueda de la igual-dad social sustantiva y con perspectiva de derechos humanos.

Para alcanzar este objetivo, se or-ganiza en 6 vértices o ejes que desarro-llan 29 líneas estratégicas y 117 accio-nes programáticas o proyectos.

VéRTICE 1: PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONVIVENCIA SOLIDARIA

Objetivo: reducir el riesgo de ocu-rrencia delictiva, faltas, conflictos vio-lentos, accidentalidad vial, desastres

o emergencias, a través de interven-ciones multiagenciales y procesos de participación popular que se anticipen a su comisión, actuando sobre sus fac-tores generadores y promoviendo la convivencia solidaria y una cultura de derechos humanos.

LíNEA ESTRATéGICA 1: nuevo sis-tema de valores morales, principios y prácticas orientado a la convivencia pacífica, los derechos humanos, la soli-daridad y la prevención de la violencia, el delito, las faltas, las “inconvivencias” y la accidentalidad, así como la ade-cuada actuación ante emergencias y desastres, en el ámbito familiar, comu-nitario y social.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Campaña Nacional por la Conviven-cia Pacífica y Solidaria, que desarro-lle diversas líneas temáticas. Alcan-ce nacional.

b. Consulta Nacional sobre los Medios de Comunicación, Publicidad y Vio-lencia con el fin de construir un acuerdo nacional para la conviven-cia y la solidaridad. Alcance nacio-nal.

c. Observatorio sobre Violencia en los Medios de Comunicación Masiva, a fin de elaborar recomendaciones

tendientes a promover la convi-vencia y la paz. Alcance nacional.

d. Programa Escuela para Padres y Ma-dres que ejecute un programa na-cional de formación familiar. Alcan-ce: territorio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 2: Promover, en centros educativos, la movilización en torno a los derechos humanos, la crea-ción y aplicación de las normas de con-vivencia, la prevención de accidentes de tránsito y la actuación adecuada en emergencias y desastres.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Programa Nacional de Formación y Estímulo a la Organización Estu-diantil, a fin de incentivar una cul-tura a favor de la resolución pa-cífica de conflictos en el ámbito escolar. Alcance: territorio priori-zado.

b. Programa de Promoción del Servicio Comunitario Universitario, dirigido a los grupos sociales y comunida-des con problemas de violencia que permita ampliar su atención. Alcance: territorio priorizado.

c. Programa Escolar para la Preven-ción Vial, Emergencias y Desastres, a fin de asegurar que existan conoci-mientos adecuados que permitan

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desarrollar conductas responsa-bles frente a estos eventos. Alcan-ce: territorio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 3: Aumentar la inclusión juvenil para disminuir la desocupación, la exclusión escolar e incrementar la producción cultural crí-tica de los/as jóvenes en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley, estimulando su protagonismo.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Programa Nacional de Economía Comunal y Trabajo Socioproductivo para Jóvenes, en el marco de la Gran Misión Saber y Trabajo, para jóve-nes en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley. Alcance: territorio priorizado.

b. Plan de Reimpulso de la Inclusión Educativa para Jóvenes: ejecución de un proceso masivo de inclusión educativa para jóvenes que estén fuera del sistema escolar. Alcance: territorio priorizado.

c. Programa Nacional de Escuelas de Creación Cultural y Movilización. Al-cance: territorio priorizado.

d. Plan de Promoción del Deporte en Comunidades. Alcance: territorio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 4: promover

una cultura a favor de la convivencia solidaria y la resolución pacífica de conflictos, en los espacios formales y no formales de recreación y uso del tiempo libre.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Plan Nacional de Recreación para Niños, Niñas y Adolescentes que promueva la convivencia solidaria y la resolución pacífica de conflic-tos. Alcance: territorio priorizado.

b. Fortalecimiento de las organizacio-nes comunitarias juveniles que se dediquen a la promoción y desa-rrollo de iniciativas recreativas con énfasis en la convivencia y la reso-lución pacífica de conflictos. Alcan-ce: territorio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 5: promover la organización y movilización popular en torno a la convivencia pacífica y so-lidaria; la prevención de conflictos, de-litos, faltas e “inconvivencias”.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Registro Nacional de Experiencias de Convivencia, con el fin de conocer, articular, difundir, estimular y pre-miar buenas prácticas en la mate-ria. Alcance nacional.

b. Programa Nacional de Formación

Popular para la Convivencia. Alcan-ce: territorio priorizado.

c. Plan Nacional de Financiamiento de Proyectos Comunitarios de Preven-ción que priorice acciones progra-máticas tipo en áreas estratégicas y facilite un acompañamiento téc-nico y la sistematización de expe-riencias. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 6: política pú-blica integral sobre el control de armas y municiones y el desarme, a fin de re-ducir oportunidades para la ocurren-cia de la violencia delictiva.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Planes de control, regulación legal y desarme: diseño de políticas pú-blicas para la ejecución de proce-sos de control, regulación legal y desarme. Alcance nacional.

b. Operativo nacional de registro y marcaje de armas y municiones, a fin de controlar y hacer seguimien-to a las armas y municiones utiliza-das en la comisión de hechos delic-tivos. Alcance nacional.

c. Programa nacional de protocolos de formación policial en materia de armas y salas de evidencia: en materia de decomiso, recolección, almacenaje y, eventualmente, des-

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trucción de armas, así como la defi-nición de estándares para las salas de evidencia. Alcance nacional.

d. Política de prevención y control de adolescentes armados para la pre-vención, control, detección sobre adolescentes que porten, exhiban y, eventualmente, usen armas de fuego, incluyendo medidas pre-ventivas especiales para el sistema escolar. Alcance nacional.

e. Auditoría nacional de armas en las salas de evidencia. Alcance nacio-nal.

f. Destrucción masiva y permanente de las armas recuperadas. Alcance nacional.

g. Supervisión y restricción al porte y uso de armas en espacios públicos. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 7: sistema de prevención del consumo de drogas legales e ilegales, control y regulación de la venta de alcohol y atención a per-sonas con adicción.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Programa Nacional de Tratamiento a Tóxico-dependientes y Alcohóli-cos para el fortalecimiento y am-pliación de la oferta de tratamien-to, ampliación de la capacidad de

atención hospitalaria y creación de programas de tratamiento de alco-hólicos y tóxico-dependientes. Al-cance nacional.

b. Plan Nacional de Control y Regula-ción de Venta de Alcohol. Alcance: territorio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 8: recupera-ción, construcción, ocupación y uso de espacios públicos para la convivencia, la recreación y la organización popular.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Programa Nacional de Cartografías de la Violencia: elaboradas por par-te de organizaciones populares. Al-cance: territorio priorizado.

b. Plan de Intervenciones Espaciales y Situacionales: realización de inter-venciones espaciales y situaciona-les en las comunidades y zonas de gran movilidad, en alianza pueblo-Gobierno. Alcance: territorio priori-zado.

LíNEA ESTRATéGICA 9: Política pú-blica en materia de seguridad privada que coadyuve a la prevención en se-guridad ciudadana.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Consulta-diagnóstico nacional so-bre las empresas de seguridad priva-

da, a fin de elaborar un modelo de operación para las empresas que se dedican a la seguridad privada en el país. Alcance nacional.

b. Normas para la estandarización de las empresas de seguridad privada. Alcance nacional.

c. Fortalecimiento institucional del control sobre las empresas de segu-ridad privada. Alcance nacional.

d. Sistema de detección oportuna en coordinación con las empresas de seguridad privada que permita de-tectar posibles hechos punibles y atender la situación con prontitud. Alcance: territorio priorizado.

VéRTICE 2: FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo: crear las condiciones institu-cionales para conformar una estructu-ra nacional, estadal, municipal y parro-quial conformada por los organismos competentes en materia de preven-ción y control del delito, con una pers-pectiva integral a fin de garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de la población.

LíNEA ESTRATéGICA 1: puesta en funcionamiento del Sistema Integrado

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de Policía, de cara a optimizar el servi-cio de la policía ostensiva bajo el enfo-que del Nuevo Modelo Policial.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Fortalecimiento del órgano rector del Sistema Integrado de Policía, con facultades de dirección, con-trol y evaluación de los órganos que forman parte del Sistema Inte-grado de Policía. Alcance nacional.

b. Plan de despliegue territorial del Cuerpo de Policía Nacional Boliva-riana. Alcance: territorio prioriza-do.

c. Plan de despliegue del Servicio de Policía Comunal: para el desarrollo y despliegue de servicios de policía comunal en los territorios prioriza-dos. Alcance: territorio priorizado.

d. Programa para la adopción del sis-tema de vigilancia y patrullaje: jun-to al programa nacional de aten-ción a las víctimas y el desarrollo de las salas situacionales y los cen-tros de operaciones de los cuerpos policiales correspondientes. Alcan-ce: territorio priorizado.

e. Plan de reimpulso de dotación po-licial: Dotación básica e institucio-nal a todos los cuerpos policiales

del país. Alcance: territorio priori-zado.

f. Plan de expansión territorial de la UNES, para la profesionalización y el desarrollo integral de funciona-rias y funcionarios de la seguridad ciudadana. Alcance nacional.

g. Fortalecimiento del Fondo Inter-gubernamental para el Servicio de Policía, mediante el cual las autori-dades de policía podrán acceder a recursos para el mejoramiento ins-titucional. Alcance nacional.

h. Proyecto red de telecomunicacio-nes policiales que permita a to-dos los cuerpos policiales recibir y transmitir voz, data o imágenes. Alcance nacional.

i. Plan de reimpulso del sistema de emergencias 171, en todo el país, que permita a los ciudadanos so-licitar y recibir auxilio. Alcance na-cional.

j. Diseño e implementación del siste-ma de información del servicio de policía. Alcance nacional.

k. Proyecto Registro Nacional de Huellas Dactilares. Alcance nacio-nal.

l. Programa de fortalecimiento de la investigación, captura y procesa-

miento de delitos violentos. Alcan-ce: territorio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 2: Sistema Inte-grado de Investigación Penal y auxiliar al Sistema de Justicia.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Nuevo marco legal de la carrera de investigación penal que permita redefinir su función, organización, carrera y funcionamiento en el marco del sistema de justicia. Al-cance nacional.

b. Nueva Ley de Medicina y Ciencias Forenses, a fin de dar paso a la creación de un organismo especia-lizado en la labor de investigación criminal. Alcance nacional.

c. Nuevo marco legal para resguar-do de evidencia, a fin de regular el resguardo de evidencias. Alcance nacional.

d. Fortalecimiento del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciuda-dana. Alcance nacional.

e. Plan de reforma y fortalecimiento del CICPC. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 3: sistema in-tegrado de los órganos de seguridad ciudadana encargados de las emer-

gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 245

gencias de carácter civil y la adminis-tración de desastres.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Sistema Integrado de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Protec-ción Civil. Alcance nacional.

b. Fortalecimiento de los fondos para equipamiento, dotación y prepara-ción para la atención de eventua-les emergencias. Alcance nacional.

c. Diseño y ejecución de un plan para la coordinación y aplicación de es-trategias de logística que permitan la adquisición, donación, almace-namiento, mantenimiento y dis-tribución de materiales, equipos e insumos para la administración de desastres. Alcance nacional.

d. Reforma integral de la legislación de emergencias y administración de desastres. Consulta nacional en torno al modelo de actuación ante emergencias de carácter civil y ad-ministración de desastres. Alcance nacional.

e. Fortalecimiento del registro nacio-nal de voluntarios y voluntarias y su articulación en una red nacio-nal para actuar de acuerdo a los parámetros profesionales que re-

quieren las emergencias. Alcance nacional.

f. Plan de despliegue nacional de la Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos y Bomberas. Alcance: territorios priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 4: medidas para evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito y mitigar las consecuencias de los que se producen.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Integración del Cuerpo de Vigilan-cia de Tránsito y Transporte Terres-tre a la PNB, ajustando el pie de fuerza necesario para cubrir todo el territorio nacional. Alcance na-cional.

b. Fortalecimiento de los órganos de control de tránsito: para realizar y verificar el control de la circulación del tránsito, del transporte de per-sonas y de carga en las carreteras, autopistas o vías expresas de todo el país. Alcance nacional.

c. Diseño e implementación del sis-tema nacional unificado de infor-mación de tránsito que permita registrar y mantener información actualizada, autorizada y validada sobre accidentes de tránsito, con-ductores, licencias de conducir,

infracciones y vehículos. Alcance nacional.

d. Nuevo marco legal de tránsito au-tomotor que fortalezca las me-didas de vigilancia y control del cumplimiento de las normas de tránsito. Alcance nacional.

e. Diagnóstico y normas de infraes-tructura vial a fin de mejorar la se-guridad vial a través de medidas estandarizadas de infraestructura vial sobre la base de un diagnósti-co previo. Alcance nacional.

f. Recuperación y mantenimiento de las vías públicas, extendiendo me-didas como la Fiesta del Asfalto a todo el país, a fin de asegurar su óptimo estado. Alcance nacional.

g. Instalación de un sistema de dis-positivos electrónicos para el con-trol de la velocidad y atender los accidentes de tránsito en las auto-pistas y vías expresas. Alcance na-cional.

h. Programa Escuela de Conductores UNES para favorecer una cultura de tránsito cuyo principio sea la vida como valor supremo. Alcance nacional.

i. Diseño y ejecución de una política nacional destinada a la protección

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de los motorizados que incluya el cumplimiento de normas básicas de registro y marcaje de motocicle-tas y partes, fiscalización aleatoria de motorizados, programa de for-mación, seguridad vial, organiza-ción y coordinación de planes de seguridad. Alcance nacional.

j. Protección al transporte público de pasajeros urbano e interurbano, mediante la implementación de un sistema regular de revisión y acce-so a financiamiento para el mejo-ramiento de las unidades, coordi-nación de planes de seguridad y sistemas de alertas tempranas con comunicaciones fluidas. Alcance nacional.

k. Fondo de apoyo a la seguridad vial, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de vigilan-cia y seguridad vial en el territorio nacional. Alcance nacional.

VéRTICE 3: TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y CREACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS

Objetivo: transformar el sistema de justicia penal para adecuarlo a la ga-

rantía efectiva de los derechos huma-nos donde la justicia, y en particular los procedimientos penales y los me-canismos alternativos de resolución de conflictos, sean accesibles, impar-ciales, idóneos, transparentes, autó-nomos, independientes, responsables, equitativos y expeditos, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposicio-nes inútiles, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República Boli-variana de Venezuela.

LíNEA ESTRATéGICA 1: transforma-ción integral del Código Penal y defini-ción de un nuevo paradigma que con-temple la revisión de los tipos penales y el marco sancionatorio.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Construcción de un gran consenso nacional a través de una consulta y otras estrategias que faciliten la promulgación de una nueva legis-lación penal. Alcance nacional.

b. Promulgación de un nuevo Códi-go Penal para la definición de un nuevo paradigma que contemple la revisión de los tipos penales y del marco sancionatorio. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 2: reducir la im-punidad y mejorar la actuación en la

persecución penal y la gestión de los integrantes del sistema.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Instalación de la Comisión para la coordinación entre los integrantes claves del sistema de justicia pe-nal, con la finalidad de construir un nuevo paradigma de corresponsa-bilidad, la cual se realizará en dos ámbitos: nacional y regional. Al-cance nacional.

b. Sistema de información unificado para el seguimiento de los casos en todo el sistema de justicia penal, a los fines de mejorar su eficacia y eficiencia. Alcance nacional.

c. Sistema de información público de indicadores de seguimiento de gestión. Alcance nacional.

d. Fortalecimiento de una nueva ge-neración de integrantes del siste-ma de justicia mediante el mejora-miento de la formación, selección e incorporación de personal, gene-rando una nueva ética de la justi-cia. Alcance nacional.

e. Realización de una encuesta de percepción judicial a fin de medir la actuación de la justicia. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 3: Sistema de

gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 247

faltas para establecer un procedimien-to que permita establecer sanciones alternativas a la privación de libertad.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Elaboración de una Ley de Faltas, que derogue el Libro de Faltas del Código Penal y establezca sancio-nes. Alcance nacional.

b. Creación de tribunales y fiscalías en materia de faltas. Alcance: terri-torio priorizado.

LíNEA ESTRATéGICA 4: fortalecer la justicia penal.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Creación de nuevos circuitos judi-ciales penales, despachos del Minis-terio Público y de la Defensa Públi-ca para conocer delitos violentos, circunscritos a municipios o parro-quias priorizadas por la Gran Mi-sión. Alcance: territorio priorizado.

b. Priorización en la resolución de ca-sos que impliquen la utilización de la coacción y la fuerza física, como homicidio, violación, robo, lesiones personales, secuestro y extorsión. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 5: desconcen-trar la administración de justicia a tra-vés de la creación de espacios comu-

nitarios de mediación y abordaje de conflictos.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Plan nacional de creación de cen-tros comunales integrales de reso-lución de conflictos conformados por Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, Defensorías de la Mujer e instancias no penales de resolución de conflictos, entre otras, que brinden asesoría y me-diación en casos de problemas de convivencia entre personas. Alcan-ce: territorio priorizado.

VéRTICE 4: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO

Objetivo: transformar el sistema pe-nitenciario venezolano con el fin de garantizar la prestación de un servicio penitenciario garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, minimizando los efectos no-civos del encarcelamiento y facilitando los medios adecuados para procurar la rehabilitación del delincuente y me-jorar sus posibilidades de reinserción social.

LíNEA ESTRATéGICA 1: nuevo marco normativo para el sistema penitencia-rio que oriente las penas privativas de libertad y garantice celeridad, transpa-

rencia y profesionalismo en la presta-ción del servicio penitenciario.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Promulgación del Código Orgá-nico Penitenciario (COP) que re-gule de manera integral todos los aspectos relacionados con la eje-cución de las penas privativas de libertad, tanto en el ámbito orgáni-co de lo sustantivo y de los proce-sos generales del sistema. Alcance nacional.

b. Crear un sistema de faltas y san-ciones disciplinarias para las per-sonas privadas de libertad, que le otorgue carácter legal a los proce-sos sancionatorios del orden dis-ciplinario interno de los estableci-mientos penitenciarios, y evitar así abusos y violaciones a los derechos humanos por parte del personal. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 2: sistema inte-gral de profesionalización del personal penitenciario.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Promulgación de la Ley del Estatu-to del Servicio Penitenciario, que tutele y prevea por ley las especi-ficidades necesarias para regular el trabajo, beneficios y disciplina del

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personal del sector. Alcance nacio-nal.

LíNEA ESTRATéGICA 3: estableci-miento de planes, programas y proce-dimientos dirigidos a garantizar la vida y la integridad personal de las perso-nas privadas de libertad, sus familiares, visitantes y del personal de los estable-cimientos penales.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Despliegue del componente peni-tenciario de la Policía Nacional Bo-livariana como cuerpo de seguri-dad externa penitenciaria. Alcance nacional.

b. Plan nacional de clasificación peni-tenciaria de acuerdo con criterios técnicos de mínima, media y máxi-ma seguridad. Alcance nacional.

c. Plan de desarme de los centros pe-nitenciarios. Alcance nacional.

d. Sistema de visitas planificadas que permita, por un lado, prever la can-tidad de personas que ingresarán diariamente a los centros peni-tenciarios y, por el otro, mantener un mejor control en el régimen de contactos de la persona privada de libertad con el mundo exterior. Al-cance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 4: definir el

modelo arquitectónico del sistema pe-nitenciario venezolano y adecuar su capacidad a las necesidades de la po-blación privada de libertad y del mapa delictivo nacional.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Plan de descongestionamiento de la población privada de libertad para el aceleramiento de las causas en proceso, otorgamiento oportu-no de medidas cautelares a delitos menos graves, otorgamiento opor-tuno del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena a quienes cumplan los requi-sitos de tiempo para ello y actua-lización del régimen de beneficios de prelibertad a nivel nacional. Al-cance nacional.

b. Plan nacional de rehabilitación y construcción de centros peniten-ciarios. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 5: brindar, a la población privada de libertad, oportu-nidades para su rehabilitación y proce-so progresivo de reinserción social.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Programa de empleo para los pri-vados y privadas de libertad para la masificación de las oportunidades de empleo. Alcance nacional.

b. Programa de extensión de núcleos de la Orquesta Sinfónica Peniten-ciaria hasta lograr al menos un 50% de los establecimientos penales del país. Alcance nacional.

c. Sistema Nacional de Teatro Peni-tenciario, partiendo de experien-cias profesionales previas. Alcance nacional.

d. Programa de masificación de la actividad deportiva en los centros penitenciarios, a través del con-venio con el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Alcance nacional.

e. Programa de organización socio-productiva, a fin de sentar las ba-ses de futuros procesos de reinser-ción laboral y comunitaria. Alcance nacional.

f. Fortalecimiento de la inclusión educativa, a fin de impulsar los procesos de inclusión educativa de la población privada de libertad en todos sus niveles. Alcance nacio-nal.

g. Fortalecimiento del sistema de atención a los hijos e hijas de las privadas de libertad que hacen vida en los centros penitenciarios. Alcance nacional.

gran misión ¡a toda vida! Venezuela | 249

LíNEA ESTRATéGICA 6: fortaleci-miento de los centros de privación de los/as adolescentes en conflicto con la ley penal.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Diagnóstico de la situación proce-sal y de las condiciones de reclu-sión de adolescentes, a fin de crear un nuevo modelo programático para la atención de los/as adoles-centes en conflicto con la ley pe-nal. Alcance nacional.

VéRTICE 5: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VíCTIMAS DE VIOLENCIA

Objetivo: asegurar que, mediante una atención integral, oportuna y perti-nente a las víctimas de la violencia, se reconozcan y atenúen sus efectos ne-gativos sobre personas y colectivos y se incremente la respuesta efectiva del Estado, para lograr tanto la reducción de estos delitos como la impunidad que los acompaña.

LíNEA ESTRATéGICA 1: sistema de registro e información de víctimas de violencia para facilitar su acceso al Sis-tema de Atención Integral y abra la oportunidad para la creación de espa-

cios organizativos de las víctimas de estos hechos.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Registro Nacional de Víctimas de Violencia: para víctimas de violen-cia grave intencional como paso previo para su atención integral, preservando su identidad. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 2: Sistema Na-cional de Atención Integral a Víctimas de Violencia, que facilite la superación consciente y problematizadora de lo ocurrido y contribuya a su empodera-miento personal y colectivo.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Ley para la Coordinación del Sis-tema de Atención Integral a Vícti-mas de Violencia, que establezca los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional pertinentes, la asignación de re-cursos y el carácter integral de este Sistema. Alcance nacional.

b. Sistema de asignaciones dinerarias para sobrevivientes de víctimas de violencia grave intencional: para los sobrevivientes directos de víc-timas de homicidios (hijos e hijas, parejas y madres y padres depen-dientes), así como de los lesiona-

dos y lesionadas con graves disca-pacidades físicas. Alcance nacional.

c. Normas y protocolos estandariza-dos para la atención y acompaña-miento de víctimas de violencia en el campo jurídico, de la salud, aten-ción psicosocial y rehabilitación, así como para el impulso a proce-sos grupales que permitan a las víctimas rehacer sus vidas en una perspectiva empoderadora. Alcan-ce nacional.

d. Creación de clínicas jurídicas o pa-santías para la actualización y se-guimiento de casos de violencia delictiva, conformadas por estu-diantes de las carreras de derecho y programas nacionales de forma-ción en estudios jurídicos. Alcance: territorio priorizado.

e. Proyecto de reconstrucción inte-gral de casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, que comprenda el de-recho a la vida, integridad y des-apariciones forzadas, mediante su registro y sistematización a fin de recuperar su memoria, socializar su conocimiento y garantizar su no-repetición. Alcance nacional.

f. Proyecto sala situacional para el se-guimiento jurídico inmediato a los

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casos emblemáticos de derechos humanos, a fin de garantizar su so-lución en el menor lapso posible y establecer los criterios y mecanis-mos para atender las reparaciones. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 3: programa nacional de capacitación a funcio-narios y funcionarias públicas para asegurar que brinden una atención idónea, acorde con los principios de derechos humanos.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Registro de oficinas de atención a víctimas de violencia, a fin de de-terminar sus recursos humanos, técnicos y sus necesidades de ca-pacitación. Alcance nacional.

b. Programa nacional de capacita-ción en derechos de las víctimas, para funcionarios y funcionarias públicas de los organismos, ofici-nas e instituciones competentes. Alcance: territorio priorizado.

VéRTICE 6: CREACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo: Organizar un sistema na-cional de investigaciones en el campo

de la convivencia, la seguridad ciuda-dana, el delito y la violencia, dirigido de manera conjunta por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad ciudadana, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y la UNES, en el que participen investigadores, activis-tas, trabajadores comunitarios, univer-sidades e instituciones públicas y pri-vadas para la creación y socialización de conocimientos en esta materia.

LíNEA ESTRATéGICA 1: promover el desarrollo de estudios e investigacio-nes que permitan un mayor conoci-miento del fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país y que contri-buyan a la consolidación de una políti-ca pública en este campo.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Encuesta nacional de percepción de seguridad y victimización, de carácter bianual, bajo la dirección del Instituto Nacional de Estadís-tica (INE) y la Universidad Nacio-nal Experimental de la Seguridad (UNES) con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Alcance nacional.

b. Sistema de documentación e infor-mación de investigaciones, repor-tes, indicadores y datos en el cam-

po de la convivencia, la seguridad ciudadana y el sistema de justicia penal que tribute a la evaluación y el diseño de las políticas públicas en este campo. Alcance nacional.

LíNEA ESTRATéGICA 2: sistema de estímulo a la creación y socialización de conocimientos en el campo de la prevención del delito, criminalidad, violencia y seguridad ciudadana.

ACCIONES PROGRAMÁTICAS

a. Fondo nacional para la investiga-ción en el campo de la seguridad ciudadana, a fin de contar con re-cursos para la investigación y apo-yo a la formación especializada y al intercambio científico en el campo de la prevención del delito. Alcan-ce nacional.

b. Sistema de estímulos a las investi-gaciones de mayor impacto social con premios nacionales, becas o mayor financiamiento. Alcance na-cional.

c. Política editorial especializada en el campo de la seguridad ciudada-na, convivencia solidaria, preven-ción de delito, justicia penal y cri-minalidad, con el fin de contribuir a la socialización del conocimiento. Alcance nacional.

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VI. ORGANIZACIÓN DE LA GRAN MISIÓN

La GMATVV cuenta con un Órgano Su-perior presidido por el Jefe de Estado y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y le acompaña el Vice-

presidente Ejecutivo de la República. Esta instancia de dirección articula los ministerios vinculados y se convierte en el interlocutor con los otros órga-nos del Poder Público, a saber: el Tri-bunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. (Ver Cuadro 5)

El Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia asu-me la coordinación ejecutiva de la Gran Misión, para lo cual cuenta con una Se-cretaría Ejecutiva del Órgano Superior, que garantizará el flujo de información entre los comandos estadales de cada uno de los veinticuatro estados.

DIRECTIVA DEL ÓRGANO SUPERIOR

MIEMBROS DEL ÓRGANO SUPERIOR

Cuadro 5. Órgano Superior de la Gran Misión

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Los veinticuatro comandos estada-les ¡A Toda Vida! se organizan a partir de tres comisiones: a) Comisión de los Órganos de Seguridad Ciudadana, b) Comisión de Justicia Penal, y c) Comi-sión de Prevención Integral.

a. Comisión de los Órganos de Segu-ridad Ciudadana: conformada por un representante del Sistema Inte-grado de Policía, el jefe de la Policía Nacional Bolivariana en aquellos estados donde se encuentre des-plegada; el comandante regional de la Guardia Nacional Bolivariana; el jefe de la delegación del CICPC; el director o directora de la Policía Estadal; los directores o directoras de Cuerpos de Policía de los muni-cipios priorizados; el comandante

de los Bomberos del estado y el jefe o jefa de Protección Civil del estado.

b. Comisión de Justicia Penal: confor-mada por el presidente o presiden-ta del Circuito Penal del estado, los jueces municipales de los munici-pios priorizados, el o la fiscal su-perior del estado, los o las fiscales municipales, el jefe o la jefa de la Defensa Pública y un representan-te del Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario.

c. Comisión de Prevención Integral: conformada por un representante estadal de los ministerios del Poder Popular para las Comunas y Protec-ción Social, Salud, Cultura, Depor-te, Juventud, Educación, Mujer e

Igualdad de Género y Educación Universitaria. Además de las di-recciones de Derechos Humanos, Prevención del Delito y un repre-sentante de la Oficina Nacional An-tidrogas (ONA) del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia; el gobernador o la gobernadora, los alcaldes y alcaldesas de los municipios prio-rizados, el IDENA y la defensora o el defensor del Pueblo delegado o delegada.

La Gran Misión se complementa, en lo local, con Organizaciones Populares por la Construcción de la Convivencia Solidaria, desplegadas en las comunida-des de los municipios priorizados para favorecer la prevención del delito.

No. 11

R ev i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e S e g u r i d a d C i u d a d a n a

P r o g r a m a d e E s t u d i o s d e l a C i u d a d • F L A C S O s e d e E c u a d o r

Investigación

Rafael Velandia Montes: Delincuencia sexual y populismo penal en Colombia Fernando Carrión M.: Barrios seguros para las mujeres

Karina Mouzo:Inseguridad y “populismo penal”

María Ignacia Arriagada y Romina Nespolo: Qué evade el populismo penal? En busca de su antónimo

Raúl Ernesto Cadena Palacios: El pasado judicial, una clara propuesta de populismo penal

Artículo

Carlos Barrachina, Juan Ignacio Hernández: Reformas del sistema nacional de seguridad pública en México (2006-2011)

José María Ramos García:Gestión de una política de seguridad ciudadana en la frontera de México con los Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida

Jorge Giraldo Ramírez, José Antonio Fortou Reyes:Medición de la violencia homicida: El índice de incidencia del homicidio

ReseñasRealizadas por: Adriana Sepúlveda y Elena Azaola.

ISSN: 1390-3691

Tema central: Populismo penal

Pedidos y suscripciones: La Librería – FLACSO (lalibreria@flacso.org.ec)Canje: Biblioteca – FLACSO (biblioteca@flacso.org.ec)

La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito-Ecuador. Teléfono: (00593) 2 3238888Textos completos de URVIO disponibles en:

http://www.flacsoandes.org/urvio/principal.php?idtipocontenido=11

URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, es una publicación semestral(junio y diciembre) y se incluye en el índice científico de EBSCO

Urvio No. 10: Armas • Urvio No. 12: Militarización de la Seguridad Ciudadana

La Revista ComUNES recibe colabo-raciones para las secciones “Dossier” (tema monográfico), “Artículos y ensa-yos”, “Avances de investigación”, “Rese-ñas” (de libros y de eventos) y “Comen-tarios legislativos”. Para su publicación, requerimos que los autores y autoras se guíen por las siguientes pautas de presentación de originales:

a. Las colaboraciones que se de-seen proponer deben ser enviadas a revistacomunes@gmail.com. Allí se detallarán nombre del autor o auto-ras, institución o colectivo al que está afiliado o afiliada, sección para la que propone su colaboración, título de la colaboración y medios de contacto (dirección electrónica adicional, teléfo-nos, etcétera).

b. Se considerarán para su publicación trabajos preferiblemente inéditos y que no hayan sido propuestos simultá-neamente a otras revistas o publicacio-nes; o artículos en idioma extranjero que no hayan sido traducidos al es-pañol, y cuya traducción sea propues-ta por su autor o autora a la Revista ComUNES.

c. Todas la colaboraciones deben te-ner claros el título de la colaboración, nombre del autor o autora, correo(s) electrónico(s) y breve reseña curricu-lar (para todas las secciones excepto para el “Dossier” debe tener entre 15 y 30 palabras, mientras que para esta úl-tima sección la reseña curricular debe ser más amplia, entre unas 100 y 200

palabras, e incluirá sus principales líneas de investigación y publicaciones).

d. Los artículos destinados a “Dossier” e “Avances de Investigación”, adicio-nalmente deben contener resumen en español del artículo (entre 100 y 200 palabras) y palabras claves (entre 3 y 6 palabras). Tanto el resumen como las pa-labras claves serán traducidos al inglés y al portugués, por lo que agradeceríamos a los autores y autoras colaborar en este sentido, si está dentro de sus posibilida-des.

e. La extensión de los artículos o colabo-raciones es variable:

» Para las secciones de “Dossier” e “Artí-culos y ensayos”, oscilará entre las 20 y 35 cuartillas (o, lo que es lo mismo, entre 5.000 y 8.750 palabras).

» Para las secciones de “Comentarios le-gislativos” y “Reseñas” y “Avances de In-vestigación, oscilará entre las 8 y 15 cuar-tillas (o, lo que es lo mismo, entre 2.000 y 3.750 palabras).

f. Todas las colaboraciones, contempla-rán las siguientes pautas:

» Notas.  Las notas a pie de página, si las hubiera, se avisarán en el texto con numeración correlativa en superíndice. Se reservarán para notas aclaratorias, pero no se incluirán en ellas referencias bibliográficas, que irán al final del texto.

» Citas textuales. Cuando dentro del cuer-po del artículo se citen frases textuales, estas figurarán de la siguiente manera:

o Si la frase textual ocupa menos de dos

líneas se redactará de corrido en el texto y entrecomillada.

o Si la frase textual ocupa más de dos líneas se escribirá aparte, precedida de dos puntos, entrecomillada y sangrada en el margen izquierdo y con espacio in-terlineal menor.

Para indicar la referencia bibliográfica a la que pertenece la cita, o bien para lla-mar la atención en el cuerpo del texto sobre cualquier referencia bibliográfica, se colocará entre paréntesis el apellido del autor, tras una coma se colocará la fe-cha de publicación de la obra y tras dos puntos la página o páginas a las que se refiere la cita. Ejemplo: (Sain, 2010: 38-39). La referencia bibliográfica completa irá al final del texto.

» Referencias o fuentes consultadas.  Las referencias bibliográficas, documenta-les, hemerográficas y orales deberán in-cluirse al final del artículo, ordenadas al-fabéticamente y de la manera en que se ejemplifica a continuación:

LibrosDostoievski, Fiódor (2002). Los demonios.

Madrid: Alianza.

Habermas, Jürgen (1997). Facticidad y va-lidez. Madrid: Trotta.

Touraine, Alain (1998). ¿Podremos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cul-tura Económica.

Negri, Toni y Michael Hardt (2006). Multi-tud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Madrid: Mondadori.

Pautas para los colaboradores y colaboradoras de ComUNES

Artículos

Arditi, Benjamín (2002). “Trayectoria y potencial político de la idea de socie-dad civil”. Revista Mexicana de Socio-logía, año 66, n. 1. México: UNAM.

Castillo Zapata, Rafael (2009). “Di que me quieres”. En Fenomenología del bo-lero, pp. 45-61. Caracas: Fundación Celarg.

Giménez, Lulú (1999). “Esperando a los bárbaros: Ficción y representación en la historia caribeña”. En Aura Marina Boadas y Mireya Fernández (comps.), La huella étnica en la narrativa caribe-ña, pp. 51-64. Caracas: Celarg.

Legislaciones

Ley Orgánica del Ministerio Público. Gace-ta Oficial Nº 38.647, del 19-02-2007.

Ley del Cuerpo de Investigaciones Científi-cas, Penales y Criminalísticas. Gaceta Oficial Nº 38.598, del 05-01-2007.

Obra, artículo o documento en formato electrónico

Comisión Europea (2001). Programa de trabajo de la Comisión para 2002. Consultado el 18-11-2001 en http://www.europa.eu.int/comm/workpro-gr/2002/).

Vallejo, Fernando (2006). “El monstruo bicéfalo”. Ojos abiertos (blog). Con-

sultado el 02-07-2011 en http://ojo-sabiertos.blog.galeon.com/

» Uso de abreviaturas y siglas. Se evitará el uso de abreviaturas y siglas, que nunca se usarán en los títulos de los artículos o en sus intertítulos. En el caso de siglas, la primera vez que se empleen deberán ir entre paréntesis precedidas por el nom-bre completo al cual hacen referencia; se escribirán sin puntos.» Esquemas, tablas y gráficos. Se ofrecerán con absoluta claridad y detalle, numera-das y tituladas. Su referencia en el texto no será de acuerdo a su ubicación sino a su numeración (por ejemplo, no se dirá: “En la tabla de abajo podemos ver…”, sino “En la tabla 1 podemos ver…”. En la medida de lo posible, estos elementos se enviarán en su formato editable, para hacer las adaptaciones y correcciones correspondientes. Deberán presentarse exclusivamente en blanco y negro o bien utilizando una escala de grises.

g. Valoración de los artículos.  Los ar-tículos serán evaluados por el Consejo Editorial de la Revista, que determinará si el artículo encuadra en la temática, la política editorial y las normas de la revis-ta. Una vez evaluados estos artículos, se notificará al autor o autora la aceptación o no del trabajo, o se solicitará las modi-ficaciones sugeridas.

ReVista coMunes 3

Desarme: estrategias para

su control y gestión

Cierre de ConvoCatoria 31 de enero de 2013

h. Responsabilidad.  La Revista ComU-NES no se hará responsable de las ideas y opiniones expresadas en los trabajos pu-blicados. La responsabilidad plena será de los autores y autoras de los mismos.

i. Formatos de publicación. Los artícu-los o colaboraciones aceptados en la Re-vista, serán publicados tanto en formato impreso (2.000 ejemplares cada tirada), como en formato digital (PDF) de acceso abierto, en el sitio web de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes): unes.edu.ve, así como en todas aquellas bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización o inclusión, con miras a in-crementar la visibilidad de la Revista.

j. Solicitud de revisión o arbitraje. Los autores y autoras cuyos artículos hayan sido publicados por la Revista ComUNES, eventualmente recibirán solicitudes por parte del Consejo Editorial para su par-ticipación como árbitros o revisores de artículos propuestos para siguientes edi-ciones.

k. Envío de ejemplares y separatas. Los autores y autoras de los artículos publi-cados recibirán 5 ejemplares del número en que aparecen y 10 separatas de su ar-tículo, aparte de la versión digital (PDF) de la Revista.

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